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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01187-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01187-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01187-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01187-00
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionados: Presidente de la República y otro

Temas: Acción de tutela para que se mejore la capacidad y estructura del
sistema de alcantarillado del Archipiélago de San Andrés, Provincia y
Santa Catalina. Derechos a un amiente sano, salud y dignidad humana
de los habitantes de las islas. SE DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Fundación Misión Archipiélago
de San Andrés, a través de su representante legal, en contra del presidente de la
República y el gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés.

ANTECEDENTES

La accionante pretende la protección de los derechos fundamentales al «ambiente
sano- carencia o insuficiencia de alcantarillado», salud y dignidad humana de los
habitantes de las islas.

HECHOS

Manifiesta que el Archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina carece de
un sistema de alcantarillado eficiente que permita que las aguas servidas y aguas
lluvias sean evacuadas de manera que no pongan en peligro la salud de las
personas y del ecosistema, pues debido a la capacidad del sistema, estas aguas
circulan por las calles en diferentes sectores de la Isla de San Andrés.

Que el problema de los malos olores y el estancamiento de aguas servidas viene

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desde que se estableció que la isla es un puerto libre en 1951, ya que esto generó
«sobre poblamiento de personas y alteraciones a ecosistemas protegidos»; que el
Estado no evitó este daño, sino que otorgó permisos e incentivos para que
«numerosas familias de continentales se fueran a vivir a las islas».

Que el presidente Juan Manuel Santos realizó un proyecto de saneamiento
ambiental y sanitario e invirtió 5.117 millones de pesos de manera directa, con los
trabajos que se llevaron a cabo se beneficiaron algunas viviendas y lotes
residenciales y se construyó el sistema de alcantarillado núm. 4 que incluye la
estación de bombeo y redes secundarias.

Que la infraestructura del alcantarillado que actualmente tiene el archipiélago se
quedó corta, que debido a la sobrepoblación de la isla, la capacidad de evacuación
de las alcantarillas “colapsó dado que la isla de San Andrés, se encuentra en
algunos sectores por debajo del nivel del mar»

PRETENSIONES

Solicita que se ordene al presidente de la República 1) ordenar planes de
contingencia de urgencia para evitar la circulación de aguas servidas o negras en
las calles y diferentes sectores de la isla, que se presentan por la falta de capacidad
para la evacuación de ellas, así no seguir contaminando el ambiente y ocasionando
enfermedades a la comunidad y 2) dar solución a la falta de capacidad del sistema
de drenaje de las aguas residuales ampliando la estructura.

Solicita igualmente, que se ordene a la Gobernación del Archipiélago garantizar las
obras tendientes a dar solución al grave problema sanitario.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 7 de marzo de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación de
las entidades accionadas.

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POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La Presidencia de la República solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues el ente territorial es el encargado de garantizar la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios del Archipiélago de San
Andrés, Provincia y Santa Catalina, conforme al principio de autonomía del territorio.

La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina,
debidamente notificada de la acción de tutela, guardó silencio.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A efectos de decidir la presente acción de tutela se abordarán los siguientes temas:
I) generalidades de la acción de tutela; II) procedibilidad excepcional de la acción
de tutela para la protección de derechos colectivos y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

II) Procedibilidad excepcional de la acción de tutela para la protección de
derechos colectivos

La Corte Constitucional en la Sentencia SU 1116 de 20011 estableció que es
procedente la acción de tutela, de forma excepcional, para proteger los derechos
colectivos, siempre y cuando el juez constitucional encuentre acreditado lo

1Reiterada en sentencia T 250 de 2023

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siguiente:

«(…) (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal
suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea
"consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o
realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de
tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben
aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente,
la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en sí mismo
considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente,
un derecho de esta naturaleza». (negrilla fuera de texto original)

Frente al análisis específico del requisito de conexidad la Corte consideró que se
debe exigir el cumplimiento de las siguientes condiciones:

«(…) (i) la perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima
facie, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o
vulneración a un derecho fundamental –lo que no debe confundirse con
el requisito de la prueba de la real amenaza o violación del derecho
fundamental–; y (iii) la existencia de un nexo entre las dos afectaciones
que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa y
no mediada por otros factores externos. El análisis del cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad formal se hace a título preliminar. Por
consiguiente, cuando se analiza el fondo de la situación, sus
conclusiones pueden ser desvirtuadas o confirmadas. (…)»

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional en cita, ha de examinarse el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela cuando se plantea la vulneración de
derechos colectivos, para verificar que realmente se encuentren involucrados
derechos fundamentales y que la afectación de estos se derive de la vulneración de
aquellos de manera directa; pues solo por la protección de los derechos
fundamentales va a ser procedente el examen de la afectación y eventual protección
de los derechos colectivos.

III) Caso concreto

La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por conducto de su representante
legal, solicitó la protección de los derechos fundamentales a un ambiente sano a la
salud y a la dignidad humana de los habitantes del archipiélago, los cuales estima

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afectados por el presidente de la República y la Gobernación de San Andrés, por
no garantizar una debida prestación de los servicios públicos domiciliarios,
específicamente de agua y alcantarillado.

Al respecto, observa la Sala que lo pretendido mediante la acción de tutela es la
protección de un derecho colectivo como lo es el ambiente sano; sin satisfacer los
presupuestos que consagra la jurisprudencia para que proceda de manera
excepcional este mecanismo constitucional. La fundación accionante tiene como
objeto defender los intereses económicos, sociales y étnicos, entre otros de los
habitantes de la isla, sin embargo, no identificó o individualizó a los titulares de la
garantía aquí reclamada, sino que se refirió a la población en general del
archipiélago.

Con ello se desconoce la finalidad del mecanismo, que no es otra que la protección
de los derechos fundamentales cuya naturaleza es individual y subjetiva; lo que
implica que la protección no puede darse en abstracto, sino que se hace necesaria
su concreción e individualización, al punto que la protección de los derechos
colectivos solo es procedente al protegerse los derechos fundamentales
involucrados. Además, por ser estos personalismos, se requiere acreditar la
legitimación por activa, acorde a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991.

Alega la parte actora la existencia de vulneración de los derechos a la salud, a la
dignidad humana y a un ambiente sano, como consecuencia de la deficiente
infraestructura del sistema de agua y alcantarillado de la isla y la sobrepoblación del
territorio; sin embargo, no acredita la afectación subjetiva y concreta de esos
derechos a un sujeto en específico y tampoco que ello ocurra como consecuencia
del desconocimiento del derecho a un ambiente sano.

Advierte entonces la Sala que lo que se pretende con la acción de tutela es la
protección de derechos colectivos y no individuales, para lo cual cuenta la parte
actora con el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
establecido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, acorde con el artículo 88 de
la Constitución Política y la Ley 472 de 1998; de manera que no se encuentra
satisfecho el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se declarará

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improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC

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