Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01244-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01244-00
Accionante: Segundo León Muñoz Benavides
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela. Derechos a la educación, libre desarrollo de la
personalidad, conectividad, ambiente sano, paz, deporte y
dignidad humana de los menores de la vereda el Triunfo del
municipio de San Vicente del Caguán. DECLARA
IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Segundo León Muñoz
Benavides, quien dice actuar en nombre y representación del menor Andrés Felipe
Díaz, en contra de la Presidencia de la República, el consejero Comisionado de Paz,
el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Caquetá, la Secretaría de
Educación del Caquetá y el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo
con las FARC EP.
ANTECEDENTES
El accionante pretende la protección de los derechos fundamentales a la educación,
al libre desarrollo de la personalidad, a la «ciencia, a la interconectividad, a la paz
con justicia social y ambiente», al deporte y a la dignidad humana, los cuales
considera vulnerados por las entidades antes señaladas.
HECHOS
Manifiesta que pertenece al municipio de San Vicente de Caguán- Caquetá, vereda
el Triunfo y que la Alcaldía les otorgó la personería jurídica núm. 0016 de 1985.
Que el municipio no cuenta con los maestros suficientes ni las aulas de clases
cumplen con los requisitos mínimos para la educación de los menores; que los niños
están al borde de la desnutrición y no tienen ayuda alimentaria, ni servicios de salud;
que la institución educativa no tiene instalaciones deportivas, interconectividad ni
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biblioteca para investigar.
Afirma que se han realizado mesas de negociación con el gobierno Nacional para
realizar cambios estructurales en la economía, la sociedad, la cultura, la educación,
la salud y otros y han concertado sobre el asunto.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados y se ordene a las accionadas en
un plazo perentorio 1) proteger «los derechos conexos del actor» y también los de
«los menores de la vereda de (sic) Triunfo»; 2) seguir adelante con el cumplimiento
de los acuerdos hechos entre el Gobierno nacional y la mesa de paz.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 14 de marzo de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación a
las entidades accionadas; se negó la medida provisional solicitada y se requirió al
actor para que informara la calidad en la que actúa en relación con el menor Andrés
Felipe Díaz y aportara el registro civil de éste y/o la documentación pertinente.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
La Presidencia de la República solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, bajo el entendido que el encargado de gestionar los recursos
y las políticas necesarias para mejorar las condiciones educativas, de salud e
infraestructura en la Vereda el Triunfo es la Secretaría de Educación del municipio
de San Vicente del Caguán.
La Oficina del consejero Comisionado para la Paz indicó que el Gobierno
Nacional y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las FARC-EP (EMBF)
desarrollan diálogos sociales con las comunidades en la elaboración de la Maqueta
de Paz del Yari, Caquetá, en Catatumbo y Norte de Antioquia donde se tratan temas
de «[t]ierras, [a]mbiente, [d]esarrollo productivo y social, superación de la violencia
en el territorio, educación, salud, vivienda y vías».
Adicionalmente, pidió ser desvinculado de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque solo tiene competencia para el
desarrollo de procesos de paz, tal y como lo establece la Ley 2272 de 2022 y no
para tratar los derechos reclamados.
El Ministerio de Educación Nacional precisó que no está dentro de sus funciones
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones; sin embargo, cuenta con la
estrategia de conectividad escolar que busca beneficiar el sector educativo,
fortaleciendo el acceso a herramientas tecnológicas que potencien los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
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Expuso que la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá cuenta con
recursos asignados por el Sistema General de Participaciones «SGP-96-2025» por
el orden de $906.168.990 para el componente de conectividad en establecimientos
educativos oficiales, proyecto que se encuentra en proceso de estructuración, por
lo cual una vez se envíe al Ministerio, este validará el tema y emitirá el concepto
técnico correspondiente.
Mencionó los decretos que se han expedido en relación con la planta del personal
docente, directivo docente y administrativo y los proyectos de infraestructura
educativa preescolar, básica y media que están en ejecución y en formulación en el
Caquetá.
La Secretaría de Educación del Caquetá señaló que el municipio de San Vicente
del Caguán debe ser vinculado a la acción de tutela, pues tiene el deber de aportar
recursos de calidad para la infraestructura escolar de las instituciones.
Afirmó que la Secretaría ha adelantado todas las gestiones necesarias para
garantizar el acceso a la educación; en la institución educativa sede el Triunfo
reciben clases «47 estudiantes», información que se puede corroborar en el SIMAT;
de igual forma, adujo que a la fecha no ha recibido solicitud alguna para la
ampliación de cupos en la institución.
Pidió que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto no aparece en el
expediente prueba de la vulneración o amenaza de los derechos alegados.
Se notificó en debida forma a la Gobernación del Caquetá y al jefe de la
delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con las FARC EP de la acción
de tutela; sin embargo, éstos guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
A efectos de decidir la presente acción de tutela se abordarán los siguientes temas:
I) generalidades de la acción de tutela; II) procedibilidad excepcional de la acción
de tutela para la protección de derechos colectivos y III) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Procedibilidad excepcional de la acción de tutela para la protección de
derechos colectivos
La Corte Constitucional en la Sentencia SU 1116 de 20011 estableció que es
procedente la acción de tutela, de forma excepcional, para proteger los derechos
colectivos, siempre y cuando el juez constitucional encuentre acreditado lo
siguiente:
«(…) (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal
suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea
"consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o
realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de
tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben
aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente,
la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en sí mismo
considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente,
un derecho de esta naturaleza». (negrilla fuera de texto original)
Frente al análisis específico del requisito de conexidad la Corte consideró que se
debe exigir el cumplimiento de las siguientes condiciones:
«(…) (i) la perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima
facie, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o
vulneración a un derecho fundamental –lo que no debe confundirse con
el requisito de la prueba de la real amenaza o violación del derecho
fundamental–; y (iii) la existencia de un nexo entre las dos afectaciones
que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa y
no mediada por otros factores externos. El análisis del cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad formal se hace a título preliminar. Por
consiguiente, cuando se analiza el fondo de la situación, sus
conclusiones pueden ser desvirtuadas o confirmadas. (…)»
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional en cita, ha de examinarse el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela cuando se plantea la vulneración
de derechos colectivos, para verificar que realmente se encuentren involucrados
derechos fundamentales y que la afectación de estos se derive de la vulneración
de aquellos de manera directa; pues solo por la protección de los derechos
fundamentales va a ser procedente el examen de la afectación y eventual
protección de los derechos colectivos.
1 Reiterada en sentencia T- 250 de 2023
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Caso concreto
El señor Segundo León Muñoz Benavides, quien dice actuar en nombre y
representación del menor Andrés Felipe Díaz, promovió acción de tutela para que
se le amparen a éste y a todos los menores de la vereda el Triunfo del municipio de
San Vicente del Caguán del Caquetá, los derechos fundamentales a la educación,
al libre desarrollo de la personalidad, a la «ciencia, a la interconectividad, a la paz
con justicia social y ambiente», al deporte y a la dignidad humana, los cuales estima
violados por las entidades accionadas.
El actor no aportó documento alguno para acreditar la calidad en la que actúa en
relación con el menor Andrés Felipe Díaz ni la existencia de éste; pese a que se le
requirió desde el auto admisorio y fue notificado en debida forma a los correos
electrónicos2 aportados en la solicitud de tutela.
Indica que hay aproximadamente 100 niños en la vereda a los que se les vulneran
derechos fundamentales, sin embargo, no aportó elementos que acrediten alguna
de las situaciones narradas relacionadas con los derechos fundamentales de los
menores, tales como, la deficiencia alimentaria, el riesgo de desnutrición o alguna
situación concreta de salud que padezca el menor Andrés Felipe Díaz o algún otro;
de manera tal que posibilite un estudio sobre los derechos fundamentales
invocados.
Es importante aclarar que, tratándose de los derechos de los menores, cualquier
persona está legitimada para agenciarlos en acción de tutela, así lo ha establecido
la jurisprudencia constitucional:
«…aunque la informalidad que caracteriza a la acción de tutela no se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de
procedibilidad, entre los cuales está la legitimación por activa3, ello
también permite consideraciones especiales, como que cualquier
persona se encuentre legitimada “para interponer acción de tutela en
nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal
conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del
niño”4, lo que además está expresamente instituido en el inciso 1° del
artículo 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de
20065.»6
No obstante, debe establecerse con claridad que se actúa en favor del menor o de
los menores, identificándolos y acreditando la situación de urgencia en la que se
encuentran respecto de sus derechos fundamentales.
2 Jaimearevalo79@gmail.com y que_viva_la_paz@protonmail.com
3 Cfr. T-658 de agosto 15 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
4 Cfr. T-408 de septiembre 12 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
5 “Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o
procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.”
Constátese también lo determinado en el inciso 2° del artículo 44 superior.
6 Corte Constitucional, sentencia T-705/13, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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En este caso, el señor Muñoz se refirió de manera general a los menores de la
vereda el Triunfo sin individualizar a los afectados ni aportar elementos de
convicción, desconociendo que los derechos fundamentales son de naturaleza
individual y subjetiva, por lo cual, la protección no puede darse en abstracto.
En cuanto a las situaciones relacionadas con el derecho a la educación, téngase en
cuenta que éste tiene las facetas de derecho colectivo e individual y que, como
individual es fundamental tratándose de menores de edad. En este caso, por la
manera general como se plantea, sin establecer hechos concretos que indiquen la
vulneración del derecho de manera particular a alguno de los menores ni aportar
más datos acerca de las condiciones en que funciona la institución educativa, que
según afirma, no cuenta con las instalaciones aptas para la prestación del servicio,
debemos entender que lo reclamado es el derecho colectivo de la educación para
los niños de la vereda El Triunfo.
La misma situación es predicable del derecho a la paz con justicia social que se
invoca en la demanda, pues para que sea procedente su protección mediante la
acción de tutela, se requiere su concretización en uno o varios individuos
determinados, lo cual no se cumple en este caso. Así lo tiene establecido la
jurisprudencia.7
«... el hecho de que todos los derechos constitucionales sean
fundamentales no implica que sean susceptibles de amparo mediante la
acción de tutela. En especial cuando se tratan de derechos que en
principio son colectivos, como es el caso de la paz, los cuales necesitan
“la definición de derechos subjetivos que traduzcan prestaciones
concretas a favor de las personas que alegan su vulneración”8.
Así pues, la doble configuración de la paz como derecho (colectivo y
fundamental) supone que no toda vulneración o amenaza merezca el
amparo de tutela sino únicamente en aquellos casos en que sea
vulnerado su contenido prestacional definido, pues de lo contrario nos
encontraríamos en uno de dos escenarios: (i) que no exista ninguna
vulneración, caso en el cual el actor carecería de legitimación en la
causa puesto que no es titular de ningún derecho subjetivo que merezca
el amparo constitucional; o (ii) la vulneración corresponde a su
dimensión como derecho colectivo, caso en el cual la acción de tutela
resultaría improcedente pues el actor no cumpliría el principio de
subsidiariedad en cuanto que eventualmente podría ejercer la acción
popular como mecanismo de defensa»
Es claro entonces que no resulta procedente la acción de tutela para la protección
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Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P,: Guillermo Vargas Ayala.
Radicación número: 25000-23-42-000-2014-02077-01(AC)
8 Sentencia T-585 de 2008.
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de derechos colectivos, excepto cuando esta surge de la protección de los derechos
fundamentales. Tampoco es procedente en este caso, cuando el actor no determinó
cuáles son los menores de la vereda el Triunfo que presuntamente se les amenaza
los derechos fundamentales, como consecuencia del desconocimiento de los
derechos invocados y tampoco aportó elementos que le permitan al juez
constitucional entrar a analizar el asunto.
Por el contrario, se advierte que el accionante pretende a través de la acción de
tutela que se protejan derechos colectivos y no individuales, para lo cual cuenta con
el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos establecido en
el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, acorde con el artículo 88 de la Constitución
Política y la Ley 472 de 1998; de manera que no se encuentra satisfecho el requisito
de subsidiariedad. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
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