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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01212-00

Fecha
25 de agosto de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01212-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR ajustado al ordenamiento jurídico el fallo del 25 de julio de 2024, proferido en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta; así como el fallo del 18 de diciembre de 2024, proferido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación; dictados en el curso del proceso con radicado IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038, por las razones que anteceden. SEGUNDO: INFORMAR a los sujetos disciplinados, por la Secretaría General de esta Corporación, que contra la presente decisión procede el recurso de doble conformidad. Para su interposición y trámite, se seguirá lo dispuesto del artículo 247 del CPACA. TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta. 42 Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00 Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros Se deja constancia de que esta providencia se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01212-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

25 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01212-00

Demandante: MARVIN DANILO ANGARITA SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: REVISIÓN AUTOMÁTICA E INTEGRAL DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS

La Sala procede a la revisión automática e integral de la decisión del 18 de
diciembre de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
mediante la cual se confirmó la sanción de suspensión e inhabilidad especial por
el término de 12 meses, impuesta a los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez
quien se desempeñaba como presidente; Lili Lucero Arenas Chávez como
primera vicepresidenta y, Luis Gonzalo León Joya en calidad de segundo
vicepresidente del Concejo Municipal de Puerto Santander, Norte de Santander.

I.​ ANTECEDENTES

A. EL PROCESO DISCIPLINARIO

1.​ Apertura de la investigación. En auto del 3 de diciembre de 2019, la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta inició investigación disciplinaria
contra los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez,
Luis Gonzalo León Joya y Wilson Torres Rincón, en calidad de presidente, primera
vicepresidenta, segundo vicepresidente y concejal del Concejo Municipal de
Puerto Santander, Norte de Santander, por haber llevado a cabo el proceso de
selección del personero municipal de Puerto Santander, para el período
2020-2024, sin autorización de la plenaria del Concejo Municipal, como exigía el
literal a) del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. A la investigación le
correspondió el radicado IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-14410381.

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Fls 4 – 9 Cuaderno 2.

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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

2.​ Pliego de cargos. En proveído del 27 de agosto de 2020, la Procuraduría
Provincial de Cúcuta formuló cargos disciplinarios contra los señores Marvin
Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez, Luis Gonzalo León Joya y,
ordenó el archivo de la actuación seguida contra el señor Wilson Torres Rincón2.

3.​ Fallo de primera instancia. El 25 de julio de 2024, la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Cúcuta3 declaró la responsabilidad disciplinaria de
los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chaves y Luis
Gonzalo León Joya por la vulneración del principio de la función pública de la
moralidad. Se les endilgó el tipo disciplinario de falta gravísima cometida con dolo,
del artículo 48 numeral 61 de la Ley 734 de 2002, y se les impuso sanción de
suspensión e inhabilidad especial por el término de doce meses, con la aclaración
de que, en el caso en que hubieran cesado sus funciones, al momento de la
ejecutoria del fallo o durante su ejecución, o no fuera posible ejecutarla, el término
se convertiría en salarios devengados para el momento de la comisión de la falta,
es decir, doce salarios devengados, tomando como referente el monto del salario
de la vigencia del 2019.

4.​ Como sustento, se indicó que los disciplinados, en su calidad de
Presidente, Primera Vicepresidente y Segundo Vicepresidente del Concejo
Municipal de Puerto Santander, vulneraron el principio de moralidad al haber
proferido la Resolución No. 027 del 19 de noviembre de 2019, para proveer el
cargo de Personero para el período 2020-2024 sin la correspondiente autorización
de la plenaria del Concejo Municipal, actuando contrario a derecho, adicional a
que se comprobó que no se encontraban amparados por ninguna de las causales
de exculpación de responsabilidad, establecidas en el artículo 28 de la Ley 734 de
2002.

5.​ Se indicó que los referidos concejales obraron con dolo y desconocieron
los postulados constitucionales y legales, porque a pesar de tener pleno
conocimiento de que la convocatoria para proveer el cargo de Personero debía
ser suscrita por la mesa directiva “previa autorización de la plenaria de la
corporación” expidieron la resolución, argumentando ambiguamente la necesidad
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad al numeral 8 del artículo 313 de la

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Fls 2 – 68 Cuaderno 4.
3
Fls 129 – 158 Cuaderno 5.
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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

Constitución Política “por lo que no se orientó en su comportamiento a la
observancia de la norma legal que regía la materia, sino a su desconocimiento,
con lo que se afectó el deber funcional sin justificación alguna” .

6.​ En ese sentido, en el análisis de tipicidad determinó que la conducta
irregular que se les reprochó se adecuaba al tipo disciplinario consagrado en el
numeral 61 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en “ejercer
funciones con el propósito de defraudar una norma de carácter imperativo”; en
cuanto a la antijuricidad, manifestó que la conducta de los investigados no estaba
amparada por ninguna causal de exclusión de responsabilidad del artículo 28 de
la misma ley, y que para el caso bajo análisis no procedía la excepción de
inconstitucionalidad, por no existir controversia entre una norma legal y una
constitucional que permitiera a los miembros de la mesa directiva dejar de aplicar
lo dispuesto en el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. Sobre la
culpabilidad, se concluyó que los procesados tenían pleno conocimiento de sus
deberes y de la ilegalidad de la actuación a título de dolo.

7.​ Recurso de apelación. El 8 de agosto de 20244, los disciplinados
impugnaron la decisión adoptada en primera instancia. Argumentaron que
acudieron a la excepción de inconstitucionalidad, frente el artículo 313 numeral 8
de la Constitución Política y el artículo 43 del reglamento interno del Concejo
Municipal “en el entendido de que la norma superior y sustancial prima sobre la
meramente procedimental”, lo que les permitió proferir la Resolución No. 027 del
19 de noviembre de 2019.

8.​ Señalaron que se configuró una nulidad por violación al debido proceso,
puesto que el 26 de enero de 2024 renunció su apoderado, actuación que no les
fue notificada correctamente porque, según su dicho se indicó que se envió
notificación por correo electrónico y por el sistema de correos de 472 pero
“revisado mi cuenta de correo, no se encuentra tal situación de comunicación en
debida forma y que tampoco fui enterado por medio escrito” y, a pesar de ello, la
Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta continuó con las actuaciones
incumpliendo la obligación de asignarles uno de oficio.
9.​ Destacaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
estableció que no se podía imponer sanciones que restringieran derechos
políticos a funcionarios de elección popular, por lo que las actuaciones de la

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Fls 183 - 187 Cuaderno 5.
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

Procuraduría, como ente administrativo, eran incompatibles con esas
disposiciones de mayor carácter jerárquico.

10.​ Fallo de segunda instancia. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
en providencia del 18 de diciembre de 20245, confirmó la decisión de primera
instancia.

11.​ En cuanto al reproche relativo a la alegada incompatibilidad de las
funciones de la Procuraduría General de la Nación con la CADH, señaló que no
está llamada a prosperar como argumento de apelación. Al respecto, indicó que la
Procuraduría es un organismo de control, independiente y autónomo con
funciones misionales tales como vigilar la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, incluidos los servidores de elección popular a
través del poder sancionatorio disciplinario mediante investigaciones, juicios e
imposición de sanciones establecidas.

12.​ Manifestó que, a partir de la sentencia del 8 de julio de 2020 -caso Petro
Urrego vs. Colombia-, se modificó el Código General Disciplinario, con el
propósito de armonizar la forma en la que se ejerció el poder disciplinario con la
referida decisión de la Corte IDH. Entre ellos, el artículo 16 de la Ley 2094 que
introdujo modificaciones a la Ley 1952 de 2010, respecto a la competencia de las
Salas Disciplinarias.

13.​ También indicó que con el fin de otorgar mayor garantía en los procesos
disciplinarios, se expidió el Decreto 1851 del 24 de diciembre de 2021 según el
cual, a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra los
fallos de primera instancia y, para el caso sub examine, no existió la
incompatibilidad de las funciones de la Procuraduría General de la Nación con la
CADH.

14.​ En cuanto a la nulidad que se planteó por los recurrentes, respecto a que
supuestamente no se les notificó de manera efectiva la renuncia del apoderado y
se continuó con las actuaciones del proceso a pesar de no contar con defensa
técnica, se comprobó que sí se había notificado en debida forma la renuncia.

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Fls 195 -214 Cuaderno 5.
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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

Indicó que los investigados proporcionaron las direcciones de notificación físicas y
electrónicas y fueron autorizadas en el acta de notificación personal del pliego de
cargos y las comunicaciones físicas con constancias de entrega de la empresa
472, lugares a los que se llegó con la notificación para informar de tal
circunstancia.

15.​ Adicionalmente, el fallo de primera instancia se notificó a los disciplinados
quienes presentaron recurso de apelación vía correo electrónico, lo que reafirma
que sí tuvieron pleno conocimiento de todas las actuaciones subsiguientes a la
renuncia de su apoderado. A ello agregó que los disciplinados por su experiencia
en el sector público, sabían de las implicaciones de una renuncia al poder
otorgado, sumado a que el ordenamiento disciplinario no exige la actuación de un
defensor técnico para considerar válido el proceso, siempre que se tramite con el
conocimiento y participación de los implicados, como ocurrió en el presente
asunto.

16.​ De cara a la excepción de inconstitucionalidad se indicó que para el sub
examine, no se evidenció una contradicción manifiesta entre el numeral 8 del
artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de
2015, sino una relación jerárquica y complementaria normativa porque el decreto
reglamenta el procedimiento específico para elegir al personero en cumplimiento
de los principios constitucionales.

17.​ Se evidenció que la justificación que presentó la mesa directiva,
fundamentada en la excepción de inconstitucionalidad para suscribir la Resolución
No. 027 del 19 de noviembre de 2019, no solo careció de fundamento jurídico,
sino que “constituye una actuación deliberada, carente de competencia y en
contravención de las normas legales y reglamentarias aplicables”.

18.​ Al analizar las pruebas, se determinó que, inicialmente, un proyecto de
acuerdo alcanzó a surtir dos debates reglamentarios y, finalmente, fue aprobado
en plenaria por mayoría, razón por la cual, debía la mesa directiva remitirlo al
alcalde para su sanción según el literal o) del artículo 41 del Acuerdo 847. No
obstante, dicho trámite no se surtió y, por el contrario, dos días después, los
miembros de la mesa directiva, a través de la Resolución 027 de 2019, expidieron
sin consentimiento de la plenaria, la convocatoria 001 para proveer el cargo de
Personero Municipal.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

19.​ En consecuencia, consideró sobre esta conducta lo siguiente:

Sobre esta Resolución, como ya se advirtió, fue motivada por la mesa
directiva en que al no lograr consenso en torno al proyecto de acuerdo en
primer debate para la apertura de la convocatoria y que ante la
proposición en sesión del 17 de noviembre de 2019 donde se planteó el
cambio total de lo aprobado, debería surtirse debate en la comisión
permanente respectiva, por lo que a su consideración se hizo necesario
aplicar la excepción de inconstitucionalidad para garantizar el interés
general y hacer los correspondientes trámites de la elección del
personero. Considera la Sala que este argumento no constituye
fundamento válido para la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, debido a que la falta de consenso en el primer
debate y las modificaciones propuestas en la sesión del 17 de noviembre
de 2019, no configuran una contradicción constitucional que permita
inaplicar la norma reglamentaria, y menos aún, para justificar la
expedición unilateral de la Resolución 027 de 2019 por parte de la mesa
directiva del Concejo Municipal. Por lo anterior, la solicitud de excepción
de inconstitucionalidad presentada por disciplinados no está llamada a
prosperar porque, en esencia, se basa en una interpretación errónea y
carente de soporte jurídico suficiente. Las disposiciones normativas
analizadas no son incompatibles ni excluyentes, sino que funcionan
armónicamente para reglar de manera efectiva el proceso de elección del
personero municipal.

20.​ Sobre la falta disciplinaria atribuida a los procesados, confirmó que se
había demostrado, en grado de certeza, su responsabilidad, por la comisión de
una falta grave, a título de dolo, al suscribir la convocatoria, a través de la
Resolución No. 027 del 19 de noviembre de 2019, por medio de la cual se
convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el
cargo de Personero Municipal de Puerto Santander para el período 2020-2024 y
haberle dado el trámite sin contar con la autorización por parte de la plenaria del
Concejo Municipal.

21.​ En la parte resolutiva, se aclaró que la decisión se debía notificar
personalmente, por la Secretaría de la Sala, a los sujetos procesales, de
conformidad con lo establecido en los artículos 101, 102 y 107 del CDU.
Igualmente, se les indicó las reglas procesales procedentes para el recurso de
revisión conforme a la Ley 2094 de 2021 y la jurisprudencia citada, dado que los
sancionados, a pesar de no encontrarse actualmente en ejercicio de un cargo de
elección popular y que la suspensión se convirtió a salarios, también les fue
impuesta la inhabilidad especial para el ejercicio de sus funciones públicas.

B. EL PROCESO DE REVISIÓN

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

22.​ Mediante constancia secretarial del 28 de febrero de 20256, la Secretaría
de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular indicó que el fallo del 18 de diciembre de 2024 de segunda instancia
confirmó la decisión del 25 de julio de 2024, proferida por la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Cúcuta.

23.​ En el informe secretarial se consignó que el 14 de enero del año en curso,
a través de correo electrónico, se les informó sobre la fijación del edicto y se corrió
traslado por el término de 30 días a los sujetos procesales para que, en
cumplimiento de lo señalado en la sentencia C-030 de 2023 de la Corte
Constitucional y el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 del Consejo de
Estado ejercieran su derecho de defensa. Una vez venció el término, el día 24 de
febrero de 2024, se constató que los investigados no presentaron escrito alguno
“según se evidenció de la revisión de los diferentes aplicativos para la recepción
de documentos oficiales de la entidad”.

II.​ CONSIDERACIONES

C. COMPETENCIA

La Sala Especial es competente para realizar la revisión automática e integral de
la decisión del 18 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, mediante la cual se confirmó la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de 12 meses impuesta a los servidores
públicos de elección popular Marvin Danilo Angarita Sánchez quien se
desempeñaba como presidente; Lili Lucero Arenas Chávez como primera
vicepresidenta y, Luis Gonzalo León Joya en calidad de segundo vicepresidente
del Concejo Municipal de Puerto Santander, Norte de Santander, que se
determinó en el fallo del 25 de julio de 2024. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 238B7 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo
55 de la Ley 2094 de 2021.

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Fl 226 Cuaderno 5.
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Artículo 238B. Competencia. «Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de
los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble
conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los
Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas
por el Procurador General de la Nación. (…)».
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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

D. PROBLEMA JURÍDICO

24. La Sala Especial de Decisión advierte que el disciplinado no propuso ninguna
causal de revisión ni presentó memorial para defender sus intereses. Sin
embargo, ello no es impedimento para que esta Sala se pronuncie, debido a que
el recurso de revisión es automático e inmediato, y opera de manera oficiosa.

25. En el presente caso, se procede a realizar el control integral de la actuación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, que culminó
con la decisión del 18 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en la cual se confirmó la
sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 12 meses,
impuesta a los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas
Chávez y, Luis Gonzalo León Joya, miembros del Concejo Municipal de Puerto
Santander, Norte de Santander.

26. Para ello, la Sala (i) examinará los aspectos generales del recurso
extraordinario de revisión y, (ii) realizará un control integral de la actuación
disciplinaria.

E. ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN

27. El mecanismo de revisión de las sanciones disciplinarias se originó con la
expedición de la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reformó la Ley 1952
de 2019 -Código General Disciplinario-. Ciertamente, el artículo 54 de aquella ley
estableció:

Artículo 54. Adiciónese el artículo 238A de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:

Artículo 238A Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la
Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria
jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios y los archivos, cuando
se trate de violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional
humanitario. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble
conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación.

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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

28. Con respecto a la disposición transcrita, la Corte Constitucional, en sentencia
C-030 de 2023, no solamente declaró inexequibles las expresiones
«ejecutoriadas» y «jurisdiccional», sino que condicionó la exequibilidad del resto
de la norma, así:

En el entendido de que el recurso extraordinario de revisión operará
solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad a servidores públicos de elección popular, por ministerio de
la ley, de manera automática e inmediata. En todo caso el disciplinado
podrá ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes a su
defensa propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular
se suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el
cual finiquitará con una sentencia que determinará de manera definitiva
la sanción aplicable. (Énfasis del Despacho).

29. Adicionalmente, moduló los efectos normativos de la revisión judicial de las
decisiones disciplinarias, en el siguiente sentido:

a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención de juez en
la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de
elección popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y
siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas
se concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de
revisión operará de manera automática e inmediata y no está supeditado
a las causales taxativas de procedencia, permitiéndosele al ciudadano
disciplinado el ejercicio de todas las actividades procesales que estime
pertinentes a su defensa, tales como presentar argumentos a su favor,
solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá hacer dentro de
los 30 días siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria
proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 2094 de
2021, el cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este
término, en el que el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su
derecho de defensa y todas sus garantías procesales, la PGN deberá enviar,
inmediatamente, el proceso ante el juez de lo contencioso administrativo,
quien deberá hacer un examen integral de la actuación disciplinaria
adelantada por la PGN, no solo de corrección de legalidad.

b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso,
ser impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo
contencioso administrativo.

c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán
los recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará
con las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019,
entre las que está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas
supletivas del Código General del Proceso.

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30. Finalmente, la Corte aclaró que los efectos de esa decisión eran temporales,
hasta tanto el legislador expida el respectivo estatuto aplicable a los servidores
públicos de elección popular, que incluya un régimen disciplinario especial.
31. Ahora bien, de cara a la procedencia y trámite de la revisión automática, la
Sala Plena del Consejo de Estado, en el auto de unificación de 3 de diciembre de
20248, estableció las siguientes reglas en torno al mecanismo al que se refiere la
Ley 2094 de 2021.

Primera regla:

Procedencia:

El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la
Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a
servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté
en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de
la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga
con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar
cargos o ejercer funciones públicas.

Segunda regla:

Suspensión de la sanción:

La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite
de revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se
resuelve definitivamente el recurso de revisión.

Tercera regla:

Intervención directa del sancionado:

El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a
la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría
General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar
argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las
practicadas en el procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir
directamente o a través de apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin
mayores exigencias formales distintas a la legitimidad, oportunidad y
sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla:

Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión

El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca
conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación
y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días
siguientes, podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público

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Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

de elección popular, en su escrito de intervención, en los términos del artículo
59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:

Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad

En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla:

Competencia para resolver el recurso de doble conformidad

El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas
por las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por
la Sala Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima regla:

Control integral:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa
de la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución,
suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

32. En consideración a lo expuesto, es procedente la revisión automática,
inmediata e integral de las actuaciones administrativas y decisiones
sancionatorias proferidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de
las cuales imponga sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a
servidores públicos de elección popular. La revisión procede incluso cuando el
disciplinado no esté en ejercicio del cargo público, siempre que la sanción
contemple la inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas.

33. Como las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad
impuestas a representantes elegidos mediante voto popular sólo pueden ser
adoptadas por una autoridad judicial, la ejecución de la sanción que se revisa
queda suspendida hasta tanto se profiera la respectiva sentencia.

F. LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PARA DESTITUIR, SUSPENDER E INHABILITAR A SERVIDORES PÚBLICOS
DE ELECCIÓN POPULAR

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

34. La Sala Especial de Decisión No. 25, se pronunció sobre la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para imponer las sanciones que ahora se
revisan y, en esa decisión9 se consideró lo siguiente:

La Sala Plena de esta Corporación, en la decisión de unificación del 3 de
diciembre de 2024, efectuó un análisis extensivo en torno a la interpretación
del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación en materia de
restricción de derechos políticos de los servidores públicos de elección
popular sujetos a su poder disciplinante. En esa oportunidad, se trajo a
colación la evolución de la jurisprudencia constitucional y la línea adoptada
por la Corte Constitucional, reiterada en las sentencias C-500 de 2014,
SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C086 de 2019, y C-030 de 2023, entre
otras; por virtud de la cual, en aplicación del criterio de interpretación amplia,
el Procurador General de la Nación “sí es competente para investigar
disciplinariamente a los congresistas e imponer las sanciones a que
haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole”10

Como también lo recordó esta Corporación en aquella oportunidad, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-146 de 202111, a partir de la armonización
del texto constitucional con los estándares interamericanos, “ha reconocido
la validez de la competencia de la PGN para imponer sanciones, de
destitución, suspensión e inhabilidad que limitan los derechos políticos de
los servidores públicos de elección popular, bajo la condición de que se
respeten las garantías procesales”12

Ahora bien, en su análisis, la Sala Plena abordó el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional en los casos en los que aquel alto tribunal efectúa un
control abstracto de constitucionalidad, y reiteró que las decisiones que al
respecto adopta la Corte “gozan de fuerza de cosa juzgada constitucional y
tiene efectos erga omnes, por lo tanto, no pueden ser desconocidos por
ninguna autoridad”. Ese discernimiento concreto se efectuó al amparo de lo
decidido por el Alto Tribunal en lo Constitucional en la sentencia C-030 de
2023, en cuanto declaró ajustado a la Carta las expresiones contenidas en
el artículo 1° de la Ley 2094 de 202113 , y concluyó que dicha decisión hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional y, por ende, todas las autoridades
están compelidas a su acatamiento, “pues, este asunto fue resuelto por el
juez que tiene la atribución constitucional de velar por la integridad y
supremacía de la Constitución Política”.

Por lo anterior, en punto al reproche efectuado por los disciplinados en el
asunto de la referencia, sobre la competencia de la PGN para imponer las
sanciones que se revisan, esta Sala Especial de decisión se remite en su
integridad a lo dirimido por la Corte en los pronunciamientos arriba
relacionados, así como a las consideraciones y reglas de unificación
adoptadas por el Consejo de Estado en el auto del 3 de diciembre de 2024,

9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No.
25. Sentencia del 30 de abril de 2025. Radicado No. 11001-03-15-000-2023-07630-00.
10
Sentencia SU- 712 de 2013.
11
Proferida después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de
julio de 2020, en el Caso Petro Urrego vs. Colombia.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación
jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, exp. 2023–00871–00
13
Por el cual “Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones para la vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de
elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”
12

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

para concluir que, en efecto, la Procuraduría es competente para
destituir, suspender e inhabilitar a servidores públicos de elección
popular y, en consecuencia, desde esa perspectiva, estaba facultada
para expedir los fallos de primera y segunda instancia en el marco del
proceso IUS 2016-124904 /IUC D-2016-75-847264

35. Y estas manifestaciones resultan sumamente relevantes porque los
investigados en su recurso de apelación señalaron que, a su parecer, la
Procuraduría General de la Nación no contaba con la facultad de adelantar el
juicio que concluyó con el fallo que los sancionó. Sin embargo, según se
evidenció, esta Corporación ha sido enfática en que la Procuraduría General de la
Nación SÍ cuenta con la competencia para realizar esos juicios y, para el sub
exámine, es más que claro que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
contaba con las atribuciones para confirmar la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de 12 meses, impuesta a los señores Marvin
Danilo Angarita Sánchez quien se desempeñaba como presidente; Lili Lucero
Arenas Chávez como primera vicepresidenta y, Luis Gonzalo León Joya en
calidad de segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Puerto Santander,
Norte de Santander.

G. REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA -FALLOS
DISCIPLINARIOS- OBJETO DE REVISIÓN CONFORME A DERECHO, SEGÚN
LAS CAUSALES DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 137 DEL CPACA

36. En los términos del artículo 137 del CPACA -en consonancia con el artículo
138 ibidem-, la nulidad de los actos administrativos procederá cuando hayan sido
expedidos: (i) con infracción de las normas en que deberían fundarse; (ii) sin
competencia; (iii) de forma irregular; (iv) con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivación o (vi) con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

37. En ese mismo orden, entonces, procede la Sala a efectuar el control de
validez de los Fallos Disciplinarios del 25 de julio de 2024 proferido en primera
instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta y del 18 de
diciembre de 2024 expedido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación.

13

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

A. Primera causal de nulidad: las normas en que debían fundarse los actos
administrativos sancionatorios que se revisan

38. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la responsabilidad
disciplinaria “surge cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos
sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una estructura que ha
sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de cinco categorías a
saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y
(v) la culpabilidad”14

39. Esa estructura dogmática debe ser, de un lado, leída en función de las
previsiones contenidas en la norma -general o especial- que se encuentre vigente
al momento de ocurrencia de los hechos y regule de manera específica los
comportamientos materia de investigación; y, del otro, complementada con otros
elementos que hacen parte del ordenamiento jurídico disciplinario, para que la
revisión integral que se efectúa en esta sede judicial sea omnicomprensiva. Bajo
dicho entendimiento, la Sala abordará, en ese mismo orden, los siguientes
elementos de la responsabilidad disciplinaria: (i) el régimen jurídico aplicable; (ii)
la condición de sujetos disciplinables que ostentaban los sancionados; (iii) la
competencia funcional de los operadores disciplinarios; (iv) la prescripción y
caducidad de la acción disciplinaria; (v) la tipicidad de la conducta investigada y el
ejercicio de subsunción típica efectuado por la Procuraduría; (vi) la ilicitud
sustancial de la conducta; (vii) la culpabilidad; (viii) la congruencia entre el cargo
imputado y el que sustentó la sanción impuesta; (ix) la presencia o ausencia de
eximentes de responsabilidad; (x) la dosificación y proporcionalidad de la sanción
y (xi) la aplicación del principio de favorabilidad.

i)​ El régimen jurídico aplicable

40. La Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único (CDU), rige para todos los
hechos que hubieran ocurrido durante su vigencia, que comenzó el 5 de mayo de
2002. El 28 de enero de 2019, se profirió la Ley 1952, o Código General
Disciplinario (CGD), que en el artículo 263 transitorio -en su redacción original-
señaló que “[l]os procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de
apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 3003-17, C.P. William Hernández Gómez.
14

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

vigencia la presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las
ritualidades consagradas en el procedimiento anterior”. Luego, el 25 de mayo de
2019, se expidió la Ley 1955 de 2019, con la cual se prorrogó la entrada en
vigencia del CGD hasta el 1 de julio de 2021; y el 29 de junio de 2021, se profirió
la Ley 2094 de 2021, que postergó la entrada en vigencia del CGD hasta el 29 de
marzo de 202215.

41. Los artículos 263 y 265 de la Ley 1952 de 2019 fueron modificados por la Ley
2094 de 2021, en los siguientes términos:

Artículo 71. Modifícase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019; el cual
quedará así:

Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos
se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.

PARÁGRAFO. La designación de la primera sala disciplinaria de juzgamiento
a que alude el parágrafo 2 del artículo 15 de esta ley, deberá ser integrada de
forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus
competencias. El período de esta primera sala se extenderá hasta el 17 de
marzo de 2025, sin perjuicio de su eventual prórroga.

Artículo 73. Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:

Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la
presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de
reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación.
Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con
sus reformas.

Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a
las palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 1 del
artículo 59 de la ley 1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas
con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.

PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las
funciones jurisdiccionales16 entrará a regir a partir de su promulgación.

PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta
meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su
vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de
la ley 1474 de 2011.

15
Con excepción del artículo 2 que entró a regir el 29 de junio de 2021 y el artículo 33 que cobró
vigencia el 29 de diciembre de 2023.
16
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión jurisdiccionales, en sentencia C-030 de
2023.
15

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

42. De acuerdo con lo anterior, en el proceso disciplinario seguido contra los
señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chaves y Gonzalo
León Joya, para el momento en el que entró en vigor la Ley 1952 de 2019, ya se
había dictado el auto de apertura de la investigación y pliego de cargos, por ende,
el trámite debía continuar bajo las ritualidades de la Ley 734 de 2002. Cabe
indicar que el artículo 5717 de la Ley 1474 de 2011 introdujo la aplicación del
trámite verbal para algunas faltas gravísimas, entre las que no se halla la que le
fue atribuida a los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas
Chávez y Luis Gonzalo León Joya 18.

43. Revisada la actuación administrativa en su conjunto, se observa que,
efectivamente los operadores de primera y segunda instancia tramitaron el asunto
bajo el procedimiento correspondiente, que preveía las etapas de investigación
disciplinaria, evaluación y cierre de la investigación, y juzgamiento y que los fallos
disciplinarios que se revisan fueron expedidos como resultado de un
procedimiento respetuoso del régimen jurídico aplicable y, en este aspecto, se
estiman ajustados a derecho.

44. Ahora, en el curso del proceso se advirtió una irregularidad sustancial que fue
remediada correctamente según se procede a explicar. Efectivamente, se detectó
que el apoderado de los disciplinados, en los descargos que presentó el 24 de
septiembre de 2020, manifestó como medio de notificación una dirección en la
ciudad de San José de Cúcuta y, una vez se profirió el auto del 22 de octubre
siguiente que resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas no se pudo
notificar personalmente, porque el oficio fue devuelto; sin embargo, no se realizó
la respectiva notificación por edicto, lo que vulneró el derecho de defensa de los
investigados y el debido proceso.

45. Por tal motivo, mediante auto del 16 de enero de 202419, se declaró la nulidad
de la actuación desde la notificación del auto de 22 de octubre de 2020 y las
decisiones subsiguientes: auto del 18 de noviembre de 2020, auto de 17 de
diciembre de 2020, auto del 28 de agosto de 2023, auto del 2 de octubre de 2023

17
Artículo 57. Aplicación del procedimiento verbal. «(…)
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo
48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59 y 62 de esta ley. (…)».
18
A los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León
Joya se le endilgó la comisión de la falta gravísima contemplada en el artículo 48, numeral 61 de la
Ley 734 de 2002.
19
Fls 59 - 65 Cuaderno 5.
16

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

y auto del 10 de noviembre de 202320. Debido a lo anterior, se subsanó esa
anomalía y, posteriormente, se expidieron las decisiones de primera y segunda
instancia que definieron el asunto, con pleno acatamiento de las disposiciones
legales.

46. Se aprecia que todas las decisiones fueron notificadas a los investigados
quienes estuvieron asistidos por un abogado desde el auto del 24 de abril de 2020
mediante el cual se le reconoció personería para representarlos y quien ejerció el
derecho de defensa a lo largo de la primera instancia. En proveído del 29 de
enero de 202421, el despacho aceptó la renuncia que el abogado presentó en
escrito del 26 de enero de ese mismo año22, decisión que se notificó
correctamente a las direcciones autorizadas para notificar.

47. Igualmente, en auto del 22 de febrero de 2024, la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento de Cúcuta avocó conocimiento del asunto y corrió traslado para
alegar de conclusión, decisión que se notificó personalmente a los señores Luis
Gonzalo León Joya y Lili Lucero Arenas Chávez como consta en el acta del 29 de
febrero de 202423, en la cual aparecen sus firmas y, al señor Marvin Danilo
Angarita Sánchez, a través del estado No. 002 del 1 de marzo de 202424.

48. En ese sentido, los disciplinados sí estuvieron al tanto de las actuaciones
procesales siguientes a la renuncia de su apoderado y, cuando se notificó el fallo
de primera instancia presentaron recurso de apelación, lo que ratifica que
conocieron plenamente del curso del proceso y que por decisión personal no
nombraron un apoderado para reemplazar al abogado que los estaba
representando; adicionalmente, tampoco solicitaron al operador disciplinario la
designación de un apoderado de oficio.

49. Así las cosas, observa esta Sala de Decisión que los fallos disciplinarios
respetaron la ley sustancial, se fundaron en las pruebas aportadas en debida

20
Se anularon los siguientes autos: auto que decidió sobre las pruebas de descargos y las
actuaciones subsiguientes, auto que modificó la práctica de una prueba decretada, auto que corrió
traslado del expediente a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión, auto por
medio del cual la Procuraduría Provincial de Juzgamiento avocó conocimiento y fijó el
procedimiento a seguir, auto por el cual se corrió traslado a los sujetos procesales para presentar
descargos, así como aportar y solicitar pruebas y auto que corrió traslado para alegatos de
conclusión.
21
Fl 92 Cuaderno 5.
22
Fl 91 Cuaderno 5.
23
Fl 117 del Cuaderno 5.
24
Fl 118 Cuaderno 5.
17

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

forma a la actuación y sus conclusiones aparecen motivadas, son congruentes y
razonables, como se verá en los acápites siguientes.

ii)​ Sujeto de la acción disciplinaria

50. La acción disciplinaria fue dirigida contra los señores Marvin Danilo Angarita
Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León Joya. Revisados los
elementos probatorios que obran en la actuación sancionatoria, los referidos
ciudadanos fueron elegidos como miembros de la mesa directiva del Concejo del
municipio de Puerto Santander, para la vigencia 2019, según el acta 1972 del 30
de noviembre de 201825.

51. El artículo 25 de la Ley 734 de 2002 refiere como destinatarios de la ley
disciplinaria a los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del
servicio. A su vez, el artículo 123 de la Constitución Política dispone que son
servidores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios”; al tiempo que el artículo 312 superior señala que “[e]n cada municipio
habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos
de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal”.

52. De manera que los concejales constituyen una especie -miembros de
corporaciones públicas de elección popular- del género “servidores públicos” y
son sujetos disciplinables en los términos del CDU. En consecuencia, los señores
Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León
Joya podían ser destinatarios de la acción disciplinaria ejercida.

iii)​ Competencia funcional de los operadores disciplinarios

53. En el caso que se analiza, la investigación inició en la Procuraduría Provincial
de Cúcuta; luego fue remitida a la Procuraduría Regional Norte de Santander por
disposición de la Resolución 2017 de 2021, y finalmente, se envió a la

25
Fl 15 – 27 c No. 3.
18

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 7626 del Decreto 262 de 2002, modificado por el Decreto 1851 de 2021.
54. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta profirió la decisión de
mérito de primera instancia, con fundamento en lo establecido en el numeral 2º
del artículo 76A27 del Decreto Ley 262 de 2002, adicionado por el artículo 23 del
Decreto Ley 1851 de 2021, según el cual, las procuradurías provinciales de
juzgamiento conocerán de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados
por las procuradurías provinciales de instrucción; lo anterior, de conformidad con
la distribución ordenada por la entidad en Resolución 414 de 12 de octubre de
2023.

55. En segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación actuó
amparada en el artículo 27728, numeral 6º de la Constitución Política, en los
artículos 229 y 10130 de la Ley 1952 de 2019, modificados por la Ley 2094 de 2021,

26
Artículo 76. Modificado por el artículo 22 del Decreto 1852 de 2021. «Las procuradurías
provinciales y distritales de instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las
siguientes funciones:
1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la
decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables:
a) Los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los
personeros, personeros delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o
gerentes de las entidades y organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los
miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos del orden distrital o
municipal, según el caso. (…)».
27
Artículo 76A. Procuradurías Provinciales y Distritales de Juzgamiento. «Las procuradurías
provinciales y distritales de juzgamiento tienen, dentro de su circunscripción territorial, las
siguientes competencias:
1. Conocer de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías
provinciales y distritales de instrucción. (…)».
28
Artículo 277. «El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y
agentes, tendrá las siguientes funciones: (…)
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las
investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. (…)».
29
Artículo 2. Modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. «El Estado es el titular de la
potestad disciplinaria.
Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones para la vigilancia superior de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y
adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad y las demás establecidas en la ley. (…)».
30
Artículo 101. Modificado por el artículo 16 de la Ley 2094 de 2021. «La Procuraduría General de
la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus
competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que
les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores
públicos. (…)».
19

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

en el artículo 2231, numeral 3º del Decreto 262 de 2000 y en lo dispuesto por la
Corte Constitucional en sentencia C-030 de 2023.

56. Así las cosas, las autoridades disciplinarias que expidieron las sanciones
objeto de revisión eran funcionalmente competentes para el efecto.
iv)​ La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria

57. Según se indicó, el ordenamiento aplicable a la actuación disciplinaria era la
Ley 734 de 2002. El artículo 30 de esa normativa, modificado por el artículo 132
de la Ley 1474 de 2011, preveía:

Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la
falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el
deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

58. De acuerdo con la norma aplicable al caso, la acción disciplinaria caducaba si
no se profería auto de apertura de la investigación en los cinco años siguientes a
la ocurrencia de la falta instantánea, y/o prescribía si no se profería y notificaba
fallo de primera instancia dentro de los cinco años siguientes al auto de apertura
de la acción disciplinaria.

59. En relación con la prescripción, aunque la disposición legal no lo indicó
expresamente, esta Corporación, en providencias de unificación de 29 de

31
Artículo 22. Competencias. «Las Salas Disciplinarias son competentes para conocer de las faltas
cometidas por los servidores públicos enunciados en el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019,
modificado por el artículo 16 de la Ley 2094 de 2021, y demás servidores del orden nacional de
igual o superior categoría de aquellos, siempre que la competencia no esté asignada a otra
autoridad disciplinaria. (…)
3. Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. La Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes
competencias: (…)
b) Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos,
recusaciones y conflictos de competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los
procesos de conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en
las actuaciones contra servidores públicos de elección popular».
20

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

septiembre de 200932 y de 21 de mayo de 201933, estableció que «la sanción
disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y notificación del acto
principal que la contiene, siendo éste el que concluye la actuación administrativa
y que se tiene en cuenta para efectos de la interrupción de la prescripción de la
acción disciplinaria».

60. Aplicando lo expuesto al asunto que se analiza, se tiene que la conducta por
la cual fueron investigados los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili
Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León Joya se consumó el 19 de
noviembre de 2019 cuando suscribieron la convocatoria 001 a través de la
Resolución 027 por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso público
y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Puerto
Santander 2020 - 2024 y darle trámite al mismo sin contar con la autorización de
la plenaria del Concejo.

61. Al respecto, el auto de apertura de la investigación se profirió el 3 de
diciembre de 2019 y se notificó personalmente al señor Marvin Danilo Angarita
Sánchez el 5 de diciembre de 2019; a la señora Lili Lucero Arenas Chaves a
través de edicto 001 con constancia de fijación del día 18 de diciembre de 2019 y
desfijación del 24 de diciembre siguiente; al señor Luis Gonzalo Joya León a
través de edicto 002 con constancia de fijación del día 19 de diciembre de 2019 y
desfijación del 26 de diciembre siguiente; esto es, dentro de los cinco años
siguientes al hecho, lo que permite concluir que no se configuró la caducidad de la
acción disciplinaria.

62. A su vez, en la medida que los 5 años con los que contaba el ente disciplinario
para expedir y notificar el fallo de primera instancia transcurrieron entre el 3 de
diciembre de 2019 y el 3 de diciembre de 2024, y teniendo en cuenta que esa
decisión administrativa fue proferida el 25 de julio de 2024 y notificada mediante
edicto que se fijó el 5 de agosto siguiente durante tres días; el fenómeno
prescriptivo tampoco se configuró34.

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp.
11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, C.P. Susana Buitrago Valencia.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp.
11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), C.P. César Palomino Cortés.
34
A través de la Resolución 128 de 16 de marzo de 2020, la Procuraduría General de la Nación
suspendió los términos en las actuaciones disciplinarias a cargo de esa entidad, desde el 17 de
marzo hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de evitar la propagación del virus del Covid-19. Ese
plazo fue prorrogado sucesivamente por medio de las Resoluciones 136, 148, 173, 184 y 204,
hasta el 25 de mayo de 2020, para un total de 70 días de suspensión.
21

Radicación: 11001-03-15000-2025-01212-00
Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

63. No obstante, con ocasión de la expedición del nuevo régimen disciplinario y
en atención al principio de favorabilidad, la Sala encuentra necesario abordar
un estudio de la prescripción de la acción disciplinaria con fundamento en la
expedición y vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2094 de 2021, toda vez que para el momento en el que esa legislación
entró a regir aún no se había proferido el fallo de primera instancia.

Principio de favorabilidad

64. Como se mencionó, la Ley 734 de 2002 fue derogada por la Ley 1952 de
2019, la cual a su vez fue modificada por la Ley 2094 de 2021. En ese orden de
ideas, el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 7 de la Ley
2094 de 2021, estableció un nuevo régimen en materia de prescripción el cual
dispone en su tenor literal, lo siguiente:

Artículo 7. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el
día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado,
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando
haya cesado el deber de actuar. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas. La prescripción se
interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2)
años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica
la decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo
52 de este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La
prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de
primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si
transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia
no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

65. De este modo, el régimen establecido por la Ley 1952 de 2019, modificado por
la Ley 2094 de 2021, eliminó la caducidad y estableció que para que no se
configure la prescripción de la acción disciplinaria, no pueden transcurrir más de 5
años desde la consumación de la falta instantánea y la notificación del fallo de
primera instancia, ni más de 2 años entre la notificación del fallo de primera
instancia y la notificación del fallo de segunda instancia.

66. En el presente asunto, la falta se consumó el 19 de noviembre de 2019 y el
fallo de primera instancia se profirió el 25 de julio de 2024 y su proceso de
notificación por edicto se surtió el 8 de agosto siguiente, a todos los disciplinados,

22

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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

es decir, antes de que transcurrieran los cinco años que se cumplían el 19 de
noviembre de 2024. Adicionalmente, el fallo de segunda instancia debió ser
proferido y notificado antes del 8 de agosto de 2026, y, para el sub examine quedó
más que claro que no operó la prescripción, pues la providencia de segunda
instancia fue dictada el 18 de diciembre de 2024.

v)​ La tipicidad de la conducta investigada

67. En el caso que se revisa, se observa que el fallo disciplinario de primera
instancia, declaró responsables a los sujetos investigados bajo el juicio de
tipicidad que fue efectuado en el pliego de cargos y que se mantuvo, también, en
el fallo de segunda instancia, en los siguientes términos:

​Tenemos que la conducta desplegada por los señores Angarita Sánchez,
Arenas Chávez y León Joya, miembros de la mesa directiva del Concejo
Municipal de Puerto Santander para el año 2019, es típica, por subsumirse
en el tipo disciplinario del artículo 48 numeral 61 de la Ley 734 de 2002.

68. Significa, entonces, que el operador disciplinario escogió, como tipo normativo
transgredido, el contenido en el artículo 48, numeral 61 de la Ley 734 de 2002,
que en su tenor literal señala: “ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas
gravísimas las siguientes: Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra
norma de carácter imperativo”.

69. Revisados los elementos acreditados en el expediente, la Sala observa que el
concurso público de méritos para la elección del personero municipal de Puerto
Santander fue convocado mediante la Resolución No. 27 del 19 de noviembre de
2019 y reglamentado en la convocatoria No. 01 la cual no contó con la
autorización de la plenaria del Concejo Municipal, tal como lo dispone el literal a)
del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. En la referida resolución se
consignó:

(...) que en el Concejo Municipal en plenaria durante la vigencia 2019,
no ha logrado el consenso en torno al proyecto de acuerdo aprobado
en primer debate donde autoriza a la Mesa Directiva del mismo para la
apertura de la Convocatoria del Concurso Público abierto de méritos
para la elección de Personero Municipal de Puerto Santander, y que
mediante proposición en sesión del 17 de noviembre de 2019, planteó
el cambio total de lo aprobado sustituyéndolo por un proyecto de
acuerdo que no ha surtido el debate pertinente en comisión
permanente respectiva, dicha actuación ilegal en contravía de los
procedimientos legales para que un proyecto sea acuerdo municipal y
violando las reglas propias del reglamento interno del concejo

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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

municipal establecidas en el acuerdo 847 de 2017, y pretendiendo
despojar de las facultades contractuales a la mesa directiva en cabeza
de su representante legal, vulnerando las modalidades de contratación
establecidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto único
reglamentario 1082 de 2015, por lo que se hizo necesario acudir al
interés superior y por vía de excepción constitucional, adelantar el
proceso de convocatoria mediante resolución del órgano administrativo
de la corporación municipal, preservando las reglas sustanciales
esenciales del proceso de selección para la elaboración de lista de
elegibles del personero municipal para el período 2020 a 2024;
teniendo en cuenta además los tiempos y plazos establecidos para tal
fin ya que a la expedición del presente acto administrativo estamos a
solo 41 días de finalizar el año fiscal.

70. El artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015 dispone que el concurso público
de méritos para la elección de personeros tendrá unas etapas, iniciando por la
convocatoria, la cual, según dicha norma, “deberá ser suscrita por la Mesa
Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de
la corporación”. Sin embargo, según se acreditó a lo largo del proceso, la Mesa
Directiva del Concejo Municipal conformada por los señores Marvin Danilo
Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León Joya
desconocieron la normativa porque procedieron a ordenar el concurso público y
abierto de méritos mediante la expedición de la Resolución No. 27 del 19 de
noviembre de 2019 sin contar con la autorización de la plenaria del Concejo
Municipal.

71. Esta Sala de decisión considera que en los mismos términos que lo
establecieron los operadores disciplinarios para efectuar el reproche de
responsabilidad a los sujetos investigados (i) existía el mandato imperativo de
adelantar el proceso de selección del personero municipal y en el mismo se debía
realizar la convocatoria con la autorización de la plenaria de la Corporación; y (ii)
al suscribir la Resolución 027 del 19 de noviembre de 2019 sin dicha autorización,
el comportamiento desplegado por los investigados encajó en la descripción típica
que lo califica como falta gravísima para la ley disciplinaria vigente en su
momento.

72. Incluso, los disciplinados pretendieron justificar su conducta porque, a su
parecer, se actuó con el propósito de velar por cumplir con el debido proceso. Al
respecto, el apoderado de los investigados señaló en sus descargos que (sic) “en
concordancia con prevalecer el debido proceso para el trámite de los proyectos de
acuerdo, la prestación del servicio público de los representantes del ministerio
público en el municipio, la aplicación del principio de excepción de

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constitucionalidad establecido en el artículo 4 de la carta política como es la
obligación de elegir al personero municipal como reza el artículo 313 numeral 8 de
la C.P.”

73. No obstante, la apariencia de razonabilidad y objetividad con la que se intentó
revestir ese comportamiento no esquiva el hecho de que, por virtud de mandato
de obligatoria observancia la convocatoria para proveer el cargo de Personero
Municipal de Puerto Santander y el trámite del concurso debía contar con la
autorización de la plenaria del Concejo Municipal, lo cual, según se probó, no
sucedió, porque la Mesa Directiva – conformada por los investigados – consideró
que existía una excepción para ello.

74. En consecuencia, se acreditó la existencia de normas imperativas, la falta
disciplinaria consistente en desconocerlas, la configuración del comportamiento
reprochado y la adecuación del mismo a aquella descripción típica. En ese
sentido, se probó en el proceso disciplinario que los investigados actuaron en
contravía con el principio de moralidad que demandaban sus actuaciones las
cuales debían ajustarse a la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del
interés general, la negación de la corrupción, entre otros, y, según se verá más
adelante, no se configuró ninguna causal de exclusión de responsabilidad.

(vi) La ilicitud sustancial de la conducta

75. En los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, la falta será antijurídica
-o, lo que es equivalente, sustancialmente ilícita- cuando afecte el deber funcional
sin justificación alguna. Como lo ha sostenido esta Corporación35 , “a diferencia
del derecho penal, para que se configure una infracción disciplinaria no es
necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al Estado, sino que se
exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes funcionales
encargados al servidor público, que afecten los valores o principios de la función
pública, y la consecución de los fines de la organización política”.

76. Ese juicio de valoración, “se ha sintetizado en la realización de dos análisis:
uno deontológico, referido a la constatación del cumplimiento de los deberes
precisos (contenidos en reglas) que le impone el ordenamiento jurídico a un

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 16 de abril de 2015, exp. 1353-2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
25

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servidor público en razón de su cargo, y otro axiológico, relacionado con la
verificación de la observancia de los principios de la función pública”36

77. En el caso que convoca la atención de la Sala, el operador disciplinario de
primera instancia sostuvo que “a los señores Marvin Danilo Angarita Sánchez, Lili
Lucero Arenas Chaves y Luis Gonzalo León Joya, cada uno en sus respectivos
cargos dentro de la mesa directiva del Concejo Municipal de Puerto Santander, se
les dijo que su conducta era antijurídica por haber vulnerado el artículo 2.2.27.2
del Decreto 1083 de 2015 y el principio de la función pública de la moralidad.” El
fallo de segunda instancia, por su parte, no se refirió a dicho aspecto del juicio de
reproche disciplinario, pues el mismo no fue cuestionado en el recurso de alzada.

78. Pues bien, en los términos del artículo 22 de la Ley 734 de 2002, “El sujeto
disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad,
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad,
economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño
de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes,
respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la
Constitución Política y en las leyes” .

79. Del recuento probatorio efectuado previamente, se evidenció que el accionar
verificado por los concejales disciplinados en el asunto se apartó, precisamente
del principio de moralidad e incumplieron los postulados del artículo 2.2.27.2 del
Decreto 1083 de 2015 porque al momento de ejercer como miembros de la Mesa
Directiva, emitieron la Resolución No. 027 del 19 de noviembre de 2019 sin la
correspondiente autorización de la plenaria del concejo, actuando contra derecho,
exculpándose “en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de
mayor importancia"; sino, a juicio de la Sala, por una motivación distinta,
tendenciosa, dirigida a manipular el resultado final del procedimiento de elección.

80. Por lo expuesto, la Sala comparte la conclusión a la que arribaron las
autoridades disciplinarias en el caso concreto, en punto a la afectación sustancial
del deber funcional por parte de los disciplinados y, con ello, el carácter
antijurídico de su conducta.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 3003-17, C.P. William Hernández Gómez.
26

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(vii) La culpabilidad de la conducta

81. A las voces de lo normado en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, “[e]n
materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las
faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. Ahora, en el asunto de la
referencia, las autoridades disciplinarias de primera y segunda instancia fueron
coincidentes en señalar que la conducta reprochada fue cometida por los sujetos
investigados a título de dolo.

82. Pues bien, en el Código Disciplinario Único no existe una definición del dolo, lo
que exige acudir, en virtud de la integración normativa contemplada en el artículo
21 ibidem, a lo que al respecto determina el artículo 22 del Código Penal, según el
cual “[l]a conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de
la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su
no producción se deja librada al azar”.

83. De lo anterior se extraen dos componentes del dolo: el cognitivo y el volitivo.
El primero hace referencia al conocimiento potencial de la ilicitud de la conducta y
el segundo se relaciona con la facultad del sujeto disciplinable de decidir y
ordenar su propio comportamiento hacia la comisión de la falta.

84. El discernimiento efectuado en los acápites anteriores permite entender que
los disciplinados, al ejecutar la conducta contemplada en la ley disciplinaria como
falta gravísima -Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 61-, ordenaron su
comportamiento para desatender las normas que les exigían proceder en
determinado sentido en relación con el concurso de méritos, con la finalidad de
eludir los requisitos objetivos del mismo y elegir a una persona sin el cumplimiento
de las condiciones del proceso de elección.

85. Esa preordenación se revela desde el mismo momento en que propusieron,
en su calidad de miembros de la Mesa Directiva -integrada por los tres
disciplinados- adelantar la fase inicial del concurso sin la autorización de la
plenaria. Resultó tan evidente el conocimiento del carácter desviado de su
comportamiento que en la misma convocatoria No. 01 contenida en la Resolución
No. 27 del 19 de noviembre de 2019 se manifestó que, en vista de que el Concejo

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Municipal no había logrado el consenso en torno al proyecto de acuerdo, en él
autorizaba a la Mesa Directiva del mismo para la apertura de la Convocatoria del
Concurso Público abierto de méritos para la elección de Personero Municipal de
Puerto Santander, “se hizo necesario acudir al interés superior y por vía de
excepción constitucional, adelantar el proceso de convocatoria mediante
resolución del órgano administrativo de la corporación municipal”.

86. Inclusive, fueron reiterativos en sus argumentos de defensa al señalar que se
ordenó la convocatoria sin la autorización de la plenaria, dando aplicación a una
supuesta excepción de inconstitucionalidad. No obstante lo anterior, el fallador
disciplinario correctamente determinó que dicha interpretación fue errónea y no
existía dicotomía entre lo normado por el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de
2015 y el artículo 313 de la Constitución Política, según lo consideraron los
disciplinados porque el decreto es consecuencia de la norma constitucional que le
ordena a los Concejos Municipales elegir el personero, pero bajo unos
parámetros, entre ellos, realizar la convocatoria previa autorización de la Plenaria
de la Corporación.

87. A lo anterior se debe agregar que previo a la expedición de la Resolución 027
del 29 de noviembre de 2019, se presentaron tres proyectos de acuerdos
municipales – 96037, 962 y 96338- por medio de los cuales se reglamentaba y se
daba la autorización necesaria al trámite para proveer el cargo de Personero
Municipal. La Procuraduría, fundamentada en las pruebas del expediente,
concluyó que el proyecto 962 fue aprobado por la mayoría con las modificaciones
propuestas, por lo que éste surtió los dos debates reglamentarios y fue aprobado
por la plenaria, razón por lo que se debía remitir al alcalde por la Mesa Directiva,
conforme a lo descrito en el literal o) del artículo 41 del Acuerdo 84739 y así
obtener la autorización para expedir la convocatoria, pero ello no se surtió y, en
contraposición, dos días después, la Mesa Directiva profirió la Resolución 027.

88. No queda duda, entonces, de que los señores Marvin Danilo Angarita
Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León Joya actuaron con
conocimiento y voluntad de ejecutar la conducta censurada por la ley disciplinaria
y consideraron exculparse con una justificación carente de razonamiento y, en

37
Fls 109 – 111 Cuaderno 1.
38
Fls 121 – 313 Cuaderno 3.
39
Fl 53 Cuaderno 1.
28

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consecuencia, el dolo calificado por la Procuraduría General de la Nación -en
ambas instancias- se estima ajustado a derecho.

(viii) La congruencia entre el cargo imputado y el que sustentó la sanción
impuesta

89. Establece el artículo 165 del CDU que “[e]l pliego de cargos podrá ser variado
luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o
única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La
variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará un
término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá
exceder la mitad del fijado para la actuación original”.

90. Al efectuar un cotejo entre el Cargo Único, conforme fue formulado en el auto
de imputación mediante el cual se determinó que se cometió una falta disciplinaria
contemplada en el artículo 48 numeral 61 de la Ley 734 de 2002, y lo decidido en
primera y segunda instancia por los operadores disciplinarios, se aprecia la
congruencia suficiente para descartar que se hubiera producido una variación
indebida del cargo, en los términos de la ley disciplinaria.

91. En efecto, como se precisó, bajo el mismo juicio de tipicidad que fue efectuado
en el pliego de cargos, el fallo disciplinario de primera instancia declaró
responsables a los sujetos investigados y el cargo se mantuvo, también, en el fallo
de segunda instancia; esto es, por incurrir en la falta disciplinaria establecida en el
artículo 48 numeral 61 de la Ley 734 de 2002, por haber expedido la Resolución
027 del 19 de noviembre de 2019, mediante la cual se convocó y reglamentó el
concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero
Municipal de Puerto Santander 2020-2024 y darle trámite, sin contar con la
autorización de la plenaria del Concejo Municipal.

92. En consecuencia, este aspecto de la normativa disciplinaria también fue
preservado en las actuaciones que se revisan.

(ix) Causales de exclusión de responsabilidad

93. Dispone el Código Disciplinario Único, en su artículo 28, que está exento de
responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: (i) por fuerza mayor o caso

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fortuito; (ii) en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado; (iii) en cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales; (iv) por salvar un derecho propio
o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad,
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; (v) por insuperable coacción ajena
o miedo insuperable; (vi) con la convicción errada e invencible de que su conducta
no constituye falta disciplinaria; y (vii) en situación de inimputabilidad (eventos en
los cuales se dará inmediata aplicación, por competente, a los mecanismos
administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades
sobrevinientes).

94. En el curso del proceso sancionatorio se alegó por parte de los investigados
que ante la negativa del Concejo Municipal de autorizar a la Mesa Directiva la
apertura del concurso público para la elección del Personero Municipal a través de
tres proyectos de acuerdo, acudieron a la excepción de inconstitucionalidad, lo
que podría encuadrarse en el segundo de los escenarios amparados por el
artículo 28 del CDU. Sin embargo, el análisis que hasta aquí ha efectuado la Sala,
permite descartar la existencia, tanto de esa causal, como de las restantes arriba
enlistadas.

95. Ciertamente, como bien lo expresó en segunda instancia la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, la excepción de
inconstitucionalidad sólo procede cuando la aplicación de la norma es contraria a
una norma de rango constitucional y la grave contradicción impide la coexistencia
de las dos disposiciones, pero para el asunto bajo estudio no se detectó la
referida disparidad sino una “relación jerárquica y complementaria”.

96. Efectivamente, se consideró que la elección de los personeros era sin duda
una labor muy importante, pero su procedimiento no estaba regulado por la
Constitución Política y aun cuando esta establece unos lineamientos generales
sobre el tema, el respectivo procedimiento se reguló mediante decretos, según lo
previsto en el artículo 189 de la Constitución. Por ende, contrario a lo manifestado
por los investigados, la previa autorización de la plenaria del Concejo Municipal no
limita ni niega la facultad de la Corporación para elegir al personero, sino que
organiza el ejercicio en virtud de un procedimiento legítimo.

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97. En el caso concreto, como se reseñó, no hay duda alguna de que los
disciplinados eran plenamente conscientes del procedimiento establecido para la
apertura de la convocatoria del proceso de elección del personero, pero debido a
que no se logró un consenso para realizarlo, utilizaron de manera inadecuada la
figura de la excepción de inconstitucionalidad. Inclusive, todo el material
probatorio permite descartar, la existencia de error alguno en la conducta
reprochada, pues los disciplinados decidieron dirigir su comportamiento para
desconocer las normas de carácter imperativo aplicables al concurso de méritos.

(x) Dosificación de la sanción

98. Como quedó expuesto, la falta atribuida a los disciplinados fue la de “Ejercer
las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo”,
consagrada como falta gravísima en el numeral 61 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002. Por su parte, el artículo 44 ibidem prescribe como sanción para las faltas
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, la destitución e inhabilidad
general. Al dosificar la sanción correspondiente al Cargo Único, el operador
disciplinario de primera instancia efectuó el siguiente razonamiento: la actuación
disciplinaria tuvo su inicio en vigencia de la Ley 734 de 2002, norma que resultó
derogada con la Ley 1952 de 2019 y posteriormente modificada por la Ley 2094
de 2021.

99. Ahora bien, en aplicación del principio de favorabilidad en materia disciplinaria
-previsto en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002-, concluyó que, en tanto la Ley
1952 de 2019 otorgó a la conducta reprochada un tratamiento punitivo más
benévolo -pues dejó de ser falta gravísima y pasó a ser una prohibición,
constitutiva de falta grave y sancionable con suspensión e inhabilidad especial-;
había lugar a establecer que los investigados incurrieron en la realización típica de
una falta grave dolosa, de manera que era procedente la imposición de la sanción
prevista por el legislador.

100. En ese sentido, en aplicación de los criterios para la graduación de la
sanción previstos en el CGD, consideró que frente a los disciplinados se
acreditaron los siguientes criterios agravantes: i) el grave daño social de la
conducta; ii) la afectación a derechos fundamentales; iii) conocimiento de la ilicitud
y iv) pertenecer al nivel directivo de la entidad, así como el atenuante: i) la

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ausencia de antecedentes40, por lo tanto, les impuso una sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de doce meses.

101. Al respecto, la Sala considera, en primer lugar, que le asistió razón al fallador
disciplinario al dar aplicación al principio de favorabilidad, pues constituye un
mandato insoslayable del ordenamiento jurídico constitucional y disciplinario, y el
cambio de regulación normativa frente al tratamiento más beneficioso otorgado
por la Ley 1952 de 2019 a la falta reprochada, ameritaba su incorporación al
trámite del proceso IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038.

102. En segundo lugar, la falta fue adecuadamente calificada. Efectivamente -en
la norma posterior-, el comportamiento consistente en “[e]jercer las funciones con
el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo” es una prohibición y
no una falta gravísima, según el artículo 39, numeral 33, de la Ley 1952 de 2019.
Ese mismo cuerpo normativo dispone -artículo 67- que la violación del régimen de
prohibiciones “constituye falta grave o leve (…) salvo que la conducta esté
prevista como falta gravísima”, circunstancia que no se predica en el caso
concreto, a la luz de dicho estatuto. Así mismo, el artículo 47 ibídem prescribe
que para determinar la gravedad o levedad de la falta, se atenderá a los
siguientes criterios: (i) la forma de culpabilidad; (ii) la naturaleza esencial del
servicio; (iii) el grado de perturbación del mismo; (iv) la jerarquía y mando del
servidor público; (v) la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado; (vi)
las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta; (vii) los motivos
determinantes del comportamiento; (viii) la intervención de varias personas; y (ix)
cuando la realización típica de una falta objetivamente gravísima sea cometida
con culpa grave, caso en el cual será considerada falta grave.

103. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta encontró demostrados
cuatro criterios de agravación de la falta; razón por la cual la calificó como grave,
apreciación que la Sala considera razonable, a la luz del análisis probatorio
efectuado a lo largo de estas consideraciones. De otro lado, en lo que atañe a la
sanción imponible, el artículo 48 de la Ley 1952 de 2019 contempla la “suspensión
en el ejercicio del cargo de doce meses e inhabilidad especial por el mismo

40
En el fallo disciplinario se manifestó que se configuró dicho atenuante en los siguientes términos:
“De los criterios atenuantes y agravantes, vemos como se configuran los siguientes: Atenuantes:
Contenido en el numeral 1 del artículo 50 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de
2021 artículo 11: Se configura la mitad de uno, que es la segunda parte del literal a”.
32

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término para las faltas graves dolosas”, condiciones normativas que cumple a
cabalidad la conducta reprochada, bajo los postulados del CGD –se insiste-.

104. Considerando, entonces que, en los términos del artículo 6 del CGD, “la
imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la
clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo con los criterios que fija esta
ley”; y que la pena impuesta se atuvo a tales criterios normativos, la misma se
ajustó al ordenamiento jurídico. Con todo, la conclusión antedicha debe ser
entendida sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo 48 del CGD, por
virtud del cual Ҭ[e]n el evento que el disciplinado haya cesado en sus funciones
para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere
posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare,
según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión
de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad”; así como en el parágrafo del artículo 49
ibidem, a cuyas voces “[s]i al momento del fallo el servidor público o el particular
sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma
entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse
la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a
hacerla efectiva”.

105. En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación deberá tener en
cuenta las disposiciones en comento, bien para efectos de la conversión de la
sanción de suspensión impuesta, ora para comunicarla a quien corresponda -en la
entidad pública que sea del caso- para que la haga efectiva.

(xi) Principio de favorabilidad

106. Como acaba de exponerse, el ordenamiento jurídico constitucional41 y
disciplinario42 exige al operador de turno dar aplicación al principio de
favorabilidad. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se verificó que, si bien
los hechos que dieron origen al ejercicio de la acción disciplinaria tuvieron lugar
bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002 y que, por ende, las normas sustanciales y
adjetivas especiales a las que debía sujetarse el procedimiento sancionatorio
adelantado y los fallos disciplinarios que se revisan, eran las de dicho cuerpo

41
Artículo 29 superior.
42
Artículos 14 del CDU y 8 del CGD.
33

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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

normativo; el operador disciplinario de segunda instancia encontró que la Ley
1952 de 2019 otorgó a la conducta reprochada un tratamiento punitivo más
benévolo -pues dejó de ser falta gravísima, sancionable con destitución e
inhabilidad general, y pasó a ser una prohibición, constitutiva de falta grave y
sancionable con suspensión e inhabilidad especial -, por lo cual concluyó que
había lugar a modificar la sanción impuesta en primera instancia. Esa
circunstancia supuso, en consecuencia, una preservación de la garantía
normativa estudiada y denota el ajuste a derecho de la actuación administrativa
analizada, en este tópico.

B. Segunda causal de nulidad: la falta de competencia

107. La segunda causal de nulidad contemplada en el artículo 137 del CPACA
(aplicable por la remisión del artículo 138 ibidem, en atención a la naturaleza de
actos administrativos particulares que revisten las decisiones que se revisan) se
refiere a la expedición del acto administrativo sin competencia para el efecto. En
este punto de la providencia, ha quedado suficientemente esclarecido, no solo
que la Procuraduría General de la Nación cuenta con la competencia material
para sancionar a servidores públicos de elección popular con destitución,
suspensión e inhabilidad, conforme lo definido por la Corte Constitucional -en
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada- y por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación -en el auto de unificación del 3 de
diciembre de 2024-; sino, además, que las dependencias del Ministerio Público
que adoptaron las decisiones de primera y segunda instancia, contaban con la
competencia funcional para el efecto. Bajo tal entendimiento, la Sala descarta la
existencia del vicio de nulidad en cuestión.

C. Tercera causal de nulidad: la expedición irregular

108. La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido el vicio de nulidad de
expedición irregular del acto, como aquel que se materializa “cuando se vulnera el
procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto
administrativo, es decir, cuando la actuación administrativa se realiza con
anomalías en el trámite de expedición del mismo”43 . Más recientemente, se
precisó que “este vicio de nulidad se presenta cuando la Administración no ha

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de
agosto de 2015, exp. 11001-03-28-000-2014-00128-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro
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observado las formas sustanciales previstas en la Ley para la formación y
expedición del acto administrativo.”44 .

109. Por su parte, la Sección Cuarta ha entendido, también, que la falta de
motivación del acto administrativo se inscribe dentro del vicio de nulidad
analizado, pues “cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se
dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma
sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del
acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos
mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, se
configura la nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos
por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto
es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede
controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden
ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide
que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho
de defensa y contradicción”45.

110. Esa posición es concordante con la reflejada por la Sección Segunda, a
voces de la cual “este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se
predica de los defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos
aspectos a saber: el procedimiento y la forma de la declaración. Sobre lo primero,
la expedición irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases
previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo
segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral
de voluntad de la administración adolece de formalidades esenciales para su
validez, tales como la motivación46.

111. Si bien las circunstancias que rodearon la expedición de las decisiones objeto
de revisión fueron analizadas previamente, vale la pena recapitularlas a la luz del
vicio de nulidad en cuestión, para concluir, nuevamente que las mismas se
expidieron previo el agotamiento de las etapas previstas en el ordenamiento

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 14 de junio de 2023, exp. 62.492, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de
julio de 2017, exp. 22.326, C.P. Milton Chaves García.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 26 de enero de 2023, exp.1324-2021, C.P. William Hernández Gómez.
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jurídico aplicable para la época de los hechos47 -indagación preliminar48, apertura
de la investigación49, formulación de cargos50, descargos, solicitud y práctica de
pruebas51, alegatos de conclusión52, fallo de primera instancia53, interposición54 y
decisión del recurso de apelación55-, conforme al trámite aplicable -juicio ordinario.

112. Así mismo, en cuanto atañe al contenido de la motivación que les era
exigible: (i) expusieron los hechos que soportaron el reproche de responsabilidad;
(ii) argumentaron cuál fue el tipo disciplinario escogido para el efecto y cómo
efectuaron el ejercicio de subsunción del comportamiento de los investigados a la
descripción normativa; (iii) indicaron por qué la conducta es sustancialmente
ilícita; (iv) analizaron el elemento subjetivo del reproche, y señalaron por qué se
efectuó la calificación a título de dolo; y (v) señalaron los motivos para la
graduación de la falta y la dosificación de la sanción, incluyendo los derivados de
la aplicación del principio de favorabilidad.

113. En el caso bajo estudio, la Sala concluye, de un lado, que los fallos
disciplinarios de primera y segunda instancia fueron expedidos como
consecuencia de un procedimiento respetuoso de las fases y condiciones
previstas en el ordenamiento jurídico para su formación; y del otro, las razones
expuestas en la parte motiva de los actos sustentaron de manera suficiente y
congruente las decisiones consignadas en la parte resolutiva.

D. Cuarta causal de nulidad: el derecho de audiencia y defensa

114. El vicio de nulidad de los actos administrativos consistente en el
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa guarda estrecha relación
con lo normado en el artículo 29 superior, a voces del cual el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y persigue la
protección del individuo para la correcta aplicación de justicia. Dentro de las
dimensiones que integran esa prerrogativa fundamental se encuentra el derecho a
la defensa, por cuya virtud, quien sea sindicado, “tiene derecho a la defensa y a la

47
Ley 734 de 2002.
48
Fl 174 Cuaderno 1.
49
FLs 4 - 9 Cuaderno 2.
50
Fls 2 - 68 Cuaderno 4.
51
Fls 64 - 127 Cuaderno 4.
52
Fls 254 - 255 Cuaderno 5.
53
Fls 129 - 158 Cuaderno 5.
54
Fls 184 - 187 Cuaderno 5.
55
Fls 195 - 214 Cuaderno 5.
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Marvin Danilo Angarita Sánchez y otros

asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento”56

115. La jurisprudencia constitucional ha entendido al derecho de defensa como “el
empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia
de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la
buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso”57

116. En el asunto que se revisa, observa la Sala que a los señores Marvin Danilo
Angarita Sánchez, Lili Lucero Arenas Chávez y Luis Gonzalo León Joya, en cada
una de las etapas del trámite disciplinario: (i) les fueron notificadas las decisiones
adoptadas por la Procuraduría General de la Nación; (ii) se les otorgó el término
previsto en la ley aplicable para presentar sus argumentos defensivos, aportar y
solicitar las pruebas que respaldaran sus dichos; (iii) contaron con la asistencia y
representación de un defensor de confianza reconocido por los operadores
disciplinarios para intervenir durante todo el trámite; y (iv) les fueron decretadas y
practicadas las pruebas solicitadas en su escrito de descargos58.

117. Asimismo, en los fallos de primera y segunda instancia, los operadores
disciplinarios se pronunciaron expresamente respecto de los argumentos de
defensa y los medios probatorios incorporados por los disciplinados para
respaldar su teoría del caso, tanto en los escritos de descargos como en el
recurso de apelación. Bajo las anteriores consideraciones, se concluye que el
derecho de defensa y audiencia de los disciplinados fue preservado como
correspondía, lo que permite descartar el vicio de nulidad analizado.

E. Quinta causal de nulidad: la falsa motivación

56
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
57
Ver, entre otras: sentencias C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-496 de
2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-163 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera
58
Si bien se denegó la práctica de una prueba, la decisión no fue recurrida por los investigados, de
manera que dicha decisión quedó en firme con la notificación del auto del 22 de octubre de 2022.
Fls 167 - 172 Cuaderno 4.
37

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118. Esta Corporación59 ha precisado que la prosperidad de la nulidad de un acto
administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, exige
que se demuestre una de dos circunstancias: a) que los hechos que la
Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que
la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y
que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente. Como ha quedado establecido en el estudio
antecedente, las pruebas tenidas en cuenta por la PGN en el proceso radicado
IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038, en ambas instancias, dieron plena
cuenta de que los hechos que soportaron el juicio de imputación de
responsabilidad disciplinaria ocurrieron en el tiempo, modo y lugar descritos en los
actos sancionatorios. Así mismo, no se aprecian, conforme a los elementos de
convicción que obran en la actuación administrativa, hechos que debieran
conducir a decisiones diferentes de aquellas que fueron finalmente proferidas.

119. Por lo anterior, la Sala descarta que los fallos expedidos el 25 de julio de
2024 y el 18 de diciembre de 2024, adolezcan de falsa motivación.

F. Sexta causal de nulidad: la desviación de poder

120. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la desviación de
poder tiene lugar cuando un acto administrativo que fue expedido por un órgano o
autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines
distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico y que se presumen
respecto de dicho acto. Esta causal de nulidad se da, entonces, “tanto cuando se
persigue un fin espurio, innoble o dañino como cuando se procura un fin altruista o
benéfico para el Estado o la sociedad, pero que en todo caso es distinto del
autorizado o señalado por la norma pertinente” de manera que, para su valoración
“es necesario tener en cuenta tanto los fines generales e implícitos en toda
actuación administrativa (satisfacción del interés general, búsqueda del bien
común, mejoramiento del servicio público, etc.), como el específico para cada tipo
de acto administrativo, el cual se haya en la regulación de la atribución o
competencia que con él se ejerce”.60

59
Ver entre otras: Sección Cuarta, sentencia del 2 de febrero de 2012, exp. 17490, y sentencia del
4 de noviembre de 2015, exp. 21151.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de
junio de 2012, exp. 66001-23-31- 000-1998-00645-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Ver,
38

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121. En el caso concreto, los actos administrativos objeto de revisión no solo
fueron expedidos mediante las formalidades exigidas -según se explicó-, sino que
su contenido denota la finalidad que ellos persiguieron, cual fue la de ejercer el
control disciplinario a la función pública desempeñada por los sujetos
investigados, mediante la competencia atribuida por el ordenamiento jurídico, y en
atención a la queja presentada por los restantes miembros del Concejo Municipal
de Puerto Santander, quienes pusieron de presente la existencia de
irregularidades en el trámite de elección del personero de dicha territorialidad que,
a la postre, resultaron verídicas.

122. Se aprecia, entonces, que las decisiones sancionatorias proferidas por la
PGN no obedecieron a motivaciones espurias, ocultas o, en todo caso, diferentes
de aquellas que el marco normativo aplicable les exigía.

III. LAS CAUSALES DE REVISIÓN PREVISTAS EN LA LEY 2094 DE 2021

123. Conforme a lo estatuido por la Ley 2094 de 2021 en su artículo 56, que
adicionó a su vez el artículo 238C de la Ley 1952 de 2019; y en los términos de la
sentencia C-030 de 2023, son causales de revisión de las decisiones disciplinarias
que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad contra
servidores públicos de elección popular, las siguientes:

“1. Violación directa de la ley sustancial.
2. Violación de indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.
3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.
4. P[o] r nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.
5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria, por violación de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación
probatoria.
6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión,
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o· por obra de tercero.
7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.
8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue
determinada por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un
tercero.

así mismo, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2012, exp.
05001-23-31-000-2000-02797-01, C.P. María Elizabeth García González.
39

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9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado
se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión
recurrida.”

124. En cuanto atañe a las causales 1 a 5, las consideraciones esbozadas
previamente sirven, en su integridad, para descartar su configuración, pues el
examen integral de legalidad efectuado sobre los fallos sancionatorios -y la
actuación administrativa que les dio origen- demostró que los mismos fueron
respetuosos de la ley sustancial aplicable, apreciaron acertadamente los medios
probatorios aportados, observaron la congruencia debida entre el pliego de cargos
y lo decidido en primera y segunda instancia, están desprovistos de causal alguna
de nulidad y dosificaron correctamente la penalidad impuesta - preservando, vale
puntualizar, el principio de favorabilidad para el efecto-.

125. En lo que respecta a la causal 6, observa la Sala que los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia no se hubiesen podido proferir en un sentido
diferente, en función de elementos de juicio recobrados o aportados con
posterioridad a su expedición -de hecho, la defensa de los sujetos investigados en
el presente trámite de revisión, no solicitó ni aportó, en su intervención,
instrumentos probatorios adicionales a los que obran en la actuación
administrativa-

126. Respecto de las causales 7 y 8, se descarta la presencia de medios de
convicción que indiquen que las decisiones sancionatorias se fundamentaron en
documentos falsos, o prevalidas de una conducta delictiva por parte de los
operadores disciplinarios correspondientes.

127. A su vez, frente a la causal 9, no existen, al momento de expedir la presente
decisión, precedentes de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado que
deban conducir a la aplicación de un criterio diferente de aquél en el que se
fundamentaron las decisiones sancionatorias que se analizan, y que impongan su
modificación en sede de revisión.
128. Finalmente, considera la Sala que el control de validez que hasta aquí se ha
efectuado suficientemente pues, como quedó establecido: (i) la PGN detenta la
competencia para sancionar con destitución, suspensión e inhabilitación a
servidores públicos de elección popular; (ii) ese aspecto constituye cosa juzgada
constitucional, de obligatorio cumplimiento para toda autoridad judicial y

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administrativa, y (iii) los elementos del dolo con el que aquellos actuaron en la
conducta reprochada quedaron plenamente acreditados.

IV. CONCLUSIONES

129. En orden a las consideraciones que anteceden, la Sala concluye que el Fallo
de primera instancia del 25 de julio de 2024, proferido por la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Cúcuta así como el fallo de segunda instancia del
18 de diciembre de 2024, emanado de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
se encuentran ajustados a derecho, por las razones que a continuación se
recapitulan:

130. La Procuraduría General de la Nación ostenta competencia para destituir,
suspender e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, en virtud de lo
dirimido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 -que hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional-, así como las consideraciones y reglas de
unificación adoptadas por el Consejo de Estado en el auto del 3 de diciembre de
2024; razón por la cual dicho organismo estaba facultado para expedir los fallos
disciplinarios objeto de revisión.

131. Tales actos administrativos fueron expedidos en cumplimiento de las normas
en que debían fundarse, en la medida que: (i) fueron respetuosos del régimen
jurídico aplicable; (ii) atendieron la condición de sujetos disciplinables que
ostentaban los ciudadanos sancionados; (iii) fueron producidos por quienes
detentaban la competencia funcional para el efecto; (iv) respetaron los términos
de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria; (v) sancionaron una
conducta que encajaba en la descripción típica contenida en la norma escogida
para el juicio de reproche; (vi) concluyeron acertadamente que dicho
comportamiento era sustancialmente ilícito; (vii) la culpabilidad -en su modalidad
dolosa- quedó plenamente acreditada; (viii) existió congruencia entre el cargo
imputado y el que sustentó la sanción impuesta; (ix) no se acreditó causal
eximente de responsabilidad; (x) la sanción impuesta fue acertadamente
dosificada y (xi) se dio correcta aplicación al principio de favorabilidad.

132. No se comprobó que los fallos disciplinarios objeto de revisión hubieran sido
expedidos de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y

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defensa, mediante falsa motivación o con desviación de poder. No se acreditó la
configuración de ninguna de las causales de revisión previstas en el artículo 56 de
la Ley 2094 de 2021.

133. Finalmente, en los términos de la quinta y sexta regla de unificación,
establecidas en la providencia del 3 de diciembre de 2024, “[e]n el evento de que
se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la
Procuraduría, procederá el recurso de doble conformidad y su trámite será el
previsto en el artículo 247 del CPACA”, el cual se tramitará, a su vez, por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico. En consecuencia, se dispondrá
que, por la Secretaría General de esta Corporación, se informe a los sujetos
disciplinados sobre la procedencia del recurso anotado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Noº 1, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR ajustado al ordenamiento jurídico el fallo del 25 de julio
de 2024, proferido en primera instancia por la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento de Cúcuta; así como el fallo del 18 de diciembre de 2024, proferido
en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación; dictados
en el curso del proceso con radicado IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038,
por las razones que anteceden.

SEGUNDO: INFORMAR a los sujetos disciplinados, por la Secretaría General de
esta Corporación, que contra la presente decisión procede el recurso de doble
conformidad. Para su interposición y trámite, se seguirá lo dispuesto del artículo
247 del CPACA.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez
ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario
competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

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Se deja constancia de que esta providencia se suscribe en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN

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ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

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WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL

VF

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