Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01134-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01134-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01134-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01134-01
Demandante: Willintong Gómez Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01134-01
Demandante: WILLINTONG GÓMEZ PALACIOS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - El accionante
cuenta con otro mecanismo ordinario que es idóneo y eficaz como el medio de control de nulidad
electoral, el cual, incluso, ya ejerció y se encuentra surtiendo el trámite correspondiente ante esta
Corporación / PERJUICIO IRREMEDIABLE – El accionante no demostró que los mecanismos
ordinarios no sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse en una situación que por su
inminencia y gravedad amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 7
de abril de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 27 de febrero de 2025, el señor Willintong Gómez Palacios2 interpuso acción de
tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso3, con ocasión de la Resolución 002638 de 18 de febrero
de 2025, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional designó al señor Luis
Alfredo Giraldo Álvarez, como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego
Luis Córdoba. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales constitucionales al
DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD (artículo 29 Superior) y AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA, establecido en la constitución política de Colombia,
(artículos 69 Superior), Ley 30 de 1992 (Artículo 28, 29, 30, 64 y 65), Acuerdo
0001 de 2017, por el cual se expide el “Estatuto General de la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba” (Especialmente, el artículo 45),
que están siendo vulnerados por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y EL
1
Se advierte que el 6 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Actúa en calidad de egresado de la Universidad, para acreditarlo aportó copia de su tarjeta profesional de abogado,
SAMAI índice 002.
3 También invocó el derecho a la «legalidad y a la autonomía universitaria».
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Demandante: Willintong Gómez Palacios
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – SUBDIRECCIÓN DE
INSPECCION Y VIGILANCIA, con la expedición de la RESOLUCIÓN
No.002638 18 FEB 2025 por la cual se da por terminada una designación y
se designa un nuevo Rector y Representante Legal de la Universidad
Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba – en el marco de la vigilancia
especial dispuesta en la Resolución No. 018742 del 06 de octubre de 2023,
en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia. A la Universidad
Tecnológica del Chocó, a mi como estudiante y trabajador de la misma y a
toda la comunidad chocoana. Pero también, al mismo mandato constitucional
y legal.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, se ORDENE al PRESIDENTE DE LA
RPÚBLICA Y AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL –
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCION Y VIGILANCIA representados legalmente
por el MINISTRO DE EDUACION DANIEL ROJAS MEDELLIN, o quien haga
sus veces al momento de cumplir lo ordenado por el honorable juez
constitucional. Al presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO, la orden de retiro de la vida jurídica del acto administrativo
RESOLUCIÓN No.002638 18 FEB 2025, de manera definitiva. De considerar
el honorable Juez constitucional que no puede tutelar los derechos
definitivamente, entonces, que lo haga transitoriamente hasta que el juez
natural así lo haga.
2. Como medida provisional, solicitó «suspender provisionalmente el acto administrativo
Resolución No. 002638 18 FEB 2025, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
hasta tanto se resuelvan las demandas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y
Nulidad Electoral que se tramitan en el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito
de Quibdó y Consejo de Estado respectivamente».
3. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. Mediante la Resolución 011010 del 5 de julio de 2024, el Ministerio de Educación
Nacional decidió reemplazar al señor David Emilio Mosquera Valencia, rector y
representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó- Diego Luis Córdoba, por
el lapso de un año, prorrogable por otro año, de conformidad con las facultades de
inspección y vigilancia establecidas en la Ley 1740 de 2014, no obstante que su periodo
terminaba el 18 de noviembre de 2024.
5. Posteriormente, mediante la Resolución 012396 del 26 de julio siguiente, el Ministerio
designó como reemplazo del señor Mosquera Valencia a la señora Vanessa Sánchez
Ruiz. Contra este acto se ejerció el medio de control de nulidad electoral, que cursa ante
la Sección Quinta de esta Corporación bajo el radicado 11001 03-28-000-2024-00189-
004.
6. El señor David Emilio Mosquera Valencia interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 011010 de 20245, dentro del cual, con
auto del 2 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó decretó
como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo demandado, motivo por el
4 Con auto del 28 de noviembre de 2024 se admitió la demanda y se declaró la carencia actual de objeto
de la solicitud de medida provisional de suspensión del acto demandado. El 24 de enero de 2025 se corrió
traslado de las excepciones y el pasado 22 de mayo se dictó sentencia.
5 Radicado 27001-33-33-001-2024-00159-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01134-01
Demandante: Willintong Gómez Palacios
cual, el señor Mosquera Valencia se reintegró al cargo de rector hasta la terminación de
su periodo (18 de noviembre de 2024).
7. Mediante Resolución 0019 de 22 de noviembre de 2024, el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó, designó como rector al señor Fabio Magdaleno
Asprilla Moreno, quien ocupaba el cargo de vicerrector hasta ese momento.
8. El Tribunal Administrativo del Chocó con auto del 27 de enero de 2025 revocó la
medida cautelar decretada por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del
proceso con radicado 2024-00159-01, por considerar que desaparecieron los
fundamentos de hecho que motivaron la decisión.
9. Como consecuencia de ello, el MEN, mediante Oficio 2025-EE-034408, le informó al
señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno que, en cumplimiento de lo decidido por el
Tribunal, nombraba a la señora Vanesa Sánchez como rectora del ente universitario. No
obstante, la designada no aceptó el cargo y, por ende, no asumió las funciones.
10. En razón de lo anterior, mediante la Resolución 002638 de 18 de febrero de 2025, el
MEN nombró al señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector de la Universidad
Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, quien se posesionó y asumió las funciones
propias del cargo.
11. El 27 de febrero de 2025, el señor Willintong Gómez Palacios ejerció del medio de
control de nulidad electoral6 y solicitó la nulidad de la Resolución 002638 de 2025. El 7
de marzo de 2025 se inadmitió la demanda y el 18 de marzo del año en curso se ordenó
correr traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto demandado y
el 20 de igual mes y año se realizó el mismo.
12. Posteriormente, el abogado del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez radicó incidente
de nulidad, que fue rechazado el 3 de abril de los corrientes. Con auto del 4 de abril de
2025 se admitió la demanda y se negó la medida cautelar de suspensión provisional; y
con proveído del 27 de mayo siguiente, se ordenó la remisión del expediente a fin de
verificar una posible acumulación con el radicado 11001032800020250003800 7 . De
acuerdo con la propia Sección Quinta de esta corporación, en ese proceso se solicitó la
nulidad de la Resolución 002638 de 2025, por considerar que «fue proferida con falta de
competencia, falsa motivación y desviación de poder; reproches que sustenta en el
desconocimiento del principio de autonomía universitaria y de los artículos 43 y 45 de los
estatutos universitarios y 13 de la Ley 1740 de 2014»8.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Superior
6 Radicado 11001-03-28-000-2025-00034-00.
7 Expediente consultado en la plataforma SAMAI.
8 Extraído del auto del 3 de abril de 2025, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Expediente 11001-03-28-000-
2025-00034-00. Samai, índice 34. Documento con certificado 5B1DC2D6F3AED1BF 6F9E395F1E39481A
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01134-01
Demandante: Willintong Gómez Palacios
de la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba. Además, en calidad de
terceros con interés, ordenó que se notificara al Consejo de Estado, Sección Quinta, al
Tribunal Administrativo del Chocó, al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó y a los señores Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, Vanessa Sánchez Ruiz y
Luis Alfredo Giraldo Álvarez.
14. En la misma oportunidad se negó la medida provisional solicitada por el accionante.
15. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE), señaló que la entidad a la que representa carece de la autoridad y
competencia para influir o tomar decisiones en relación con los asuntos internos del
Ministerio de Educación y las regulaciones propias del sistema educativo colombiano,
motivo por el cual, no tiene legitimidad en la causa por pasiva.
16. En todo caso, resaltó que el accionante cuenta con mecanismos ordinarios para
censurar la Resolución 002638 de 2025, razón por la cual, en este caso, no se cumple
el requisito de subsidiariedad.
17. El representante judicial de la Nación, Ministerio de Educación Nacional señaló
que el señor Willintong Gómez Palacios no tiene legitimación en la causa por activa y
tampoco cuenta con poder para representar los intereses del señor Fabio Magdaleno
Asprilla Moreno, quien eventualmente se vería afectado por el acto administrativo cuya
inaplicación se pretende con esta solicitud de amparo. Asimismo, analizó que no cumple
con las condiciones para actuar como agente oficioso.
18. Agregó que la tutela no es el mecanismo para obtener la nulidad del acto mediante
el cual el MEN realizó la designación del nuevo rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó- Diego Luis Córdoba; y se refirió ampliamente al ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia que ejerce la entidad, de cara al principio de la autonomía
universitaria establecido en la Carta Superior.
19. Conforme a lo anterior, anotó que la tutela es improcedente porque no satisface el
requisito de subsidiariedad, dado que el accionante cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para atacar el acto que ahora censura. Además,
señaló que no se advierte la intención de evitar un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional.
20. El apoderado de la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba se
pronunció frente a los hechos expuestos en la demanda y se opuso a la prosperidad del
amparo solicitado, dado que considera que no existe violación alguna de los derechos
fundamentales en cabeza del accionante.
21. Tras referirse a la situación del ente universitario, que catalogó como una crisis
académica, administrativa y financiera, explicó las medidas preventivas y de vigilancia
especial que adoptó el MEN, de conformidad con la legislación vigente; y adujo que no
se advierte transgresión alguna, razón por la que solicitó que se niegue el amparo.
22. El señor Edwar Mena Romaña, miembro del Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó- Diego Luis Córdoba, solicitó que se vinculara a la totalidad
de consejeros y se accediera a las pretensiones de la tutela, dado que, en su sentir, es
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evidente la vulneración de los derechos constitucionales y la transgresión al principio de
autonomía universitaria.
23. Agregó que, a su juicio, el MEN incurrió en varias irregularidades, dado que al finalizar
el periodo de rectoría del señor David Emilio Mosquera Valencia, era al Consejo Superior
de la Universidad Tecnológica del Chocó a quien le correspondía designar al nuevo
rector.
24. Afirmó que, aunque el accionante cuenta con el respectivo medio de control para
atacar la Resolución 002638 de 2025, la intervención del juez de tutela en este caso es
urgente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por cuanto el mecanismo
ordinario es demorado, y cuando se decida ya podría haberse consumado el daño y
causado daños irreversibles.
25. El señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, en calidad de docente de la
Universidad Tecnológica del Chocó, confirmó los hechos expuestos en la demanda y
sostuvo que es cierto que se vienen presentando las transgresiones que enuncia el
accionante en la solicitud de amparo, a través de las distintas situaciones señaladas, que
desconocieron por completo la autonomía universitaria y los demás principios rectores
de la institución de educación superior.
26. La magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado a quien le
correspondió por reparto el medio de control de nulidad electoral con radicado 11001-03-
28-000-2024-00189-00, señaló que con auto del 28 de noviembre de 2024 se admitió la
demanda, pero se negó la medida cautelar.
27. Consideró que esa sección carece de legitimación para comparecer como
demandada en esta acción constitucional, dado que los hechos son distintos a los
ventilados en el medio de control que se tramita en su despacho.
28. Los demás vinculados, el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y los señores Vanessa Sánchez Ruiz y Luis
Alfredo Giraldo Álvarez no intervinieron en esta oportunidad, pese a ser debidamente
notificados.
C. Fallo impugnado
29. Mediante sentencia del 7 de abril de 2025, la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
30. Lo anterior, tras advertir que el actor, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, solicitó la anulación de la Resolución 002638 del 18 de febrero de 2025,
proceso que se encuentra en trámite, por lo que no se satisface la exigencia de
subsidiariedad.
31. Pese a que el accionante adujo que en este caso la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que los
argumentos que invoca para sustentar su afirmación en realidad corresponden a cargos
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en contra del acto demandado, los cuales deberán ser resueltos por el juez natural dentro
del proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2025-00034 00.
32. Asimismo, resaltó que el señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, al coadyuvar la
tutela, agregó que el perjuicio irremediable se materializa por las acciones que está
realizando el actual rector dentro de la institución educativa; sin embargo, aclaró que
dichos argumentos no son de recibo, porque el tercero no está llamado a traer cuestiones
nuevas. En todo caso, adujo que, de tenerse en cuenta las afimaciones del tercero, no
se aportaron pruebas que demuestren la afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al punto que justifiquen la intervención del
juez de tutela en forma transitoria.
D. Impugnación
33. El señor Willintong Gómez Palacios insistió en los argumentos esbozados en la
solicitud de amparo, relacionados con las diversas situaciones irregulares que, a su
parecer, trajo consigo la designación del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, como rector
de la Universidad Tecnológica del Chocó.
34. Reiteró que en este caso la tutela procede como mecanismo transitorio para proteger
los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados.
35. Explicó que «la materialización del perjuicio irremediable se configura con la
expedición arbitraria por parte del Ministerio de Educación Nacional, por fuera de los
parámetros de la Ley 1740 de 2014, de la Resolución No. 002638 18 FEB 2025, porque
los motivos de hecho y de derecho que contienen, ya no existen en la Universidad (…)».
Esto en consideración de que, para la fecha de expedición de ese acto administrativo, el
señor Mosquera Valencia ya no fungía como rector de la institución de educación
superior y, por consiguiente, el MEN no podía reemplazarlo.
36. Agregó que, si bien es cierto existe otro mecanismo ordinario procedente para atacar
la legalidad de la Resolución 002638 de 2025, también lo es que el señor Asprilla Moreno
no está legitimado para interponerlo.
37. Además, de conformidad con lo expresado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el auto del 28 de noviembre de 2024, proferido dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado 2024-00189-00, con la resolución censurada se está
reviviendo un acto administrativo ya caducado, lo que evidencia el abuso del poder por
parte del MEN.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
38. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
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F. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 7
de abril de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
40. De conformidad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá
establecer si la solicitud de amparo cumple con el requisito de subsidiariedad y los demás
requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.
41. Solo en caso de que se supere el análisis de los requisitos generales de procedencia,
se abordará el estudio de fondo y, en especial, la procedencia de la pretensión de anular
la Resolución 002638 de 2025.
G. Análisis de la Sala
42. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone
de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe
ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de concurrir, concederá el amparo impetrado.
43. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
44. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente.
45. En el caso concreto, considerando que mediante esta acción de tutela el señor
Willintong Gómez Palacios pretende que se deje sin efectos y/o se retire del mundo
jurídico la Resolución 002638 de 2025, mediante la cual el MEN designó al señor Luis
Alfredo Giraldo Álvarez como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, se
establece sin dubitación alguna, tal y como lo hizo el a quo, que el accionante tiene a su
alcance otro mecanismo ordinario para procurar la protección de los derechos invocados,
cual es el medio de control de nulidad electoral.
46. Según lo visto en el expediente, el mismo día en que el señor Gómez Palacios radicó
la solicitud de amparo de la referencia, ejerció el citado medio de control, el cual se
encuentra en trámite en esta Corporación bajo el radicado 11001 03-28-000-2025-00034-
00, dado que, revisada la plataforma SAMAI, se observa que la demanda, luego de ser
subsanada, como se ordenó en auto del 7 de marzo de 2025, se admitió el 4 de abril
siguiente.
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47. En esa oportunidad también se negó la medida cautelar de suspensión provisional,
providencia que no fue recurrida9, según se advierte en las actuaciones surtidas en el
proceso10, con lo que se evidencia, una vez más, el interés de la parte actora de utilizar
esta acción constitucional como medio de defensa principal, dejando de lado los
mecanismos ordinarios que tiene a su alcance para garantizar los derechos
fundamentales que estima vulnerados. De ahí el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y la improcedencia de la acción declarada en la primera instancia.
48. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad cuando se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite la intervención
urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como mecanismo transitorio,
sin embargo, en el caso particular no se advierte tal afectación.
49. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del
perjuicio.
50. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero
siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser atentados a los
derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se presenta en este caso.
51. Nótese que en la impugnación el señor Gómez Palacios insiste en que la Resolución
002638 de 18 de febrero de 2025 se expidió en forma arbitraria por parte del MEN, que
a juicio del accionante, no respetó los parámetros de la Ley 1740 de 2014, actuó sin
competencia y con desviación de poder, además de motivar falsamente el acto
administrativo.
52. No obstante, de esos cargos de nulidad que se presentan contra el acto de elección
del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó, no es posible inferir un riesgo cierto, o la ocurrencia de daños reales que a la
postre resulten irreparables, de forma tal que no se evidencia la necesidad de la
intervención urgente del juez de tutela, a fin de procurar la protección de las garantías
superiores invocadas.
53. A contrario sensu, lo que se acentúa es el interés de la parte actora de utilizar la
acción de tutela como mecanismo principal, con lo que se desconoce el carácter residual
y subsidiario del mecanismo constitucional.
54. Por tanto, la Subsección concluye que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente, dado que no satisface el requisito general de subsidiariedad, como lo
consideró el fallador de primera instancia, razón por la cual confirmará la providencia
impugnada.
9 De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA, el auto que deniegue una medida cautelar
es susceptible del recurso de apelación.
10 Adicionalmente, se observa que, el pasado 7 de julio, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil decretó la
acumulación del proceso 11001-03-28-000-2025-00038-00, promovido por el señor Yadir Antonio Torres
Palacio, en nombre propio y como representante de la Fundación Misión Jurídica «Ojos de Cristal», al
proceso de nulidad electoral (exp. 2025-00034-00) del aquí demandante, Willintong Gómez Palacios.
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55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de abril de 2025, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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