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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01074-00

Fecha
30 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01074-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar Improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01074-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01074-00
Demandante: CARLOS ALFONSO TRUJILLO CORTES
Demandado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Exclusión de
preguntas del IX Curso de Formación Judicial Inicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en nombre propio,
contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de febrero de 2025, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en
nombre propio, instauró acción de tutela contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, así como los
principios de confianza legitima, buena fe y el acceso a cargos públicos.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se efectué un test de ponderación frente las preguntas referentes a los
contenidos Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y la Comunicaciones
una a una a fin de determinar si su inclusión en la evaluación como factor de
calificación afecta el derecho a la igualdad del suscrito y lo pone en desventaja
frente a los participantes que presentaron homologación y calificación
satisfactoria de servicios

2. Que se declare que las entidades accionadas violan el derecho a la igualdad
del suscrito al incluir en la calificación de la fase general del concurso de méritos
las preguntas referentes a los contenidos Gestión Judicial y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, temas que no fueron evaluados ni
previamente ni actualmente a los participantes que presentaron homologación y
calificación satisfactoria de servicios.

3. Que se excluyan de la calificación del suscrito, las preguntas referentes a los
contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las
comunicaciones y se proceda a su recalificación con las modificaciones a que
haya lugar frente al índice de preguntas y respuestas.
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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

4. Que como consecuencia de lo anterior y fruto de la recalificación, se me
permita continuar con el desarrollo de la fase especializada del concurso de
méritos”.

2. Hechos

El señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes relató que se encuentra participando en el
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial (Convocatoria 27), adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura.

Agregó que aprobó la prueba de aptitudes y conocimiento, la cual se encuentra
publicada en la página de la Rama Judicial y, adicionalmente, pasó la segunda etapa
de la Convocatoria consistente en la verificación de los requisitos mínimos.

Expuso que el mencionado concurso se encuentra a cargo de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y las subfases se rigen conforme al Acuerdo No. PCSJA19-
11400 de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso
de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de
la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.

Señaló que en el IX Curso de Formación Judicial, se le delegó para la etapa de
formación a una Unión Temporal, “que se apartó flagrantemente del Acuerdo
Pedagógico y el Documento Maestro”, en el sentido de que se había acordado una
formación semipresencial y se realizó de manera virtual, sin el acompañamiento de
tutores o guías dentro del proceso, sin poder tener contacto con los docentes y con
una bibliografía extensa, desactualizada y sin justificación alguna.

Mencionó que cada una de las unidades que conformaban la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial para jueces y magistrados, contaría con un documento
denominado Syllabus, y uno de sus componentes era el de “Bibliografía de obligatoria
consulta”, en el cual se relacionaban las lecturas obligatorias que servirían como base
para realizar la evaluación del módulo correspondiente.

Adujo que en el examen de la fase general del concurso se incorporaron varias
preguntas que constituían un requisito sine qua non para la formación de jueces y
magistrados, y las mismas fueron objeto de calificación, las cuales ocasionaron la
eliminación de cerca de la mitad de las personas que estaban concursando, y sostuvo
que no obtuvo el puntaje mínimo requerido para continuar con el curso.

Por último, mencionó que la incorporación de las preguntas relacionadas a los
contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ocasionaron una violación a los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a
cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima, buena fe, ya que
ponía en desventaja a los participantes que presentaron homologación y calificación
satisfactoria de servicios.

3. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad
y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima, buena

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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

fe, supuestamente vulnerados por la inclusión de las preguntas relacionadas con los
contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Mencionó que de conformidad con lo preceptuado por la Corte Constitucional, el
derecho a la igualdad es uno de los pilares fundamentales en los que se fundamenta
el Estado Social del Derecho y se considera una estructura que comprende diversas
facetas, la primera de ellas es la denominada “igualdad formal”, que significa que
todos los ciudadanos merecen el mismo tratamiento formal de la ley, y la segunda es
la “igualdad material” en la cual se reconocen las condiciones diferenciales entre
distintos grupos sociales.

Respecto de lo anterior, aclaró que “la Corte ha concluido que la distribución de
beneficios y cargas implica la decisión de otorgar o imponer algo a determinadas
personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, lo que demuestra la relación entre
distribución e igualdad”.

En ese orden de ideas, mencionó que la jurisprudencia ha desarrollado el “juicio
integrado de igualdad”, el cual permite establecer si las razones en que se fundamenta
una medida relacionada al trato diferenciado son constitucionalmente admisibles,
realizándose a través del juicio de proporcionalidad y propone mantener una relación
inversamente proporcional entre la facultad de configuración del legislador y la
facultad de revisión del juez constitucional.

Así mismo, indicó que “la jurisprudencia constitucional ha definido una metodología
específica para la evaluación, en sede judicial, de las medidas que son acusadas de
ser contrarias al principio de igualdad. Las etapas de ese análisis, según lo expuesto,
versan sobre (i) la identificación de los sujetos o situaciones reguladas por la medida
y el parámetro de comparación predicable de los mismos (tertium comparationis); (ii)
la escogencia del nivel de intensidad (leve, intermedio o estricto) del juicio de igualdad,
de acuerdo con la naturaleza de la medida analizada; y (iii) la aplicación del test,
conforme con los grados de exigencia que prevea el grado de intensidad escogido”.

Sostuvo que el test de igualdad consiste en determinar si el criterio de diferenciación
utilizado por el legislador tuvo en cuenta el principio de igualdad, y exige los
presupuestos de los términos de comparación (personas, elementos, hechos o
situaciones que son comparables) y respecto de los cuales se establece un trato
desigual.

Por último, concluyó que la aplicación del test de igualdad en el sentido de verificar si
se presentó alguna vulneración al principio de igualdad, implica un análisis a partir de
niveles de intensidad, en el entendido de que el juicio será leve, intermedio o estricto
de conformidad con la norma objeto de estudio.

4. Trámite procesal

Por auto de 27 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a las autoridades accionadas – Consejo Superior de
la Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, y se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.

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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 26143 a 26146 del 4
de marzo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

Mediante auto de 18 de marzo de 2025, el despacho sustanciador previo a proferir
fallo de primera instancia, vinculó al trámite de tutela como accionada a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, para garantizar su derecho de defensa.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

La directora general rindió informe en el que solicitó el rechazo de la acción de la
tutela, al considerar que es improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, pues no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, ni se
advirtió la vulneración de ningún derecho fundamental.

Explicó que, en todos los concursos de méritos, los aspirantes cuentan con medios de
defensa judicial eficaces para cuestionar los actos administrativos proferidos en dicho
proceso, por lo tanto la acción constitucional no es el mecanismo adecuado para la
protección de los derechos fundamentales que el accionante considera vulnerados.
En ese sentido, la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como la posibilidad de solicitar ante el juez la
adopción de medidas cautelares.

Agregó, que mediante Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, se
establecieron los resultados de la evaluación, y se evidenció que el accionante no
superó la prueba de la subfase general del curso, por lo que obtuvo un puntaje por
debajo de los 800 puntos.

Frente a la anterior decisión, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes presentó recurso
de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24-910 del 5 de
noviembre de 2024, en la que se resolvió de manera detallada los motivos generales
y específicos respecto del contenido del cuestionario aplicado en la jornada de
evaluación de la Subfase General del Curso de Formación Judicial. En ese sentido, la
directora mencionó que contra ese acto administrativo no procedía recurso alguno en
sede administrativa al ser un acto definitivo, pero sí en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Por otro lado, mencionó que no se evidencia un perjuicio irremediable para el
accionante, toda vez que presentó recurso de reposición contra el acto administrativo
que definió los puntajes de la prueba, el cual fue atendido y resuelto de conformidad
con el acuerdo de la Convocatoria y el acuerdo pedagógico, por lo que “no sería
plausible considerar la existencia de un perjuicio irremediable, cuando se ha actuado
de conformidad a derecho, teniendo en cuenta sus derechos y garantías, en atención
a la ley y los acuerdos referidos, que gozan de legalidad y son vinculantes tanto para
el accionante como para la Administración”.

Por último, informó que la Escuela Judicial ha actuado con respeto al debido proceso,
en el entendido de que se le ha dado estricto cumplimiento a los Acuerdos PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018 y PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019

1
Índices16 y 17 de Samai
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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

(aclarado mediante el Acuerdo PCSJA19-11405 de 25 de septiembre de 2019), así
como al Cronograma de la Fase III definido por el Consejo Superior de la Judicatura
y, adicionalmente, las inconformidades de la parte actora ya habían sido resueltas por
medio de la Resolución EJR24-910 del 5 de noviembre de 2024.

5.2. Respuesta de la Unión Temporal Formación Judicial 2019

Por intermedio de su representante legal suplente, la entidad rindió informe en el que
solicitó que se desvincule de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Explicó que no puede atender a las pretensiones de la actora toda vez que no es la
entidad competente para expedir un acto administrativo que excluya de la calificación
las preguntas que el accionante considera que no fueron evaluadas, ni realizar un test
de ponderación frente a las preguntas referentes a los contenidos de Gestión Judicial
y Tecnologías de la Información y las comunicaciones y, en ese sentido, tampoco
puede pronunciarse acerca de una recalificación que le permita a la parte actora
continuar con el desarrollo de la subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial.

Precisó que conforme con el numeral 9 del capítulo VII del Acuerdo Pedagógico, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” tiene la competencia para resolver todos los
recursos previstos en el desarrollo del mencionado curso, por lo que, afirmó, es esta
la entidad legitimada para responder respecto de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados como desconocidos y no la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019.

Sostuvo que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es la única entidad que tiene la
facultad para expedir actos administrativos y, en ese sentido, la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019 actúa exclusivamente como “un aliado estratégico de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para el desarrollo del IX Curso de Formación
Judicial, careciendo de potestades administrativas para emitir actos o adoptar
decisiones en torno a dichas solicitudes”.

Mencionó que respecto de la solicitud del accionante para que se le permita continuar
con el desarrollo de la subfase especializada del curso, se observa que el resultado
de la evaluación de la subfase general del accionante no le permitió seguir
participando en el IX Curso de Formación Judicial y por consiguiente no le era posible
cursar la subfase especializada de conformidad con lo regulado en el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019. Sin embargo, la parte actora presentó
recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024
corregida por la Resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024, por medio de la cual
se publicaron los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, el cual fue resuelto y notificado al señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes.

Agregó que frente a la solicitud de exclusión de las preguntas relacionadas con los
contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
no es posible pronunciarse, pues la entidad actúa exclusivamente como un aliado
estratégico que carece de potestades administrativas para emitir o adoptar decisiones
frente a esas solicitudes.

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Aseveró que la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar la protección
de los derechos fundamentales como lo pretende el demandante ni para “solicitar la
expedición de actos administrativos que reconozcan acertadas respuestas de la
evaluación de la subfase general y la inclusión en la subfase especializada, cuando
es claro que conforme a las Acuerdos que rigen el IX Curso de Formación Judicial el
accionante no cumple los requisitos exigidos para continuar su participación en el
curso-concurso”.

Por último, concluyó que la Corte Constitucional ha establecido que la solicitud de
amparo no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las
inconformidades que puedan surgir deben ser dirimidas ante la jurisdicción
contenciosa administrativa a través de los medios de control previstos para ello, por
lo que concluyó que la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo
alterno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Unión Temporal de Formación Judicial 2019, en la contestación de la acción de
tutela, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la
entidad competente para decidir sobre la exclusión de las preguntas relacionadas con
los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como tampoco puede disponer que el accionante continue con
el desarrollo de la subfase especializada del curso, cuando el resultado de la
evaluación de la subfase general no le permitió seguir participando en el IX Curso de
Formación Judicial.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la Corte
2
Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

La Sala pone de presente que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019 suscribieron contrato No.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, en el que se pactó el “Diseño, estructuración
académica y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación Judicial
Inicial para los aspirantes a Magistrados/as y Jueces/zas de la República de todas las
3
especialidades y jurisdicciones ”.

2
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
3
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” / Unión Temporal Formación Judicial 2019. Anexo técnico especificaciones técnicas
para la realización del IX Curso de Formación Judicial Inicial. (Documento de Trabajo), 2019. p. 4
6

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De conformidad con lo expuesto, la Sala negará a la solicitud de desvinculación debido
a que la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, participó en el diseño del IX
curso de Formación judicial, respecto del cual se alega la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos, así como los
principios de confianza legítima, y buena fe, por lo que es necesario que comparezca
en calidad de demandada.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente para excluir de
la calificación del accionante las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión
Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del IX Curso
de Formación Judicial Inicial, así como para permitir que el accionante continue con el
desarrollo de la subfase especializada del curso y, en caso de superarse los demás
requisitos, determinar si la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos, así como los principios de
confianza legítima, y buena fe.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en
el marco de los concursos de méritos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone de
otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional de
la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio
irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos
fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un perjuicio
irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos administrativos
en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger
derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión
de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para controvertir su legalidad, el
legislador estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso
administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido 3 eventos en los cuales el
mecanismo constitucional es procedente para controvertir las decisiones adoptadas
en un concurso de méritos, a saber: i) inexistencia de un mecanismo judicial: “Se trata
del reconocimiento “de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del
derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial” . Esto sucede, por
ejemplo, frente a los actos administrativos de trámite. En estos eventos, la acción de tutela
opera como mecanismo definitivo”, ii) urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable: “por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que,
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de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción” y iii) planteamiento de un
problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo: se
aplica este supuesto cuando existen criterios de discriminación. “Por ejemplo, en la Sentencia
T-160 de 2018 se excluyó al concursante por tener un tatuaje. En la Sentencia T-438 de 2018
esto se dio por la estatura del aspirante” .
4

En conclusión, pese a que por regla general la acción de tutela es improcedente contra
actos administrativos que se produzcan con ocasión de un concurso de méritos, la
corte ha admitido que procede de manera excepcional y, en consecuencia, habilita al
juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que
el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos supuestos de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el marco
de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de trámite en
cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial idóneo es la acción de
tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial5. El segundo, se refiere
a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido publicada la lista de elegibles,
teniendo en cuenta que es contra ese acto administrativo que se debe dirigir el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Empero, ha considerado que en
aquellos casos en los que se expidan actos en desarrollo del concurso de méritos,
antes de la lista de elegibles, es procedente la acción de tutela para analizar, por
ejemplo, que una decisión de exclusión de un aspirante por no haber cumplido
determinado requisito se encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se
fijan las reglas aplicables en el proceso de selección6.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20197 indicó
que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra los actos
de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar continuidad a las
convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias suscitadas en el desarrollo de
un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó que “la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de tutela es procedente frente a
controversias originadas en concursos de méritos para la provisión de empleos
públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos ciertos
porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos casos aun

4
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez;
sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6
de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de
2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de 2018, exp.
Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P. Milton
Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto (E).
7
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando se evidencia
que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces (T-551 de 2017
y T-160 de 2018).

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 20228 señaló que
si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para resolver los
conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen actos
susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado algunas
subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta eficaz. En tal
sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma definitiva en los
siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo fijo; (ii) se
imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto en la lista
de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando por las
condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.

En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 20249, indicó que
existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos
definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con un debate
sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse,
debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Y recordó
que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando los actos administrativos
“hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió”.

De igual forma, analizó cuándo se configura un perjuicio irremediable que haga viable
el amparo de manera transitoria en dichos eventos, ante lo cual sostuvo “no se
configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con una mera
expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin que se haya
consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos públicos”. Para considerar que
existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta corporación ha sostenido que se
requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un concurso de méritos; (b) que el nombre
fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante para ser designado”.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en un
concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos que
ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se controvierte
una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o el acto que
excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela, en principio, es
improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer
uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado unas subreglas
jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la acción de tutela.

8
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en nombre propio, acudió a la
acción de tutela, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza
legítima, y buena fe, supuestamente vulnerados por la incorporación de las preguntas
relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.

Lo anterior porque, a su juicio, esos temas no fueron evaluados previa ni actualmente
a los participantes que presentaron homologación y calificación satisfactoria de
servicios, por lo que los pone en desventaja, por lo tanto, solicitó que se excluyeran
de su calificación.

La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque en el caso bajo
examen no se cumple con el requisito de subsidiaridad, en tanto que el accionante
acude con el propósito de que se excluyan de su calificación las preguntas
relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y, por tanto, pueda continuar con el desarrollo de la subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

Al respecto, la Sala precisa que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” profirió la
Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 -
317 de 28 de junio de 2024, por medio de la cual se publicaron los puntajes finales
obtenidos en la evaluación de la subfase general del IX del Curso de Formación
Judicial Inicial, y se evidenció que el accionante obtuvo un puntaje de “747,520” por lo
cual su estado era reprobado.

Frente a la anterior decisión, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes presentó recurso
de reposición, y mediante la Resolución EJR24-910 del 5 de noviembre de 2024, se
resolvió reponer parcialmente la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, en el
sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial Inicial en un puntaje total de 760, estado “Reprobado”.

Ahora bien, lo que pretende la parte actora es que se excluya de su calificación las
preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y, en ese sentido, obtener un puntaje mayor para
poder continuar con la subfafe especializada. No obstante, el accionante ya presentó
recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable, por lo tanto, la
Sala advierte que el demandante para el momento de interposición de la tutela
contaba como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
10
se encuentra regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA .

En ese orden de ideas, la acción de tutela se torna procedente cuando el afectado no
disponga de otro mecanismo de defensa judicial, se evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable y se esté en presencia de las excepciones señaladas en la

10
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente
podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por
este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
10

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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

jurisprudencia para admitir de manera excepcional el mecanismo constitucional para
controvertir decisiones en concursos de méritos, tales como “(i) la inexistencia de un
medio de control; (ii) la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que la discusión
desborde la competencia del juez administrativo”. Sobre el último supuesto, la Corte
Constitucional ha sostenido que se trata de argumentos de índole estrictamente
constitucional que no puedan ser conocidos por el juez de lo contencioso
administrativo.
Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la procedencia
de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza residual y subsidiaria,
pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto un medio de
defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas controversias de
naturaleza estrictamente legal, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente
porque la parte actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, como es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte Constitucional
señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede judicial un acto
administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la jurisdicción
contenciosa administrativa”11.
Ahora, la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que
el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien
sostuvo que “no ingresar prontamente, así sea de manera transitario al Subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio
público en las cargos ofertados porque un proceso ordinaria demoraría más de una año y
esta subfase terminaría en agosto del año entrante”, lo cierto es que el proceso
contencioso-administrativo prevé medidas cautelares que permiten al juez adoptar las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales.
La Corte Constitucional ha reiterado que tratándose de la provisión de cargos públicos
mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que habilita el amparo
es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de
los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales12”

Así las cosas, verificadas las circunstancias del caso, la Sala encuentra que no se
configura un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable pues no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional ante la
existencia de una situación grave, urgente, inminente e impostergable que afecte los
derechos fundamentales del accionante.
De esta manera, el demandante no puede convertir la acción de tutela en un medio
principal, dada su naturaleza residual y subsidiario para la defensa de sus derechos
fundamentales, pues, se insiste, que el accionante después de presentar recurso de
reposición contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, al obtener un
puntaje inferior a 800 puntos, el cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24-910

11
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
Sentencia T-716 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la sentencia de 24 de abril de 2019, exp. 2019-01152-
00 y de 28 de abril de 2022, ex 2021-06364-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11

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Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes

del 5 de noviembre de 2024, acudió a la acción de tutela para solicitar que le sean
excluidas de su calificación las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión
Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en ese sentido,
obtener un puntaje mayor para poder seguir concursando en el IX Curso de Formación
Judicial Inicial, situación que se insiste, para la fecha de prestación de la tutela, pudo
ser controvertida ante la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a lo que se suma que en dicho medio de control,
el accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo
229 y siguientes de la misma normativa.
De conformidad con lo expuesto, la acción de tutela formulada por el señor Carlos
Alfonso Trujillo Cortes es improcedente porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario para
ventilar la discusión propuesta al juez constitucional, y no se encuentra acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable que habilite el mecanismo de protección
constitucional de manera excepcional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar Improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, Remitir el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el
artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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