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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01104-00

Fecha
28 de marzo de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01104-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por FALTA LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA respecto de La Previsora S.A., la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Igualdad y Equidad, Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República de Colombia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Raúl Rivas Palacios en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales —UGPP— , el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas PAR, y Fiduagraria S.A, por no superar el requisito de subsidiariedad, en atención a los motivos consignados en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Ramiro Cubillos Velandia, identificado con C.C. 79.785.219 y portador de la Tarjeta Profesional No. 106.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 75 del Código Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01104-00 Accionante: Raúl Rivas Palacios General del Proceso, y en los términos y para los efectos del poder que obra en el índice 00009 del aplicativo Samai. QUIINTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Alberto Pulido Rodríguez, identificado con C.C. 79.325.927 y portador de la Tarjeta Profesional 56.352 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de La Previsora S.A. según lo previsto en el artículo 75 del Código General del Proceso, y en los términos y para los efectos del poder general contenido en la escritura pública número 0466 del 9 de marzo de 2023 de la Notaría Sesenta y Dos del Círculo de Bogotá, que obra en los índice 0001638 del aplicativo Samai. SEXTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01104-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de marzo de 2025

Radicado: 11001031500020250110400
Accionante: Raúl Rivas Palacios

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-01104-00
Accionante: Raúl Rivas Palacios
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP
y otros
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela con el propósito de obtener el reconocimiento de un derecho pensional. Requisito
de procedencia. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada Raúl Rivas Palacios
en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales —en adelante UGPP—, el
Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas PAR, Fiduagraria
S.A., La Previsora S.A., la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Ministerio de Igualdad y Equidad, Ministerio de Hacienda, la
Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República de Colombia.

I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela

Raúl Rivas Palacios, actuando en nombre propio, presentó escrito de tutela en el que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la igualdad, al debido proceso, al retén social y a la vida, que consideró
vulnerados por la “Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom PAR, Fiduagraria SA, La Previsora SA
Ministerio de las Comunicaciones Min tic, Ministerio de la igualdad y equidad,
Ministerio de Hacienda Defensoría del Pueblo y Presidencia de la República de
Colombia”, por desconocimiento de su calidad de prepensionado y no reconocer a su
favor la pensión de jubilación sobre en el tiempo que cotizó como servidor de la
Empresa Colombiana de Telecomunicaciones - Telecom Colombia.

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Accionante: Raúl Rivas Palacios

2. Hechos

2.1. En su demanda de tutela el actor indicó, en síntesis, que laboró al servicio de
Telecom Colombia en el cargo de teleprintista hasta la liquidación de la empresa
ocurrida en el año 2003. Por ello, acumuló un tiempo de cotización de 16 años, 5
meses y 13 días. Además, prestó servicio militar por lo que cuenta con un consolidado
de 17 años, 5 meses y 13 días al servicio del estado, y actualmente tiene 64 años de
edad.

2.2. Explicó que, desde la fecha de su desvinculación, ha reclamado en diferentes
oportunidades su derecho “a la condición de PREPENSIONADO1”, dado que solo le
restan tres (3) años para completar el requisito de cotización para acceder a la pensión
de jubilación en la modalidad convencional, sin embargo, el Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom PAR ha negado todas sus peticiones bajo el argumento de
que su caso particular no presenta lo supuestos legales para estar cobijado por el
régimen de transición conforme a lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y que tampoco cumple con la totalidad del tiempo de cotización.

3. Pretensiones y argumentos de tutela

3.1. En el presente trámite, el actor elevó ante el juez constitucional las pretensiones
que se transcriben a continuación:

“(...) PRIMERO: FAVOR TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITA, LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
REGIMENES ESPECIALES RETEN SOCIAL Y LA VIDA.

SEGUNDO: CON EL FIN DE RECUPERAR EN PARTE EL PERJUICIO
OCACIONADO FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANTES DE TELECOM Y ASOCIADAS QUE RECONOSCA LA
CONDICION DE PREPENSIONADO A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2003,
FECHA DE DESVINCULACION DE LA EMPRESA TELECOM.

TERCERO: FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y ASOCIADAS PAGAR LOS APORTES DE
PENSION A COLPENSIONES DESDE JULIO 25 DE 2003 HASTA EL 27 DE
AGOSTO DE 2005, FECHA EN LA CUAL CUMPLO 20 AÑOS DE SERVICIO

CUARTO: ORDENAR A LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA EL
RECONOCIMIENTO A LA PENSION DE JUBILACION, TODA VEZ QUE AL
RECONOCERSE LA CONDICION DE PREPENSIONADO SE CUMPLE CON
EL TIEMPO DE SERVICIO PARA LA PENSION DE JUBILACION.

QUINTO: SOLICITAR AL PAR COPIA DE LA RESOLUCION DE JUNTA
DIRECTIVA JD 012 DE 1992, JD 055 DE 1993 Y COPIA DE LA HISTOPRIA
LABORAL DEL SUSCRITO”.

1 Mayúsculas propias del texto.

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Accionante: Raúl Rivas Palacios

3.2. Como fundamento de sus pretensiones la parte actora indicó que esta solicitud
resulta procedente pues no cuenta con un medio de defensa que sea idóneo y eficaz.
Esto, por cuanto una demanda ordinaria podría tardar veinte (20) años, y debido a su
edad —64 años— no tendría la oportunidad de disfrutar el derecho pensional que
eventualmente se le reconozca. Esto, sumado a que la jurisprudencia constitucional
ha precisado la necesidad de hacer un ejercicio de ponderación que involucre la
eficacia de otros medios de defensa existentes y la protección de los derechos
fundamentales.

Afirmó estar cobijado por la figura del retén social, dado que le restan 2 años, 6 meses
y 17 días de cotización para consolidar su derecho pensional y que, en tal sentido,
merece una especial protección del Estado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Esto, indicó, implica la posibilidad de acceder a la
pensión bajo la égida del artículo 112 del Decreto 2661 de 19603, aplicable a su caso
particular, pues desempeñó el cargo de Teleprintista en la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom Colombia.

Indicó que luego de su desvinculación de la aludida empresa, adquirió un vehículo para
ejercer la actividad de transporte escolar, sin embargo, este presentó falencias
mecánicas por lo que optó por desistir de esta opción con la consecuencia de perder
su inversión. Posteriormente vendió su vivienda pues no contaba con recursos para
cubrir las cuotas mensuales de pago. Agregó que para poder sufragar los gastos de
su familia se dedicó a labores de oficios varios en el campo.

Informó que sus hijas le brindan apoyo económico; sin embargo, este no resulta
suficiente dado que su esposa padece problemas de salud asociados a reumatismo y
dolores en las piernas y manos. Además, el actor afirmó que presenta un cuadro clínico
de artrosis deformante degenerativa, diabetes mellitus, trastorno mixto de ansiedad y
depresión, por lo que no se encuentra en condiciones óptimas para trabajar.

Sostuvo que el desconocimiento de su condición de prepensionado por parte de las
accionadas vulneró sus derechos fundamentales, y va en contravía de los postulados
de la decisión SU-897 de 2012.

4. Trámite de tutela e intervenciones

2 “Artículo 11° Los operadores de radio y telégrafo, los jefes de oficina de radio y telégrafo, los jefes de
Líneas, los Revisores, los Plegadores, los Clasificadores y Mecánicos de las oficinas de radio y
telégrafo, tendrán derecho a la pensión de jubilación cuando cumplan veinte (20) años de servicios
cualquiera que sea su edad”.
3
Por el cual se dictan los estatutos de la Caja Previsión Social de Comunicaciones.
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4.1. Mediante auto del 5 de marzo de 20254 se admitió la acción de tutela y se vinculó
como tercera con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones5.

4.2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones6 solicitó
desestimar la solicitud de amparo, dado que el actor no presentó argumentos que
demuestren la vulneración de sus derechos por acción o por omisión de dicha cartera,
y tampoco aportó pruebas que soporten tal situación. Como parte de su defensa,
formuló las siguientes excepciones.

Falta de legitimación en la causa por pasiva. El ministerio no es el responsable de
la lesión de las garantías denunciadas por la parte actora, pues no se demostró que
esta se derive de alguna acción u omisión suya.

Inexistencia de perjuicio irremediable. En este asunto no se acreditó la existencia
de un perjuicio de tal magnitud que amerite la intervención del juez constitucional.

Inexistencia de vulneración a derecho fundamental. El marco fáctico expuesto por
el accionante no es suficiente para demostrar el quebrantamiento que denunció.

Subsidiariedad. El solicitante tiene su alcance otras acciones legales para que se
resuelvan las pretensiones económicas que formuló en sede tutela. Asimismo, este
mecanismo no está concebido para desconocer la competencia de los jueces
ordinarios, ni para revivir términos concluidos, ni para subsanar los efectos de la
inactividad del interesado.

4.3. La Defensoría del Pueblo7 manifestó su falta de competencia administrativa para
pronunciarse frente a los fundamentos de la acción de tutela, en el entendido que a la
entidad no le compete el estudio, análisis y decisión de asuntos pensionales.

Con fundamento en este razonamiento, propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculada del trámite constitucional.

4.4. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales —UGPP —8,
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, dado que: i) no existe
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el mecanismo constitucional no es
idóneo para cuestionar los actos administrativos con los que decidieron las peticiones
que el actor presentó desde el año 2015 hasta el año 2014; iii) el actor cuenta con

4 Índice 00004 del aplicativo Samai.
5 Entidad a la que el actor vinculó en las pretensiones de la demanda.
6 Índice 00009 del aplicativo Samai.
7 Índice 00013 del aplicativo Samai.

Índice
8
00014 del aplicativo Samai, certificado
87F0186BE61A5274 C4CE68C782CCC430 85FA0727232C037D 8C74926F87EC8684. Reiterado en
el índice 00017.
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otros medios de defensa para la protección de sus derechos fundamentales y; iv) el
reconocimiento del derecho pensional es un trámite propio de la vía administrativa y
no de la constitucional.

La entidad informó que en los aplicativos de información se encontraron diferentes
situaciones administrativas asociadas al señor Raúl Rivas Palacio relativas a
reconocimientos pensionales basados en el tiempo de cotización derivado de su
vinculación con Telecom Colombia, que fueron resueltas a través de los actos
administrativos pertinentes. Estas situaciones se condensaron de la siguiente manera:

• Solicitud de reconocimiento de pensión convencional, que fue negada por la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom a través de la
Resolución 000755 del 22 de mayo de 2015.

• A través del acto ADP 017590 del 28 de diciembre de 2015, la UGPP ordenó el
archivo de la petición que radicó el actor el 15 de septiembre de 2015. Esto por
cuanto pretendió igualmente le fuese reconocida la pensión convencional, cuya
negativa había sido adoptada en la Resolución 000755.

El accionante interpuso recurso de reposición en contra de tal determinación.
En decisión identificada como ADP 02758 del 25 de febrero de 2016, se declaró
improcedente el recurso.

• En el año 2017 el señor Rivas Palacio presentó una petición con idéntica
pretensión. Esta fue negada por la UGPP en la Resolución RDP 034210 del 31
de agosto de 2017.

• Nuevamente, en el año 2022 el tutelante presentó solicitud en busca del
reconocimiento del derecho pensional, con fundamento en los mismos
supuestos de hecho. La UGPP negó lo peticionado mediante la Resolución RDP
017965 del 15 de julio de 2022. Esta decisión fue confirmada con la Resolución
RDP 021204 del 18 de agosto de 2022, al decidir en forma desfavorable el
recurso de reposición que el actor interpuso, y por la Resolución RDP 024178
del 16 de septiembre del mismo año, que desató el recurso de apelación.

• El 1 de noviembre de 2022 el señor Rivas Palacios interpuso —nuevamente—
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución RDP
017965 del 15 de julio de 2022. Su resolución se adoptó en el acto identificado
como ADP 006055 del 21 de noviembre de 2022 que ordenó el archivo del
trámite.

• Finalmente, el actor presentó una nueva petición de reconocimiento pensión, a
fue negada con a través de la Resolución ADP 001054 del 1 de marzo de 2024
expedida por la UGPP.

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A partir de este contexto, la entidad accionada consideró que la urgencia a la que
aludió el actor no encuentra soporte, pues desde el año 2015 pudo acudir a la vía
judicial para obtener el reconocimiento pensional que ahora pretende, además, que su
inactividad no puede ser convalidada por el juez constitucional, ni es factible utilizar la
solicitud de amparo para cuestionar la legalidad del acto ADP 001054 del 1 de marzo
de 2024, como última decisión administrativa que no accedió a sus intereses.

4.5. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas PAR9
informó que los conceptos emitidos por los asesores jurídicos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hicieron referencia a la viabilidad
de efectuar cotizaciones al sistema de seguridad social en aplicación del retén social
y en atención a la calidad de prepensionados “de aquellos extrabajadores a quienes
dentro de los tres años siguientes de la fecha real de supresión del cargo, cumplían
requisitos para pensión convencional, aún con posterioridad del cierre de la liquidación
de Telecom”.

Esto, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la pensión con y bajo
los parámetros establecidos en la decisión SU – 897 de 2012.

En consecuencia, explicó que los funcionarios desvinculados con ocasión del proceso
de liquidación de Telecom Colombia “deberán cumplir dentro de los tres (3) años
siguientes al 31 de enero de 2006, los requisitos de edad y tiempo de servicio o
semanas de cotización exigidos por la Ley 100 de 1993 y las modificaciones previstas
por la Ley 797 de 2003, o los requeridos en el régimen que le sea aplicable, para el
caso de los extrabajadores cobijados por el régimen de transición previsto en el art. 36
de la Ley 100 de 1993”.

Informó que, a partir de los mencionados parámetros, se analizó el caso particular del
accionante y determinó que no es beneficiario del retén social en los términos de la SU
– 897 de 2012, por cuanto no cumplía con los requisitos del régimen convencional de
Telecom10. Esto, en orden a que, al 1 de abril de 1994, no acreditó las condiciones
para estar cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993;
y puesto que para el 25 de julio de 2003 (fecha de supresión de su cargo) le hacían
falta 2 años, 6 meses y 20 días para cumplir 20 años de servicio.

Lo anterior, conforme al informe con el que el patrimonio autónomo se pronunció sobre
los fundamentos de la acción de tutela, encuentra soporte en los siguientes datos:

9 Índice 00015 del aplicativo Samai, certificado 25013F40E4218BF9 48960666F56CD34A
A8B3C2A34105B413 27AD61F1E7A04152.
10 en las modalidades de cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuos

o discontinuos, y veinticinco (25) años, sin consideración a su edad
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4.6. La Fiduagraria S.A.11 informó que el accionante no tiene la calidad de
prepensionado, circunstancia que le fue notificada a través del oficio PARDS-109-2025
del 13 de enero del presente año, con el cual se resolvió la solicitud presentada el 26
de diciembre de 2024, en la que el señor Rivas Palacios solicitaba el reconocimiento
de dicha condición, así como coordinar con la UGPP las actuaciones administrativas
necesarias para que se reconozca su derecho pensional y, adicionalmente, se le
otorgue la pensión de jubilación conforme al régimen especial de los trabajadores de
Telecom Colombia. En consecuencia, afirmó que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante.

11 Índice 00015 del aplicativo Samai, certificado E38F934B88E30273 39423892DA285340
6F448863114381DF 9D08A77850F4894C.
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Asimismo, indicó que no se cumple con el requisito de inmediatez, dado que la
desvinculación laboral ocurrió hace dieciséis (16) años, y que el accionante dispone
de otros mecanismos legales para solicitar el pago de la prestación, la cual, además,
tiene un carácter económico.

4.7. La Previsora S.A.12 manifestó que, de la revisión de los fundamentos de la
solicitud de amparo, no se observa ninguna situación que vincule directamente a la
entidad. En tal sentido, propuso de la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite.

4.8. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público13 indicó que ninguno de los hechos
que expuso al actor hace referencia a dicha cartera, además, que no tiene relación
alguna a título de responsabilidad, por las actuaciones del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom y Teleasociadas – PAR. Por tanto, precisó que no cuenta
con legitimación en la causa por pasiva, solicitó desvinculación y que se declare
improcedente la acción.

4.9. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones14 señaló que
las pretensiones del accionante se dirigen en contra del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom y Teleasociadas – PAR, con el propósito de que se
reconozca su condición de prepensionado y que se le ordene realizar los aportes a
pensión ante Colpensiones a efecto de acreditar la totalidad del tiempo requerido para
acceder a la pensión. En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva en razón a que no es la entidad responsable de las incidencias
que presenta la situación particular del accionante, por lo que solicitó su
desvinculación.

Sin perjuicio de lo anterior, formuló la excepción de inexistencia del hecho
vulnerador bajo el entendido que el actor no radicó ante la entidad ninguna petición
de reconocimiento pensional, ni tal documento se observa en los anexos de la solicitud
de amparo, y, por tanto, no incurrió en vulneración de ningún derecho.

4.10. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República15 planteó
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva dado que la vulneración
de garantías fundamentales que expuso el accionante no vincula de ninguna manera
a la entidad, además, las pretensiones no encuentran relación con las funciones
asignadas en virtud del Decreto 2647 de 2022. Por ende, solicitó se declare
improcedente el amparo.

12 Índice 00016 del aplicativo Samai, certificado 578D1733A8B0CB86 57403511FA012312
F7C7439C0CEE074A AAAF35AD8B161C76.
13 Índice 00018 del aplicativo Samai, certificado 1C25CAC9032E3840 A8174524281AD774

9806E02C7A44DFBD 8AB741B24F69FEAB.
14 Índice 00019 del aplicativo Samai, certificado A54D33B1E2AA3070 7D62AFC6A65265AD

80A5F5F24F1683BD 02150EEC1D9040E6.
15 Índice 00020 del aplicativo Samai, certificado EC842E0B7C6B6BC8 7465001BEE97B125

F7D88B62868EA1C6 A1AB283255040548.
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4.11. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad guardó silencio en esta etapa
procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación

La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos
que establece la ley. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que podrá ser
interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de
apoderado judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional16 ha indicado que se encuentra legitimado por
activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten las siguientes
condiciones i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal,
por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii) procure la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Raúl
Rivas Palacios, dado que, conforme a la información suministrada por la UGPP y el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – PAR, presentó
peticiones ante las dos (2) entidades con el propósito de que le fuese reconocida su
calidad de prepensionado derivada de su vinculación laboral con Telecom Colombia
en busca de que se reconozca su derecho a la pensión.

2.2. En lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales —UGPP— y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – PAR, se considera que, de acuerdo con las pruebas
aportadas en los informes presentados durante este trámite, queda demostrado que el
accionante solicitó a dichas entidades el reconocimiento de su pensión, por lo que
están legitimadas para concurrir a este trámite constitucional. Es relevante precisar
que Fiduagraria S.A. confirmó su vinculación al mencionado patrimonio autónomo, lo
que también valida su legitimación pasiva en este caso.

16 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020.

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Accionante: Raúl Rivas Palacios

Asimismo, se considera probada la legitimación en la causa por pasiva de
Colpensiones, dado que en las pretensiones de la tutela el actor solicita que se ordene
al PAR realizar las cotizaciones correspondientes a dicha administradora para acceder
a la pensión. En consecuencia, su vinculación está debidamente acreditada.

No ocurre lo mismo con La Previsora S.A., el Ministerio de las Comunicaciones, el
Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo
y la Presidencia de la República de Colombia, dado que los fundamentos de la acción
de tutela no vinculan a estas entidades con el objeto y propósito de las pretensiones,
que se centran en el reconocimiento de la calidad de prepensionado del actor, así
como de su derecho pensional.

Es pertinente recordar que el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión de una autoridad que haya
violado o amenace con violar algún derecho fundamental. En desarrollo de este
precepto, la Corte Constitucional ha señalado que es necesario acreditar
concurrentemente dos supuestos: i) que la solicitud de amparo se dirija contra un
sujeto susceptible de ser accionado, y ii) que la conducta que genera la vulneración o
amenaza del derecho esté vinculada, de manera directa o indirecta, con su acción u
omisión.

En consecuencia, la Sala observa que el presente caso no cumple con el segundo
supuesto, dado que el actor no acreditó que la vulneración que denuncia esté
vinculada, ni de manera directa ni indirecta, a alguna acción u omisión de las
autoridades mencionadas previamente. Por lo tanto, se declarará improcedente la
acción de tutela en relación con estas entidades, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Accionante: Raúl Rivas Palacios

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200517 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela18 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto19.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”20.

4.1. Subsidiariedad

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 21.

17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio
del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de
inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser
posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
19 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
21“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
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Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial22.

La Corte Constitucional23 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

4.2. Procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos de
carácter particular

Aunque las pretensiones elevadas por el accionante no cuestionan directamente ningún
acto administrativo, lo cierto es que persiguen el reconocimiento del derecho de la
pensión a su favor, que, conforme al informe presentado por la UGPP ya que fue
negado a través de diferentes actos administrativos.

En este orden, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha precisado,
por regla general, la improcedencia de la solicitud de amparo cuando se dirige en contra
de actos administrativos, pues, son los medios previstos de control previstos antes la
jurisdicción contenciosa Administrativa las herramientas idóneas para asumir el
conocimiento de las controversias que se susciten entre los particulares y la
administración. Además, en el marco del proceso contencioso administrativo el
interesado cuenta con la posibilidad de solicita el decreto de medidas cautelares24.

No obstante, también ha advertido que el estudio del requisito de subsidiariedad no
puede limitarse a la verificación formal de otros mecanismos establecidos en el
ordenamiento, sino que corresponde al juez de tutela analizar la situación particular el
accionante con el propósito de comprobar si tales medios en efecto resultan idóneos
para la protección de los derechos fundamentales25

Por otro lado, dicha Corporación ha precisado la existencia de circunstancias en las
que a pesar de los medios ordinarios la acción de tutela resulta indispensable para

22 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
23 Sentencia C-590 de 2005.
24 Sentencias T-180 de 2023 y T-199 de 2021, en la que se reitera lo dispuesto en los fallos T-703 de

2012 y T-146 de 2019.
25 Sentencia T-034 de 2021.

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evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en el que se encuentran inmiscuidos
conceptos como :“(i) un perjuicio inminente, es decir, que amenaza o está pronto a
suceder: lo cual exige la adopción de medidas urgentes para conjurarlo; (ii) un perjuicio
grave, esto es, que el daño que se pretende evitar implica un menoscabo material o
moral intenso en el haber jurídico de la persona, y (iii) la necesidad impostergable y
necesaria de restablecer la integridad de los derechos en juego”26.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que el presente asunto no superó el requisito de subsidiariedad, por
las razones que se exponen a continuación.

5.2. Del análisis de los documentos aportados como prueba por la UGPP, la Sala
concluye que el actor ha solicitado en varias ocasiones el reconocimiento de su pensión,
fundamentado en el tiempo de servicio prestado en Telecom Colombia. No obstante,
dicha solicitud ha sido rechazada mediante los siguientes actos administrativos:

• Auto ADP 017590 del 28 de diciembre de 201527, proferido por la UGPP, que
expuso lo siguiente:

“(...) Que CAPRECOM mediante Resolución No. 000755 del 22 de mayo
de 2015, se negó el reconocimiento de una pensión sanción convencional
al señor RIVAS PALACIOS RAUL, identificado con CC No. 98.322.151 de
Ibagué, por cuanto no reunía los requisitos legales para tal fin
argumentando aspectos tales como:

(...)

no es procedente acceder al reconocimiento pensional toda vez que de
conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, la misma procede
cuando el empleador no haya afiliado al sistema general de pensiones al
trabajador, situación que no se dio en el caso en mención.

Que el peticionario tiene la condición de trabajador oficial de la extinta
telecom razón por la cual no le es aplicable tal disposición por mandato de
la Ley 100 de 1993.

Que según certificados de tiempos de servicio e información laboral se
evidencia que se encontraba acreditado que el actor tenía la calidad de
trabajador oficial y que estuvo primero afiliado a la caja municipal de
previsión y luego al ISS por lo tanto quedo sometido a lo dispuesto en el
artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

Que no se encontraba desvinculado al sistema general de pensiones
desde la fecha de su ingreso a TELECOM hasta su fecha de retiro

26 Sentencia T-180 de 2023.
27Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado
10A80EAF6A8DB3D5 07A20F58994CA214 9E8C7F23FDA1AB80 066F0C2B02C29A1F.
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Que la declaratoria de la injusticia de su despido corresponde a la
jurisdicción laboral, declaración que no se ha producido.

Que el señor RIVAS PALACIOS RAUL, identificado con CC No.
98.322.151 de Ibagué, mediante petición de fecha 15 de Septiembre de
2015 con radicado No. 2015-722- 268025-2, solicita reconocimiento de una
pensión convencional.

Que abonado a lo anterior solicita nuevamente el reconocimiento de la
pensión sanción convencional con los mismos argumentos y soportes con
los cuales fue resuelta la petición en su momento presentada.

Por lo tanto esta Unidad observa que la petición que precede ya fue
resuelta en su momento con la resolución expedid por CAPRECOM
resolución No. 000755 del 22 de mayo de 2015, y ante la falta de nuevos
elementos de juicio que permitan modificar la decisión ya tomada se
procede a archivar la presente solicitud”

• Auto ADP 002758 del 25 de febrero de 201628, mediante el cual la UGPP rechazó
por improcedente el recurso de reposición y en subsidio apelación que el actor
interpuesto en contra del auto ADP 17590 del 28 de diciembre de 2015.
-
• Resolución RDP 034210 del 31 de agosto de 201729, en la que la UGPP indicó:

“(...) Que para acceder al derecho a la pensión proporcional por retiro
voluntario, contenida en las normas citadas, se requiere que el extrabajador
haya cumplido con el requisito de edad y tiempo de servicio, antes del 01 de
abril de 1994 situación que en el caso bajo examen no ocurre pues el
peticionario cumple los 60 años de edad el 27 de Agosto de 2020, momento
para el cual se encuentra vigente la Ley 100 de 1993.

Que en consecuencia, para que el ex trabajador pueda tener derecho a la
mencionada pensión se requiere que antes del 1 de abril de 1994 hubiera
cumplido las condiciones de edad (60) años, tiempo de servicios y retiro
voluntario, pues hasta esa fecha únicamente tenía una mera expectativa”

• Resolución RDP 017965 de 15 de julio de 202230, expedida por la UGPP bajo
las siguientes consideraciones:

“(...) Que teniendo en cuenta la normatividad antes citada, se establece que
el reconocimiento de la pensión sanción está en cabeza del empleador
cuando este no afilia al empleado a sistema general de pensiones por lo que
el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación no puede ser
reconocida en atención a que según los certificados de información laboral

28
Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado
416BE9B45042B9D0 371F492D6C2606FF D5C5360112030A74 5ED25D309D5B58F2.
29Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado
E11F531011AFBDB2 93C42121ED278297 9355DA7F2DD5AE77 FB5494B5514C64B6.
30Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado
EAF1B53F5C45E1BD 89E15F098F6B4709 F1A7BCF8C3229DE4 414DCF9E8C21B103.

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aportados, el peticionario cuenta con aportes para pensión a la Caja de
Previsión Social de Telecomunicaciones CAPRECOM, por un espacio
superior a 10 años.

Vale aclarar que, según el certificado de información laboral respecto de
tiempos desde 18 de diciembre de 1981 al 31 de marzo de 1994 con 5 días
de interrupción, según el CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS
LABORADOS CETIL No. 201905830053630972060156 del 20 de mayo de
2019 se efectuaron cotizaciones a la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE
COMUNICACIONES CAPRECOM, por lo que en tal sentido no hay lugar al
reconocimiento de la pensión sanción reclamada. Ahora bien, en relación a
que la solicitud del peticionario encaminada a que se le reconozca la
Pensión de Jubilación Convencional; al respecto es del caso indicarle al (la)
peticionario(a):

[…]

Que para efectuar el reconocimiento de la pensión de convencional
reclamada por el peticionario debe acreditar que estaba cobijado por el
régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993, es decir que al 01
de abril de 1994 contará con 40 años de edad o 15 años o más de servicios,
condicionamiento que NO cumplía la solicitante ni por edad ni por tiempos
de servicios por cuanto al 01 de abril de 1994 contaba con 35 años de edad
y solo consolido 12 años 03 meses y 9 días como tiempo de servicios.
Que por lo anterior se niega la pensión sanción solicitada (...)”.

• Resolución RDP 021204 del 18 de agosto de 202231, mediante la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 17965
del mismo año en el sentido de confirmarla. Asimismo, la Resolución 024178
del 16 de septiembre de 202232, mediante la cual, se resolvió en forma
desfavorable recurso de apelación que el actor interpuso en contra de la
Resolución 1765.

• Auto ADP 006055 del 21 de noviembre de 202233, mediante el cual la UGPP se
pronunció sobre el recurso de reposición y en subsidio apelación que el actor
interpuso nuevamente en contra de la Resolución 17965 de 2022, en el que
indicó que, “como quiera que esta Unidad ya resolvió recurso de reposición
interpuesto por el hoy recurrente contra la resolución No. RDP 017965 del 15
de julio de 2022, no hay lugar a proferir nuevo pronunciamiento al respecto,
motivo por el cual se procede al incorporar el recurso que hoy nos convoca para
que haga parte integral del cuaderno administrativo”.

31 Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado 5191B912627A5B43 4806C5256C289792
A06341308BA969A8 ADCEEA2AC0E7E362.
32 Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado 8FCDD4D941816B25 988AEC597D8D0B2C

99C720882D626428BF858525E983CD3E.
33 Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado 220ABD277D802E64 801C0BBC5A62403F

7ABA84BFBF49187C 7677D9D4124AA6CC.
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• Auto ADP 001054 del 1 de marzo de 202434, en el que se consignó:

“(...) Que la solicitud de fecha 14 de noviembre de 2023, la cual versa sobre el
reconocimiento de una pensión convencional, se debe señalar al peticionario que
de acuerdo al histórico de resoluciones que se encuentran al interior del
expediente administrativo, ya la Entidad se ha pronunciado, estableciendo de
manera taxativa que la solicitante no cumple con los requisitos para acceder a la
prestación solicitada, toda vez que para efectuar el reconocimiento de la pensión
de convencional reclamada por el peticionario debe acreditar que estaba
cobijado por el régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993, es decir
que al 01 de abril de 1994 contará con 40 años de edad o 15 años o más de
servicios, condicionamiento que NO cumplía la solicitante ni por edad ni por
tiempos de servicios por cuanto al 01 de abril de 1994 contaba con 35 años de
edad y solo consolido 12 años 03 meses y 9 días como tiempo de servicios.

Que de acuerdo a lo mencionado, es necesario remitirnos a lo estipulado en el
Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece:

En razón a lo expuesto y teniendo en cuenta que la Resolución N. RDP 024178
del 16 de septiembre de 2022 quedo en firme, se procederá archivar la solicitud
incoada y a declarar la firmeza de los actos administrativos proferidos por
anterioridad por la Entidad (...)”

5.3. A partir del contexto expuesto, la Subsección estima que la solicitud de amparo
constitucional resulta improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, pues
está probado que la UGPP ha negado el reconocimiento de la pensión que ahora se
pretende en sede de tutela mediante diferentes actos administrativos. Dichas
decisiones pueden ser enjuiciadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 201135. Asimismo, en dicho procedimiento, el accionante
tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, incluidas aquellas de
urgencia, en los términos de los artículos 229 y siguientes del mismo estatuto.

La Sala considera que la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho
constituye para el actor un medio de defensa idóneo y eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales, pues el actor no probó estar inmerso en condiciones
particulares de vulnerabilidad socioeconómicas que tornen en nugatorios los efectos
del trámite ordinario. Esto con fundamento en las siguientes razones:

34Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado
E2143536408CCBAE 7FEA4FB38695839B A1976136BE67992E DEB4451D102005E7.

35 “ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación
del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo,
esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel”
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i) No demostró tener personas a cargo y, aunque afirmó que su esposa padece
quebrantos de salud y depende económicamente de él, no allegó ninguna prueba que
respaldara dicha afirmación.

ii) En el escrito de tutela indicó que recibe ayuda económica de sus hijas, lo que
evidencia que cuenta con una red de apoyo para sufragar sus necesidades básicas.
Aunque sostuvo que dicha ayuda no resulta suficiente, no aportó medios de convicción
que acrediten que los recursos que percibe son insuficientes para el acceso a vivienda,
salud o servicios públicos. Además, con la solicitud de amparo no presentó
certificación que lo acredite a él y a su núcleo familiar como un hogar vulnerable según
el Sisbén.

iii) Como anexo de la demanda de tutela, se aportó un certificado expedido por la ESE
Centro de Salud de San Bernardo el 10 de mayo de 2020, que señala que el actor
presenta discapacidad física y mental derivada de un trastorno depresivo, dolor en
cadera y hombro, y limitaciones funcionales en el miembro superior izquierdo. Sin
embargo, es importante precisar que la Resolución 113 del 31 de enero de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social establece que la certificación de discapacidad
requiere una valoración clínica multidisciplinaria basada en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Este proceso
debe ser realizado por un equipo de tres profesionales registrados en el Directorio
Nacional de Certificadores de Discapacidad, compuesto por un médico general o
especialista y dos profesionales de áreas como fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social 36.

La certificación aportada por el actor fue expedida por un médico general y no evidencia
la intervención del equipo multidisciplinario exigido por la normativa aplicable. Por tanto,
dicho documento no es suficiente para acreditar en esta instancia que el actor se
encuentra en condición de discapacidad ni que, en consecuencia, requiera una
protección especial que justifique la flexibilización del requisito de subsidiariedad.
Además, incluso después de la fecha de expedición de la certificación, el accionante ha
presentado solicitudes de reconocimiento pensional en sede administrativa sin alegar
tal condición, como se desprende de la lectura de los actos enlistados en el numeral
5.1.

iv) El accionante presentó la primera página de la Resolución 2014-6764484 del 7 de
noviembre de 2014, mediante la cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas resolvió su solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas, con
fundamento en su declaración del 20 de marzo de 2014, en la que afirmó haber sido
víctima de amenaza y secuestro.

36 Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y registro de

localización y caracterización de personas con discapacidad.
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Sin embargo, no aportó la totalidad del acto administrativo, por lo que se desconoce la
decisión adoptada por la entidad respecto a su inscripción en el RUV. En
consecuencia, no está acreditada la calidad de víctima que pretende sustentar.

v) Ahora bien, la consulta en el aplicativo Samai evidencia que el actor, mediante
apoderado, presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura. A dicha
acción le fue asignado el radicado número 11001334306620220033300, en la que
formuló la siguiente pretensión37:

“(...) DECLARAR que la NACIÓN -RAMA JUDICIAL- representada de acuerdo
con el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 por la DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL, es directa y administrativamente responsable
por la decisión judicial adoptada por la Corte Constitucional mediante el Auto
No. 111 de 13 de marzo de 2019, promovido por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, con fundamento en las determinaciones adoptadas en el Auto
664 de 2017, contrariando la orden trigésima de la Sentencia SU-377 de 2014,
por considerar que con la decisión adoptada no se trataba de asegurar a todos
los beneficiarios de la sentencia el ingreso a un empleo público, sino, de
procurar que el mayor número de ellos contara en la medida de lo posible con
dicha oportunidad, contrariando así, lo amparado en la sentencia SU 377 de
2014, al disponer lo siguiente:

“PRIMERO. – DECLARAR cumplida la orden dictada en el numeral trigésimo
de la parte resolutiva de la Sentencia SU-377 de 2014, modulada mediante el
numeral resolutivo 2º del Auto 664 de 2017, por las razones consignadas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. – EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, al Consorcio a cargo de la administración del PAR de
TELECOM y a las posibles entidades receptoras, para que respecto de las
madres y los padres cabeza de familia desvinculados de TELECOM que estén
aún en proceso de nombramiento y/o posesión, lleven a cabo las gestiones que
están en el marco de sus competencias para facilitar dentro de un término
razonable, la vinculación al cargo que les fue ofrecido, siempre que no existan
impedimentos materiales o legales para ello”.

En consecuencia, esta Corporación advierte que el accionante contrató los servicios
de un abogado para presentar una demanda de reparación directa, en la que sostuvo
que las decisiones judiciales adoptadas por la Corte Constitucional, mediante las
cuales se declararon cumplidas las órdenes impartidas respecto de la situación
pensional de los ex trabajadores de Telecom Colombia, le causaron un perjuicio. Esta
circunstancia demuestra que el actor dispone de los medios económicos y la
capacidad para acceder a la justicia ordinaria, lo que desvirtúa cualquier alegato sobre
la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa en los escenarios procesales
adecuados. Por lo tanto, resulta evidente que también puede acudir a la representación

37 El proceso puede ser consultado en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001334306620220033
3001100133.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01104-00
Accionante: Raúl Rivas Palacios

judicial para impugnar la legalidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento de la pensión que ahora solicita mediante la acción de tutela.

Con fundamento en lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la existencia de un
perjuicio irremediable ni de una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica
que justifique la intervención del juez constitucional para evitar una grave afectación
de los derechos fundamentales del actor. La acción de tutela, como mecanismo
excepcional, no puede emplearse para reemplazar los medios de defensa ordinarios
dispuestos por el legislador, salvo en casos en los que se demuestre su ineficacia para
la protección inmediata de los derechos fundamentales, circunstancia que en el
presente caso no se configura.

Aceptar lo contrario implicaría desconocer el principio de subsidiariedad que rige la
acción de tutela, permitiendo que esta supla la omisión o falta de diligencia del
accionante en el ejercicio de los recursos y acciones previstos dentro del marco legal
correspondiente. En consecuencia, se concluye que la controversia planteada debe
ser resuelta dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, a través del medio de
control idóneo y eficaz dispuesto para estos efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por FALTA
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA respecto de La Previsora S.A., la
Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio
de Igualdad y Equidad, Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo y la
Presidencia de la República de Colombia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Raúl
Rivas Palacios en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales —UGPP—
, el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas PAR, y
Fiduagraria S.A, por no superar el requisito de subsidiariedad, en atención a los
motivos consignados en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Ramiro Cubillos Velandia,
identificado con C.C. 79.785.219 y portador de la Tarjeta Profesional No. 106.175 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 75 del Código

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01104-00
Accionante: Raúl Rivas Palacios

General del Proceso, y en los términos y para los efectos del poder que obra en el
índice 00009 del aplicativo Samai.

QUIINTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Alberto Pulido Rodríguez,
identificado con C.C. 79.325.927 y portador de la Tarjeta Profesional 56.352 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de La Previsora S.A. según lo
previsto en el artículo 75 del Código General del Proceso, y en los términos y para los
efectos del poder general contenido en la escritura pública número 0466 del 9 de marzo
de 2023 de la Notaría Sesenta y Dos del Círculo de Bogotá, que obra en los índice
0001638 del aplicativo Samai.

SEXTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

38 Certificado 6F294504C0062931 14BC4B7F7911DC6A F6BE77F1D91C1DE1 1A396A78A1717D8F.

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