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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01135-00

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01135-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Javier González Sáenz y Jorge Ernesto Aragón Barrios, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01135-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otros

Temas: Debido proceso / Impulso procesal en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada porJavier González Sáenz y Jorge Ernesto Aragón
Barrios, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Javier González Sáenz y Jorge Ernesto Aragón Barrios promovieron solicitud de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, trabajo, propiedad privada y subsistencia, los
cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta con ocasión de la
mora en que ha podido incurrir para decidir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que impetró para lograr que se defina la «situación jurídica
de los predios con folio de matrícula No. 236-253434, 236-53447, 236-53433, traslapados con
el folio de matrícula 236-25951».

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. Presentaron, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, demanda en contra de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin
de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se les
negó la inscripción en el Registro Nacional de Tierras Despojadas en el año 2017
del predio ubicado en el municipio de Mapiripán, Meta, denominado «El Agrado »
con Matrícula Inmobiliaria 236- 25951, en su calidad de víctimas por
desplazamiento.

1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «2ED_2Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

2.2. El Tribunal Administrativo del Meta en providencia del 15 de diciembre de
2021 fijó la audiencia inicial para el 1.º de febrero de 2022, y precisó que la
demandada debía tomar las medidas necesarias para que se sometiera el asunto
a consideración del comité de conciliación correspondiente. Respecto de esta
decisión, la parte demandada en comunicación del 27 de enero de 2022 informó
que no existía una posición jurídica por parte del comité.

2.3. Con providencia del 16 de enero de 2025 se ordenó continuar con la
siguiente etapa procesal.

2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la falta de
impulso procesal en el referido proceso, debido a que han transcurrido 8 años
desde la radicación de la demanda y solo hasta el 16 de enero de 2025 el Tribunal
Administrativo del Meta ordenó seguir con la siguiente etapa procesal.

2.5. Desde el 15 de diciembre de 2022 se fijó fecha para llevar a cabo la
audiencia inicial, la cual no se surtió, y tampoco ha sido posible cumplir con lo
ordenado en la providencia del 16 de enero de 2025.

2.6. Son sujetos de especial protección por debilidad manifiesta en razón de su
condición económica y física, ya que son personas de tercera edad que encuentran
en riesgo el derecho al mínimo vital.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] para garantizar LOS DERECHOS DFUNDAMENTALES IMPETRADOS, tendientes a
definir la situación jurídica de los predios con folio de matrícula No. 236-253434, 236-53447,
236-53433, traslapados con el folio de matrícula 236-25951, respetuosamente solicito a
su despacho que se pronuncie en cuanto a:

1.: Tutelar los derechos fundamentales violados y la falta de gestión de la UAGRTD en el
proceso TRAMITADO EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO, con
radicación No. 50001-23-33-000-2017—00613-00, ante la negativa de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS – UAEGRTD.

2.: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DESPOJADAS – UAEGRTD a pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de
inscripción que cursen sobre los predios No. 236-253434, 236-53447, 236-53433,
traslapados con el folio de matrícula 236-25951.

Así, las cosas con lo anterior, demostramos la urgencia de un pronunciamiento de fondo
de la UGRT, en sus actuaciones en el marco de la ley 1448 de 2011 y el cumplimiento de
lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Meta […]» [sic].

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz2 manifestó que le
correspondió tramitar el incidente de oposición de levantamiento de medida cautelar
solicitado por la parte ahora demandante, respecto de los bienes inmuebles con
matrícula inmobiliarias Agrado M.I. 236-53447, II M.I. 236-53434 y III M.I. 236-53433.
Respecto de la cual se declaró incompetente comoquiera que la Dirección Territorial
Unidad de Restitución de Tierras del Meta, informó que adelantaba diligencias
relacionada con dicho bienes dentro de un proceso de restitución de tierras, por lo que
ordenó remitir el asunto por competencia.

5. Que3, en audiencia del 6 de octubre de 2022 se ordenó el rechazo de la
demanda, pues, el incidentante no allegó pruebas que sustentaran el levantamiento de
medida cautelar.

6. Blanca Nubia Oyola de González y Martha Rocío Lis Jiménez4 informaron
que Segundo Filemón González Sáenz falleció el 22 de septiembre de 2022, por lo que
pese a ser víctima de desplazamiento no pudo disfrutar de la protección otorgada por
la Corte Constitucional en la sentencia T-567 de 2017, que le permitió seguir con la
tenencia y ocupación del predio.

7. La Agencia Nacional de Tierras5 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera no tiene competencia para dirimir
conflictos judiciales o administrativos de otras entidades y los hechos que dieron origen
a la presente solicitud de amparo refieren a la participación del Tribunal Administrativo
del Meta.

8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas6 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por
inexistencia del hecho vulnerador, comoquiera que las solicitudes de inscripción en el
RTDAF que recaen sobre los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria
N°236- 253434, 236-53447, 236-53433, 236- 25951, ya cuentan con decisiones de
fondo conforme el trámite de restitución de tierras, y hay otras se encuentran en inicio
de estudio, según lo informó la Dirección Territorial Meta de la unidad.

9. Asimismo, su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva ante
la ausencia de competencia para atender las pretensiones, pues, la tutela se presentó
en contra del Tribunal Administrativo del Meta por lo acontecido en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado

2 Ver índice 8 de Samai, actuación denominada «13_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTATUTELARAD(.pdf) NroActua 8»
3 Ver índice 10 de SAMAI, actuación denominada «17_MemorialWeb_Respuesta-
2025_03_07_16_40_09(.pdf) NroActua 10»
4 Ver índice 9 de SAMAI, actuación denominada
«15RECIBEMEMORIAL_CONSEJODESTADO202520(.pdf) NroActua 9»
5 Ver índice 12 de SAMAI, actuación denominada «22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

202510300178931(.pdf) NroActua 12»
6
Ver índice 12 de SAMAI, actuación denominada «25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RDO20250113500J(.pdf) NroActua 13»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

50001233300020170061300.

10. Que, el someter los asuntos al Comité de Conciliación y Defensa, según lo
dispuesto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es una invitación a las partes para conciliar, sin que ello
sea obligatorio para la entidad demandada.

11. Finalmente, refirió su ausencia de competencia para ordenar la cancelación de
los folios de matrícula, o para levantar las medidas cautelares inscritas por las
adjudicaciones que para la época realizó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 7,
y que fueron revocados por la Agencia Nacional de Tierras mediante la Resolución
19392 de octubre de 20 de 2020.

12. El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio.

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii) delimitación del
asunto; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; v) determinación del problema
jurídico; vi) procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la
administración de justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas, y vii) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la solicitud
de amparo contra el Tribunal Administrativo del Meta y otro.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Delimitación del asunto a decidir

15. De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por Javier González
Sáenz y Jorge Ernesto Aragón Barrios se observa que, si bien está de por medio «la
omisión» de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, respecto de la orden de tomar las medidas necesarias para someter el
asunto a consideración del comité de conciliación, lo cierto es que la vulneración
alegada gira en torno a la mora judicial en que ha podido incurrir el Tribunal
Administrativo del Meta para decidir acerca de la «situación jurídica de los predios con folio
de matrícula No. 236-253434, 236-53447, 236-53433, traslapados con el folio de matrícula 236-

7 INCODER
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

25951», en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 50001-23-33-000-2017-00613-00.

16. Razón por la cual, la Sala estudiará y decidirá acerca del amparo pretendido por
la parte demandante de cara a una presunta vulneración a los derechos de acceso a la
administración de justicia y debido proceso sin dilaciones injustificadas por la posible
mora judicial en que se ha podido incurrir, pues, en definitiva, lo que consideró que
afectaba sus intereses es el no haberse podido celebrar la audiencia inicial y seguir
adelante con el trámite para poder concluir su proceso contencioso.

2.2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

17. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

18. La Corte Constitucional9 en relación con la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”12 Ello obliga,
por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la
demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin
perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: Javier González Sáenz y otro

19. La Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas solicitaron su desvinculación del presente trámite
constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que no
tienen la competencia para acceder a lo pretendido por el demandante.

20. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que sus vinculaciones al presente asunto
fueron en calidad de tercera con interés por solicitud de la parte demandante de acuerdo
con la naturaleza del asunto, y de demandada al ser parte en el proceso contencioso-
administrativo cuestionado, respectivamente, y en aras de garantizarles su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará lo peticionado.

2.3. Problema jurídico

21. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los
derechos fundamentales de Javier González Sáenz y Jorge Ernesto Aragón Barrios con
ocasión de la mora judicial en que ha podido incurrir en el trámite al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado en contra de la Unidad de
Restitución de Tierras, identificado con el radicado 50001233300020170061300?

2.4. Procedencia de la solicitud de tutela

22. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

23. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia13, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas

24. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 14,

13 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de

2003.
14 Artículo 2 de la Constitución Política

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Demandante: Javier González Sáenz y otro

pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.

25. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.

26. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia la Corte Constitucional ha señalado 15:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».

27. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el
derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.

28. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.

15 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

29. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.

30. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.

31. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial
tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.

32. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.

2.5. Análisis de la Sala

33. Javier González Sáenz y otro promovieron solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al Tribunal
Administrativo del Meta continuar con el trámite para definir la «situación jurídica de los
predios con folio de matrícula No. 236-253434, 236-53447, 236-53433, traslapados con el folio
de matrícula 236-25951», en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 50001233300020170061300.

34. De conformidad con la información registrada en Samai16, se destacan las
siguientes actuaciones:

34.1. El 24 de noviembre de 2017, presentaron, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda en contra de la Unidad de
Restitución de Tierras, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se le negó la inscripción en el Registro

16 Ver en Samai proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001233300020170061300

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

Nacional de Tierras despojadas en el año 2017 del predio ubicado en el municipio
de Mapiripán, Meta, denominado «El Agrado » con Matrícula Inmobiliaria 236-
25951, en su calidad de víctimas del desplazamiento.

34.2. El Tribunal Administrativo del Meta en providencia del 15 de diciembre de
2021 fijó como fecha para celebrar audiencia inicial el 1.º de febrero de 2022, y
precisó que la demandada debía tomar las medidas necesarias para que se
sometiera el asunto a consideración del Comité de Conciliación correspondiente

34.3. En providencia del 28 de enero de 2022, aplazó la audiencia inicial por
cuanto para esa fecha se debía atender asuntos propios del despacho.

34.4. En providencia del 16 de enero de 2025 declaró no probada la excepción de
« inepta demanda por falta de requisitos formales », propuesta por la parte demandada
y ordenó continuar con la siguiente etapa procesal.

34.5. En providencia del 1.º de abril de 2025 ordenó:

«[…] 1. FIJAR como fecha y hora para llevar a cabo la AUDIENCIA INICIAL dentro del
presente proceso, el 21 DE ABRIL DE 2025 A LAS 10 AM, la que se surtirá de conformidad
con las reglas indicadas en el artículo precitado.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que la herramienta tecnológica que se utilizará para
realizar la audiencia será Microsoft Teams, para lo cual, deberán acceder al siguiente enlace:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTA4MmFiYmItMDlhYy00NjBmL
WEyY2YtYjA3YzQ2MjdhNDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98
-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22300393db7816-48c9-b665-
6aa430a2ff90%22%7d, 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA SEÑALADA. […]»

35. A juicio de la Sala, sin desconocer el tiempo que ha trascurrido desde la
radicación de la demanda, se observa que al asunto se ha tramitado de manera
diligente desde su admisión dada las particularidades que se han presentado, tan es
así que la última actuación data del 1.º de abril de 2025, con la finalidad de llevar a cabo
la celebración de la audiencia inicial.

36. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Tribunal Administrativo del Meta para seguir adelante con el trámite del proceso en
cuestión, se reitera que no todo incumplimiento de un término judicial constituye una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento, lo cual no es predicable en el presente caso como quedó demostrado.

37. Ahora, de acuerdo con lo informado por la entidad demandada, el sometimiento
del asunto al Comité de Conciliación y Defensa Judicial es solo una invitación a las
partes para conciliar, lo cual no fue determinante para el aplazamiento de la audiencia
inicial; lo que resulta acorde a las disposiciones del artículo 40 de la Ley 2080 de 202117,
que señala:

17 Pormedio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

Artículo 40. Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y
adiciónense dos parágrafos al mismo artículo, así:

8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las
partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin
que ello signifique prejuzgamiento.

No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del
comité de conciliación […] [resaltado por la Sala]

38. Al respecto precisó:

«[…] Sobre el particular, es importante precisar al juez constitucional que el sometimiento
de asuntos al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, dentro de los procesos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos, según lo reglado en el numeral 8 del artículo
180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, no corresponde a una obligatoriedad por parte de la entidad demandada, en este
caso de la Unidad, pues se trata de una invitación a las partes para conciliar […]»

39. Ahora bien, de manera informativa, la Sala pone de presente a la parte
demandante que, respecto de las solicitudes de inscripción que cursen sobre los
predios No. 236-253434, 236-53447, 236-53433, traslapados con el folio de matrícula
236-25951, la unidad demandada precisó:

«[…] los accionantes pretenden que la Unidad, decida de fondo las solicitudes de inscripción
en el RTDAF que recaen sobre los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria
N°236- 253434, 236-53447 y 236-53433, que se traslapan con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria N°236- 25951, sobre algunas de las cuales se han emitido decisiones de fondo
conforme con las normas especiales que rigen el trámite administrativo de restitución de
tierras y que a la fecha, se encuentran debidamente ejecutoriadas, en tanto otras se
encuentran en inicio de estudio formal como se explicará en el acápite correspondiente […]

Aun así, y en aras de garantizar los derechos fundamentales de los tutelantes, informamos
al Honorable Magistrado Constitucional que se elevó consulta a la Dirección Territorial Meta
de esta Unidad, para que informará lo relacionado con las solicitudes de inscripción en el
RTDAF que se encuentran en trámite, cuyos predios objeto de restitución recaen sobre los
Folios de Matricula Inmobiliaria No. 236-253434, 236-53447, 236-53433 y 236-25951 […]

En respuesta, la Dirección Territorial Meta informó, a través de correo electrónico del 12 y
13 de marzo de 2024, que verificado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), y realizadas otras consultas por parte del líder
catastral, se encontró que a la fecha existen cuatro (4) solicitudes que se traslapan con los
Folios de Matricula Inmobiliaria No. 236-253434, 236-53447, 236-53433 y 236-25951, las
cuales se encuentran en estado de inicio de estudio formal […]». (sic)

40. Finalmente, en cuanto a las particulares de especial protección alegadas por los
demandantes por su condición económica y física, se les recuerda que ello debe ser
objeto de estudio por el juez natural del asunto, bien podría ser con ocasión de una
solicitud de prelación de turno, por lo que, si a bien lo considera, puede acudir ante el
Tribunal Administrativo del Meta en tales términos.

3. Decisión

41. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
demandante centró sus esfuerzos, de forma que se negará el amparo de los derechos

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01135-00
Demandante: Javier González Sáenz y otro

fundamentales de Javier González Sáenz y Jorge Ernesto Aragón Barrios, en la
solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo del Meta y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Tierras y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Javier González Sáenz
y Jorge Ernesto Aragón Barrios, en la solicitud de tutela presentada en contra del
Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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