RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01138-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01138-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01138-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Blanca Isabel Cabrera, de acuerdo con los argumentos contenidos en el acápite de cuestión previa de este fallo. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Compañía de Vigilancia Ver Ltda., dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00 Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01138-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA. Y BLANCA ISABEL
CABRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN A Y El JUZGADO 44 ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. Causales generales
de procedibilidad. La relevancia constitucional: nuevos argumentos y
tercera instancia. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Legalidad de actos administrativos emitidos en un procedimiento de
cobro coactivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y la señora Blanca Isabel
Cabrera, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de febrero de 20251, la Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y la señora Blanca
Isabel Cabrera, por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
y el Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las sentencias del 13 de febrero de 2024
y del 30 de enero de 2025, en las que se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa propuesta por la UAE. Agencia Nacional del
Espectro (ANE) y se negaron las pretensiones de la demanda, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 11001-33-37-044-2020-00234-02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Solicito Al H. Magistrado Constitucional que de conformidad con el mandato supra y legal
tutele mis derechos fundamentales disponiendo:
De conformidad con lo normado en la C.P. tutelar nuestros derechos fundamentales de 1.-
acceso a la administración de justicia para el solidario STL3903-2020 Garantizando como
partes : (i) el respeto por el debido proceso, (ii) la debida aplicación para las partes de los
recursos judiciales, dejando sin valor las restricciones irrazonables y desproporcionadas; (iii)
la celeridad en la notificación de estas del trámite; (iv) y el deber de proferir una decisión para
los afectados de fondo, motivada y oportuna, y (v) la eliminación de todo tipo de barreras que
nieguen a las partes el acceso al sistema de justicia; logrando con ello (vi) la efectividad de
los mecanismos de defensa y contradicción para la protección real y material de los derechos
fundamentales como lo norma el art. 229C.P. 2.- Derecho al trabajo C-212-22 y Art. 25 C.P.
3.- Derecho a la salud art. 49 C.P. T-268-23. 4.- El derecho a la seguridad social T-043-19.

1
Sistema de Gestión de Procesos del Consejo de Estado, Samai. Índices 1 y 2.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

5- El derecho a la defensa y contradicción art. 29 C.P: como dispone la C-162-21 aplicable a
los procesos sancionatorios administrativos.» 2

2. Hechos

Del expediente y de los documentos aportados por los sujetos procesales, se
advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro
emitió la Resolución nro. 00751 de 20 de noviembre de 2017 en la que declaró
responsable e impuso sanción a la Compañía de Vigilancia Ver Ltda., por el
monto de 24 salarios mínimos mensuales vigentes, por la vulneración del no.
3 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.3

La sociedad sancionada interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el mencionado acto administrativo. En Resolución nro.
000544 del 4 de septiembre de 2018, la autoridad administrativa confirmó su
determinación y concedió el recurso de apelación.

Mediante Resolución nro. 000700 del 30 de noviembre de 2018, la directora
general de la ANE resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión
recurrida.

2.2. La coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) emitió el auto nro. 758 del
25 de julio de 2019 en el que libró mandamiento de pago contra la sociedad
demandante, por el valor de $19.875.000. En la parte resolutiva del acto
administrativo, se lee:
«1. Librar orden de pago a favor de la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a cargo del
proveedor COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VER LTDA identificado (a) con Nit. y/o C.C. No.
830056283 – Código No. 10017-ACTIVIDADE DE TELECOMUNICACIONES por la suma de
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($19.875.000,oo),
por los conceptos y períodos señalados en la parte motiva, más los intereses, indexaciones y
actualizaciones que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación hasta cuando se
cancele, más las costas del precedente proceso.
2. Advertir al deudor que dispone de 15 días, siguientes a la notificación de esta providencia para
cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al
artículo 830 y 831 del estatuto Tributario.»

2.3. La sociedad presentó excepciones contra el mandamiento de pago que fueron
decididas a través del oficio TRD:134 Radicado No. 192104081 de 13 de
diciembre de 2019.

2.4. La Compañía de Vigilancia Privada Ver Ltda. promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional del
Espectro y contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, pretendiendo la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
● «Código TRD: 134 del 13 de diciembre de 2019, (Mintic) En excepción de ilegalidad; el
que se pronuncia sobre las excepciones.»
● «Factura de cobro No. 02868 de 4 de diciembre de 2019 (Mintic) – Estado de cuenta y
cobro radicado #831-597 y 831-598.»
● «Factura de Cobro No. 03085 del 13 de diciembre de 2019, Estado de cuenta y cobro

2
Página 2 del escrito de tutela.
3
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen
infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes: […]
3. Utilizar el espectro radioeléctrico sin el correspondiente permiso o en forma distinta a las condiciones de su asignación.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

sanciones 851-1224 y 851-3518.»

2.5. En primera instancia, el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá rechazó
parcialmente la demanda respecto de las facturas de cobro nros. 02868 y
03085 de 2019, por estimar que no eran susceptibles de control judicial. Sin
embargo, la admitió respecto del oficio TRD:134 radicado nro. 192104081
de 13 de diciembre de 2019, por medio del cual se resolvió la excepción de
falta de título ejecutivo propuesta sobre el mandamiento de pago.

También negó la petición de vinculación al proceso de la Compañía de
Seguros Confianza Aseguradora de Finanzas SA., dado que no se acreditó
su legitimación ni su rol procesal, y que la póliza suscrita no guardaba relación
con el acto sancionatorio que originó el mandamiento de pago.

Esta determinación fue apelada por la sociedad actora y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que
reiteró que la legalidad de los actos que conforman el título ejecutivo no puede
discutirse en el proceso de cobro coactivo y que las facturas son instrumentos
de cobro, no actos autónomos objeto de nulidad.

Frente a la vinculación de la sociedad aseguradora, reiteró que no se
especificó bajo qué figura procesal debía integrársela al proceso y que, vistos
los antecedentes, no se advertía una relación jurídica que justificara la
vinculación.
2.6. Posteriormente, el juzgado celebró la audiencia inicial del artículo 180, de la
que se destacará: (i) la etapa de fijación del litigio y (ii) la emisión de la
sentencia de primera instancia en audiencia.
Relativo a la fijación del litigio, se centró en establecer la legalidad del oficio
TRD: 134 radicado nro. 192104081 de 13 de diciembre de 2019. De manera
específica, si este acto administrativo incurrió en nulidad por infracción de las
normas en las que debía fundarse. Precisó además que el objeto de la litis se
dirige a analizar la legalidad de un acto emitido en un proceso de cobro
coactivo adelantado por la entidad demandada, en particular, si se encuentra
probada la excepción de falta de título ejecutivo. En esa línea, precisó que no
se analizarían aspectos propios de la legalidad del título ejecutivo base del
cobro, toda vez que dicha controversia debía surtirse mediante los recursos
en la vía administrativa.
En la audiencia se dictó sentencia de primera instancia en la que el juez de la
causa resolvió (i) declarar no probada la excepción de caducidad propuesta
por el Mintic; (ii) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la ANE y (iii) negar las pretensiones de la demanda.
En relación con el fondo del asunto, en el acta de audiencia se lee: «en la
mencionada resolución, la ANE declaró responsable a la Compañía de Vigilancia Privada Ver
LTDA identificada con NIT 830.056.283-1 y consecuencialmente, le impuso una multa de
veinticuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las cosas, se advierte del
análisis del título ejecutivo, la existencia de una obligación clara, pues de su lectura logra
advertirse de forma cierta, nítida y sin lugar a equívocos la obligación que se consigna y las
partes involucradas, sin necesidad de recurrir a interpretaciones de ningún tipo; expresa, en
la medida en que se determina el valor de la deuda y su concepto; y adicionalmente, no hay
duda de su exigibilidad en tanto la obligación no fue sometida a plazo o condición alguna.»

2.7. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la
demanda.

Argumentó que el proceso sancionatorio adelantado por la ANE no debió
seguirse bajo las normas del Código General del Proceso ni por las del
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Estatuto Tributario, sino por las del régimen de infracciones y sanciones
consagrado en la Ley 1341 de 2009. Además, insistió en que se llegó al
proceso de cobro coactivo sin que existiera título ejecutivo.

2.8. El conocimiento de la apelación correspondió a la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que planteó el problema
jurídico a resolver en los siguientes términos:
«El debate jurídico se centra en determinar, conforme los argumentos de apelación
formulados por la parte demandante, la legalidad del Oficio TRD: 134 Radicado No.
192104081 de 13 de diciembre de 2019 (…); para lo cual se hace necesario establecer: (i) si
el proceso sancionatorio adelantado por la ANE debía aplicar la Ley 1341 de 2009 y no lo
dispuesto en el CPACA, CGP y ET, por tratarse de asuntos contractuales y no tributarios; y
(ii) si se adelantó un proceso de cobro coactivo sin un título ejecutivo.» (Subraya la Sala)

2.9. En sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2025, el tribunal
accionado confirmó íntegramente la decisión del a quo. Señaló que no podía
pronunciarse sobre el procedimiento seguido por la ANE en la imposición de
la sanción, ya que esta entidad fue excluida del proceso al declararse probada
su falta de legitimación en la causa por pasiva, decisión que no fue apelada.
Además, el proceso judicial se centró en los actos administrativos emitidos por
el Mintic, no por la ANE.

El tribunal también indicó que no podía pronunciarse sobre la supuesta
naturaleza contractual de la obligación ejecutada, pues dicho argumento fue
introducido por primera vez en la apelación, lo que vulnera el principio de
congruencia. Igualmente, desestimó el alegato de la inexistencia del título
ejecutivo por falta de notificación a la aseguradora, al considerar que esa
discusión debía ventilarse en vía administrativa o mediante el medio de control
de nulidad, no en el proceso de cobro coactivo, cuyo objeto es ejecutar
obligaciones previamente definidas.

En todo caso, precisó que el argumento de la apelación sobre la omisión de
notificación de la aseguradora no generaría la inexistencia del título, sino la
falta de ejecutoria por ausencia de firmeza.

Finalmente, manifestó que el acto administrativo que sirve como título
contiene una obligación clara, expresa y exigible.

3. Fundamentos de la acción

El apoderado de las accionantes indicó que la tutela se justifica en la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso en sus facetas de defensa y
contradicción, así como los derechos de acceso a la administración de justicia y al
trabajo, en perjuicio del deudor solidario y de la compañía aseguradora.

Alegó que las decisiones judiciales desconocieron los precedentes obligatorios, en
particular, la sentencia C-1201 de 2003 de la Corte Constitucional y las sentencias
de unificación del Consejo de Estado al no vincular debidamente al solidario en el
proceso sancionatorio ni en el de cobro coactivo.

Agregó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del
juzgado sin resolver los cuestionamientos de fondo sobre la legalidad del título y la
omisión de vinculación procesal de quienes podían resultar obligados. La parte
actora insiste en que el título no presta mérito ejecutivo al no derivar de un
procedimiento administrativo en el que se respetara el derecho de defensa del
solidario ni de la aseguradora. Dijo que el procedimiento administrativo se tramitó a
espaldas de los obligados, por lo que se negó su participación en la etapa de
determinación de la sanción y nunca pudieron controvertir los actos, con lo que se
configura una nulidad absoluta por pretermisión de las instancias.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Se indicó además que, la omisión en la aplicación del precedente vinculante da
cuenta de que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo,
procedimental y exceso ritual manifiesto al privilegiar las normas procesales sobre
los principios constitucionales.

De otra parte, asegura que la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional
porque no pretende reabrir un debate legal ni obtener un beneficio apenas
económico sino lograr la protección de sus derechos fundamentales, especialmente
al trabajo, porque la sanción podría conllevar el cierre de la empresa y el despido
de sus trabajadores.

Finalmente, indicó que la tutela cumple el requisito de inmediatez porque se
presentó dentro de un plazo razonable y que no existen mecanismos judiciales
ordinarios con aptitud de satisfacer las pretensiones de amparo.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, el despacho ponente requirió a la
parte accionante para que indicara cómo se configuran en este caso uno o
varios requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales establecidos en la sentencia C-590 de 2005.

Asimismo, se le solicitó que explique la legitimidad que le asiste a la señora
Blanca Isabel Cabrera para controvertir las decisiones judiciales
cuestionadas, dado que no se observa que tuviera la calidad de sujeto
procesal en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
analizado.

4.2. En memorial de subsanación, el apoderado de la parte actora individualizó
lo sujetos procesales en el medio de control analizado y expuso
argumentación adicional relativa a la configuración de las causales especiales
de procedibilidad de la acción de tutela frente a las providencias acusadas,
pero no emitió explicación alguna sobre el interés de la señora Blanca Isabel
Cabrera en esta acción de tutela.

Sobre los defectos, reiteró que las providencias acusadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso
a la administración de justicia de los terceros solidarios (la aseguradora y la socia
de la compañía), al no advertir que aquellos no fueron vinculados durante el
proceso sancionatorio ni en la etapa de cobro coactivo.

Argumentó que esta omisión desconoció el precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, contenido en las sentencia C-1201
de 2003 y SUJ-23018 de 2019, que obligan a la administración a vincular
desde el inicio del procedimiento a los deudores solidarios y garantes.

En su consideración, haber soslayado la vinculación hace que el título
ejecutivo sea inválido, carente de ejecutoria y de exigibilidad.

En línea con lo anterior, acusó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defectos procedimentales y fácticos, al no justificar por qué se
apartaron de las reglas jurisprudenciales aplicables. Además, de que
impusieron al demandante una carga imposible de cumplir: exigir que los
solidarios controvirtieran actos administrativos de los que no fueron
notificados.

Por lo anterior, solicita que se ampare el derecho de los solidarios, se invalide
lo actuado y se les garantice la posibilidad de ejercer su defensa frente al
cobro de una obligación que se originó sin su intervención.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

4.3. Mediante auto del 21 de marzo de 2025, el despacho ponente admitió la
acción de tutela interpuesta por la Compañía de Vigilancia Ver Ltda., a través
de su representante legal, y por la señora Blanca Isabel Cabrera, por conducto
de apoderado judicial. Sin embargo, se advirtió que el abogado de la señora
Cabrera no cumplió con el requerimiento de explicar la legitimación que le
asiste en esta acción, razón por la cual se le ofició para que subsanara dicha
omisión, aclarando que el análisis sobre su legitimación sería abordado en la
sentencia.

Adicional a lo anterior, el despacho vinculó, en calidad de terceros con interés,
al Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y
a la Agencia Nacional del Espectro, ya que actuaron como demandadas en el
proceso ordinario analizado. Asimismo, se dispuso comunicar de la existencia
de esta tutela al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, según las exigencias de Ley.

4.4. En memorial del 27 de marzo de 2025, el apoderado de la parte accionante
cumplió con el requerimiento que se reiteró en el auto admisorio de la tutela.
Explicó que la señora Blanca Isabel Cabrera viene al proceso por la obligación
legal que impone tanto a la administración como a los jueces la vinculación del
responsable solidario en los procesos sancionatorios y de cobro coactivo.

Explicó que la señora Cabrera Cabrera, en su calidad de «solidaria», fue
excluida de todas las instancias procesales sin justificación, lo que se concretó
en la ya alegada pretermisión de las instancias y violación del derecho al
debido proceso.

Posteriormente reiteró los cargos de la acción de tutela y agregó que se
concretó un defecto sustantivo por desconocer el artículo 37 del CPACA y 61
del CGP que imponen el deber de vincular a todos los sujetos que puedan
verse afectados por una decisión, y un defecto fáctico por no tener en
consideración el certificado de existencia y representación legal que
acreditaba la calidad de solidaria de la accionante.

4.5. El Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto de la
titular del despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
porque el proceso ordinario se tramitó respetando los presupuestos del debido
proceso y con un análisis de fondo sobre los argumentos planteados en la
demanda.

Recordó que ese despacho evaluó la legalidad del título ejecutivo y concluyó
que cumplía con los requisitos legales en tanto contenía una obligación clara,
expresa y actualmente exigible a la parte actora. Precisó que la actora no
justificó por qué consideró que no existía un título ejecutivo y que su principal
argumento fue la falta de notificación a la aseguradora, cuestión que no
invalidaba la ejecutabilidad del título frente a la sociedad sancionada.

Finalmente, advirtió que la acción de tutela pretende reabrir un debate jurídico
que ya fue resuelto en el curso del proceso ordinario.

4.6. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la ponente de la sentencia acusada, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que se utiliza la acción de
tutela como una instancia adicional para insistir en un debate que fue
suficientemente resuelto en el curso del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Recordó que, en el curso del proceso ordinario, la sociedad demandante
solicitó la vinculación de la Compañía de Seguros Confianza, Aseguradora de
Finanzas SA, pero fue negada porque no se acreditó la pertinencia procesal ni
la relación de la póliza con el acto administrativo demandado. Determinación
que atendió a los precedentes jurisprudenciales y sin violación al debido
proceso.

Respecto de la configuración de los defectos alegados, argumentó que no se
concretó el defecto procedimental absoluto porque el trámite del medio de
control atendió a las prerrogativas del debido proceso.

Tampoco se concretó el desconocimiento del precedente porque la decisión
se basó en las sentencias del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de
cuestionar la legalidad del título ejecutivo en el proceso de cobro coactivo.
Finalmente, mencionó que no se concretó el defecto material porque la
interpretación adoptada en la sentencia acusada fue razonable y conforme a
derecho sin que se evidenciara arbitrariedad o capricho atribuible a las
autoridades judiciales accionadas.

En relación con la legalidad del título ejecutivo, se remitió a los fundamentos
de la sentencia acusada, en el sentido de que no era procedente analizar en
el proceso de cobro coactivo la legalidad de los actos administrativos que
conforman el título ni la vinculación de la aseguradora, pues se trata de un
asunto que debió discutirse en sede administrativa o a través de otro medio de
control judicial.

4.7. La Agencia Nacional del Espectro, por conducto de abogada adscrita a la
Dirección Judicial, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela porque sus argumentos ya fueron analizados y decididos por las
autoridades judiciales en cada una de las instancias del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho sub examine. Además, porque el
proceso se tramitó respetando las garantías del debido proceso de las partes.

4.8. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
conducto de apoderado especial, solicitó la desvinculación del proceso de
tutela porque no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte
accionante y la entidad es un tercero respecto de las decisiones judiciales
adoptadas en el curso del proceso ordinario.

También alegó la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, pues la actora contaba con el recurso
extraordinario de revisión para exponer sus desacuerdos con la sentencia de
segunda instancia.

5. De la manifestación de impedimento

El magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó impedimento para
decidir esta causa debido a que integró la Sala que emitió la sentencia ordinaria del
30 de enero de 2025, acusada en esta acción de tutela.

El impedimento se declaró fundado mediante auto del 30 de abril de 2025, y se
ordenó el sorteo de dos conjueces para integrar el cuórum decisorio.

Posteriormente, la Secretaría General llevó a cabo el sorteo y designó como
conjueces a los doctores Eleonora Lozano Rodríguez y Humberto Aníbal Restrepo
Vélez, quienes integrarán la Sala de decisión en este asunto constitucional.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. 3. Cuestión previa: de la legitimación en la causa por activa de la señora
Blanca Isabel Cabrera
3.1. En el auto admisorio de la acción de tutela se indicó que la legitimación en la
causa por activa de la señora Blanca Isabel Cabrera sería analizada en
sentencia, dado que esta cuestión no fue aclarada en el escrito de
subsanación por el apoderado de la parte actora. Pues bien, en memorial del 27 de marzo de 2025, el apoderado de la parte
accionante explicó que la señora Cabrera acude al proceso con interés directo
pues, a pesar de su calidad de responsable solidaria, fue excluida sin
justificación del proceso administrativo en que se impuso la sanción a la
Compañía Ver Ltda., del proceso de cobro coactivo que pretendió cobrar la
aludida deuda y del proceso judicial, a pesar de que su calidad se acreditó con
el correspondiente certificado de existencia y representación legal de la
sociedad. 4
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.

6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución. 7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u
omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la
Constitución y la ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19918 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso9 (cuando
el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa).
Asimismo, dicha norma señala que (v) tanto el defensor del pueblo como los
personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure
la legitimación en la causa en las acciones de tutela, la identidad entre el titular
del derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal
forma que el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela
del derecho fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente
o por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de
agente oficioso, en aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la
procedencia de esta última figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de
la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata
de un requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza
la protección de los derechos fundamentales. Así, en Sentencia T-403 de 1995
precisó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido
proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y
específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales
fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en
el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error
insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si
fueran suyos…».

Asimismo, en la Sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que
la finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa
es el de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las
pretensiones planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez
constitucional asegurar que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona».

En la Sentencia T-697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia
de la legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del
legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado
al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas
intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de
sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo».

8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
9
Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Y en la Sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional fue enfática en señalar
que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «la legitimación para presentar la
solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente
acreditada»10.

3.2. Al respecto, conviene recordar que, en lo que respecta a la legitimación en
causa para interponer la acción de tutela contra una providencia judicial, la
Corte Constitucional, desde la sentencia T-240 de 200411 aclaró que cuando
se demuestra que el juez natural de la causa incurrió en una vía de hecho se
«vulnera el derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en el
respectivo proceso judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no
participan en él, carecen de legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación
judicial. En tales circunstancias mal puede una persona alegar que se conculcaron sus
derechos al debido proceso, por cuanto la violación de éstos necesariamente presupone que
se ha intervenido en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la vulneración, por causa o
con motivo de la actuación judicial, arbitraria e irregular.» (subrayas fuera del texto original)

También se considera pertinente recordar que en sentencia T-487 de 201912, la
Corte Constitucional declaró la improcedencia de la acción de tutela ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales del accionante
dado que pretendía dejar sin efectos una providencia pero el accionante era
un sujeto diferente a aquellos que integraron la relación jurídico procesal en
comento.

Agregó que el actor tampoco era un sujeto que debiera vincularse al proceso
conforme al marco jurídico aplicable

3.3. Ahora bien, estudiado el expediente digitalizado del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho nro. 11001-33-37-044-2020-00234-02, la
Sala observa que la señora Blanca Isabel Cabrera no conformó la relación
procesal del mencionado proceso (pese a que fue la propia sociedad de la cual
invoca la calidad de socia, la que promovió el respectivo medio de control en el que
se profirió la decisión judicial que pretende dejar sin efectos mediante la presente
acción de tutela); luego, no ostenta legitimación en causa por activa para ejercer
la acción de tutela en procura de que se deje sin efectos las providencias
acusadas.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no se encuentra acreditada la
legitimación en causa por activa de la señora Blanca Isabel Cabrera, en los
términos del artículo del Decreto 2591 de 1991.

4. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe
determinar, en primer lugar, si la petición de amparo supera el examen general de
procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional.

Superado el anterior examen, se analizará si la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 44 Administrativo del
Circuito de Bogotá incurrieron en defecto sustantivo, defecto procedimental
absoluto, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución al proferir las sentencias del 13 de febrero de 2024 y del 30 de enero
10
En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006,
T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: «La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de
1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo».
11
Sala Cuarta de Revisión. Ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño
12
Sala novena de decisión. M.P. Carlos Bernal Pulido.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

de 2025, en las que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la Compañía de Vigilancia Privada Ver
Ltda.

5. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”13. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.

13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el
proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en
el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por
el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que
estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez
de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como
una instancia adicional para prolongar la discusión propuesta al juez de la
causa.

5.2. En este punto conviene aclarar que las sentencias judiciales proferidas dentro
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho centraron su
análisis en la legalidad del acto administrativo que resolvió las excepciones
propuestas en el proceso de cobro coactivo que inició el Mintic, con
fundamento en el acto administrativo sancionatorio que sirvió de título
ejecutivo.

A ese respecto, se encuentra pertinente recordar brevemente las principales
actuaciones tanto del procedimiento administrativo sancionatorio como del de
cobro coactivo, para tener claridad sobre el objeto de la litis en el proceso
ordinario que se examina.

(i) La ANE sancionó a la Compañía Ver Ltda. mediante la Resolución nro. 00751
del 20 de noviembre de 2017 por vulnerar el artículo 64.3. de la Ley 1341 de
2009, imponiéndole una multa de 24 SMLMV.
(ii) La sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
anterior decisión administrativa, los cuales fueron resueltos mediante las
resoluciones nro. 000544 y 000700 de 2018, confirmando la sanción.
(iii) El Mintic inició el proceso de cobro de la sanción mediante auto nro. 758 del 25
de julio de 2019, en el que libró mandamiento de pago por $19.875.000.
(iv) La sociedad presentó excepciones que fueron rechazadas en oficio TRD:134
de 13 de diciembre de 2019.
(v) La Compañía de Vigilancia Privada Ver Ltda. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la ANE y el MINTIC, solicitando la nulidad
del oficio TRD:134 del 13 de diciembre de 2019, mediante el cual se resolvieron
las excepciones dentro del proceso de cobro coactivo, así como de dos facturas
de cobro emitidas en diciembre de 2019, relacionadas con estados de cuenta y
sanciones impuestas.
(vi) En audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, el Juzgado 44 Administrativo
de Bogotá y en la etapa de fijación del litigio indicó que el debate se centraría
en determinar la legalidad del oficio TRD:134 del 13 de diciembre de 2019, en
particular, si dicho acto incurrió en nulidad por violación de las normas en las
que debía fundarse. El juez precisó que el objeto del litigio se limitaba al acto
emitido por el Mintic en el proceso de cobro coactivo, y no incluía el análisis de
la legalidad del título ejecutivo, pues este debía impugnarse por la vía
administrativa correspondiente.

5.3. Antes de analizar el escrito de tutela en relación con la motivación de las
sentencias ordinarias, esta Sala debe precisar que los cargos expuestos por
la sociedad actora sobre la supuesta ilegalidad del título ejecutivo y del
procedimiento de cobro coactivo frente a la omisión en la vinculación de la
señora Blanca Isabel Cabrera como presunta responsable solidaria, no supera
el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, porque se trata de un
argumento nuevo que no fue planteado durante el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En el curso del proceso ordinario, la controversia giró en torno a establecer si
la falta de vinculación de la compañía aseguradora afectó la existencia del
título y la legalidad del cobro coactivo, pero no se discutió la omisión en la
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

vinculación o notificación de aquellas actuaciones administrativas a la señora
Blanca Isabel Cabrera, en su calidad de responsable solidaria por ser socia de
la Compañía Ver Ltda.

Ahora que si el cargo se dirige a acusar la falta de vinculación de la señora
Cabrera en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sub
examine, la Sala debe advertir que la Sociedad Ver Ltda. fue la que promovió
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis, por lo
que, si consideraba que la señora Blanca Isabel Cabrera, debía acudir al
proceso en calidad de responsable solidaria debió solicitar su vinculación en
el curso del proceso ordinario.

En consecuencia, se reitera que el argumento no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, conforme a lo dispuesto en el literal iv) del numeral
4.1. de esta sentencia.

5.4. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio es improcedente
porque se emplea como un mecanismo para prolongar la discusión sobre la
legalidad y validez del acto administrativo que constituyó el titulo ejecutivo en
el caso concreto, con ocasión a la alegada omisión en la vinculación de la
compañía de seguros en el proceso administrativo sancionatorio y el de cobro
coactivo. Pero, estos argumentos ya se habían expuesto en el curso del
proceso ordinario y fueron descartados por los jueces de la causa en cada una
de las instancias.

En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine, la
sociedad actora alegó que el proceso de cobro coactivo se adelantó sin que
existiera un título ejecutivo válido, ya que los actos administrativos que lo
conforman no estaban ejecutoriados porque no fueron notificados a la
compañía aseguradora (mismo argumento de la tutela). La Compañía de
Vigilancia Ver Ltda. argumentó que, al no haberse notificado la sanción ni el
mandamiento de pago a la aseguradora garante, y no haberse integrado
adecuadamente el título ejecutivo, se quebranta el procedimiento de cobro
coactivo. Recordó que, la jurisprudencia contenciosa ha indicado que la falta
de notificación al garante genera la nulidad del proceso.

5.5. Así las cosas, procede la Sala a recordar en este punto que, el Juzgado 44
Administrativo del Circuito de Bogotá, en audiencia inicial del 13 de febrero de
2024, precisó que el litigio en el caso analizado se fijaría en relación con la
legalidad del oficio TRD: 134 Radicado nro. 192104081 de 2019, proferido por
el Mintic en el proceso de cobro coactivo, por medio del cual se resolvió la
excepción de falta de título ejecutivo propuesta respecto del mandamiento de
pago. Por lo tanto, centró la discusión en definir si el acto incurrió en nulidad
por infracción a las normas en que debía fundarse y, en esa línea, si estaba
demostrada la excepción de falta de título.

Lo anterior implicó que no se pronunciaría sobre la legalidad del acto
administrativo que constituyó el título ejecutivo base del cobro, aduciendo que
esa discusión debía agotarse en la vía administrativa frente al mencionado
acto administrativo y, de ser necesario, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. En esa línea, advirtió que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, no es posible cuestionar la legalidad del título ejecutivo en
el procedimiento de cobro coactivo, porque este último busca la efectividad de
obligaciones previamente definidas.

Se extracta el aparte pertinente de la sentencia de primera instancia:

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

«Previo a entrar a resolver sobre los cargos de nulidad propuestos en la demanda, este
Despacho debe advertir que el pronunciamiento emitido se circunscribirá exclusivamente a los
actos demandados que fueron expedidos en el curso del proceso de cobro coactivo iniciado
por la entidad demandada. Es decir, que no se analizarán aspectos propios de la legalidad del
título ejecutivo base del cobro, toda vez que dicha controversia debe surtirse mediante los
recursos en la vía administrativa y, concluida esta etapa, si es del caso, ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control correspondiente contra los
actos que determinan la obligación.
En este sentido se pronunció la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 26
de octubre de 2009, con ponencia del Magistrado Héctor Romero Díaz 14, así:
“(…) el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de la Ley 6 de 1992, prohíbe
debatir, dentro del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de
discusión en la vía gubernativa, por cuanto para cobrar administrativamente una obligación fiscal, el título
ejecutivo debe estar en firme. Si existen cuestionamientos en relación con los actos ejecutoriados que
constituyen título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes
y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos
administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero
a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su
contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho (…)”» (Subraya
la Sala)

5.6. Establecido lo anterior, procedió con el análisis del cargo de nulidad contra el
acto administrativo que resolvió las excepciones contra el mandamiento de
pago en el proceso de cobro coactivo, para establecer si estaba probada la
excepción de falta de título ejecutivo.

El juez de la primera instancia advirtió que, en la demanda no se expusieron
con claridad las razones por las que se acusó la inexistencia del título
ejecutivo, sino que se limitó el actor a indicar que la aseguradora debió ser
notificada en el proceso administrativo sancionatorio que culminó con la
expedición de las Resoluciones 751 de 2017 y los actos administrativos que la
confirmaron, las cuales integran el título ejecutivo.

Expuso que el actor mezcló conceptos relacionados con la firmeza y la
integración del mandamiento de pago, evidenciando una confusión entre la
falta de ejecutoria y la existencia del título, pues en el proceso de cobro
coactivo la falta de firmeza o ejecutoria no implica la inexistencia del título. Sin
embargo, indicó que, en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva,
analizaría si estaban dados los elementos del título ejecutivo base de cobro en
el presente asunto.

Concluyó que la entidad demandada ejecutó la obligación impuesta en la
Resolución 751 de 2017, confirmada en las Resoluciones 544 y 700 de 2018,
mediante las cuales se sancionó a la Compañía Ver Ltda. Y advirtió que del
análisis del título deriva una obligación clara, expresa y exigible, por lo que
declaró no probada la excepción de falta de título ejecutivo.

5.7. En la sentencia de segunda instancia, la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró que las posibles
objeciones que pudieran surgir frente a la legalidad de los actos que
constituyen el título ejecutivo que se pretende cobrar a través del proceso de
cobro coactivo debieron alegarse en sede administrativa y, eventualmente, en
sede judicial para cuestionar la legalidad de dichos actos. Por lo tanto, que no
era procedente, en el caso particular, analizar la vinculación de la aseguradora
al proceso sancionatorio adelantado por la ANE, pues implicaba reabrir el
debate sobre la obligación contenida en los actos que constituyen el titulo
ejecutivo, para el cual el ordenamiento jurídico previó mecanismos
administrativos y judiciales.

14
«Radicado: 440012331000200400191 01, Número Interno: 16976. Criterio reiterado en sentencia del 04 de abril de 2013,
C.P.: Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, Ref.: 76001-23-31-000-2005-04450-01»

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

Como fundamento de lo indicado, el tribunal invocó la sentencia del 8 de marzo
de 2018, emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 19001-23-33-000-2016-00145-
01 (23392). Al respecto, en la sentencia acusada se lee:
«La parte recurrente reitera el hecho de que se adelantó el proceso de cobro coactivo sin que
exista un título ejecutivo; sustentando dicho argumento en que los actos administrativos que
conforman el título ejecutivo no se encuentran debidamente ejecutoriados, al no haber sido
notificados a la aseguradora.
Sobre este argumento, en primer lugar, es necesario destacar lo expuesto por el A quo, pues
no es posible realizar un análisis sobre la legalidad del título ejecutivo, pues dicha controversia
debía ser resuelta en la vía administrativa mediante los recursos pertinentes, y en caso de ser
necesario, en vía judicial mediante el medio de control correspondiente, para obtener la
declaración de nulidad de los actos que conforman el título ejecutivo.
El artículo 829-1 del Estatuto Tributario establece lo siguiente: “Efectos de la revocatoria directa.
En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de
discusión en la vía gubernativa. La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el
artículo 567, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista
pronunciamiento definitivo.” (Subrayado fuera del texto)
Con base en dicho fundamento normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reiterado en diversas ocasiones que:
“(…) la finalidad del proceso de cobro coactivo es la efectividad de las obligaciones previamente
definidas a favor del fisco, y no la declaración o constitución de las mismas, ni mucho menos la revisión
de aspectos propios de la etapa de determinación del impuesto, como son los que atañen a los elementos
de la obligación tributaria.”15
Adicionalmente, ha precisado que las posibles objeciones que puedan surgir frente a la
legalidad de los actos que constituyen el título ejecutivo y que se pretende ejecutar por la
Administración a través del proceso de cobro coactivo, debieron alegarse en sede
administrativa, y eventualmente en sede judicial para cuestionar la legalidad de dichos actos.
Así las cosas, no es de recibo que en el proceso de cobro coactivo se cuestione la validez
del título ejecutivo, así como tampoco que se pretenda la revisión de aspectos propios
del mismo, como sería en este caso, analizar la vinculación de la aseguradora en el
proceso sancionatorio adelantado por la ANE a la sociedad demandante, por lo tanto, no es
procedente abordar su análisis en el estudio de legalidad de la resolución que negó la
excepción propuesta contra el mandamiento de pago en el proceso de cobro coactivo, pues
ello conllevaría a reabrir el debate de la obligación impuesta en los actos que constituyen el
título ejecutivo, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto los respectivos mecanismos
administrativos y judiciales.
(…) Aunado a lo anterior, se debe señalar que el argumento expuesto en el recurso de
apelación respecto de la falta de notificación del título ejecutivo a la aseguradora no generaría
la inexistencia del título, sino la falta de ejecutoria del mismo por ausencia de firmeza; por lo
tanto, no prospera este argumento de apelación.» (Destaca la Sala)

5.8. Como se advierte, los argumentos de la acción de tutela fueron examinados
en cada una de las instancias del proceso ordinario, en el cual las autoridades
judiciales accionadas expusieron las razones por las que no era posible
analizar la legalidad del título ejecutivo objeto de cobro en el proceso coactivo,
sustentando su decisión con la explicación de los argumentos jurídicos y
precedentes que respaldaban su posición.

A pesar de lo anterior, la sociedad accionante insiste en el mismo argumento
a través de la acción de tutela, utilizándola como una instancia adicional para
procurar un análisis distinto, sin aportar ningún elemento que evidencie que
las autoridades incurrieron en un error manifiesto al analizar este cargo de la
demanda y de la apelación.

Se limitó a afirmar que no se puede exigir a la deudora solidaria y a la
aseguradora que recurran unos actos administrativos dictados en un
procedimiento al que no fueron vinculadas. Sin embargo, tal argumento no es
suficiente para evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales de las

15
Ibidem

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

accionantes con fundamento en las providencias cuestionadas, pues no
controvierte el argumento principal de que la legalidad del título no se puede
discutir en el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Y ese,
precisamente, según la fijación del litigio, es el objeto de la demanda: un acto
administrativo que se emitió en un proceso administrativo de cobro coactivo.

Luego, el argumento analizado se trata de una reiteración del que ya había
sido expuesto en el curso del proceso ordinario, tanto en la demanda como en
la apelación, y que fue analizado y descartado de manera motivada por los
jueces de la causa. Sin que la actora exponga un argumento con aptitud de
evidenciar un error en el juicio jurídico de las autoridades judiciales
accionadas.

De acuerdo con lo anterior, insistir en sede tutela en un cargo que ya fue
examinado en el proceso ordinario implica utilizar este mecanismo como un
escenario adicional para prolongar una discusión jurídica que fue cerrada por
el juez natural, con el único propósito de obtener una decisión favorable a los
intereses de la parte accionante, lo cual resulta contrario a la naturaleza
subsidiaria y excepcional de la acción de tutela.

5.9. A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo

5.10. Ahora bien, en la acción de tutela también se alegó el desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional16 y del Consejo de Estado17 relativo a la
necesidad de vincular al deudor solidario y a la compañía aseguradora tanto
al procedimiento sancionatorio y como al de cobro coactivo. Según la parte
actora, dicha omisión impidió que aquellas ejercieran su derecho de defensa
y contradicción, lo que afectó la validez del título ejecutivo. Asimismo, sostuvo
que esa omisión concretó un defecto sustantivo y violación directa a la
constitución ya que no se motivó el apartamiento, en desconocimiento de su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Este argumento no se acompasa con el contenido de las sentencias
cuestionadas, pues tanto en la sentencia de primera como en la de segunda
instancia del proceso ordinario, las autoridades judiciales expusieron las
razones por las cuales no era procedente analizar la falta de vinculación de la
compañía aseguradora como supuesta causal de invalidez del título ejecutivo.

Las razones se resumen en que (i) el análisis de legalidad se limitó, desde la
fijación del litigio, al acto administrativo emitido por el Mintic en el proceso de
cobro coactivo en el cual resolvió la excepción de falta de título contra el
mandamiento de pago; (ii) el artículo 829-1 del Estatuto Tributario y la
jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado niegan la

16
Sentencia C-1201 de 2003.
17
Sentencia de unificación, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicación: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)
CE-SUJ-4-011. M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

posibilidad de que en el proceso de cobro coactivo se cuestione la legalidad y
validez del título ejecutivo, pues esa discusión debía surtirse a través de los
recursos de la vía administrativa título ejecutivo base de cobro; y (iii) la ANE
fue desvinculada del proceso en la sentencia de primera instancia, decisión
que no fue objeto de recurso, por lo que no hay lugar a revisar los actos
administrativos emitidos por esa entidad.

Respecto, de la alegada falta de vinculación de la señora Blanca Isabel
Cabrera como deudora solidaria en el proceso administrativo de sancionatorio
y en el de cobro coactivo, se reitera, que no fue discutida por la compañía de
Vigilancia Ver Ltda. en la demanda ni en el escrito de apelación, motivo por el
cual no puede ser objeto de análisis de fondo por parte del juez constitucional,
tal y como se explicó en el numeral 4.3. de esta providencia.

Por lo anterior, la Sala considera que estos cargos de la demanda no superan
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que su
fundamentación no se corresponde con el contenido de las decisiones
judiciales que se cuestionan (ver supra 4.1. iii).

5.11. Así las cosas, la Sala observa que las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales fueron consecuencia de la aplicación y análisis motivado
del marco jurídico que estimaron pertinente, a partir de los cuales se negó la
nulidad del acto administrativo demandado al considerar que no se probó la
excepción de falta de título ejecutivo. Asunto diferente es que la parte actora,
no comparta la aplicación e interpretación de las normas procesales y de los
precedentes jurisprudenciales realizada por las autoridades judiciales en el
caso particular y pretenda obtener del juez constitucional una decisión
favorable a sus pretensiones.

Además de lo expuesto, esta Sala advierte que la entidad accionante
fundamentó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en un
debate de índole estrictamente legal que ya fue objeto de análisis dentro del
proceso ordinario y decidido por los jueces competentes.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Blanca
Isabel Cabrera, de acuerdo con los argumentos contenidos en el acápite de
cuestión previa de este fallo.

2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Compañía de
Vigilancia Ver Ltda., dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01138-00
Demandante: Compañía de Vigilancia Ver Ltda. y otra

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez Conjuez

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.