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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01081-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01081-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura respecto a la presente acción de tutela. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional respecto de la inclusión de la señora Liliana Patricia Mendoza Ortiz en la subfase del IX Curso de Formación Judicial Inicial por no superar el requisito de subsidiariedad. TERCERO: NEGAR el amparo constitucional del derecho de petición de la señora Liliana Patricia Mendoza Ortiz conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01081-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

27 de marzo de 2025

Demandante: Liliana Patricia Mendoza Ortiz
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01081-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01081-00
Demandante: LILIANA PATRICIA MENDOZA ORTIZ
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA Y OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo. Declara improcedencia por
ausencia del requisito de subsidiaridad y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 25 de febrero de 20251, la señora Liliana Patricia Mendoza
Ortiz, en nombre propio, promovió acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla2, en lo sucesivo la EJRLB, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, y al Consejo Superior de la Judicatura en la que pretende el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso, derecho a la igualdad, confianza legitima,
buena fe y «[…] acceso a los cargos públicos».

Lo anterior, con ocasión de la Resolución EJR24-376 del 8 de agosto de 2024,
proferida por la autoridad accionada, mediante la cual se confirmó la Resolución
EJR24-134 de 21 de marzo de 2024, que dispuso la exclusión de la señora Mendoza
Ortiz del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

1.2. Pretensiones

1 Índice 1 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
2 Art. 1º Acuerdo 800 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La

Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley
270 de 1996, es una unidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adscrita a la Sala
Administrativa.
1

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Demandante: Liliana Patricia Mendoza Ortiz
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01081-00

En consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

PRIMERO: Se ordene a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la inclusión y participación en
la fase especializada y demás etapas del IX Curso de Formación Judicial mientras la
justicia ordinaria toma una decisión sobre el presente proceso, toda vez que la actual
exclusión me está ocasionándome un perjuicio irremediable.

SEGUNDO: Instruir a la Escuela Judicial para que, en un plazo máximo de 48 horas,
entregue la copia íntegra del informe de la Unión Temporal Formación Judicial y la
información adicional requerida en el derecho de petición del 18 de septiembre de 2024,
con el fin de poder ejercer mi derecho de defensa.3

Adicionalmente, a título de medida cautelar solicitó que le incluya de manera
provisional en la fase especializada del IX Curso de Formación Judicial mientras se
resuelve la acción constitucional.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA19-11400 mediante el
cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas
las especialidades, Promoción 2020-2021”, en el marco del concurso de méritos para
la selección de jueces y magistrados.

La accionante es participante del IX Curso de Formación Judicial, aspirando al cargo
de Juez Promiscua de Familia. No obstante, la Unión Temporal Formación Judicial
2019 informó que la aspirante no realizó las actividades de la Unidad 2 Módulo 3
denominado “Justicia Transicional y Justicia Restaurativa”.

Del anterior informe, se corrió traslado al discente para que ejerciera su derecho de
defensa y contradicción respecto a la causal de exclusión informada. No obstante,
pese a los descargos presentados, mediante Resolución EJR24-134 del 21 de marzo
de 2024 la EJRLB dispuso la exclusión de la participante.

Contra el citado acto administrativo se formuló recurso de reposición, resuelto por la
accionada mediante Resolución EJR24-376 del 8 de agosto de 2024 en la que se
confirmó la decisión de exclusión de la participante. Al respecto, indicó lo siguiente:

3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

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De otra parte, debemos destacar que los discentes del IX Curso de Formación Judicial
Inicial tienen el deber de ser agentes activos de su proceso formativo, y por ende cumplir
a cabalidad con los cronogramas, entregas y en general con todo aquello que le es
propio a su formación judicial inicial. Insistimos que, el curso concurso es ante todo un
ejercicio individual de disciplina, planeación y autoformación.

Lo anterior con fundamento en las características pedagógicas y logísticas del IX Curso
de Formación Judicial Inicial, el cual, se concibe como un modelo de educación
disruptiva, que propende por formar a los discentes de manera personalizada y
evaluándolos por competencias, en donde se favorece la integración de las tecnologías,
aspecto de gran relevancia, que está en consonancia con el Plan Estratégico de
Transformación Digital.

Finalmente, reiteramos que de conformidad con la Sentencia SU-067 de 2022, la Corte
Constitucional advirtió sobre la obligatoriedad de las normas que rigen la convocatoria,
tanto para la Administración como para los participantes, quienes con su inscripción
aceptaron las condiciones y términos señalados en el Acuerdo Pedagógico.

Por lo anteriormente expuesto, es dable afirmar que la señora Liliana Patricia Mendoza
Ortiz no consumió la unidad 2 del programa de Justicia Transicional y Justicia
Restaurativa, de manera que omitió este deber que tenía como discente.

Por otro lado, informó que el 18 de septiembre de 2024 radicó ante la EJRLB una
solicitud en la que planteó las siguientes pretensiones:

1. Solicito se me expida copia integra del informe rendido por la Unión Temporal
Formación Judicial el 11 de marzo de 2024.

2. solicito se me informe sobre la arquitectura de la plataforma de formación judicial,
como opera la misma, como se genera el reporte del scrom y del avance en la misma,
que programa se usa para su funcionamiento, con que licencias cuenta etc.4

Finalmente, manifestó que a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha
recibido una respuesta de fondo a la anterior solicitud, lo cual, en su sentir, trasgrede
su garantía constitucional establecida en el artículo 23 de la Constitución Política.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Resaltó que cumplía con todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, de igual forma resaltó que la trasgresión de los derechos
fundamentales proviene de la autoridad administrativa, y se configuró la vulneración
al debido proceso, ya que no cuenta con la información completa para adelantar el
medio de control correspondiente, el cual de salir avante no podría lograr un
verdadero restablecimiento de su derecho.

Por otro lado, realizó un recuento jurisprudencial respecto del concurso público,
confianza legitima y derecho a la igualdad, y concluyó que se le vulneraron sus
derechos fundamentales pues tuvo conocimiento posterior que otros participantes
sobre sus errores en la plataforma, no se le requirió para que corrigiera en término y

4 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

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el error obedecía a un error del sistema que no hizo seguimiento de su gestión y
actividades en la plataforma.

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto del 10 de marzo de 2025 se admitió la acción constitucional del asunto;
se ordenó la notificación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura, en su
condición de autoridades accionadas; se vinculó como tercero a la Unión Temporal
de Formación Judicial 2019; y, finalmente, se negó la medida provisional deprecada
con el amparo presentado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial5

Solicitó se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva al no estar llamada
a soportar las pretensiones invocadas en la acción de la referencia, y señaló que en
el caso bajo análisis no se ha configurado vulneración de los derechos fundamentales
alegados pues los actos administrativos no fueron expedidos por esa dependencia.

1.6.2. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla6

Señaló que suministró a la accionante toda la información requerida el 24 de febrero
de 2025 y, por otra parte, alegó la improcedencia de la acción pues la señora
Mendoza Ortiz cuenta con un mecanismo judicial idóneo para reprochar la decisión
de exclusión del IX Curso de Formación Judicial, pues puede acudir al medio de
control nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, concluyó indicando que la accionante no expuso la configuración de un
perjuicio irremediable que le permitiera acceder a la solicitud constitucional, por lo que
esta solicitud tutelar se torna improcedente.

1.6.3 Unión Temporal Formación Judicial 20197

Solicitó se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la
competente para decidir la inclusión y participación en la fase especializada y demás
etapas del concurso para la accionante, lo que recae en la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla.

5 Indice 10 de Samai.
6 Índice 11 de Samai.
7 Índice 12 de Samai.

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Respecto a la solicitud presentada por la parte accionante, informó que emitió
respuesta dentro de la oportunidad establecida por el legislador. Conforme lo anterior,
en criterio de la accionada, respecto a la pretensión de amparo del derecho
fundamental de petición, se debe declarar la carencia de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Liliana Patricia Mendoza Ortiz contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, y el Consejo Superior de la
Judicatura, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Previo a adentrarse en el estudio de la solicitud de amparo, la Sala deberá resolver
sobre la solicitud de desvinculación presentada por la Unión Temporal de Formación
Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura.

Al respecto, basta mencionar que el llamado que se hizo de dicha entidad se hizo en
su calidad de accionado, pues, tuvo una incidencia y participación directa en la
situación que es objeto de estudio.

Conforme lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación de la Unión Temporal
de Formación Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró los derechos fundamentales
del accionante con ocasión de la Resolución EJR24-134 de 21 de marzo de
2024, que dispuso la exclusión de la señora Mendoza Ortiz del IX Curso de
Formación Judicial Inicial?

• ¿La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró el derecho fundamental de
petición de la accionante, por no responder la solicitud radicada el 18 de
septiembre de 2024?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
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susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia9.

8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201110.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se
torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios en
los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos
proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley11

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la
lista de elegibles12

Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
10 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-
33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-
00293-01.
11 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-

551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019
12 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005,

T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras
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iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional 13
y, por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario.

2.6. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»14. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido15.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del

13 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

8

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peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada»16.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […]
la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»17.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada18.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos
en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo19.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la

16 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
17 Ibídem.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

9

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respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.7. Caso concreto20

La Sala procede a pronunciarse respecto de las pretensiones del accionante por
separado, así:

2.7.1 Respecto de la solicitud de inclusión en la subfase del IX Curso de
Formación Judicial Inicial:

La Sala anticipa que la acción de tutela resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos judiciales de defensa. En ese sentido, el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 dispone lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en
la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como

20 La Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido múltiples decisiones en las que se ha indicado

que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar los actos administrativos que se
profieren en el marco de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial. En ese sentido, se tienen, entre otras, las siguientes: i) sentencia del 31 de octubre de 2024,
11001-03-15-000-2024-02350-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez; ii) sentencia del 24 de octubre de
2024, 11001-03-15-000-2024-03547-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; iii) sentencia del 10 de octubre
de 2024, 11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra; iv) sentencia del 12 de
septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02725-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra; v) sentencia del
12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03697-00, MP Gloria María Gómez Montoya; v)
sentencia del 4 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-02307-00, MP Pedro Pablo
Vanegas Gil; y vi) sentencia del 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-07159-00,
MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

[…]

Al respecto, se remembra que el objeto de la acción de tutela es remover del
ordenamiento jurídico los efectos de la Resolución EJR24-134 del 21 de marzo de
2024 por medio de la cual la accionada dispuso la exclusión de la participante,
decisión que se tomó por el incumplimiento del discente respecto al consumo de unos
contenidos formativos.

El juez de tutela no está instituido para analizar la legalidad de los actos
administrativos y verificar si en el proceso de expedición de éstos no se incurrió en
irregularidad alguna que afecte su validez, dado que para tales menesteres el
legislador estableció una vía judicial ordinaria.

A su turno, la actora en su escrito de tutela plantea una serie de argumentos con base
en los cuales pretende desvirtuar la idoneidad y eficacia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, así como de las medidas cautelares
procedentes en tales asuntos. Dichos planteamientos, en criterio de la Sala, son
apreciaciones subjetivas que carecen de un respaldo que medianamente permite
acometer su estudio.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de
las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa de
la convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales del
concursante y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Por
tanto, no se acreditó que este asunto contenga “una marcada relevancia
constitucional”.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social
u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo
ordinario ante los jueces administrativos.

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En conclusión, se tiene que la pretensión elevada por la señora Liliana Patricia
Mendonza Ortiz no es procedente vía acción de tutela, ante la existencia de un
mecanismo judicial idóneo y eficaz.

2.7.2 Respecto del derecho de petición:

La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición porque las
autoridades accionadas no han dado respuesta a la petición elevada el 18 de
septiembre de 2024

Ahora bien, la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 emitió oficio del 6 de
noviembre de 2024 el cual fue aportado por la accionante en el escrito de tutela y en
el que indicó:

Con posterioridad el 24 de febrero de 2025 emitió un nuevo oficio dando
complementación a la respuesta emitida a la petición en la que indicó lo siguiente:

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En ese sentido, se advierte que, la autoridad administrativa contestó lo solicitado por
la parte accionante, dentro del marco de sus competencias y le notificó debidamente
la respuesta al canal electrónico informado en el escrito petitorio:

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Conforme lo expuesto, la Sala negará la solicitud del amparo solicitada por la señora
Mendoza Ortiz respecto de la petición que radicó en septiembre de 2024, toda vez
que se demostró en el presente trámite constitucional, que no se le ha vulnerado a la
accionante su derecho fundamental de petición.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura respecto a la presente
acción de tutela.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
respecto de la inclusión de la señora Liliana Patricia Mendoza Ortiz en la subfase del
IX Curso de Formación Judicial Inicial por no superar el requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR el amparo constitucional del derecho de petición de la señora
Liliana Patricia Mendoza Ortiz conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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