Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01219-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01219-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01219-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-00
Accionante: Juan David Rozo Lugo
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-00
Accionante: Juan David Rozo Lugo
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado y Victoria Eugenia Castro
Silva
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: causal de doble militancia. Subtema 3: defecto por violación
directa de la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por el señor Juan David Rozo Lugo en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan David Rozo Lugo presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
por la señora Victoria Eugenia Castro Silva y por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 dentro
del proceso con radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00420-011.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
1 Al proceso con radicadonúm. 41001-23-33-000-2023-00420-01 fueron acumulados los expedientes
núms. 41001-23-33-000-2023-00397-00 y 41001-23-33-000-2023-00427-00.
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2.La señora Victoria Eugenia Castro Silva resultó elegida diputada en el
departamento del Huila, en los comicios de autoridades territoriales realizados el
29 de octubre de 2023, para el periodo constitucional 2024-2027.
3. El señor Juan David Rozo Lugo radicó escrito en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, el 14 de diciembre de 2023, con el propósito de que se
declarara la nulidad de la elección de la señora Castro Silva por incurrir en doble
militancia. Con iguales pretensiones y argumentos, presentaron demanda los
señores William Eduardo Gutiérrez Ordóñez y Carlos Humberto Montero Vargas, y
luego del trámite de rigor, fueron acumuladas al proceso identificado con radicado
núm. 41001-23-33-000-2023-00420-00.
4.El asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del Huila,
autoridad que, mediante sentencia de primera instancia del 25 de junio de 2024,
negó las pretensiones de los accionantes. Apelada la anterior decisión, la Sección
Quinta del Consejo de Estado la confirmó en fallo del 5 de septiembre de 20242.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
5. El señor Juan David Rozo Lugo solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Que se AMPARE el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, en el proceso
de nulidad electoral con radicado No. 41001-23-33-000-2023-00420-01 (principal).
2. Que se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 05 de septiembre de 2024,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3. Que en consecuencia, se ORDENE a la Sección Quinta del Consejo de Estado
que profiera un nuevo fallo que NO resulte violatorio de la Constitución Política, dada
la evidente incursión de la Demandada VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA en
doble militancia3.
6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la
sentencia del 5 de septiembre de 2024 incurrió en violación directa de la
Constitución, porque la Sección Quinta de esta corporación desconoció lo
establecido en el artículo 1074 superior al no declarar que la señora Victoria Eugenia
Castro Silva incurrió en doble militancia.
2 Samai, exp. núm. 41001-23-33-000-2023-00420-01, índice 13, certificado 3D778A1210C6AD1F
354FA89ED1D6B2EE 6B8D47FAFC034B93 2BE619522A71C1EA.
3 Se transcribe incluso con errores de texto.
4 «Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica.
Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la
escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las
elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas
populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de
comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un
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7. Adujo que la demandada ocupó una curul en el Concejo Municipal de Neiva en
representación del grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero», durante el
periodo constitucional 2020-2023; no obstante, se inscribió como candidata a la
Asamblea Departamental del Huila por el Partido liberal para el periodo
constitucional 2024-2027, pese a la prohibición contenida en el artículo 107 ibidem.
8. En tal sentido, indicó que la señora Castro Silva perteneció de manera
simultánea a las mencionadas colectividades, y que la figura de la doble militancia
es aplicable a todas las agrupaciones políticas, independientemente de si tienen
personería jurídica o no. De igual manera, argumentó que no se probó la disolución
del grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero».
2.3. Trámite procesal
9. El despacho ponente, mediante auto del 6 de marzo de 20255, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo
del Huila, a los señores William Eduardo Gutiérrez Ordóñez y Carlos Humberto
Montero Vargas, y a los demás demandantes y terceros vinculados dentro del
proceso con radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00420-00/01; requirió, en medio
digital, el expediente ordinario; y tuvo como pruebas los documentos aportados con
la demanda de tutela.
2.4. Intervenciones
10. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declarara la inexistencia de la
vulneración de derechos fundamentales invocados por la parte actora, y alegó su
falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que la demanda recae
sobre causales de nulidad electoral, lo cual escapa de sus competencias legales y
constitucionales6.
11. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se le desvinculara de la
presente acción constitucional y manifestó que la violación de derechos se predica
de las actuaciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por lo anterior,
indicó que se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
a esta entidad7.
12. La
Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que los argumentos
expuestos por el tutelante son los mismos que presentó dentro del proceso
partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral También se garantiza
a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos».
5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01219-00, índice 5, certificado F15985E82C06DB88
59135B497986A380 3A0633DD62709A8A BB296ED6D85DCBEF.
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Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01219-00, índice 11, certificado BCE0890D42D7EC7F
BF1566877E9AADBF D93BB07D55544E48 06EDD2B62626A608.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01219-00, índice 12, certificado B9ABF62E600EFA0B
3B8EAC04957220F8 64C73118340D42BA 5F172AB3A980E4A9.
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ordinario y que fueron abordados y decididos en la sentencia cuestionada.
Concluyó que no se configuraron los defectos invocados ni la vulneración de
derechos alegada, razón por la que pidió que se negara el amparo8.
13. Losdemás vinculados al trámite constitucional como terceros con interés,
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
15. Lalegitimación en la causa por activa del señor Juan David Rozo Lugo se
encuentra acreditada, por cuanto integró la parte demandante en el proceso de
nulidad electoral que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 5 de
septiembre de 2024, objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos
que consideró fueron vulnerados.
16. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del
5 de septiembre de 2024 que, afirmó el tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.
17. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de Victoria Eugenia
Castro Silva, en tanto que, según el accionante, fue quien incurrió en la prohibición
de doble militancia prevista en el artículo 107 superior.
18. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron su desvinculación, al estimar que no están llamados a responder
por la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte accionante.
19. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
8 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01219-00, índice 14, certificado 3059E79C4CC15C95
417FAACB073B934E F8DD4417679B874B F529AE03017CED32.
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
9 y de la Corte Constitucional ha
20. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
21. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.
25. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado el defecto por violación directa de la Constitución expuesto
en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de amparo consistente en
ordenarle al tribunal accionado que emita una sentencia de reemplazo en la que
estudie de nuevo la configuración de la prohibición de la doble militancia en el caso
concreto. En este escenario, estaría afectado el derecho fundamental del señor
Juan David Rozo Lugo al debido proceso.
26. De la misma manera, respecto al mencionado defecto, la parte accionante no
cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección
de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del
proceso de nulidad electoral en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
27. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que
profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado data del 5 de septiembre de 2024,
y el escrito de tutela se presentó el 3 de marzo de 2025, esto es, dentro del plazo
de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional14 y del Consejo
de Estado15 como razonable.
28. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso, sin que estos exponen una posible irregularidad
procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un
trámite de tutela.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
14
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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29. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal específica en los
términos planteados por la parte actora.
3.4. Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala decidir si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió
en violación directa de la Constitución en la sentencia del 5 de septiembre de 2024
y, por lo tanto, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Juan
David Rozo Lugo. En particular, deberá establecer si la autoridad accionada
desconoció lo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política.
3.4.1 Generalidades del defecto por violación directa de la Constitución
31. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual la Carta
Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante
cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»16.
32. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200517.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional.
ii) Se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata.
iii) Los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.
iv) Si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales18.
16
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
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3.5. Caso concreto
33. En el asunto bajo estudio, el señor Juan David Rozo Lugo presentó escrito en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral para que se declarara la nulidad
del acto de elección de la señora Victoria Eugenia Castro Silva como diputada en
el departamento del Huila, para el periodo constitucional 2024-2027, contenido en
el formulario E-26 ASA, del 7 de noviembre de 2023.
34. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones
de la demanda mediante fallo del 25 de junio de 2024. Apelada la anterior
providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió sentencia, el 5 de
septiembre de 2024, en la que la confirmó.
35. Ahora bien, la parte accionante argumentó que la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió, en la sentencia del 5 de septiembre de 2024, en el defecto de
violación directa de la Constitución. En concreto, expuso que, de acuerdo con el
artículo 107 superior, para no incurrir en doble militancia, la señora Victoria Eugenia
Castro Silva debió renunciar a su curul en el Concejo Municipal de Neiva con 12
meses de anterioridad a la fecha de inscripción de su candidatura a la Asamblea
Departamental del Huila para el periodo constitucional 2024-2027.
Además, adujo que la excepción contenida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley
1475 de 201119, dada su aplicación restrictiva, solo comprende a los partidos y
movimientos políticos. Asimismo, señaló que no se probó la disolución del grupo
significativo de ciudadanos «Neiva Primero».
36. Pues bien, revisada la sentencia objeto de reparos, se observa que la Sección
Quinta del Consejo de Estado explicó que la obligación de renunciar 12 meses
antes de la fecha de inscripción se predica en los casos en que la agrupación
política haya postulado candidatos para los siguientes comicios, lo cual no ocurrió
con el grupo significativo de personas «Neiva Primero», motivo por el que no tuvo
vocación de permanencia en el tiempo. En ese orden, destacó lo siguiente:
[S]e acreditó que el grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero», agrupación
que inscribió aspirantes al Concejo de Neiva para la vigencia 2020-2023, entre ellos
la demandada, quien resultó elegida y ocupó una curul, no postuló candidatos para
19 «Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o
movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización
política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
[…]
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y
movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por
causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto
con personería jurídica sin incurrir en doble militancia».
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participar en el proceso electoral de autoridades territoriales del año 2023, por lo
que se puede inferir que no tuvo vocación de permanencia y, por ende, se disolvió.
[…]
[S]iguiendo un antecedente de antaño, esta Sección 20, en un asunto en el que se
analizó la presunta doble militancia de un concejal para el periodo 2020-2023, quien
se inscribió por un grupo significativo de ciudadanos y que resultó elegido para la
vigencia 2024-2027 por un partido político, sin haber renunciado a su curul con 12
meses de antelación, sostuvo que no podía predicarse que incurrió en la prohibición
alegada […].
37. En cuanto a la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, la Sección Quinta de esta corporación expuso que dicha norma aplica a
las agrupaciones sin personería jurídica, como fue el caso del grupo significativo de
ciudadanos «Neiva Primero». Sobre este punto, la autoridad accionada precisó lo
siguiente:
[L]a Sala considera que la señora Victoria Eugenia Castro Silva no se encuentra
inmersa en la doble militancia por no haber renunciado a la curul que ocupaba en
el Concejo de Neiva por el mencionado grupo significativo de ciudadanos para la
vigencia 2020-2023, con la antelación de 12 meses a la fecha de su inscripción
como candidata a la Asamblea del Huila, en representación de un partido político
para las elecciones del año 2023, toda vez que la agrupación que la respaldó en el
primer periodo, perdió su vigencia, lo que da lugar a la aplicación de la excepción
prevista en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 21.
38. Visto lo anterior, la providencia cuestionada aplicó la excepción reglada en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en clara armonía con la norma
superior y la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha proferido sobre la
materia. En ese sentido, dentro del marco de la autonomía y la independencia
judicial, llegó a la conclusión de que la señora Victoria Eugenia Castro Silva no
incurrió en doble militancia.
39. En relación con lo manifestado por el accionante en torno a que no se probó la
disolución del grupo significativo de personas «Neiva Primero», en la providencia
reprochada se argumentó lo que se cita a continuación:
Además, la parte actora no allegó pruebas para demostrar la existencia actual del
mencionado grupo significativo de ciudadanos o que hubiera obtenido personería
jurídica para continuar en la contienda electoral […].
20 «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1° de agosto del 2024, radicación 52001-23-33-000-
2023-00428-01, MP: Gloria María Gómez Montoya, en la que se citó la decisión del 19 de agosto de 2016,
Radicación: 50001-23-33-000-2015-00653-01, MP: Alberto Yepes Barreiro».
21
«Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se indicó: “…la
excepción planteada no afecta la estabilidad ni la disciplina del sistema de partidos, puesto que en sentido
estricto no puede concluirse la existencia de doble militancia cuando una de las agrupaciones políticas ha
perdido vigencia y, por ende, su programa de acción política no puede ser jurídicamente representado”».
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-00
Accionante: Juan David Rozo Lugo
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro
[E]n este caso, la prueba de la vocación de permanencia del referido grupo debía
ser aportada por quien alega la configuración de la causal de nulidad electoral por
la presunta configuración de la prohibición de la doble militancia, es decir, por el
demandante.
40. De lo anterior, resulta evidente que el demandante estaba en el deber de probar
la existencia de la agrupación política, pues era él quien buscaba la nulidad de la
elección de la señora Castro Silva, de manera que no podía pretender trasladar la
carga de la prueba a la contraparte. Por lo tanto, la Sección Quinta del Consejo de
Estado desarrolló de modo uniforme el marco normativo y jurisprudencial vigente
sobre la doble militancia, comoquiera que realizó una adecuada aplicación de las
reglas fijadas en la materia frente a casos con similitudes fácticas y jurídicas.
IV. CONCLUSIONES
41. En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del Consejo
de Estado no incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución alegada
en el escrito de tutela, toda vez que la sentencia del 5 de septiembre de 2024
interpretó las normas constitucionales y legales vigentes para el caso en concreto
y, asimismo, respetó las garantías procesales de las partes. Por los motivos
expuestos, la Sala negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Juan David Rozo Lugo en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
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Accionante: Juan David Rozo Lugo
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
ABQ/DACJ/SEJV
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