Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01112-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01112-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01112-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01112-01
Accionante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 12
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor William Eduardo Jaramillo Ramírez, por
conducto de apoderado, contra la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que el señor William Eduardo
Jaramillo Ramírez sufrió lesiones físicas, particularmente en su brazo izquierdo, la
cara y la cabeza, luego de un accidente al caer del techo de una residencia, en la
ciudad de Medellín.
3. El actor señaló que luego de ser atendido en un servicio de urgencias fue remitido
a la ESE Hospital San Rafael del municipio de Itagüí2 y posteriormente fue valorado
por un especialista3, quien solicitó autorización a su entidad prestadora de servicios
de salud (Savia Salud EPS) para la realización de una cirugía de “reconstrucción
de lesión traumática de plexo braquial, técnicas microquirúrgicas”, que adujo fue
negada por la referida EPS4.
4. El apoderado de la parte actora afirmó que el señor Jaramillo Ramírez fue
valorado por otro especialista5, quien realizó un registro en su epicrisis sobre el
pronóstico posible de su condición clínica, priorizando la realización del
procedimiento quirúrgico, posición que también fue acompañada por el especialista
1
Presentada el 27 de febrero de 2025
2
Donde el 13 de octubre de 2013 fue diagnosticado con lesión del plexo braquial (nervio que proporciona al brazo el
movimiento y la sensibilidad).
3
El 19 de febrero de 2014 con el neurocirujano Julián Andrés España.
4
El 3 de marzo de 2014
5
El 29 de julio de 2014, en el Instituto Neurológico de Colombia.
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Acción De Tutela
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Accionante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
inicial6, quien advirtió sobre la necesidad de la cirugía para recuperar la movilidad
del brazo.
5. El accionante interpuso una acción de tutela7 que fue fallada en su favor el 21 de
noviembre de 2014, ordenado la realización de la operación dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes al fallo. El actor sostuvo que, no obstante, la
intervención fue realizada hasta el 16 de enero de 2015, sin que el paciente
presentara mejoría. Adicionalmente, indicó que una vez calificada su condición por
parte de Colpensiones esta determinó que tiene una pérdida de capacidad laboral
del cincuenta punto sesenta y cinco por ciento (50.65%).
6. La parte actora consideró que la causa efectiva y desencadenante del daño
sufrido por el señor Jaramillo Ramírez fue la tardanza en la realización del
procedimiento, por lo que interpuso una demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la EPS ya referida, la cual fue negada en primera
instancia y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante providencia del 16 de septiembre de 2024 notificada en la
misma fecha.
2.2. Fundamento jurídico
7. El apoderado del señor Jaramillo Ramírez adujo que el Tribunal incurrió en un
defecto fáctico por omitir la valoración conjunta e integral de pruebas como el
dictamen pericial del neurocirujano Bernardo Soto Arboleda y los testimonios de los
médicos tratantes Héctor Alfredo Jaramillo Betancur y Julián Andrés España Peña.
8. Afirmó que dichos elementos probatorios eran consistentes en afirmar que la
demora quirúrgica privó al paciente de una legítima expectativa de recuperación,
estableciendo una alta probabilidad de mejoría si la intervención se hubiese
realizado oportunamente.
9. Alegó que, al no considerar estas pruebas, la autoridad judicial accionada
desconoció los requisitos jurisprudenciales para declarar la pérdida de oportunidad
por falla del servicio, precisados en la providencia T-737 de 20128 y un fallo9 de
esta corporación.
10. Sostuvo que el ad quem incurrió en desconocimiento del precedente judicial
al no aplicar los criterios establecidos por el Consejo de Estado 10, que exige: (i)
certeza sobre la existencia de la oportunidad, (ii) imposibilidad definitiva de obtener
el provecho, y (iii) aptitud potencial de la víctima para obtener el beneficio.
11. Afirmó que las pruebas acreditaron que la víctima, operada 15 meses después
del accidente, perdió la posibilidad de recuperación parcial (entre el 10% y el 70%)
que habría existido con una intervención dentro del primer año, según el dictamen
6
El 24 de octubre de 2014
7
En contra de Savia Salud EPS y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia con el propósito de que se tutelara su
derecho a la salud, ante el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-737 de 2012, MP Luis Ernesto Vargas Silva
9
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
10
Consejo de Estado, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18.593, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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y testimonios de los neurocirujanos Soto Arboleda, Jaramillo Betancur y España
Peña.
12. Reprochó que, pese a ello, el Tribunal desestimó el daño por pérdida de
oportunidad al exigir certeza sobre el resultado, desconociendo la jurisprudencia de
esta corporación11, que aclara que basta con la certeza sobre la expectativa, no
sobre su concreción.
13. Por todo lo expuesto, consideró trasgredido su derecho fundamental al debido
proceso y a la administración de justicia, por lo que adujo además que se presentó
una violación directa de la Constitución.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
2. Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. SUSANA NELLY ACOSTA PRADA,
confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el JUZGADO 20
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, negando las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333302020170027800, iniciado por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO
RAMÍREZ y OTROS contra SAVIA SALUD EPS.
3. Se ordene al el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P.
SUSANA NELLY ACOSTA PRADA, proferir una nueva sentencia de reemplazo
haciendo una valoración integral del material probatorio debidamente allegado,
y así revocar la sentencia proferida por el JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, que negó las pretensiones de la demanda dentro
del proceso de reparación directa con radicado 05001333302020170027800,
iniciado por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ y OTROS contra
SAVIA SALUD EPS. .» (Sic)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante auto del 5 de marzo de 202512 a través del cual ordenó
notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y como terceros
interesados en el resultado del proceso a la Alianza Medellín Antioquia EPS SAS.
Savia Salud EPS (autoridad que actuó como demandada dentro del proceso de
reparación directa); a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA
(autoridad que actuó como llamada en garantía dentro del proceso); al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (autoridades que
participaron en el proceso); a los señores Nancy del Socorro Nanclares Sepúlveda,
Anderson Jaramillo Nanclares, Eliana Jaramillo Nanclares (en nombre propio y en
representación de sus hijos menores JJEJ y MFEJ), y Yohnny Andrés Jaramillo
Nanclares (en nombre propio y en representación de su hijo menor JPJA), que
actuaron en calidad de demandantes en el proceso de reparación directa; y al
Juzgado Veinte Administrativo de Medellín, autoridad que dictó sentencia de
primera instancia dentro del proceso con radicado Nro. 05001-33-33-020-2017-
11
Consejo de Estado, sentencia del del 5 de abril de 2017 (exp. 25706, M.P. Ramiro Pazos Guerrero)
12
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00278-00/01.
16. Asimismo, reconoció personería al abogado Juan David Vallejo Restrepo como
apoderado judicial de la parte demandante, en los términos del poder conferido.
2.4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia Despacho 01213 a través de la
magistrada Susana Nelly Acosta Prada, señaló que mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2024 confirmó el fallo del Juzgado Veinte (20) Administrativo del
Circuito de Medellín, negando las pretensiones del proceso de reparación directa.
Afirmó que la decisión respetó el debido proceso y que en la acción interpuesta no
se acreditaron sus requisitos de procedencia, en particular, el de subsidiariedad y
el de relevancia constitucional.
2.4.2. El Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito de Medellín14, por
intermedio de su titular, afirmó que actuó conforme a derecho y que no se
configuraron vicios ni defectos que afecten derechos fundamentales con su
decisión, por lo que solicitó su desvinculación del trámite de tutela al no cumplirse
los requisitos de procedencia de la acción. Adicionalmente, remitió el link de acceso
al proceso.
2.4.3. La Caja de Compensación Familiar de Antioquia- Comfama15, por
conducto de apoderada, sostuvo que actuó como llamada en garantía dentro del
proceso ordinario y que no tiene legitimación por pasiva en la presente acción
constitucional, por lo que solicitó su desvinculación al no haber trasgredido ningún
derecho fundamental del actor. Adicionalmente, señaló que no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional ni el de inmediatez, toda vez que la acción fue
promovida meses después sin ninguna justificación al respecto.
17. Además, afirmó que no se configuró el defecto fáctico alegado, teniendo en
cuenta que los peritos médicos manifestaron la incertidumbre sobre la recuperación
del accionante, incluso con una cirugía temprana.
2.4.4. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada16
18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela
carece del requisito de relevancia constitucional, pues se limitó a replicar
cuestionamientos probatorios que ya fueron discutidos y resueltos por los jueces
naturales del proceso.
19. Indicó que, como lo ha precisado reiteradamente esta corporación, el simple
desacuerdo con el contenido de una providencia no constituye, por sí solo, una
vulneración ius fundamental ni habilita el uso de la tutela como una instancia
adicional.
13
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14
Índice 10 del aplicativo SAMAI
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Índice 11 del aplicativo SAMAI
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20. Señaló que en el caso concreto, el actor denunció un supuesto defecto fáctico
por omisión en la valoración de pruebas periciales y testimoniales, así como un
presunto desconocimiento del precedente sobre la pérdida de oportunidad, pero
constató que estos mismos planteamientos fueron abordados en el proceso
contencioso desde la primera instancia, donde el Juzgado Veinte (20)
Administrativo de Medellín estructuró el problema jurídico con base en la eventual
falla médica vinculada a una pérdida de oportunidad derivada de la demora en
autorizar un procedimiento quirúrgico.
21. Sostuvo que, contrario a lo planteado por la parte actora, el juzgado sí analizó
en detalle el dictamen rendido por el Dr. Bernardo Soto Arboleda, quien, si bien
estimó que una cirugía temprana podría haber ofrecido un rango de recuperación
entre el 10 % y el 70 %, dejó claro que no existía certeza clínica sobre ese
pronóstico debido a la severidad de la lesión del plexo braquial, planteamiento al
que se sumó el del Dr. Héctor Alfredo Jaramillo Betancur que advirtió que no había
señales de reinervación e indicó que, aun con intervención oportuna, las
expectativas funcionales del paciente eran limitadas y esencialmente inciertas.
22. Señaló que si bien el Dr. Julián Andrés España Peña, médico tratante, ofreció
una visión más optimista al señalar que la cirugía entre los 6 y 12 meses podría
brindar hasta un 70 % de mejoría funcional, admitió que esta nunca sería total ni
podía garantizarse, por lo que en ese entendido, la divergencia de criterios
presentada en los dictámenes médicos llevó al juzgado a concluir que no se
acreditó con certeza una pérdida de oportunidad, dado que el nexo entre la
tardanza administrativa y la supuesta evolución clínica favorable era meramente
conjetural, y no estaba avalado por prueba científica concluyente ni por la evolución
efectiva del paciente.
23. Adicionalmente, expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
segunda instancia, reiteró el enfoque del a quo y pese a que aceptó que hubo una
demora en la autorización del procedimiento, consideró que ésta no generó un daño
antijurídico imputable a la entidad demandada, ya que el tratamiento fue practicado
dentro de la ventana terapéutica estimada, y no se acreditó que con cirugía precoz
se hubiese obtenido un resultado clínico diferente por lo que calificó como
especulativas las proyecciones de mejoría formuladas en abstracto, e insistió en la
falta de consenso técnico respecto al pronóstico.
24. Finalmente, la Sección Cuarta sostuvo que no advirtió la configuración de un
defecto fáctico, puesto que ni en la acción de tutela ni en la impugnación se
formularon argumentos que evidencien una valoración probatoria irrazonable o
arbitraria que permita establecer que este se presentó. Y frente al desconocimiento
del precedente alegado indicó que en realidad se dirigió a cuestionar la valoración
de las pruebas del proceso, pues el actor consideró que estaban acreditados los
elementos desarrollados en la jurisprudencia contenciosa para declarar el daño por
pérdida de la oportunidad, por lo que precisó, que este no se acredita con su simple
discrepancia con la decisión judicial, y no demanda la intervención del juez
constitucional.
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2.7. Impugnación17
25. El apoderado del señor Jaramillo Ramírez reiteró lo planteado en su escrito de
tutela respecto a que el Tribunal vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de su representado al incurrir en un defecto fáctico por omitir pruebas claves, como
el dictamen del Dr. Bernardo Soto y los testimonios médicos que adujo le eran
coincidentes.
26. Alegó nuevamente que se aplicó un estándar de certeza absoluta, contrario a
la jurisprudencia sobre pérdida de oportunidad, y que se desconoció el precedente
vinculante aplicable. Sostuvo finalmente que la tutela no es una tercera instancia,
sino un mecanismo para corregir decisiones judiciales arbitrarias, por lo que solicitó
revocar el fallo del a quo y tutelar los derechos fundamentales invocados.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia del 16
de septiembre de 202418 que confirmó la providencia del 14 de septiembre de
202019 dictada por el Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito de Medellín,
dentro del medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado 05001-
33-33 020-2017-00278-00/01, incurrió en los defectos fáctico, por desconocimiento
de precedente y por violación directa de la Constitución, y con ellos, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor William Eduardo Jaramillo Ramírez.
29. Previo a lo anterior es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular el de relevancia constitucional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
30. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
17
Índice 27 del aplicativo SAMAI
18
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 9_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_26_2_202510_2_8_20250228105546556
19
Ibidem, 8_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_26_2_202510_2_7_20250228105546259
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31. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de
amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
32. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial
y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar
controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
33. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
34. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito20. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.
35. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 202221, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
36. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario de ni connotaciones particulares o privadas que no representen un
20
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo
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interés general22. Negrillas y subrayas de la Sala.
37. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del
caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual
supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»23.
38. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»24.
3.3.2. Del caso concreto
39. La Sala advierte que confirmará la decisión de primera instancia, toda vez que
la acción de tutela contra providencias judiciales exige, como condición ineludible
de procedencia, que se configure un asunto de relevancia constitucional que no
haya sido adecuadamente resuelto por los jueces naturales de la causa. Esta
exigencia se fundamenta en la excepcionalidad del amparo como mecanismo de
control.
40. Así las cosas, una vez analizados los hechos y argumentos presentados por la
parte actora se evidencia que simplemente reiteran los planteamientos vertidos en
la demanda de reparación directa y en los alegatos del proceso ordinario, sin
incorporar elementos que permitan identificar una afectación real, directa y grave
de sus derechos fundamentales.
41. En este caso, el actor plantea la existencia de una omisión probatoria y el
desconocimiento del precedente jurisprudencial, con los que en su sentir se
configuró una pérdida de oportunidad, pero, no obstante, la Sala observa que
dichos argumentos fueron ampliamente ventilados en el proceso ordinario.
42. En ese entendido, tanto el Juzgado Veinte Administrativo de Medellín como el
Tribunal Administrativo de Antioquia abordaron el fondo del litigio examinando los
peritajes, los testimonios médicos y la jurisprudencia y concluyeron que no se
acreditó con certeza la pérdida de oportunidad alegada.
43. Desde esta perspectiva, no se identifica una actuación judicial arbitraria o
irrazonable que justifique la intervención excepcional del juez de tutela por lo que
22
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
23
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
24
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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la acción deviene improcedente, al no evidenciarse una vulneración concreta de
derechos fundamentales.
44. Aunado a lo anterior, pese a que la parte actora le endilgó a las providencias
los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente y por violación directa de
la Constitución, no desarrolló con suficiencia cómo estos afectan el núcleo esencial
del derecho al debido proceso o al acceso a la administración justicia. Así las cosas,
la simple invocación de la presunta existencia de estos, no configura, por sí sola,
una cuestión de relevancia constitucional.
45. Por lo expuesto, es pertinente recordar lo dispuesto por la jurisprudencia
constitucional respecto a este requisito general de procedencia excepcional25 de la
acción de tutela contra providencia judicial, que reafirma la postura de la Sala para
confirmar la improcedencia de la acción presentada por la parte actora:
«. 45. Relevancia constitucional26. El juez constitucional no puede estudiar
cuestiones que carezcan de una clara y marcada importancia constitucional, en tanto
estaría involucrándose en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones27.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa,
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes28 Así, con el fin
de evitar que la acción de tutela se desnaturalice y se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates ya zanjados por el juez ordinario, la Corte ha señalado
que para entender cumplida la relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: (i) la controversia debe
versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico; (ii) el
caso debe suscitar algún debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental; y (iii) debe advertirse, prima facie, una posible actuación
de la autoridad judicial accionada ostensiblemente arbitraria, ilegítima y violatoria del
debido proceso, que amerite la intervención del juez constitucional29 » Subrayas de
la Sala
46. Con todo, se comparten los planteamientos de la Sección Cuarta en primera
instancia, donde se concluyó que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa de los defectos alegados, ni en la acción de tutela ni en la
impugnación, que permitieran evidenciar una valoración probatoria irrazonable que
determinara la existencia del defecto fáctico reprochado, aunado a que el supuesto
desconocimiento del precedente también iba encaminado a cuestionar la valoración
probatoria respecto a la pérdida de oportunidad, por lo que el simple disenso con la
decisión al respecto no constituye una trasgresión ius fundamental que amerite la
intervención en sede constitucional.
47. Por todo lo expuesto, en los términos en que fue planteada la controversia, la
Sala confirmará la improcedencia de la presente acción de tutela, pues se evidenció
que la misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, toda vez
que el tutelante no fundamentó ni demostró con suficiencia la presunta vulneración
de los derechos fundamentales deprecados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
25 Ver entre otras, la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005 MP Jaime Córdoba Triviño.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-316 de 2023, MP Alejandro Linares Cantillo
27 Ibídem
28 Ibídem
29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reiterada en sentencias SU-128 de 2021 y SU-214 de 2022.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-01
Accionante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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