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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01096-01

Fecha
28 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01096-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2025 que declaró improcedente la acción de tutela, pero de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01096-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de octubre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de octubre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01096-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Síntesis del caso: el actor cuestionó las providencias mediante las cuales la autoridad judicial
demandada en el marco de unas acciones populares le negó un amparo de pobreza y declaró
infundada la recusación que formuló en contra de un magistrado de esa Corporación, al tiempo
que le impuso una sanción de multa. Se confirmará la decisión que declaró improcedente ella
acción, pero por incumplimiento del requisito de inmediatez frente a los reparos planteados frente
a la providencia del 5 de febrero de 2024, y por falta de relevancia constitucional frente a la
providencia del 27 de enero de 2025.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 27
de junio de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –
EAAB ESP.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de
conformidad con las razones ut supra”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original
• archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2025, el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que le sean amparados sus

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01096-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de los autos de 5 de febrero de 2024 y 27 de
enero de 2025, mediante los cuales se negó un amparo de pobreza y se declaró
infundada la recusación que presentó en contra de un magistrado, al tiempo que le
impuso una sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
respectivamente.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Presentó varias demandas de acción popular relacionadas con el proyecto Primera
Línea del Metro de Bogotá, identificadas con los siguientes números de radicaciones:

11001-33-42-053-2021-00286-011: fue tramitada en primera instancia por el Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, quien profirió sentencia
el 16 de diciembre de 2022, a través de la cual negó las pretensiones, decisión que fue
apelada y se encuentra pendiente de decisión en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Durante el trámite de segunda instancia, ha elevado varias solicitudes encaminadas a
que se vinculen a nuevas entidades públicas, se tengan en cuenta nuevos hechos y se
decrete una medida cautelar, sin embargo, fueron negadas mediante proveídos del 15
de diciembre de 2023 y del 29 de mayo de 2024.

25000-23-41-000-2023-01414-00: mediante proveído del 5 de febrero de 2024, la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
ponencia del magistrado Luis Norberto Cermeño admitió la demanda presentada por el
actor y la señora Irma Llanos Galindo en contra de la Nación-Ministerio de Transporte,
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Empresa Metro de
Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Financiera de Desarrollo Nacional e Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER.

1
Según manifestó tras radicar esta acción recibió tres amenazas de muerte por su trabajo ambiental en
este proceso, situación que lo obligó a salir del país en 2023 para proteger su vida e integridad y fueron
denunciadas ante las autoridades competentes.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01096-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

Por otra parte, negó el amparo de pobreza solicitado, teniendo en cuenta que la demanda
se promovió en representación de los colectivos ambientales Primera Línea Ambiental
Internacional (PLAI) y Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC), lo cual demostraba el
respaldo de un organismo nacional y otro internacional, además, revisó que el actor ha
radicado 111 demandas (62 que se han tramitado en el Consejo de Estado y 49 en esa
Corporación), de las cuales 68 han sido presentadas el último año, proceder que denota
capacidad logística y operativa para demandar y asumir costos en los procesos; en todo
caso, no se demostró incapacidad de atender los gastos derivados del proceso o una
situación de debilidad manifiesta, como lo exige el artículo 151 del CGP.

Interpuso recurso de reposición frente la negativa del amparo de pobreza, sin embargo,
la decisión fue confirmada mediante auto del 11 de julio de 2024 con similares
argumentos.

25000-23-41-000-2024-01274-00: el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá remitió el asunto por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
12 de julio de 2024.

2) En cada uno de los anteriores expedientes el actor allegó un memorial en el que pidió
que se declarara un conflicto de interés en el que supuestamente estaría incurso el
magistrado Luis Norberto Cermeño en las acciones populares con radicaciones 11001-
33-42-053-2021-00286-01, 25000-23-41-000-2024-01274-00 y 25000-23-41-000-2023-
01414-00, el cual se fundó en que podría existir un sesgo al momento de fallar esos
procesos debido a que es el mismo magistrado a quien le corresponde sustanciarlos.

3) Como consecuencia, el ponente de dichos procesos emitió el auto del 13 de enero de
2025, en el que no aceptó la recusación formulada por el actor por considerar que no se
encontraba incurso en ninguna causal y ordenó que el asunto pasara al despacho de la
siguiente magistrada en turno para que resolviera lo pertinente.

4) Mediante providencia del 27 de enero de 2025, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró infundada la recusación y sancionó
al actor con una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5) La decisión se fundamentó en que el actor no precisó la causal de recusación y, en
todo caso, lo denunciado tampoco se adecuaba a alguna de las causales referentes a: i)

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

tener un interés directo o indirecto en el proceso, ii) haber conocido del proceso o
realizado cualquier actuación dentro de él o iii) haber emitido concepto previo, pues el
accionante solo afirmó que el hecho de que tres expedientes fueran asignados a un
mismo despacho podría generar un sesgo a la hora de adoptar una decisión.

6) En consecuencia, la manifestación realizada por el accionante era temeraria y
ameritaba la imposición de la multa dispuesta en el artículo 132.7 de la Ley 1437 de 2011.

7) Interpuso recurso de reposición2, sin embargo, en providencia del 21 de febrero de
2025 este fue rechazado porque no era procedente contra la providencia que declara
infundada una recusación y, por otra parte, decidió no reponer la decisión que impuso la
multa3.

Fundamento de la vulneración

Por una parte, el accionante cuestionó que el tribunal en la providencia del 5 de febrero
de 2024 asumiera que era solvente económicamente, con fundamento en que ha
presentado 111 demandas, sin requerir pruebas en concreto sobre su situación
económica actual y sin considerar que las acciones populares no generan ingresos, se
encuentra refugiado en Suiza, padece quebrantos en su salud y depende de asistencia
social.

El respaldo de los colectivos PLAI y PLAC no implica solvencia personal, sino apoyo
logístico sin fines de lucro, lo que sugiere un prejuicio equiparar activismo con riqueza.

2
“En este caso, la sanción impuesta no solo es una violación al debido proceso, sino que también es
contraria a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia
ambiental. Por lo tanto, se solicitará la intervención de organismos internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la vulneración de los derechos del
suscrito y el precedente negativo que este caso representa para la justicia ambiental en Colombia”.
3
“Respecto al recurso de reposición contra la sanción impuesta es necesario advertir que se fundó en la
falta de soporte fáctico y jurídico de la recusación impetrada, porque se buscaba que el magistrado se
separara del conocimiento de los asuntos sin aducir verdaderas razones ni aportar pruebas de una
conducta constitutiva de la causal.
Es decir que la sanción se originó en que las manifestaciones del actor popular en los escritos de recusación
resultaron temerarias, lo que posibilitaba la aplicación de la regla sancionatoria contenida en el numeral 7
del artículo 132 del CPACA.
Ahora bien, en el recurso se insistió en los argumentos iniciales y no se aportaron pruebas o nuevos
argumentos que llevaran a considerar que el alegato tenía algún fundamento fáctico o jurídico verificable.
El recurrente se limitó a realizar elucubraciones sobre una presunta persecución judicial sin soporte”.

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

Adicionalmente, no se tuvo en cuenta su condición de víctima del conflicto armado (RUV
no. 3882393) ni las amenazas de muerte recibidas en 2021 por haber promovido la acción
popular con radicación no. 11001-33-42-053-2021-00286-01.

La Ley 1448 de 2011 (art. 13) y el Acuerdo de Escazú (art. 9 de la Ley 2273 de 2022)
exigen protección especial a víctimas y defensores en riesgo, así como facilitar el acceso
a la justicia, lo cual no ocurrió en su caso, debido a que se le trató un litigante común,
reflejándose una indiferencia frente a su situación vulnerable.

Por último, cuestionó que en providencia del 27 de enero de 2025 se hubiera declarado
infundada la recusación antes referida y se le haya impuesto una multa, pese a que tres
procesos de los que promovió fueron asignados al mismo magistrado y ello podría
generar un “sesgo cognitivo” que afectaría la imparcialidad en tales decisiones.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1. Conceda el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso (art.
29), acceso a la justicia (art. 229), y protección especial como víctima del
conflicto armado y defensor ambiental (arts. 1, 2, 13, Constitución; Ley 1448 de
2011; Acuerdo de Escazú), ordenando la suspensión inmediata de la
exigibilidad de la sanción pecuniaria de cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes impuestas por el Auto Sustanciador No. 11 del 27 de enero
de 2025, hasta que se resuelva de fondo esta tutela, para evitar un perjuicio
irremediable a mi estabilidad económica y capacidad de litigar en defensa de
derechos colectivos.

2. Declarar la nulidad del Auto Sustanciador No. 11 del 27 de enero de 2025 y
del Auto Int. No. 25 que rechaza el recurso de reposición, por vulnerar mis
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, ordenando al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
proferir una nueva decisión que: (i) analice el fondo de mi solicitud de recusación
contra el magistrado Luis Norberto Cermeño Ujueta, considerando las
amenazas de muerte recibidas en 2021 vinculadas al proceso 11001-33-42-
053-2021-00286-01, y (ii) reevaluar la sanción impuesta, ponderando mi
condición de víctima desplazada (RUV No. 3882393) y defensor ambiental en
riesgo.

3. Ordene, como medida de protección al debido proceso (art. 29, Constitución),
la separación del magistrado Luis Norberto Cermeño Ujueta de los procesos
11001-33-42-053-2021-00286-01, 25000-23-41-000- 2024-01274-00, y 25000-
23-41-000-2023-01414-00, reasignándolos a un magistrado imparcial que no
haya conocido previamente casos relacionados conmigo, garantizando la
ausencia de sesgo cognitivo por convergencia temática, conforme a la
Sentencia C-260 de 2019.

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

4. Disponga que el magistrado Luis Norberto Cermeño Ujueta rinda, en un plazo
de 48 horas, un informe detallado que justifica la negativa del amparo de
pobreza en el Auto del 5 de febrero de 2024 (Rad.
25000234100020230141400), precisando: (i) las pruebas objetivas en que se
basó para presumir mi capacidad económica, frente a la Sentencia C- 179 de
1995 sobre análisis objetivo de amparo; y (ii) las razones por las cuales omitió
evaluar mi condición de víctima desplazada (RUV No. 3882393) y las amenazas
de muerte de 2021 vinculadas al proceso 11001- 33-42-053-2021-00286-01,
conforme a la obligación de protección especial (Ley 1448 de 2011, art. 13).

5. Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, adoptar medidas internas para que, en los procesos bajo su
competencia, se evalúe la condición de vulnerabilidad de defensores
ambientales antes de imponer sanciones económicas, conforme al artículo 9 del
Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), evitando represalias que limiten su
trabajo en defensa de derechos colectivos.

6. Adopte, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, las siguientes
medidas cautelares: (i) suspender provisionalmente la exigibilidad de la sanción
de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por el Auto Sust. No. 11
del 27 de enero de 2025, para evitar un perjuicio irremediable a mi estabilidad
económica como víctima desplazada; y (ii) ordenar la suspensión temporal de
los procesos 11001-33-42-053-2021-00286-01, 25000-23-41-000-2024-01274-
00, y 25000-23-41-000-2023-01414-00 bajo la ponencia del magistrado Luis
Norberto Cermeño Ujueta, hasta resolver el fondo de esta tutela, garantizando
mi derecho a un juez imparcial frente a las amenazas de muerte recibidas en
2021”.

Actuación procesal

Mediante auto del 18 de marzo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, vinculó como tercero con interés, a las señoras Ana
Rodríguez Abril e Irma Llanos Galindo, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría
Distrital del Medio Ambiente, a la Empresa Metro de Bogotá, a APCA Transmimetro, al
Consorcio Supervisor PLMB, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al
Ministerio de Transporte, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a la Financiera de Desarrollo Nacional e Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, con el
fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de junio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del

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Acción de tutela

requisito de relevancia constitucional, debido a que no se cumplió con la carga
argumentativa suficiente para hacer procedente el análisis de fondo.

Además, aunque el actor alegó el desconocimiento de algunas circunstancias personales
como víctima y líder ambiental, así como una supuesta afectación al principio de
imparcialidad del juez ordinario y la presunta imposición de barreras injustificadas para
acceder a la administración de justicia, lo cierto es que no argumentó por qué tales
condiciones son suficientes para acceder a una orden de amparo.

Impugnación

El actor insistió en los argumentos iniciales de la acción de tutela encaminados a que se
tenga en cuenta que no tiene solvencia económica para cubrir los gastos del proceso, es
un líder ambiental que incluso ha sido amenazado y que el hecho de que un mismo
magistrado falle tres de los procesos que él ha promovido podría generar un sesgo que
podría generar consecuencias negativas en las decisiones.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de las providencias del 5 de febrero de 2024 y el 27 de enero de 2025.

En primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, pero únicamente analizó los argumentos frente a la recusación.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero por
incumplimiento del requisito de inmediatez frente a la providencia que negó el amparo de
pobreza y, por falta de relevancia, frente a los reparos planteados contra la providencia
que declaró infundada la recusación, por las siguientes razones:

El requisito de inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces -de manera inmediata- a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección inmediata4
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el

4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos
una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria
de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como
una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del
tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar, de manera indefinida, que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
que, desde luego, desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término
de 6 meses puede resultar en estricto riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”6.

En suma y con la claridad de que tales eventos no son taxativos7, el juez debe valorar si
la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que
expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales el
amparo constitucional siempre será procedente.

6
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
7
Ibidem.

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Verificación del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En suma, esta Colegiatura advierte que el actor cuestionó que en la providencia del 5
de febrero de 2024 se le haya negado el amparo de pobreza con base en que sí era
solvente económicamente con base en el número de demandas que ha presentado (111
en total), sin requerir prueba alguna sobre su situación financiera actual y sin considerar
que las acciones populares no generan ingresos, que actualmente se encuentra
refugiado en Suiza, padece quebrantos de salud, depende de asistencia social y es
víctima del conflicto armado.

2) Contra esa decisión el actor presentó recurso de reposición, sin embargo, la decisión
fue confirmada mediante auto del 11 de julio de 2024 con similares argumentos.

3) El apoyo recibido de los colectivos PLAI y PLAC no constituye evidencia de capacidad
económica, pues se trata de respaldo logístico y solidario sin fines de lucro, por lo que
equiparar dicho acompañamiento con solvencia personal refleja un prejuicio contra su
labor de activismo ambiental.

4) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen y como ya se ha
hecho en asuntos similares8, la Sala advierte con claridad que la acción de tutela no
satisfizo el requisito de inmediatez.

5) En efecto, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, aun si el
cómputo se realiza desde la notificación de la providencia cuestionada –efectuada el 8
del mismo mes y año– o desde la notificación de la decisión que resolvió el recurso de
reposición –proferida el 11 de julio de 2024 y notificada el 15 de julio siguiente–, lo cierto
es que la demanda se presentó de manera extemporánea, pues fue radicada el 26 de
febrero de 2025, esto es, más de los seis (6) meses después que la jurisprudencia ha
establecido para el efecto.

6) Un lapso superior al que la jurisprudencia constitucional ha establecido como
razonable no se compadece con la exigencia de inmediatez, toda vez que excede un

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de septiembre de 2025, exp. 11001-
03-15-000-2025-05371-00 (AC).

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término razonable para acudir en busca del amparo constitucional, además, la accionante
no acreditó la existencia de un motivo excepcional que justificara la demora en la
interposición de la acción o ameritara flexibilizar el término.

7) Ahora bien, la Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni justificó la
presentación tardía de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido o
situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una
vulneración a amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya surgido
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna otra
circunstancia especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.

8) Por lo tanto, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y tampoco
se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de acción de tutela se deberá
declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

Análisis del requisito de relevancia en el caso concreto

9) Por otra parte, el accionante también controvirtió que, mediante providencia del 27 de
enero de 20259, el tribunal haya declarado infundada la recusación que formuló contra el

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“En este caso el actor popular no precisó la causal de recusación con base en una norma
procedente, lo que sería suficiente para el rechazo de la recusación.
Pero, en gracia de discusión, si se refiere a un interés directo o indirecto en el proceso, se precisa que la
jurisprudencia ha declarado que el interés no es genérico o común al de cualquier persona que esté o
pueda estar en las mismas circunstancias, sino que debe conllevar un elemento o ingrediente subjetivo,
derivado de una perspectiva económica, moral, intelectual, etc., que genere una expectativa que conlleve
a que la imparcialidad del juicio se vea afectada al momento de adoptar una posición frente al caso, esto
es, una expectativa de obtener un beneficio o evitar un perjuicio particulares y concretos, de lo cual dimane
su interés y que por eso sea mejor apartarse del conocimiento.
(…)
Para el actor popular, que tres expedientes sean asignados al despacho 008 de la Sección Primera, todos
con solicitud de protección de derechos colectivos al medio ambiente sano y temática similar, “podría”
generar un sesgo a la hora de adoptar una decisión // La Sala Dual encuentra que esa circunstancia no se
enmarca en la causal de recusación, por el contrario, es efecto del reparto equitativo de trabado al interior
de la Sección Primera para atender la demanda de justicia. Es decir, si ingresan 9 asuntos y 9 son los
magistrados, cada uno conocerá un proceso, pero, si son 27, cada uno conocerá 3 asuntos por reparto, sin
que ello afecte la imparcialidad de los togados // A lo anterior se suma que el actor popular no endilgó ni
probó un interés directo, actual, personal, subjetivo del magistrado ponente. Sobre la configuración de esta
causal, en la providencia de unificación, dijo el Consejo de Estado:(…)
Por otro lado, si se refiere a haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación, la norma
expresamente se refiere a la instancia anterior, porque lo que se procura impedir es que el mismo juez
dicte la sentencia de primera y segunda instancia, hecho que no encaja en los supuestos que relata el actor
popular.
Y si se refiere a que con la primera decisión que adopte el magistrado emite concepto, se precisa que el
concepto de emitirse por fuera de la actuación judicial, y acá las tres decisiones futuras ocurrirán dentro de
la actuación judicial // Finalmente, aceptar la postura del actor conllevaría a que ningún juez de la república

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01096-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

magistrado Luis Norberto Cermeño y le haya impuesto una multa equivalente a cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, con base en que resulta irrazonable que
tres procesos que promovió para proteger el medio ambiente fueron asignados al mismo
magistrado y ello podría afectar la imparcialidad del mismo y comprometer el examen
independiente de cada caso.

10) Sin embargo, se advierte que el actor presentó recurso de reposición en contra de
esa decisión y este fue rechazado en providencia del 21 de febrero de 2025 frente a la
decisión que declaró infundada la recusación debido a que no era procedente y, por otra
parte, dispuso no reponer la decisión que le impuso la multa con base en los siguientes
argumentos:

“En primer lugar se precisa que contra las decisiones que se profieran
durante el trámite de las recusaciones no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 132 del CPACA. Por tal motivo, los
argumentos esgrimidos con el fin de que se reconsidere la decisión que
declaró infundada la recusación no serán estudiados dada la
improcedencia del recurso sobre ese punto.
Respecto al recurso de reposición contra la sanción impuesta es necesario
advertir que se fundó en la falta de soporte factico y jurídico de la recusación
impetrada, porque se buscaba que el magistrado se separara del conocimiento
de los asuntos sin aducir verdaderas razones ni aportar pruebas de una
conducta constitutiva de la causal.

Es decir que la sanción se originó en que las manifestaciones del actor popular
en los escritos de recusación resultaron temerarias, lo que posibilitaba la
aplicación de la regla sancionatoria contenida en el numeral 7 del artículo 132
del CPACA.

Ahora bien, en el recurso se insistió en los argumentos iniciales y no se
aportaron pruebas o nuevos argumentos que llevaran a considerar que el
alegato tenía algún fundamento fáctico o jurídico verificable. El recurrente se
limitó a realizar elucubraciones sobre una presunta persecución judicial sin
soporte.

En esa medida, dado que con el recurso de reposición no se desvirtuó la
conducta que llevó a la imposición de la sanción, no se repondrá lo decidido.
(…)”.

pueda tener el conocimiento de más de un proceso sobre una determinada temática, lo cual daría al traste
con las reglas de juez natural, celeridad, economía y eficiencia procesal, que orientan la labor judicial,
porque cada proceso pasaría de despacho en despacho hasta encontrar alguno que no haya conocido una
situación similar // Sobra decir que cada vez que un juez, magistrado o Sala de Decisión adopta una postura
respecto a un problema jurídico, establece un precedente que lo vincula en los casos futuros donde se
plantee el mismo problema jurídico, ello ocurre por respeto al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica,
y de ninguna manera elude o desconoce el deber de imparcialidad // Dicho lo anterior, se concluye que las
afirmaciones del accionante carecen de soporte fáctico y normativo, y lo que se persigue es que el
magistrado se separe del conocimiento de los asuntos que promueve, por tanto, su manifestación es
temeraria y amerita la imposición de una multa, conforme impone el artículo 132.7 del CPACA (…)”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01096-01
Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

11) De conformidad con los expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los
derechos invocados en el mecanismo constitucional el demandante expuso similares a
los planteados en la recusación dirigidos, de manera exclusiva, a revivir la discusión sobre
la supuesta imparcialidad del magistrado Luis Norberto Cermeño, los cuales fueron
analizados expresamente en la providencia del 27 de enero de 2025, luego entonces es
evidente la improcedencia del mecanismo, en razón a que se utilizó la acción de tutela
como una tercer instancia.

12) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

13) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2025 que declaró
improcedente la acción de tutela, pero de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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