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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01119-00

Fecha
4 de abril de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01119-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Emerson Rodríguez Sánchez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01119-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01119-00
Demandante: Emerson Rodríguez Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01119-00
Demandante: EMERSON RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional
del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos / SUBSIDIARIEDAD - El accionante tenía a su alcance el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones mediante las
cuales la Secretaría de Hacienda Departamental del Magdalena negó la prescripción de la
acción de cobro.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Emerson Rodríguez
Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Juzgado Noveno
Administrativo de Santa Marta y la Secretaría de Movilidad de Santa Marta.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 14 de enero de la presente anualidad1, el señor Emerson Rodríguez Sánchez
interpuso demanda de tutela contra la Secretaría de Movilidad de Santa Marta, el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Noveno Administrativo de
Santa Marta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia2, con ocasión de la negativa de
las autoridades administrativas a declarar la prescripción de la acción de cobro de

1 Se advierte que el 21 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También consideró desconocido el principio de legalidad.

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Demandante: Emerson Rodríguez Sánchez

algunos comparendos y de los fallos proferidos dentro de la acción de cumplimiento
con radicado 47001-3333-009-2024-00312-01. Formuló la siguiente petición
(transcripción textual):

Que se amparen mis derechos fundamentales a la legalidad, defensa, debido
proceso y acceso a la justicia y se ordene al organismo de tránsito aplicar la
prescripción del (los) comparendo(s) 47053001000018483668 Y
MAG0062102 y los elimine del SIMIT y de toda base de datos de infractores.

2. Como fundamentos fácticos, el señor Emerson Rodríguez Sánchez señaló:

3. Que la Secretaría de Movilidad Departamental del Magdalena le impuso los
comparendos identificados con los números 47053001000018483668 y
MAG0062102. Dicha entidad dejó transcurrir más de 3 años desde que se impuso
la sanción sin notificar el mandamiento de pago respectivo, razón por la cual solicitó
a la Secretaría de Movilidad Departamental del Magdalena que se declarara la
prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código nacional
de Tránsito, en concordancia con el artículo 162 ejusdem, el artículo 100 de la ley
1437 de 2011, los artículos 818 y 826 del Estatuto Tributario y la sentencia por el
Consejo de Estado el 11 de febrero de 20163, en el proceso con radicado 11001-
03-15-000-2015-03248-00.

4. La petición se resolvió desfavorablemente y, en consecuencia, ejerció el medio
de control de cumplimiento, previa constitución en renuencia de la autoridad
administrativa.

5. El Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta, en providencia del 14 de
noviembre de 2024, declaró improcedente la referida acción, por considerar que la
parte accionante tenía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para cuestionar la legalidad del acto administrativo que impuso la sanción. La
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
providencia del 5 de diciembre de 2024.

6. El actor considera que las autoridades judiciales que conocieron del proceso de
origen vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al concluir que el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, mas no el de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos.

3
M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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7. A su juicio, lo que pretende no se ajusta al medio de control señalado en las
providencias censuradas, toda vez que no persigue la nulidad de acto administrativo
alguno, sino que la autoridad demandada cumpla lo previsto en la ley y declare la
prescripción de las infracciones de tránsito.

8. Finalmente, reprochó que las autoridades judiciales demandadas no hayan
considerado que para interponer el contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho debe actuar por intermedio de apoderado, y él no cuenta con los recursos
para sufragar los servicios de un abogado.

B. Trámite impartido

9. De la solicitud de amparo inicialmente conoció el Juzgado 67 Civil Municipal de
Bogotá, que, en providencia del 15 de enero de 2025, admitió la tutela contra la
Secretaría de Movilidad de Santa Marta4 y vinculó a la Federación Colombiana de
Municipios, en calidad de administradora de la plataforma Simit, a la Secretaría de
Hacienda del Departamento del Magdalena, a la Gobernación del Departamento
del Magdalena, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento y Depuración de Santa Marta y al Juzgado 13 Penal Municipal
Conocimiento de Ibagué.

10. Posteriormente, con auto del 23 de enero de 2025, vinculó a la Oficina de
Tránsito y Transporte del Departamento del Magdalena, como parte demandada,
en virtud del informe que presentó la Secretaría de Movilidad Multimodal y
Sostenible de Santa Marta.

11. Mediante fallo del 28 de enero de 2025, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá
negó las pretensiones de la solicitud de amparo, y el señor Rodríguez Sánchez
inconforme con la decisión, la impugnó.

12. En segunda instancia conoció el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, que
declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia5, por considerar que la parte
accionante también estaba inconforme con las providencias que profirieron el
Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, dentro del referido proceso, razón por la cual, remitió la solicitud de
amparo a esta Corporación, por estimarla competente, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 333 de 2021.

4
Bajo el radicado 110014003-067-2025-00007-00.
5
Auto del 25 de febrero de 2025.

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13. En orden de lo anterior, una vez repartida la acción de tutela de la referencia, la
magistrada ponente, mediante auto del 7 de marzo de 2025 avocó su conocimiento
y ordenó la vinculación del Tribunal Administrativo del Magdalena y del Juzgado
Noveno Administrativo de Santa Marta.

C. Intervenciones

14. La Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta solicitó que
se niegue el amparo, por cuanto no vulneró derecho fundamental alguno. Además,
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las multas en
cuestión fueron impuestas por la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena.

15. La Secretaría de Hacienda del Departamento del Magdalena pidió que se
declare la improcedencia de la acción, por tratarse de un asunto que debe
resolverse por la vía judicial ordinaria.

16. La Federación Colombiana de Municipios requirió la desestimación de las
pretensiones de la demanda, pues no es la responsable de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del accionante.

17. Explicó que los datos publicados en el Simit corresponden a la información que
reportan los organismos de tránsito por ser los responsables de la expedición de
los actos administrativos que se reflejan en el sistema; por lo tanto, es deber de
estas autoridades actualizar el estado de las multas impuestas en su jurisdicción.

18. La Gobernación del Magdalena solicitó su desvinculación, dado que no es
responsable de las acciones u omisiones que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales del accionante. Afirmó que la responsabilidad recae en la
Oficina de Gestión Tributaria, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Magdalena.

19. La Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena solicitó despachar
desfavorablemente la demanda de tutela, dado que no hay vulneración de los
derechos fundamentales del ciudadano y, además, existen otros medios judiciales
idóneos para resolver las pretensiones del accionante.

20. La titular del Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta realizó el recuento
de la actuación procesal surtida en el medio de control de cumplimiento con
radicado 47001- 33-33-009-2024-00312-00.

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21. Resaltó que conoció del proceso en primera instancia y que, mediante sentencia
del 14 de noviembre de 2024, declaró la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con
otro instrumento judicial para obtener el cumplimiento de la norma que invoca.

22. Los Juzgados Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y
Depuración de Santa Marta y 13 Penal Municipal de Conocimiento de Ibagué
guardaron silencio en esta oportunidad, al igual que el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

E. Problemas jurídicos

24. En primer lugar, debe la Sala señalar que, si bien es cierto, la única pretensión
incoada en el escrito de amparo se dirige contra la autoridad administrativa, a fin de
que se declare la prescripción de la acción de cobro de los comparendos números
47053001000018483668 y MAG0062102, también lo es que de la lectura integral
de la demanda se extrae que el señor Emerson Rodríguez Sánchez reprocha las
sentencias del 14 de noviembre y del 5 de diciembre de 2024, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, respectivamente. Precisamente por ello el Juzgado 49 Civil del Circuito
de Bogotá declaró la nulidad del fallo de tutela proferido inicialmente por el Juzgado
67 Civil Municipal de Bogotá y remitió el expediente a esta Corporación.

25. En ese orden, corresponde a la Sala, de un lado, (i) determinar si la solicitud de
amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial,
particularmente, el de relevancia constitucional; y de otro, (ii) examinar si la acción
de amparo es procedente para conseguir que la autoridad administrativa
demandada declare la prescripción del cobro de los comparendos, como lo pretende
el señor Rodríguez Sánchez.

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F. Análisis de la Sala

Relevancia constitucional

26. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente6 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

28. En el caso bajo estudio, en relación con el primer problema jurídico planteado,
la Sala advierte que la tutela no cumple con la carga argumentativa mínima exigida
para censurar providencias judiciales y, además, tiene la intención de revivir la
controversia planteada en sede ordinaria.

29. En efecto, aunque el actor se encuentra inconforme con las providencias
judiciales emitidas en primera y segunda instancia del medio de control de
cumplimiento con radicado 47001-3333-009-2024-00312-01, lo cierto es que no
explicó suficientemente en qué consiste la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

30. El desacuerdo con las providencias judiciales es evidente, pero los argumentos
expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela realice el
estudio de fondo.

31. Nótese que el señor Emerson Rodríguez Sánchez se limitó a señalar que las
autoridades judiciales demandadas vulneraron sus garantías porque determinaron
que el medio de control procedente era el contencioso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero no expuso cuál es el vicio o defecto en el que incurrieron los

6
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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jueces naturales de la causa, ni determinó en qué forma se materializa la violación
invocada en el caso concreto.

32. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de
manera escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es
necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea
producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto.
Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la
Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales7.

33. Amén de lo anterior, para la Subsección es evidente que el señor Emerson
Rodríguez Sánchez pretende reabrir el debate zanjado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, al resolver en segunda instancia la acción de
cumplimiento con radicado 47001-3333-009-2024-00312-01, consistente en definir
cuál era el medio de control idóneo para controvertir los actos mediante los cuales
las autoridades administrativas negaron la prescripción de la acción de cobro de los
comparendos 47053001000018483668 y MAG0062102, pues mientras que el
operador judicial indicó que es el de nulidad y restablecimiento del derecho, el
accionante insiste en que el procedente es el de cumplimiento.

34. Esa discusión fue abordada justamente por el Juzgado Noveno Administrativo
de Santa Marta, que, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, discurrió:

De todo lo anteriormente expuesto, es del caso concluir, que la norma cuyo
cumplimiento se reclama no contiene un mandato imperativo, indudable e
inobjetable que pueda ordenarse cumplir a través de la presente acción, es
decir, que no dispone una situación de inmediato cumplimiento, ya que la
parte demandante recurre a una interpretación normativa para argumentar la
forma en que dichas disposiciones resultan aplicables a su situación
particular, sino que el objeto que tiene la parte actora, cuenta con mecanismo
idóneo para las pretensiones de la demanda dentro de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

Consecuencia de lo anterior, frente a la inexistencia de un deber imperativo e
inobjetable, escapa al ámbito de aplicabilidad de la acción de cumplimiento la
declaración solicitada, sin que sea necesario examinar los restantes requisitos
de prosperidad.
(…)
Bajo este hilo conductor, se enfatiza que Ia acción de cumplimiento no es el
mecanismo idóneo para dirimir conflictos sobre el contenido y alcance de
previsiones legales que consagran garantía o conceden derechos particulares
como Io son las normas que regulan el presente asunto.

7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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En virtud de lo antes señalado, es dable afirmar que la acción bajo estudio se
torna improcedente para exigir el cumplimiento de derechos particulares o
subjetivos, cuando el actor puede exigir su cumplimiento ejercitando otro
medio judicial, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

35. Inconforme con lo decidido, el señor Emerson Rodríguez Sánchez interpuso
recurso de apelación con el siguiente argumento:

Tampoco se tuvo en cuenta que no tenía otro mecanismo judicial para hacer
efectivo el cumplimiento del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, el
artículo 818 del Estatuto Tributario, el Concepto 20191340341551 DEL 17 DE
JULIO del Ministerio de Transporte, la Sentencia del Concejo de Estado
11001-03-15-000-2015-03248-00 del 11 de febrero de 2016 Consejero
Ponente ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES, el artículo 28 de la
Constitución Política de Colombia y la sentencia C 240 de 1994 en
concordancia con el artículo 10 de la ley 1437 de 2011, el artículo 162 del
Código Nacional de Tránsito y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011.

Y en este caso no era procedente recurrir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y al medio de control de nulidad simple ni a la
acción de grupo pues no se estaba pidiendo que se anulara una norma o que
se protegieran derechos colectivos sino que precisamente se estaba pidiendo
era que se CUMPLIERAN unas normas y el medio obvio e ideal para esto es
precisamente el medio de control de cumplimiento y no otro.

36. La controversia fue zanjada finalmente por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024, sostuvo:

(…) descendiendo al caso que nos ocupa se vislumbra a todas luces que el
principio de subsidiariedad de la acción sub iuris no se halla acreditado, toda
vez que el extremo accionante dispone de otros mecanismos judiciales a fin
de controvertir las decisiones proferidas por las autoridades administrativas al
interior de los procedimientos de cobro coactivo. A lo sumo, surge como
imperativo mencionar que de las pruebas allegadas a la contención se deduce
que, a través de oficios SLSVMG-17128 del veinticinco (25) de septiembre de
dos mil veinticuatro (2024) y SL-14130 del veintidós (22) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024), se resolvió negativamente frente a la petición incoada por
el aquí accionante consistente en la declaratoria de prescripción de los
comparendos números MAG0062102 de calenda treinta (30) de diciembre de
dos mil veinticuatro (2024) y 47053001000018483668 de data diez (10) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), aspecto del cual se infiere que, si el
accionante se encontraba en desacuerdo con lo resuelto por el ente
administrativo respectivo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho podía acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
a efectos de acusar de censura el acto administrativo en cuestión y no
emplear la acción de cumplimiento sub lite para lo pertinente toda vez que la
misma se encuentra revestida de un carácter residual.

De conformidad con lo esbozado en forma precedente, se itera que dentro del
asunto sub-iuris resulta improcedente utilizar como mecanismo de defensa la
acción de cumplimiento frente a la aplicación los artículos artículo 159 y el
artículo 818 del Estatuto Tributario, toda vez que la solicitud de cumplimento
sub examine no tiene otro propósito más que controvertir una decisión
expedida dentro de un procedimiento coactivo, decisión cuya legalidad puede
ser puesta en tela de juicio en concordancia con lo establecido en los artículos
100, 101,137 y 138 de la Ley 1437 del 2011, máxime cuando no se vislumbra
ni se acredita siquiera sumariamente la eventual materialización de un
perjuicio irremediable.

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37. Para la Sala, los argumentos expuestos por las autoridades judiciales
accionadas son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional, el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez
de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente tanto
por el Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta como por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con suficiente motivación.

38. Lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte
actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no
constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga, por lo
que se impone declarar improcedente la solicitud de amparo, en lo que concierne a
las sentencias proferidas en el medio de control de cumplimiento con radicado
47001-3333-009-2024-00312-01, ante el evidente incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

39. En cuanto al segundo problema jurídico, relacionado con la procedencia de la
acción de tutela para conseguir que la autoridad administrativa demandada declare
la prescripción del cobro de los comparendos, como lo pretende el señor Rodríguez
Sánchez, visto el material probatorio allegado al expediente, se advierte que:

• Frente a la orden de comparendo MAG0062102 de 30 de diciembre de 2016, la
Secretaría de Hacienda del Departamento de Magdalena libró mandamiento
ejecutivo No. 470010000457 del 28 de noviembre de 2019, notificado por aviso,
de conformidad con lo previsto en el artículo 568 del Estatuto Tributario 8. En
firme el mandamiento de pago, la entidad continuó con la ejecución del proceso
de cobro coactivo y profirió medida de embargo en contra del deudor (de la
información allegada no se establece la fecha de la medida).

• En relación con la orden de comparendo 47053001000018483668 del 10 de
diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda del Magdalena libró mandamiento
ejecutivo No. 470010002902 de 7 de noviembre de 2020, notificado por aviso,
de conformidad con lo previsto en el artículo 568 del Estatuto Tributario 9. En
firme dicho mandamiento, la entidad continuó con la ejecución del proceso de
cobro coactivo y profirió medida de embargo en contra del deudor (de la
información allegada no se establece la fecha de la medida).

8
Dado que no fue posible la notificación personal, la cual se intentó conforme al artículo 826 del
Estatuto Tributario, pero no fue exitosa, porque la empresa de correo devolvió el envío que se remitió
a la última dirección registrada en la plataforma RUNT por el usuario.
9
Ibidem.

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40. Al margen del proceso coactivo, el 16 de febrero de 2024, el señor Emerson
Rodríguez Sánchez presentó petición ante la Secretaría de Hacienda del
Magdalena, en la que solicitó que se declarara la prescripción de la acción de cobro
de los comparendos MAG0062102 del 30 de diciembre de 2016 y
47053001000018483668 del 10 de diciembre de 2017, la cual se atendió
desfavorablemente mediante el Oficio SL14128 de 19 de febrero de 2024, enviado
al correo electrónico el 29 de febrero siguiente. En esa oportunidad, la entidad le
puso de presente la expedición y notificación de los respectivos mandamientos de
pago, que interrumpieron el término prescriptivo y dieron paso a la ejecución del
cobro.

41. El 24 de septiembre de 2024, el accionante radicó petición en el mismo sentido,
que fue resuelta mediante el Oficio SLSVMG-17128 del 25 de septiembre siguiente,
en el que se indicó que la entidad atendió una solicitud idéntica mediante el Oficio
SL14128 de 19 de febrero de 2024, y se advirtió que, incluso, en cumplimiento de
un fallo de tutela (radicado 2024-00039-00), se pronunció nuevamente sobre la
prescripción de la acción de cobro, reiterando los argumentos ya esbozados en la
primera respuesta.

42. El anterior recuento evidencia que, al margen del proceso de cobro coactivo, la
petición del deudor provocó un pronunciamiento de la Administración en torno a la
procedencia o no de declarar la prescripción de la acción de cobro de los referidos
comparendos, al tiempo que dio lugar a la expedición de los Oficios SL14128 de 19
de febrero y SLSVMG-17128 del 25 de septiembre de 2024, actos administrativos
susceptibles de ser controvertidos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

43. En ese orden, para la Sala es claro que el accionante contaba con un
mecanismo judicial ordinario idóneo y eficaz para controvertir las decisiones
proferidas por la administración departamental, que, a su juicio, vulneraron sus
derechos fundamentales.

44. Sin embargo, no acreditó haber ejercido dicho medio de control ordinario, a lo
que se suma la insistencia en justificar su inactividad con el argumento de que no
persigue la nulidad de acto administrativo alguno, sino simplemente el cumplimiento
de una disposición legal.

45. De ahí que, a juicio de la Sala, la acción de tutela se torne improcedente para
ordenar a las autoridades administrativas que apliquen la prescripción pretendida
por la parte actora, pues, de lo contrario, se estaría aceptando reemplazar los

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01119-00
Demandante: Emerson Rodríguez Sánchez

mecanismos previstos por el legislador para la defensa de los derechos. La tutela,
se repite, no procede cuando el interesado deja de ejercer los mecanismos que el
ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos
fundamentales en los procesos ordinarios10.

46. Quedan, pues, resueltos los problemas jurídicos planteados: la acción de tutela
promovida por el señor Emerson Rodríguez Sánchez deviene improcedente por
incumplimiento de los requisitos de (i) relevancia constitucional, en lo que atañe al
ataque dirigido contra las sentencias dictadas en el medio de control de
cumplimiento con radicado 2024-00312-01, y (ii) subsidiariedad, respecto de la
pretensión encaminada a que se declare la prescripción de la acción de cobro de
los comparendos MAG0062102 del 30 de diciembre de 2016 y
47053001000018483668 del 10 de diciembre de 2017.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Emerson Rodríguez Sánchez, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

10
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona
que «no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para
obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión
propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal».

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Demandante: Emerson Rodríguez Sánchez

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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