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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01151-00

Fecha
30 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01151-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Antonio Buitrago Mondragón, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Casanare. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01151-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01151-00
Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01151-00
Demandante: LUIS ANTONIO BUITRAGO MONDRAGÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Aplicación del IPC y principio de
oscilación. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Antonio Buitrago Mondragón, quien actúa mediante
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Casanare.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de febrero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, seguridad social, vida digna y mínimo vital, supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor LUIS ANTONIO
BUITRAGO MONDRAGÓN al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al mantenimiento
del poder adquisitivo de la prestación periódica, y a cualquier otro que consideren
los honorables consejeros de estado.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del cuatro (04) de julio
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Honorable Tribunal Administrativo
de Casanare.

TERCERO: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo de Casanare, que
en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor LUIS
ANTONIO BUITRAGO MONDRAGÓN, contra LA CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -CASUR-.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01151-00
Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

CUARTO. SE TOME cualquier otra medida que se estime pertinente para
proteger y restablecer los derechos fundamentales del señor LUIS ANTONIO
BUITRAGO MONDRAGÓN”.

2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente ordinario se advierten como hechos relevantes
los siguientes:

El accionante relató que prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional, e
indicó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1 mediante Resolución
1176 de 10 de julio de 2002, le reconoció y ordenó el pago de su asignación de
retiro equivalente al 74% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas
legalmente computables.

Manifestó que presentó ante Casur solicitud de reajuste y reliquidación de su
asignación de retiro, conforme a lo establecido en la Ley 238 de 1995, aplicable a
partir del año 1997, petición que fue resuelta de forma negativa por la entidad a
través del oficio 201912000328331 de 18 de noviembre de 2019.

Por lo anterior, aseveró que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR-, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo contenido en el oficio 201912000328331 de 18 de noviembre
de 2019, por medio del cual se le negó el reajuste de su asignación de retiro con
los porcentajes del IPC dejados de incluir desde 1997 a 2004 y a partir del 1 de
enero de 2005, con fundamento en el principio de oscilación.

Afirmó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal en fallo de 27 de
febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda, debido a que no logró
desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado.

Agregó que la decisión efectuada por el juzgado se sustentó en que su “asignación
básica y los factores salariales devengados durante la prestación de servicio se hicieron
con base a lo que anualmente por decreto fija el gobierno nacional como lo dispone la Ley
4 de 1992, en donde se incluyen a los miembros de la fuerza pública”.

Así mismo, en la decisión de primera instancia, se indicó que, como la asignación
de retiro del accionante tuvo efectos a partir del 19 de junio de 2002, para esa fecha
ya se había dado aplicación “a lo ordenado por el gobierno nacional en el decreto que
todos los años se emite para el aumento de salarios a la fuerza pública”; además se afirmó
que para el año 2003 el porcentaje de oscilación fue mayor al incremento de IPC y
en el 2004 se generaron los mismos porcentajes.

En ese orden, el actor manifestó que con ocasión del recurso de apelación que
presentó, el Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia de 4 de julio
de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que para los años
de 1997 a 2002, se establecieron los montos salariales que devengó el demandante
en los Decretos anuales de 1997 a 2002, por lo que no era posible acudir a una
norma diferente, por prohibición expresa del artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
1
En adelante Casur
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Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

Agregó que en lo relacionado con el año 2002, la autoridad judicial accionada
sostuvo que el IPC le era más favorable al actor, pero al superar el periodo de 3
años, ese derecho prescribió.

Indicó que frente a la anterior decisión solicitó la aclaración del numeral primero de
la sentencia de 4 de julio de 2024, en tanto no hizo precisión de cuáles eran las
mesadas pensionales que se encuentran prescritas en virtud del artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004.

Señaló que en auto de 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare
negó su solicitud, al considerar que no buscaba que se aclarara alguna expresión
“oscura o inentendible”, sino que pretendía retomar un debate jurídico que ya se
surtió.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que no solicitó al Tribunal Administrativo del Casanare
ordenar el reajuste de las asignaciones salariales que devengó para los años 1997
a 2002, porque para esa época se encontraba en servicio activo, en tanto lo que
realmente pretendió consistió en que se ordenara a CASUR que realizara la
reliquidación año por año de su asignación de retiro incorporando los porcentajes
del IPC los cuales fueron dejados de incluir “en su asignación básica, advirtiendo que
la misma fue reconocida sin tener en cuenta los aumentos en su base, los cuales se
debieron haber efectuado desde el año 1997 hasta el año 2004 en razón del IPC”.

Bajo ese contexto, expresó que su intención fue clara en que, al momento del
reconocimiento de su asignación de retiro, no se tuvo en cuenta que se habían
generado unos aumentos desde el año 1997 hasta el 2024, en razón al IPC.

Como primera medida, adujo que el Tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente judicial de las siguientes providencias:

• Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, sentencia de 15 de
noviembre de 2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación número:
25000-23-25-000-2010-00511-01(0907-11).

Sobre esta providencia manifestó que el Consejo de Estado fue claro en
afirmar que sobre las asignaciones de retiro reconocidas a partir de la
entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, no se podía desconocer que
sufrieron un aumento en su base, con fundamento en el reajuste que en
sede judicial se ordenó con base en el IPC.

• Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, sentencia de 30 de
noviembre de 2015, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación número:
11001-03-15-000-2015-02693-00(AC).

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Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

Respecto de este fallo sostuvo que el Tribunal Administrativo de Casanare
desconoció que la asignación de retiro debía reflejar el aumento “que en sede
judicial se ordenó con fundamento en la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004”.

En ese contexto, afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente y realizó una interpretación errónea de las pretensiones de la
demanda, en tanto, reiteró, que lo único que pretendió fue la diferencia entre
el ajuste del IPC y lo devengado durante el servicio militar activo.

• Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, sentencia de 21 de
agosto de 2020, C.P. César Palomino Cortés, radicación 25000-23-42-000-
2015-05560-01(0727-19).

Finalmente, citó esta sentencia para referirse a la prescripción del reajuste
de la asignación de retiro, en razón a que considera que el Tribunal
desconoció que, al tratarse de una asignación de retiro, consistente en una
prestación periódica de tracto sucesivo, es de carácter imprescriptible y, por
tanto, podía formular su solicitud de reconocimiento en cualquier tiempo.

En segundo lugar, aseguró que la providencia cuestionada incurrió en violación
directa de la Constitución, teniendo en cuenta que la asignación de retiro al ser
una prestación social que se asimila a la pensión de vejez, se debe aplicar lo
dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, a lo que agregó que
el Tribunal desconoció su carácter especial e inaplicó, además de los artículos ya
referenciados, el numeral 19 del literal e del artículo 150, el 217 y el 218 de la Carta
Política.

4. Trámite procesal

Por auto de 5 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, como tercera interesada
en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 28096 a 28099 de
7 de marzo de 2025 y 31764, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Por conducto del jefe de la oficina asesora jurídica solicitó denegar las pretensiones
de la acción de tutela, al considerar que no se demostró ninguna vulneración de los
derechos fundamentales del actor por parte del Tribunal Administrativo de
Casanare ni de la entidad.
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Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

Expuso que para el grado de agente, los años favorables para el incremento por
concepto del IPC, correspondieron al 1997, 1999 y 2002, anualidades en las que
actor se encontraba en servicio activo, a lo a que agregó que los incrementos
anuales se realizaban por decreto expedido en el inicio de cada año y para el caso
del señor Buitrago Mondragón, “se otorgó a partir del 19 de junio de 2002, de
conformidad con su hoja de servicios expedida por la Policía Nacional, lo que permitió
concluir que para el año 2002 el incremento estuvo a cargo de la Policía Nacional, pero
dicha Entidad no fue convocada a juicio”.

Agregó que, para el año 2003, el incremento anual sí estaba a cargo de Casur; sin
embargo, para esa fecha el IPC no superó el principio de oscilación, por tanto, su
asignación de retiro se ajustó a los parámetros y ha mantenido su valor monetario
en el tiempo.

Bajo ese contexto, aseguró que al actor no le asistía el derecho, debido a que a la
fecha de su retiro del servicio ya se había generado el incremento por la anualidad
que le era favorable y debía ser realizada por la Policía Nacional, la cual no fue
vinculada al proceso, por lo que, considera, no es de recibo que el señor Luis
Antonio Buitrago Mondragón pretenda a través de la acción de tutela la revocatoria
del fallo de 4 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

5.2. El Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal, aun cuando fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Casanare vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, seguridad social, vida digna y mínimo vital del accionante, al
supuestamente incurrir en desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que

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Demandante: Luis Antonio Buitrago Mondragón

el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Luis Antonio Buitrago Mondragón, quien actúa a través de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare,
por considerar que la sentencia de 4 de julio de 2024, mediante la cual confirmó el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho incurre en i) desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto considera que la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha reiterado que en los casos de asignaciones de retiro reconocidas a partir
de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 no se puede desconocer que
sufrieron un aumento en su base en virtud del reajuste que en sede judicial se
ordenó con base en el IPC, así como se ha indicado que se trata de una prestación
periódica de tracto sucesivo de carácter imprescriptible y, (ii) violación directa de
la Constitución, en tanto manifestó que la autoridad judicial accionada inaplicó los
artículos 48, 53, el numeral 19 del literal e del artículo 150, 217 y 218 de la
Constitución Política, debido a que desconoció el carácter especial de la asignación
de retiro.

Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte
que son los mismos en los que se sustentó el recurso de apelación que el actor
formuló contra la sentencia de 27 de febrero de 2024, mediante la cual el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal negó las súplicas de la demanda, por lo
que en el caso se incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está
utilizando la acción de tutela con el fin de reabrir el debate que ya fue zanjado por
el juez natural del asunto en dos instancias.

En efecto, del recuento del trámite procesal efectuado en la sentencia objetada, la
Sala observa que, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal por
sentencia de 27 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda tras
considerar que al demandante, a partir del año 1997 al 2002 le fue efectuada la
reliquidación año por año y se le incorporaron los porcentajes dejados de incluir en
la asignación básica que sirvió de base para la liquidación de la asignación de retiro,
a lo que agregó que para los años 2003 y 2004, el histórico del IPC acumulado anual
fue mayor al de oscilación, decisión frene a la cual el actor presentó recurso de
apelación.

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Los argumentos que le sirvieron de fundamento para sustentar el recurso de
apelación, fueron los mismos argumentos que soportan la presente acción, esto es,
i) el a quo interpretó de forma errónea las pretensiones de la demanda, en tanto, lo
que realmente solicitó consistió en que se tuviera en cuenta como base de
liquidación la diferencia obtenida del reajuste por efectos del IPC para el período
comprendido entre 1997 y 2004, cuando el porcentaje del IPC por cada año, fuera
superior al incremento efectuado aplicando el principio de oscilación, afirmaciones
que sustentó con la sentencia de 15 de noviembre de 2012 con radicado 25000-23-
25-000-2010-05111-01; ii) los incrementos que se efectúen sobre la asignación de
retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro, a partir de la entrada
en vigencia del Decreto 4433 del 2004, no pueden desconocer que dicha asignación
de retiro experimentó un incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se
ordenó con fundamento en el IPC y iii) la decisión de primera instancia desconoció
que para el año 2002, el principio de oscilación estuvo por debajo de IPC.

Aunado a lo anterior, del expediente ordinario se observa que, frente dichos
argumentos, el Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia de 4 de julio de
2024, mediante la cual confirmó la decisión que negó las pretensiones, indicó:

“11.4. Al respecto es preciso señalar que, atendiendo a que el demandante
cuenta con asignación de retiro efectiva desde el 19 de junio de 2002, la
pretensión de la demanda debe entenderse respecto al reajuste del salario con
base en los incrementos del IPC, del periodo correspondiente de 1997 a 18 de
junio de 2002.

11.5. En los Decretos anuales de 1997 a 2002, se establecieron los montos
salariales que devengó el demandante, como agente de la Policía Nacional, no
siendo posible acudir a una norma diferente para realizar el correspondiente
incremento salarial, como quiera que existe prohibición expresa del artículo 10
de la Ley 4.ª de 1992.

11.6. De conformidad con lo anterior, es preciso indicar que en la demanda que
dio origen al presente proceso no se solicitó la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad de los Decretos que establecieron los incrementos anuales
y tampoco se determinó fundamento jurídico alguno del cual se determinara la
causal de nulidad de los actos que negaron el reajuste, por lo que no hay lugar
a revocar la decisión de primera instancia”.

Ahora bien, en la relacionado con el año 2002, cuando el principio de oscilación
estuvo por debajo de IPC, el Tribunal consideró que si bien al accionante le asistía
el derecho del incremento de su asignación de retiro, dicho derecho prescribió,
debido a que superó 3 años desde que las diferencias salariales se hicieron
exigibles.

Conforme con lo anterior, los argumentos planteados por el accionante en la
presente solicitud de amparo constitucional, además de que son los mismos que
propuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera
instancia, corresponden a un debate de estricta legalidad y económico que fue
superado por el Tribunal Administrativo de Casanare, al indicar que para los años
1997 al 2002 se expidieron decretos anuales, a través de los cuales se establecieron
los montos salariales, sin que fuera posible realizar el incremento salarial, de
conformidad con la Ley 4ª de 1992.

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Así mismo, en el caso se observa que, si bien los reparos elevados contra la
sentencia de 4 de julio de 2024 se presentan como configurativos de los defectos
por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución,
esa circunstancia no es óbice para entrever que la accionante no presenta una
discusión de contornos constitucionales, sino que su argumentación se encuentra
dirigida a volver sobre los argumentos que presentó en el recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia y que fueron derrotados en el proceso
ordinario del que deriva la vulneración de derechos que soporta la solicitud de
amparo, lo que desconoce el mencionado requisito de procedibilidad.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Luis Antonio Buitrago Mondragón, a través de apoderada
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Casanare, por desatender el requisito
de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis
Antonio Buitrago Mondragón, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Casanare.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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