Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01213-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01213-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01213-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de junio de 2025
Demandantes: Ana María Ramírez Morales y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01213-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01213-01
Demandantes: ANA MARÍA RAMÍREZ MORALES Y OTRO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición y al debido proceso
administrativo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de
3 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y negó en lo demás la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 3 de marzo de 2025, los señores Ana María Ramírez Morales y Wilfrend Hair
Pinto Marín1 interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República y
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la finalidad de lograr el amparo de
sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la
niñez y a la vivienda digna, los cuales consideró transgredidos con ocasión de la
tardanza en resolver la petición de 29 de enero de 2025 a través de la cual «se
procura obtener información respecto a la habilitación de la plataforma de “Micasa
ya” o la que entre a reemplazar sus funciones, para que las entidades financieras
puedan iniciar la marcación del subsidio de vivienda, para las familias que según la
circular 012 del 16 de diciembre de 2024 cumplimos con los requisitos”».
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En nombre propio y en representación de su hija menor de edad S.Y.P.R.
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1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. TUTELAR a nuestro favor el derecho constitucional fundamental de PETICIÓN,
que ha sido vulnerado por la corporación accionada al no dar respuesta dentro del
término legal.
Y en consecuencia ORDENAR a la parte accionada, que proceda a emitir respuesta
de fondo a la petición elevada el pasado 29 de enero de 2025
2. TUTELAR a nuestro favor el derecho constitucional fundamental al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, que está siendo vulnerado por no dar continuidad el
acto jurídico que determina las condiciones que ya fueron reconocidas por medio de
la Circular 012 del 16 de diciembre de 2024.
Y en consecuencia ORDENAR al Presidente de la Republica y a su Ministro de
Vivienda que proceda a garantizar de manera inmediata el cumplimiento a la Circular
012 del 16 de diciembre de 2024, para que las entidades financieras puedan
proceder a acceder a las plataformas para la marcación del subsidio de vivienda de
las personas que nos encontramos postuladas desde el año 2024.
3. TUTELAR a favor nuestro hogar, el derecho constitucional fundamental al
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.
Y en consecuencia ORDENAR al Presidente de la Republica y a su Ministro de
Vivienda que proceda a realizar el trámite administrativo para la asignación del
subsidio de vivienda para la adquisición de nuestra casa VIS en el proyecto de
vivienda “Mirador de las Camelias”
4. Vigilar el cumplimiento del fallo de tutela.
5. Amonestar a los accionados para que evite incurrir en este tipo de conductas
nuevamente2.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La parte actora informó que actualmente aspiran a la adquisición de vivienda de
interés social en el proyecto «Mirador de las Camelias» en el municipio de Yolombó,
Antioquia, «con postulación al subsidio de vivienda de Micasa Ya desde el año
2024».
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Cita del texto original con posibles errores.
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Advirtieron que el Ministerio de Vivienda expidió la circular 012 de 16 de diciembre
de 2024 en el sentido de garantizar la continuidad del programa «Micasa ya» para
los hogares que contaran con el registro de postulación en el estado de «Interesado-
Cumple» antes de la fecha de expedición de la referida circular. En ese orden,
aseguraron cumplir la mencionada exigencia.
Indicaron que el 29 de enero de 2025 el señor Wilfrend Hair Pinto Marín solicitó a
las demandadas lo siguiente:
Atendiendo la circular 012 del 16 de diciembre de 2024 emitida por ese Ministerio, en
la cual se garantiza la continuidad de los hogares que cuentan con el registro de
“Interesado – Cumple”
Así las cosas y como actualmente me encuentro postulado con el registro de
“Interesado – Cumple”, me permito solicitar muy comedidamente me puedan informar
cuando se habilitará la plataforma de "Micasa ya" o la que lo reemplace, para que las
entidades financieras puedan iniciar la marcación del subsidio para las familias que,
según la circular mencionada, puedan iniciar el trámite de dicho beneficio para
complementar el pago de la vivienda, atendiendo la gran importancia que ello significa
para poder adquirir la vivienda, ya que de no ser así sería casi que imposible acceder
a la adquisición de vivienda.
Agradezco que me puedan orientar y brindar una respuesta de fondo, comoquiera
que actualmente estoy iniciando la legalización del crédito para la adquisición de la
vivienda, no obstante se me ha retrazado porque el Ministerio de vivienda no ha
habilitado la plataforma para iniciar el trámite del subsidio 3.
Finalmente, agregaron que a la fecha en que se ejerció la tutela de la referencia no
han obtenido respuesta de fondo al respecto.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes alegaron que la vulneración de sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso administrativo, a la niñez y a la vivienda digna deriva de
la omisión de las autoridades accionadas en dar respuesta a su solicitud de 29 de
enero de 2025, mediante la cual requirieron información sobre la habilitación de la
plataforma autorizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio denominada
«Micasa ya», comoquiera que a través de ese medio digital es que se realiza el
proceso de postulación y asignación del subsidio que otorga el Gobierno Nacional
para la adquisición de vivienda de interés social.
En ese orden, citó la sentencia C-495 de 1992 de la Corte Constitucional en la que
se señala que el derecho a presentar peticiones ante las autoridades constituye un
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Cita del texto original con posibles errores.
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instrumento de índole fundamental «para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa», así como los derechos constitucionales a la información,
a la participación política, a la libertad de expresión y de acceso a la administración
de justicia.
Agregó que la información que se encuentra en la página web oficial del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio es «engañosa» debido a que al consultar el estado
de postulación indica que debe acercarse al Fondo Nacional del Ahorro para
continuar con el proceso, no obstante, al revisar la página de esta última entidad
señala que «las plataformas autorizadas por el Ministerio […] se encuentran
deshabilitadas tanto para el registro inicial como para el proceso de asignación de
este subsidio», lo cual, además de considerarlo irrespetuoso, les resulta transgresor
del principio de la confianza legítima.
Adicionalmente, señalaron que es imperativo que las demandadas «den
cumplimiento a lo que se comprometieron a través de la circular referida, y habiliten
la plataforma de “Micasa ya” o la que entre a reemplazar sus funciones a efectos de
que las entidades financieras puedan realizar el proceso para la asignación del
subsidio», en atención a que la constructora del proyecto de vivienda «Mirador de
las Camelias» les ha requerido acreditar el cumplimiento del cierre financiero y así
proceder con la firma de la escritura.
Adujeron que en la sentencia T-251 de 2023 la Corte Constitucional, en relación con
la importancia de esta clase de auxilios para la adquisición de vivienda, ha precisado
que es menester respetar el derecho al debido proceso y las garantías que lo
integran, además de mencionar que son «un mecanismo adecuado y eficiente para
garantizar el acceso a la vivienda digna».
Finalmente, acotó que en la sentencia T-180A de 2010 se puntualizó que «existen
dos principios derivados de la buena fe, íntimamente relacionados entre sí, aunque
con identidad propia, en los cuales se presenta, con mayor nitidez, una conexión
con el derecho constitucional al debido proceso. Se trata de los principios de
confianza legítima y respeto por el acto propio», por lo que sugirió que el Gobierno
Nacional no puede «actuar con una actitud mutante y carentes de seriedad en sus
decisiones […] tales como no dar continuidad a este tipo de programas sociales que
contribuyen al financiamiento de la adquisición de vivienda».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante providencia de 11 de marzo de 2025 el magistrado ponente del primer
grado admitió este mecanismo de amparo contra el presidente de la República, la
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Nación – Presidencia de la República y la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio.
1.6. Contestaciones
Librados los oficios y efectuadas las notificaciones correspondientes, se
presentaron los siguientes informes:
1.6.1. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación y la del presidente
de la República del trámite de la referencia por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, debido a que sus acciones u omisiones no constituyen la causa de la
vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte actora, comoquiera
que no es de su competencia sino del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
responder las pretensiones particulares de otorgar el subsidio de vivienda en virtud
de lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 modificado por el Decreto 490 de 2023 y
las disposiciones reglamentarias de la Circular 0012 de 16 de diciembre de 2024.
Adicionalmente, indicó que este mecanismo constitucional debe ser declarado
improcedente o denegado respecto al presidente de la República y el DAPRE, al
manifestar lo siguiente:
Por otra parte, la presente acción de tutela debe ser negada en sus pretensiones
respecto del presidente y presidencia de la República, debido a que la accionante
indica radicar un derecho de petición de la siguiente manera “En ese orden, el día 29
de enero del corriente se ha presentado derecho de petición ante la entidad accionada
con una solicitud de suma importancia, toda vez que con ella se procura obtener
información respecto a la habilitación de la plataforma de "Micasa ya"”, mi
representada, procedió a consultar con el grupo de correspondencia de la
Presidencia de la República para verificar si, bajo el nombre y número de
documento de la accionante, había llegado alguna petición por su parte. Es por
esto que, al verificar con el Área de Correspondencia de la entidad y por medio
del certificado con número de radicado CERT25-001367 / GFPU 13081012 del 14
de marzo de 2025 se pudo comprobar que hasta la fecha no ha sido recibido
ningún derecho de petición por parte de la accionante 4.
En síntesis, el presidente y presidencia de la República no han incurrido en alguna
omisión o acción que permita a la accionante reclamarle la tutela de sus derechos
fundamentales. Con fundamento en lo anterior, se considera que la acción de tutela
debe ser declarada improcedente y subsidiariamente deben ser negadas sus
pretensiones […]”.
1.6.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio también solicitó que se
declare la improcedencia de la tutela y su falta de legitimación por pasiva, luego de
argumentar en el siguiente sentido:
4 Énfasis propio.
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[…] que en el sistema de Gestión documental del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio-Gesdoc, se encontró derechos de petición a nombre del señor
Wilfren Pinto Marín, con cedula (sic) de ciudadanía No: […], (sin firmar)
relacionado con el subsidio familiar de vivienda, radicado bajo el numero (sic)
2025ER0008448 del 29/01/2025, y otro radicado bajo el No. 2025ER0008591 del
30/01/2025, los cuales fueron respondidos oportunamente y de fondo por la
subdirectora del subsidio familiar de vivienda, con el radicado No.
2025EE0009831 del 17/03/2025, enviado y entregado al peticionario en el correo:
[...] @gmail.con (sic), con lo que se tiene un hecho superado5.
De otra parte, se consulta información histórica de cedula (sic) No. […], del ciudadano
Ana Maria Ramírez Morales y aparece que está postulado en programas de vivienda
ante Fonvivienda Mi casa ya. Id Hogar: […]-entidad: Fondo Nacional del Ahorro. fecha
de postulación: 07/12/2024.Sisben: C13
INTERESADO - CUMPLE: Diríjase al Fondo Nacional del Ahorro para continuar el
proceso […].
[…] El estado “INTERESADO” corresponde a una manifestación de interés para
acceder al subsidio familiar de vivienda, de manera que el hogar aún no es
beneficiario del Programa. En particular, el estado “INTERESADO - CUMPLE” es el
resultado de una primera verificación de algunos de los requisitos del programa,
realizada por el establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o Caja de
Compensación Familiar, […].
[…] Así las cosas, si bien el estado “INTERESADO - CUMPLE” indica que el hogar
puede continuar con su proceso para ser acreedor del subsidio, se hace necesario
aclarar que los hogares que actualmente se encuentran en dicho estado podrán
continuar con el proceso de solicitud de asignación, una vez se habiliten los cupos
para la presente vigencia.
Al respecto, es pertinente comunicarle que el tiempo estimado para el desembolso
del Subsidio Familiar de Vivienda se encuentra sujeto a la disponibilidad del Plan
Anual de Caja (PAC) mensualizado que se tenga al momento de la gestión para el
pago, el cual, es aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo
tanto, nos encontramos sujetos a los tiempos de dicha aprobación para reanudar la
gestión para el desembolso […].
[…] Es del caso señalar, que la accionante al invocar la acción de tutela de manera
apresurada y desmesurada, configuró una manifestación desacertada que pretende
enervar el actuar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habida cuenta que
esta entidad ha procedido de manera oportuna y eficaz para resolver de fondo la
petición radicada, por parte de la actora.
Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad
responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando
se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma,
independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. […].
5 Énfasis propio.
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[…] Reitero, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), es una entidad diferente
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues tiene personería jurídica propia,
patrimonio propio, total autonomía presupuestal y financiera. Por lo tanto, NO es a
este Ministerio a quien le corresponden las funciones relacionadas con la asignación
del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, pues solo es el ente encargado
de dictar la política en materia habitacional, y NO tiene funciones de inspección,
vigilancia y control sobre la materia, razón por la cual solicito se desvincule totalmente
de esta acción de Tutela por configurarse la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR PASIVA. Mal podría el ente judicial ordenar una función al
Ministerio de Vivienda que no le está dada por ley. […].
1.7. Fallo impugnado6
Mediante providencia de 3 de abril de 20257, el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
De otro lado, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la
presunta vulneración del derecho de petición frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, luego de analizar que la respuesta otorgada por esa entidad a la parte
accionante mediante correo electrónico de 18 de marzo de 2025 cumplía con los
requisitos de oportunidad, resolución de fondo en forma clara, precisa y congruente,
y que fuera puesta en conocimiento de los interesados. Al respecto, precisó:
65. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
peticionario en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el peticionario ya obtuvo respuesta al
respecto, por lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela
resultaría inane.
66. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y
congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia en
la medida en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le explicó con
suficiencia al peticionario: i) que el estado “Interesado” no implica que el hogar cuente
con un beneficio en el marco del programa; ii) que “[…] los hogares que actualmente
se encuentran en dicho estado podrán continuar con el proceso de solicitud de
asignación, una vez se habiliten los cupos para la presente vigencia […]”; y iii) de
manera detallada, el proceso que se debe surtir para el resultado deseado con su
vivienda.
Finalmente, negó la solicitud de amparo en cuanto a los reparos relacionados con
que las autoridades demandadas quebrantaron sus garantías superiores al no
6
La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 8 de agosto de 2024.
7 Providencia notificada el 10 de abril de 2025.
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procurar el cumplimiento de la circular 012 de 16 de diciembre de 2024, debido a
que lo pretendido desbordaba la competencia del juez constitucional, máxime, si se
tiene en cuenta que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y la
entidad expidió una respuesta al peticionario sobre cómo es el trámite respectivo.
1.8. Impugnación
Con memorial allegado oportunamente el 10 de abril de 2025, la parte actora
impugnó la decisión de primer grado con base en que la vulneración de sus
derechos de petición, al debido proceso administrativo, a la niñez y a la vivienda
digna se presenta con ocasión a que la respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, pese a que fue extensa, lo cierto es que abordó el tema de manera
general y no satisfizo lo que se solicitó concretamente.
Al respecto, resaltó que el fin de su petición consistía en que se le indicara «cuando
se abrirán las plataformas para continuar con los trámites» y que «estas sean
puestas a disposición de las entidades financieras lo antes posible para garantizar
los derechos aquí invocados».
En ese orden, insistió en que la información que se encuentra en la plataforma del
ministerio carece de veracidad por cuanto esta indica que debe continuar el trámite
ante el Fondo Nacional del Ahorro, pero, esta última entidad señala que están
deshabilitados los mecanismos digitales a través de los cuales se realiza el
respectivo trámite.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 8, así como el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
8
Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
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superado frente a la Presidencia de la República y negó la solicitud de amparo en
lo demás.
Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción
de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) las generalidades del
derecho al debido proceso administrativo; (iv) las generalidades del derecho a una
vivienda digna; y (v) el caso concreto.
2.3. La naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.4. El derecho de petición
En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, en el sentido de indicar que: «[…] reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Frente a la oportunidad, por regla general, la Ley 1755 de 2015 establece los
términos para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo
9
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual
se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del tiempo
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada».
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
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Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.5. Derecho al debido proceso administrativo
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación integral
del artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido
proceso10 debe ser atendido en toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Lo anterior, se deriva de la definición que de la referida garantía ha realizado la
Corte Constitucional en la sentencia C- 162 de 2021, en el sentido de precisar que
se trata del «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través
de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial
o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia».
Entendido que el debido proceso no es un concepto absoluto, se mira con claridad
que uno es el principio aplicado al ámbito judicial y otro al contexto administrativo,
de modo que no es posible trasladar sin distinción alguna, las garantías de uno al
otro.
En cuanto al debido proceso administrativo, en la referida sentencia de
constitucionalidad se establece que este gobierna todas las actuaciones
administrativas en procura de: «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los
principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados».
Finalmente, la alta corte dispuso que, de la aplicación del referido derecho en el
plano administrativo se desprenden unas garantías para las personas, tales como
10
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
11
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conocer las actuaciones; acceder y a ser oído por la administración; solicitar el
decreto y práctica de pruebas y controvertir las pedidas por otros; ejercer su
defensa; impugnar los actos; y gozar de las demás prerrogativas estipuladas en su
beneficio. Estas pautas deben ser acatadas en todo el procedimiento desde el inicio
de la actuación, pasando por el desarrollo, la expedición de las decisiones, la
comunicación o la notificación, la impugnación, la resolución, hasta llegar a la
ejecutoriedad y ejecución de los actos.
2.6. Derecho a una vivienda digna
En relación con esta garantía, se encuentra que en el artículo 51 de la Constitución
Política de Colombia se señala que todos los colombianos tenemos derechos a
obtener una vivienda digna y para ello, «El estado fijará las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda […]».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-583 de 2013 se refirió a esta
prerrogativa como de naturaleza fundamental que actualmente procede de manera
directa sin necesidad de alegar la conexidad entre este y otros derechos, e indicó
que «puede ser exigido mediante tutela, de acuerdo a su contenido mínimo, que
debe comprender la posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y
exclusivo, en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los
respectivos proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como
individuos dignos, integrados a la sociedad».
Por último, puntualizó que este derecho se encuentra sujeto a un criterio asistencial
que exige un desarrollo legal previo y que debe ser garantizado directamente por la
administración.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el asunto de la referencia, los señores Ana María Ramírez Morales y
Wilfrend Hair Pinto Marín11 interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de
la República y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la finalidad de lograr
el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso
administrativo, a la niñez y a la vivienda digna, los cuales consideró transgredidos
con ocasión de la tardanza en resolver la petición de 29 de enero de 2025, la cual
se elevó en los siguientes términos:
11
En nombre propio y en representación de su hija menor de edad S.Y.P.R.
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Atendiendo la circular 012 del 16 de diciembre de 2024 emitida por ese Ministerio, en
la cual se garantiza la continuidad de los hogares que cuentan con el registro de
“Interesado – Cumple”
Así las cosas y como actualmente me encuentro postulado con el registro de
“Interesado – Cumple”, me permito solicitar muy comedidamente me puedan informar
cuando se habilitará la plataforma de "Micasa ya" o la que lo reemplace, para que las
entidades financieras puedan iniciar la marcación del subsidio para las familias que,
según la circular mencionada, puedan iniciar el trámite de dicho beneficio para
complementar el pago de la vivienda, atendiendo la gran importancia que ello significa
para poder adquirir la vivienda, ya que de no ser así sería casi que imposible acceder
a la adquisición de vivienda.
Agradezco que me puedan orientar y brindar una respuesta de fondo, comoquiera
que actualmente estoy iniciando la legalización del crédito para la adquisición de la
vivienda, no obstante se me ha retrazado porque el Ministerio de vivienda no ha
habilitado la plataforma para iniciar el trámite del subsidio12.
El a quo constitucional en sentencia de 3. ° de abril de 2025 declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado en relación con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio al encontrar acreditado que durante el trámite de esta acción
dicha entidad le otorgó una respuesta clara, coherente y de fondo al peticionario; y
negó la solicitud de amparo en lo demás tras corroborar que el petitorio no se radicó
ante la Presidencia de la República, y que las pretensiones relacionadas con el
cumplimiento de la circular 012 de 2024 escapan de la competencia del juez
constitucional.
En la impugnaron se señaló, en síntesis, que no se ha atendido de fondo la petición
de 29 de enero de 2025 por cuanto lo requerido giró en torno a que se le informara
sobre la habilitación de la plataforma «Micasa ya» y que «estas sean puestas a
disposición de las entidades financieras lo antes posible para garantizar los
derechos aquí invocados».
2.7.2. Precisado lo anterior y por efectos prácticos, la Sala abordará en primer lugar
la presunta transgresión al derecho de petición respecto de la señora Ana María
Ramírez Morales.
2.7.2.1. Concierne a esta Sala apuntar que, en materia de acciones de tutela, al juez
de esta sede le corresponde verificar si existe o no la vulneración de los derechos
individuales alegada, respecto de quien se considera afectado con la acción u
omisión de la autoridad.
En este evento se demostró que la petición de información de 29 de enero de 2025,
sobre la cual se adujo que a la fecha de interposición de la acción de tutela no se
12
Cita del texto original con posibles errores.
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ha resuelto de fondo, pese a que se invocó que la transgresión afecta todo el núcleo
familiar, lo cierto es que la garantía constitucional presuntamente desatendida la
suscribió y ejerció únicamente el señor Wilfrend Hair Pinto Marín a título personal.
Ello cobra sentido al concretar que, según lo señalado por la Corte Constitucional
en la sentencia T-108 de 2004 «La esencia del derecho de petición consiste en la
posibilidad de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, lo que genera en
éstas la obligación de que aquéllas sean recibidas, seguida de la garantía de que
tales peticiones serán objeto de pronta resolución».
Al analizar lo señalado por el máximo órgano, intérprete y protector de los derechos
fundamentales, se infiere que la garantía objeto de atención realmente consiste en
presentar una solicitud de información, de documentos u otro cometido, puesto que
al no acreditarse que la petición se elevó, no se genera la obligación en la entidad
de dar respuesta oportuna, clara, coherente y de fondo. Lo que de entrada da lugar
a concluir que la vulneración no existió.
Sin embargo, como se entiende en líneas previas, en el caso concreto la señora
Ana María Ramírez Morales no ejerció el derecho de petición ante la Presidencia
de la República y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debido a que, según
las pruebas e informes obrantes en el expediente de la referencia, es claro que la
solicitud de 29 de enero de 2025 fue suscrita y presentada únicamente por el señor
Wilfrend Hair Pinto Marín desde su correo «pintura32@gmail.com», como se puede
observar en la imagen que se inserta a continuación, en la cual se acredita que el
mensaje electrónico fue enviado al dominio
«correspondencia@minvivienda.gov.co»:
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En ese orden, en relación con el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa, el artículo 10. ° del Decreto 2591 de 1991 establece:
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales .
La Corte Constitucional sostiene que la legitimación en la causa por activa es un
requisito de procedencia del mecanismo de amparo que «busca garantizar que la
persona que acude a la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera que pueda
establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho
fundamental del propio demandante y no de otro13».
Lo anterior, claro está, sin perjuicio del mandato, la agencia oficiosa o las facultades
que tiene el Ministerio Público para instaurarla. En tales hipótesis no es preciso
ahondar, comoquiera que no se avienen al caso sometido a consideración de esta
Sección.
Así las cosas, para esta Sala de decisión no se cumple con el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa de la señora Ana María Ramírez Morales en lo
que atañe al quebrantamiento del derecho previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política, comoquiera que no ha ejercido el derecho que reclama
desatendido y, al revisar la demanda de tutela, se verificó que no se informó y
acreditó que el señor Pinto Marín actuara en calidad de agente oficioso respecto a
ella.
En consecuencia, se declarará la improcedencia del mecanismo tutelar frente a la
señora Ana María Ramírez Morales por no haber acreditado que se encuentra
legitimada para promover la acción de tutela de la referencia y, en ese orden, no se
continuará con el estudio de la presunta vulneración de este y los demás derechos
invocados, en relación con la mencionada ciudadana.
2.7.2.2. Ahora, al analizar el derecho de petición desde la perspectiva del señor
Wilfrend Hair Pinto Marín, contrario a lo señalado por el a quo, esta colegiatura
encuentra demostrada la transgresión iusfundamental aludida.
13 Sentencia T-176-11, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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La razón de la anterior manifestación se sustenta en que la respuesta otorgada por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no cumple con uno de los requisitos
que se examinan a efectos de establecer si una solicitud de información se resolvió
en debida forma.
Si bien el mencionado ministerio demostró que expidió una respuesta extensa y
explicativa mediante el oficio n. ° 2025EE0009831 de 17 de marzo de 2025 como
se puede observar en las imágenes que se incluyen a continuación:
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Lo cierto es que se limitó a demostrar que el hogar del tutelante se encuentra en
estado «INTERESADO CUMPLE» en relación con los requisitos del programa, e
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ilustrar cómo es el procedimiento para continuar con la solicitud del subsidio para la
compra de vivienda de interés social, lo cual, si bien es valioso para entender el
contexto de la solicitud de postulación al referido beneficio no responde de fondo el
objeto del mensaje de datos enviado por el señor Pinto Marín el 29 de enero de
2025.
Esto es así debido a que el señor Pinto Marín expresamente manifestó lo siguiente:
«[…] me permito solicitar muy comedidamente me puedan informar cuando se
habilitará la plataforma de "Micasa ya" o la que lo reemplace, para que las entidades
financieras puedan iniciar la marcación del subsidio […]», información que no fue
otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dentro del oficio de
respuesta n. ° 2025EE0009831 que le fue notificado vía electrónica el 18/03/2025,
en tanto no le indicó al accionante si la mencionada plataforma funciona o cuando
estará habilitada para que los interesados puedan continuar con el trámite de
solicitud del respectivo beneficio.
En ese orden de ideas, a la Sala le resulta diáfano que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, entidad a la cual el señor Pinto Marín le radicó su petición de
información el 29 de enero de 2025, tal y como lo reconoció la entidad al presentar
su memorial de intervención, no ha cumplido con el deber legal consagrado en el
artículo 1414 de la Ley 1437 de 201115, habida cuenta de que el oficio n. °
2025EE0009831 de 17 de marzo de 2025 no cumple con los requisitos de ser claro,
coherente y resolver de fondo lo requerido.
14 «Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
15 Artículo modificado por el artículo 1. ° de la Ley 1755 de 2015.
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De conformidad con lo expuesto en este numeral, se anuncia que se accederá al
amparo del derecho de petición del señor Wilfrend Hair Pinto Marín respecto del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, comoquiera que la referida cartera no
respondió la solicitud de información concreta realizada por el ciudadano
consistente en que se le informe «[…] cuando se habilitará la plataforma de "Micasa
ya" o la que lo reemplace, para que las entidades financieras puedan iniciar la
marcación del subsidio […]».
2.7.2.3. Siguiendo el derrotero marcado, este juez constitucional advierte que, al
haberse establecido que al señor Pinto Marín se le cercenó su derecho fundamental
de petición al no haber recibido una respuesta de fondo y coherente con lo requerido
en su escrito de 29 de enero de 2025, también se evidenció un quebrantamiento
consecuencial al derecho al debido proceso administrativo.
La afirmación encuentra sustento en que, tal como lo informó el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el proceso que el ciudadano interesado debe agotar
para efectos de lograr la asignación de un subsidio para la adquisición de vivienda
de interés social está diseñado por etapas o cumplimiento de requisitos, entre los
cuales, unos dependen de los otros para poder continuar con el trámite.
Entonces, el hecho de que en determinado momento fallen o se suspendan los
medios, mecanismos o herramientas que las autoridades han dispuesto como
canales oficiales a través de los cuales se deben llevar a cabo los procesos
individuales de quienes se postulan, es imperativo que, con sujeción al derecho al
debido proceso administrativo, la entidad informe de manera oportuna y eficaz a la
comunidad afectada sobre los acontecimientos e indique lo que va a suceder o las
soluciones que ofrece al respecto.
No es posible que en un estado democrático y de derecho, la posición adoptada por
una autoridad dentro de un proceso con el cual se busca desarrollar una de las
políticas sociales más relevantes, consista en omitir un pronunciamiento público a
la comunidad que se advierte afectada con la parálisis de un programa que se ha
venido desarrollando y, adicionalmente, desatienda el deber de dar una respuesta
de fondo a un ciudadano que elevó una consulta particular y concreta al emitir un
oficio con manifestaciones generales y tangenciales.
Esa conducta desatiende el debido proceso administrativo y riñe con algunos de los
pilares de la función administrativa, tales como la transparencia, la eficacia, la
moralidad, la imparcialidad, la igualdad y la publicidad en sus actuaciones,
características que deben ser la prioridad en la actividad desplegada por el Estado
en cualquier causa en la cual sea parte.
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En ese sentido, esta Sala resalta que también se amparará el derecho al debido
proceso administrativo del señor Wilfrend Hair Pinto Marín, comoquiera que es una
consecuencia del quebrantamiento de la garantía a presentar peticiones ante las
autoridades.
2.7.2.4. Para finalizar el estudio de la violación al derecho de petición, esta vez,
frente al presidente y la Presidencia de la República, esta colegiatura señala que el
mecanismo constitucional de amparo será denegado con fundamento en la
acreditada inexistencia de la vulneración por parte de estas autoridades en virtud
del desconocimiento de la petición de 29 de enero de 2025, en tanto el señor Pinto
Marín radicó su petitorio únicamente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Razón suficiente para concluir que el núcleo esencial de esta prerrogativa
constitucional no fue amenazado en ninguna medida por parte del presidente de la
República y el DAPRE, ya que desconocían del contenido de la petición hasta el
momento en que fueron notificados de la tutela de la referencia, en consecuencia,
se negará el amparo.
2.7.3. Finalmente, la Sala concuerda con el a quo en cuanto a la negativa del
amparo constitucional frente a las pretensiones dirigidas a que el juez de tutela
ordene el cumplimiento de la circular 012 de 2016, puesto que, como bien lo analizó
la Sección Primera del Consejo de Estado, esto escapa la competencia funcional
de esta sede.
A través de la acción de tutela no es posible disponer el cumplimiento de un acto
administrativo en atención a que este mecanismo es de naturaleza subsidiaria y no
está instituido para reemplazar los medios administrativos y de control judicial
estipulados en la ley para cada asunto ordinario. En todo caso, se precisa que, en
principio, el acatamiento de la circular 012 de 2016 deber ser exigido ante la
administración, es decir, ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por ser
esta la entidad que la profirió.
2.8. Conclusión
La Sala revocará parcialmente la sentencia de 3 de abril de 2025 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el siguiente sentido: (i) revocará el
numeral segundo para, en su lugar, acceder al amparo de los derechos de petición
y al debido proceso administrativo del señor Wilfrend Hair Pinto Marín y, en
consecuencia, ordenarle al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en un
término de diez (10) días le otorgue una respuesta de fondo, clara y coherente al
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peticionario; (ii) modificará el numeral tercero para adicionar la sentencia en el
sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ana
María Ramírez Morales; y (iii) confirmará en el numeral cuarto la negativa del
amparo en lo demás.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Presidencia de la República y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral «SEGUNDO» de la sentencia de 3 de abril de
2025 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración al derecho
fundamental de petición frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual
quedará así:
SEGUNDO: AMPARAR los derechos de petición y al debido proceso
administrativo del señor Wilfrend Hair Pinto Marín, en consecuencia, ordenar
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en el término de diez (10)
días le otorgue una respuesta de fondo, clara y coherente al peticionario, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: MODIFICAR el numeral «TERCERO» que negó la acción de tutela «en
lo demás», para ADICIONAR la sentencia de 3 de abril de 2025 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el siguiente sentido:
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto
de la señora Ana María Ramírez Morales, por carecer de legitimación en la
causa por activa.
CUARTO: CONFIRMAR en el numeral «CUARTO» la decisión de NEGAR la
solicitud de amparo en lo demás, según se indicó en la sentencia de 3 de abril de
2025.
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QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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