Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01229-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01229-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01229-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01229-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: ZORAIDA VIVIESCAS SALAZAR
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL
ABOGADO QUE REPRESENTÓ A LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO ORDINARIO
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE. SE
CONFIRMA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor EDUARD
ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN contra la sentencia de 22 de mayo de 2025,
mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró
improcedente la acción de tutela.
1
En adelante la SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01229-01
Actora: ZORAIDA VIVIESCAS SALAZAR
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ZORAIDA VIVIESCAS SALAZAR, en nombre propio, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a los principios de confianza legítima y
buena fe, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER2 y la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C” - DEL
CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido las providencias de 13 de julio de
2023 y de 24 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la acción de
reparación directa identificado con el número único de radicación 2009-00319-
02.
I.2.- Hechos
Refirió que la Fiscalía Tercera Seccional de Bucaramanga recibió el caso del
homicidio culposo de la señora ROSA MARÍA VIVIESCAS SALAZAR
(q.e.p.d.) y se negó a practicar unos testimonios solicitados por la parte civil,
vulnerando el principio de investigación integral.
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En adelante el TRIBUNAL.
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Actora: ZORAIDA VIVIESCAS SALAZAR
Adujo que cuando se vencieron los términos, se cerró la investigación y
precluyó el proceso. Esta decisión fue apelada y la Fiscalía Delegada ante la
Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga, confirmó tal
decisión.
Indicó que presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa,
contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN4 - DIRECCIÓN
SECCIONAL DE FISCALÍAS DE BUCARAMANGA, con el objetivo que se
declarara responsable por los perjuicios causados por cuanto no se realizó una
investigación integral sobre el fallecimiento de su familiar ROSA MARÍA
VIVIESCAS SALAZAR (q.e.p.d.) y, en consecuencia, la condenara al pago de
perjuicios morales y materiales por daño emergente y lucro cesante
ocasionados.
El asunto correspondió al TRIBUNAL con el número único de radicación 2009-
00319-00 que, mediante sentencia de 13 de julio de 2023, negó las
pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, el
cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 24 de
julio de 2024 que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, dispuso
4
En adelante la FISCALÍA.
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declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa con sustento en que no se acreditó que ella se hubiera constituido como
parte civil en la referida investigación penal.
I.3. Fundamentos de la solicitud
Indicó que el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA erraron al sostener que no
había legitimación en la causa por activa debido a que, en la referida
investigación penal, si fue reconocida como víctima.
Manifestó que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en defecto
fáctico al realizar una indebida valoración del material probatorio, al
considerar que “[…] es imposible que la [actora] pudiera constituirse en parte
civil en una investigación penal que fue archivada, y que no llegó a sentencia
del proceso penal […]”.
Señaló que se configuró el defecto procedimental absoluto por cuanto el
TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA se apartaron de las normas del
procedimiento penal y las interpretaron de forma incorrecta, debido a que bien
podían haber revisado que si se constituyó como parte civil y, en caso de que
tal situación no hubiera ocurrido, tener en cuenta que al archivar la
investigación no sería posible presentar una demanda civil.
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Adujo que se evidenció un defecto material o sustantivo por cuanto no se
debía exigir la demanda civil frente a una investigación penal archivada, sobre
todo cuando la parte allí demandada no investigó integralmente los hechos de
la denuncia penal.
Agregó que hubo desconocimiento del precedente relacionado con los
derechos de las víctimas y el principio de investigación integral.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Se tutele el DEBIDO PROCESO y LOS PRINCIPIOS DE
CONFIANZA LEG[Í]TIMA, BUENA FE, ACCESO A LA
ADM[I]NISTRACI[Ó]N DE JUSTICIA, DERECHOS DE LA V[Í]CTIMA EN
LA INVESTIGACIÓN, que señala el artículo 1,11, 29, y 83, 228, de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL de 1991 de COLOMBIA y demás normas
concordantes y aplicables a la presente tutela, y los que se encontraren
demostrados como violados y amenazados en la presente acción de tutela.
SEGUNDO: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCI[Ó]N TERCERA SUBSECCIÓN C, C.E.
NICOLAS YEPES CORRALES, profiera una nueva sentencia de acuerdo a
los parámetros y decisiones del Despacho de Tutela, en el medio de control
de reparación directa, bajo radicado: 68001233100020090031901 (70533),
siendo demandante la Suscrita contra NACI[Ó]N- FISCAL[Í]A GENERAL DE
LA NACI[Ó]N[.]
TERCERO: Se ordene que toda respuesta sea enviada [a] la presente tutela,
con el fin de verificar su cumplimiento y salvaguarda […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que esta acción no configura un asunto
de relevancia constitucional porque no logra satisfacer la carga argumentativa
que justifique su suficiencia. Además, la actora no probó haber sido parte civil
en el proceso penal objeto de la acción de reparación directa, y si bien se
acreditó la constitución de la parte civil no se demostró que esta la integrara,
ni promovió la sustentación de una verdadera trasgresión de índole ius
fundamental.
Resaltó que en el escrito de tutela únicamente se evidencia la mera
insatisfacción de sus intereses y su intención de convertir al juez de tutela en
juez natural de la causa y en tercera instancia, para reevaluar la controversia
objeto de la litis presentada ante el contencioso administrativo en acción de
reparación directa.
Agregó que la providencia de segunda instancia no adolece de defecto alguno,
toda vez que la decisión estuvo acorde con la evidencia probatoria y los hechos
presentados en la demanda.
I.5.2.- El TRIBUNAL, parte demandada en el presente asunto, pese a ser
notificado del presente trámite, guardó silencio.
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I.6.- Interviniente
I.6.1.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las
resultas del proceso, solicitó que se considere la falta de legitimación en la
causa por pasiva e indicó que de ella no se predica una presunta vulneración
de derechos fundamentales.
Asimismo, señaló que la parte actora no agotó todos los mecanismos judiciales
idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, pues no hizo uso
del recurso extraordinario de revisión. Además, no se evidencia vulneración de
derechos fundamentales, sino que se está utilizando la acción de tutela como
mecanismo para reabrir un debate legal definido, terminado y ejecutoriado.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 22 de mayo de 2025, denegó
la solicitud de desvinculación presentada por la FISCALÍA y declaró
improcedente la acción de tutela al considerar que no superó el requisito de la
relevancia constitucional con sustento en que la actora no expuso la carga de
vulneración frente a sus derechos fundamentales.
Precisó que, al mencionar los defectos sustantivo y procedimental
absoluto, la accionante aseguró que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el
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artículo 106 de la Ley 906 de 2004, no obstante, esto corresponde a una
discusión eminentemente legal, ya zanjada por el juez natural sin advertir
ninguna arbitrariedad o yerro por el órgano de cierre en la materia.
Respecto al defecto fáctico señaló que la accionante se limitó a alegar que
no se tuvo en cuenta que ella radicó un poder en el trámite penal, sin precisar
de forma clara qué incidencia tenía esta posible omisión en la decisión
finalmente adoptada, sobre todo cuando aceptó no haberse constituido como
parte civil antes de que el proceso penal se archivara.
Sobre el desconocimiento del precedente, adujo que la parte actora no
cumplió con la carga argumentativa suficiente para proceder al estudio de
fondo del cargo.
Destacó que tampoco se cumplió con la exigencia de una carga argumentativa
mayor en la explicación de los motivos por los que se consideran vulnerados
los derechos fundamentales cuando se trata de acciones de tutela
presentadas contra providencias de una alta corte.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor EDUARD ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN impugnó la decisión proferida
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por la SECCIÓN QUINTA, en los siguientes términos:
“[...] [E]n mi calidad de agente oficioso de la acción de la tutela de la referencia,
respetuosamente manifiesto que interpongo recurso de apelación contra
la sentencia de tutela de la referencia [...]”.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida
en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º
del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80
de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
Caso concreto
En el presente caso, la actora promueve la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia los cuales, a su juicio, estima vulnerados por el
TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA, con ocasión de las sentencias
proferidas el 13 de julio de 2023 y de 24 de julio de 2024, respectivamente,
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dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de
radicación 2009-00319-02.
Debido a ello, la SECCIÓN QUINTA profirió sentencia de primera instancia en
la que declaró improcedente la acción de tutela por cuanto la accionante no
expuso la carga de vulneración requerida para superar el requisito de
relevancia constitucional.
Inconforme con esa decisión, el señor EDUARD ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN
presentó impugnación en representación de la actora, sin allegar el poder que
lo facultara como su apoderado y si bien indicó hacerlo como su agente
oficioso, no acreditó tal situación ni la imposibilidad de la señora VIVIESCAS
SALAZAR para presentarlo directamente.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si al abogado
EDUARD ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN le asiste legitimación en la causa por
activa para impugnar la sentencia y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales incoados en la demanda por la señora VIVIESCAS SALAZAR.
De la legitimación en la causa por activa
Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que el artículo 86 de
la Constitución Política establece que toda persona podrá ejercer la acción de
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tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección
inmediata de sus derechos fundamentales y, asimismo, el artículo 10° del
Decreto 2591 de 19915, establece lo siguiente:
“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud
[…]”.
De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción de tutela
puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o mediante
apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa, caso en el cual se
debe manifestar expresamente tal circunstancia, además de demostrar las
razones por las cuales el agenciado no está en capacidad de ejercer su propia
defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona6.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales la Sala destaca que, en
principio, quienes verían afectados sus derechos con ocasión a la presunta
valoración indebida del material probatorio y el incumplimiento de las funciones
de la FISCALÍA por no finalizar el proceso penal con sentencia, dentro de la
acción de reparación directa identificada con el número único de radicación
2009-00319-02, sería la allí demandante, esto es, la señora ZORAIDA
VIVIESCAS SALAZAR.
Por lo tanto, el hecho de que el señor EDUARD ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN
haya sido el apoderado judicial de la demandante dentro del mencionado
proceso de reparación directa, no lo habilita para que la titularidad de los
derechos en cabeza de esta le sean transferidos y pueda presentar una acción
de tutela y/o recursos dentro de esta, buscando el amparo frente a su
representada7. Adicionalmente, no consta en el expediente prueba alguna que
haya obrado como agente oficioso de aquella8.
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2016,
expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María Elizabeth García González,
sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito exigido en el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la facultad de la actora para actuar en representación del
señor Elkin Yohany Rincón Muñeton, por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y
tampoco allegó el poder que la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los
derechos fundamentales de aquél. […] Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido
ser instaurada por la actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos cuya protección reclama,
lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona afectada en sus derechos y por ende, no
es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en su nombre -con la debida acreditación -la protección del
mismo […]” (Resaltado fuera de texto).
8
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, indicó
que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona debía cumplir unos requisitos,
los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y
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Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia T-697 de 22 de agosto de 20069, en la que se manifestó sobre la
imposibilidad que tiene el apoderado judicial para alegar en vía de tutela como
propios los derechos de su representado. En dicha oportunidad señaló:
“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa de los
apoderados judiciales, esta Corporación ha considerado que el
abogado que representa judicialmente a otro, carece en principio de
legitimación por activa, cuando en nombre propio pretende defender
mediante tutela los derechos fundamentales de su poderdante, o cuando
acude al proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción.
En la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que implica que el
interés que defiende es el de su cliente y no el suyo propio, bajo las reglas
del ejercicio de la profesión de abogado y atendiendo los supuestos de ley.
(Sentencia T-314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo
caso, no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos; sólo el
poder especial correspondiente, lo habilita para interponer tutela a
favor de su representado y afirmar válidamente tal identidad.
la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente
oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que
opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso.
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indicó
que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.
[…]
Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto obstaculizado el
ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y solicitudes puestos a su alcance.
Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera establecer que en esta oportunidad se hallaba
imposibilitado para acudir directamente ante el juez constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte
respecto de la demanda de tutela interpuesta por su compañera permanente.
En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa no convergen en
el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de la acción de tutela por ausencia
de una de las exigencias legales establecidas para ello, como es la legitimación por activa […]” (Resaltado
fuera de texto).
9
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la Corte
Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de 15 de agosto de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
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Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por vía de
tutela como propios los derechos del representado, la sentencia T-658
de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó lo siguiente:
‘(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al primer
interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria
puede alegar un interés directo para incoar en su propio nombre la
acción de tutela, cuando los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados corresponden al titular de la causa ordinaria que representa
judicialmente?
Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener en cuenta que
la Corte en Sentencia T-674 de 1997, expresamente determinó que: ‘...no
puede alegarse vulneración de los propios derechos con base en los
de otro...’, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo que: ‘...la
calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular
del derecho...’.
A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos razones:
(i) El interés en la defensa de los derechos fundamentales, como se
dijo, radica en su titular y no en terceros y, por otra parte, (ii) la relación
de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe ser
directa y no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
al sostener que ‘...no es válido alegar, como motivo de la solicitud de
protección judicial, la causa de la causa, o el encadenamiento infinito entre
causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello, se desquiciaría la acción
de tutela y desbordaría sus linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación
de los derechos [fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar
la propia tutela’ […]”. (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, es claro que el señor EDUARD ALEXÁNDER DÍAZ LEÓN,
quien impugnó en el presente asunto, carece de legitimación en la causa
por activa para formular la mencionada solicitud de amparo “[…] en [su]
calidad de agente oficioso de la acción de la tutela de la referencia […]” contra
las autoridades judiciales accionadas, sin haber aportado documento alguno
que así lo determine.
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En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la impugnación
presentada por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la
causa por activa del impugnante.
Sin perjuicio de lo anterior, comoquiera que no resulta procedente efectuar un
estudio del fondo del asunto debido a que el impugnante no cuenta con la
calidad de parte o interviniente, no se encuentran los elementos necesarios
para revisar si la providencia objeto de controversia en el caso sub examine
está ajustada a derecho y, en consecuencia, la Sala confirmará la decisión del
a quo, pero por las razones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del impugnante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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