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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01223-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01223-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por el señor Leandro José Gaitán Rodríguez, por las razones expuestas en la presente sentencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01223-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01223-01
Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01223-01
Demandante LEANDRO JOSÉ GAITÁN RAMÍREZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro del servicio por facultad
discrecional. Miembro Policía Nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Leandro José Gaitán Ramírez contra
la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que dispuso:
«SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de marzo de 20251, el señor Leandro José Gaitán Ramírez interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con ocasión de la sentencia del 22 de marzo de 2024, proferida en segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro.
13001-33-33-013-2019-00203-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se proteja los derechos fundamentales del actor de ACCESO A
ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO.
SEGUNDO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar tener por inexistentes, las
anotaciones en el formulario de seguimiento del demandante, toda vez que no cumplen con
los requisitos de notificación exigidos por el artículo 67 CPACA, y el artículo 24 de la resolución
04089 del 2015, teniendo en cuenta que estas son utilizadas para justificar el supuesto
“mejoramiento del servicio” en el que se motiva el acto administrativo mediante el cual se retira
del servicio activo de la Policía Nacional a mi Poderdante, las cuales se trascriben a
continuación.
TERCERO: Se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar, revocar la sentencia del 22 de
marzo de 2024 y notificada el 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
CUARTO: Sujeto a los mandamientos legales se DECRETE LA NULIDAD y
consecuentemente se deje sin efecto el acto administrativo señalado a continuación y por
ende se excluyan de la vida jurídica: Resolución No. 079 del 08 de abril de 2019, por medio
de la cual se resolvió retirar del servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero
LEANDRO JOSE GAITÁN RAMIREZ, por voluntad de la Dirección General Policía Nacional,
expedida por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.
QUINTO: Que como consecuencia de todo lo anterior, se ordene a la Nación Ministerio
Defensa Nacional- Policía Nacional el correspondiente restablecimiento del derecho del señor

1
Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01223-01
Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

LEANDRO JOSE GAITÁN RAMIREZ, disponiendo su reintegro a la institución Policía Nacional
en su grado de Patrullero y si fuere el caso en uno equivalente o de superior categoría, en las
mismas o mejores condiciones de trabajo, una vez quede ejecutoriada la correspondiente
sentencia.
SEXTO: Que se condene a la Nación Ministerio Defensa Nacional- Policía Nacional al pago
de los salarios, primas, vacaciones, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos
que el demandante dejó de percibir, desde la fecha de su ilegal desvinculación y hasta que se
produzca el reintegro.
SEPTIMO: Para efectos de prestaciones sociales en general, se declarará que no ha existido
solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de mi poderdante, desde cuando
fue desvinculado hasta cuando sea efectivamente reintegrado.
OCTAVO: Que el tiempo, en que el señor LEANDRO JOSE GAITÁN RAMIREZ haya estado
desvinculado, en razón de los actos acusados, sean computados a su tiempo de servicios, de
tal manera que para efectos pensiónales se tenga como no interrumpido su tiempo de servicio
desde que fue desvinculado.
NOVENO: Que en dicho reconocimiento se hagan los reajustes, indexaciones y
actualizaciones correspondientes de conformidad con la ley, de manera tal que no se pierda
la capacidad adquisitiva de las prestaciones por reconocer.
DÉCIMO: Así mismo, que se reconozca y paguen los intereses legales más altos previstos
anualmente sobre dichas sumas de dinero actualizadas y para el mismo período.
DÉCIMO PRIMERO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 192 de la ley 1437/2011 y según jurisprudencia concordante al
respecto.
DÉCIMO SEGUNDO: Que se ordene que el pago de la sentencia se efectúe acorde con el
artículo 195 del citado compendio normativo, de manera tal que en caso de mora se proceda
conforme el numeral 4 del citado artículo.
DÉCIMO TERCERO: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 ibidem y según jurisprudencia relacionada con el tema».

2. Hechos

Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 6 de septiembre de 2004 el señor Leandro José Gaitán Ramírez ingresó
como alumno a la Policía Nacional y posteriormente mediante la resolución
nro. 03048 del 1º de septiembre de 2005, fue dado de alta como Patrullero.

2.2. En acta 002 del 21 de marzo de 2019, la Junta de Evaluación y Clasificación
del Personal de Suboficiales del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Metropolitana de Cartagena, decidieron por unanimidad recomendar al
Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena el retiro del Patrullero
Leandro José Gaitán Ramírez.

En consecuencia, mediante la resolución nro. 079 del 8 de abril de 2019, el
Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena lo retiró del servicio
activo por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.

2.3. Por lo anterior, el señor Gaitán Ramírez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, pretendiendo la nulidad del acto administrativo de
retiro del servicio. A título de restablecimiento del derecho, pidió su reintegro a
la institución, en el grado que se encontraba y el consecuente pago de los
emolumentos dejados de percibir, sin solución de continuidad.

2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Trece Administrativo de
Cartagena (expediente nro. 13001-33-33-013-2019-00203-00) que, en sentencia
dictada en audiencia de alegaciones y juzgamiento llevada a cabo el 15 de
marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

El juzgado señaló que las anotaciones que sirvieron de fundamento a la
recomendación de retiro del demandante quedaron consignadas en el
formulario de seguimiento de los años 2016 y 2017 y, solo hasta el mes de
marzo de 2019 la junta de evaluación recomendó su retiro, lo que evidenciaba
una ausencia de inmediatez.

Precisó que en el historial del policía se evidenciaban algunas anotaciones
negativas por los años 2016 y 2017, y otras eran inexistentes. Agregó que se
dejaban por fuera el análisis de los años 2018 y lo corrido del año 2019 algunas
felicitaciones y otras anotaciones positivas, por lo que extrañó que se realizara
una evaluación integral, lo que no era acorde una decisión de tal naturaleza,
ni con los principios como la estabilidad laboral y la protección al trabajador,
máxime si se tenía en cuenta que al actor le faltaban alrededor de 6 meses
para tener derecho a la asignación de retiro.

2.5. La decisión fue apelada por la Policía Nacional ante el Tribunal Administrativo
de Bolívar que, en sentencia del 22 de marzo de 2024 (notificada por correo
electrónico el 11 de noviembre de 2024) la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

Para el tribunal, de acuerdo con lo expuesto por la junta de evaluación, el
accionante en el ejercicio de sus funciones incumplía los estándares de
eficiencia y eficacia propios del servicio policial; que se había perdido la
confianza en él y que se habían tenido en cuenta los formularios de
seguimiento de las anotaciones realizadas entre los años de 2016, 2017 y
2018, las investigaciones disciplinarias y las quejas e informes presentados en
la oficina de atención al ciudadano. Y que, si bien había anotaciones positivas
que sobrepasaban en número las negativas, la proporcionalidad no era posible
medirla o hacer una relación entre número de anotaciones positivas y número
de anotaciones negativas ya que lo que se exigía era que el retiro hubiera sido
una medida razonable y razonada frente a su motivación.

Anotó también que lo que se exigía era el buen servicio y que las felicitaciones
y anotaciones positivas hacían parte de tal deber, sin que debieran ponderarse
por encima de otros criterios que igualmente debían ser tenidos en cuenta.
Finalmente, sostuvo que el retiro por facultad discrecional estaba regulado en
la ley y era una potestad con la que contaba la institución para proceder al
retiro del personal, previo análisis de la junta.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que al proferir la sentencia del 22 de marzo de 2024 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 13001-33-33-013-
2019-00203-00/01, el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas del proceso en las que se evidencia que mantuvo
un excelente comportamiento durante los últimos años de la prestación de sus
servicios en la Policía Nacional, lo que estaba acreditado.

Indicó que en su caso, la independencia judicial pudo estar comprometida o que en
su defecto, no se hizo siquiera una lectura de la demanda, los alegatos de
conclusión en primera instancia, las pruebas documentales y que, la autoridad
judicial se limitó a copiar y pegar el contenido de otras sentencias emitidas en casos
similares.

Se refirió a la desviación de poder en la que incurrió la entidad al emitir el acto de
retiro y que se hubieran tenido en cuenta las evaluaciones de seguimiento
profesional, que eran instrumentos de medición, desbordando el principio de
gradualidad y proporcionalidad.

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Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de marzo de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la presente acción, ordenó notificar a las partes accionante y
accionada y, dispuso la vinculación como tercero con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, parte demandada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y al Juzgado Trece
Administrativo de Cartagena, autoridad judicial que emitió el fallo de primera
instancia.

4.2. El Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, presentó escrito de
intervención en el que manifestó que la tutela iba dirigida contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y no contra el juzgado, de manera que la actuación
que eventualmente podría emitir el juzgado sería el auto de obedecimiento al
superior si hay lugar conforme lo que se defina en la tutela. Por lo anterior,
pidió ser desvinculado de la presente acción.

4.3. La Policía Nacional, en su calidad de vinculada como tercero con interés,
manifestó que la decisión de retiro del servicio se emitió conforme a la facultad
discrecional en aras del mejoramiento del servicio y aclaró que, el tener
felicitaciones o buen comportamiento no es algo excepcional sino lo esperado
en este tipo de servidores, por lo que tal argumento no podría desvirtuar la
decisión de su retiro de la institución. Encontró que en el caso propuesto no se
estaba ante un perjuicio irremediable que hiciera procedente la intervención
urgente del juez de tutela.
4.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, no se pronunció en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada
En sentencia del 3 de abril de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la presente acción de tutela por considerar que no se
satisface el requisito de relevancia constitucional, porque los fundamentos del
defecto alegado no estaban orientados a demostrar la vulneración de un derecho
fundamental, sino a reabrir el debate que había sido resuelto por el juez natural de
segunda instancia.
Citó los apartes de la sentencia del tribunal que se cuestiona a través de la presente
acción y concluyó que se había resuelto el problema jurídico sin que se advirtiera
vulneración de los derechos fundamentales del actor.

6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión. Reiteró los argumentos propuestos en el
escrito de demanda y agregó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo
por interpretación errónea o irrazonable de la norma al no comprender el alcance
de la expresión mejoramiento del servicio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en declarar improcedente la presente acción por no encontrar acreditado
el requisito de la relevancia constitucional por tratarse de una instancia adicional a
la del medio de control en la que se profirió la decisión que se cuestiona.

De encontrar superado el anterior estudio, teniendo en cuenta los antecedentes del
caso y el escrito de impugnación, la Sala analizará si al proferir la providencia del
22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto
fáctico, en los términos propuestos por el accionante.

En este punto, resulta del caso precisar que en la impugnación la parte actora
introdujo un nuevo argumento consistente en que la autoridad judicial incurrió en
defecto sustantivo por interpretación errónea o irrazonable de la norma al no
comprender el alcance de la expresión mejoramiento del servicio; respecto del que
esta Sala no se puede pronunciar en aras de garantizar el derecho de defensa y
contradicción de la autoridad demandada, pues al no haber sido propuesto en el
escrito inicial, no pudo pronunciarse frente a dicho cargo.

4. Análisis de los requisitos generales de procedencia en el caso concreto

4.1. En relación con el requisito de inmediatez, se advierte que la solicitud de
amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia
objeto de amparo se notificó a través de correo electrónico el 11 de noviembre

3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

5

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de 2024 y la acción de tutela fue radicada el 3 de marzo de 20256. Esta
circunstancia permite concluir que se respetó el parámetro temporal de seis
meses establecido por esta Corporación para la procedencia de la acción7.

Frente al requisito de la subsidiariedad, se encuentra satisfecho en la medida
que contra la sentencia de segunda instancia proferida en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho no proceden recursos ordinarios, y
los argumentos planteados en la acción de tutela no se corresponden con las
causales de procedencia de los recursos extraordinarios de unificación de
jurisprudencia o de revisión.

También se precisa que el asunto no alude a una discusión de orden legal o
económico, sino que recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados
con la estabilidad laboral, el mínimo vital y cumple con el presupuesto de carga
argumentativa, de modo que, si existieran los errores que alega la parte actora,
se estarían vulnerando sus derechos fundamentales.

En este asunto no se discuten irregularidades procesales. Se identificaron los
hechos y derechos vulnerados. Y no se trata de una acción de tutela contra
una sentencia de la misma naturaleza.

4.2. Ahora, en primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 3 de abril de 2025 declaró improcedente la presente
acción de tutela por considerar que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, porque consideró que el actor acudió a la acción de tutela a
modo de instancia adicional, para reabrir el debate que había sido resuelto por
el juez natural.
Por el contrario, para la Sala el requisito de la relevancia constitucional se
encuentra satisfecho si se tiene en cuenta que la decisión que le fue
desfavorable al accionante corresponde a la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que revocó la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia quien apeló fue la entidad demandada, en procura de que fuera
revocado el fallo del juzgado, lo que finalmente aconteció, de ahí que el señor
Leandro José Gaitán Ramírez no tuvo oportunidad de cuestionar los
fundamentos de la decisión de cierre, por tal motivo, no puede concluirse que
se acuda a la acción de tutela para reiterar los argumentos propuestos en el
medio de control, pues su inconformidad se expone al amparo del defecto
fáctico por considerarse indebidamente valorados los medios de prueba del
proceso.

A lo anterior se suma que el asunto recae sobre el restablecimiento de
derechos de naturaleza laboral, se cumple con el presupuesto de carga
argumentativa, los reproches se dirigen contra las razones de la decisión
cuestionada, y no expone argumentos nuevos a los propuestos al juez natural,
de modo que si existieran los errores que alega la parte actora en la valoración
de los medios de prueba del proceso (como lo afirma), se estarían vulnerando
sus derechos fundamentales.

En este orden de ideas, al haberse superado el análisis de los requisitos
generales de procedibilidad, se revocará la decisión impugnada, y se
procederá con el análisis de la causal especial de procedencia alegada.

6
Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
7
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

6

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5. Defecto fáctico y su análisis en el caso concreto

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.

En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es
necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de
ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la
decisión que se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una
amplia facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos
de la sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.

El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia” 8

Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.

5.2. El accionante alega la configuración de un defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas del proceso en las que se evidencia que mantuvo
un excelente comportamiento durante los últimos años de la prestación de sus
servicios en la Policía Nacional, y que daban cuenta que al emitir el acto de
retiro la entidad tuvo en cuenta las evaluaciones de seguimiento profesional,
que eran instrumentos de medición; insistió en sus antecedentes con más
anotaciones positivas y de felicitación que observaciones negativas.

Para resolver el problema jurídico propuesto, resulta del caso referirse a los
argumentos esbozados por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
sentencia del 22 de marzo de 2024.

El Tribunal a partir de los elementos de prueba que obraban en el expediente
y, del análisis de la facultad discrecional con la que cuenta la Policía Nacional
para retirar del servicio a sus servidores, hizo las siguientes consideraciones:
«De acuerdo con lo anterior, se observa que en el presente caso el acto de retiro se
fundamentó en la recomendación que elaboró la Junta de Evaluación y Clasificación para
suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Como se muestra a continuación:
[…]

8
Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.

7

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01223-01
Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

Como se nota, el acto concluye que de acuerdo a lo expuesto por la Junta el patrullero Leandro
José Gaitán Ramírez, en el ejercicio de sus funciones incumple los estándares de eficiencia y
eficacia propios del servicio policial, así como se perdió la confianza en él, acudiendo al acta,
tenemos que se indicó que existían circunstancias que doblegaban la noción del buen servicio
haciendo referencia a los formularios de seguimiento de las anotaciones realizadas al
demandante entre los años de 2016, 2017 y 2018, las investigaciones disciplinarias y las
quejas e informes presentados en la oficina de atención al ciudadano. Con sustento en lo anterior, la junta concluyó que el patrullero no cumplió con los compromisos
concertados, tales como “dar cumplimiento a órdenes impartidas por sus superiores, cooperar en las
investigaciones de delitos y contravenciones, cumplir con la consecuencia de metas de la estrategia
institucional para la convivencia y seguridad ciudadana, […] evitar hechos de indisciplina como la
inasistencia y retardo al servicio policial” , entre otros. En consecuencia, recomendó el retiro del
uniformado, toda vez que, con su conducta ha afectado la confiabilidad, eficiencia y mejora
del servicio.
[…]
La Junta evaluó los formularios de seguimiento de los años 2016, 2017 y 2018, resaltando 4
anotaciones que reportan en el formulario de seguimiento al ex patrullero de 201613 y 201714
y que se, referencian debidamente en la Resolución No. 079 del 8 de abril del 201915 como
se muestra a continuación:
[…]
En los formularios de seguimientos que se realizaron en los años 2016, 2017, 2018 también
obran como lo señaló el a quo, anotaciones positivas que sobrepasan en número las
negativas, sin embargo la proporcionalidad aquí exigida no es posible medirla o hacer una
relación entre número de anotaciones positivas y número de anotaciones negativas, pues, lo
que se exige es que el retiro que se materializa en Resolución No. 079 del 08 de abril de 2019,
haya sido una medida razonable y razonada frente a lo que fue su motivación. De igual forma, como lo ha señalado el Consejo de Estado las felicitaciones, anotaciones
positivas, calificaciones de naturaleza superior obtenidas por el demandante durante su
trayectoria en la institución, no da certeza del buen servicio y mucho menos le otorgan per se
inamovilidad. Aunado al hecho de que la persona realiza las anotaciones, registra anotaciones tanto
negativas como positivas, hacia el actor en lo concerniente a su comportamiento y
desempeño, es la misma persona, lo que descarta cualquier vestigio de parcialidad. Luego entonces, es dable concluir respecto a las anotaciones de 2018 y 2019 a las que refiere
el a quo como muestra de buena conducta, que este no es un hecho que permita desestimar
la existencia de las anotaciones negativas y su influjo en el buen servicio exigido. Al patrullero
como miembro de la fuerza pública se le exigía un buen comportamiento y desenvolvimiento
en el servicio durante toda su vinculación. Y como quiera que, a través de esta medida se busca con el propósito de preservar la imagen
institucional, permite depurar el personal uniformado que no satisface las exigencias
constitucionales del servicio policial (eficiencia y confiabilidad), en cuyo cumplimiento del
deber tiene que ser constante, lo contrario, puede acarrear traumatismos para la misión
institucional. De igual manera, obran en el expediente concertaciones para la gestión de los años 2017 y
2018, a través de los cuales se buscaba direccionar el comportamiento del uniformado, al
cumplimiento estricto de sus funciones, y en garantía del buen servicio. Por otra parte, observa la Sala que el disciplinario adelantado también fue objeto de
consideración por la junta evaluadora sin que resulte relevante la declaratoria de
responsabilidad al ex patrullero, pues, el acto de retiro no responde a una sanción sino a una
decisión discrecional.

Ello también permite concluir que se trata de un análisis completo que
deja ver que la sugerencia de desvinculación responde a criterios de proporcionalidad y
razonabilidad. Con sustento en lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia
y negará las pretensiones de la demanda, en tanto advierte que el acto administrativo de retiro
tuvo un concepto previo como fundamento y las razones o motivos que llevaron a recomendar
y ordenar el retiro no son otros que el mejoramiento del servicio público, y además que el
demandante tuvo la oportunidad de conocer las razones por las que se dispuso su
desvinculación».

Conforme lo anterior, el tribunal se refirió a los motivos que le asistieron a la
Policía Nacional para retirar del servicio al actor, en ejercicio de la facultad
discrecional con la que contaba, la cual se encontraba amparada en la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01223-01
Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

recomendación de la junta de evaluación respectiva y, teniendo en cuenta los
informes que mostraron algunas conductas del servidor que llevaron a
determinar la conveniencia de su retiro del servicio, pese a contar con más
anotaciones positivas que, en todo caso, atendían al deber que le asistía frente
al cumplimiento de sus deberes.

Para la Sala, el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
accionada en la providencia cuestionada, no desconoció las reglas de la sana
crítica, ni de la ponderación de la prueba en cuanto a su pertinencia,
conducencia y utilidad a efectos de verificar la legalidad de la decisión de retiro
del servicio del actor, por facultad discrecional en el caso concreto.

Como puede verse, de las pruebas obrantes en el expediente, de manera
objetiva era posible llegar a la conclusión a la que arribó el juez de la causa,
pues el apoyo probatorio de la decisión de revocar la decisión de primera
instancia fue producto de la valoración y apreciación conjunta de las pruebas
allegadas al proceso.

Para la Sala, la decisión adoptada en el proceso ordinario no fue arbitraria, por
el contrario fue razonable y se sustentó en los medios de prueba aportados
por las partes, los cuales fueron valorados por el tribunal, lo cual va ligado al
deber de motivación suficiente de la decisión que en criterio de esta Sección,
se cumplió.

Cosa distinta es que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el valor
que se le otorgó a las anotaciones negativas y su influjo en el buen servicio
exigido, que dieron lugar a que, justamente la Junta de Evaluación y
Clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la
Policía Metropolitana de Cartagena recomendara el retiro del patrullero Gaitán
Ramírez.

Sobre el punto, se resalta que la autoridad judicial accionada encontró que el
actor registraba anotaciones positivas y negativas; pero consideró que las
anotaciones positivas durante su trayectoria en la institución, por sí solas no
dan certeza del buen servicio ni otorgan inamovilidad, si se tiene en cuenta
que el buen comportamiento y correcto desenvolvimiento en el servicio durante
toda la vinculación es un deber de todo miembro de la institución.

5.3. El estudio de la acción de tutela adquiere especial connotación y se torna más
riguroso frente al defecto fáctico, pues el juicio de valoración probatoria
desplegado por el juez natural de la causa está prevalido de un amplio margen
de discrecionalidad9 propio del sistema de libre valoración, sin que esto
implique que se trate de una discrecionalidad deliberada o a una arbitrariedad
o capricho, de modo que, lo que se evidencia en el presente caso de manera
general es que, se hizo una adecuada valoración de las pruebas conforme con
las reglas de la sana crítica y la exigencia de necesidad de la prueba y
motivación de la decisión.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión de primera instancia
proferida el 3 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera que
declaró improcedente la presente acción, para en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda de tutela por no incurrir en el defecto fáctico alegado.

9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4)

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Demandante: Leandro José Gaitán Ramírez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda de tutela presentada por el señor Leandro José Gaitán Rodríguez,
por las razones expuestas en la presente sentencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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