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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01182-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01182-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 28 de abril de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, para declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01182-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-01
Accionante: Rodolfo Lozano Díaz
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura. / MODIFICA PARA
DECLARAR IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional. Reproches
carecen de la potencialidad para variar el sentido de la decisión judicial acusada.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de abril de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de
tutela, en relación con el defecto sustantivo, y negó el amparo constitucional
invocado, respecto del defecto procedimental.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 3 de marzo de 2025, el señor Rodolfo Lozano Díaz promovió acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara su
derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 31 de
octubre de 2024 emitida dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura1
que incoó contra la señora María Camila Correa López, encaminado a que se
decretara la suya como concejal electo de Dosquebradas para el período 2024-2027,
con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136
de 19942, por configurarse la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43
ibidem (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000)3, al tener un vínculo de
parentesco en primer grado de consanguinidad con un funcionario público (agente

1 Expediente 66001-23-33-000-2024-00239-01.
2 Esto es, “[p]or violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.
3 De conformidad con dicha normativa, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o

distrital, “Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito;
o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en
el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito [...]”.

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de tránsito) en el municipio de Dosquebradas, en el que fue elegida como concejal,
dentro de los 12 meses anteriores a su elección (del 22 de octubre de 2022 al 29 de
octubre de 2023).

2.
Mediante la providencia acusada4, se confirmó la decisión de 8 de julio de 2024
del Tribunal Administrativo de Risaralda de negar la pérdida de investidura solicitada.
La autoridad judicial determinó que examinaría el elemento subjetivo en la
configuración de la inhabilidad alegada, es decir, si la comisión objetiva de dicha
inhabilidad estuvo precedida de una conducta dolosa o gravemente culposa, en el
marco de la autoridad civil que ostentaba el padre de la señora Correa López en
Dosquebradas dentro de los 12 meses previos a su elección como concejal en ese
municipio5. En ese sentido, indicó que no existía prueba que corroborara que su
padre hubiere ejercido labores distintas a sus funciones legales y reglamentarias,
que hubieran implicado función de mando, nombramiento, remoción y sanción de
empleados con suspensiones, multas o destituciones.

3.
Concluyó que no se configuró el mencionado elemento subjetivo porque la
demandada actuó conforme al concepto rendido por su equipo de campaña electoral
en el documento denominado “MATRIZ VERIFICACION DE CONDICIONES
CANDIDATO AL CONCEJO”, el cual se ajustaba a las normas y jurisprudencia
relacionadas en cuanto a la inexistencia de inhabilidad, porque si bien su padre era
agente de tránsito, no ejercía autoridad civil, política, administrativa o militar.

4.
La parte actora indicó que la providencia acusada incurrió en defecto
procedimental absoluto, en tanto se transgredió el principio de congruencia, al
apartarse del procedimiento establecido en el artículo 320 del CGP, pues se
extralimitó en la competencia que se le atribuye al juez de segunda instancia, para
pronunciarse sobre la alzada objeto de estudio. Pese a que el recurso de apelación
que interpuso contra el fallo ordinario de primera instancia solamente se refirió al
elemento subjetivo constitutivo de la causal, abordó el objetivo, el cual no fue objeto
del recurso y sirvió de fundamento para confirmar la decisión recurrida. Es decir, se
debió haber limitado el estudio hacia la graduación de la culpa que se efectuó en
primera instancia, mas no si el padre de la concejal ejerció o no autoridad civil.

4 El Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López salvó su voto, al considerar que no fue objeto de apelación lo

concerniente a que el elemento objetivo de la causal estuviese acreditado. Se circunscribió a presentar
inconformidad frente al elemento subjetivo. Además, a su juicio, se debía decretar la pérdida de investidura
solicitada. Se configuró el aludido elemento, al no acreditarse que la acusada hubiese actuado con buena fe
calificada producto de un error invencible, porque la “Matriz Verificación de Condiciones Candidato al Concejo”
no comprueba que la concejal haya solicitado asesorías para determinar si estaba inhabilitada con ocasión del
cargo que desempeñaba su padre.
5 En primera instancia se determinó que el padre de la demandada, en su condición de agente de tránsito del

municipio de Dosquebradas, ejerció autoridad civil dentro de los 12 meses previos a la elección de ella como
concejal del ente territorial. No obstante, no se acreditó con suficiencia la capacidad de ese funcionario de influir
en el electorado, ni tampoco lo referente al componente de la culpabilidad, que para que prospere la pérdida de
investidura solicitada, se requiere que se haya actuado con dolo o culpa grave, y en este escenario, se podría
advertir una negligencia de la demandada que comporta culpa leva, la cual carece de la virtud de imponer dicha
sanción.
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5.
Por lo anterior, al referirse la autoridad judicial accionada al elemento objetivo de
la causal de inhabilidad, aun cuando no hubo recurso de apelación que contuviese
tal inconformidad, benefició a la demandada y transgredió el derecho al debido
proceso de la parte que interpuso la alzada. Además, desconoció que la justicia es
rogada y, por ende, el juez no puede fallar más allá de lo pedido por las partes.

6.
Asimismo, que se configuró un defecto sustantivo, porque se soslayó la
autoridad que ostenta el agente de tránsito, al referirse a este como simple facilitador
del cumplimiento de las leyes de tránsito. Ello por cuanto malinterpretó los artículos
2 de la Ley 1310 de 2009 y 3 de la Ley 769 de 2002, al desnaturalizar las funciones
regulatorias y sancionatorias del agente de tránsito, las cuales expresan autoridad
civil, pues estos empleados públicos tienen actos típicos de autoridad como lo son
poder de mando, de dirección, con potestades correccionales y de imposición de
sanciones sobre la generalidad de las personas.

7.
Se argumentó que esa autoridad civil está reservada únicamente a los
“organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, inspectores
de tránsito y demás autoridades superiores”, raciocinio contradictorio, puesto que
son los agentes de tránsito quienes diariamente hacen uso de las facultades que les
otorga la autoridad civil de la cual fueron investidos por el legislador ante la
comunidad en general. En la medida en que pueden detener el curso de un vehículo,
ordenando a su conductor, cesar el movimiento, esto, a través de señales y
gestualidades físicas o mediante el uso del silbato; pueden solicitar la exhibición de
documentos cuando el conductor del vehículo ha estacionado su automotor ante la
orden del agente de tránsito; y pueden imponer comparendos.

B. Sentencia de primera instancia

8.
Mediante sentencia de 28 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el presente trámite constitucional, en
cuanto al defecto sustantivo invocado, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Indicó que el debate gira en torno a la inconformidad de la parte
accionante frente a la interpretación normativa realizada por el juez de apelación. Se
emplea la tutela para proponer una mejor interpretación de las normas aplicables, es
decir, para reabrir el debate jurídico resuelto en sede ordinaria, buscando una
decisión que coincidiera con el razonamiento expuesto en la tutela. El tutelante no
solo cuestionó la argumentación del juez, sino que reiteró los planteamientos
realizados en la demanda sobre la naturaleza de la autoridad de los agentes de
tránsito, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez de tutela.

9.
Por otro lado, negó la protección constitucional reclamada frente al defecto
procedimental absoluto. Concluyó que no se vulneró el principio de congruencia,
pues la autoridad judicial, en su calidad de juez de apelación, resolvió el caso
conforme a los reparos concretamente formulados en la alzada, por ende, no excedió
los límites de su competencia.

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10.
Lo anterior, por cuanto el fallo de segunda instancia no confirmó la decisión inicial
por ausencia de acreditación del elemento objetivo de la causal, pues centró su
análisis en la valoración del elemento subjetivo, al expresar en forma clara y
categórica que limitaba su competencia al estudio de la culpabilidad de la concejal
demandada. Lo cual realizó al analizar el material probatorio y valoró dicha conducta,
con el fin de determinar el conocimiento que tenía sobre la presunta inhabilidad y así
dilucidar si, a partir de la información a su alcance, ella podría inferir que las funciones
desempeñadas por su padre correspondían a un servidor público con autoridad civil
o no. Dicho estudio no se realizó para recalificar el elemento objetivo de la causal,
sino para analizar la conducta desde la perspectiva de la culpabilidad.

11.
En todo caso, si se entendiera que la autoridad judicial se pronunció sobre el
elemento objetivo, pese a que este no fue objeto de apelación, no se configura la
vulneración del debido proceso por desconocimiento del principio de congruencia.
Ello, por cuanto en los procesos de pérdida de investidura, cuando se apela la
responsabilidad de servidores públicos elegidos popularmente, el juez de segunda
instancia no se encuentra impedido para pronunciarse sobre el elemento objetivo,
incluso si la primera lo tuvo por acreditado. En razón a que el análisis del elemento
subjetivo no puede desvincularse el elemento objetivo, ya que el estudio de la
culpabilidad puede hacerse si se ha verificado previamente la configuración del
elemento objetivo de la causal.

12.
Además, advirtió que la decisión de primera instancia negó la pérdida de
investidura, por lo cual su confirmación en segunda instancia no empeoró la situación
del solicitante.

C. La impugnación

13.
La parte actora reiteró los planteamientos de la solicitud de amparo, en cuanto a
la configuración en la providencia acusada de los defectos procedimental absoluto y
fáctico, y agregó que el asunto tiene gran relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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15.
La Sala anticipa que si bien se comparte la decisión adoptada en primera instancia
sobre la improcedencia de la tutela frente al defecto sustantivo, por lo que se
confirmará tal determinación, también precisa que se aparta de la negativa del
amparo en cuanto al defecto procedimental absoluto, al advertir que no satisface el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, razón por la cual se
modificará, para declarar improcedente la acción.

16.
En lo que atiende al supuesto desconocimiento del principio de congruencia, esta
Subsección ha considerado que ese tipo de inconformidades pueden canalizar a
través del recurso extraordinario de revisión (Artículo 250 del CPACA) invocando la
causal 5 relativa a la nulidad originada en la sentencia.

17.
Ahora, al margen de esa consideración, ya sea que lo declare el juez del recurso
extraordinario o el juez de tutela, lo cierto es que la prosperidad de esa pretensión
relativa a la congruencia carecería de la potencialidad de variar el sentido de la
decisión acusada, para decretar la pérdida de investidura solicitada, y eso descarta
la relevancia constitucional del asunto. Ello, por cuanto el motivo por el cual se negó
aquella en primera instancia, se estructuró en que si bien se acreditó el elemento
objetivo de la causal de inhabilidad, no se evidenciaba en la conducta desplegada
por la concejal dolo o culpa grave, lo que impedía tener por demostrado el elemento
subjetivo.

18.
En ese sentido, en el evento de advertir la presunta incongruencia, se mantendría
lo referente a la configuración del elemento objetivo, pero se dejaría incólume el
razonamiento expuesto respecto de la valoración de la conducta de la concejal y con
ello la falta de ocurrencia del elemento subjetivo para dar por comprobada la causal
de inhabilidad.

19.
En otras palabras, la discusión que se plantea respecto al supuesto estudio que
hizo el ad quem respecto al elemento objetivo, desbordando -a juicio del accionante-
su competencia funcional, resulta inane si se tiene en cuenta que, de cualquier
manera, se descartó el elemento subjetivo. La razón para que no se hubiera
decretado la pérdida de investidura de la concejal de Dosquebradas fue porque no
se halló acreditado este último, de manera que la constatación de que hubo un vicio
de congruencia no variaría dicha negativa.

20.
A esa conclusión se llega, considerando que la censura se orientó al alegado
análisis realizado en punto al elemento objetivo, obviando que se descartó el
subjetivo, y esto es suficiente para negar la pérdida de investidura. De ahí que el
debate propuesto carezca de relevancia constitucional.

21.
Por otro lado, la parte actora alega defecto sustantivo, porque se interpretó de
manera errónea la normativa que contiene las funciones de los agentes de tránsito,
lo que trajo como consecuencia que se determinara que aquel servidor público no
ejerciera autoridad civil, consideración que estima contraria al ordenamiento jurídico.

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22.
Como lo consideró el a quo, la anterior inconformidad no cumple la exigencia de
relevancia constitucional, pues, además de que pretende la imposición de su
interpretación normativa atinente a las funciones desempeñadas por los agentes de
tránsito de Dosquebradas, la determinación de acogerla no impacta la determinación
de no cumplir el elemento subjetivo de la causal de inhabilidad.

23.
Por consiguiente, se mantendría la decisión de negar la pérdida de investidura,
pues para su decreto, deben concurrir tanto el elemento objetivo, como el subjetivo
de la causal de inhabilidad alegada.

24.
Se precisa que la autoridad accionada precisó que resultaba ajustado que la allí
demandada hubiere sostenido que las labores misionales y de apoyo operativo
desplegadas por su padre, en calidad de agente de tránsito, no implicaba ejercicio
de autoridad civil. Pues no obraba en el expediente “prueba que permita corroborar
que el uniformado hubiese ejercido la autoridad civil a través del desempeño de
labores distintas a las enlistadas en sus funciones legales y reglamentarias, que sí
hubieran implicado función de mando, nombramiento, remoción y sanción de
empleados con suspensiones, multas o destituciones”.

25.
Lo anterior, si bien se pudiere interpretar como examen del elemento objetivo de
la causal de inhabilidad, tuvo como fin arribar a la conclusión de que lo anotado en
el documento denominado “Matriz verificación de condiciones candidato al concejo”
resultó apropiado, lo que impedía que se configurara el elemento subjetivo de la
causal de inhabilidad, es decir, tuvo como finalidad soportar que la conducta
desplegada por la accionada no implicó dolo o culpa grave.

26.
En ese sentido, la falta de relevancia constitucional de la presente acción recae
en términos generales en que la configuración del elemento objetivo no impone por
sí sola que se tenga por verificada la causal de inhabilidad alegada y, por ende, que
se decretara la pérdida de investidura de la concejal de Dosquebradas.

27.
Para ese fin resulta indispensable que también se halle presente el elemento
subjetivo, es decir, que la conducta que originó la inhabilidad se haya presentado por
una actuación dolosa o gravemente culposa, lo cual no se acreditó. Al respecto, la
autoridad accionada estimó que la aludida matriz de verificación se encontraba
ajustada a la normativa y jurisprudencia aplicables, lo cual implicaba que la allí
demandada actuara “conforme al acertado comentario hecho por el equipo de su
campaña electoral, según el cual el empleo de su padre no se lo impedía”. Aspecto
que no fue objeto de reproche en la solicitud de amparo.

28.
Así las cosas, al no tener la afectación constitucional alegada la virtud de variar el
sentido de la decisión judicial acusada impide que el asunto aquí planteado
trascienda a un plano constitucional para que sea factible estudiar el fondo de la
controversia. En la medida en que acceder al amparo bajo los términos de la
argumentación esbozada por la parte accionante, es decir, dar por acreditado el
elemento objetivo, sin que se analice de nuevo el elemento subjetivo, al no ser motivo
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de inconformidad, carecería de la potencialidad de ordenar un análisis jurídico que
pueda tener la posibilidad de arrojar como resultado una decisión diferente a la
inicialmente adoptada por el juez natural de la causa.

29.
En ese orden de ideas, se torna evidente la falta de cumplimiento del presupuesto
de relevancia constitucional, por tanto, se modificará la sentencia impugnada, para
declarar improcedente el trámite constitucional.

30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 28 de abril de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, para declarar
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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