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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01177-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01177-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Damarys Lanziano Lemus y otros, al no configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente formulados en el escrito inicial. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01177-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de marzo de 2025

Demandantes: Damarys Lanziano Lemus y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01177-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01177-00
Demandantes: DAMARYS LANZIANO LEMUS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora
Damarys Lanziano Lemus y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 28 de febrero de 2025, la señora Damarys Lanziano Lemus y otros1,
actuando mediante apoderada judicial2, presentaron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Con la solicitud de amparo
pretenden la protección de sus derechos fundamentales «al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la no
discriminación, a la protección de derechos humanos y garantía de no repetición
y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación».

2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a la sentencia del 13 de
agosto de 2024, proferida por la autoridad judicial accionada en el proceso de
reparación directa3 promovido por la parte actora contra la Fiscalía General de la
Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Mediante dicha
providencia, se revocó el fallo del 19 de marzo de 2021 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que accedió

1 Maryeny Sepúlveda Chinchilla, Erminso Sepúlveda Lanziano, Jorge Mario Sepúlveda Lanziano,

Landi Fabiana Sepúlveda Lanziano y Carlos Alberto Sepúlveda Lanziano.
2 Poder otorgado a la abogada Ana María Rodríguez Valencia, quien actúa como directora de la

Comisión Colombiana de Juristas.
3 Proceso identificado con el radicado 25000-23-36-000-2016-01297-02.

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Demandantes: Damarys Lanziano Lemus y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01177-00

parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO.- Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad de DAMARYS LANZIANO
LEMUS, MARYENY SEPÚLVEDA CHINCHILLA, ERMINSO SEPÚLVEDA
LANZIANO, JORGE MARIO SEPÚLVEDA LANZIANO, LANDI FABIANA
SEPÚLVEDA LANZIANO y CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA LANZIANO.

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la
sentencia del 13 de agosto de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

TERCERO.- Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Subsección A
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado que, considerando la doble condición de víctimas de un delito de lesa
humanidad y de desplazamiento forzado de los solicitantes, emita una nueva
decisión aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado frente
a la flexibilización del conteo del término de caducidad en casos de graves
violaciones de derechos humanos.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. El 28 de enero de 1994, el señor José Emilio Sepúlveda fue asesinado en
un restaurante del municipio de Aguachica (Cesar). La víctima era secretario de
la alcaldía municipal del ente territorial y hacía parte del Movimiento Acción
Comunitaria (en adelante, MAC). En varias ocasiones, había denunciado ante la
Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Aguachica una
serie de amenazas y hostigamientos contra su vida e integridad debido a su
militancia en dicha organización.

5. En el marco del proceso penal adelantado por el homicidio del señor
Sepúlveda, la Fiscalía 44 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional profirió una providencia el 3 de febrero de 2014, mediante
la cual determinó no calificar tal delito como de lesa humanidad. Esta decisión
fue apelada y, como consecuencia de ello, el 21 de abril de 2014, la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró tal asesinato como
crimen de lesa humanidad.

6. El 22 de abril de 2016, el núcleo familiar del señor Sepúlveda presentó
solicitud de conciliación prejudicial y, de manera posterior, el 28 de junio de 2016,
promovió demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación
y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. En tal sentido, solicitó que
se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados

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Demandantes: Damarys Lanziano Lemus y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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como consecuencia del homicidio referenciado.

7. En sentencia del 19 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control. Como fundamento de la decisión, expuso lo
siguiente: i) al tratarse de un delito de lesa humanidad, no resultaban exigibles
los términos de caducidad de la acción; ii) si bien no estaba probada la
participación activa de miembros del Ejército o la Policía Nacional en el crimen,
el asunto debía estudiarse desde la imputación por la omisión de adoptar
medidas eficaces de protección; iv) encontró probado que en Aguachica se
presentaron distintos actos delictivos contra los miembros del MAC en los que
varios de sus integrantes perdieron la vida, lo que requería la intervención del
Estado y, v) ante la omisión estatal del deber de protección respecto de las
potenciales víctimas, entre quienes se encontraba el señor Sepúlveda, resultaba
el daño imputable a la administración.

8. Inconformes con lo decidido, la parte actora y la Policía Nacional
promovieron recurso de apelación.

9. El 24 de enero de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió auto por medio del cual solicitó a la parte actora que
expusiera los motivos que le habrían impedido acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo antes de la fecha en la que presentó la demanda.
Esto, en consideración de las reglas de unificación determinadas en fallo del 29
de enero de 2020 por la Sala Plena de dicha Sección.

10. El 5 de febrero de 2024, en cumplimiento de tal requerimiento, la parte
actora manifestó que no se promovió el medio de control con antelación por los
siguientes motivos: i) temor a las retaliaciones de las que pudieran ser víctimas,
dadas las condiciones de orden público; ii) la situación de madre cabeza de
familia con hijos menores de edad de una de las demandantes y, iii) el
desplazamiento forzado padecido. Con el escrito allegaron las pruebas que
consideraron pertinentes para demostrar lo afirmado.

11. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2024, la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control. Fundamentó su providencia en
las razones que se exponen a continuación.

12. Desde el 28 de enero de 1994, los demandantes conocieron del daño
ocasionado y pudieron inferir la posibilidad de que se le imputara responsabilidad
al Estado, bien fuera por acción4 o por omisión en el deber de protección.

13. De conformidad con las declaraciones rendidas en el proceso, desde el

4 Al respecto, en el medio de control los actores aseguraron que la población en general señalaba

como autores del ilícito a miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, integrada en su
momento por miembros de la Policía Nacional, el extinto DAS y el Ejército Nacional.

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inicio de la investigación penal se contaba con indicios de la participación de
agentes del Estado en el delito. En tal sentido, incluso desde el 3 de febrero de
2014, momento en el que la fiscalía se abstuvo de calificar el hecho victimizante
como crimen de lesa humanidad, los actores contaban con las herramientas para
promover el medio de control. Sin embargo, los actores no debían esperar a que
se tramitara todo el proceso penal para acudir a la jurisdicción.

14. En relación con la imposibilidad de acceder a la justicia por temor de su
seguridad, el 3 de marzo de 2003 la señora Damarys Lanziano Lemus rindió
declaración ante la Policía Judicial con respecto al homicidio de su esposo y a la
participación de agentes del estado en dicho crimen. Para esta fecha, la actora
tuvo libertad para acudir a la administración de justicia y, sin embargo, acudió
hasta el 2016.

15. La sentencia de segunda instancia fue notificada vía correo electrónico el
28 de agosto de 2024.

1.4. Sustento de la vulneración

16. Como fundamentos de la acción constitucional, la parte actora formuló los
argumentos que a continuación se presentan.

1.4.1. Defecto fáctico en su dimensión negativa por omisión en decretar
pruebas de contexto.

17. De conformidad con la sentencia SU-599 de 2019 de la Corte
Constitucional, el análisis probatorio debe considerar las condiciones propias de
cada caso, con fundamento en los principios de buena fe, favorabilidad y pro
persona. En tal sentido, según el alto tribunal, existe una presunción probatoria
en favor de las víctimas, por lo que exigirles aportar elementos probatorios
asociados a sus solicitudes es desproporcionado.

18. Según tal fallo, en casos asociados a violencias ejercidas en el marco del
conflicto armado en donde exista duda en relación con el hecho victimizante, es
necesario tener como verdaderas las pruebas que sean aportadas por la parte
actora. En estos asuntos, la Corte ha establecido que las autoridades tienen la
obligación de llevar a cabo dicha valoración a la luz del contexto del conflicto
armado, lo que implica el deber de ejercer sus facultades oficiosas para decretar
las pruebas necesarias que permitan un conocimiento adecuado del escenario
concreto en el que se produjo el daño alegado.

19. La práctica de tales pruebas era esencial debido a que proporcionan un
contexto que permite al fallador comprender la dinámica de la violencia cuando
es sistemática y cuando existen patrones de los actores armados que impiden a
las víctimas acceder a la justicia dentro del tiempo oportuno, en el marco de las
normas procesales. Esto hubiera brindado un marco de referencia para la
aplicación de las reglas de la experiencia a una situación compleja como la del

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conflicto armado.

20. El decreto de las pruebas de contexto era fundamental para acreditar que
la omisión en acudir a la administración de justicia no fue producto de la
negligencia de las víctimas, sino del entorno hostil que limitó sus posibilidades de
actuar. Esta situación se enmarcaba tanto en el conflicto armado experimentado
en la región donde habitaban – con énfasis, en especial, en la presencia de
grupos paramilitares en el departamento del Cesar –, como en la situación
particular de amenaza y hostigamiento que experimentaron los actores.

21. Constituye una situación de revictimización el hecho de que a los actores
les hubieran trasladado la carga de la prueba en el sentido de demostrar las
situaciones de hecho que les impidió acudir oportunamente al medio de control.
Ante la duda con respecto a estos elementos de juicio, debió cumplir con el deber
de hacer uso de sus facultades oficiosas y decretar la práctica de pruebas
contextuales necesarias para el estudio de las posibilidades reales con las que
contaban los tutelantes para acceder a la administración de justicia.

1.4.2. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

22. Al tomarse el 3 de febrero de 20145 como inicio del cómputo para la
caducidad, se incurrió en una indebida valoración probatoria, pues no se tomó en
consideración que la decisión adoptada por la fiscalía en tal oportunidad fue
apelada. Se desconoció que, mediante providencia del 21 de abril de 2024, la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró el asesinato
del señor Sepúlveda como crimen de lesa humanidad y que, a su vez, se destacó
que este delito hacía parte de un patrón sistemático de violencia contra los
integrantes del MAC.

23. Es a partir de la ejecutoria de la providencia de segunda instancia dictada
por la fiscalía que debe contarse el término de caducidad. No se valoró que, a la
fecha en que se solicitó la conciliación prejudicial –22 de abril de 2016– no había
operado el fenómeno de caducidad. Esto implicó una ausencia de estudio integral
del material probatorio obrante en el expediente.

1.4.3. Desconocimiento del precedente

24. Se desatendió la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en
sentencias como la SU-254 de 2013, SU-167 de 2023, y SU-241 de 2024, de
conformidad con las cuales, las autoridades judiciales tienen el deber de valorar
las circunstancias particulares de cada caso con el fin de determinar el término
de caducidad.

25. En tales sentencias se estableció que, en el cómputo de este fenómeno,
debe atenderse a la situación en que se pueden encontrar los actores como

5 Fecha en la que la Fiscalía 44 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos no reconoció el

hecho victimizante como delito de lesa humanidad.

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sujetos de especial protección constitucional al haber sufrido graves violaciones
a derechos humanos. En virtud de lo anterior, el juez de lo contencioso
administrativo debe estudiar esta condición de vulnerabilidad que es un factor
que les impide tener un acceso a la administración de justicia en condiciones de
igualdad.

26. Se inaplicó un criterio de flexibilidad que debía tenerse en cuenta según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la situación de la señora
Lanziano Lemus como mujer, cabeza de hogar, cuidadora y proveedora
económica de sus hijos y víctima de un delito de lesa humanidad. Esto significó
desconocer las barreras materiales y simbólicas que impedían acudir a la
reparación integral por parte del Estado.

27. Contrario a ello, se incurrió en formalismos al aplicar las normas
procesales sobre la caducidad del medio de control, con lo que se incumplió con
el deber de adoptar una decisión de favorecer a los actores que se encontraban
en una situación de vulnerabilidad manifiesta.

28. Según el criterio reiterado por el alto tribunal, a las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado, como a la señora Lanziano Lemus, se les priva de su
entorno social, económico y cultural y se les fragmenta su núcleo familiar. Esta
condición se agrava cuando el desplazamiento es originado por otros crímenes
de lesa humanidad, pues las mujeres deben asumir el rol de protección de sus
hijos mientras asumen la pérdida de sus demás seres queridos, como en el caso
en concreto.

29. En la sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional resaltó la
necesidad de aplicar un enfoque diferencial al cómputo de la caducidad en casos
de reparación directa en los que las mujeres son víctimas de desplazamiento en
el marco del conflicto armado. En dicho caso, se determinó que el juez de lo
contencioso administrativo incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, al contabilizar dicho término de manera neutral, sin atender a las
circunstancias de vulnerabilidad de la demandante como madre, mujer y
proveedora económica.

30. Se desconoció el precedente establecido por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020. Si bien
este fallo estableció que los delitos de lesa humanidad en materia contencioso-
administrativa no son imprescriptibles, no puede ser tomado como una camisa
de fuerza para rechazar las demandas que puedan suscitar estos crímenes en el
uso del medio de control de reparación directa. La caducidad debe flexibilizarse
hasta que cesen los hechos victimizantes y no puede ser adoptada desde una
postura formalista y exegética.

31. De tal forma, en la sentencia SU-167 de 2023 la Corte Constitucional
decidió sobre una sentencia contra la Sección Tercera del Consejo de Estado en
la que se declaró la caducidad de la demanda de reparación directa por la muerte

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de un joven que fue ejecutado extrajudicialmente. La demanda fue radicada en
2010, pero dicha autoridad declaró la caducidad del proceso al considerar que
los familiares tuvieron conocimiento del hecho desde el 2007, fecha en la que se
les entregó el cuerpo, lo que habría activado el término para presentar la
demanda. En tal proceso, los demandantes argumentaron que no tuvieron
claridad sobre la naturaleza extrajurídica de los hechos hasta el 2007, cuando la
Fiscalía les informó sobre la posibilidad de que la muerte fue en el marco de las
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado.

32. En tal caso, la Corte Constitucional determinó que se incurrió en los
defectos fáctico y procedimental, al aplicar estrictamente el término de caducidad
sin valorar las barreras que impidieron a las víctimas acceder a la justicia. Según
el alto tribunal, en estos casos la caducidad no debe computarse desde la
ocurrencia del hecho, sino desde que los afectados tuvieron conocimiento claro
de la imputabilidad del daño al Estado. El alto tribunal estableció que, en casos
de graves vulneraciones a los derechos humanos, el acceso a la administración
de justicia debe primar sobre el cumplimiento formal de los términos procesales,
especialmente cuando existan barreras objetivas que hayan impedido a las
víctimas ejercer oportunamente sus derechos. El criterio dispuesto por el Consejo
de Estado en su sentencia de unificación no constituye un estándar normativo
rígido, pues el juez debe analizar las particularidades del asunto al momento de
valorar el cumplimiento de la caducidad.

33. En la sentencia SU-081 de 2024, se resolvió una tutela promovida contra
una providencia del Consejo de Estado, por un concejal que fue asesinado el
mismo día que Luis Carlos Galán Sarmiento. En este caso, dicha autoridad
judicial estableció que la caducidad debía contarse desde la fecha del hecho
victimizante, por lo que había operado el fenómeno de caducidad. La Corte
Constitucional concluyó que se incurrió en defecto sustantivo al aplicar un
estándar ordinario en un caso de graves violaciones a los derechos humanos y
sostuvo que, en estos eventos, los jueces debían interpretar las normas
procesales de manera favorable a las víctimas. En estos asuntos, es necesario
que prime el derecho sustancial sobre los rigorismos procesales, puesto que las
víctimas pueden contar con la dificultad de reunir las pruebas necesarias para
acreditar el daño.

1.5. Trámite de la acción de tutela

34. Mediante auto del 3 de marzo de 2024, el magistrado ponente admitió la
acción constitucional. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. De igual forma, vinculó
como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Esta última, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

35. En la contestación de tutela, formuló los argumentos que a continuación
se exponen.

36. La acción no cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto
que el objetivo de los actores es que se estudien los presupuestos fácticos y
jurídicos que fundamentaron el fallo cuestionado. Esta sentencia resolvió los
argumentos de la apelación presentada por las entidades demandadas, con
sustento en los presupuestos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso.
Una simple inconformidad no permite que el juez constitucional estudie una
tercera instancia en el trámite de amparo.

37. En la providencia cuestionada se aplicó el criterio establecido por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo de unificación del 29 de enero
de 2020 y por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020. En la
sentencia T-210 de 2022, el tribunal constitucional estableció que el órgano de
cierre en la materia había establecido su postura frente a la caducidad del medio
de control en casos de delitos de lesa humanidad y cuyo criterio es vinculante
para estas situaciones.

38. Contrario a lo afirmado por la parte actora, en el asunto estudiado se
valoraron las circunstancias particulares de los demandantes en consonancia con
los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de
2023. De tal forma, se tomó como punto de partida el 3 de febrero de 2024,
momento en el que la fiscalía se abstuvo de calificar el delito como de lesa
humanidad. Se consideró que desde dicha fecha se tuvo conocimiento del hecho
dañoso y los accionantes se encontraban en condiciones de inferir la posibilidad
de imputarle responsabilidad al Estado.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

39. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por los motivos
que se presentan a continuación.

40. El criterio unificado sobre la materia establece que el conocimiento de los
actores sobre la injerencia del Estado en la causación del daño es el punto de
partida del término de caducidad, por lo que la declaración judicial para señalar
que una conducta constituye un delito de lesa humanidad y su firmeza no definen
dicha pauta.

41. En el asunto no se evidencian vulneraciones a las garantías cuya
protección solicita la parte actora.

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1.6.3. Policía Nacional

42. Por las razones que a continuación se exponen, solicitó que se negara lo
pretendido por la parte actora ante la improcedencia de la acción de tutela, puesto
que no existió una vulneración a sus derechos fundamentales.

43. Para los demandantes siempre existió la posibilidad de acudir a la
administración de justicia y tuvieron oportunidad de instaurar la respectiva
demanda. Sin embargo, solo hasta el 22 de abril de 2016 se presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial. No se observó prueba alguna que justificara la
imposibilidad material de demandar, puesto que los actores desplegaron una
serie de acciones judiciales para el restablecimiento de sus derechos.

44. En el caso en concreto no se está ante algún perjuicio irremediable o una
amenaza inminente e injustificada que posibilite la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones
formuladas.

1.7. Manifestación de impedimento

45. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 18 de
marzo de 2025, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción
constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en las causales 1.º y 5.º
del del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

46. Al respecto, la Sala por auto de la misma fecha de la presente providencia
declaró infundada la causal, pues no se encontró́ acreditado los supuestos de
hecho establecidos en la norma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

47. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

48. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

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49. La Sala advierte que la señora Damarys Lanziano Lemus y otros están
legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte activa en el
proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia que cuestiona
mediante la presente acción constitucional.

50. Por su parte, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problemas jurídicos

51. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

52. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, con ocasión de la
sentencia proferida el 13 de agosto de 2024?

53. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.

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55. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

56. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

57. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

58. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

59. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

60. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

61. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los criterios
jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

62. La parte actora formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto
de esta acción constitucional: i) defecto fáctico en su dimensión negativa por
omisión en decretar pruebas; ii) defecto fáctico por indebida valoración probatoria
y, iii) desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado.

63. En primer lugar, la parte actora explicó los motivos tanto normativos como
jurisprudenciales por los que considera que la autoridad judicial accionada no
cumplió con su deber de emplear sus facultades oficiosas para el decreto de
pruebas, a su juicio, esenciales para adoptar la decisión que censura. Expuso
que, con fundamento en la sentencia SU-599 de 2019, la Corte Constitucional ha
establecido que en el análisis probatorio en este tipo de asuntos debe atender a
las condiciones propias de cada caso, con atención a los principios de buena fe,
favorabilidad y pro persona.

64. Sostuvo que, al existir duda sobre el hecho victimizante y el momento en
el que las víctimas de delitos de lesa humanidad tuvieron conocimiento de la
participación del Estado en el daño, es necesario que se decrete la práctica de
pruebas que permitan tener conocimiento del contexto en el que se cometió el
crimen, en especial en situaciones de conflicto armado. Argumentó que ello era
fundamental para acreditar que la omisión en acudir a la administración de justicia
no fue por negligencia de los interesados, sino por el entorno hostil que limitó sus
posibilidades de actuar.

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65. Señaló que se valoró indebidamente el material probatorio obrante en el
expediente, pues no se tomó en consideración que, mediante la providencia del
21 de abril de 2024, la Fiscalía declaró el asesinato del señor Sepúlveda como
crimen de lesa humanidad. En tal sentido, era a partir de la ejecutoria de esta
decisión que se debió computar el término de caducidad, motivo por el cual al
momento en que se solicitó la conciliación prejudicial no había operado tal
fenómeno.

66. Explicó en qué sentido se desconoció el precedente establecido por la
Corte Constitucional principalmente, aludiendo tanto a los presupuestos fácticos
que motivaron las decisiones del tribunal, como las reglas de derecho que, según
su criterio, fueron desatendidas en el caso en concreto.

67. En tal sentido, se concluye que la parte actora cumplió con suficiencia la
carga argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa sobre una
controversia de evidente relevancia constitucional. De tal forma, justificó cómo
sus garantías constitucionales están en tensión con la decisión adoptada por la
Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación. Las razones presentadas
no comportan una simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya
zanjadas en el proceso objeto del presente trámite constitucional. Lo pretendido
no es simplemente manifestar su inconformidad con respecto a la decisión
adoptada por la autoridad judicial demandada, ni tampoco formular un debate
eminentemente legal o económico.

68. A su vez, en anteriores oportunidades, esta Sección9 ha destacado que la
Corte Constitucional ha estudiado acciones de tutela contra providencia judicial
cuando esta fue dictada en procesos en los cuales se debatió sobre la comisión
de delitos de lesa humanidad, dada la relación que existe entre estos asuntos y
posibles vulneraciones a derechos humanos por parte del Estado. Por tanto,
aunado a lo expuesto con antelación, dada la naturaleza del asunto que conoció
el juez de lo contencioso administrativo, el presente litigio reviste de evidente
relevancia constitucional.

2.5.2. Tutela contra tutela

69. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al
interior del proceso de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2016-
01297-02.

2.5.3. Subsidiariedad

70. La parte actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni

9 Al respecto ver, entre otras, la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra. Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00

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extraordinarios para controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que
cuestiona una sentencia que dio fin al proceso de reparación directa en cuestión
y frente a la cual no procede ningún mecanismo judicial.

2.5.4. Inmediatez

71. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión
cuestionada se dictó el 13 de agosto de 2024 y fue notificada el 28 del mismo
mes y año, mientras que la solicitud de amparo se interpuso el 28 de febrero de
2025. Por tanto, sin que se requiera establecer la fecha de ejecutoria de esta
providencia, se advierte que la acción de tutela se presentó dentro de un término
razonable.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos desconocidos

72. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.

73. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.

74. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes ante la presunta
configuración de los cargos formulados.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Del defecto fáctico

75. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201510, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

76. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12

de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.

77. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de
los postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.

78. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica;
y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

2.6.2. Desconocimiento del precedente

79. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente11.

80. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos12 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

81. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.7. Análisis del caso en concreto

82. Como se expuso con antelación, la parte actora manifestó que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al expedir la sentencia del 13 de
agosto de 2024, incurrió en los siguientes defectos: i) fáctico en su dimensión
negativa por omisión en decretar pruebas; ii) fáctico por indebida valoración
probatoria y, iii) desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado13.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
13 Los cargos formulados por la parte actora se expusieron en los párrafos 16 al 33, a los cuales

se dirige al lector con el fin de evitar reiteraciones.

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83. A continuación, la sala estudiará cada uno de los defectos formulados, en
contraste con lo decidido por la autoridad judicial accionada en el fallo
cuestionado, con el fin de analizar si los cargos están llamados a prosperar.

2.7.1. Estudio del defecto fáctico en su dimensión negativa por omisión de
decretar pruebas indispensables para fallar el asunto

84. La parte actora consideró que se incurrió en este defecto por omitir el
decreto y práctica de pruebas que permitieran brindar un contexto de la situación
del conflicto armado que padeció el departamento del Cesar. A su juicio, estas
eran fundamentales para adoptar una decisión en relación con el cómputo de la
caducidad del medio de control, pues ello hubiera permitido concluir que la
omisión en acudir a la administración de justicia en los términos establecidos por
las normas procesales no tuvo como causa la negligencia de los demandantes,
sino la situación hostil padecida por las víctimas.

85. Por su parte, es necesario poner de presente que el 24 de enero de 2024,
la subsección accionada sí decretó pruebas de oficio. En particular, profirió auto
de mejor proveer mediante el cual se dio traslado a la parte demandante con el
fin de que expusiera los motivos que le impidieron acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo antes de la fecha en la que presentó la demanda.
Esto, en consideración de las reglas determinadas en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. A su vez, al extremo demandante se le brindó la posibilidad
de allegar las pruebas que considerara pertinentes para el sustento de sus
afirmaciones.

86. El 5 de febrero de 2024, la parte actora allegó escrito mediante el cual
manifestó, en síntesis, que no presentaron la demanda de reparación directa en
el tiempo debido por: i) el temor a las retaliaciones de las que pudieran ser
víctimas dadas las condiciones de orden público y de conflicto armado que
padecía el departamento del Cesar; ii) la condición de madre cabeza de hogar
con hijos menores de edad de la señora Lanziano Lemus y, iii) el desplazamiento
forzado padecido por los accionantes y la estigmatización que existía con el
apellido Sepúlveda en la región donde habitaban en aquel momento. A su vez,
allegó documentos que probaban lo dicho.

87. Mediante dicho memorial, la parte actora solicitó que se aplicaran los
estándares internacionales sobre derechos humanos establecidos por la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la caducidad
de las demandas de responsabilidad estatal, esto es, la inoperancia de dicho
fenómeno.

88. Con fundamento en un estudio de las pruebas obrantes en el expediente,
que incluían declaraciones de la señora Lanziano Lemus, la autoridad judicial
accionada consideró que se había acreditado que desde el 28 de enero de 1994,

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fecha en la que fue asesinado el señor Sepúlveda, los demandantes conocieron
el daño ocasionado y pudieron inferir la posibilidad de que se le imputara
responsabilidad al Estado, bien fuera por acción14 o por omisión en el deber de
protección que estaba en cabeza de la administración.

89. De conformidad con las declaraciones rendidas en el proceso, la
subsección determinó que desde el inicio de la investigación penal se contaba
con indicios de la participación de agentes del Estado en el delito. En tal sentido,
estableció que, incluso desde el 3 de febrero de 2014, momento en el que la
fiscalía se abstuvo de calificar el hecho victimizante como crimen de lesa
humanidad, los actores contaban con las herramientas para promover el medio
de control.

90. Enfatizó en que, para efectos del cómputo de caducidad, el resultado del
proceso penal no afectaba la posibilidad de acudir al medio de control y, por tanto,
esta no era una razón que justificara la tardanza en demandar. Por tanto, los
actores no debían esperar a que se tramitara todo el proceso penal para acudir
a la jurisdicción. Consideró que, para tal fin, podían acudir al medio de control
dentro de los 2 años siguientes al momento en que tuvieron conocimiento de la
participación y eventual responsabilidad del Estado y, de tal forma, solicitar las
pruebas que consideraran pertinentes.

91. En relación con la solicitud de considerar las circunstancias de miedo,
amenazas y desplazamiento en las que se encontraba la familia del señor
Sepúlveda, sostuvo que, al respecto, era necesario aplicar la regla de unificación
de la sentencia del 29 de enero de 2020 fue confirmada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020. Este órgano consideró que
aquella es respetuosa de los postulados constitucionales y convencionales sobre
el acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y reparación
patrimonial.

92. Agregó que la Corte resaltó la importancia del término de caducidad de las
acciones judiciales, puesto que mantener su ejercicio de manera indeterminada
atentaría contra la seguridad jurídica y obstaculizaría la posibilidad de que el
Estado brindara posibilidades reales de resolución de conflictos. En tal sentido,
indicó que la aplicación de dicha pauta no vulnera lo dispuesto por las normas y
criterios convencionales.

93. Sostuvo que las circunstancias de temor por su seguridad que expuso la
parte actora eran entendibles y que no existían criterios para desacreditarlas o
no tomarlas por ciertas. Ello, porque el conocimiento sobre el conflicto armado en
el país permitía concluir que denunciar tales hechos al momento de su comisión
podía significar un atentado a la vida e integridad de las víctimas.

14 Al respecto, en el medio de control los actores aseguraron que la población en general señalaba

como autores del ilícito a miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, integrada en su
momento por miembros de la Policía Nacional, el extinto DAS y el Ejército Nacional.

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94. No obstante, con fundamento en las pruebas obrantes, consideró que la
situación de vulnerabilidad no fue imperecedera. De conformidad con lo
manifestado por los mismos actores, en el año 2001, la señora Lanziano Lemus
salió del lugar en el que vio amenazada su seguridad y logró su traslado como
profesional de la educación a otro municipio. Esto le permitió inferir a la autoridad
judicial que en dicho momento ya podía acceder a la justicia sin que corriera
riesgo.

95. Sin embargo, bajo la óptica de que el miedo podía mantenerse, la sala
trasladó, al 31 de marzo de 2003, la fecha en el que dichas barreras
desaparecieron, puesto que fue allí cuando rindió declaración ante la Policía
Judicial sobre los hechos en los que fue asesinado su cónyuge. Al respecto, se
concluyó que era claro que en tal momento la actora ya se sentía confiada para
hablar del homicidio de su esposo y de señalar como responsables a los agentes
del Estado. Por tanto, en tal fecha la señora contaba con la libertad de acudir ante
la jurisdicción. A pesar de lo anterior, hasta el 2016 se decidió demandar al
Estado por el hecho en cuestión, sin que obrara en el proceso algún medio de
convicción que permitiera considerar cual fue la razón para que presentara la
demanda en este tiempo.

96. En virtud de lo expuesto, la sala concluye que, contrario a lo afirmado en
el escrito de tutela, es razonable el argumento del tribunal de cierre en cuanto a
que no existía duda o alguna situación de confusión, oscuridad o falta de certeza
en relación con el momento en el que los actores pudieron tener conocimiento de
la participación de agentes estatales en el hecho victimizante. Con fundamento
en su autonomía judicial en la valoración probatoria, la subsección demandada
sustentó debida y razonadamente los motivos por los cuales consideró que los
demandantes contaban con dicha convicción que les hubiera permitido acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

97. Aunado a ello, es necesario poner de presente que la autoridad
demandada estableció que, incluso en el escenario más garantista, se podía
tener como fecha del inicio del cómputo de la caducidad el 3 de febrero de 2014,
al ser dictada la providencia de la Fiscalía mediante la cual esta se abstuvo de
reconocer el asesinato del señor Sepúlveda como crimen de lesa humanidad.
Esto, pues consideró que aquí se contaba ya con los elementos suficientes en
dicho proceso para estructurar los señalamientos contra la administración,
argumento que es afín al criterio de flexibilización establecido por la Corte
Constitucional en casos en los que, por ejemplo es necesario que el juez de la
reparación directa tenga en cuenta la fecha de acceso al expediente penal.15

15
En relación con los criterios de flexibilización en cuanto a la fecha de conocimiento del daño
antijurídico en casos de ejecución extrajudicial, ver, entre otras, la sentencia T-378 de 2024, en
la que se expuso: «La convicción acerca de que la muerte de su familiar se trató de una ejecución
extrajudicial solo la pudieron probar y confirmar una vez tuvieron acceso al expediente que
contenía el proceso penal […] Con el acceso al expediente los demandantes en el proceso de
reparación directa pudieron conocer toda la documentación […] De hecho, en su demanda de
reparación directa, las accionantes hicieron uso de algunos de estos materiales probatorios para
argumentar la falla del servicio […]».

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98. Por tanto, ante la claridad fáctica brindada por el material probatorio con
el que contó la autoridad al momento de dictar la sentencia del 13 de agosto de
2024 y la razonabilidad de los argumentos que motivaron su decisión, la sala
considera que la subsección no contaba con el deber de decretar pruebas que
brindaran un contexto mayor al establecido con las documentales obrantes en el
expediente.

99. Es necesario enfatizar en que la accionada no limitó su análisis a las
pruebas obrantes en el expediente de la primera instancia del proceso de
reparación directa. Esto, en la medida en que, en cumplimiento del criterio
unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera, requirió a la parte actora para
que manifestara las razones de su tardanza en promover el medio de control y
aportara las documentales que considerara pertinentes.

100. En tal sentido, exigir un ejercicio adicional en relación con las facultades
oficiosas con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo, resultaría
irrazonable en este caso. Esto, no solo por la amplitud y eventual indefinición de
lo que significaría el decreto de «pruebas de contexto», que reprocha el
accionante en los términos tan genéricos en los que lo hace, sino también porque
ello supondría obligar al juez a cumplir con cargas que obstaculizarían su labor
como administrador de justicia. Esto, tomando en consideración que, como se ha
puesto de presente, las pruebas obrantes le permitieron tener claridad sobre el
litigio que conoció y, en particular, sobre la situación fáctica en relación con la
demora por parte de los interesados en interponer la acción de reparación directa.

101. Por lo expuesto, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad y, en
tal sentido, el amparo invocado al respecto será negado.

2.7.2. Estudio del defecto fáctico por indebida valoración probatoria

102. La parte actora consideró que no se valoró integralmente las pruebas con
las que contaba el operador judicial, puesto que desconoció que, mediante la
providencia del 21 de abril de 2024, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior
de Bucaramanga declaró el asesinato del señor Sepúlveda como un crimen de
lesa humanidad. En tal sentido, sostuvo que era desde la ejecutoria de dicha
providencia que debió contarse el término de caducidad.

103. Aunado a lo expuesto con antelación, la sala resalta que la autoridad
judicial demandada indicó que la firmeza de dicha providencia no tenía relevancia
para definir el momento en el que los actores tuvieron conocimiento de posible la
participación del Estado en tal hecho. La subsección puso de presente que los
efectos jurídicos de tal decisión se proyectaban frente al trámite de la acción
penal y su objeto, puesto que la ausencia de tal determinación no imposibilitaba
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. En tal sentido,
argumentó que la parte actora no debía esperar a que finalizara el trámite penal
para promover la respectiva demanda, debido a que se estaría condicionando la

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procedencia y declaratoria de responsabilidad estatal a un requisito de
procedibilidad no contemplado por la ley.

104. En virtud de lo anterior, la sala considera que en la sentencia cuestionada
se expusieron motivos razonables que permitían concluir que, incluso, adoptando
la postura más garantista frente al inicio del cómputo de la fecha de caducidad
del medio de control, no se cumplió con este presupuesto. Por tanto, no existió
una valoración inadecuada o arbitraria de las pruebas ni, mucho menos, se
incurrió en su desconocimiento, debido a que con fundamento en un estudio
integral de las mismas se concluyó que la decisión acorde a derecho era dar por
probada la excepción de caducidad de la demanda.

105. Por lo expuesto, este cargo tampoco cuenta con vocación de prosperidad
y el amparo invocado al respecto será negado.

2.7.3. Estudio del cargo por desconocimiento del precedente

106. El extremo activo consideró que se incurrió en un desconocimiento de un
precedente reiterado por la Corte Constitucional en materia del cómputo de
caducidad en asuntos que involucren delitos de lesa humanidad y víctimas del
conflicto armado. Como fundamento de ello, trajo a colación varias sentencias
del alto tribunal en las que, en síntesis, se estableció que, en procesos con
situaciones fácticas similares, la Corte ha establecido la necesidad de que los
operadores judiciales decidan con fundamento en un enfoque diferencial que
atienda a las particularidades de la condición de vulnerabilidad de estos sujetos
de especial protección.

107. Insistió en que, ante situaciones de graves vulneraciones de derechos
humanos, se debe atender a este factor como una barrera que les impide a las
víctimas tener un acceso a la administración de justicia, por lo que debe darse
primacía al derecho sustancial sobre las ritualidades procesales. En tal sentido,
argumentó que en estos eventos es necesario tomar en consideración que a las
víctimas se les presentan obstáculos que les impiden tener certeza sobre la
participación de agentes estatales en la comisión de tales crímenes, por lo que
es necesario darle primacía al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de tales sujetos.

108. Al respecto, es necesario puntualizar que la subsección accionada
fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Advirtió
que, en dicho fallo, se estableció que el término de caducidad de la reparación
directa es exigible cuando es posible advertir por parte de la víctima que el Estado
estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que esto le resulta
imputable.

109. Agregó que dicha providencia no estableció como criterio para el estudio
de la caducidad un «pleno conocimiento, derivado de una sentencia

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condenatoria», en relación con la identidad del agente estatal en la comisión del
hecho. La exigencia radica en que la víctima hubiera contado con la posibilidad
de conocer sobre la participación del Estado en el hecho generador del daño.

110. Con sustento en lo expuesto ampliamente en esta sentencia, la sala
considera que la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación atendió a
las circunstancias fácticas y a la condición de vulnerabilidad de las víctimas
reclamantes. Ello le permitió establecer que, incluso desde la postura más
garantista en cuanto a la fecha de cómputo del término en cuestión, los actores
no cumplieron con el requisito exigido.

111. En efecto, tal entidad llevó a cabo un estudio de las distintas situaciones
victimizantes padecidas por los interesados y, con fundamento en ello, concluyó
que el 3 de febrero de 2014 los actores contaban con los elementos suficientes
para estructurar la demanda de reparación directa. Esto, aun cuando las pruebas
obrantes le permitían establecer con claridad que el 31 de marzo de 2003 la
señora Lanziano Lemus pudo haber accedido a la jurisdicción de lo contencioso.

112. En tal sentido, se concluye que el fallo censurado cumplió con los
estándares constitucionales sobre el enfoque diferencial que debe aplicarse en
procesos de reparación directa relacionados con graves vulneraciones a
derechos humanos y con la comisión de delitos de lesa humanidad. A su vez,
como se relató, la accionada fundamentó su decisión en el criterio unificado por
el órgano de cierre en la materia, providencia que fue avalada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020.

113. Por tanto, para la sala, en el presente asunto no se configuró un
desconocimiento del precedente.

2.7.4. Conclusión

114. Con fundamento en las consideraciones expuestas con antelación, se
negará el amparo solicitado por la parte actora, bajo el entendido de que en el
fallo del 13 de agosto de 2024 no se configuraron los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente formulados.

115. La autoridad judicial accionada profirió una sentencia en virtud de la
aplicación de la normativa y el criterio jurisprudencial vigente en materia del
cómputo de caducidad de la demanda de reparación directa en situaciones de
graves vulneraciones a derechos humanos. Esto, con una valoración integral de
las pruebas obrantes en el expediente.

116. No incurrió en los defectos formulados por la parte actora puesto que:

I. Requirió a la parte actora para que expusiera los motivos que le
habrían impedido acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y allegara las pruebas pertinentes. A partir del informe,
la documentación allegada y de las otras pruebas obrantes en el

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proceso, concluyó que no existía duda en relación con el momento en
el que era posible inferir que los actores tuvieron conocimiento de la
participación del Estado en el hecho generador del daño. Por lo demás,
tampoco se advierte un deber de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de decretar las pruebas de «contexto»,
en los términos tan genéricos que reclaman los accionantes.
II. No valoró indebidamente las pruebas relacionadas con el proceso
penal en el que la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad el
homicidio del señor Sepúlveda. La Subsección A de la Sección Tercera
estableció con claridad que la firmeza de esta decisión no tenía
relevancia para definir el término de caducidad, pues sus efectos se
proyectaban en el objeto del proceso penal.
III. No se incurrió en desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional en relación con el deber de aplicar un enfoque
diferencial en casos que involucren delitos de lesa humanidad. Por el
contrario, en consideración de la condición de vulnerabilidad de los
actores, flexibilizó el cómputo de la fecha de caducidad y estableció
que, aún bajo la postura más garantista en aplicación de este principio,
no era posible dar como cumplido el requisito de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Damarys Lanziano Lemus
y otros, al no configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente formulados en el escrito inicial.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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