Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01173-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
31 de julio de 2025
Demandante: Iván Darío Bedoya Zuluaga
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01173-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01173-01
Demandante: IVÁN DARÍO BEDOYA ZULUAGA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional. Revoca decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga
contra la sentencia de 2 de abril de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado que negó la solicitud de solicitud de amparo
de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 28 de febrero de 2025, el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga,
en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
presunción de inocencia, al libre ejercicio de la profesión, a la libertad de conciencia,
al buen nombre y «a no ser sancionado por responsabilidad objetiva».
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de las providencias de 31 de agosto de 2023 y 25 de septiembre de 2024 dictadas
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado
con el radicado 05001-25-02-000-2021-02247-00/01.
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1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
«[…] 1. Que se TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29
CP), de libertad en el ejercicio de mi profesión (art. 26), de libertad de conciencia (art
18), al buen nombre (art. 15) y todos aquellos que se consideren vulnerados y, en
consecuencia, SE DEJEN SIN EFECTO las sentencias del 31 de agosto de 2023 y
25 de septiembre de 2024, proferidas respectivamente por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia y por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. Que se ordene el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso disciplinario.
3. Se ordene en consecuencia eliminar todos los antecedentes disciplinarios y
sanciones anexas o registros de inhabilidad derivados de las decisiones judiciales
cuya revocatoria se solicita. […]».1
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Del expediente se advierte que en el mes de octubre de 2021, el representante legal
de Productos Químicos Panamericanos S.A. [en reorganización], presentó una
queja contra el abogado Iván Darío Bedoya Zuluaga ante la autoridad disciplinaria,
sustentada en que no cumplió con el deber para el cual fue contratado, esto es, para
promover el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
contra el propietario del Centro de Producción de Detergentes de Procter & Gamble,
aunado a que no lo informó a su cliente pese a los informes que le fueron solicitados.
El asunto lo conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia que, en sentencia del 31 de agosto de 2023 declaró
disciplinariamente responsable al señor Bedoya Zuluaga por la comisión de las
faltas previstas en los numerales 1. ° y 2. ° del artículo 372 de la Ley 1123 de 20073,
1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
2 «Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer
oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.
2. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión en los términos pactados en el
mandato o cuando le sean solicitados por el cliente, y en todo caso al concluir la gestión profesional.
[...]».
3 «Por la cual se establece el código disciplinario del abogado».
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en la modalidad culposa y, en consecuencia, lo sancionó con suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.
El recurso de apelación lo desató la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al
expedir la providencia de 25 de septiembre de 2024 en el sentido de modificar la
decisión del a quo, en tanto lo absolvió de la falta preceptuada en el numeral 2.º del
artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 y le redujo la sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión de 4 a 2 meses, luego de considerar que al no haberse
promovido el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, el
disciplinado no estaba en la obligación de rendir informe al finalizar la relación
contractual.
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. El señor Iván Darío Bedoya Zuluaga alegó que la vulneración de sus derechos
fundamentales se concretó con la expedición de las sentencias de primera y
segunda instancia dictadas por las autoridades disciplinarias demandadas, en tanto
incurrieron en defecto fáctico.
Sustentó el mencionado yerro en que, a su juicio, la magistrada de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia «impidió» que durante la audiencia su
apoderado recaudara la prueba a partir del testimonio rendido por Alejandro Gómez
Arbeláez quien fungió en representación de la empresa Productos Químicos
Panamericanos S.A.
Esto, comoquiera que lo pretendido por el defensor del encartado era demostrar su
teoría consistente en que el señor Bedoya Zuluaga había perdido la confianza que
debe existir entre el abogado y el cliente, en atención a que descubrió «[...] que
había sido víctima de una instrumentalización por parte mi cliente para consolidar
una estrategia comercial contra su competidor, y no para entablar una acción en
defensa del medio ambiente». Así, precisó:
La magistrada sustanciadora impidió, con las permanentes obstrucciones al
testimonio, que mi abogado demostrara con la prueba testimonial que detrás del
contrato de prestación de servicios profesionales se escondía un interés espurio,
consistente en devaluar el valor de la planta de producción contra la que se pretendía
instaurar la acción popular, para facilitar la compra de instalaciones a Procter and
Gamble por parte de PQP.
La mencionada «obstrucción por parte de la magistrada sustanciadora», la hizo
consistir en que la directora del proceso «no entendió, o no quiso entender, o
simplemente aplicó un criterio inconstitucional» al momento de admitir las preguntas
que su apoderado realizaba a los testigos en la audiencia, por cuanto le pidió de
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manera consistente que realizara cuestionamientos directamente relacionados con
la conducta que se investigaba respecto del profesional del derecho Iván Darío
Bedoya Zuluaga en relación con el contrato de mandato y el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. También le requirió que evitara centrarse en la conducta
precontractual de la empresa Productos Químicos Panamericanos S.A., y en las
razones que tuvo para pretender presentar una demanda, debido a que ello no era
el objeto del proceso disciplinario.
Aseguró que en el expediente obra el chat de «10 de noviembre» que sostuvo con
el abogado Juan Pablo Gonzalo Lopera [de la empresa contratante], en el cual se
advierte que él reconocía que el señor Bedoya Zuluaga tenía reparos éticos para
presentar la acción popular.
También mencionó que con el chat de 16 de abril de 2020 se acreditaban las
irregularidades que se presentaron después de la queja elevada por Juan Pablo
Gonzalo Lopera contra Procter & Gamble, así como el interés que tenía la empresa
Productos Químicos Panamericanos S.A. en la adquisición del centro de producción
relacionado con la acción popular, lo que le generó inquietudes sobre las verdaderas
intenciones de su cliente.
Así, resaltó que el hecho de que la autoridad disciplinaria de primera instancia
hubiese concluido que no se probó la justificación de las conductas constitutivas de
falta disciplinaria, obedece «justamente a la negativa sistemática de la magistrada
sustanciadora de permitirle a mi abogado recaudar la prueba testimonial dirigida a
verificar ese hecho».
En síntesis, aseguró que se configuró el defecto fáctico por: (i) una indebida
valoración de las pruebas e indicios con los cuales se demostraba que «sí existía
una intención celada de PQP en la presentación de la demanda; y (ii) por la omisión
de la práctica de pruebas al haberse «negado a permitir que los testigos
interrogados por mi defensa se pronunciaran sobre las verdaderas intenciones del
contrato de agencia jurídica [...]».
1.4.2. En relación con la sentencia disciplinaria de segunda instancia, reprochó que
el análisis realizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respecto de la
actuación de la magistrada sustanciadora del primer grado es «meramente teórico
e impide dilucidar si la funcionaria judicial en verdad obstaculizó el camino
probatorio para evidenciar la tesis [...] la mala fe encubierta de mi cliente al pretender
disfrazar de acción popular una actuación dirigida a consolidar una estrategia
comercial [...]».
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Ello, por cuanto a su juicio el estudio del ad quem despachó el mencionado reproche
al señalar que el juez es el director del proceso «sin ahondar en el contenido real
de las preguntas de mi defensa y del criterio con el que se obstruyó el recaudo de
las respuestas».
Agregó que la autoridad de la segunda instancia iteró que no se demostró la
justificación para que el señor Bedoya Zuluaga no presentara la demanda, y omitió
que la prueba no pudo ser recaudada por la «oposición» de la magistrada de primer
grado.
Así, afirmó que la sentencia de segunda instancia no analizó si el a quo vulneró su
derecho de defensa en virtud del ejercicio del rol de director del interrogatorio.
14.3. Planteó un defecto sustantivo por la inobservancia del artículo 8. ° de la Ley
1123 de 20074, en atención a que dentro de la causa disciplinaria se impidió que el
defensor del encartado demostrara que existía un «interés velado del cliente en
presentar la acción popular» y con ello no se le permitió acreditar la buena fe e
inocencia.
Por el contrario, indicó que se asumió su responsabilidad pese a que tenía
«elementos probatorios suficientes para ratificar la inocencia que se presume por
ley o por lo menos para introducir la duda sobre mi culpabilidad. Mi defensa se va
al traste cuando se me presume culpable y se me impide presentar las pruebas que
desarrollen duda en mi favor».
También adujo que se desconocieron los artículos 155 y 166 de la Ley de 1123 de
2007 debido a que el proceso disciplinario fue abordado como un asunto de
responsabilidad civil contractual al haberse «bloqueado la defensa en su intento de
presentar ante los jueces disciplinarios los aspectos éticos que subyacían al caso»
y no ser sancionado por causa de una «responsabilidad objetiva».
4 «Artículo 8°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume
inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo
de eliminarla».
5 «Artículo 15. Interpretación. En la interpretación y aplicación del presente código el funcionario
competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen».
6 «Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley.
En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho
disciplinario».
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Ello, puesto que las autoridades demandadas se limitaron a indagar si se había
cumplido los acuerdos contenidos en un contrato de prestación de servicios y
dejaron de lado «cualquier aproximación referida a qué significa ser abogado, cómo
se ejerce esta profesión, qué derecho y qué libertades tiene un profesional del
derecho al momento de asumir un encargo». En ese sentido, afirmó que no se dio
prevalencia a los principios constitucionales y no incorporó en su análisis un
ejercicio hermenéutico que correspondiera con los tratados de derechos humanos
y los instrumentos que establecen en alcance para el ejercicio de la abogacía.
Para el efecto, acotó lo siguiente:
Como se desprende de lo anterior, la jurisprudencia constitucional 7 ha reconocido que las
obligaciones contractuales del abogado pueden chocar con sus convicciones íntimas. La
tensión que se puede presentar entre los deberes profesionales (y las correlativas exigencias
del mandante) y los derechos del abogado, también está llamada a ser resuelta a través de
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, cuando un abogado firma un contrato no
puede entenderse que empeña ciegamente sus convicciones éticas, quedando su fuero
interno sometido a las obligaciones contractuales. [...].
Así, adujo que la importancia de la libertad en el ejercicio de la profesión y su nexo
con la libertad de conciencia radica en que le permite aceptar, rechazar o renunciar
a determinados asuntos, e impone el deber de actuar con buena fe y de forma
responsable al momento de acudir ante la administración de justicia. En su criterio,
es ético el abogado que renuncia a congestionar los despachos judiciales con
acciones temerarias o cuestionables en virtud de sus convicciones personales.
Finalmente, concluyó que «[...] las decisiones que hoy demando en tutela,
cimentadas en un automatismo que ignoró las implicaciones constitucionales, de
derechos fundamentales y humanos y –en últimas éticas- de la decisión que se
estaba tomando, terminó no solo impidiendo que durante dos meses yo ejerciera mi
profesión, sino manchando mi reputación para siempre, bien que tengo por muy
preciado».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 4 de marzo de 20254 el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar en calidad de
7 Para el efecto, citó apartes de las sentencias C-819 de 2011, C-138 de 2019, C-190 de 1996 y C-
393 de 2003. De igual forma, citó el principio 14 sobre la Función de los Abogados, documento
aprobado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas Sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente de 7 de agosto de 1990. También señaló el Informe del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados de 22 de abril de 2022, y
el Código Deontológico de los Abogado de la Comunidad Europea.
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demandadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia; y dispuso la vinculación en calidad de tercero
con interés de Productos Químicos Panamericanos S.A.S.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Productos Químicos Panamericanos S.A.
Indicó que la acción de la referencia es improcedente debido a que no cumple con
el requisito de inmediatez, y porque no se acreditó la configuración de una
irregularidad procesal que incida en el sentido de las decisiones dictadas en la
causa disciplinaria, por lo que no se demostró la vulneración alegada por la parte
actora.
1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
El ponente de la decisión disciplinaria de primera instancia solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que no satisface el requisito
de relevancia constitucional por cuanto se trata de la reapertura de un debate que
ya fue zanjado a través del mecanismo judicial idóneo a instancias del juez natural
de la causa.
1.6.3. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
El titular de ese despacho judicial, luego de referirse a las inconformidades
expuestas en la demanda de tutela, solicitó negar las pretensiones con sustento en
que no se demostró la vulneración de derecho fundamental alguno, puesto que, lo
pretendido se circunscribe a insistir en el debate que se surtió dentro del proceso
disciplinario en una especie de tercera instancia.
1.7. Fallo impugnado8
Mediante providencia de 2 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo luego de señalar que, al revisar
el análisis efectuado en la sentencia que puso fin al proceso disciplinario se advirtió:
(i) que las pruebas fueron estudiadas por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial; (ii) que las inconformidades relacionadas con la magistrada sustanciadora
de la primera instancia fueron expuestas en el recurso de apelación «al solicitarse
la nulidad de lo actuado, lo cual fue considerado extemporáneo [...]» y sin perjuicio,
la autoridad indicó que no se evidenciaba la concurrencia de ninguna circunstancia
8 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 5 de junio de 2025.
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que afectara el proceso, y, particularmente, al revisar las actuaciones e
interrogatorios, «concluyó que aquella dirigió su comportamiento al ejercicio de la
potestad correccional [...]»; (iii) también se tuvieron en cuenta los argumentos
concernientes a la presunta competencia desleal de la empresa PQP, en el sentido
de señalar que no se había acreditado «que presentar una acción popular contra un
competidor, constituía un acto de esta naturaleza»; y (iv) que si el accionante
planteaba en sede de tutela una especie de objeción de conciencia, lo cierto es que
tal reparo no fue propuesto en esos términos en el asunto disciplinario, razón por la
cual el recurso de apelación se limitó a los argumentos expuestos en esa sede.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 10 de junio de 2025, la parte actora, por
conducto de apoderado, impugnó la decisión del a quo al reprochar que la sentencia
de 2 de abril de 2025 carece de argumentación9 por cuanto, a su juicio, no se
analizaron las piezas obrantes en el expediente disciplinario y, en solo una página,
concluyó que la autoridad demandada no incurrió en un defecto fáctico.
Así, insistió en que las decisiones de la causa disciplinaria incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo, los cuales, a juicio del accionante, no fueron
abordados por el a quo constitucional, en ese sentido, solicitó que se revoque la
sentencia de primer grado.
1.9. Otra actuación
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para conocer
del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1. º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, comoquiera que su cónyuge es magistrada de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y, en ese orden, su
nominadora es la demandada, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
Mediante providencia de 31 de julio de 2025 la Sala declaró infundada la referida
manifestación de impedimento luego de señalar que no se acreditó el elemento
subjetivo que radica en el interés directo de la cónyuge del magistrado Barreto
Suárez en el resultado del proceso disciplinario «05001-25-02-000-2021-02247-
00/01».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
9 Para el efecto, citó las sentencias T-267 de 2013, T-261 de 2013, SU-635 de 2015, SU-768 de
2014.
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Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Iván Darío Bedoya Zuluaga contra la sentencia 2 de abril de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 202110, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Es necesario precisar que, si bien el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga
demandó las providencias de 31 de agosto de 2023 y 25 de septiembre de 2024, lo
cierto es que, en sede de tutela, el estudio se realizará respecto a la providencia
que desató la segunda instancia en atención a que con esta decisión se puso fin al
proceso disciplinario.
2.2.2. De otro lado, en el escrito de impugnación se solicitó el reconocimiento de la
personería a los abogados Julio Andrés Ossa Santamaría y Armin Josef Sattler
González, en calidad de principal y suplente, respectivamente.
Al revisar el poder allegado, se advierte que el documento no fue suscrito por el
abogado Armin Josef Sattler González, en ese orden, se anuncia que solo se le
reconocerá personería para actuar como apoderado del extremo accionante a Julio
Andrés Ossa Santamaría.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 2 de abril de 2025 proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó la solicitud
de amparo.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
10 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. La Sala precisa que, distinto a lo decidido por el juez de tutela de primera
instancia, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el
asunto de la referencia frente a la providencia de 25 de septiembre de 2024, marco
en el cual los argumentos expuestos por el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga no
cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 202215.
En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.
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esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.16
16 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»18.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general19.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»20.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso21, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.2.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades del señor Iván Darío Bedoya
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibídem.
20 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
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Zuluaga contengan la carga argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante
identifique los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas y exponga con suficiencia las razones del por
qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Si bien el extremo accionante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
al debido proceso, a la presunción de inocencia, al libre ejercicio de la profesión, a
la libertad de conciencia, al buen nombre y «a no ser sancionado por
responsabilidad objetiva», lo cierto es que hasta este punto del debate no se
advierte, a priori, que la decisión censurada sea arbitraria, irrazonable o caprichosa,
debido a que, en el marco de su autonomía, el juez que conoció la segunda instancia
del proceso disciplinario, al resolver la alzada, decidió confirmar parcialmente la
decisión primigenia al mantener la sanción impuesta al encartado por encontrarlo
responsable de la falta prevista en el numeral 1. ° del artículo 37 de la Ley 1123 de
2007 tras considerar que el señor Bedoya Zuluaga no cumplió con el deber objeto
del contrato de mandato.
Así, la parte accionante planteó un defecto fáctico con sustento en que, en el marco
del proceso disciplinario se le impidió al apoderado del señor Bedoya Zuluaga
realizar a los testigos las preguntas que conducían a demostrar la teoría consistente
en que el sancionado fue contratado para que promoviera el medio de control de
protección e intereses colectivos con fines de deslealtad comercial, razón por la cual
se perdió la confianza que debe existir entre el abogado y su cliente, y, en virtud de
las convicciones morales, decidió no radicar la respectiva demanda.
Adicionalmente, aseguró que se configuró un defecto sustantivo por la
inobservancia del artículo 8. ° de la Ley 1123 de 200722, en atención a que dentro
de la causa disciplinaria se impidió que el defensor del encartado demostrara que
existía un «interés velado del cliente en presentar la acción popular» y con ello no
se le permitió acreditar la buena fe e inocencia.
22 «Artículo 8°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume
inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo
de eliminarla».
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También adujo que se desconocieron los artículos 1523 y 1624 de la Ley de 1123 de
2007 debido a que el proceso disciplinario fue abordado como un asunto de
responsabilidad civil contractual al haberse «bloqueado la defensa en su intento de
presentar ante los jueces disciplinarios los aspectos éticos que subyacían al caso»
y no ser sancionado por causa de una «responsabilidad objetiva».
Sin embargo, al concretar la irregularidad en la sentencia de segunda instancia el
accionante reprochó que el análisis realizado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial respecto de la actuación de la magistrada sustanciadora del primer grado
fue «meramente teórico e impide dilucidar si la funcionaria judicial en verdad
obstaculizó el camino probatorio para evidenciar la tesis [...] la mala fe encubierta
de mi cliente al pretender disfrazar de acción popular una actuación dirigida a
consolidar una estrategia comercial [...]».
En ese sentido y teniendo en cuenta que en una de las cuestiones previas se
determinó que el caso se abordaría a partir de lo decidido en la sentencia de
segunda instancia por ser aquella la que puso fin a la causa disciplinaria, se advierte
que, frente al proveído de 25 de septiembre de 2024 el accionante reprochó que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no analizó en debida forma si en el trámite
de la primera instancia la directora del proceso le impidió desarrollar la teoría de la
defensa del encartado.
Al respecto, ha de resaltarse que, al revisar los argumentos planteados en el escrito
de apelación en el proceso disciplinario, se advierte que consistieron en: (i) la
formulación de una nulidad por la presunta vulneración al derecho de defensa del
disciplinable durante el primer grado, dentro de lo cual se citaron apartes de los
testimonios practicados, escrito que también fue presentado aparte de manera
idéntica; (ii) las razones por las cuales el investigado se percató durante el recaudo
de pruebas que la demanda popular no tenía un fin altruista, tales como la premura
del cliente para ejercer el medio de control, que el gerente jurídico de la empresa
PQP presentara una queja ante el área metropolitana contra Procter & Gamble, que
el cliente presentara interés en adquirir el centro de producción objeto del asunto
popular, entre otros aspectos; (iii) las imágenes aportadas de los chats de las
conversaciones entre el quejoso y el disciplinado; (iv) irregularidades que consideró
23 «Artículo 15. Interpretación. En la interpretación y aplicación del presente código el funcionario
competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen».
24 «Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley.
En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho
disciplinario».
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en el contrato de prestación de servicios; (v) énfasis en que la sentencia de primera
instancia erró al afirmar que no se acreditó que lo pretendido por el cliente sería
irregular; (vi) que el comportamiento del abogado respetó los deberes que rigen el
ejercicio de la profesión; entre otros reproches.
El primer problema jurídico que estableció la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial consistió en determinar si debía declararse la nulidad de lo actuado con
ocasión de la presunta vulneración al derecho al debido proceso y de defensa con
ocasión de la «continua interrupción» de la magistrada instructora en la práctica de
los testimonios. Esta solicitud se consideró extemporánea debido a que la etapa
procesal oportuna correspondió al momento anterior al traslado para los alegatos
de conclusión de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso,
esto es, durante la etapa de juzgamiento según el numeral 1. ° del artículo 106 de
la Ley 1123 de 2007.
Adicionalmente, se refirió al rol del juez como director del proceso, en el sentido de
precisar que la jurisprudencia y la doctrina han señalado que «a través de la
dirección material y formal del proceso, las cuales deben equilibrarse, el director de
cada asunto debe propender por priorizar la justicia y no permitir dilaciones
injustificadas, al mismo tiempo que asegurará la justicia material y el respeto a los
derechos involucrados».
Así, luego de citar in extenso los diferentes interrogatorios efectuados en la etapa
de pruebas, se consideró que la permanente interrupción de la magistrada
instructora «obedeció al ejercicio de su deber de velar por el correcto desarrollo de
la investigación y la prevención de dilaciones indebidas», sin que ello
comprometiera la garantía al debido proceso o generara la nulidad de lo actuado.
También expresó que, con ocasión del principio de economía procesal, se debe
procurar porque cada actuación tenga un objetivo claro y eficaz en la resolución del
conflicto, por lo que, si la magistrada consideraba que el interrogatorio contenía
preguntas irrelevantes o repetitivas, su interrupción estuvo justificada. Asimismo,
aseguró:
En ese sentido, al revisar con detenimiento las interrupciones de la magistrada al
trámite de los interrogatorios, se aprecia que no tuvieron la entidad de vulnerar los
derechos y garantías del investigado, sino que propendieron por revestir de orden el
asunto, al punto que señaló preguntas repetitivas, solicitó que los testigos no
emitieran alguna respuesta, consultó si habían preguntas adicionales y con frecuencia
requería la concreción de los cuestionamientos, todo, en el margen de sus facultades
otorgadas legalmente y sin causar irregularidades que puedan configurar una
declaratoria de nulidad.
En consecuencia, es claro para la Comisión que, si las preguntas formuladas son
repetitivas, impertinentes o innecesarias, tienen la posibilidad de desviar el objeto del
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proceso y, en esa medida, el director del acto procesal tiene facultades para intervenir,
dentro de los márgenes de la legalidad, con el objetivo de mantener el orden y el
rumbo del interrogatorio ―por supuesto sin impedir el correcto ejercicio de la
defensa― dirección que en forma alguna implica vulneración de las formas propias
del juicio disciplinario, ni afectan los derechos del investigado.
En ese contexto, queda en evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
analizó la conducta de la magistrada del primer grado y, a partir de ello, arribó a la
conclusión de que no se acreditó alguna irregularidad o posición irracional o injusta
por parte de la togada, puesto que el rol del juez es justamente el de dirigir la causa
con el objeto de cumplir con los principios del debido proceso, celeridad y economía
procesal.
Distinto es, que el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga no se encuentre conforme con
la apreciación que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tuvo sobre el
desempeño de la magistrada sustanciadora de la primera instancia, no obstante,
ello no constituye una irregularidad por sí misma, máxime, teniendo en cuenta que
la decisión que se reprocha en esta sede fue dictada por una alta corte, lo cual hace
que el estudio de la relevancia constitucional sea más riguroso.
Adicionalmente, es preciso poner de presente que en el espectro del defecto fáctico
el juez de tutela revisa si la autoridad judicial accionada incurrió en la falta o en la
indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso. Lo que se alegó en esta
oportunidad es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no apreció en debida
forma la actuación de la magistrada sustanciadora de la primera instancia del asunto
disciplinario, lo cual, en estricto sentido, no constituye un elemento del acervo
probatorio, puesto que deviene de una mera inconformidad de la parte actora en
ese aspecto. En todo caso, pese a ello, como se advirtió en líneas previas, esta
colegiatura no encontró la consolidación del yerro.
De conformidad con lo expuesto, se evidencia que la solicitud de amparo, además
de usarse como una especie de tercera instancia a través de la cual se pretende
corregir falencias dentro del proceso disciplinario, no cuenta con un ejercicio de
sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las garantías que la
parte actora alegó como desatendidas, que demuestre lo urgente de la intervención
del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la referencia.
No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron determinadas
vías de hecho. Por el contrario, es menester que quien se considera afectado,
cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.
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Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo pretende recabar sobre un
aspecto que fue abordado en sede del recurso de apelación de la causa disciplinaria
y, además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual se
justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación,
lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a esta
colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso
que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de
202225.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión revoque la sentencia de tutela
de primera instancia de 2 de abril de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo, para, en su
lugar, declarar la improcedencia de la acción de la referencia.
2.6. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 2 de abril de 2025
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado que
denegó el amparo deprecado por el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro, por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
25 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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PRIMERO: REVOCAR la decisión de 2 de abril de 2025 proferida por la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Julio Andrés Ossa Santamaría,
como apoderado del extremo accionante.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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