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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01160-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01160-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00 Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro. Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01160-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03- 15-000-2025-01160-00
Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de concejal de
Fonseca. Doble militancia por participación en consultas / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional
– Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario y reproches carecen de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de febrero de 2025 el señor Beder Enrique Guerra Alfaro, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara su
derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 que instauró
contra el señor Deiber Alberto Guerra Bula, encaminado a obtener la anulación de
su acto de elección como concejal de Fonseca, para el período 2024-2027, bajo el
fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia.

2.
Mediante la providencia acusada, se confirmó la decisión adoptada el 22 de
agosto de 2024 por el Tribunal demandado, que negó las pretensiones ordinarias.
Se determinó que, si bien el 23 de abril de 2023 se realizó una consulta interna en

1 Tribunal Administrativo de La Guajira.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 44001-23-40-000-2024-00050-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00
Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

Colombia Humana, esta no fue desconocida por el allí demandado, porque no surtió
los efectos jurídicos correspondientes. Aquel movimiento político no lo inscribió en
los comicios territoriales del concejo ni adelantó actuaciones para materializar la
inscripción de los candidatos elegidos en aquella consulta, como ocurrió con la
inscripción de los participantes por Esperanza Democrática, entre ellos, la del señor
Deiber Alberto Guerra Bula.

3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico porque no se le otorgó
valor a la prueba que demostraba que el demandado participó en la consulta interna
de su partido político Colombia Humana para ser candidato al Concejo, con
independencia de que haya obtenido o no el aval. Dicha consulta configura la
prohibición de doble militancia, cuyos resultados no pueden ser desconocidos por
aquella agrupación política.

4.
Si se consideraba que las circunstancias acaecidas tenían inconsistencias o
dudas respecto de la certificación de 21 de mayo de 2024 de Colombia Humana, se
debieron ordenar pruebas de oficio, conforme a los artículos 169 y 170 del CGP.

5.
De haber tenido en cuenta en debida forma el material probatorio, se hubiera
arribado a la conclusión de que el demandado participó en la consulta interna de su
partido, desconoció el resultado y se inscribió en esas mismas elecciones con el aval
de otro grupo político.

6.
Además, la providencia acusada no cumple los requisitos de los artículos 280 y
281 del CGP, por cuanto es una decisión contradictoria, sin motivación alguna y que
vulnera su debido proceso, por ende, se requiere una rectificación por parte del juez
de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto de 12 de marzo de 20254, se aceptó el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al señor Deiber Alberto Guerra Bula, en calidad de terceros con interés.
De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

(i) Tribunal Administrativo de La Guajira

8.
Solicitó declarar improcedente la presente acción porque no se acreditó el
presupuesto de relevancia constitucional. Los argumentos del accionante pretenden
revivir el debate probatorio surtido en el proceso ordinario, circunstancia que está
vedada para el juez de tutela.

4 Notificado el 17 de marzo de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00
Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

9.
El tutelante se limitó a cuestionar el alcance que el juez natural del asunto otorgó
a la certificación de 21 de mayo de 2024 y alega un presunto defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, sin plantear razones sólidas dirigidas a demostrar
que sus derechos fundamentales fueron transgredidos con la providencia acusada,
es decir, no justificó razonadamente la existencia de restricciones
desproporcionadas a las prerrogativas que invoca como fundamento de la presente
acción de tutela. Por el contrario, se evidencia que el actor pretende imponer el
análisis probatorio que considera correcto, aspecto para el que no fue instituida la
tutela.

10.
Indicó que se analizó la mencionada certificación, diferente es que una vez
contrastado con el material probatorio restante se haya concluido que aquella no
contaba con la eficacia probatoria para demostrar que el demandado haya obtenido
el aval por participar en una consulta interna del partido político Colombia Humana
dirigida a la escogencia de candidatos al concejo de Fonseca para las elecciones
territoriales. Con base en ello se descartó la configuración de la causal de nulidad
electoral invocada.

(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta
11.
Advirtió que no corresponde a la realidad que no se haya valorado la certificación
de 21 de mayo de 2024. Se encontró probada la realización de la consulta interna y
la intervención del concejal demandado, pero se determinó que esta no surtió los
correspondientes efectos jurídicos, tanto así que Colombia Humana no participó en
la contienda electoral, lo que llevó a concluir que no se expidieron avales. Por
consiguiente, pide declarar la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el
requisito de relevancia constitucional o que se niegue el amparo reclamado ante la
inexistencia de la vulneración del derecho al debido proceso del accionante.

(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil

12.
Adujo que no es el responsable de proteger el derecho invocado por el accionante,
toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso de nulidad electoral en
el que se profirió la providencia cuestionada. Es decir, los hechos que enuncia el
accionante no tienen relación con competencias y funciones que la Constitución y la
ley le asignan a esa entidad. Por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que solicitó su desvinculación.

13.
Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que se pretende reabrir un debate
de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco de la acción de
tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Solicitud de desvinculación

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Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

14. La Sala negará la solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues su

vinculación no se realizó en condición de accionada. Resulta claro que dicha entidad
carece de la facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida,
que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la
obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad
fue vinculada al proceso electoral, resultaba indispensable que fuera llamada a estas
diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

15. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional, pues la parte

actora pretende que se acoja la manera como estima se debió haber zanjado el
litigio. Para estos efectos se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial
atacada en cuanto a la valoración probatoria efectuada, para revivir el debate que
en ese aspecto fue definido por el juez natural, sin que se despliegue una carga
argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que
motivaron la presentación de esta acción, como se expondrá a continuación.

16. La causal de nulidad electoral de doble militancia por participación en las
consultas de un partido o movimiento político, contenida en el inciso 5 del artículo
107 de la Constitución Política, se configura cuando quien participe en aquellas se
inscriba como candidato por otra agrupación de esa naturaleza en el mismo proceso
electoral.

17. El tutelante indica que en la providencia acusada se le restó valor al hecho de que

el demandado participó en la consulta interna que realizó el 23 de abril de 2023 el
partido político Colombia Humana para ser candidato al concejo de Fonseca, lo que
configuraba la doble militancia, con independencia de que haya obtenido o no su
aval.

18. Dicho reproche fue planteado por el tutelante en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, frente al cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado sostuvo que no se evidencia discrepancia en el hecho de la
participación del demandado en la aludida consulta interna con el objeto de
seleccionar al candidato de dicha agrupación para las elecciones del Concejo de
Fonseca, pues también resultaba evidente que el partido político Colombia Humana
no inscribió candidatos para la mencionada Corporación.

19. Además, se advirtió una inconsistencia entre autoridades del partido Colombia

Humana, pues mientras la vicepresidente y secretaria general afirmó que el
demandado participó en la consulta y se le otorgó el aval, la Junta de Coordinación
municipal de ese movimiento adujo que no se le concedió aquel por la “imposibilidad
material” de hacerlo. No obstante, concordaron en que el demandado no está en los
registros actuales del movimiento político y se recibió su renuncia el 29 de julio de
2023 (antes de obtener el aval del partido Esperanza Democrática -1º de agosto de
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Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
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2023-), dejándolo en libertad de participar en cualquier elección popular por la
agrupación política que así lo deseara, quien optó por el partido político Esperanza
Democrática, el cual lo inscribió mediante los formularios E-7 CO y E-8 CO.

20. Con base en lo anterior, concluyó que no se adjuntaron pruebas que acreditaran

que el movimiento político Colombia Humana hubiese inscrito al demandado en los
comicios territoriales del concejo o hubiera adelantado las actuaciones tendientes a
materializar la inscripción de los candidatos elegidos mediante la consulta interna de
la colectividad, como ocurrió con la inscripción de los participantes por Esperanza
Democrática. Por tanto, son más los indicios que llevan a concluir que la consulta
interna efectuada por el partido Colombia Humana no surtió los efectos jurídicos, a
tal punto que no participó en la contienda electoral, lo que conlleva colegir que no
se expidieron avales.

21. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la

medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente
ordinario. Se explicó la razón por la cual el hecho de que el demandado hubiere
participado en la consulta interna realizada por el partido Colombia Humana para el
Concejo de Fonseca no representaba impedimento alguno para que se inscribiera
como candidato a ese cargo por otro movimiento político, en razón a que aquella
consulta no surtió los correspondientes efectos jurídicos. Colombia Humana no
inscribió aspirantes a ese empleo, y tuvo en cuenta que el demandado presentó la
respectiva renuncia a esa agrupación (lo que acaeció previo a contar con el aval de
otro partido político), dejándolo en libertad para postularse por otro movimiento
político.

22. También aduce el accionante que no se valoró en debida forma la certificación de

21 de mayo de 2024 emanada del partido político Colombia Humana, que da cuenta
que el demandado en el proceso ordinario obtuvo el aval después de participar en
la consulta interna de ese partido para ser candidato al concejo de Fonseca, lo que
configuraba la doble militancia, pues pese a ello inscribió su candidatura con el
movimiento político Esperanza Democrática.

23. En cuanto al grado de certeza que otorgaba el referido documento, se evidencia

que la Sección Quinta del Consejo de Estado analizó tal aspecto, pues fue objeto de
inconformidad en la alzada formulada tanto por el tutelante como por el Ministerio
Público. La autoridad judicial indicó que aquel presentaba un problema frente al
contexto local, pues no menciona ni analiza las circunstancias específicas que
rodearon la consulta en el municipio de Fonseca, lo cual genera dudas respecto de
su precisión y exhaustividad.

24. Por lo anterior, resultaba necesario analizar la referida certificación junto con
todos los medios de prueba allegados al plenario, para poder comprender y
esclarecer la situación fáctica relacionada con la consulta interna y la consecuente
participación del demandado en la contienda electoral.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00
Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
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25. Con base en lo descrito, la Sala no infiere en qué consistió la indebida valoración

de la citada certificación, pues esta no resulta irracional, ni atenta contra los
postulados de la sana crítica. Diferente es que haya resultado necesario que el
documento fuera analizado en conjunto con los demás elementos de convicción
arrimados al plenario.

26. Por tanto, no es aceptable que el actor pretenda que se le imponga al juez natural

el grado de certeza que, a su juicio, se le debió otorgar a la certificación de 21 de
mayo de 2024, cuando este justificó por qué la valoró del modo en que lo hizo, sin
que la parte actora controvierta de ninguna manera el planteamiento de la autoridad
judicial. Acceder a lo pretendido por el tutelante implicaría dejar de lado el restante
material probatorio aportado e invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
instancia, para imponer el grado probatorio que se les debe otorgar a las pruebas
recaudadas.

27. Por otro lado, el tutelante aduce que si no se tenía certeza sobre las
circunstancias que rodearon los hechos se debieron decretar pruebas de oficio. Al
respecto, se aclara que no existió la falta de certeza alegada, sino que no era dable
tener como única prueba para decidir el asunto la certificación de 21 de mayo de
2024, pues se contradecía con los demás elementos de prueba allegados.

28. Ahora bien, al margen de la carencia de la falta de certeza alegada, se precisa

que el decretar pruebas de oficio es potestativo de la autoridad judicial, por ende, no
es dable que en sede de tutela se le imponga tal actuación, máxime cuando no se
evidencia la duda a la que se refiere el accionante. Por el contrario, la decisión
adoptada está fundamentada en el material probatorio obrante en el expediente,
distinto es que la parte actora no comparta las conclusiones probatorias a las que
arribó el juez natural de la contienda, por lo que pretende que el juez de tutela acoja
la tesis probatoria que planteó en sede ordinaria y que reitera en este asunto
constitucional, la cual fue desvirtuada por la autoridad judicial accionada.

29. Porúltimo, alega el accionante que las irregularidades descritas tornan a la
providencia acusada carente de motivación e incongruente. No obstante, tal
reproche representa una contradicción con las demás inconformidades planteadas,
consistentes en debatir la valoración probatoria desarrollada por el juez natural de
la causa, lo que implica el ejercicio de motivación y, como se anotó en precedencia,
las conclusiones a las que se arribó están soportadas en las pruebas adosadas al
expediente ordinario.

30. Esta Sala advierte que lo pretendido por el tutelante bajo la causal de defecto

fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado,
al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural del litigio, frente a lo cual cabe
anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza que se
les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario. Tal actuación
escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello
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se usurparía la función del juez natural de la controversia, en particular, los poderes
de valoración de las pruebas.

31. De igual modo, la parte actora no despliega argumentación dirigida a desvirtuar

las conclusiones probatorias a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar
arbitrariedad alguna que implique vulneración de derechos fundamentales. Insiste
en la configuración de la causal de nulidad electoral de doble militancia por
participación en consulta, sin considerar la argumentación empleada por el juez
natural para no hallarla acreditada.

32. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya valorado

las pruebas como lo pretendía el tutelante, no lo habilita para que acuda a este
mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria, con el fin de que se decida en
determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan
contrariado los postulados de la sana crítica o involucre algún tipo de arbitrariedad.
La simple inconformidad de criterios frente a la valoración probatoria, en especial, al
grado de certeza otorgado a los elementos de convicción para tener por acreditados
los supuestos fácticos que soportan las pretensiones ordinarias, no comporta por sí
sola la alegada vulneración de derechos fundamentales.

33. Así las cosas, las inconformidades del tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos, cuanto
más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte,
para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una
irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta política

34. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción

de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.

35.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

36.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la motivación
de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00
Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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