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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01105-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01105-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 19 de mayo de 2025 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01105-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Autos
proferidos dentro de proceso de nulidad electoral.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 19 de mayo de 2025, por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 25 de febrero de 2025 el señor Harold Eduardo Sua Montaña promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido
proceso, presuntamente vulnerado con el procedimiento correccional adelantado en
su contra, la imposición de multas y la negativa de concederle amparo de pobreza,
dentro del proceso de nulidad electoral1 que promovió contra algunos ediles de la
Junta Administradora Local (JAL) de Santa Fe2 (Bogotá).

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las siguientes providencias:

3.
Auto del 17 de septiembre de 2024, mediante el cual (a) se negó su petición de
sustituir la notificación por aviso del auto admisorio, por una comunicación dirigida a
los correos electrónicos de los ediles accionados; y (b) se ordenó la apertura de un
trámite sancionatorio, al considerar que dicha solicitud fue impertinente y dilatoria.

1 Rad. 25000234100020240033200
2 Jhon Bisckmar Cruz Parra, Marlon Giovanny Cruz Cotrina, José Orlando Hernández Ramírez, Kevin Yesid

Méndez Cuello, Diana Alejandra Orjuela Sáenz, Ana Cecilia Sabogal Castro y Rosa Evelia Poveda Guerrero.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A

4.
Auto del 19 de septiembre de 2024, que declaró terminado el proceso por
abandono del accionante, al omitir la referida notificación por aviso.

5.
Auto del 7 de noviembre de 2024, en el que se rechazó de plano la recusación
formulada contra el magistrado encargado del proceso.

6.
Auto del 2 de diciembre de 2024, mediante el cual se resolvió: (a) negar la solicitud
del señor Sua de realizar control de legalidad al proceso; (b) rechazar por
improcedente el recurso de reposición contra la decisión de terminación del proceso;
y (c) sancionar al demandante con 5 SMMLV, al estar acreditado que durante el
trámite procesal presentó reiteradas peticiones y recursos infundados y dilatorios.

7.
Auto del 28 de enero de 2025, que (a) rechazó la solicitud de aclaración de la
providencia anterior; (b) negó el amparo de pobreza solicitado por el actor y, (c) como
consecuencia de esa negativa, acorde a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
153 del CGP, le impuso una multa de 1 SMMLV.

8.
Auto del 14 de febrero de 2025, a través del cual se negó la reposición presentada
respecto a los autos del 2 de diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025; y se requirió
al demandante para que hiciera el pago de las multas impuestas so pena de remitir
copia de dichas decisiones a la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de
la DEAJ.

9.
En el escrito de tutela, la parte actora formuló cargos respecto a tres temas
específicos que fueron objeto de pronunciamiento en las providencias cuestionadas:

10.
El rechazo de la recusación formulada contra el magistrado que adelantó el
procedimiento correccional. Alegó la configuración de un defecto sustantivo en esta
decisión, por desconocimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 8 de julio de 2020 – Caso Petro Urrego Vs. Colombia –.
Providencia en la que expresamente se determinó que se presume la falta de
imparcialidad de los “funcionarios judiciales” por la concentración de competencias
para: formular cargos contra un acusado y sancionarlo. Alegó que en su caso
particular ocurrió lo mismo pues, el magistrado titular del Tribunal que consideró
necesario iniciarle procedimiento correccional por presuntas actuaciones dilatorias,
fue quien lo multó.

11.
La imposición de multa por peticiones impertinentes dentro del proceso. Tanto el
procedimiento correccional, como la sanción impuesta, adolecen de defecto
sustantivo por desatender la sentencia C-064 de 2021 de la Corte Constitucional, el
artículo 14 (numeral 3, literales b y d) del Pacto Internacional de Derechos Humanos
y Políticos, y el artículo 8 (numerales 1 y 2 -literales c y d-) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se
garantizó su derecho a la defensa y contradicción, por el otorgamiento de plazos

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A

cortos que le impidieron contar con la posibilidad de ser representado por un
abogado y presentar los recursos con la sustentación requerida.

12.
Además, consideró que hubo una indebida valoración de sus razones de defensa.
No se tuvo en cuenta que la petición de dejar sin efectos la orden de notificación por
aviso se debió a su falta de recursos económicos para adelantar dicha gestión, razón
por la que presentó solicitud de amparo de pobreza antes del término dado para
notificar a los ediles demandados. Reiteró que su requerimiento no buscaba dilatar
el proceso, sino adoptar una medida que garantizara los principios de gratuidad,
eficacia, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

13.
Por último, el actor afirmó que también se configuró un defecto procedimental al
no haberse archivado el procedimiento correccional, luego de que se declaró
terminado el proceso de nulidad electoral, dado que, el primero es accesorio de este
último y no habría razón para seguir con la imposición y cobro de multa, si ya no
existe la causa judicial en la que se produjo.

14.
La multa impuesta por la negativa del amparo de pobreza. Afirmó que el
Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial, específicamente de la
sentencia C-426 de 2024 de la Corte Constitucional, en la que se dispuso que para
la imposición de esta sanción, debía acreditarse la mala fe del solicitante,
circunstancia que no fue siquiera estudiada por la autoridad demandada.

B. Sentencia de primera instancia

15.
Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, la Sección Tercera - Subsección B
del Consejo de Estado, declaró improcedente la solicitud de amparo respecto del
auto del 19 de septiembre de 2024 (que declaró la terminación del proceso) por no
superar el requisito de subsidiariedad. Si bien el demandante presentó recurso de
apelación contra dicha decisión, aquél se declaró desistido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en auto del 10 de abril de 2025, providencia que no fue
cuestionada por el actor, y que permitía considerar que no se agotó el mecanismo
judicial de defensa ordinario.

16.
Negó la tutela en relación con los autos mediante los cuales se rechazó la
recusación y se adelantó y decidió el procedimiento correccional. Consideró que no
hubo desconocimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos – Caso Petro vs. Colombia, al no ser precedente aplicable a su caso, así
como tampoco de las normas internacionales invocadas, por no estar probado que
se impidió al actor ejercer debidamente su defensa durante el trámite de multa.

17.
Descartó que se hubiera configurado el defecto procedimental alegado, pues la
terminación del proceso de nulidad electoral no implicaba el archivo del

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A

procedimiento correccional, dado que, el artículo 44 del CGP dispone que se
tramitaría a través de un incidente independiente.

18.
De otro lado, amparó el derecho al debido proceso del actor en relación con la
negativa a conceder el amparo de pobreza y la consecuente imposición de multa, al
considerar que el Tribunal no resolvió en debida forma los recursos de reposición
interpuestos contra dichas decisiones y omitió estudiar si hubo mala fe del señor Sua
al solicitar el amparo, tal como se ordenó en la sentencia C-426 de 2024.

19.
Por lo anterior, dejó sin efectos: (i) el numeral 3 del auto del 28 de enero de 2025,
mediante el cual se impuso la multa de 1 SMMLV al demandante y (ii) el numeral 2
del auto de 14 de febrero de 2025, en el que se dispuso no reponer el auto del 28 de
enero de 2025 respecto a la negativa del amparo de pobreza. Ordenó al Tribunal
accionado proferir una decisión de reemplazo en la que se pronunciara de fondo
sobre la reposición presentada por el actor y en caso de confirmar la decisión de no
conceder el amparo, atender lo dispuesto en la sentencia C-426 de 2024.

C. La impugnación

20.
La parte actora indicó que el amparo concedido resultaba insuficiente, pues,
aunque se resolviera favorablemente el amparo de pobreza y en consecuencia, se
le designara abogado de oficio, los autos demandados seguían produciendo efectos
jurídicos. Lo anterior, en desconocimiento de que dichas providencias fueron
proferidas sin que pudiera defenderse debidamente, al no contar con la ayuda de un
profesional del derecho para su contradicción.

21.
Reiteró los defectos expuestos en el escrito de tutela frente a cada providencia
demandada, y ahondó en que la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia, sirve
de sustento para que, en su caso, aplique la excepción de inconstitucionalidad de la
norma que contempla el procedimiento adoptado por el accionado para imponerle la
multa (art. 59, Ley 270/1996).

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Análisis del caso concreto

3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A

23. A partir de los motivos de disenso expresados en la impugnación, la Sala limitará

el estudio a las discrepancias, y no se pronunciará respecto a la protección parcial
concedida en el fallo de primera instancia, en lo referente a la solicitud del amparo
de pobreza y la multa impuesta por ese tópico.

24. El primer aspecto para abordar es el relacionado con la improcedencia del amparo

respecto al auto del 19 de septiembre de 2024, en el que se declaró la terminación
del proceso de nulidad electoral.

25. Se comparte la decisión adoptada en primera instancia de declarar que para esa

providencia en específico, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, por no
haberse probado el agotamiento del recurso judicial disponible para controvertirla,
en tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró desistido el recurso de
apelación interpuesto contra dicho auto. Frente a esa determinación no se presentó
objeción alguna en sede judicial.

26. Respecto a los otros cinco autos demandados, pasa la Sala a analizar si se

configuraron los defectos alegados en el escrito de tutela, acorde a los temas
debatidos y que fueron objeto de decisión en dichas providencias.

27. Tanto en el escrito de tutela, como en la impugnación, se afirma que el Tribunal

incurrió en defecto sustantivo al rechazar de plano la recusación interpuesta contra
el magistrado que dispuso el inicio del procedimiento correccional y sancionó. A
juicio del actor se debió tener en cuenta que la sentencia del Caso Petro Urrego Vs.
Colombia, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos censuró la
confluencia de competencias en un funcionario estatal para investigar y sancionar.

28. Alegó que, en virtud de este fallo, era necesario volver a estudiar la exequibilidad

del artículo 59 de la Ley 270 de 1976, norma empleada por el Tribunal accionado
para sustentar la competencia en cabeza del magistrado recusado para iniciar
incidente correctivo e imponerle multa. Bajo la misma argumentación, alegó que era
procedente aplicar a su favor la excepción de inconstitucionalidad del referido
artículo.

29. Para la Sala, no se acreditó el defecto sustantivo en comento, dado que la referida

sentencia no es precedente judicial aplicable a su situación particular, por las
evidentes diferencias fácticas entre ambos casos.

30. En la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida en el caso Petro Urrego Vs.

Colombia, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración
de los derechos políticos del entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro
Urrego, como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilitación
por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la
Procuraduría General de la Nación. La Corte Interamericana determinó que en el
proceso disciplinario se trasgredieron las garantías de imparcialidad, el principio de

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presunción de inocencia y de debida defensa, pues su diseño, acorde a la legislación
interna, implicó la concentración de las funciones investigativas, acusatorias y
sancionatorias en la Sala Disciplinaria del ente de control, al ser la encargada de
emitir el pliego de cargos en su contra y al mismo tiempo, juzgar sobre la
procedencia de estos.

31. En concreto, consideró que es común en los procesos administrativos
disciplinarios la concentración de este tipo de funciones, y ello en sí mismo, no es
incompatible con el artículo 8.1. de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, siempre que dichas competencias fueran ejercidas por instancias o
dependencias diferentes de la entidad de que se trate, para que los funcionarios que
evalúan los méritos de los cargos sean diferentes a quienes formularon la acusación
disciplinaria.

32. Con lo expuesto, es apenas evidente que el caso del actor dista de ser asimilable

al analizado por la Corte IDH, puesto que: (i) el señor Sua Montaña no fue
investigado y sancionado en un proceso disciplinario; (ii) el accionante no fue
sancionado en el ejercicio de un cargo de elección popular; (iii) en el caso
internacional, la medida sancionatoria la profirió la Procuraduría General de la
Nación, mientras que en el caso concreto, la multa fue impuesta por una autoridad
judicial, y (iv) las causas de imposición de inhabilidad e incompatibilidad al señor
Petro fueron totalmente distintas a la razón por la que se multó al accionante.

33. Eneste orden de ideas, no hubo desconocimiento del precedente y, en
consecuencia, tampoco hay justificación suficiente para aplicar a su favor la alegada
excepción de inconstitucionalidad respecto al artículo 59 de la Ley 270 de 1976.

34. De otro lado, sobre el proceso correccional y la multa impuesta por 5 SMMLV, el

actor adujo que el Tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo, por el
desconocimiento de las garantías procesales consagradas en el artículo 14 del
Pacto Interamericano de Derechos Humanos y Políticos y el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, dado que, se le impidió contar con
un abogado de oficio al negarse el amparo de pobreza solicitado y con ello, poder
presentar una defensa adecuada dentro del procedimiento de multa. Además, alegó
que los plazos dados para presentar sus alegatos de defensa fueron muy cortos y
no se compaginaron con su necesidad de obtener un apoderado judicial gratuito,
pudiendo establecer unos más amplios al no estar regulado dicho aspecto dentro
del proceso que se adelantó.

35.Lo primero por indicar es que para la Sala no es de recibo el cuestionamiento
que se hace contra el Tribunal accionado, respecto a la falta de asignación de un
abogado gratuito por el hecho de haber presentado solicitud de amparo de pobreza
y de ello derivar una presunta vulneración al derecho al debido proceso del
accionante. Se considera que el señor Sua Montaña, de forma voluntaria presentó
demanda en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, lo que implicaba para

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él, tener la debida diligencia de determinar si podía adelantar por cuenta propia dicho
proceso, o si por el contrario, preparaba la presentación del medio de control con
ayuda de un apoderado judicial.

36. Es decir, no es aceptable que el actor pretenda endilgar a la parte accionada, la

falta de prevención que tuvo al iniciar un proceso judicial a nombre propio, sabiendo
que podía no contar con los conocimientos jurídicos requeridos para defender sus
propios intereses, y en todo caso, no acudir motu proprio, ante organismos como la
Defensoría del Pueblo, para requerir la ayuda jurídica profesional que pudiera
necesitar.

37. Por ende, se considera que el hecho de no contar con un abogado de oficio al

momento de darse apertura al incidente mediante el cual se le impuso multa, no es
una circunstancia que implique per se, una vulneración a sus derechos de defensa
y contradicción, pues era su deber procurar la defensa de sus intereses, en un
procedimiento correccional iniciado en el marco del medio de control de nulidad
electoral promovido por voluntad propia.

38. A lo cual se suma que el incidente sancionatorio no comporta una complejidad

superior a la que se puede predicar de un proceso electoral, pues en el primero
simplemente se le corre traslado para que presente unas razones de defensa, y no
se contemplan mayores regulaciones procesales, relativas a etapas, términos o
recursos que demanden un conocimiento jurídico especializado.

39. La Sala no pretende desconocer el derecho a contar con el asesoramiento de un

profesional del derecho en los procesos judiciales, pero tampoco puede obviar que
la situación en que se vio inmerso el señor Sua Montaña fue propiciada por su
decisión autónoma de iniciar un proceso sin contar con apoyo profesional, ni solicitar
el amparo de pobreza en ese momento. De manera que si decidió proceder de esa
manera, y la autoridad judicial lo requirió para que rindiera explicaciones por
presentar solicitudes que no contaban con sustento legal, no puede evadir la
eventual sanción excusándose en la ausencia de abogado.

40. Tampoco se considera procedente el argumento del actor orientado a justificar

que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca violó su derecho al debido proceso,
por no haberle otorgado un plazo más amplio para recurrir y presentar la defensa
respectiva frente a las decisiones que se adoptaron en el procedimiento
correccional, respecto del cual señala que no existe una regulación específica.

41. La apertura de ese incidente sancionatorio se sustentó en los poderes
correccionales con que cuentan todos los jueces de la república, acorde a lo
dispuesto en el artículo 44 del CGP, que lo autorizan para imponer multas y
sancionar con arresto a quienes impidan el ejercicio adecuado de la administración
de justicia. Por otro lado, el artículo 295 del CPACA dispone que la presentación de

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peticiones y/o recursos impertinentes que dilaten el proceso puede ser sancionada
con multas de 5 a 10 SMMLV.

42. En virtud de la remisión expresa al CGP, establecida en el artículo 306 del
CPACA, en los asuntos no regulados en dicha norma, se entiende que era aplicable
por el Tribunal accionado, a fin de adelantar el trámite correccional, lo dispuesto en
el primer inciso del parágrafo del referido artículo 44 del CGP, en el que
expresamente se menciona que “Para la imposición de sanciones (…) el juez
seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia. El Juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en
cuenta”.

43. Es decir, a diferencia de lo alegado por el actor, el legislador reguló el
procedimiento a seguir cuando se iniciaran incidentes sancionatorios contra algunas
de las partes en un proceso judicial por presentación de peticiones o recursos
impertinentes y dilatorios. Por ende, se encuentra ajustado a derecho que en los
autos de 17 de septiembre y 2 de diciembre de 2024 se haya mencionado el artículo
59 de la Ley 270 de 1996 como sustento normativo para iniciar la actuación a fin de
determinar si era procedente imponerle multa.

44. En el mencionado artículo 59 ejusdem, si bien no se menciona término específico

para que se ejerza el derecho de defensa, el legislador dispuso que esto debía
hacerse “de inmediato”. Por ende, al habérsele otorgado un plazo de tres días para
presentar los argumentos tendientes a demostrar que la petición de dejar sin efectos
la orden de notificar por aviso el auto admisorio, aun cuando la ley expresamente lo
dispone (en atención a la causal de nulidad electoral invocada), se considera
suficiente y garantista del derecho a la defensa.

45. Es así como, se descarta el defecto sustantivo endilgado al Tribunal demandado,

pues se dio un término prudencial, acorde a la legislación vigente, para que
presentara los respectivos descargos, sin que fuera responsabilidad del Tribunal
designarle un apoderado oficio, cuando era deber del demandante velar por sus
propios intereses, dentro de un proceso judicial que fue iniciado por él mismo. En
todo caso, se advierte que el amparo de pobreza se interpuso de forma posterior al
inicio del proceso, etapa para la cual, tampoco se hizo petición expresa de
asignación de abogado gratuito.

46. Finalmente, el accionante alegó que se incurrió en defecto procedimental al no

haberse ordenado el archivo del trámite de multa iniciado en su contra, luego de que
se declaró la terminación del proceso de nulidad por abandono, pues aquel era un
trámite accesorio a la causa principal.

47. Este argumento carece de fundamento jurídico alguno, pues está acreditado que:

(i) el trámite de multa por presentación de peticiones impertinentes fue decidido de
forma definitiva mediante autos del 28 de enero y 14 de febrero de 2025, y el recurso

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de apelación contra la providencia del 19 de septiembre de 2024, mediante la cual
se declaró la terminación del proceso por abandono, se decidió hasta el 10 de abril
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, es decir, primero terminó el
procedimiento correccional y luego, el proceso judicial; y en todo caso, (ii) el estudio
de posible imposición de multa contra el actor se adelantó en incidente separado de
la causa principal, por ende, su trámite no depende de la duración temporal o incluso
de lo que se decida en el proceso de nulidad electoral.

48.
En ese orden de ideas, comoquiera que el actor no probó que el amparo otorgado
en primera instancia fuere insuficiente, al no haberse demostrado que se habían
configurado los defectos sustantivo y procedimental alegados, sumado a que, no se
acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de uno de estos
autos, se confirmará lo decidido por el a quo.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 19 de mayo de 2025 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

4 VF

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