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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01213-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración al derecho fundamental de petición frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela que presentaron los actores contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00 Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01213-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros1
Demandados: Presidencia de la República y otro2

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso y iii) vivienda
digna

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ana María Ramírez Morales y
Wilfrend Hair Pinto Marín, quienes manifestaron actuar en nombre propio y como
agentes oficiosos de la menor de 18 años de edad SYPR3 contra el Presidente de
la República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 2 supra.
3 Esta Sala adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de la menor de 18 años de edad

relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales SYPR.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, presentaron solicitud de tutela contra el Presidente de la
República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, porque, a su juicio, al no dar respuesta a la petición de
29 de enero de 2025, mediante la cual solicitaron “[…] información respecto a la
habilitación de la plataforma de "Micasa ya" […]” y al no garantizar el cumplimiento de
la “[…] Circular 012 del 16 de diciembre de 2024 […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, “[…] actualmente estamos aspirando a la adquisición de
vivienda de interés social (VIS) en el proyecto Mirador de las Camelias del Municipio
de Yolombó, con postulación al subsidio de vivienda de Micasa Ya desde el año
2024 […]”.

4. Señalaron que, “[…] el día 29 de enero del corriente se ha presentado
derecho de petición ante la entidad accionada con una solicitud de suma
importancia, toda vez que con ella se procura obtener información respecto a la
habilitación de la plataforma de "Micasa ya" o la que entre a reemplazar sus
funciones, para que las entidades financieras puedan iniciar la marcación del
subsidio de vivienda, para las familias que, según la circular 012 del 16 de diciembre
de 2024 cumplimos con los requisitos, y de esta manera podamos iniciar el trámite
de dicho beneficio, pudiendo así complementar el pago de la vivienda VIS. […]”.

5. Advirtieron que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no han
recibido respuesta.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela4:

“[…] Con fundamento en los anteriores hechos y consideraciones expuestas,
respetuosamente le solicito a usted, Señor Juez Constitucional, lo siguiente:

1. TUTELAR a nuestro favor el derecho constitucional fundamental de PETICIÓN,
que ha sido vulnerado por la corporación accionada al no dar respuesta dentro del
término legal.

Y en consecuencia ORDENAR a la parte accionada, que proceda a emitir respuesta
de fondo a la petición elevada el pasado 29 de enero de 2025.

2. TUTELAR a nuestro favor el derecho constitucional fundamental al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, que está siendo vulnerado por no dar continuidad el
acto jurídico que determina las condiciones que ya fueron reconocidas por medio de
la Circular 012 del 16 de diciembre de 2024.

Y en consecuencia ORDENAR al Presidente de la Republica y a su Ministro de
Vivienda que proceda a garantizar de manera inmediata el cumplimiento a la Circular
012 del 16 de diciembre de 2024, para que las entidades financieras puedan proceder
a acceder a las plataformas para la marcación del subsidio de vivienda de las
personas que nos encontramos postuladas desde el año 2024.

3. TUTELAR a favor nuestro hogar, el derecho constitucional fundamental al
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

Y en consecuencia ORDENAR al Presidente de la Republica y a su Ministro de
Vivienda que proceda a realizar el trámite administrativo para la asignación del
subsidio de vivienda para la adquisición de nuestra casa VIS en el proyecto de
vivienda “Mirador de las Camelias”

4. Vigilar el cumplimiento del fallo de tutela.

5. Amonestar a los accionados para que evite incurrir en este tipo de conductas
nuevamente. […]”.

6.1. Como fundamento de su solicitud, los actores manifestaron que5:

“[…] Que desde la sentencia C-495 de 1992 la Corte Constitucional ha considerado
que el derecho de petición es uno de los instrumentos fundamentales para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque
mediante él se pueden hacer valer muchos otros derechos constitucionales, como el
derecho a la información, a la participación política, a la libertad de expresión y acceso
a la justicia entre otros.
4 Transcripción literal del texto.
5 Idem pie de página núm. 4 supra.

4

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Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

Sexto. Su Señoría, en estos momentos es imperativo que las entidades accionadas
den cumplimiento a lo que se comprometieron a través de la circular referida, y
habiliten la plataforma de "Micasa ya" o la que entre a reemplazar sus funciones a
efectos de que las entidades financieras puedan realizar el proceso para la asignación
del subsidio, y de esta forma garantizar no solo nuestros derechos, sino también el
de nuestra hija y poder acceder a una vivienda en condiciones dignas, pues la
constructora ya requiere definir la situación jurídica del inmueble y nos indicó que ya
no podían esperar más para el proceso de escrituración, como se prueba con la carta
adjunta. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, espero su Señoría que la respuesta que se produzca por parte del
ente accionado, no sea una respuesta simplemente formal o evasiva, en uso de un
posible abuso del poder, teniendo en cuenta la posición dominante de esta entidad,
sino que garantice y resuelva el fondo del asunto aquí planteado, pues, así como
nuestro hogar hay muchas familias que están a la espera de este auxilio, para poder
continuar en la construcción de un mejor futuro con condiciones dignas en su calidad
de vida. […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 2025: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente de la República, a la Directora
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Ministra
de Vivienda, Ciudad y Territorio; concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

8. La Presidencia de la República solicitó i) su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar la improcedencia de la
acción de tutela, o en su defecto, negar las pretensiones de la solicitud de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] Teniendo en cuenta la situación fáctica, mi representada no es la autoridad
competente para responder las pretensiones particulares de otorgar el subsidio de
vivienda, pues la entidad encargada de suministrar dichos subsidios es Fonvivienda
o en su defecto el Ministerio de Vivienda, tal y como lo prevé el Decreto 1077 de 2015,
modificado por el Decreto 490 de 20234 y las Disposiciones reglamentadas de la
Circular 0012 del 16 de diciembre de 2024 expedida por el Ministerio antes
mencionado, por ello la Presidencia encuentra su capacidad limitada a lo dispuesto
por la Constitución y la Ley, en ese sentido, y por tratarse de una solicitud dirigida a
exigir determinadas acciones a entidades autónomas e independientes, mi
representada está imposibilitada a tomar cualquier tipo de acción o pronunciamiento
al respecto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

Por otra parte, la presente acción de tutela debe ser negada en sus pretensiones
respecto del presidente y presidencia de la República, debido a que la accionante
indica radicar un derecho de petición de la siguiente manera “En ese orden, el día 29
de enero del corriente se ha presentado derecho de petición ante la entidad accionada
con una solicitud de suma importancia, toda vez que con ella se procura obtener
información respecto a la habilitación de la plataforma de "Micasa ya"”, mi
representada, procedió a consultar con el grupo de correspondencia de la Presidencia
de la República para verificar si, bajo el nombre y número de documento de la
accionante, había llegado alguna petición por su parte. Es por esto que, al verificar
con el Área de Correspondencia de la entidad y por medio del certificado con número
de radicado CERT25-001367 / GFPU 13081012 del 14 de marzo de 2025 se pudo
comprobar que hasta la fecha no ha sido recibido ningún derecho de petición por parte
de la accionante.

En síntesis, el presidente y presidencia de la República no han incurrido en alguna
omisión o acción que permita a la accionante reclamarle la tutela de sus derechos
fundamentales. Con fundamento en lo anterior, se considera que la acción de tutela
debe ser declarada improcedente y subsidiariamente deben ser negadas sus
pretensiones […]”.

9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó: i) declarar la
improcedencia de la acción de tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Manifiesto a su señoría, que en el sistema de Gestión documental del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio-Gesdoc, se encontró derechos de petición a nombre
del señor Wilfren Pinto Marín, con cedula (sic) de ciudadanía No: […], (sin firmar)
relacionado con el subsidio familiar de vivienda, radicado bajo el numero (sic)
2025ER0008448 del 29/01/2025, y otro radicado bajo el No. 2025ER0008591 del
30/01/2025, los cuales fueron respondidos oportunamente y de fondo por la
subdirectora del subsidio familiar de vivienda, con el radicado No. 2025EE0009831
del 17/03/2025, enviado y entregado al peticionario en el correo: [...]@gmail.con (sic),
con lo que se tiene un hecho superado.

De otra parte, se consulta información histórica de cedula (sic) No. […], del ciudadano
Ana Maria Ramírez Morales y aparece que está postulado en programas de vivienda
ante Fonvivienda Mi casa ya. Id Hogar: […]-entidad: Fondo Nacional del Ahorro. -
fecha de postulación: 07/12/2024.Sisben: C13

INTERESADO - CUMPLE: Diríjase al Fondo Nacional del Ahorro para continuar el
proceso […]”.

[…]

“[…] El estado “INTERESADO” corresponde a una manifestación de interés para
acceder al subsidio familiar de vivienda, de manera que el hogar aún no es
beneficiario del Programa. En particular, el estado “INTERESADO - CUMPLE” es el
resultado de una primera verificación de algunos de los requisitos del programa,
realizada por el establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o Caja de
Compensación Familiar, […]”.

[…]

6

Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

“[…] Así las cosas, si bien el estado “INTERESADO - CUMPLE” indica que el hogar
puede continuar con su proceso para ser acreedor del subsidio, se hace necesario
aclarar que los hogares que actualmente se encuentran en dicho estado podrán
continuar con el proceso de solicitud de asignación, una vez se habiliten los cupos
para la presente vigencia.

Al respecto, es pertinente comunicarle que el tiempo estimado para el desembolso
del Subsidio Familiar de Vivienda se encuentra sujeto a la disponibilidad del Plan
Anual de Caja (PAC) mensualizado que se tenga al momento de la gestión para el
pago, el cual, es aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo
tanto, nos encontramos sujetos a los tiempos de dicha aprobación para reanudar la
gestión para el desembolso. […]”.

[…]

“[…] Es del caso señalar, que la accionante al invocar la acción de tutela de manera
apresurada y desmesurada, configuró una manifestación desacertada que pretende
enervar el actuar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habida cuenta que
esta entidad ha procedido de manera oportuna y eficaz para resolver de fondo la
petición radicada, por parte de la actora.

Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad
responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando
se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma,
independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. […]”.

[…]

“[…] Reitero, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), es una entidad
diferente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues tiene personería jurídica
propia, patrimonio propio, total autonomía presupuestal y financiera. Por lo tanto, NO
es a este Ministerio a quien le corresponden las funciones relacionadas con la
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, pues solo es el ente
encargado de dictar la política en materia habitacional, y NO tiene funciones de
inspección, vigilancia y control sobre la materia, razón por la cual solicito se
desvincule totalmente de esta acción de Tutela por configurarse la excepción de
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. Mal podría el ente judicial
ordenar una función al Ministerio de Vivienda que no le está dada por ley. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

20217 y con el artículo 138 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

12. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

13. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.

9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

14. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

15. La Sala advierte que la Presidencia de la República y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

9

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Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

16. Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron notificadas del
proceso de tutela de la referencia como accionadas, en la medida en que los
actores presentaron reparos y pretensiones en su contra, lo cual debe ser objeto
de estudio por parte de la Sala al abordar el fondo del asunto, es decir que, a dichas
autoridades les asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

17. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Presidencia de la
República y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.

18. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Presidencia de la
República y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Problemas jurídicos

19. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en i) determinar si se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde
determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados por los
actores, los cuales consideran vulnerados por el Presidente de la República, la
Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, al no resolver la solicitud de 29 de enero de 2025, relacionada con la “[…]
información respecto a la habilitación de la plataforma de "Micasa ya" […]” y al no
garantizar el cumplimiento de la “[…] Circular 012 del 16 de diciembre de 2024 […]”.

20. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda digna; v) análisis del caso
concreto; y finalmente vi) las conclusiones de la Sala.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

21. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

22. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200512, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes (sic) a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

23. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que13:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

12 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00

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Núm. único de radicación: 110010315000202501213-00
Actores: Ana María Ramírez Morales y otros

24. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección14.

25. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al
haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

26. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

27. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01
de 2 de enero de 198415, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

28. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201116, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos

14 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
15 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República
expidiera la ley estatutaria correspondiente.

29. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los
términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

30. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

31. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala
realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201517 y, en segundo
orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

32. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

33. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i)
Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición
ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante
organizaciones e instituciones privadas.

34. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

17 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

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35. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo
14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

36. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán
presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde
la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige,
ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o
apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde
recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que
fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para
iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

37. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que sólo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

38. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes
de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

39. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los

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motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

40. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

41. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201218, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

18 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto

citado fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias
atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición,
lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta
línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130
de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

42. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

43. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las
personas a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga
respuesta de fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que
sea puesta en conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

44. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se

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complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que
debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la
otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una
respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en
donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así,
garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien
posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén
interesados […]”19.

45. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

46. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional20:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vivienda digna

49. El artículo 51 de la Constitución establece, que: “[…] Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda […]”. (Subraya fuera de texto original)

50. Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de
desarrollo social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a
posibilitar la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se

21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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concrete el derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los
postulantes en condiciones de igualdad22.

51. Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el
máximo tribunal de lo constitucional, que:

“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere
un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración
o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan
beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la
adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la
sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las
acciones establecidas para tal fin”23 [...]”.

Análisis del caso concreto

52. Los actores, presentaron solicitud de tutela contra el Presidente de la
República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, porque, a su juicio, al no dar respuesta a la petición de
29 de enero de 2025, mediante la cual solicitaron “[…] información respecto a la
habilitación de la plataforma de "Micasa ya" […]” y al no garantizar el cumplimiento de
la “[…] Circular 012 del 16 de diciembre de 2024 […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

53. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los

22 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
23 Sentencia T-495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

55. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

55.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

55.2. Informe rendido por las autoridades accionadas, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

56. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por los actores a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Presidente
de la República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

57. En efecto, los actores pretenden que mediante el ejercicio de la acción de
tutela se les protejan sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por
el Presidente de la República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación
– Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al no resolver la solicitud de 29 de enero
de 2025, mediante la cual solicitaron “[…] información respecto a la habilitación de la
plataforma de "Micasa ya" […]” y al no garantizar el cumplimiento de la “[…] Circular
012 del 16 de diciembre de 2024 […]”.

58. Los actores señalaron que presentaron petición de 29 de enero de 2025,
mediante la cual solicitaron24:

24 Transcripción literal del texto.

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“[…] Atendiendo la circular 012 del 16 de diciembre de 2024 emitida por ese
Ministerio, en la cual se garantiza la continuidad de los hogares que cuentan con el
registro de “Interesado – Cumple”

Así las cosas y como actualmente me encuentro postulado con el registro de
“Interesado – Cumple”, me permito solicitar muy comedidamente me puedan
informar cuando se habilitará la plataforma de "Micasa ya" ola que lo reemplace,
para que las entidades financieras puedan iniciar la marcación del subsidio para las
familias que, según la circular mencionada, puedan iniciar el trámite de dicho
beneficio para complementar el pago de la vivienda, atendiendo la gran importancia
que ello significa para poder adquirir la vivienda, ya que de no ser así sería casi que
imposible acceder a la adquisición de vivienda.

Agradezco que me puedan orientar y brindar una respuesta de fondo, comoquiera
que actualmente estoy iniciando la legalización del crédito para la adquisición de la
vivienda, no obstante se me ha retrazado porque el Ministerio de vivienda no ha
habilitado la plataforma para iniciar el trámite del subsidio. Muchas gracias por su
atención y pronta respuesta.

Para notificaciones: [...]@gmail.com […]”.

Análisis frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

59. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el
informe de tutela, manifestó que, “[…] la presente acción de tutela debe ser negada
en sus pretensiones respecto del presidente y presidencia de la República, debido
a que la accionante indica radicar un derecho de petición de la siguiente manera
“En ese orden, el día 29 de enero del corriente se ha presentado derecho de petición
ante la entidad accionada con una solicitud de suma importancia, toda vez que con
ella se procura obtener información respecto a la habilitación de la plataforma de
"Micasa ya"”, mi representada, procedió a consultar con el grupo de
correspondencia de la Presidencia de la República para verificar si, bajo el
nombre y número de documento de la accionante, había llegado alguna
petición por su parte. Es por esto que, al verificar con el Área de
Correspondencia de la entidad y por medio del certificado con número de
radicado CERT25-001367 / GFPU 13081012 del 14 de marzo de 2025 se pudo
comprobar que hasta la fecha no ha sido recibido ningún derecho de petición
por parte de la accionante. […]”. (Resaltado por la Sala)

21

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60. La Sala advierte que, en efecto, revisada la constancia de envío de la petición
que allegaron los actores25, no se encuentra que esta haya sido enviada al
Presidente de la República o a la Presidencia de la República, sino al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

61. De conformidad con lo expuesto supra, ante la falta de acreditación de que
la petición de los actores fue enviada al Presidente de la República o a la
Presidencia de la República, la Sala negará la solicitud de tutela al respecto.

Análisis frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

62. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Oficio de 17 de marzo
de 2025, dio respuesta al peticionario en los siguientes términos:

“[…] Respetado Señor Pinto,

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió la petición con radicado indicado
en el asunto, por medio de la cual usted manifiesta:

“(...) me permito solicitar muy comedidamente me puedan informar cuando se
habitará la plataforma de "Micasa ya" ola que lo reemplace, para que las entidades.
financieras puedan iniciar la marcación del Subsidio para las familias que, según la
circular mencionada, puedan iniciar el trámite de dicho beneficio para complementar
el pago de la vivienda, atendiendo la gran importancia que ello significa para poder
adquirir la vivienda (…)”

Me permito informarle que, una vez consultada la cédula de ciudadanía nro. […] en
el módulo de consulta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se evidencia
como resultado que el hogar se encuentra en estado "INTERESADO - CUMPLE”.

[…]

El estado “INTERESADO” corresponde a una manifestación de interés para acceder
al subsidio familiar de vivienda, de manera que el hogar aún no es beneficiario del
Programa. En particular, el estado "INTERESADO - CUMPLE” es el resultado de
una primera verificación de algunos de los requisitos del programa, realizada por el
establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o Caja de Compensación
Familiar, a saber:

• Contar con una clasificación válida de Sisbén IV entre A1 y D20.
• No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional.
• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda, excepto
cuando el subsidio haya sido otorgado en la modalidad de mejoramiento o
arrendamiento.
• No haber sido beneficiarios de cobertura a la tasa de interés.

25 Cfr. Índice núm. 25 de SAMAI. Documento denominado “[…] 5ED_PRUEBA_3_3_202511_08(.pdf) NroActua

2 […]”. Archivo aportado en medio digital.

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• Enel (sic) caso de los hogares que apliquen a la concurrencia de subsidios,
el subsidio otorgado por la Caja de Compensación Familiar se debe
encontrar vigente y sin aplicar.
• Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado.
• Que la vivienda a adquirir sea de interés social o de interés prioritario nueva
con ubicación en suelo urbano o rural.

Así las cosas, si bien el estado "INTERESADO - CUMPLE” indica que el hogar
puede continuar con su proceso para ser acreedor del subsidio, se hace necesario
aclarar que los hogares que actualmente se encuentran en dicho estado podrán
continuar con el proceso de solicitud de asignación, una vez se habiliten los cupos
para la presente vigencia.

Una vez se habiliten los cupos, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO continuará
con el procedimiento descrito en el anexo 1 de la Resolución 0101 de 2024, con el
fin de acreditar que el hogar cumple con las siguientes condiciones establecidas en
la normatividad vigente para la solicitud de asignación del subsidio:

a. Cuenta con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional, para lo
cual el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria tendrá que cargar,
en la Plataforma que dispuso el Ministerio para tal fin, la carta vigente de aprobación
del crédito.

b. Seleccionó el proyecto donde va a adquirir la vivienda y la unidad está próxima a
ser entregada (tiene un porcentaje de obra mínimo del 70%), para lo cual el
establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria tendrá que cargar, en la
plataforma que dispuso el Ministerio para tal fin, el avalúo del inmueble.

Una vez realizado dicho procedimiento, el estado del hogar cambiará a
“SOLICITANTE”.

Posteriormente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio validará que los
documentos cargados cumplan con los requerimientos establecidos en la
normatividad vigente y le informará el resultado de dicha revisión al hogar y al
establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria.

Por consiguiente, el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria
deberá realizar la solicitud de asignación del subsidio, a través de la plataforma
administrada por TransUnion y, si el hogar cumple con todos los requisitos del
programa al momento de la asignación, se procederá con la expedición de la
Resolución de Asignación del Subsidio.

En consecuencia, le comunicamos que, en consideración con lo determinado en el
punto 1 de la circular nro. 0012 de 2024, para los hogares que se lleguen asignar,
estos no contarán con el beneficio de cobertura a la tasa de interés, toda vez que,
los cupos que se encontraban disponibles para dicho beneficio se agotaron. Por tal
razón, para el momento en que el establecimiento de crédito, entidad de economía
solidaria o caja de compensación familiar, realice el desembolso del crédito
hipotecario o dé inicio al contrato de leasing habitacional, este deberá solicitar el
cambio del estado del hogar de “Asignado” a “Aplicado sin cobertura”, el cual se
encuentra dispuesto en el punto I de la circular nro. 002 de 2024, que puede ser
consultado en el siguiente enlace:
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/circular-0002-de-2024-
cambio-de-estado-aplicado-sin-cobertura-mcv.pdf

A su vez la circular nro. 0012 de 2024 puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/circular-0012-16-2024.pdf

23

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Para terminar, se hace necesario recordar que la postulación al programa no genera
para Fonvivienda la obligación de asignar el subsidio. El estado “Interesado” es una
simple manifestación de interés y de ninguna manera implica que el hogar cuente
con un beneficio o derecho adquirido en el marco del programa.

Finalmente se aclara que, el otorgamiento del subsidio dependerá, a su vez, de la
disponibilidad presupuestal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Fonvivienda. […]”.

63. Al respecto, obra constancia de envío al peticionario a través de correo
electrónico enviado el 18 de marzo de 2025: 26

64. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplió con los requisitos de i)
oportunidad, ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado y iii) que haya sido puesta en conocimiento de los

26 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado “[…] 15_MemorialWeb_Anexos-
SoportestutelaAna(.pdf) NroActua 8 […]”. Archivo aportado en medio digital.

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peticionarios; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

65. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del peticionario en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta
a la petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido
por el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el peticionario ya obtuvo respuesta al
respecto, por lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela
resultaría inane

66. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le explicó con
suficiencia al peticionario: i) que el estado “Interesado” no implica que el hogar
cuente con un beneficio en el marco del programa; ii) que “[…] los hogares que
actualmente se encuentran en dicho estado podrán continuar con el proceso de
solicitud de asignación, una vez se habiliten los cupos para la presente vigencia
[…]”; y iii) de manera detallada, el proceso que se debe surtir para el resultado
deseado con su vivienda.

67. Al respecto, la Sala precisa que la Corte Constitucional ha señalado que “[…]
el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del
solicitante […]”27.

68. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se dio durante el
trámite de la acción de tutela28, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.

69. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente29:

27 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2 de marzo de 2012.
28 La acción de tutela se presentó el 3 de marzo de 2025.
29 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante30. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado31 […]”. (Resaltado por la Sala)

70. Finalmente, en lo que concierne al reparo de los actores relacionado con que
el Presidente de la República, la Nación – Presidencia de la República y la Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, vulneraron sus derechos fundamentales al
no garantizar el cumplimiento de la “[…] Circular 012 del 16 de diciembre de 2024 […]”,
la Sala advierte que, por la naturaleza de lo pretendido, esto desborda la órbita de
competencia del juez de tutela, en la medida en que: i) no corresponde al juez
constitucional ordenar la aplicación de una Circular, más aún si se tiene en cuenta
que en este caso no se acreditó algún perjuicio irremediable y que, como se expuso
supra, la autoridad competente dio respuesta al peticionario sobre dicho trámite en
su caso específico; ii) lo establecido en dicha Circular debe realizarse por la
autoridad competente, con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin y
conforme el procedimiento previsto; y iii) el juez de tutela no puede impartir órdenes
que desconozcan las competencias que le corresponden a cada una de las
autoridades accionadas.

Conclusiones de la Sala

71. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la vulneración al derecho fundamental de petición frente al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y ii) negará, en lo demás, la solicitud de
amparo.

30 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la vulneración al derecho fundamental de petición frente al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela que presentaron los actores
contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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