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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00

Fecha
13 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto el auto de 5 de septiembre de 2024 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00 y ordénase a dicha 18 Índice 9 SAMAI 17 Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00 Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas. 3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de mayo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: JOSÉ LUIS ARIZA RODRÍGUEZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA. SE AMPARAN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las decisiones que rechazaron la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso. La Sala accederá al amparo
toda vez que se trata de un sujeto de especial protección constitucional y se demostró que el
actor desplegó actuaciones para subsanar la demanda, justificó que debido a su condición de
desplazado no podía obtener un avalúo catastral del predio y, en todo caso, estimó
provisionalmente la cuantía, pese a lo cual la autoridad judicial accionada rechazó su demanda
porque supuestamente no la subsanó con base en el referido avalúo.

La Sala procede a decidir nuevamente el proceso de acción de tutela1 presentado por el
señor José Luis Ariza Rodríguez en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado
para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 19 de mayo de 2023, 25
de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024 proferidas por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Con ocasión de la determinación de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia

hasta el paso al despacho del 12 de marzo de 2025, adoptada mediante proveído de 22 de abril de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

1) El señor José Luis Ariza Rodríguez es víctima del conflicto armado interno, debido a
la desaparición y posterior muerte de su padre (Teodoro Ariza Ibarra) por parte del ELN
en el año 1994, motivo por el cual los bienes de los que era poseedor y propietario su
progenitor les fueron despojados forzosamente.

2) En virtud de lo anterior, solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante
UAEGRTD), la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente por diferentes predios, entre ellos, los denominados Las Montañas con
Folios de Matrícula inmobiliaria nos. 045 - 31601 y 045 – 157, respectivamente; pese a
lo anterior, la UAEGRTD negó las solicitudes de inclusión en el registro de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente.

3) El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
Resoluciones RM 00304 del 20 de agosto de 2020, que confirmó la Resolución RM 00853
del 11 de diciembre de 2019 y la Resolución RM 00305 del 20 de agosto de 2020, a
través de la cual se confirmó la Resolución RM 00997 del 26 de diciembre de 2019, las
cuales negaron sus solicitudes de inclusión en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente.

4) En auto de 6 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado inadmitió el
medio de control de la referencia y le ordenó que estimara la cuantía del asunto por
considerar que, de acuerdo con la posición de esa Sala de Decisión, más allá de ser una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se cuestionan unos actos
administrativos, el asunto ventilado sí tenía implícita una pretensión económica, en la
medida en que, al prosperar las súplicas el accionante podría reclamar ante los jueces
de restitución una compensación económica, por tanto, indicó que debía cuantificarse el
proceso a partir del avalúo catastral del inmueble pretendido en restitución, so pena de
rechazo2.

5) Dentro del término legal, la parte demandante presentó escrito a través del cual precisó
que no perseguía una pretensión económica en el proceso, pues, simplemente pretendía
la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, pero que,
en todo caso, por la situación de desplazamiento no le había sido posible obtener el
avalúo catastral del inmueble, puesto que si bien presentó una petición ante la Alcaldía
de Ponedera (Atlántico) esta no le había sido contestada; aunado a ello, aunque intentó

2 Proceso con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

acceder a la página del ente territorial para obtener la factura del impuesto predial donde
consta el avalúo catastral, no fue posible acceder a dichos documentos, razón por la cual
solicitó un tiempo prudencial para aportar dicha información.

6) Ante el silencio de la Alcaldía de Ponedera (Atlántico), interpuso acción de tutela para
obtener la información solicitada, acción constitucional que correspondió por reparto al
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ponedera, el cual, en sentencia de 18 de
octubre de 2022, amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó a la Alcaldía de
Ponedera entregar la información solicitada3, no obstante, en cumplimiento de la orden
judicial la autoridad municipal indicó que el inmueble objeto de restitución no reposaba
en su base de datos, y que, por ende, no tenía información sobre el avalúo catastral.

7) Mediante auto de 19 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
rechazó de la demanda por la falta de subsanación en los términos indicados en el auto
del 6 de junio de 2022, por considerar que ”acorde con la jurisprudencia de esta Sección,
las controversias sobre los actos administrativos que niegan la inscripción de
solicitudes en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, tienen
naturaleza patrimonial, con contenido económico cuantificable, que está
determinado por el avalúo catastral del bien objeto de la solicitud de restitución”
(negrillas fuera de texto).

8) Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
súplica, en el que puso de presente la imposibilidad en la que se encontraba de obtener
la información solicitada, puesto que la Alcaldía Municipal de Ponedera no le entregó la
información , aunado a que es una víctima del conflicto armado; en consecuencia, no
puede dirigirse al predio del que resultó despojada su familia para contratar un avalúo
particular y, en todo caso, luego de averiguaciones encontró que la hectárea de tierra en
la zona tiene un valor aproximado de 16.000.000, guarismo que multiplicado por las 80
hectáreas del predio asciende a una suma aproximada de $1.280.000.000, en los que
estimó provisionalmente la cuantía del asunto.

9) Además, junto con el recurso aportó la respuesta del derecho de petición que elevó
ante el municipio de Ponedera, en la cual le informaron que el predio con esa
identificación y folio de matrícula no se encontraba en su base de datos catastral, lo cual
le impedía aportar un avalúo en la forma requerida. Asimismo, con posterioridad aportó
otro oficio emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el cual le informaron que

3 Proceso con radicación no. 08560-40-89-001-2022-00185-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

para poder expedir el avalúo catastral del predio Las Montañas era necesario que
aportara la providencia donde un juez se lo solicitara a la entidad.

10) Sin embargo, en auto de 25 de julio de 2024, el consejero ponente confirmó la
decisión que rechazó la demanda por la falta de subsanación, pues, consideró que no se
corrigió oportunamente ya que no se estimó de manera razonada la cuantía y “la carga
impuesta debía cumplirse en el término perentorio concedido, máxime cuando lo
solicitado fue una estimación razonada de la cuantía, no un avaluó catastral”, por
consiguiente, concedió el recurso de súplica.

10) Mediante auto de 5 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó el auto de 19 de mayo de 2023 que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, para lo cual, en esta oportunidad, le indicó que en atención
a lo dispuesto en el artículo 157 del CPACA no se requería un avalúo catastral para
estimar la cuantía, sino parámetros para fijarla, a pesar de lo cual el demandante solo lo
hizo con la presentación de los recursos, no así en el término requerido.

2. El fundamento de la vulneración

El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido y acceso a la administración de justicia, por cuanto, a su juicio,
las providencias cuestionadas incurrieron en una violación directa de la Constitución y un
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

Frente al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto sostuvo que la
Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda a partir de una lectura
equívoca de lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011, pues, el libelo se presentó dentro
del régimen de transición establecido en la Ley 2080 de 2021 y, por lo tanto, la
competencia al carecer de cuantía correspondía en única instancia al Consejo de Estado.

De igual forma, precisó que la demanda no debía ser rechazada, por cuanto manifestó
en el término oportuno que no perseguía una pretensión económica, sino, única y
exclusivamente, la inclusión en el registro.

Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución toda vez que la imposición
estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la presentación del avalúo catastral
vulneró los principios constitucionales y su derecho de acceso a la administración de
justicia, sin que en los autos se haya analizado su situación particular y sus

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

manifestaciones referentes a la imposibilidad de aportar el documento por su condición
de desplazado y víctima del conflicto armado.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“De manera atenta y respetuosa le solicito a la H. Corte Suprema de Justicia -
Sala Laboral cómo Juez Constitucional.

PRIMERO. AMPARAR los derechos Constitucionales Fundamentales al debido
proceso y al acceso material a la Administración de Justicia del Accionante
JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ y que son violentados por la Autoridad Judicial
accionada.

SEGUNDO. Cómo consecuencia de ello DEJE SIN EFECTO el Auto proferido
el 19 de mayo de 2023, a través del cual rechazó la demanda por no
subsanación, así como los que resolvieron los recursos de reposición y súplica
respectivamente.

TERCERO. Si lo considera necesario, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, requerir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para
que aporte un certificado catastral del inmueble solicitado en restitución, de cara
a establecer el avalúo del mismo y cuantificar el proceso.

CUARTO. Definido ello, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL H. CONSEJO
DE ESTADO, Admitir la demanda de la referencia, o en su defecto, si considera
que es incompetente Funcional para conocer del asunto, lo remita al funcionario
que estime conveniente para que estudie de fondo las pretensiones de la
demanda.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI,
índice 2).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 28 de febrero de 2025 (índice 4, SAMAI) se admitió el proceso de acción
de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el mismo sentido se ordenó la vinculación a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente como tercero con interés, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El consejero Oswaldo Giraldo López de la Sección Primera del Consejo de Estado4
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de

4 Índice 8 SAMAI.

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

relevancia constitucional toda vez que no se evidenció una vulneración a los derechos
fundamentales del actor, quien pretende utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional para reabrir el debate procesal resuelto en la providencia censurada.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas5
solicitó ser desvinculada del asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no vulnero de ninguna forma los derechos fundamentales del actor y la acción
de tutela se dirigió exclusivamente contra las actuaciones de la Sección Primera del
Consejo de Estado.

6. La solicitud de nulidad y su trámite

En sentencia de 14 de marzo de 20256, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del señor José Luis Ariza
Rodríguez, no obstante, el 1 de abril de 2025, el señor Consejero German Eduardo Osorio
Cifuentes presentó escrito en el que solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado con
fundamento en que no fue notificado en debida forma del auto admisorio de 28 de febrero
de 2025, pues, pese a que en el auto admisorio se ordenó de manera expresa, la
Secretaría General de la Corporación omitió la notificación de ese despacho, motivo por
el cual se configuró la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de
20127.

En auto de 22 de abril de 20258, el despacho del suscrito magistrado ponente accedió a
la solicitud, previa constatación de que, efectivamente, la Secretaría General notificó a
los diferentes despachos de la Sección Primera del Consejo de Estado, sin embargo, no
hizo lo propio en relación con el despacho de quien fungió como magistrado ponente de
una de las decisiones cuestionadas, razón por la cual se declaró la nulidad de todo lo
actuado en el proceso de tutela de la referencia iniciado por el señor José Luis Ariza
Rodríguez en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, desde el paso al
despacho de 12 de marzo de 2025.

Una vez corregida esa omisión, el consejero German Eduardo Osorio Cifuentes de la
Sección Primera del Consejo de Estado9 presentó escrito de contestación e indicó, en
síntesis, que la demanda se inadmitió y rechazó en debida forma por la falta de los

5 Índice 10 SAMAI.
6 Índice 12 SAMAI.
7 Índice 16 SAMAI.
8 Índice 25 SAMAI.
9 Índice 30 SAMAI.

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

requisitos señalados en el artículo 170 de la Ley 1437, de modo que la estimación
razonada de la cuantía es un requisito de ley que debe contener toda demanda y dicha
regla no amerita excepción alguna.

Arguyó que, si bien el señor José Luis Ariza Rodríguez alegó ser un sujeto de especial
protección constitucional, ello no implica que se encuentre eximido del cumplimiento de
los requisitos de la demanda exigidos por el artículo 162 de la Ley 1437.

Anudado a lo anterior, precisó que el auto inadmisorio fue claro en exigir la estimación
razonada de la cuantía, situación que no se cumplió en término y que, aunque se alegó
que el apoderado judicial del demandante intentó cumplir con el referido requerimiento,
lo cierto es que esa no era la oportunidad procesal, motivo por el cual solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales invocados por el actor, presuntamente vulnerados con ocasión de los
autos de 19 de mayo de 2023, 25 de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
solicitó que se le desvincule de la acción de tutela; sin embargo, la Sala no accederá a
dicha solicitud porque esa autoridad fue vinculada en condición de tercera con interés
dado que actuó como demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, de modo que su comparecencia al proceso era necesaria.

2.1 Cuestión previa

En este punto, la Sala considera del caso destacar que, como se explicó en el acápite
correspondiente, a través del auto de 22 de abril de 2025 se declaró la nulidad de todo lo
actuado en este proceso hasta el paso al despacho del 12 de marzo de 2025; por
consiguiente, como es apenas lógico automáticamente quedó sin efectos la decisión de
reemplazo que se expidió en cumplimiento del fallo anulado, por cuanto dicho proveído
se profirió en estricto cumplimiento de la orden de tutela, de modo que una vez fue
nulitada dicha orden, de contera, asimismo quedó sin efecto alguno dicha decisión.

En consecuencia, una vez corregida la irregularidad referida en esa providencia y
cumplidos los trámites previos de rigor, la Sala procederá a realizar nuevamente el
estudio del asunto a fin de verificar si la providencia inicial y cuestionada en esta acción
de tutela, que cobró vigencia con la referida declaratoria de nulidad, incurrió en los
defectos invocados por la parte actora, considerando en esta oportunidad los argumentos
expuestos en el informe rendido por la autoridad judicial accionada.

2.2 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez10; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv)

10 El auto que resolvió el recurso de súplica de 5 de septiembre de 2024 fue notificado el 25 de septiembre

de 2024, mientras que la acción de tutela se presentó el 25 de febrero de 2025.

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la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en
tanto lo que se reprocha es que la Sección Primera del Consejo de Estado presuntamente
vulneró los derechos fundamentales del actor y le negó la posibilidad de acceder a la
administración de justicia imponiéndole barreras meramente formales que desconocen el
derecho sustancial, con lo cual pasó por alto abiertamente su condición de víctima del
conflicto armado y desplazado, lo cual le impedía cumplir con el requerimiento. Además,
en los términos de la jurisprudencia constitucional, en materia de desplazamiento forzado
y graves violaciones a los derechos humanos los asuntos son constitucionalmente
relevantes por la trascendencia y particular importancia de las garantías fundamentales
que se ven envueltas en tales discusiones11.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá a las
pretensiones de la acción de tutela por las siguientes razones:

2.3 Los desplazados como sujetos de especial protección en la jurisprudencia
constitucional

En primer lugar, la Sala estima conveniente recordar que, en diferentes oportunidades,
la Corte Constitucional ha resaltado la existencia de ciertas personas y grupos
poblacionales que merecen una especial protección constitucional, entre los cuales se
encuentran las víctimas de desplazamiento forzado, debido a la masiva, sistemática y
continua vulneración de sus derechos fundamentales12.

En esa medida, es necesario destacar que el Estado es quien tiene el deber de asegurar
a su población las condiciones mínimas de orden público tendientes a dar seguridad y
evitar el desplazamiento forzado, no obstante, con ocasión del conflicto armado interno
algunas personas se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares, condición que
los pone en una clara y evidente situación de vulnerabilidad y desventaja ante las barreras
a las que se ven sometidos, la imposibilidad de retornar a sus hogares, recuperar sus
tierras, sus costumbres, reasentarse y lograr un proyecto productivo.

11 Como se indicó, entre otras, en la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional.
12 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencias T-598 de 22 de agosto de 2014, T-305 de

15 de junio de 2016 y la T-089 de 12 de abril de 2021.

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
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En esos términos, la Corte Constitucional ha enfatizado en que en un Estado Social de
Derecho la materialización y la garantía real del derecho a la igualdad implica un
compromiso activo del Estado para corregir desigualdades estructurales, especialmente
en grupos vulnerables como las víctimas del desplazamiento forzado, por cuanto se trata
de víctimas que se vieron obligadas a dejar sus lugares de origen o de residencia como
consecuencia del conflicto armado interno y que enfrentan riesgos particulares, tales
como la exclusión y la marginalidad.

Por consiguiente, dicha garantía, que es inmanente al principio de igualdad, demanda de
las autoridades administrativas y judiciales no solo el respeto formal de la ley o, lo que es
lo mismo, igualdad en un sentido meramente formal, sino, también, una igualdad real,
esto es, la materialización y adopción de medidas de discriminación positivas que
permitan eliminar barreras estructurales y alcanzar una igualdad efectiva.

Para el efecto, en el marco del Estado Social de Derecho, principalmente son las
autoridades quienes tienen la obligación de garantizar a este grupo poblacional el efectivo
acceso a la administración de justicia, mediante la emisión de decisiones judiciales en
términos razonables que garanticen la protección real de sus derechos13, incluso si ello
implica darles prelación y levantar barreras estructurales con el fin de evitar que, debido
a los peligros que sobre esta población se cierne, el Estado cumpla un rol revictimizante.

2.4 Análisis de las personas desplazadas como sujetos de especial protección en
el caso concreto

1) En el caso sub examine, la parte actora alegó que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto por
exigirle la presentación de un avalúo catastral, a pesar de haberle explicado, justificado
y reiterado en múltiples ocasiones la imposibilidad material para cumplir con dicho
requerimiento, precisamente por su condición de desplazado que le impedía dirigirse al
municipio en el que se encuentra el inmueble para obtener un avalúo privado.

2) De igual forma, precisó que se configuró una violación directa de la Constitución toda
vez que la imposición estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la
presentación del avalúo catastral en los términos allí anotados vulnera los principios
constitucionales y su derecho de acceso a la administración de justicia, pues, le impidió
acceder a la administración de justicia para obtener un pronunciamiento sobre sus
súplicas.

13 Corte Constitucional, sentencia C-395/21.

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3) A la par, agregó que la autoridad judicial accionada tampoco analizó sus distintos
memoriales en los cuales explicó la imposibilidad material en la que se encontraba para
aportar el avalúo catastral solicitado en el auto de 6 de julio de 2022, no obstante haber
demostrado por todos los medios que intentó obtenerlo ante las autoridades municipales,
a tal punto que se vio obligado a presentar una acción de tutela previa con el objetivo de
que dichas autoridades le respondiera su petición y poder cumplir ese requerimiento.

4) Sobre el particular, la Sala observa que la Sección Primera del Consejo de Estado
únicamente analizó si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cumplía los
requisitos formales y lo requirió porque, de acuerdo a la jurisprudencia de esa Sección,
la demanda sí perseguía una pretensión económica -así esta no fuera solicitada-,
pretensión que, en sus propios términos, debía cuantificarse a partir del avalúo catastral,
así:

“La presente demanda fue radicada en esta Corporación y correspondió por
reparto al despacho el 8 de septiembre de 2021, que por auto del 6 de julio de
2022 requirió a la parte actora con el propósito de que estimara razonadamente
la cuantía. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 157 y el numeral 6 del artículo
163 del CPACA, a efectos de remitirla al competente. Para ello se advirtió que
dicha carga debía atenderse en el término de diez días, so pena de rechazo.

Lo señalado, teniendo en cuenta que, acorde con la jurisprudencia de esta
Sección, las controversias sobre los actos administrativos que niegan la
inscripción de solicitudes en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente, tienen naturaleza patrimonial, con contenido
económico cuantificable, que está determinado por el avalúo catastral del
bien objeto de la solicitud de restitución.” (negrillas de la Sala)14.

5) En consecuencia, no es de recibo que con posterioridad se le haya indicado al actor
que no debía aportar el avalúo catastral y que este no era necesario para estimar la
cuantía, cuando la propia autoridad judicial fue enfática en señalar que la naturaleza
patrimonial del asunto y su contenido económico estaba determinada por el avalúo
catastral del bien objeto de la solicitud, a tal punto que ello precisamente fue lo que le
impidió al actor estimar de manera razonada la cuantía de la controversia.

6) En esa medida, la exigencia de dicho avalúo en este caso significó una barrera
infranqueable que el actor demostró no poder sortear, ya que dada su condición de
despojado de dichas tierras no podía acceder a dicha prueba, máxime cuando explicó -y
aportó los documentos que daban cuenta de ello- que intentó obtenerlo por otros medios,

14 Índice 9 SAMAI

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

ante las autoridades municipales e inclusive ante el propio Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, sin que le hubiese sido posible.

7) Como se explicó en precedencia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia reiterada
ha establecido que las personas desplazadas son sujetos de especial protección
constitucional en tanto se encuentran en una situación delicada y evidente de
vulneración, motivo por el cual son las autoridades quienes tiene la obligación de
garantizar a este grupo poblacional el efectivo acceso a la administración de justicia.

8) En el caso del señor José Luis Ariza Rodríguez, la Sección Primera del Consejo de
Estado consideró que la falta de precisión para determinar la cuantía con base en el
avalúo catastral justificaba el rechazo de la demanda por supuestamente no haberla
subsanado, pasando con ello por alto que, se reitera, no se trató simplemente de una
actitud renuente ni contumaz del actor por querer incumplir la orden, sino que, por el
contrario, este demostró su imposibilidad de obtenerlo, pidió la ampliación del término
para hacerlo y aportó la prueba donde se evidenciaba que las autoridades no contaban
con esa información y, en el caso del IGAC, que se requería una decisión de un juez de
la República que se lo ordenara.

9) Así las cosas, la autoridad judicial accionada debía pronunciarse puntual y
expresamente frente a las solicitudes que el actor presentó para i) poner de presente la
imposibilidad de presentar el avalúo o ii) pedir la ampliación del término de subsanación;
en su defecto, bien pudo admitir la demanda y oficiar al IGAC para que remitiera con
destino al proceso el mencionado avalúo catastral que se echaba de menos; inclusive, si
la duda consistía en establecer la cuantía del proceso en aras de determinar si esta
Corporación era competente o lo era el tribunal también pudo remitir por competencia el
expediente a los tribunales y que estos fueran quienes oficiaran a las entidades
correspondientes con el mismo cometido.

10) Sin embargo, con la expedición de las providencias cuestionadas, la accionada
incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, en los
términos de la jurisprudencia constitucional, ya que con la decisión de rechazar la
demanda y abstenerse de resolver las solicitudes (porque el actor supuestamente no
“cumplió” con el requerimiento de “subsanar” la demanda en el término otorgado) la

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

autoridad judicial “renunci[ó] a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho
sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales”15.

11) En el caso concreto, le asiste razón a la accionada y frente a ello no existe discusión
alguna en punto a que el artículo 170 del CPACA establece que la demanda que carezca
de los requisitos será inadmitida y se le otorgará al actor un término de diez (10) días
para subsanarla, so pena de rechazo, regla que no admite excepciones; sin embargo, es
precisamente la aplicación irreflexiva de dicha disposición y sin tener en cuenta las
particularidades del caso ni las solicitudes que el actor elevó poniendo de presente su
absoluta incapacidad para hacerlo en los términos requeridos lo que se reprocha en esta
oportunidad, pues, ello desconoció no solo la garantía del derecho del debido proceso y
de acceso efectivo y real a la administración de justicia, sino que, además, pasó por alto
el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales -artículo
228 de la Carta-, en tanto el pluricitado avalúo no era imprescindible para estimar la
cuantía.

12) Justamente por esa razón es que la Corte Constitucional, en eventos como este, ha
señalado que las normas procesales constituyen “un medio para la realización efectiva
de los derechos de los ciudadanos16” y no pueden por consiguiente constituirse en una
barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial, como
ocurrió en este caso.

13) A pesar de ello, en dicha oportunidad la accionada optó simplemente por rechazar la
demanda sin miramientos a la condición de la víctima del actor y, además, sin un
pronunciamiento expreso sobre sus argumentos referentes a la imposibilidad de estimar
la cuantía en los términos solicitados o a la petición dirigida a la concesión de un plazo
adicional para subsanar, postura de la cual la Sala debe discernir por cuanto el
demandante es una víctima del conflicto armado y, por ende, sujeto de especial
protección, el cual le manifestó en reiteradas oportunidades que no tenía pretensiones
económicas y que su único objetivo era la inclusión en el registro económico de la
UAEGRTD.

14) No pasa por alto la Sala que la posición de la Sección Primera de esta Corporación
ha sido la de establecer que esos procesos, aunque el actor no lo pida expresamente, sí
tienen una naturaleza económica y patrimonial, aspecto en el cual el juez constitucional

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, reiterada, entre otras, en las siguientes sentencias: T-

234 de 2017, T-450 de 2018, SU 337 de 2019, SU 129 de 2021.
16 Corte Constitucional, sentencia SU 355 de 2017.

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

no puede inmiscuirse porque hace parte del resorte del juez natural de la causa y
constituye la materialización de los principios de autonomía e independencia judicial; no
obstante, lo cierto es que si el actor justificó la imposibilidad material en la que se
encontraba para cumplir con el requerimiento nada impedía que el juez activara sus
poderes oficiosos para obtener el avalúo catastral o cuando menos le indicara con
absoluta claridad que ello no era necesario para estimar de manera razonada la cuantía
-como en efecto no lo es-, pues, esto último consiste simplemente en mencionar o fijar
un monto con una explicación lógica, sin que se requiera inexorablemente un avalúo,
como equivocadamente pretendió exigirse.

15) Contrario a ello, la Sala observa que la providencia de 6 de julio de 2022 justificó la
inadmisión de la demanda en el incumplimiento de los requisitos formales de la demanda
consagrados en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y los artículos 72 y 76 de la Ley 1448 de 2011, para lo cual
le exigió una estimación razonada de la cuantía, de la siguiente manera:

“(iii) No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 157 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que la
cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios
causados, según la estimación razonada hecha por el actor, y en el mismo
artículo se precisa que en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
derecho no se podrá prescindir de su estimación, so pretexto de renunciar a
este último, así:

(…).

Aunado a ello, el numeral 6 del artículo 162, ordena: “Toda demanda deberá
dirigirse a quien sea competente y contendrá (…) 6. La estimación razonada de
la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.”

(iv) En materia de acciones de restitución de tierras a los despojados y
desplazados, el artículo 72 de la Ley 1448 de 20111 estableció:

(…).

De las disposiciones en cita se colige que, ante una eventual declaratoria de
nulidad de los actos administrativos acusados, el demandante tendría derecho
a continuar con el trámite para la inscripción en el registro de tierras despojadas,
el cual constituye requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces o
magistrados competentes para conocer de los procesos de restitución de tierras
y, en caso de salir avante las pretensiones, tendría derecho a la restitución del
correspondiente inmueble o en su defecto a la compensación a la que se refiere
al artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, así como a los beneficios de alivio por
pasivos asociados a los predios restituidos y el subsidio de vivienda, previstos
por los artículos 2.15.2.2.1. y 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015; en
consecuencia, los actos acusados sí comportan una pretensión de contenido
económico.

(v) Sobre los actos administrativos que niegan que la inscripción de un
inmueble en el registro de tierras despojadas y abandonadas

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forzosamente, esta Sección ha señalado que tienen naturaleza patrimonial
y está determinada por el avalúo catastral, así: (…)” (resaltado de la Sala)

16) Para este fin, le exigió al actor el cumplimiento de la estimación razonada de la
cuantía y en el mismo auto determinó que el medio idóneo de prueba era el avalúo
catastral, motivo por el cual le concedió el término de 10 días para aportar un documento
que le era materialmente imposible de obtener.

17) Por otro lado, la providencia de 15 de mayo de 2023 justificó el rechazo de la demanda
en la falta de subsanación, pero la realidad es que no evaluó debidamente las
circunstancias y únicamente se limitó a manifestar que el actor no había desplegado
actuación alguna con el fin de estimar la cuantía17.

18) Pese a ello, contrario a lo afirmado por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
actor sí adelantó actuaciones con el fin de estimar la cuantía, toda vez que presentó
múltiples peticiones ante la Alcaldía de Ponedera (Atlántico) y frente a la falta de
respuesta oportuna presentó una acción de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Ponedera, quien en sentencia de 18 de octubre de 2022 amparó sus
derechos fundamentales y ordenó a la Alcaldía de Ponedera (Atlántico) responder su
solicitud.

19) De igual forma, en el recurso de reposición y en subsidio suplica precisó que tras
comunicarse con el IGAC le manifestaron que para expedir el correspondiente certificado
catastral del predio denominado Las Montañitas era necesario aportar el respectivo auto
donde el órgano judicial le solicite al IGAC la información del avalúo.

20) En virtud de lo anterior, la Sala encuentra probado que el actor sí adelantó
actuaciones tendientes a obtener la estimación razonable de la cuantía.

21) Sin perjuicio de lo expuesto, en el auto de 25 de julio de 2024 se le indicó que para
estimar razonablemente la cuantía no requería un avaluó catastral ni ningún otro

17 “El auto proferido por este despacho el 6 de julio de 2022 quedó ejecutoriado el 26 de julio de 2022, y el

término de diez días concedido en la misma providencia a la parte actora venció el 9 de agosto de 2022,
sin que hubiera cumplido la carga impuesta.

Corolario de lo señalado, y dado que, el término concedido en el auto del 6 de julio de 2022 transcurrió sin
que la parte actora hubiese subsanado lo solicitado, ni a la fecha de la presente providencia ha desplegado
actuación alguna con el fin de estimar la cuantía, ante el incumplimiento de la carga procesal impuesta,
irremediablemente deberá darse aplicación a lo previsto por el artículo 170 del CPACA, motivo por el que
será rechazada la demanda, sin necesidad de que se adelante trámite alguno para devolución de anexos,
toda vez que se interpuso por medios electrónicos.”. (resaltado de la Sala)

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

instrumento, pese a que con anterioridad se le había indicado expresamente que la
prueba que determinaba la pretensión económica sí era el avalúo catastral, como
procede a observarse:

El despacho considera que la providencia cuestionada debe ser confirmada,
puesto que, como se anotó, por auto del 6 de julio de 2022 se requirió a la parte
actora para que estimara razonadamente la cuantía de la demanda, en atención
a que el asunto es de aquellos que tienen contenido económico cuantificable,
acorde con la jurisprudencia de esta Sección

Por lo tanto, la carga impuesta debía cumplirse en el término perentorio
concedido, máxime cuando lo solicitado fue una estimación razonada de la
cuantía, no un avaluó catastral ni un instrumento que permitiera fijarlo.”.
(resaltado de la Sala)18

22) En consecuencia, además, en este punto la Sala evidencia una contradicción entre
lo mencionado en los autos de 6 de julio de 2022, 19 de mayo de 2023 y 25 de julio de
2024, toda vez que en los primeros se le sugirió que la prueba idónea para estimar
razonablemente la cuantía era un avalúo catastral, pues, supuestamente era dicho
documento el que determinaba la pretensión económica de la demanda -aunque no ello
no es cierto-, mientras que en el último se justificó el rechazo del libelo en que aquel no
era necesario.

23) En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales por la parte actora, se
dejará sin efectos el auto de 5 de septiembre de 2024 y se dispondrá que la Sección
Primera del Consejo de Estado profiera una nueva decisión de reemplazo en la que
atienda las consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto el auto de 5 de septiembre de 2024 proferido por
la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00 y ordénase a dicha

18 Índice 9 SAMAI

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela

autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación
de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta
las consideraciones expuestas.

3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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