RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO
PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD, EXISTEN
OTROS MECANISMOS DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES PARA SOLICITAR EL TRASLADO DEL RECLUSO.
FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC.

DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA DIGNA E INTEGRIDAD
PERSONAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DEL DERECHO, el INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, los

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS CON

ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ e IBAGUÉ –

PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CIRCUITO DE PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN

ASUNTOS PENALES DE PEREIRA.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, actuando a través de su

representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la vida digna y a la integridad personal,

los cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –

INPEC, los ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y

PENITENCIARIOS CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE

JAMUNDÍ e IBAGUÉ – PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y

SEXTO PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la

PROCURADURÍA JUDICIAL EN ASUNTOS PENALES DE

PEREIRA, con ocasión del desconocimiento del paradero y estado

de salud del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se

encontraba privado de la libertad en el referido centro de reclusión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

de Ibagué, por lo que solicita sea reubicado en un establecimiento

carcelario totalmente seguro y cerca de su núcleo familiar.

I.2. Hechos

Indicó que el 28 de noviembre de 2024 presentó ante la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DEL DERECHO y demás entidades, una alerta en atención a la vida

y protección de los derechos humanos del señor JONATHAN

ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se encuentra privado de la

libertad.

Adujo que a la fecha los familiares y amigos cercanos desconocen si

el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA se encuentra con

vida o si sufrió graves afectaciones y complicaciones a su integridad

personal, con respecto a los hechos violentos acaecidos en su contra

el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, al interior del

ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON

ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE IBAGUÉ – PICALEÑA, por lo

que han transcurrido más de 3 meses desde la ocurrencia de los

hechos sin recibir noticia alguna y sin conocer de su paradero.

Manifestó que el INPEC ha sometido a una incomunicación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

inaceptable e injustificable para atender los derechos y afrontar una

solución de fondo.

Relató que a las solicitudes remitidas no se les ha dado el trámite

idóneo, pues se ha presentado una actitud pasiva de las accionadas

a pesar de la gravedad de los hechos informados, así como de las

extorciones de las cuales es víctima el señor JONATHAN ALBERTO

MEJÍA PIAMBA y sobre las cuales se tienen pruebas que se les ha

impedido entregar debido a que: “[…] 02 procuradores judiciales el

pasado 02 de diciembre de 2024, impidieron y obstruyeron la entrega

de las mismas en su despacho para el trámite y traslado

correspondiente […]”.

Afirmó que se ha visto obligada a pagar varias extorciones con el fin

de recopilar suficientes elementos de prueba que demuestran que

“ALIAS EL TRIGRE” ha exigido pagos para evitar que se atente contra

la vida del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien ha

sido sometido a tortura y tratos crueles.

Sostuvo que se ha hecho caso omiso a la posibilidad de reubicar en

un centro de reclusión seguro al señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA

PIAMBA que le permita contar con la seguridad requerida, pues de

acuerdo con la comunicación emitida por el INPEC el 13 de enero de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2025, fue trasladado o se tiene la intención de trasladarlo al

ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON

ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ, el cual se encuentra

ubicado en un departamento que afronta graves y complicados

hechos de criminalidad y violencia por parte de grupos al margen de

la ley.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, le asiste el derecho de recurrir a la

presente acción constitucional para conocer de fondo el estado real

de vida y reclusión del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA

PIAMBA, comoquiera que han transcurrido más de 3 meses sin que

se conozca si se encuentra con vida o si su integridad personal se

encuentra a salvo.

Aseveró que la ciudad de arraigo del señor JONATHAN ALBERTO

MEJÍA PIAMBA es Pereira, por lo que debe ser trasladado al centro

penitenciario y carcelario de tal ciudad, especialmente, porque de esa

forma podría asistir de forma personal a las audiencias judiciales que

le son programadas, además de estar en un centro carcelario más

seguro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Destacó que de haber sido trasladado al ESTABLECIMIENTO

CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIANA

SEGURIDAD DE JAMUNDÍ se estarían vulnerando los derechos

fundamentales del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA

pues allí su vida e integridad personal corren peligro, al ser una de

las cárceles más peligrosas del país por los hechos acaecidos en los

últimos años.

Refirió que los accionados en esta acción constitucional no han sido

claros a la fecha sobre la condición real de vida y de supervivencia

del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, máxime cuando

la Procuraduría Judicial ha sido conocedora del riesgo que afronta el

recluso, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

“[…] Con fundamento en los hechos expuestos y los derechos
vulnerados se solicita al Tribunal de conocimiento, se le ordene a
los aquí demandados intervenir de acuerdo a cada una de sus
competencias constitucionales y legales y funciones en la atención
y protección de los derechos humanos vulnerados, teniendo en
cuenta que conocían la información de los hechos criminales aquí
denunciados desde el 28 de noviembre del año 2024. Se solicita
igualmente se le ordene al Director Nacional del INPEC, permitir

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

que conozcamos el estado de vida a la fecha del PPL JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, como también, que se adopten las
medidas y acciones necesarias para la ubicación de JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, en un Centro de Reclusión seguro que le
brinde seguridad personal y esté cerca de su arraigo familiar, social
y procesal, de conformidad como el mismo privado de la libertad
JONATHAN ALBERTO MEJIA PIAMBA por escrito se lo había
peticionado a las autoridades penitenciarias en la Cárcel de Coiba
– Ibagué […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA

informó que el proceso penal con radicación núm.

66001600003520180084300 por el delito de acceso carnal violento

y hurto calificado y agravado en contra del señor JONATHAN

ALBERTO MEJÍA PIAMBA ingresó por reparto el 31 de octubre de

2018 y el 30 de noviembre de 2021 se dictó fallo condenatorio,

decisión que fue objeto de apelación por lo que se encuentra desde

el 13 de enero de 2022 en la Sala Penal del Tribunal Superior de

Distrito Judicial de Risaralda para decidir en segunda instancia.

Aseveró que el 17 de marzo de 2023 el señor JOSÉ DANILO

ZAPATA CASTAÑO, Veedor Ciudadano de Control Social a lo Público

del Departamento de Risaralda, en calidad de pareja sentimental del

señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA presentó petición

ante ese juzgado con el fin de que se ordenara la protección de la

vida del recluso ante un plan criminal que se estaría fraguando en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

cárcel la Picota, para lo cual se corrió traslado a la Coordinación de

asuntos penitenciarios del INPEC.

Afirmó que nuevamente, el 21 de marzo de 2023 recibió petición

tendiente a que ese despacho adelante las acciones pertinentes para

salvaguardar la vida e integridad personal del recluso, por lo que

dispuso remitir dicho escrito al INPEC.

Sostuvo que ante un nuevo memorial en el cual se puso en

conocimiento un nuevo atentado contra el recluso, de manera

inmediata y con nota de urgencia, ofició al Establecimiento Carcelario

de Calarcá – Quindío, donde se encontraba recluido y al INPEC

Regional Caldas.

Destacó que mediante oficio de 7 de octubre de 2024, el director del

Establecimiento Carcelario de Calarcá – Quindío, dio a conocer la

situación del interno y las medidas adoptadas, no solo con miras a

evitar acontecimientos que pudieran desencadenar indisciplina al

interior del pabellón sino para garantizar la integridad física de las

personas allí recluidas.

Resaltó que le ha impartido el trámite pertinente a cada solicitud

presentada, en procura de garantizar los derechos que le asisten al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, por lo que no ha

vulnerado los derechos fundamentales invocados.

I.5.2.- El INPEC indicó que ya se dio cumplimiento a lo requerido

por la parte actora, pues el 15 de febrero de 2025 fue trasladado al

Complejo Carcelario y Penitenciario Jamundí, lo que evidencia que se

configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,

comoquiera que ya se dio respuesta a la petición presentada.

I.5.3.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó

denegar el amparo solicitado, comoquiera que los hechos

mencionados por la parte actora no le son atribuidos a esa entidad,

por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Sumado a lo anterior, destacó que no ha vulnerado los derechos

fundamentales en el asunto, ni por acción ni por omisión, puesto que

ha adelantado el trámite pertinente para atender cada solicitud de la

parte actora.

Finalmente, advirtió que las facultadas señaladas para esa entidad

se circunscriben a garantizar y velar por los derechos de las

personas, vigilar la actuación de los servidores públicos y defender

el ordenamiento jurídico, sin que ello implique en modo alguno la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

coadministración o injerencia indebida de las decisiones que ejercer

las entidades y los particulares que ejercen funciones públicas.

I.5.4.- El ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO

“COIBA” DE IBAGUÉ – PICALEÑA sostuvo que no ha vulnerado

derecho fundamental alguno, toda vez que revisada la base de datos

en el aplicativo SISIPEC-WEB, el privado de la libertad se encuentra

ubicado en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí desde

el 16 de febrero de 2025.

Destacó que le corresponde al INPEC garantizar que el

establecimiento donde se encuentre el recluso reúna la

infraestructura y características adecuadas para procurar el

cumplimiento de la pena impuesta.

Anotó que el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA fue

remitido al Instituto de Medicina Legal para que fueran valoradas sus

lesiones, sumado a ello, se le indicó la oportunidad de ser atendido

por un médico, la cual fue rechazada.

Refirió que el señor JOSÉ DANILO ZAPATA CASTAÑO, Veedor

Ciudadano de Control Social a lo Público del Departamento de

Risaralda, indica que tiene bajo su poder la información

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

correspondiente a los autores materiales de los presuntos abusos y

agresiones, sin embargo, a la fecha no existe requerimiento por parte

de este para que se adelante las investigaciones disciplinarias y

administrativas correspondientes.

Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela

de la referencia por carencia actual de objeto por hecho superado,

pues ha atendido los requerimientos presentados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida

contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entre otras

entidades, y se le endilga la vulneración de los derechos

fundamentales a esta, la Sala concluye que corresponde denegar la

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, los

cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, los

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS CON

ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ e IBAGUÉ –

PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL

CIRCUITO DE PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN

ASUNTOS PENALES DE PEREIRA, con ocasión del

desconocimiento del paradero y estado de salud del señor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se encontraba

privado de la libertad en el referido centro de reclusión de Ibagué,

por lo que solicita sea reubicado en un establecimiento carcelario

totalmente seguro y cerca de su núcleo familiar, lo cual pidió

mediante petición de 16 de diciembre de 2024.

De las pretensiones expuestas en el escrito inicial de la acción de

tutela se observa que la parte actora solicita que se le informe el

paradero y el estado de salud del señor JONATHAN ALBERTO

MEJÍA PIAMBA; no obstante, de los anexos allegados con la

solicitud de amparo, específicamente, del Oficio núm.

2025EE0006100 de 13 de enero de 2025, se advierte que la

Coordinadora del Grupo Asuntos Penitenciarios del INPEC dio

respuesta a la petición presentada el 16 de diciembre de 2024, en el

sentido de informar que el mencionado interno fue trasladado al

Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, de conformidad con

la Resolución núm. 900-012982 de 20 de diciembre de 2024

expedida por el director del INPEC, por motivos de seguridad, por lo

que de conformidad con los protocolos y procedimientos internos

para el ingreso de visitas y llamadas al centro de reclusión, los

interesados pueden establecer comunicación con el señor

JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Ahora, revisados los fundamentos de la solicitud de amparo, la Sala

destaca que el objeto real de la acción de tutela de la referencia es

que se conceda el traslado del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA

PIAMBA al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y

Carcelario de Pereira, comoquiera que la ciudad de arraigo del mismo

es Pereira.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en establecer si resulta procedente la acción de

tutela para solicitar el traslado de condenados a penas privativas de

la libertad y, de ser así, determinar si las autoridades accionadas

vulneraron los derechos fundamentales al trasladar al señor

JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA al COMPLEJO

CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ y no al

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA

SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA.

Antes de entrar a analizar si resulta procedente la acción de tutela

para lograr el traslado de condenados a penas privativas de la

libertad a diferentes centros de reclusión, es del caso hacer

referencia a los derechos de las personas privadas de la libertad,

como sujetos de especial protección constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Derechos de las personas privadas de la libertad

La Corte Constitucional1 ha determinado que las personas privadas

de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en

razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos

fundamentales al interior de los establecimientos de reclusión.

En ese orden de ideas, las autoridades que tienen a cargo su custodia

deben velar y respetar los derechos sus derechos fundamentales, los

cuales, como consecuencia de la privación de la libertad, no son

absolutos, toda vez que el derechos a la libertad física, a la intimidad

personal y familiar y a la libertad de expresión y de reunión, se

encuentran limitados y algunos restringidos, mientras que otras

garantías constitucionales como la vida, la integridad personal, la

salud, la dignidad humana, entre otros, se mantienen incólumes y no

puede ser afectados en modo alguno por el hecho de encontrarse en

un establecimiento carcelario.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

1
Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»2 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por incumplir con el

requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que la parte

actora cuenta con diferentes vías tanto judiciales como

administrativas que puede hacer efectivas con el fin de satisfacer sus

pretensiones, máxime cuando no se advierte la existencia de un

perjuicio irremediable en el asunto.

En efecto, comoquiera que la acción de tutela de la referencia tiene

como propósito que se se conceda el traslado del señor JONATHAN

ALBERTO MEJÍA PIAMBA al Establecimiento Penitenciario de

Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, por ser Pereira su ciudad

de arraigo, la Sala advierte que la misma no tiene vocación de

prosperidad, en la medida en que la facultad de trasladar a las

2 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

personas privadas de la libertad es de naturaleza discrecional y

corresponde al INPEC determinar de forma autónoma la ubicación y

el traslado de los reclusos, asunto en el cual el juez constitucional no

puede inmiscuirse, a menos que se evidencia una decisión arbitraria

o vulneradora de los derechos fundamentales del preso, lo cual no se

advierte en el caso bajo examen.

Sumado a ello, de conformidad con el Oficio núm. 2025EE0006100

de 13 de enero de 2025, la Coordinadora del Grupo Asuntos

Penitenciarios y Carcelarios del INPEC informó a la parte actora que

el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA fue trasladado al

Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, decisión que se

encuentra motivada en la garantía y protección a la integridad

personal y la seguridad del recluso, de lo cual no se advierte una

decisión arbitraria o vulneradora, máxime cuando la misma puede

ser controvertida a través de las vías legales ordinarias.

Es ese orden de ideas, es del caso destacar que el INPEC no ha

incurrido en arbitrariedad alguna al trasladar al señor JONATHAN

ALBERTO MEJÍA PIAMBA al Complejo Carcelario y Penitenciario de

Jamundí, pues el hecho de no haber sido remitido al Establecimiento

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira no

conlleva per se la vulneración de los derechos fundamentales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

sumado a que dicha decisión fue fundamentada precisamente en las

denuncias presentadas que buscaban garantizar la seguridad del

recluso, lo cual evidencia que se tomaron las medidas necesarias

para salvaguardar la integridad física del mismo.

Ahora, en cuanto a la inconformidad consistente en que la parte

actora no ha podido tener comunicación con el señor JONATHAN

ALBERTO MEJÍA PIAMBA, se advierte que no obra prueba dentro

del expediente que evidencie tal situación.

Finalmente, es del caso destacar que frente a la PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL CIRCUITO DE

PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN ASUNTOS

PENALES DE PEREIRA, la parte actora no alega una vulneración o

amenaza clara en cuanto a las mismas que de lugar a la intervención

del juez constitucional, razón por la cual la Sala se relevará de su

estudio.

En las condiciones anotadas, la Sala declarará improcedente la

presente acción de tutela por carencia del requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con permiso

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.