Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01215-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: ADITH SILVERIA LARA PONCE
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra decisiones de la Unidad Nacional de Protección//
Se modifica decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. La tutelante sostiene que es líder social y víctima del conflicto armado, y que
durante años se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, especialmente
de las personas y comunidades vulnerables del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
A raíz de esta labor, ha enfrentado problemas de seguridad personal y familiar.
2. Como resultado de lo anterior, en el año 2019, la Unidad Nacional de Protección
(UNP) le otorgó medidas de protección consistente en entregar un medio de
comunicación, un chaleco blindado y un botón de auxilio. Sin embargo, en
resolución de 21 de octubre de 2024, la UNP determinó retirar los medios de
protección, puesto que, el más reciente estudio de riesgo arrojó un peligro
“ordinario”. Esto sin tener en cuenta nuevos acontecimientos, como el del 15 de
octubre de 2024, que fue dado a conocer a la UNP, pero no fue tenido en cuenta en
el último estudio de seguridad.
3. La resolución de 21 de octubre de 2024 fue impugnada y confirmada, sin tener
en cuenta los nuevos hechos de amenaza y riesgo. En el escrito de tutela, la actora
recordó que la situación de amenaza para los defensores de derechos humanos no
ha cambiado en la región del Cauca, tal como lo corroboran las alertas tempranas
AT-07-23 de Cajibio y AT-03-24 de Argelia. Y el documento de observaciones
preliminares de la CIDH, tras su visita del 15 al 19 de abril de 2024.
4. Reclamó que, a pesar de los nuevos hechos de inseguridad en su contra y que
fueron puestos en conocimiento de la UNP, la entidad no se ha pronunciado sobre
ellos, y por el contrario ordenó el desmonte de las medidas de protección, las cuales
“aunque insuficientes por lo ya expuesto, por lo menos han facilitado la
comunicación cuando me he encontrado en situaciones de alerta”1
1
Folio 2 del escrito de tutela, Samai 2.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
5. Solicitó que, en aplicación del enfoque de seguridad previsto en la Sentencia SU-
020 de 2022 de la Corte Constitucional, se ordene a las autoridades accionadas,
puntualmente a la UNP, suspender los efectos de la resolución de 21 de octubre de
2024, y reactive las medidas de protección asignadas y desarrolle con enfoque
diferencial una nueva evaluación de riesgos.
Trámite de la acción de tutela
6. En auto de 14 de marzo de 20252, el despacho sustanciador admitió el escrito de
tutela en relación con la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y
la Presidencia de la República. En el caso de la cartera ministerial y la presidencia
de la república intervinieron con el fin de solicitar que fueran desvinculadas del
trámite de tutela, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues las
acciones y omisiones, supuestamente, vulneradoras de los derechos
fundamentales, son responsabilidad de la UNP.
7. Esta última autoridad intervino y solicitó negar el amparo, pues no se han
vulnerado los derechos fundamentales de la actora. Indicó que el estudio de riesgo
es un instrumento técnico que utiliza múltiples fuentes de información, y el mismo
arrojó un resultado ordinario, motivo por el cual, en sesión de 3 de septiembre de
2023, el CERREM definió retirar el esquema de seguridad de la actora.
Sentencia de primera instancia
8. En sentencia de 10 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda de
la Corporación amparó el derecho fundamental a la vida, la integridad personas y la
seguridad de la tutelante y ordenó a la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la
Unidad Nacional de Protección que, “en un término de máximo de 10 días contados
a partir de la ejecutoria” de la providencia en caso de que no lo haya hecho, resuelva
de fondo la orden de trabajo OT701982.
9. La Corporación sostuvo que, mediante la resolución DGRP 0011004 del 21 de
octubre de 2024, la UNP determinó el nivel de riesgo de la accionante como
ordinario y adoptó las recomendaciones del CERREM, finalizando las medidas de
protección de 1 medio de comunicación, un chaleco blindado y un botón de apoyos.
La UNP confirmó dicha decisión, luego que la actora ejerciera el medio de
reposición. El juez de primera instancia encontró que después de esta decisión
administrativa, la actora remitió información nueva a la UNP en la que pone de
presente hechos nuevos de amenaza y situaciones de riesgo. Sin embargo, para la
fecha en que fue proferida la sentencia de primera instancia habían pasado tres
meses sin que la nueva información hubiese sido estudiada. Por lo anterior, el juez
de primera instancia ordenó a la entidad concluir en 10 días, un nuevo estudio de
seguridad de la parte actora.
Impugnación
10. Dentro del término judicial, la UNP impugnó la decisión. En síntesis, sostuvo
que, la orden judicial de la sentencia de primera instancia no atiende a la situación
2
Índice Samai 4.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
real de la entidad, pues 10 días no es un plazo razonable para la conclusión de la
orden de trabajo pendiente. Argumentó que el estudio de riesgo que se realiza a la
actora es un examen “detallado, técnicamente especializado”, motivo por el cual
cuenta con unos términos para su elaboración, validación y ponderación, de tal
manera que el marco legal, contempla como plazo máximo para la realización del
Estudio de Nivel de Riesgo, 30 días hábiles, lo anterior teniendo en cuenta que se
evidenció que este es el término necesario para poder definir idóneamente la
situación de riesgo de una persona.
11. Lo anterior, pues la entidad enfrenta una alta congestión derivada del aumento
de solicitudes de protección y los recursos limitados con los que cuenta la entidad.
Por lo anterior solicitó:
“(…) se sirva extender o, en su defecto, considerar una ampliación del término
inicialmente otorgado para la culminación integral de la orden de trabajo
impartida. La UNP, en su compromiso ineludible de atender las necesidades de
protección de la población en situación de riesgo en todo el territorio nacional,
se ha enfrentado a un incremente significativo y sin precedentes en el volumen
de solicitudes de medidas de protección”
CONSIDERACIONES
Competencia
12. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico
13. La Sala estima que debe resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar,
debe determinarse si la persona tutelante puede cuestionar los actos administrativos
que definieron su esquema de seguridad a través del medio constitucional de
amparo. En caso de que sea absuelto de manera positiva, deberá establecerse si
los actos atacados incurrieron en violaciones a los derechos fundamentales
invocados.
14. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala reiterará el
precedente constitucional sobre: (i) la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar actos administrativos que ponen fin al procedimiento administrativo de
evaluación del riesgo de defensores de derechos humanos; (ii) el precedente
constitucional sobre el respeto al derecho al debido proceso por parte de la UNP,
en los procesos administrativos de definición de los esquemas de seguridad y (iii)
resolverá el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones sobre
esquemas de seguridad3.
3
Se siguen las SU-546 de 2023 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas), T-038 de 2024 (M.P. Antonio
José Lizarazo) y T-432 de 2024 (M.P. Paola Andrea Meneses).
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
15. En lo que tiene que ver con actos administrativos dictados por la UNP en virtud
de los cuales se hayan modificado o retirado medidas de protección, la Corte
Constitucional ha precisado que es “irrazonable someter al actor que pretende la
garantía de sus derechos fundamentales a exponer su caso ante los jueces
contencioso administrativos” cuando las situaciones de apremio evidencian la
ineficacia del medio ordinario de control4. Por tanto, la jurisprudencia ha
comprendido que la acción de tutela es el medio idóneo y eficaz para solicitar la
protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal, cuando, días
antes o después de recibir el resultado de un estudio de riesgo, se adopta una
decisión administrativa que afecta el esquema de riesgo que se había asignado,
pues “requiere con urgencia una solución a su solicitud”.
16. El precedente constitucional también ha señalado que, en punto al examen de
la subsidiariedad, el juez constitucional debe tener en cuenta la labor que
desempeña el actor. Así en casos de periodistas5 o defensores de derechos
humanos6, la Corte ha indicado que “en relación con los actos administrativos
expedidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en los cuales se modifican,
suspenden o retiran las medidas de protección asignadas, (…) la acción de tutela
es procedente para discutir si dichas actuaciones vulneran los derechos
fundamentales de los afectados con tales decisiones7”.
17. En la Sentencia T-432 de 2024, se indicó que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la acción de tutela es el medio procedente para cuestionar decisiones
de la UNP, que modifican esquemas de seguridad cuando se comprueba que “los
accionantes (i) son sujetos de especial protección constitucional o se encuentran en
situación de vulnerabilidad, (ii) se encuentran en una situación de riesgo
“extraordinario” o “extremo”, conforme a la matriz de calificación y (iii) a partir de un
examen prima facie, se evidencia que los actos administrativos de la UNP que se
cuestionan podrían haber agravado la situación de riesgo en la que se encontraba
el accionante”8.
18. En todo caso, conforme el precedente constitucional, la acción de tutela
contra un acto administrativo proferido por la UNP, también debe satisfacer los
requisitos de inmediatez y legitimación en la causa por activa y por pasiva.
Debido proceso en los trámites de adopción de medidas de protección
19. La jurisprudencia constitucional9 ha sido consistente en indicar que, existe un
derecho fundamental innominado a la seguridad personal, el cual consiste en que,
4
Corte Constitucional, sentencias T-199 de 2019 y T-292 de 2022.
5
T-199 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz)
6
SU-546 de 2023.
7
Véanse, entre otras: Sentencias T-411 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido); T-399 de 2018 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado); T-205 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo); T-707 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa; T-224 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-460 de 2014
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-657 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-924
de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-591 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
8
Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2018, T-015 de 2022, T-123 de 2023 y SU-546 de 2023.
9
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-546 de 2023 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
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Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
en casos de riesgos graves y superiores al ordinario, una persona tiene el derecho
fundamental a recibir protección directa por parte del Estado.
20. Adicional a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 también
ha indicado que, además del derecho a la seguridad personal, las personas que
acuden ante la UNP y entidades competentes para brindar protección a las
personas que habitan el territorio nacional, son titulares del derecho al debido
proceso administrativo, especialmente, cuando la Unidad Nacional de Protección
realiza los estudios de evaluación de riesgo como condición para la asignación de
esquemas de seguridad.
21. Se ha indicado que la Unidad Nacional de Protección es la autoridad pública
competente para realizar el examen de la situación de riesgo de las personas que,
por diversos motivos, enfrentan amenazas relacionadas por agresiones de actores
armados. En todo caso, se ha precisado que esta actividad de evaluación del riesgo
se somete a principios y pautas normativas de respeto estricto al debido proceso,
pues la calificación de estas situaciones responde a criterios objetivos y técnicos.
22. La evaluación del riesgo se realiza conforme lo prescrito en el Decreto 1066
de 2015 (Capitulo 2 Prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad la
integridad y la seguridad de personas, grupo y comunidades, art. 2.4.1.2.1 y
subsiguientes, especialmente, 2.4.1.2.6.11 y 2.4.1.2.2812) Con ese propósito, ha de
observar oportunamente las siguientes obligaciones13: (i) identificar y valorar el
riesgo extraordinario a partir de estudios contextuales y técnicos de la situación
individual del afectado; (ii) definir e implementar las medidas de protección
adecuadas, suficientes y eficaces para evitar la concreción de la amenaza; (iii)
evaluar periódicamente el riesgo y las medidas de protección adoptadas; (iv) mitigar
los efectos de las amenazas que lleguen a materializarse; y (v) abstenerse de tomar
decisiones que creen nuevos riesgos o aumenten los existentes.
23. Adicionalmente, se ha destacado la importancia de que la UNP motive de
forma clara, suficiente y específica los actos mediante los cuales evalúa el riesgo
de un ciudadano e instaura, modifica o disminuye las medidas de protección
correspondientes. Únicamente de esta manera, una persona tendrá la posibilidad
de conocer y atacar las razones por las cuales se resolvió disminuir o eliminar un
esquema de seguridad14. Ello implica que las decisiones que se emitan al respecto,
como mínimo, deben: (i) relacionar todas las circunstancias y elementos que inciden
en el nivel de riesgo de la persona; (ii) realizar un análisis pormenorizado e integral
de los mismos, con fundamento en estudios técnicos que permitan determinar su
naturaleza, alcance e intensidad; (iii) exponer razonadamente los motivos por los
cuales es procedente o no implementar mecanismos individuales de seguridad; (iv)
10
Corte Constitucional, Sentencia T-239 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortíz)
11
Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo
12
Responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección
13
Corte Constitucional, Sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-388 de
2019, M.P Diana Fajardo Rivera; T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-111 de 2021, M.P.
Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-015 de 2022, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
14
Cfr. Corte Constitucional,Sentencias T-111 de 2021 y T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
identificar las prevenciones a implementar; y (v) justificar por qué las mismas son
idóneas para garantizar la seguridad del interesado15.
24. Si no concurre alguno de esos elementos, se transgrede de forma palmaria
el derecho al debido proceso y la acción de tutela procede como mecanismo
definitivo de protección.
25. Con base en lo anterior, (i) en el marco de la valoración del nivel del riesgo
de un ciudadano con la finalidad de adoptar las medidas de protección necesarias,
las autoridades competentes tienen el deber de valorar de manera técnica y
específica las particularidades del caso y el contexto en el que se encuentran; (ii)
dichas consideraciones, a su vez, deben plasmarse en el acto administrativo que
define la situación, para que el solicitante conozca el sustento de la decisión y pueda
controvertirlo. Además, el precedente ha indicado que se debe realizar un nuevo
estudio de riesgo cuando; (iii) exista insuficiente motivación; y (iv) diversas
oportunidades, se ha ordenado el restablecimiento de medidas de protección
previamente asignadas al accionante, mientras culmina una nueva evaluación del
riesgo16.
Caso concreto
26. La Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela es
procedente conforme las reglas judiciales reiteradas, en caso de encontrar que la
misma si satisface los requisitos de procedencia adjetiva, en el examen de fondo se
examinará si, la UNP vulneró los derechos fundamentales alegados.
27. Conforme la información allegada por la UNP, la persona tutelante es
defensora de derechos humanos en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca,
y en efecto, por su labor en defensa de los derechos humanos ha afrontado
problemas de seguridad. Adicionalmente, en la actualidad la actora sostiene que
afronta nuevos problemas de seguridad que no fueron atendidos por la UNP. En su
escrito de impugnación, la UNP no cuestiona dicha conclusión del juez de primera
instancia, y de hecho confirma que la actora es una líder social del departamento
del Cauca, y que en 2019 recibió un esquema de seguridad derivado de la situación
de riesgo que enfrentaba.
28. En esa medida, esta Sala, en sede de segunda instancia, reitera la
conclusión del juez de primera, respecto a la condición de defensora de derechos
humanos de la actora, y sus problemas de seguridad. Así las cosas, la Subsección
comparte el análisis efectuado por el juez de primera instancia, en tanto que se
encuentra debidamente acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
de la señora Adith Silveria Lara Ponce. En efecto, la decisión de la Unidad Nacional
de Protección (UNP) de retirar las medidas de protección, sustentada en una
calificación de riesgo ordinario, omitió valorar un hecho particularmente grave
ocurrido el 15 de octubre de 2024, cuando la accionante fue víctima de
15
Sentencias T-709 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-388 de 2019, T-469 de 2020, T-111 de
2021, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021 y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Corte Constitucional. Sentencias T-591 de 2013, T-190 de 2014, T-224 de 2014, T-124 de 2015,
T-473 de 2018 y SU-546 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
intimidaciones y amenazas de muerte tras formular una denuncia penal. Tal omisión
resulta contraria al deber de valorar de forma integral y actualizada las condiciones
de riesgo, más aún cuando se trata de una persona que ya contaba con medidas
otorgadas previamente por la misma entidad.
29. Adicionalmente, si bien se ordenó la apertura de una nueva evaluación de
riesgo mediante la orden de trabajo OT701982, lo cierto es que la omisión de
resolver dicha solicitud por más de tres meses configura una actuación negligente
que, en un contexto de amenazas, puede profundizar la situación de indefensión de
la peticionaria. Esta inactividad administrativa resulta incompatible con los principios
de prevención, celeridad y garantía efectiva de los derechos fundamentales a la
vida, la integridad personal y la seguridad. En ese sentido, resulta acertada la
conclusión de la autoridad judicial de instancia respecto de la improcedencia de los
medios judiciales ordinarios, los cuales no ofrecen una respuesta oportuna para
conjurar el riesgo inminente que enfrenta la accionante. Entonces, la tutela se
presenta como el mecanismo judicial idóneo para asegurar de manera urgente la
protección de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, se debe confirmar la
decisión de instancia, en cuanto ordenó a la UNP resolver de fondo la orden de
trabajo OT701982, en atención a la gravedad de los hechos y a la obligación del
Estado de garantizar condiciones mínimas de seguridad a las personas que se ven
expuestas a riesgos por el ejercicio legítimo de sus derechos
30. En esta ocasión, entonces, corresponde pronunciarse, sobre el motivo de
impugnación de la UNP, concretamente que el término de 10 días otorgado en la
sentencia, para concluir un estudio de riesgo que aún está pendiente. En criterio de
la entidad accionada, el volumen de trabajo que afrontan, y la complejidad del
estudio de seguridad, hace inviable poder cumplir la orden en el plazo judicial fijado
en la sentencia de primera instancia.
31. En el escrito de impugnación, la UNP no cuestiona la decisión de amparar
los derechos fundamentales de la actora, es decir, no ataca el ordinal primero de la
sentencia de tutela. El ataque se centra en el ordinal segundo, puntualmente en el
plazo otorgado por el juez de primera instancia.
32. En criterio de esta Sala, la jurisprudencia constitucional17 ha reconocido la
facultad que tiene el juez de tutela de modificar la orden judicial que materializa el
amparo de un derecho, ello siempre bajo la premisa que el objetivo del juez
constitucional es proferir órdenes que, en primer lugar, sean de posible
cumplimiento. Se ha reconocido que, el juez debe estar atento “a los ciclos de la
política pública”, toda vez que, equivocadamente, puede ocurrir que un juez profiera
una orden que vaya en contravía de las posibilidades reales de las entidades
accionadas, y en esa medida, la determinación judicial será incumplible. Esto afecta,
no solo la legitimidad de las decisiones judiciales, sino especialmente la
materialización de los derechos constitucionales de las personas.
33. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido el deber que tiene el
juez del amparo de adoptar órdenes que sean de posible cumplimiento. No se
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-387 de 2022..
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
avanza en la materialización de los derechos constitucionales, si la orden judicial
resulta de imposible cumplimiento. La misma debe atender a las posibilidades reales
de las entidades demandas, siempre aclarando que estas tienen el permanente e
irrenunciable deber (en virtud de las dimensiones progresivas de los derechos
fundamentales) de avanzar en cobertura y calidad de la materialización de los
derechos fundamentales, razón por la cual, en todo caso, la inacción estatal nunca
es una respuesta constitucionalmente válida18.
34. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que proferir órdenes
de amparo reclama del juez de tutela la mayor atención con el fin de ser consciente
que la materialización de los derechos fundamentales se alcanza con decisiones
judiciales que sean cumplibles, siempre desde el mandato de progresión en cabeza
de las autoridades públicas.
35. En el asunto de la referencia, la UNP impugnó la decisión de primera
instancia, bajo el argumento que su capacidad institucional y el aumento de las
peticiones de protección en todo el país, ha causado que no esté en condiciones de
finalizar dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo, el estudio de
riesgo que se está adelantando en relación con la actora, puntualmente la Orden de
Trabajo OT701982.
36. Para fundamentar su solicitud, la UNP argumentó que durante el primer
semestre del año se presentaron dos situaciones que aumentaron
considerablemente el número de peticiones de protección que fueron dirigidas a la
entidad. Por un lado, la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en la región
del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Esto llevó a que
existiera un aumento de peticiones de protección de líderes y defensores de
derechos humanos de esa región del país, y por otro, en general, un aumento de
las peticiones de protección en el resto del territorio nacional. Señaló adicionalmente
que, el Estudio de Riesgo es un estudio técnico especializado que exige un mínimo
de 30 días hábiles, razón por la cual, la orden de concluirlo en 10 días resulta de
imposible cumplimiento.
37. A pesar de ello, a la fecha de expedición de esta sentencia han transcurrido
más de tres meses desde el fallo de primera instancia - 10 de abril de 2025 - y cerca
de nueve meses desde que la peticionaria informó los nuevos hechos, sin que se
haya adoptado una decisión definitiva por parte de la entidad. Esta omisión
prolongada, en un contexto de riesgo, resulta incompatible con los principios de
prevención, urgencia y garantía efectiva de los derechos fundamentales.
38. En ese sentido, la Sala considera que se impone confirmar el plazo de 10
días fijado por el juez de primera instancia, contado a partir de la notificación de esta
providencia, para que la UNP resuelva de fondo la orden de trabajo OT701982. Esta
decisión se justifica en la necesidad urgente de protección que enfrenta la
accionante, en su condición de sujeto de especial protección constitucional, y en el
carácter inmediato que debe tener la respuesta institucional frente a nuevas
amenazas. Si bien la UNP ha alegado dificultades operativas y técnicas, estas no
18
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2011.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01215-01
Accionante: Adith Silveria Lara Ponce
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
pueden justificar el incumplimiento de su deber de garantizar, de forma oportuna y
efectiva, el derecho a la seguridad personal de quienes ejercen funciones de
liderazgo social. La congestión administrativa no puede operar como causa legítima
para dilatar la protección de derechos fundamentales cuando hay riesgo probado.
39. Así, la confirmación del plazo responde a una lectura constitucional del caso
concreto, en la que prima la necesidad de evitar una amenaza inminente contra la
vida de la actora, quien ya había sido beneficiaria de medidas de protección por
parte del Estado. La UNP ha contado con un tiempo razonable desde que fue
informada de los hechos nuevos, y no ha demostrado avances concretos ni una
justificación suficiente para extender aún más la indefinición del estudio. Por tanto,
resulta ajustado a derecho y proporcional mantener el plazo judicial originalmente
establecido, sin perjuicio de que la entidad adopte, en dicho término, todas las
medidas necesarias para cumplir la orden y salvaguardar de forma efectiva los
derechos fundamentales de la señora Adith Silveria Lara Ponce.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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