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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01060-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01060-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01060-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

27 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: DAVID LEONARDO URIBE ALARCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Reintegro de mayor de la Policía Nacional. Falta de relevancia.
Reiteración de argumentos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por David Leonardo Uribe Alarcón contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 25 de febrero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, David
Leonardo Uribe Alarcón pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al mínimo vital.

A juicio del accionante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 2 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que decidió en
segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-
014-2022-00134-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora no formuló pretensiones concretas, sin embargo, la Sala entiende que lo
pretendido es que se deje sin efectos la sentencia del 2 de septiembre de 2024, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
confirmó el fallo del 20 de febrero de 2024, del Juzgado 14 Administrativo de Bogotá que
denegó pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-35-014-2022-00134-00/01.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1 Índice 1 Samai.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

3.1 Actuación administrativa

El señor David Leonardo Uribe Alarcón ingresó a la Policía Nacional en calidad de alumno
el 17 de enero del 2005, condición que tuvo hasta el 24 de junio de 2007, pues el 25 del
mismo mes se le otorgó el grado de subteniente.

El Juzgado 71 Penal Municipal de Control de Garantías de Cundinamarca2 profirió la
orden de captura 051 del 23 de junio de 2021 contra el tutelante, quien para ese momento
tenía el grado de mayor, por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir
agravado en concurso con cohecho impropio homogéneo y sucesivo, por lo que fue
aprehendido el 29 de junio siguiente por miembros de la DIJIN.

El 29 de julio del 2021 la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía
Nacional recomendó el retiro del servicio del accionante, por haber estado inmerso en
una investigación penal y presuntamente pertenecer a una organización criminal
dedicada a la imposición de comparendos e inmovilización de vehículos a cambio de
dádivas.

En uso de la facultad discrecional de retiro, el Ministro de Defensa Nacional dispuso la
desvinculación de la Policía Nacional del mayor Uribe Alarcón, mediante Resolución 3749
del 23 de septiembre de 2021, en la que se consignó la pérdida de confianza frente al
uniformado por la apertura de investigaciones penales en su contra.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor David Leonardo Uribe Alarcón presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para
que se declarara la nulidad de la Resolución 3749 del 23 de septiembre de 2021 y, a título
de restablecimiento, se ordenara su reintegro a la institución sin solución de continuidad
y el pago de los emolumentos que dejó de recibir con ocasión de ese acto administrativo.

El asunto contencioso-administrativo se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-014-
2022-00134-00/01 y correspondió por reparto al Juzgado 14 Administrativo de Bogotá
que por sentencia del 20 de febrero de 2024 denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar la Ley 857 de 2003 facultaba al Gobierno Nacional para retirar a los miembros
de la Policía Nacional por su voluntad, previa recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional en relación con oficiales, y ese presupuesto se cumplió
en relación con el accionante.

Que el retiro de la Policía Nacional del actor en virtud de la facultad discrecional se
sustentó en la orden de captura proferida en su contra, en las anotaciones negativas que
se habían registrado en los últimos 4 años de servicio y en las investigaciones
disciplinarias que se le adelantaban, aspectos que generaban afectación del servicio por
«una anomalía del funcionario en el desempeño de su actividad profesional » e involucraban
falta de compromiso institucional.

Inconforme con la anterior decisión, el señor David Leonardo Uribe Alarcón apeló, pero
fue confirmada el 2 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, básicamente por las mismas razones
expuestas por el a quo.

2 Con radicado 257546000382202000007.

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2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

4. Fundamentos de la acción

El demandante no expuso las razones por las que la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad contra providencia judicial y los argumentos que invoca
conciernen a las siguientes causales específicas:

Defecto fáctico pues, a su juicio, la autoridad accionada debía valorar la razonabilidad y
proporcionalidad de su retiro del servicio en atención a que en las diligencias penales
surtidas en su contra no se habían individualizado presuntas víctimas y tampoco se había
emitido sentencia condenatoria.
Que, asimismo, en la providencia cuestionada no se advirtió que tuvo a lo largo de su
carrera policial varias condecoraciones y felicitaciones y el hecho de haber tenido
investigaciones disciplinarias no representaba una deficiente prestación del servicio, pues
eran «normales» por las actividades que debía desarrollar, aunque no prosperó ninguna.

Violación directa a la constitución, pues, según dice, la providencia cuestionada
desconoció sus derechos fundamentales del trabajo, al debido proceso, a la presunción
de inocencia, a la igualdad y al mínimo vital.

5. Trámite procesal

Por auto del 4 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda
presentada por David Leonardo Uribe Alarcón y, entre otras cosas, ordenó notificar en
calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y dispuso vincular como terceros con interés al juez 14
Administrativo de Bogotá, quien conoció en primera instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-014-2022-00134-00/01, y al ministro de
Defensa Nacional y al comandante de la Policía Nacional, quienes actuaron como
demandados en ese proceso.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General de esta Corporación
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 6 de
marzo de 20253.

6. Intervenciones

La magistrada ponente de la decisión cuestionada del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no se configuraban las causales
generales de procedibilidad ni alguna específica.

La jefe del Área Jurídica de la Secretaria General de la Policía Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, porque se demostró en el proceso 11001-33-
35-014-2022-00134-00/01 que el Mayor Uribe Alarcón incumplió las directrices
constitucionales, legales e institucionales, lo que desconocía la razón de ser de los
servidores públicos, quienes han de comportar un modelo de ciudadano cumplidor de sus
obligaciones, máxime cuando tienen jerarquía, mando y poder sobre los demás.

La juez 14 administrativo de Bogotá allegó un enlace del expediente, pero no se
pronunció de fondo sobre la controversia planteada en este trámite constitucional.

El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio, a pesar de que se le notificó el auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia.

3 índice 7 Samai

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por David
Leonardo Uribe Alarcón para dejar sin efecto la sentencia del 2 de septiembre de 2024,
con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-014-2022-00134-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, pues no satisface el
requisito general de relevancia constitucional por cuanto el demandante pretende discutir
aspectos que ya fueron resueltos en el proceso contencioso-administrativo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión del expediente, la Sala advierte que con los argumentos expuestos por el
actor en la solicitud de amparo se pretende insistir en que se debió acceder a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-014-
2022-00134-00/01, toda vez que, a su juicio, las pruebas que allí reposaban daban cuenta
de que obtuvo varias felicitaciones durante su permanencia en la Policía Nacional y nunca
fue sancionado penal ni disciplinariamente, por tanto, su retiro de la institución fue
arbitrario.

Básicamente, en el aludido proceso y en la acción de tutela de la referencia, el
demandante señaló que se debía acceder a las súplicas formuladas en el mencionado
asunto contencioso-administrativo, porque los motivos de su desvinculación de la Policía
Nacional no correspondían a la realidad, ya que si bien se surtía un proceso penal en su
contra, no se le ha declarado responsable de los hechos allí investigados, y contaba con
varios reconocimientos que daban cuenta de su idoneidad para desempeñarse como
oficial de la institución.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 20 de febrero de 2024, con la que el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá decidió en
primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-
014-2022-00134-00/01, se lee lo siguiente (se transcriben los apartes pertinentes del
resumen realizado):

Sea lo primero mencionar que lo que origina el retiro discrecional de mi prohijado es su captura por
orden judicial dentro de un proceso investigativo, y del cual se generan unos deberes y principios tales
como: el de inocencia, el de contradicción el no ser prejuzgado como lo ha hecho la junta de evaluación,
es deber de esta defensa mencionar que mi prohijado no será responsable de lo que se le ha imputado
penalmente hasta que no sea hallado responsable y se encuentren las decisiones ejecutoriadas, tanta
es la fal[s]a motivación del acto a demandar que a la fecha mi poderdante se encuentra libre, ejerciendo
su principio de contradicción y defensa en la jurisdicción penal, pero ya condenado por su institución
policial, según las afirmaciones expuestas en el acto administrativo.

[…]

La junta de evaluación se basa en supuestos para generar una afirmación de pérdida de confianza, sin
que se hubiese observado su extracto de hoja de vida del policial, mucho menos a[ú]n el contexto de
volver a retomar el formulario de seguimiento de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 para resaltar las
anotaciones y afectaciones al servicio relacionadas con las funciones asignadas registradas de acuerdo
a la resolución 04089 del 11 de septiembre de 2015.

[…]

Al respecto la hoja de vida de mi poderdante es el fiel reflejo de un comportamiento intachable de un
oficial en el grado de mayor a quien la institución policial, le ha otorgado 21 condecoraciones y ochenta
y nueve felicitaciones, por su compromiso institucional y con la ciudadanía, por su excelente
desempeño, lo que lo convierte en un digno ejemplo a seguir, pues estas distinciones del servidor no
son un invento y no pueden opacarse por prejuzgamientos ya argumentos subjetivos que efectúa la
junta y que se denotan en la resolución de retiro discrecional.

Por su parte, en la acción de tutela, el accionante insistió en que debió declararse la
nulidad del acto administrativo que lo retiró de la Policía Nacional, dado que no tuvo en
cuenta su destacada trayectoria policial y que no ha sido condenado dentro del proceso
penal en el que se ordenó su captura. En lo pertinente, el escrito de tutela dice:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

La proporcionalidad y razonabilidad en la decisión tomada frente a retirarme del servicio activo de la
policía nacional, se pone en duda cuando se toman esta clase de decisiones basados en hechos que
se investigan y además infiriendo que la institución y ciudadanía pierden la confianza en el suscrito aun
cuando no se identifican víctimas en el proceso del que hago parte, además que las felicitaciones y
condecoraciones demuestran de manera objetiva el correcto desempeño en mis funciones y
asignaciones delegadas.

Una decisión que vulnera además del derecho al debido proceso y presunción de inocencia, está
afectando el derecho al trabajo, pues retirar del servicio activo a un oficial que siempre ha mostrado una
conducta recta y se ha destacado por su liderazgo y actividades operativas y preventivas, no debe ser
censurado por un proceso que hasta no ser definido, no podría ser objeto de retiro o demás decisiones
institucionales sujetas a este hecho, además que esta situación ha dificultado completamente la
posibilidad de conseguir un trabajo para ver por mi familia como esposa y tres hijos menores de edad.

Es claro que el desempeño decoroso y adecuado hacen parte de las obligaciones mínimas a prestar
por cada uniformado, sin embargo, solicito al honorable despacho se valore de manera objetiva y
razonable los formularios de seguimiento y la hoja de vida del suscrito, ya que las felicitaciones y
condecoraciones pasan de ser el común y normal desarrollo de actividades a demostrar un desempeño
excepcional y por encima de los estándares que me hacen merecedor a distinciones y menciones.

[...]

Si bien es cierto, durante mi trayectoria institucional fui investigado disciplinariamente, esto no
representa que hubiere sido un mal oficial o funcionario, simplemente en el desarrollo de actividades
propias de cada cargo ocupado, se dieron diligencias que a razón de CRAET se determinó investigar
con el fin de evidencias culpa o inocencia del investigado, donde es evidente que siempre mis
actuaciones fueron ajustadas a la norma, toda vez que siempre fui absuelto de manera disciplinaria y
administrativa en los casos que fuere necesario.

[…]

Por último me permito realizar la siguiente apreciación y es, que donde establece que ser investigado
administrativa, disciplinaria o penalmente, genera un patrón que denote el buen o mal servicio del
funcionario, las investigaciones son trámites a inconformismos de ciudadanos y/o novedades en
procedimientos o actividades del servicio, las cuales en uso del derecho a la defensa se logra la
absolución del funcionario, evidenciando que las actuaciones fueron ajustadas a la norma y en
cumplimiento a las actividades del servicio.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en providencia del 2 de septiembre de
2024, en la que se indicó:

[…] al actor no se le vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que […] la entidad le permitió conocer
los motivos por los cuales fue desvinculado de la Policía Nacional, así como también, los soportes que
sustentaron esa decisión. Luego entonces los argumentos del demandante frente a este punto no están
llamados a prosperar.

[…]

Luego entonces, conforme al material probatorio obrante en el expediente, existe certeza de la situación
fáctica en la cual se vio involucrado el actor; actuar que a juicio de la entidad demandada resulta
reprochable por afectar: la disciplina, profesionalismo, compromiso, responsabilidad y la imagen
institucional; y porque desconoció los valores éticos que pregona la Policía Nacional para con sus
uniformados, tales como, la honestidad y credibilidad. Es del caso aclarar que al margen de que la
situación penal del actor a la fecha no ha sido definida ni tampoco existe fallo disciplinario que imponga
sanción por su actuar; esta circunstancia no deslegitima la competencia de la entidad demandada para
evaluar el actuar del uniformado, toda vez que se analiza la afectación de otros bienes jurídicos, tales
como, la honorabilidad de la institución, la confianza que deposita la comunidad en esta autoridad y la
ética policial que debe prevalecer en sus miembros.

En consecuencia, para la sala no se encuentra acreditado el vicio de nulidad por falsa motivación
alegado en esta instancia por el demandante […].

Por otra parte, frente a lo afirmado por el apelante en cuanto la aplicación del precepto constitucional
de presunción de inocencia, debe recordarse que la desvinculación no constituye sanción. Así lo

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

destacó el Consejo de Estado, cuando, frente al retiro del servicio de un suboficial de la Policía Nacional
por voluntad discrecional, indicó:

“Si bien es cierto, el retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía, en términos
prácticos conduce al cese de las funciones de un oficial o suboficial en servicio activo, del nivel
ejecutivo y agente, ello no comporta una sanción, despido ni exclusión denigrante; por el contrario,
las normas que prevén tal instrumento consagran en favor del personal retirado, entre otras
medidas, el reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan
satisfacer sus necesidades familiares y personales, siempre que se cumplan los requisitos mínimos
exigidos”7. (Resaltado fuera de texto)

Adicionalmente, el ejercicio de esta facultad tiene como propósito mantener las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, dado que la misma Corporación ha sostenido
“que constituye una herramienta que permite adoptar, bajo criterios de conveniencia, la decisión de
posibilitar la permanencia o el retiro del servicio de los uniformados, cuando a juicio de la Dirección
General de la Policía Nacional (facultad delegable en los comandantes de Policía Metropolitana en virtud
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 857 de 2003) o del Gobierno, las necesidades del servicio así
lo exijan, lo cual tiene que ver con «el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz» 8
[…]

Queda claro entonces que a diferencia de la investigación penal o disciplinaria, cuya naturaleza es
eminentemente sancionatoria, la causal de retiro por voluntad del gobierno es una herramienta
administrativa que le permite a la Policía Nacional desvincular a sus miembros por razones de
conveniencia o mejoramiento del servicio, lo que se acredita en el presente caso, donde su ejercicio
obedeció al restablecimiento de la imagen de la institución y de la credibilidad de su personal, Aunado
a lo expuesto, debe resaltarse que, en todo caso, según la sentencia de 23 de junio de 2022 proferida
por el Consejo de Estado, la administración está facultada para emplear de manera simultánea la
facultad discrecional con independencia de las investigaciones disciplinarias, fiscales o penales que se
adelante por los mismos hechos, dado que las responsabilidades que se derivan de cada una son de
distinta naturaleza.

Como se ve, con los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de amparo
se pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-014-2022-00134-00/01 para obtener la
anulación del acto administrativo que lo retiró de la Policía Nacional. Si bien el actor alega
de manera tácita la configuración de un defecto fáctico y violación directa de la
Constitución Política, lo cierto es que invoca esas causales específicas con el propósito
de insistir en los argumentos que expuso en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que decidió el asunto en primera instancia ese asunto y que fueron
desestimados en la providencia cuestionada.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso contencioso-administrativo, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

7 C.E., Sec. Segunda. Sent. 54001233100020090018201(3555-14), sep. 08/2017. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 C.E., Sec. Segunda. Sent. 25000234200020130684001(4367-15), nov. 18/2019. M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01060-00
Demandante: David Leonardo Uribe Alarcón

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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