Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01041-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01041-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01041-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01041 01
Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra autoridad pública. Derecho de
petición. Confirma – amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación presentada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) contra la Sentencia de 3 de abril de
2025 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual amparó el
derecho fundamental de petición de Leonardo Aristizábal Zuluaga.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 24 de febrero de 2025, Leonardo Aristizábal Zuluaga presentó acción de
tutela contra el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), por la presunta vulneración de su derecho
fundamental de petición. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
«Tutelar el Derecho Fundamental invocado, y, en consecuencia, ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura - CSJ, suministre respuesta de fondo a la solicitud de
concepto presentada el día 15 de junio de 2024 y remitida por competencia por el
Departamento Administrativo de la Función pública – DAFP a dicha entidad el día 27
de junio de 2024»
2. Como fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo, el
accionante indicó que, el 15 de junio de 2024, presentó derecho de petición ante el
DAFP, vía correo electrónico, en el que solicitó:
«Se conceptúe si es válido que en un juzgado sus servidores judiciales se nieguen a
efectuar presentación personal de documentos dirigidos a otras entidades, diferentes
a los juzgados. Lo anterior porque se argumenta que los juzgados sólo tienen la
obligación de efectuar la presentación de poderes que vayan dirigidos a autoridades
jurisdiccionales. Esto es, que los poderes o documentos que vayan dirigidos contra
entidades administrativas u otras entidades se debe hacer presentación personal en
notarías»
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01041 01
Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
3. El DAFP, mediante comunicación de 27 de junio de 2024, remitió por
competencia dicha solicitud al CSJ para que emitiera el concepto pedido. A la fecha
de presentación de la acción de tutela, aún no le habían contestado la petición.
Intervenciones2
4. El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que no debía atribuírsele
responsabilidad, toda vez que el accionante no aportó pruebas que permitan
concluir que el traslado fue efectivamente realizado por el DAFP a esa corporación.
Advirtió que la solicitud fue remitida, por razones de competencia, el 27 de junio de
2024, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co). En consecuencia, el Consejo Superior de la
Judicatura no ha tenido conocimiento de dicha petición, careciendo así de
legitimación en la causa por pasiva.
5. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) informó
que el accionante presentó su solicitud ante dicha entidad el 15 de junio de 2024.
Sin embargo, por razones de competencia, la petición fue remitida al Consejo
Superior de la Judicatura mediante el radicado No. 20242040432941. Esta
actuación fue debidamente comunicada al peticionario a través del correo
electrónico leonardoaristizabal@hotmail.com, constituyendo una respuesta
oportuna, de fondo e integral, como podía evidenciarse en los documentos anexos.
En consecuencia, se trata de un asunto cuya resolución corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura, en virtud de su competencia para determinar las funciones
administrativas de los despachos judiciales. Finalmente, manifestó que en el trámite
adelantado no se vulneró ningún derecho fundamental.
6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) indicó que la
solicitud de concepto, trasladada por el DAFP por razones de competencia, fue
recibida el 28 de junio de 2024 en su buzón electrónico oficial, asignándosele el
consecutivo EXTDEAJ24-25104.
7. No obstante, debido al contenido de la solicitud, esta fue remitida a través del
aplicativo SIGOBIUS a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín, por ser la competente para emitir el concepto requerido. En
consecuencia, no se configura vulneración del derecho de petición, pues la DEAJ
actuó dentro de sus atribuciones y no era la entidad facultada para pronunciarse
sobre lo solicitado. Por ello, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
por falta de legitimación por pasiva.
Sentencia de primera instancia
2
Mediante Auto del 27 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la Presidencia del
Consejo superior de la Judicatura, la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Departamento
Administrativo de la Función Pública
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Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
8. El 3 de abril de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado protegió el
derecho fundamental de Leonardo Aristizábal Zuluaga, al considerar que el DAFP
debía remitir correctamente la petición presentada por la parte actora al CSJ.
Además, debía informar al solicitante sobre esta gestión, conforme a lo establecido
en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
9. El juez de tutela de primera instancia subrayó que aunque inicialmente el
DAFP manifestó haber remitido la solicitud al CSJ, en realidad la envió a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y, esta a su turno, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín.
10. Determinó que la entidad competente para resolver la solicitud era el Consejo
Superior de la Judicatura. Esto con base en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 2024, que atribuye a esa corporación la facultad de
aprobar los actos administrativos relacionados con los procedimientos judiciales y
administrativos en los despachos, en aspectos no regulados por la ley. Igualmente,
es la autoridad encargada de expedir el manual de funciones de la Rama Judicial.
11. No obstante, comoquiera el CSJ nunca recibió la petición, se ordenó al DAFP
(autoridad ante la cual se radicó originalmente la solicitud) que la remitiera
nuevamente a la respectiva autoridad competente, esta vez a través de un correo
electrónico que pertenezca efectivamente a esta última, para que pueda dar una
respuesta de fondo dentro del plazo legal. Aunado a ello, ordenó que se notificara
al solicitante sobre esta gestión, conforme al mencionado artículo 21 del CPACA.
Impugnación
12. El DAFP expuso que la decisión de primer grado no explicó de manera lógica
por qué le ordenó remitir información al Consejo Superior de la Judicatura, a pesar
de que ya había cumplido con la obligación establecida en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011. En efecto, dicha información fue enviada oportunamente a esa
entidad y fue la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial la que manifestó no tener
competencia para resolver la consulta. Por tanto, correspondía a esa Dirección
Ejecutiva remitir la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, como autoridad
competente.
13. En consecuencia, adujo que debieron protegerse los derechos fundamentales
del ciudadano, ordenando directamente a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial
que, por competencia, remitiera el caso al Consejo Superior de la Judicatura.
14. Adicionalmente, informó que la entidad mediante comunicación No.
20256000194191 de 9 de abril de 2025, dio cumplimiento a lo ordenado en la
decisión de primera instancia y, por esa razón, se configuró la carencia actual de
objeto debido a que el hecho que originó el proceso fue superado.
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Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
Actuación en segunda instancia
15. Mediante Auto del 3 de junio de 2025, se ordenó la vinculación de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Medellín, para que se pronunciara
con relación a los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
16. El 11 de junio de 2025, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín indicó que recibió el derecho de petición del Leonardo
Aristizábal Zuluaga el 28 de junio de 2024 y ese mismo día lo remitió por
competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, establecer si el Departamento
Administrativo de la Función Pública y/o el Consejo Superior de la Judicatura
vulneraron el derecho fundamental de petición de Leonardo Aristizábal Zuluaga.
Procedibilidad de la acción de tutela
18. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo
del derecho fundamental de petición; 2) se tiene acreditada la legitimación, tanto por
activa como por pasiva, puesto que el accionante es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como violadas y el Departamento Administrativo de
la Función Pública y el Consejo Superior de la Judicatura las autoridades que
presuntamente no contestaron la solicitud; 3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y 4)
hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela.
Análisis de la vulneración alegada
19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las siguientes razones:
20. Consta en el expediente que el señor Aristizábal Zuluaga presentó una petición
ante el DAFP el 15 de junio de 2024. Posteriormente, el 27 de junio de 2024, el
DAFP la remitió por competencia al Consejo Superior de la Judicatura, al correo
electrónico medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.
21. Sin embargo, dicho correo electrónico no pertenece al dominio del Consejo
Superior de la Judicatura sino de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Entidad que, a su vez, remitió la petición a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín, la cual manifestó que el 28 de junio de 2024 envió la misma al
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01041 01
Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
22. En este sentido, se observa que el DAFP, al enviar la petición a un correo
electrónico de una autoridad diferente a la competente para resolverla, debía
corregir su error y reenviarla a la que efectivamente correspondía, ya que desde un
inicio su intención fue dirigirlo al Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, se
comparte la orden del juez de primera instancia de remitir la solicitud al Consejo
Superior de la Judicatura.
23. Es importante destacar que el núcleo esencial del derecho de petición radica
en: (i) ofrecer una respuesta de fondo, (ii) de manera clara y precisa, (iii) dentro de
los plazos legales establecidos, y (iv) comunicar oportunamente dicha respuesta al
peticionario3. Cumplir con estos requisitos no implica que la entidad esté obligada a
conceder la solicitud, pero sí a actuar con diligencia para garantizar una respuesta
oportuna y fundamentada.
24. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso
de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la
autoridad competente.»
25. Bajo estas premisas, no le asiste razón al DAFP, pues la solicitud debía ser
enviada inicialmente a la entidad competente para tomar una decisión. La
equivocación en la dirección de correo electrónico constituyó un error que debía ser
subsanado para garantizar la atención adecuada al peticionario, conforme a lo
establecido en el CPACA. Por ello, la orden emitida por el juez de primera instancia
fue correcta y justificada.
26. Finalmente, se constata que, a partir de la decisión del juez de primera
instancia, el DAFP remitió, mediante oficio radicado con el número
202560000194191 el 9 de abril de 2025, el derecho de petición al Consejo Superior
de la Judicatura por competencia. Situación que pese a que no da lugar a declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado, no impide reconocer que el objeto
de la solicitud de amparo ha perdido actualidad.
27. En todo caso, no sobra exhortar al Consejo Superior de la Judicatura para que,
si no lo ha hecho, responda en la mayor brevedad posible la petición del señor
Aristizábal Zuluaga que le fue remitida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Conclusión
3
Puede consultarse: Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2015.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01041 01
Accionante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
28. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 3 de abril de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual amparó el derecho
fundamental de petición de Leonardo Aristizábal Zuluaga.
SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que, si no lo ha
hecho, responda en la mayor brevedad posible la petición del señor Aristizábal
Zuluaga que le fue remitida por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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