Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01140-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO
PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD, EXISTEN
OTROS MECANISMOS DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES PARA SOLICITAR EL TRASLADO DEL RECLUSO.
FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC.
DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA DIGNA E INTEGRIDAD
PERSONAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO, el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, los
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS CON
ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ e IBAGUÉ –
PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CIRCUITO DE PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN
ASUNTOS PENALES DE PEREIRA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, actuando a través de su
representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna y a la integridad personal,
los cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –
INPEC, los ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y
PENITENCIARIOS CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE
JAMUNDÍ e IBAGUÉ – PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y
SEXTO PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la
PROCURADURÍA JUDICIAL EN ASUNTOS PENALES DE
PEREIRA, con ocasión del desconocimiento del paradero y estado
de salud del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se
encontraba privado de la libertad en el referido centro de reclusión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
de Ibagué, por lo que solicita sea reubicado en un establecimiento
carcelario totalmente seguro y cerca de su núcleo familiar.
I.2. Hechos
Indicó que el 28 de noviembre de 2024 presentó ante la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO y demás entidades, una alerta en atención a la vida
y protección de los derechos humanos del señor JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se encuentra privado de la
libertad.
Adujo que a la fecha los familiares y amigos cercanos desconocen si
el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA se encuentra con
vida o si sufrió graves afectaciones y complicaciones a su integridad
personal, con respecto a los hechos violentos acaecidos en su contra
el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, al interior del
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON
ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE IBAGUÉ – PICALEÑA, por lo
que han transcurrido más de 3 meses desde la ocurrencia de los
hechos sin recibir noticia alguna y sin conocer de su paradero.
Manifestó que el INPEC ha sometido a una incomunicación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
inaceptable e injustificable para atender los derechos y afrontar una
solución de fondo.
Relató que a las solicitudes remitidas no se les ha dado el trámite
idóneo, pues se ha presentado una actitud pasiva de las accionadas
a pesar de la gravedad de los hechos informados, así como de las
extorciones de las cuales es víctima el señor JONATHAN ALBERTO
MEJÍA PIAMBA y sobre las cuales se tienen pruebas que se les ha
impedido entregar debido a que: “[…] 02 procuradores judiciales el
pasado 02 de diciembre de 2024, impidieron y obstruyeron la entrega
de las mismas en su despacho para el trámite y traslado
correspondiente […]”.
Afirmó que se ha visto obligada a pagar varias extorciones con el fin
de recopilar suficientes elementos de prueba que demuestran que
“ALIAS EL TRIGRE” ha exigido pagos para evitar que se atente contra
la vida del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien ha
sido sometido a tortura y tratos crueles.
Sostuvo que se ha hecho caso omiso a la posibilidad de reubicar en
un centro de reclusión seguro al señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA
PIAMBA que le permita contar con la seguridad requerida, pues de
acuerdo con la comunicación emitida por el INPEC el 13 de enero de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
2025, fue trasladado o se tiene la intención de trasladarlo al
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON
ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ, el cual se encuentra
ubicado en un departamento que afronta graves y complicados
hechos de criminalidad y violencia por parte de grupos al margen de
la ley.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, le asiste el derecho de recurrir a la
presente acción constitucional para conocer de fondo el estado real
de vida y reclusión del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA
PIAMBA, comoquiera que han transcurrido más de 3 meses sin que
se conozca si se encuentra con vida o si su integridad personal se
encuentra a salvo.
Aseveró que la ciudad de arraigo del señor JONATHAN ALBERTO
MEJÍA PIAMBA es Pereira, por lo que debe ser trasladado al centro
penitenciario y carcelario de tal ciudad, especialmente, porque de esa
forma podría asistir de forma personal a las audiencias judiciales que
le son programadas, además de estar en un centro carcelario más
seguro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Destacó que de haber sido trasladado al ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD DE JAMUNDÍ se estarían vulnerando los derechos
fundamentales del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA
pues allí su vida e integridad personal corren peligro, al ser una de
las cárceles más peligrosas del país por los hechos acaecidos en los
últimos años.
Refirió que los accionados en esta acción constitucional no han sido
claros a la fecha sobre la condición real de vida y de supervivencia
del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, máxime cuando
la Procuraduría Judicial ha sido conocedora del riesgo que afronta el
recluso, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] Con fundamento en los hechos expuestos y los derechos
vulnerados se solicita al Tribunal de conocimiento, se le ordene a
los aquí demandados intervenir de acuerdo a cada una de sus
competencias constitucionales y legales y funciones en la atención
y protección de los derechos humanos vulnerados, teniendo en
cuenta que conocían la información de los hechos criminales aquí
denunciados desde el 28 de noviembre del año 2024. Se solicita
igualmente se le ordene al Director Nacional del INPEC, permitir
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
que conozcamos el estado de vida a la fecha del PPL JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, como también, que se adopten las
medidas y acciones necesarias para la ubicación de JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, en un Centro de Reclusión seguro que le
brinde seguridad personal y esté cerca de su arraigo familiar, social
y procesal, de conformidad como el mismo privado de la libertad
JONATHAN ALBERTO MEJIA PIAMBA por escrito se lo había
peticionado a las autoridades penitenciarias en la Cárcel de Coiba
– Ibagué […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA
informó que el proceso penal con radicación núm.
66001600003520180084300 por el delito de acceso carnal violento
y hurto calificado y agravado en contra del señor JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA ingresó por reparto el 31 de octubre de
2018 y el 30 de noviembre de 2021 se dictó fallo condenatorio,
decisión que fue objeto de apelación por lo que se encuentra desde
el 13 de enero de 2022 en la Sala Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Risaralda para decidir en segunda instancia.
Aseveró que el 17 de marzo de 2023 el señor JOSÉ DANILO
ZAPATA CASTAÑO, Veedor Ciudadano de Control Social a lo Público
del Departamento de Risaralda, en calidad de pareja sentimental del
señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA presentó petición
ante ese juzgado con el fin de que se ordenara la protección de la
vida del recluso ante un plan criminal que se estaría fraguando en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
cárcel la Picota, para lo cual se corrió traslado a la Coordinación de
asuntos penitenciarios del INPEC.
Afirmó que nuevamente, el 21 de marzo de 2023 recibió petición
tendiente a que ese despacho adelante las acciones pertinentes para
salvaguardar la vida e integridad personal del recluso, por lo que
dispuso remitir dicho escrito al INPEC.
Sostuvo que ante un nuevo memorial en el cual se puso en
conocimiento un nuevo atentado contra el recluso, de manera
inmediata y con nota de urgencia, ofició al Establecimiento Carcelario
de Calarcá – Quindío, donde se encontraba recluido y al INPEC
Regional Caldas.
Destacó que mediante oficio de 7 de octubre de 2024, el director del
Establecimiento Carcelario de Calarcá – Quindío, dio a conocer la
situación del interno y las medidas adoptadas, no solo con miras a
evitar acontecimientos que pudieran desencadenar indisciplina al
interior del pabellón sino para garantizar la integridad física de las
personas allí recluidas.
Resaltó que le ha impartido el trámite pertinente a cada solicitud
presentada, en procura de garantizar los derechos que le asisten al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, por lo que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados.
I.5.2.- El INPEC indicó que ya se dio cumplimiento a lo requerido
por la parte actora, pues el 15 de febrero de 2025 fue trasladado al
Complejo Carcelario y Penitenciario Jamundí, lo que evidencia que se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que ya se dio respuesta a la petición presentada.
I.5.3.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó
denegar el amparo solicitado, comoquiera que los hechos
mencionados por la parte actora no le son atribuidos a esa entidad,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Sumado a lo anterior, destacó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales en el asunto, ni por acción ni por omisión, puesto que
ha adelantado el trámite pertinente para atender cada solicitud de la
parte actora.
Finalmente, advirtió que las facultadas señaladas para esa entidad
se circunscriben a garantizar y velar por los derechos de las
personas, vigilar la actuación de los servidores públicos y defender
el ordenamiento jurídico, sin que ello implique en modo alguno la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
coadministración o injerencia indebida de las decisiones que ejercer
las entidades y los particulares que ejercen funciones públicas.
I.5.4.- El ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
“COIBA” DE IBAGUÉ – PICALEÑA sostuvo que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, toda vez que revisada la base de datos
en el aplicativo SISIPEC-WEB, el privado de la libertad se encuentra
ubicado en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí desde
el 16 de febrero de 2025.
Destacó que le corresponde al INPEC garantizar que el
establecimiento donde se encuentre el recluso reúna la
infraestructura y características adecuadas para procurar el
cumplimiento de la pena impuesta.
Anotó que el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA fue
remitido al Instituto de Medicina Legal para que fueran valoradas sus
lesiones, sumado a ello, se le indicó la oportunidad de ser atendido
por un médico, la cual fue rechazada.
Refirió que el señor JOSÉ DANILO ZAPATA CASTAÑO, Veedor
Ciudadano de Control Social a lo Público del Departamento de
Risaralda, indica que tiene bajo su poder la información
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
correspondiente a los autores materiales de los presuntos abusos y
agresiones, sin embargo, a la fecha no existe requerimiento por parte
de este para que se adelante las investigaciones disciplinarias y
administrativas correspondientes.
Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
de la referencia por carencia actual de objeto por hecho superado,
pues ha atendido los requerimientos presentados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida
contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entre otras
entidades, y se le endilga la vulneración de los derechos
fundamentales a esta, la Sala concluye que corresponde denegar la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, los
cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, los
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS CON
ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ e IBAGUÉ –
PICALEÑA, los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL
CIRCUITO DE PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN
ASUNTOS PENALES DE PEREIRA, con ocasión del
desconocimiento del paradero y estado de salud del señor
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA, quien se encontraba
privado de la libertad en el referido centro de reclusión de Ibagué,
por lo que solicita sea reubicado en un establecimiento carcelario
totalmente seguro y cerca de su núcleo familiar, lo cual pidió
mediante petición de 16 de diciembre de 2024.
De las pretensiones expuestas en el escrito inicial de la acción de
tutela se observa que la parte actora solicita que se le informe el
paradero y el estado de salud del señor JONATHAN ALBERTO
MEJÍA PIAMBA; no obstante, de los anexos allegados con la
solicitud de amparo, específicamente, del Oficio núm.
2025EE0006100 de 13 de enero de 2025, se advierte que la
Coordinadora del Grupo Asuntos Penitenciarios del INPEC dio
respuesta a la petición presentada el 16 de diciembre de 2024, en el
sentido de informar que el mencionado interno fue trasladado al
Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, de conformidad con
la Resolución núm. 900-012982 de 20 de diciembre de 2024
expedida por el director del INPEC, por motivos de seguridad, por lo
que de conformidad con los protocolos y procedimientos internos
para el ingreso de visitas y llamadas al centro de reclusión, los
interesados pueden establecer comunicación con el señor
JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Ahora, revisados los fundamentos de la solicitud de amparo, la Sala
destaca que el objeto real de la acción de tutela de la referencia es
que se conceda el traslado del señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA
PIAMBA al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Pereira, comoquiera que la ciudad de arraigo del mismo
es Pereira.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en establecer si resulta procedente la acción de
tutela para solicitar el traslado de condenados a penas privativas de
la libertad y, de ser así, determinar si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales al trasladar al señor
JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA al COMPLEJO
CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ y no al
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA.
Antes de entrar a analizar si resulta procedente la acción de tutela
para lograr el traslado de condenados a penas privativas de la
libertad a diferentes centros de reclusión, es del caso hacer
referencia a los derechos de las personas privadas de la libertad,
como sujetos de especial protección constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Derechos de las personas privadas de la libertad
La Corte Constitucional1 ha determinado que las personas privadas
de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en
razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos
fundamentales al interior de los establecimientos de reclusión.
En ese orden de ideas, las autoridades que tienen a cargo su custodia
deben velar y respetar los derechos sus derechos fundamentales, los
cuales, como consecuencia de la privación de la libertad, no son
absolutos, toda vez que el derechos a la libertad física, a la intimidad
personal y familiar y a la libertad de expresión y de reunión, se
encuentran limitados y algunos restringidos, mientras que otras
garantías constitucionales como la vida, la integridad personal, la
salud, la dignidad humana, entre otros, se mantienen incólumes y no
puede ser afectados en modo alguno por el hecho de encontrarse en
un establecimiento carcelario.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
1
Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»2 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por incumplir con el
requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que la parte
actora cuenta con diferentes vías tanto judiciales como
administrativas que puede hacer efectivas con el fin de satisfacer sus
pretensiones, máxime cuando no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable en el asunto.
En efecto, comoquiera que la acción de tutela de la referencia tiene
como propósito que se se conceda el traslado del señor JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA al Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, por ser Pereira su ciudad
de arraigo, la Sala advierte que la misma no tiene vocación de
prosperidad, en la medida en que la facultad de trasladar a las
2 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
personas privadas de la libertad es de naturaleza discrecional y
corresponde al INPEC determinar de forma autónoma la ubicación y
el traslado de los reclusos, asunto en el cual el juez constitucional no
puede inmiscuirse, a menos que se evidencia una decisión arbitraria
o vulneradora de los derechos fundamentales del preso, lo cual no se
advierte en el caso bajo examen.
Sumado a ello, de conformidad con el Oficio núm. 2025EE0006100
de 13 de enero de 2025, la Coordinadora del Grupo Asuntos
Penitenciarios y Carcelarios del INPEC informó a la parte actora que
el señor JONATHAN ALBERTO MEJÍA PIAMBA fue trasladado al
Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, decisión que se
encuentra motivada en la garantía y protección a la integridad
personal y la seguridad del recluso, de lo cual no se advierte una
decisión arbitraria o vulneradora, máxime cuando la misma puede
ser controvertida a través de las vías legales ordinarias.
Es ese orden de ideas, es del caso destacar que el INPEC no ha
incurrido en arbitrariedad alguna al trasladar al señor JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA al Complejo Carcelario y Penitenciario de
Jamundí, pues el hecho de no haber sido remitido al Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira no
conlleva per se la vulneración de los derechos fundamentales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
sumado a que dicha decisión fue fundamentada precisamente en las
denuncias presentadas que buscaban garantizar la seguridad del
recluso, lo cual evidencia que se tomaron las medidas necesarias
para salvaguardar la integridad física del mismo.
Ahora, en cuanto a la inconformidad consistente en que la parte
actora no ha podido tener comunicación con el señor JONATHAN
ALBERTO MEJÍA PIAMBA, se advierte que no obra prueba dentro
del expediente que evidencie tal situación.
Finalmente, es del caso destacar que frente a la PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
los JUZGADOS PRIMERO y SEXTO PENALES DEL CIRCUITO DE
PEREIRA y la PROCURADURÍA JUDICIAL EN ASUNTOS
PENALES DE PEREIRA, la parte actora no alega una vulneración o
amenaza clara en cuanto a las mismas que de lugar a la intervención
del juez constitucional, razón por la cual la Sala se relevará de su
estudio.
En las condiciones anotadas, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela por carencia del requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01140-00
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con permiso
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.