Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01045-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01045-01
Demandante: Silvia Torres Delgado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01045-01
Demandante SILVIA TORRES DELGADO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sustitución pensional,
cónyuge y compañera permanente. Ley 100 de 1993.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Silvia Torres Delgado contra la
sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que dispuso:
«SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de febrero de 20251, la señora Silvia Torres Delgado interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la administración de justicia y al principio de confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Declarar la nulidad sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Segunda - Subsección “E”, del 31 de
enero del año 2025, dentro del proceso con radicado 110013335020230012001, por haber
incurrido en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, confianza legítima, a la
seguridad social integral y al derecho a la administración de justicia de la tercera interviniente
SILVIA TORRES DELGADO.
SEGUNDA: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección
Segunda - Subsección “E”, que profiera una sentencia acorde a los postulados de la Corte
Constitucional, en especial la sentencia SU-461 de 2020».
2. Hechos
Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 22 de enero de 1969 los señores Jorge Enrique Larrota Espinel y Esperanza
Higuera Ardila contrajeron matrimonio. De dicha unión procrearon 4 hijos y el
30 de julio de 1985 cesó la convivencia entre los cónyuges.
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Escrito de tutela radicado a través del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Silvia Torres Delgado
2.2. El señor Jorge Enrique Larrota Espinel falleció el 30 de mayo de 1999.
2.3. De otra parte, fue declarada la unión marital de hecho entre la señora Silvia
Torres Delgado y el señor Jorge Enrique Larrota Espinel desde el año 1985
hasta la fecha de su deceso.
2.4. Mediante la resolución nro. 013426 del 17 de noviembre de 1999, la Caja
Nacional de Previsión Social Cajanal reconoció y ordenó el pago de pensión
gracia a favor del señor Jorge Enrique Larrota Espinel.
2.5. El 5 de julio de 2000 la accionante Silvia Torres Delgado, en calidad de
compañera permanente solicitó ante Cajanal el reconocimiento y pago de la
sustitución de la pensión gracia.
Mediante la resolución nro. 185523 del 4 de septiembre de 2000, Cajanal
declaró sin efectos legales la resolución nro. 013426 del 17 de noviembre de
1999 y en su lugar, resolvió: (i) reconocer pensión gracia post mortem a favor
del causante, señor Larrota Espinel, con efectividad a partir del 8 de noviembre
de 1998 y, (ii) sustituir la mencionada prestación a favor de la Señora Silvia
Torres Delgado en calidad de compañera permanente y, del menor Esteban
Nicolás Larrota Torres en calidad de hijo del causante, en porcentaje del 50%
de la prestación para cada uno de los beneficiarios, con efectividad a partir del
1° de junio de 1999.
2.6. El 26 de mayo de 2022 la señora Esperanza Higuera Ardila, en su calidad de
cónyuge supérstite, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, el
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia como
consecuencia del fallecimiento del causante Jorge Enrique Larrota Espinel.
Mediante la resolución nro. 18189 del 18 de julio de 2022, la UGPP negó la
solicitud de la señora Higuera Ardila y suspendió el pago de la pensión a la
señora Silvia Torres Delgado. La decisión fue recurrida por la cónyuge y por la
compañera permanente y confirmada por la entidad en las instancias
correspondientes.
2.7. Por lo anterior, la señora Esperanza Higuera Ardila en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la UGPP
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia.
A título de restablecimiento el derecho, solicitó el reconocimiento y pago a su
favor, de la pensión gracia reconocida al causante, a partir del día siguiente a
su fallecimiento.
2.8. En primera instancia el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá (expediente nro.
11001-33-35-020-2023-00120-00) mediante sentencia del 25 de julio de 2024
accedió a las pretensiones de la demanda.
Luego de analizar las pruebas aportadas al proceso, y la situación de las
reclamantes (cónyuge y compañera permanente del fallecido señor Jorge Enrique
Larrota Espinel), encontró que ambas cumplían los requerimientos contenidos
en las normas y jurisprudencia aplicables para ser beneficiarias de la
sustitución de la pensión gracia, teniendo en cuenta que (i) el causante
mantuvo el vínculo matrimonial vigente con la señora Esperanza Higuera
Ardila y convivió con ella hasta el año 1985 (esto es, durante 16 años, 6 meses y
8 días), y (ii) tuvo una unión marital de hecho con la señora Silvia Torres
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Delgado, con quien convivió por espacio de 13 años, 11 meses y 29 días, de
los cuales, 5 fueron anteriores a su fallecimiento.
Con fundamento en lo anterior, consideró que debía reconocerse la sustitución
pensional respectiva a cada una en un porcentaje proporcional a la
convivencia de cada una de ellas con el causante, esto es, el 54,13% a favor
de la señora Esperanza Higuera Ardila y 45,86% de la señora Silvia Torres
Delgado, teniendo en cuenta que sería sobre el 100%, ya que si bien se había
reconocido a Esteban Nicolás de Larrota Torres el 50% de la pensión de
sobrevivientes con ocasión del deceso de su padre, actualmente no
devengaba tal prestación.
2.9. La anterior decisión se apeló por las partes demandante, demandada y por la
señora Silvia Torres Delgado en su calidad de tercero con interés, hoy
accionante.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en sentencia del 31 de enero de 2025 (notificada por
correo electrónico el 3 de febrero de 2025), confirmó la decisión del juzgado.
Expuso el tribunal que, debía tenerse en cuenta la fecha de fallecimiento del
causante, a efectos de determinar la norma aplicable al caso, de manera que,
teniendo en cuenta que el señor Larrota Espinel falleció el 30 de mayo de
1999, la norma aplicable era la Ley 100 de 1993 sin las modificaciones
introducidas en la Ley 797 de 2003 ya que esta norma era posterior a la muerte
del entonces pensionado.
Explicado lo anterior y de cara al caso concreto, encontró que de los medios
probatorios aportados al expediente era posible determinar que, la señora
Esperanza Higuera Ardila contrajo matrimonio con el causante y dicha unión
estaba vigente al momento del fallecimiento de su esposo, aun cuando la
convivencia había sido por espacio de 16 años desde el año 1969 hasta 1985,
cuando se acreditó la convivencia del citado señor Larrota Espinel con la
señora Silvia Torres Delgado en su condición de compañera permanente por
un lapso de aproximadamente 14 años desde 1985 hasta el 30 de mayo de
1999, fecha de fallecimiento del causante.
En ese orden de ideas, dando aplicación a la norma aplicable, esto es, la Ley
100 de 1993 y tomando en cuenta el precedente de la Corte Constitucional,
encontró que lo que debía acreditarse era haber convivido al menos 2 años
con el causante en cualquier tiempo, lo que estaba acreditado ampliamente
por las dos señoras que discutían el derecho a la sustitución pensional, razón
por la que consideró que la prestación debía dividirse en partes iguales, esto
es, el 50% para cada una.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en la providencia emitida el 31 de enero de 2025 al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.
3.1. Defecto sustantivo. Para la actora, la norma aplicable, esto es, el artículo 47
de la Ley 100 de 1993 no contemplaba la figura de la pensión compartida, y
que el derecho a la pensión estaba delimitado a la convivencia en los últimos
años con el causante, con el fin de proveer a la familia del pensionado con la
prestación que permitiera solventar la situación económica que dejaba el
fallecido.
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Advirtió que el tribunal accionado citó la sentencia de la Corte Constitucional
SU-453 de 2019, exponiendo que la convivencia con el pensionado podía
probarse en cualquier tiempo, sin tener en cuenta que esa decisión se declaró
nula por la misma Corte Constitucional en el Auto 167 del 13 de mayo de 2020
y que, posteriormente se emitió la sentencia SU-461 de 2020 que cambió su
postura en relación con la demostración de la convivencia efectiva por parte
de la cónyuge o compañera permanente, indicando que era necesario
acreditar la convivencia efectiva los últimos años de vida.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Reiteró el argumento
relacionado con el precedente de la Corte Constitucional que citó en la
providencia, sentencia SU-453 de 2019, la declaratoria de nulidad de la misma
mediante el Auto 167 del 13 de mayo de 2020 y la posterior emisión de un
nuevo pronunciamiento contenido en la sentencia SU-461 de 2020 y en ese
sentido, acusó la decisión en cuanto no aplicó este último precedente vigente.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 28 de febrero de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la presente acción, ordenó notificar a las partes accionante y
accionada y, dispuso la vinculación como tercero con interés al Juzgado Veinte
Administrativo de Bogotá, autoridad judicial que emitió la sentencia de primera
instancia, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, parte demandada
en el proceso ordinario y, a la señora Esperanza Higuera Ardila quien fue parte
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuya providencia de cierre se acusa a través de la presente acción.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, presentó escrito de intervención en el que, luego de citar
ampliamente las consideraciones expuestas en la sentencia de instancia,
manifestó que se había justificado que el la norma vigente al momento del
fallecimiento del señor Jorge Enrique Larrota Espinel era la Ley 100 de 1993
que contempló como beneficiarias de la pensión de sobrevivientes tanto a la
cónyuge como a la compañera permanente, siempre que se demostrara la
convivencia durante los dos años anteriores al fallecimiento del causante y
que, por interpretación jurisprudencial, los dos años podían ser demostrados
en cualquier tiempo.
Advirtió que estaba buscándose la tutela como una instancia adicional con
argumentos que eran propios de un recurso de apelación.
4.3. El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, se pronunció e indicó que la
decisión se había emitido conforme a las normas y la jurisprudencia vigentes
al momento de proferir sentencia y que se había tenido en cuenta el material
probatorio allegado por las partes al proceso ordinario, razón por la que pidió
se desvinculara al juzgado y se negaran las pretensiones de la demanda de
tutela.
4.4. La señora Esperanza Higuera Ardila, en su calidad de vinculada como
tercero con interés, de una parte, indicó que la parte actora pudo agotar el
recurso extraordinario de revisión y no lo hizo.
De otro lado, refirió jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con
la interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y de la acreditación de
los requisitos para poder acceder a la sustitución pensional.
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4.5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social, UGPP, manifestó que
se estaba ante una decisión en firme con respecto a la que había operado el
fenómeno de la cosa juzgada y que, no se advertía un perjuicio irremediable
que eventualmente permitiera la procedencia excepcional de la acción de
tutela. También indicó que la parte actora pudo presentar recurso
extraordinario de revisión y que no lo había hecho.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 27 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la presente acción de tutela.
Consideró que no estaba acreditado el requisito de la relevancia constitucional, que
lo pretendido por la accionante era insistir en argumentos que habían sido resueltos
con suficiencia por el juez natural y que, no se evidenciaba la afectación de
derechos fundamentales.
Agregó que la controversia tenía su origen en un debate legal, probatorio y
económico que ya había sido expuesto en el correspondiente medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y que había sido decidido por el juez natural,
de manera que un pronunciamiento por parte del juez constitucional implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
6. Impugnación
La accionante impugnó la decisión. Manifestó que, contrario a lo afirmado en la
sentencia de primera instancia, el caso era relevante constitucionalmente al estar
en juego derechos como a la seguridad social y que se pasaban por alto los
derechos adquiridos.
En concreto, discutió que el derecho a la sustitución pensional se le hubiera
disminuido, insistiendo en la aplicación de un precedente que no estaba vigente en
el ordenamiento jurídico, esto es, la sentencia de la Corte Constitucional SU-453 de
2019 declarada nula por la corte mediante Auto 167 del 13 de mayo de 2020.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en declarar improcedente la presente acción por no encontrar acreditado
el requisito de la relevancia constitucional al reiterar los argumentos ya presentados
ante el juez natural e insistir en un asunto de orden legal y económico, razón por la
que, de manera previa la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos de
procedencia y, de manera posterior se centrará en la verificación del requisito de
relevancia constitucional mencionado.
De encontrar superado en anterior estudio, teniendo en cuenta los antecedentes del
caso y el escrito de impugnación, la Sala analizará si al proferir la providencia del
31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente, que es el argumento en el que se centra la accionante en la
impugnación presentada ante esta instancia.
4. Requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial.
Cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la
providencia cuestionada se notificó a través de correo electrónico el 3 de
febrero de 2025 y la acción de tutela fue radicada el 24 de febrero de 2025.
Esta circunstancia permite concluir que se respetó el parámetro temporal de
seis meses establecido por esta Corporación para la procedencia de la
acción6.
Adicional a lo anterior, contra la sentencia de segunda instancia proferida en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no proceden
recursos ordinarios y los argumentos planteados en la acción de tutela no se
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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corresponden con las causales de procedencia de los recursos extraordinarios
de unificación de jurisprudencia o de revisión.
Por último, el asunto no alude a una discusión de orden legal o económico,
sino que recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la
seguridad social y cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de
modo que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían
vulnerando sus derechos fundamentales.
Finalmente no se trata de una acción de tutela contra una sentencia de la
misma naturaleza.
4.2. Ahora, en el relación con la relevancia constitucional la Sala hará las
precisiones que siguen a continuación, en la medida que, para el juez de tutela
de primera instancia no se acreditó este requisito y fue la razón por la que
declaró improcedente la presente acción
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia
T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una
solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
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informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural7.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional para insistir en los argumentos planteados ante
el juez natural.
En el caso concreto, encuentra la Sala en relación con el mencionado
requisito, advierte la Sala que el mismo se encuentra superado, por lo
siguiente:
La decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Administrativo
de Bogotá en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado por la señora Esperanza Higuera Ardila contra la UGPP, accedió
a las pretensiones de la demanda, razón por la que, la hoy accionante, señora
Silvia Torres Delgado en su calidad de vinculada como tercero con interés,
interpuso recurso de apelación dirigido a cuestionar la decisión por la indebida
aplicación de las normas, pues en su sentir, conforme con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la norma que debía ser tenida en cuenta era aquella
vigente al momento del fallecimiento del causante, en el caso, la Ley 100 de
1993 y no la Ley 797 de 2003, pues dijo, esta última era posterior al deceso
de su compañero permanente que había ocurrido el 30 de mayo de 1999.
En este sentido, para la Sala no se trata de una reiteración de argumentos con
lo que pretenda extender la discusión planteada al juez natural en el recurso
de alzada, pues su inconformidad ante esta instancia constitucional tuvo su
génesis en la decisión de cierre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que acusa de haber incurrido en un defecto
por desconocimiento del precedente jurisprudencial al haber tenido como parte
del fundamento de la decisión, la sentencia SU 453 de 2019 de la Corte
Constitucional, decisión que fue anulada por auto 167 del 13 de mayo de 2020.
7
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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4.3. De acuerdo con lo anterior, para la Sala contrario a lo que afirmó el juez de
tutela de primera instancia, el caso reviste relevancia constitucional, además
de los argumentos expuestos, por tratarse de una controversia relacionada con
el derecho de orden pensional que, tiene incidencia directa con los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, razón por la que esta
instancia considera que debe revisarse la decisión de cierre del tribunal, a la
luz del argumento propuesto en el escrito de impugnación y que tiene que ver
como se anunció, con el desconocimiento del precedente jurisprudencial, en
los términos propuestos por la tutelante y en ese sentido, deberá revocarse la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Primera de esta
corporación que declaró improcedente la presente acción.
5. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y su
análisis en el presente caso
5.1. El precedente judicial, este busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes
para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente,
como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la
decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente
vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia
no presente una justificación razonable para apartarse del precedente
vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
5.2. Sustitución pensional de la pensión gracia y su análisis
La sustitución pensional es una prestación económica prevista en el sistema
de seguridad social en pensiones y que se erige como una garantía
fundamental a favor de la familia del pensionado, buscando no dejar
desamparados a sus posibles beneficiarios y que guarda además una estrecha
relación con derechos fundamentales como el mínimo vital y la vida digna.
Es así como se constituye en una materialización del derecho fundamental a
la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política,
entendido como un servicio público y que debe ser garantizado por el Estado
a todos los habitantes del territorio.
La pensión gracia es una prestación creada por la Ley 114 de 1913 como una
recompensa al docente de educación primaria y que dependía de las
entidades territoriales, sin que estuviera sometida al concepto de aporte ni de
un sistema de seguridad social propiamente, era más una recompensa gratuita
hecha por el Estado, lo que hace que se trate de una prestación especial.
9
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Tal connotación resulta relevante para precisar que la pensión gracia no tiene
una regulación propia en materia de sustitución pensional, por lo que se ha
venido dando aplicación a las normas generales sobre la materia y se ha tenido
como punto de partida la fecha de la muerte del causante para verificar la
norma aplicable.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de unificación SUJ-
029-CE-S2 del 11 de agosto de 20228, definió la norma aplicable en el caso
de la pensión gracia, a efectos de determinar los requisitos para ser
beneficiarios de la sustitución pensional y pensión de sobrevivientes ( esto es,
si eran las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, o si lo eran la Ley 71 de 1988
reglamentada por el Decreto 1160 de 1989) y, determinó la siguientes reglas de
unificación:
«127. La pensión gracia es una prestación especial, gratuita, no requiere afiliación ni aportes.
Por tanto, visto que no contiene una regulación propia sobre la sustitución pensional, la
jurisprudencia ha aplicado las normas generales.
128. La norma aplicable en materia de sustitución pensional es la vigente para la fecha del
fallecimiento del maestro o del docente pensionado.
129. Acorde con el Acto Legislativo 01 de 2005 los requisitos de los beneficiarios de la
sustitución pensional y pensión de sobrevivientes, en cuanto a la convivencia, son los previstos
en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, contenidos en el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, si son las normas
vigentes para la fecha del fallecimiento del causante.
130. El Acto Legislativo 01 de 2005 dispone que "En materia pensional se respetarán todos los
derechos adquiridos", lo que se debe leer en armonía con el criterio según el cual la norma
aplicable en materia de sustitución pensional es la vigente a la fecha de fallecimiento del
causante.
131. En todo caso, la aplicación de la Ley 100 de 1993 y complementarias, respecto a los
requisitos que deben demostrar los beneficiarios, si es la norma vigente para la fecha del
fallecimiento del maestro o del pensionado, se aplica en tanto sea compatible con la pensión
gracia, como pensión especial.
132. Por ende, para reconocer la sustitución de la pensión gracia al cónyuge supérstite o al
compañero permanente, se aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre
convivencia en materia de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la
fecha del fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el
caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de
convivencia con el docente o el pensionado.
133. En consecuencia, la Sala establece la siguiente regla de unificación:
La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha
del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que
remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los derechos adquiridos
bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero
acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado».
De este modo, acorde con el precedente de unificación es posible establecer
que, en materia de sustitución de la pensión gracia, la norma aplicable es la
vigente al momento del fallecimiento del docente pensionado, que para el caso
bajo análisis es la Ley 100 de 1993.
La Ley 100 de 1993, concretamente en su artículo 47 prescribía quiénes eran
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
8
Radicación nro. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
10
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En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los
requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, 9 y hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte,
salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de
éste».
De acuerdo con lo dispuesto en la mencionada norma, debían acreditarse
unos requisitos para ser beneficiario de la respectiva sustitución pensional, a
saber:
(i) haber hecho vida con el causante hasta el momento de su muerte,
(ii) haber convivido con el causante no menos de 2 años con anterioridad a su
muerte, salvo que se hubieran procreado hijos con el fallecido y,
(iii) la posibilidad de suplir el requisito de convivencia con el fallecido no menos de
dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que hubiera procreado
uno o más hijos con el pensionado fallecido10.
Es relevante destacar que, en sus orígenes la Ley 100 de 1993 en materia de
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes establecía un orden a efectos de
otorgar la mencionada prestación, siendo el primero de ellos al cónyuge
privilegiando de este modo el vínculo matrimonial y, a falta de esta figura, al
compañero o compañera permanente del causante.
La Sección Segunda del Consejo de Estado en el año 199311, tenía el siguiente
criterio jurisprudencial en casos en que concurrieran tanto cónyuge como
compañero o compañera permanente del fallecido pensionado y en cuanto a
la preferencia que se daba al cónyuge sobreviviente:
«Pues bien, la ley da preferencia al cónyuge sobreviviente en la sustitución de los derechos
pensionales de la persona fallecida sobre la eventual compañera o compañero permanente
de ésta, privilegio que solamente pierde cuando, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º del
Decreto 1160 de 1989, exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el
momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo en caso de hallarse
en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle
impedido su acercamiento o compañía.
En este orden de ideas, se tiene que a falta del cónyuge es beneficiario de la sustitución
pensional el compañero permanente según corresponda; entendiéndose que falta el cónyuge
, según lo dispone el artículo 6º del decreto citado, en los siguientes casos: por muerte real o
presunta, por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, y por divorcio; pero también se
entiende que falta el cónyuge para efectos de que la compañera o compañero permanente
puedan adquirir el derecho a la sustitución pensional cuando aquél, con anterioridad al
fallecimiento del causante, ha perdido ese derecho sin que posteriormente lo haya recobrado
por haberse restablecido la vida en común de los casados, puesto que el espíritu que orienta
la normas que rigen la sustitución pensional a cargo de los empleadores particulares es el de
proteger a la persona que en realidad prestó asistencia y compañía al trabajador o a la persona
9
Aparte tachado declarado inexequible.
10
Este punto fue objeto de análisis por la Corte Constitucional y se declaró exequible en la sentencia C-389 de 1996,
11
Extracto de sentencia del 1º de julio de 1993, citada en sentencia C-081 de 1999.
11
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pensionada hasta el momento de su fallecimiento, claro está, que sin perjuicio del cónyuge
que no lo pudo hacer por culpa del causante.
En cuanto a la hipótesis concreta de que existan simultáneamente cónyuge supérstite y
compañera o compañero permanente que se presenten ante el empleador o reclamar la
sustitución pensional, se encuentra que el artículo 295 del Código Sustantivo del Trabajo,
contiene el principio que determina la forma de resolver dicha situación. En efecto, esta
disposición se refiere al evento específico de la disputa del seguro colectivo por personas que
acrediten ser beneficiarias del mismo, y que se resuelve con la obligación de la empresa de
hacer el pago cuando se le presente copia debidamente autenticada de la sentencia que haya
resuelto a quién corresponde el valor del seguro, precepto éste de donde se deriva, en
aplicación del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, el principio según el cual cuando
exista controversia entre personas que demuestren ante el empleador ser beneficiarias de
una prestación social o de su sustitución, originada en la muerte del trabajador, del
pensionado, o del trabajador fallecido que había adquirido el derecho a la pensión, ellas
deberán dirimir ante la jurisdicción ordinaria laboral quien tiene verdaderamente el derecho a
reclamar la prestación, y el empleador deberá pagar a quien señale la decisión que resuelva
ese litigio, cuando el beneficiario allí determinado presente la copia auténtica de dicha
sentencia».
Más adelante, la Corte Constitucional desarrolló varias interpretaciones de la
referida norma de la Ley 100 de 1993 y de las condiciones para poder ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
Por ejemplo, en la sentencia C-081 de 199912 al estudiar la exequibilidad del
segmento «la compañera o compañero permanente supérstite» de los artículos 47 y 74
de la Ley 100 de 1993, indicó:
«Ahora bien, sobre la denominada pensión de sobrevivientes, que es el tema que ocupa la
atención de la Corte, esta Corporación debe advertir, que sobre esta materia, objeto de
reflexión constitucional, actúan circunstancias fácticas y principios jurídicos superiores
relativos a esta disciplina jurídica, los cuales poseen sus propios ámbitos y principios
teleológicos, que en algunos aspectos difieren ostensiblemente del régimen legal de la familia,
dado que éste último se halla conectado e influenciado estrechamente con derechos clásicos
del derecho privado como los de propiedad y sucesiones, mientras que los principios de la
seguridad social se encuentran animados por razones de servicio público, y de protección
social, cuyas normas, instituciones y procedimientos tienden a proteger la calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad
diseñan legislativa y administrativamente, para proporcionar una cobertura integral, en cuanto
a las contingencias y riesgos, especialmente, las que menoscaban la salud y la capacidad
económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual
y la integración de la comunidad; por lo tanto, como servicio público de carácter obligatorio,
éste se concreta o materializa frente a los ciudadanos como derechos irrenunciables (art. 48
C.N.) y especialmente fundamentales, con relación a los menores (art. 44 C.N. ), los cuales
procuran solucionar y satisfacer problemas vitales e inmediatos de subsistencia, que nacen
como consecuencia de las contingencias previamente establecidas por el legislador; por lo
tanto, estima esta Corte, que los principios generales de esta materia, condicionan la
interpretación del ordenamiento jurídico que regula las instituciones sobre previsión social,
como ocurre con la sucesión o los beneficiarios de un pensionado. Por lo tanto, el legislador
establece, en el régimen de la seguridad social integral, a propósito de la muerte de un afiliado,
órdenes sucesorales o requisitos de hecho que procuran proteger a quienes dicha
contingencia afecta directamente, es decir al núcleo familiar más próximo del titular de la
prestación pero, entendido éste, más con un criterio material y socioeconómico que puramente
legal, sin que, desde luego se abandone absolutamente este último enfoque.
Dadas estas circunstancias, por razones de orden constitucional y de los principios propios
del derecho de la seguridad social, los cuales puede el legislador configurar libremente, según
el artículo 48 superior en aplicación, en cuanto a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, éste en el artículo 47 literal a) de la ley 100 de 1993, toma más en cuenta
factores sociológicos, reales o materiales, en el entendido de lo que es una relación material
de pareja, como quiera que se trata de una prestación de previsión, con lo cual procura aliviar
la condición de precariedad económica en que queda la familia al desaparecer su cabeza, vale
decir, el titular de la pensión, independientemente, de que alguno de los miembros de la pareja
goce de la condición de cónyuge o de compañera o compañero permanente.
(…)
12
Ponencia del doctor Fabio Morón Díaz.
12
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De otro lado, la Corte Constitucional, comparte la tesis sostenida, tanto por el señor Procurador
General de la Nación como por la mayoría de los interventores en este proceso, en cuanto a
que la doctrina y jurisprudencia nacionales, han aceptado en acoger como factor determinante
en la aplicación del literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, para establecer qué persona
tiene derecho a la sustitución pensional, en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la
compañera o compañero permanente, el hecho del compromiso efectivo y de comprensión
mutua existente entre la pareja, al momento de la muerte de uno de sus integrantes».
Aun cuando la Corte Constitucional avanzaba en dar una interpretación con
enfoque en la Carta Política a las situaciones que se vinieron presentando, en
las que aparecían como reclamantes de la sustitución la cónyuge y el
compañero o compañera permanente, en principio de manera simultánea, el
Consejo de Estado avanzó en dar una interpretación desde el punto de vista
de la igualdad y la equidad a un caso en el que ante la simultaneidad de las
dos compañeras de vida de un miembro de la Policía Nacional, resolvió
ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en partes iguales.
Se trató de la sentencia del 20 de septiembre de 200713 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, en la que se indicó:
«Bajo esta línea y a la luz de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, los derechos
a la seguridad social comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero
o compañera permanente. Adicionalmente, cuando se presente conflicto entre los posibles
titulares del derecho a la sustitución pensional, factores como el auxilio o apoyo mutuo, la
convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte son los que
legitiman el derecho reclamado.
En otras palabras, el criterio material de convivencia y no el criterio formal de un vínculo ha
sido el factor determinante reconocido por la reciente jurisprudencia de la Sala para determinar
a quién le asiste el derecho a la sustitución pensional.
Lo fundamental para determinar quién tiene el derecho a la sustitución pensional cuando surge
conflicto entre la cónyuge y la compañera es establecer cuál de las dos personas compartió
la vida con el difunto durante los últimos años, para lo cual no tiene relevancia el tipo de vínculo
constitutivo de la familia afectada por la muerte del afiliado.
En el caso concreto, al valorar el material probatorio allegado a instancia de las partes,
encuentra la Sala acreditados supuestos de hecho que legitiman el derecho tanto de la
cónyuge como de la compañera del causante.
(…)
Sin duda, y en esto insiste la Sala, si bien no se demostraron las condiciones particulares de
la convivencia simultánea pues cada grupo de testigos sólo se refiere a una familia en
particular y no puede el juez entrar a derivar supuestos que no se encuentran debidamente
soportados en el expediente, es indiscutible que el agente compartía en vida sus ingresos y
prodigaba manifestaciones de afecto, solidaridad y apoyo con quienes sus antiguos
compañeros conocían como su esposa e hijos y con quienes los vecinos del corregimiento de
Amaime, incluida la inspectora departamental, conocían como su compañera e hijo.
Por estas razones, bajo un criterio de justicia y equidad y en consideración a que la finalidad
de la sustitución pensional es la de evitar que las personas que forman parte de la familia y
que dependen patrimonialmente del causante puedan quedar sumergidas en el desamparo y
abandono económico, en el caso concreto, habiéndose acreditado una convivencia
simultánea, se resolverá el conflicto concediendo el 50% restante de la prestación que
devengaba el extinto agente (...), distribuido en partes iguales entre la cónyuge y la compañera
permanente, con quienes convivió varios años antes de su muerte, procreó hijos y a quienes
prodigaba ayuda económica compartiendo lo que recibía a título de asignación mensual de
retiro.
No existen razones que justifiquen un trato diferente al que aquí se dispone pues concurre el
elemento material de convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, por voluntad propia
del causante, en cabeza de la cónyuge y de la compañera».
Esta jurisprudencia de la corporación marcó un punto de partida importante
para dirimir controversias en que se presentaran simultánea o coetáneamente
dos personas a reclamar un mismo derecho pensional percibido por el fallecido
pensionado, una con vínculo matrimonial, y la otra con quien se acreditara una
convivencia afectiva y de apoyo, aspecto que posteriormente también se
13
Expediente nro. 76001-23-31-000-1999-01453-01 (2410-04). M.P. Jesús María Lemus Bustamante.
13
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desarrolló por la Corte Constitucional. Por vía de ejemplo, en las sentencias T
301 de 2010 y T 046 de 2016, entre otras.
De manera reciente, la Corte Constitucional en la sentencia SU 453 de 2019,
se ocupó del tema de la sustitución pensional y de la tensión que se presenta
entre cónyuge y compañera permanente al momento de definir en cabeza de
quién quedaría la prestación y atendiendo a la interpretación de las normas
que aplicaran al caso concreto y de la forma como se presentaran las dos
personas con la intención de suceder la pensión, bien que hayan convivido
simultáneamente con el causante o, cuando al momento de la muerte del
pensionado existieran compañera permanente y una unión conyugal vigente
con separación de hecho, encontrando que, en este último supuesto, no era
necesario demostrarse por parte del cónyuge supérstite una convivencia
previa a la muerte, sino que podía darse en cualquier tiempo.
Dijo la sentencia en lo pertinente:
«Es teniendo en cuenta lo anterior que la Corte Constitucional ha concluido que las disputas
entre cónyuge y compañero (a) permanente supérstite respecto de la sustitución pensional o
la pensión de sobrevivientes pueden plantearse cuando hay convivencia simultánea o cuando,
al momento del fallecimiento, tenía un compañero (a) permanente y una unión conyugal
vigente con separación de hecho, teniendo en cuenta que en este último evento, no es
necesario demostrar, por parte del cónyuge supérstite, una convivencia con el causante de
cinco años inmediatamente anteriores a la muerte, sino que dicho término de convivencia pudo
haberse dado en cualquier tiempo».
También se analizó por la Corte el escenario en el que existía una cónyuge
supérstite y no hubiera acreditado haber convivido con el causante de manera
ininterrumpida los últimos 5 años anteriores a su muerte, sin que durante ese
lapso existiera compañera permanente, donde sostuvo que era posible
acreditar tal convivencia en cualquier tiempo.
Textualmente se sostuvo en la providencia:
«Es por esto, que la Corte Constitucional en una ocasión en la que analizó el caso de una
señora a la que se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional como cónyuge
supérstite, de la pensión de jubilación de su esposo, por cuanto la accionante no acreditó
haber convivido, de forma ininterrumpida con el causante los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a su muerte, y además no existía durante ese lapso una
compañera permanente, arribó a la conclusión de que:
“En otras palabras, tendrá derecho a la sustitución pensional quien, al momento de la muerte
del pensionado, tenía una sociedad conyugal que no fue disuelta, con separación de hecho.
En este último evento, el cónyuge supérstite deberá demostrar que convivió con el causante
por más de dos (2) o cinco (5) años, en cualquier tiempo, según la legislación aplicable, en
virtud de la fecha de fallecimiento del causante.
Esta última aclaración es pertinente teniendo en cuenta que, para la fecha en que se produjo
el deceso del señor (...) (23 de diciembre de 2002), aún no había entrado a regir la modificación
que la Ley 797 de 2003 le introdujo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993” (resaltado fuera de
texto)».
Esta decisión fue declarada nula por la misma Corte Constitucional mediante
Auto 167 del 13 de mayo de 2020 y, se emitió la sentencia de reemplazo SU
461 de 2020 en la que de nuevo se retomó el asunto y se estimó:
«31. Por otro lado, en relación con la norma subsiguiente, derivada de la modificación que
introdujo la Ley 797 de 2003 que contempló el fenómeno de las relaciones de pareja
simultáneas, esta Corporación ha destacado que en esos escenarios es necesario el
reconocimiento de ambos vínculos familiares y corresponde la distribución equitativa de la
prestación. En estos eventos, se ha señalado que como quiera que la finalidad de la pensión
de sobreviviente es proteger a la familia del pensionado que ha fallecido, y que a partir de la
Constitución de 1991, el término de familia no solo aplica para aquellas conformadas por la
unión matrimonial, sino también por la unión de hecho, cónyuges y compañeros permanentes
se encuentran habilitados y en las mismas condiciones de igualdad para reclamar el
reconocimiento y pago de la mencionada acreencia económica.
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Esta Corporación ha destacado que la disposición normativa en cita, esto es el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, en la práctica
puede engendrar condiciones discriminatorias entre esposos y compañeros permanentes del
causante, de modo que por ejemplo en la Sentencia T-046 de 2016, se identificaron las
siguientes reglas:
• Cuando haya controversia sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o del derecho
a la sustitución pensional, porque quienes alegan la calidad de cónyuge y compañero permanente
del causante han demostrado convivir con este en periodos de tiempo diferentes o de forma
simultánea, quien debe dirimir el asunto es la jurisdicción competente
• Ambos reclamantes deben demostrar la convivencia simultánea con el causante en sus últimos
años de vida, para que la pensión de sobrevivientes o la respectiva sustitución pensional, pueda
ser reconocida en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido o en partes iguales con base
en criterios de justicia y equidad
• En los eventos en los cuales, si bien hay conflicto por una presunta convivencia simultánea y es el
juez quien debe intervenir, cuando el mecanismo ordinario no sea el indicado para proteger en
forma oportuna y efectiva los derechos de la o el accionante, es procedente la acción de tutela
Estas reglas jurisprudenciales, han sido proferidas en relación con las relaciones familiares
normadas por la Ley 797 de 2003 y están afianzadas en el cambio introducido por Legislador
en el sistema de seguridad social en pensiones a través de ella. En esa medida, se refieren a
la distribución de la prestación, como mecanismo de amparo a familias coexistentes, a causa
de la cohabitación simultánea entre el causante, su esposa y su compañera permanente,
cuando la muerte del primero tuvo lugar con posterioridad a su entrada en vigencia.
(…)
33. Todo lo considerado hasta este punto en relación con la pensión de sobreviviente, sugiere
que esta es una figura que protege a los miembros del núcleo familiar del pensionado que
pudieran depender económicamente de él, al haber hecho parte de su núcleo familiar y
convivido con él durante sus últimos años de vida. En esa medida, la exigencia en relación
con la acreditación de la convivencia durante el último periodo de vida del causante, implica
la garantía del cumplimiento de los objetivos constitucionales y legales de dicha prestación.
Sobre el requisito de la convivencia el Legislador previó originariamente un mínimo de dos
años anteriores a la muerte del actor, antes de 2003, que solo puede ser reemplazado por la
acreditación de la procreación de hijos durante dicho periodo, según el criterio que ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia al dirimir asuntos en los que la norma vigente era la
versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
34. Al respecto esta Corporación y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en que, tanto
en el régimen anterior, como en el consagrado en la Ley 797 de 2003, al compañero
permanente y al esposo les corresponde acreditar este requisito, con las particularidades de
cada una de las versiones del artículo 47 antes mencionado».
5.3. En punto al análisis del caso concreto, estima la accionante que el tribunal
accionado incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial al haber soportado su decisión de segunda instancia en una
sentencia que fue declarada nula y que existía incluso, decisión de reemplazo.
En el caso objeto de estudio, encuentra la Sala que, la decisión del 31 de enero
de 2025 emitida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, hizo el siguiente análisis:
«Ahora bien, precisa la Sala que en el presente caso se debe determinar si le asiste el derecho
a la señora Esperanza Higuera Ardila a que se le reconozca y pague la prestación causada
por el señor Jorge Enrique La Rotta (sic) Spinel, en calidad de cónyuge supérstite con
sociedad conyugal vigente. Así las cosas, en primer lugar, se debe precisar que la norma
aplicable es la que se encontraba vigente en el momento del deceso del señor Jorge Enrique
La Rotta (sic) Spinel, quien falleció el 30 de mayo de 1999, y que lo pretendido es la sustitución
de la pensión gracia que había sido reclamada en vida por el causante pero que fue reconocida
con posterioridad a su deceso, razón por la cual, se deberá tener en cuenta lo establecido en
la sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, que señaló:
“(…) 116. A su vez, en lo relacionado con el vínculo del matrimonio, la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que el amparo para la familia del fallecido, exige de quien alega la calidad de cónyuge no solo
la solemnidad del matrimonio, sino que dicha condición se predica cuando “han mantenido vivo y
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio según el artículo 113
del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en
común”. De modo que quien pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes debe acreditar el
requisito de convivencia.
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117. En este orden de ideas, la Sala considera que las normas que rigen el requisito de convivencia de
los beneficiarios del docente fallecido para efectos de la sustitución de la pensión gracia no son la Ley
71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, sino la Ley 100 de 1993 y las normas complementarias, cuando
el docente fallece en su vigencia.
(…)
126. Por ende, para reconocer la sustitución de la pensión gracia al cónyuge supérstite o al compañero
permanente, se aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia de
pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento. Por consiguiente,
no es suficiente con demostrar la existencia del vínculo matrimonial, o de la convivencia al momento del
fallecimiento, en tanto, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, exige al cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente
o el pensionado.
(…)
133. En consecuencia, la Sala establece la siguiente regla de unificación: La norma aplicable sobre el
requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución
de pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en
el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio
de los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero
acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado.”
Así las cosas, se aclara que en el presente caso la norma aplicable es la Ley 100 de 1993 sin
la modificación de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta que el causante falleció el 30 de
mayo de 1999, por lo que se debe precisar que para ese momento la norma exigía demostrar
la convivencia durante los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, y no cinco
años, toda vez que esa modificación se introdujo con posterioridad al deceso del causante. Al respecto, precisa la Sala que si bien es cierto que la Ley 100 de 1993 exige probar la
convivencia durante los dos años anteriores al fallecimiento del causante, no se puede
desconocer que por vía jurisprudencial se ha establecido que en el caso de la cónyuge con
sociedad conyugal vigente, el tiempo que debe demostrar de convivencia, dependiendo de la
norma aplicable al momento del deceso, no necesariamente debe ser inmediatamente anterior
al fallecimiento, sino que puede ser en cualquier tiempo, razón por la que en este caso, la
accionante deberá demostrar que convivió con el causante durante dos años en cualquier
tiempo. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-453 de 2019, señaló:
«“(…) 5.3.10. En cuanto a la convivencia, la Corte Constitucional ha tenido el mismo
entendimiento que la Corte Suprema de Justicia, es decir, que es posible reconocer la pensión
de sobreviviente o la sustitución pensional a quienes, al momento del fallecimiento del
causante, mantenían vigente su sociedad conyugal con este durante al menos cinco años en
cualquier tiempo. (…)
Es por esto, que la Corte Constitucional en una ocasión en la que analizó el caso de una
señora a la que se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional como cónyuge
supérstite, de la pensión de jubilación de su esposo, por cuanto la accionante no acreditó
haber convivido, de forma ininterrumpida con el causante los últimos cinco años
inmediatamente anteriores a su muerte, y además no existía durante ese lapso una
compañera permanente, arribó a la conclusión de que:
“En otras palabras, tendrá derecho a la sustitución pensional quien, al momento de la muerte del
pensionado, tenía una sociedad conyugal que no fue disuelta, con separación de hecho.
En este último
evento, el cónyuge supérstite deberá demostrar que convivió con el causante por más de dos (2)
o cinco (5) años, en cualquier tiempo, según la legislación aplicable, en virtud de la fecha de
fallecimiento del causante. Esta última aclaración es pertinente teniendo en cuenta que, para la fecha en que se produjo el deceso
del señor (...) (23 de diciembre de 2002), aún no había entrado a regir la modificación que la Ley 797 de
2003 le introdujo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993” (resaltado fuera de texto). La Corte Constitucional, en ese caso, decidió revocar el fallo de tutela de segunda instancia y
confirmar parcialmente el de primera instancia y ordenó a la entidad accionada a reconocer la
prestación solicitada dado que la accionante demostró que mantenía vigente el vínculo
conyugal y que hizo vida marital con el causante durante más de dos (2) años en cualquier
tiempo. (…)
A continuación, se analizarán los argumentos esbozados por la accionante en torno al defecto
fáctico. No obstante, se aclara que, como se dijo, y como se reiterará en el siguiente acápite,
las pruebas debían valorarse en el marco de establecer una convivencia por dos años o más
de los esposos, en cualquier tiempo, mas no únicamente con anterioridad inmediata a su
muerte.
(…)
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(iv) La interpretación literal de la norma vigente cuando falleció el señor (…) llevaría a pensar
que la cónyuge no tendría derecho a la pensión. No obstante, es necesario recordar, como se
dijo extensamente en la parte considerativa de la presente sentencia, que tanto la Corte
Suprema de Justicia (órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria que conoce casos como el
que hoy se plantea) como la Corte Constitucional han concluido que el requisito de convivencia
exigido para acceder a la pensión de sobreviviente o a la sustitución pensional, el cual es por
un término de dos (2) o cinco (5) años dependiendo de la legislación aplicable, puede ser
acreditado en cualquier tiempo. Y es que era necesario que se llegara a esta conclusión teniendo en cuenta que la aplicación
literal y fría de la norma derivaba en una total ignorancia de la realidad familiar y de principios
constitucionales así:
a) Se estaría desconociendo el tiempo de convivencia que probó una de las partes (la primera relación
en el presente caso) que en la mayoría de los casos es mucho más amplio, privilegiando a una persona
que por un lapso mínimo (que podía ser de tan solo dos años) convivió con el causante de la prestación,
lo que sería evidentemente desigual ya que deja por fuera de toda posibilidad a la persona que, en la
generalidad de los casos, convivió con el causante durante la mayor parte de su vida y que, por razones
de cualquier índole, no convivió con este los últimos años de manera continua, impidiéndole percibir una
prestación que juntos construyeron a lo largo de una relación que casi siempre es de muy larga duración
(en este caso, más de 20 años).
b) Desconocería por completo la justicia material que aquella persona que estuvo con el causante
durante muchos años, compartió con él una gran parte de su vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus logros
y dificultades, y que casi siempre procreó hijos con él, quede descartada de todo beneficio pensional,
restringiendo desproporcionadamente sus derechos, dando prevalencia a quien durante los dos últimos
años de vida del pensionado (un tiempo mínimo y fugaz) pudo disfrutar, tanto de la compañía como de
la pensión que recibía el causante, que en realidad fue el fruto del trabajo prestado al lado de aquella
otra persona de la primera relación.
c) Las autoridades judiciales lo que estarían haciendo es proveer soluciones injustas a casos cuya
realidad fáctica amerita un análisis desde la perspectiva de la justicia material, la dignidad humana y la
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, teniendo el deber de aplicar, por encima de cualquier
precepto legal, los mandatos constitucionales de igualdad, solidaridad y dignidad.
(v) En ese sentido, la Sala de Descongestión Laboral sí incurrió en un defecto sustantivo
porque a pesar de la autonomía judicial que detenta, la interpretación o aplicación de la norma
al caso concreto no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable. Esto por cuanto, a pesar de que tanto el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional como
el de la jurisdicción ordinaria, específicamente la Sala de Casación Laboral, habían
establecido la correcta interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión
original y el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994 que lo reglamenta, esto es, que la
acreditación de los dos (2) años de convivencia era en cualquier tiempo y no únicamente
contados inmediatamente hacia atrás al momento de la muerte del causante, la Sala de
Descongestión acusada prefirió aplicar de una manera fría y literal la norma, apartándose de
la interpretación razonable ya establecida, concluyendo que en el caso concreto, a pesar de
haberse mantenido el vínculo matrimonial desde 1971, no se logró acreditar una convivencia
en los dos últimos años de vida del causante, por lo cual la cónyuge no tendría derecho. Este defecto en la sentencia acusada es protuberante.
En efecto, al verificar si la accionante
convivió con el causante dos (2) años anteriores a su fallecimiento, los cuales podrán ser en
cualquier tiempo, era completamente evidente que la respuesta era positiva. No obstante, para
la Corte Suprema, el dilema a resolver era si los esposos convivieron juntos o no hasta el día
de la muerte del señor (...), lo cual era un debate innecesario si se hubiere interpretado la
norma de manera correcta. Pero es claro que nunca hubo discusión en torno a la convivencia
de ellos en otro tiempo. Tanto así que persisten dudas alrededor de la fecha en que en realidad
hubo una posible separación de hecho, mas no de la vida en pareja anterior a ese supuesto
suceso. Es decir, que si en gracia de discusión se aceptara una separación de hecho de los esposos
durante los dos últimos años de vida del causante, es claro que los mismos estuvieron casados
desde enero de 1971 y el señor (...) murió el 01 de enero de 1995, lo cual indica que aunque
no se tuvieran en cuenta los dos años en los que supuestamente conformó una relación de
hecho con la señora (...), sí estaba probado que convivieron juntos por más de 20 años,
prestándose ayuda, compañía, socorro mutuo, tiempo en el que construyeron en comunidad
tanto la prestación económica que hoy está en conflicto, como un patrimonio y una familia,
procrearon dos hijos y juntos propendieron por mantener un vínculo familiar fundado en lazos
fuertes y estrechos, al punto de que el propio causante afirmó, en su manuscrito, que había
sido una relación en donde había reinado la armonía y el amor. Así las cosas, la prestación
económica solicitada debió otorgarse de manera proporcional de acuerdo con el tiempo
convivido con el señor (...).
(…)
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8.1. Teniendo en cuenta el análisis anterior, se concluyó que la Sala de Descongestión (i)
incurrió en defecto fáctico al dar por probada la convivencia de por lo menos dos años entre
(...) y el pensionado fallecido, cuando de las pruebas tenidas en cuenta para llegar a dicha
conclusión solo se extrae que entre ellos pudo existir algún tipo de vínculo mas no una
convivencia real y efectiva por el tiempo mínimo requerido; (ii) no incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial alegado por la accionante, pero (iii) sí incurrió en
defecto sustantivo por aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original de
manera manifiestamente errada pues no tuvo en cuenta que dicho precepto permitía suplir el
requisito de convivencia mínimo de dos años con anterioridad de la muerte del pensionado
con el hecho de haber procreado hijos con este, y (iv) por inaplicar la interpretación razonable
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original y la norma que lo reglamentó, dado
que ya tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional había establecido la
manera correcta de interpretar dicho precepto, esto es que el tiempo de convivencia, ya sea
de dos o cinco años (dependiente de la fecha del deceso del causante y la norma que estuviera
en vigencia para ese momento), debe ser acreditado en época no inmediatamente anterior al
fallecimiento sino en cualquier tiempo. De esta manera, la prestación económica deberá
otorgarse de manera proporcional al tiempo convivido con el fallecido”. De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la
pensión de sobrevivientes es la protección a la familia, se hace necesario que los beneficiarios
de la prestación demuestren la convivencia exigida en la norma aplicable al momento del
deceso del causante. Así las cosas, se precisa que en el presente caso la accionante actúa en calidad de cónyuge
supérstite por lo que debe probar que al momento de la muerte el vínculo matrimonial se
encontraba vigente, y haber convivido con el causante durante un tiempo no inferior a dos
años continuos en cualquier tiempo, ya que no es requisito acreditar que la convivencia haya
tenido lugar en los años inmediatamente anteriores a la muerte, toda vez que no se puede
desconocer que en su momento hizo una comunidad de vida con el causante, generando una
desigualdad respecto de la compañera permanente.
Así las cosas, observa la Sala que la entidad demandada le negó a la señora Esperanza
Higuera Ardila el reconocimiento y pago de la prestación causada por el señor Jorge Enrique
La Rotta Spinel, por no haber demostrado la convivencia con el causante durante los dos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. (…)
En primer lugar, como se expuso en precedencia se precisa que como bien lo indicó la parte
accionada, la norma aplicable al momento del deceso del causante es la Ley 100 de 1993 sin
la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, la cual exige demostrar dos años de
convivencia anteriores al fallecimiento del causante, pero como se expuso líneas atrás, por
interpretación jurisprudencial y teniendo en cuenta que la finalidad del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes y de la sustitución pensional es la protección a la familia, se precisa
que esos dos años pueden ser demostrados en cualquier tiempo, ya que no se evidencian
razones por las cuales se le dé la posibilidad a las cónyuges supérstites con sociedad conyugal
vigente después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 de demostrar el requisito de
los cinco años de convivencia en cualquier tiempo y se excluya a quienes se les aplica la Ley
100 de 1993 antes de esta modificación, toda vez que se reitera que la finalidad es la misma,
esto es, la protección a la familia y proteger a los beneficiarios legítimos, por lo que bajo el
amparo del artículo 42 de la Constitución Política se aclara que en el presente caso la
accionante debe demostrar dos años de convivencia en cualquier tiempo. Así las cosas, observa la Sala que teniendo en cuenta que la accionante contrajo matrimonio
con el causante el 22 de enero de 1969, que señaló haber convivido con él hasta el año 1985,
lo cual es posible corroborar con los testimonios, los interrogatorios de parte y las demás
pruebas aportadas al proceso, se da por satisfecho este requisito, esto es, la convivencia por
dos años en cualquier tiempo. Ahora bien, por otro lado, se observa que la señora Silvia Torres Delgado también demostró
haber convivido con el causante en calidad de compañera permanente desde el año 1985
hasta el 30 de mayo de 1999 (fecha de su fallecimiento), por lo que también es beneficiaria de
la prestación, al haber demostrado la convivencia durante los dos años inmediatamente
anteriores al fallecimiento del causante. En virtud de lo expuesto, precisa la Sala que si bien es cierto, se debe acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda no se le puede dar aplicación a la Ley 797 de 2003 como lo
hizo la juez de instancia, ya que como se expuso en precedencia, la única norma a aplicar es
la vigente al momento del fallecimiento del causante, esto es, la ley 100 de 1993. Por lo anterior, precisa la Sala que le asiste el derecho reclamado a la señora Esperanza
Higuera Ardila, teniendo en cuenta que la convivencia se dio desde el 22 de enero de 1969
hasta el año 1985 (no es posible precisar la fecha exacta), esto es por espacio de 16 años por
lo que quedó demostrado que la convivencia se dio por más de dos años, y como actúa en
calidad de cónyuge con sociedad conyugal vigente al momento del fallecimiento del causante,
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la convivencia puede haberse dado en cualquier tiempo, por lo que precisa la Sala que tiene
derecho a la prestación en proporción al tiempo convivido con el causante, teniendo en cuenta
que el señor también acreditó tener una compañera permanente.
Ahora bien, en lo concerniente con la señora Silvia Torres Delgado en calidad de compañera
permanente con unión marital declarada desde el 1 de enero de 1991 hasta el 30 de mayo de
1999, observa la Sala que no se tiene una precisión o fecha exacta de cuando inició la
convivencia con el señor Jorge Enrique La Rotta (sic) Spinel, toda vez que la fecha desde la
cual se declaró la unión marital de hecho se tomó con base en la entrada en vigencia de la
norma aplicable y no por la fecha de inicio de la relación, pero de las pruebas aportadas es
posible inferir que inició en el año 1985 y terminó el 30 de mayo de 1999 (fecha de fallecimiento
del causante), esto es, por espacio de aproximadamente 14 años, razón por la que cumple
con el requisito de haber convivido durante los dos años anteriores a la fecha de fallecimiento
del causante, por lo que también tiene derecho a que la prestación le sea reconocida.
(…)
Por ello, precisa la Sala que aunque en principio lo procedente sería dividir la prestación en
proporción al tiempo convivido, la prestación causada por el señor Jorge Enrique La Rotta (sic)
Spinel se deberá dividir en cuotas iguales, porque se debe tener en cuenta que en el presente
caso ante la falta de una certeza absoluta, tanto de la fecha de terminación de la convivencia
con la señora Esperanza Higuera Ardila como de la fecha de inicio de la convivencia con la
señora Silvia Torres Delgado, y que el tiempo tomado se precisó con base en las pruebas y
los indicios, tan solo se logró demostrar que las convivencias fueron de aproximadamente 15
y 14 años, respectivamente, en su calidad de cónyuge con sociedad conyugal vigente aunque
separada de hecho (de la señora Esperanza Higuera Ardila) y de compañera permanente con
una convivencia superior a los dos años anteriores a la muerte del causante (de la señora
Silvia Torres Delgado).
De lo anterior se concluye que cada una de ellas tiene derecho a una cuota igual del 50% de
la sustitución de la asignación de retiro, por lo que se modificará la sentencia de primera
instancia en ese sentido, teniendo en cuenta, que les fue reconocida en porcentajes del
54,13% y 45,86%, respectivamente».
5.4. La Sala parte de una primera premisa y es que, en la providencia que se
cuestiona es claro que, atendiendo a la fecha de fallecimiento del causante, la
norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, la sentencia cuestionada se apoyó en la sentencia SU 453 de
2019, a efectos de determinar la forma como debía entenderse e interpretarse
el lapso de convivencia en caso de existencia tanto de cónyuge como de
compañera permanente, para efectos de la sustitución pensional respectiva
conforme con los lineamientos dados en el artículo 47 de la ley 100 de 1993,
y sostuvo que de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en la
mencionada decisión, si bien la norma aplicable exigía demostrar 2 años de
convivencia anteriores al fallecimiento del causante, por interpretación
jurisprudencial y en atención a la finalidad de la sustitución de la pensión que
no es otra que la protección a la familia, esos 2 años de convivencia con el
causante podían acreditarse en cualquier tiempo en casos como el analizado
en los que, existía una cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente
(Esperanza Higuera Ardila) y una compañera permanente (Silvia Torres Delgado),
quienes habían convivido por lapsos distintos con el fallecido señor Larrota
Espinel.
Es justamente en relación con la aplicación de ese precedente de la Corte
Constitucional que la accionante considera se estructura el defecto planteado,
por haberse declarado nulo mediante Auto 167 del 13 de mayo de 2020 y que
llevó a que la Sala Plena de la corte emitiera una sentencia de reemplazo, que
corresponde a la SU 461 del 22 de octubre de 2020.
5.5. Al respecto, considera la Sala que, en efecto la decisión del tribunal accionado
al momento de soportar su argumento, si bien partió de la aplicación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en atención a la fecha de fallecimiento del
causante (30 de mayo de 1999), citó como apoyo para la resolución del caso la
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sentencia SU 453 de 2019 declarada nula por la misma Corte Constitucional
en el año 2020.
Sin embargo, de la revisión hecha a los argumentos que, en síntesis planteó
la corte en la sentencia de reemplazo, SU 461 de 2020, no se evidencia un
cambio jurisprudencial que eventualmente hubiera hecho necesario hacer un
nuevo estudio acogiendo una nueva línea jurisprudencial al respecto pues en
esta última decisión, la regla estuvo orientada al supuesto en que se hubiera
presentado una convivencia simultánea, caso en el que dijo, conforme a la
norma, esto es, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debía atenderse a la
persona que hubiese estado los 2 años anteriores a la fecha de fallecimiento
del causante, sin embargo, aclaró que sobre la acreditación del requisito de la
convivencia, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia,
coincidían en que tanto en el régimen anterior como en el consagrado en la
Ley 797 de 2003, al compañero permanente y al esposo les correspondía
acreditar ese requisito, con las particularidades de cada una de las versiones
del mencionado artículo 47 de la ley 100.
Se dijo textualmente en la providencia:
«34. Al respecto esta Corporación y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en que, tanto
en el régimen anterior, como en el consagrado en la Ley 797 de 2003, al compañero
permanente y al esposo les corresponde acreditar este requisito, con las particularidades de
cada una de las versiones del artículo 47 antes mencionado».
Tal como se citó anteriormente, el precedente tanto de la sentencia anulada
como de la de reemplazo, parten de la misma tesis y es el manejo que debe
darse en caso de que tanto la cónyuge como la compañera permanente
concurran a solicitar el reconocimiento de la sustitución pensional respectiva,
por muerte del pensionado fallecido y en lo que hay un punto común, no solo
de estas sentencias sino de la jurisprudencia que ha venido trazando la Corte
Constitucional y es, que debe privilegiarse el derecho al núcleo familiar y a la
seguridad social.
De manera que, de cara al caso concreto, existió una cónyuge con un vínculo
matrimonial no disuelto y que convivió con el causante por un lapso cercano a
16 años y además, una compañera permanente que acreditó haber convivido
con el causante durante un lapso de aproximadamente 14 años hasta el
momento de su muerte, en tiempos distintos, esto es, de manera coetánea
mas no simultánea, razón por la que el tribunal ponderó estos dos escenarios
y resolvió el reconocimiento pensional en partes iguales para las dos personas
que convivieron por un amplio lapso con el causante « teniendo en cuenta que la
finalidad del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de la sustitución pensional es
la protección a la familia, se precisa que esos dos años pueden ser demostrados en cualquier
tiempo», lo que para la Sala resulta razonable, al momento de hacer la
ponderación del tiempo convivido de manera proporcional y en atención a las
específicas circunstancias que rodearon el caso, máxime cuando, la aplicación
literal e inicial que se hacía a la disposición de la referida Ley 100 de 1993
como se indicó en precedencia, privilegiaba en sus inicios el vínculo
matrimonial sobre otro tipo de vínculos que existieran con el fallecido
pensionado, lo que sin duda iría en contra de los intereses de la accionante
Silvia Torres Delgado quien tuvo la calidad de compañera permanente con el
causante.
En este punto se resalta que en las dos instancias del respectivo medio de
control, la conclusión a la que llegó el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, fue que la sustitución de la pensión gracia del docente fallecido Jorge
Enrique Larrota Espinel, le debía ser reconocida de manera compartida a
cónyuge supérstite y a la compañera permanente.
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La diferencia de criterio radicó en el porcentaje que debía reconocerse a cada
una de ellas; como da cuenta el razonamiento que sobre ese particular se hizo
en cada una de las providencias por la autoridad judicial respectiva, como un
común denominador, a favor de ambas en las dos instancias del proceso
ordinario.
De otra parte, de acuerdo con la motivación precedente, la decisión
cuestionada estuvo acorde y reconoció la prestación de manera proporcional
en partes iguales para las dos señoras presentes en la vida del docente
pensionado, conforme con las normas y la jurisprudencia vigente para la época
de causación del derecho y antes de la modificación prevista por la Ley 797
de 2003.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Primera que declaró improcedente la presente acción, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por la accionante Silvia Torres
Delgado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Silvia Torres Delgado, por las razones
expuestas en la presente sentencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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