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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01252-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01252-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 11 de abril de 2025, proferida por la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01 Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01252-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y Otro

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos fundamentales invocados: i) Debido proceso; ii) igualdad; iii) acceso a
la administración de justicia; iv) ambiente sano; v) vivienda digna; y vi) trabajo

Derecho fundamental amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala decide la impugnación presentada por el municipio y la Personería de San
Luis de Palenque, contra la sentencia de tutela de 11 de abril de 2025, proferida
por la Sección Tercera -Subsección B - del Consejo de Estado, por medio de la
cual se denegó la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la sala; y iii) resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El municipio1 y la Personería2 de San Luis de Palenque, presentaron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, porque, a su juicio, al proferir el

1
A través de apoderado.
2
Por intermedio del personero.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

auto de 6 de febrero de 2025, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad identificado con el número único de radicación 85001-3333-004-
2024-00133-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que el señor Iván Yesid Aranguren Betancourt en ejercicio del medio
de control de nulidad, promovió demanda contra el municipio y el consejo de San
Luis de Palenque, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo núm. 003
de 29 de enero de 2010, “[…] Por el cual se adopta la revisión general y ajustes al
esquema de ordenamiento territorial del municipio de San Luis de Palenque,
Casanare, adoptado mediante el acuerdo No. 017 de 2000 […]” y del Acuerdo núm.
007 de 31 de agosto de 2017, “[…] Por medio del cual se ajusta de forma
excepcional el esquema de ordenamiento territorial, con la modificación de uso de
suelo recreacional por residencial para desarrollar vivienda de interés prioritaria
[…]”.

4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, mediante providencia de
9 de octubre de 2024, resolvió negar la medida cautelar solicitada.

5. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia de 6 de febrero de
2025, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el proveído proferido el 9 de octubre de 2024 por parte
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, y en su lugar se
DECRETA la medida cautelar de suspensión provisional de los Acuerdos Núm. 003
y 007 de 29 de enero de 2010 y 31 de agosto de 2017, respectivamente, expedidos
por el Concejo Municipal de San Luis de Palenque- Casanare, atendiendo las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

6. El Tribunal Administrativo de Casanare consideró que:

“[…] Pese a lo anterior, y contrario a lo señalado por el A quo, observa esta
Corporación que en los actos demandados y en las pruebas aportadas al expediente,
no existe certificación alguna que dé cuenta que para la expedición de los Acuerdos

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

núms. 003 del 29 de enero de 2010 y 007 del 30 de agosto de 2017, se convocó y
se realizó cabildo abierto, por lo que es evidente la transgresión del artículo 2º de la
Ley 507 de 1999, norma vigente para la época de expedición de los actos
cuestionados, relacionados con la adopción y modificación del plan de ordenamiento
territorial del Municipio de San Luis de Palenque.

En este orden, y como quiera que en tratándose del medio de control de nulidad
simple, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional
solamente es necesario demostrar la confrontación de los actos demandados con
las normas superiores invocadas, en este caso el artículo de la Ley 507 de 1999, se
revocará la decisión del proveído de fecha 9 de octubre de 2024, proferido por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, y en su lugar se accederá a la medida
cautelar de suspensión provisional de los Acuerdos Núm. 003 y 007 de 29 de enero
de 2010 y 31 de agosto de 2017, respectivamente, expedidos por el Concejo
Municipal de San Luis de Palenque- Casanare […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La parte actora solicitó en su escrito de tutela3:

“[…] “PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL TRABAJO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, CONEXOS A LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL, LOS
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA Y DE
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, toda vez que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DECASANARE, en auto del 06 de febrero de 2025 incurrió en un
Defecto Factico, Defecto material o sustantivo, defecto procedimental, decisión
sin motivación, Violación directa de la Constitución, debido a que el funcionario
al tomar la decisión de suspender el EOT, no valoró la afectación o daño irremediable
a derechos fundamentales para el caso en concreto. La medida cautelar carece
totalmente de acervo probatorio dentro del proceso, y no tiene en cuenta el impacto
negativo que esta decisión tendría en los ciudadanos y su interés general, la
estabilidad jurídica, en la planeación del municipio y su desarrollo; En tal sentido la
medida cautelar de suspensión no es conducente, ni adecuada al generar un perjuicio
mayor al que pretende evitar, al darle más prevalencia a un defecto procesal que a
los derechos e intereses generales de los administrados y dejar al municipio sin una
regla que rija y regule su desarrollo urbano y rural como lo es el EOT, afectando no
solo el trámite procesal sino a toda la comunidad Sanluiseña.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS el auto de fecha 06 de febrero de 2025,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso
de nulidad simple.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que, en
el término de esta providencia, profiera un nuevo auto dentro de proceso de nulidad
simple, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia
que versa sobre la presente Litis […]”.

3 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

Actuación

8. El despacho de la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado,
mediante auto de 25 de marzo de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare y al titular del
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal; y iii) vinculó como tercero con interés
legítimo al señor Iván Yesid Aranguren Betancourt y al presidente del Concejo del
municipio de San Luis de Palenque, concediéndole el término de dos (2) días para
que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de las demandadas y del tercero con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló que en la providencia cuestionada
no se incurrió en ninguna de las causales específicas de procedibilidad contra
providencias judiciales y aún menos en el defecto sustantivo o decisión sin
motivación toda vez que si fue motivada y justamente en el tema de la “[…] prelación
del interés general, en confrontación del acto con las normas superiores […]”.

10. Finalmente solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional.

11. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal manifestó que la parte
actora concentra su atención en atacar la decisión en cuanto a ser o no la correcta;
mas no a la vulneración de derechos fundamentales como tal que permita verificar
el requisito de relevancia constitucional, por lo que solicita “[…] negar las
pretensiones de la acción constitucional invocada, por improcedente desde la
interpretación constitucional […]”.

12. El señor Iván Yesid Aranguren Betancourt y el presidente del Concejo del
municipio de San Luis de Palenque, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 11 de abril de 2025, resolvió lo siguiente:

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

“[…] Deniégase la acción de tutela presentada por la parte actora de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

14. Para el efecto, consideró que:

“[…] Si bien el demandante alega que 1) no se probó el perjuicio que se pretendía
evitar con el decreto de la medida cautelar y 2) aunque el incumplimiento del
requisito de celebrar el cabildo abierto era una causal de “revisión” de los actos
demandados debió optarse por una medida menos gravosa que la suspensión
provisional, lo cierto es que la autoridad judicial demandada expuso suficientemente
las razones por las cuales la demostración del perjuicio no era un elemento
necesario para el decreto de la medida cautelar en el proceso de nulidad simple y
expuso las razones por las cuales la suspensión provisional era procedente.

La parte demandante insiste en que el tribunal debió adoptar medidas menos
gravosas que la suspensión de los efectos de los actos administrativo, como, por
ejemplo, un “mecanismo de revisión o corrección del procedimiento”; sin embargo,
la ley en los procesos de simple nulidad no contempla este tipo de medidas.

Así entonces, la Sala considera que la autoridad judicial demandada motivó
suficientemente el auto del 6 de febrero de 2025, en ejercicio de su facultad
interpretativa como juez natural de la causa. No es posible que por la vía de tutela
el demandante pretenda que se imponga un criterio diferente al de dicho juez por el
simple hecho de estar inconforme, puesto que la acción de tutela no fue instituida
como una herramienta para perseguir que se modifique la interpretación realizada
por aquel simplemente por encontrarse en desacuerdo, como si se tratara de una
instancia adicional al proceso ordinario, especialmente cuando el demandante no se
pronunció en el término de traslado sobre la solicitud de medida cautelar en el
proceso ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
configuración de una decisión sin motivación en la providencia atacada, razón por
la cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela […]”.

La impugnación

15. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Tercera -
Subsección B- del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresaron lo
siguiente4:

“[…] El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, profirió Sentencia de Primera Instancia
de Tutela el 11 de abril de 2025, en la cual decidió denegar la acción de tutela, por
presuntamente el accionante pretender que por vía de tutela se imponga un criterio
diferente al de dicho juez por el simple hecho de estar inconforme y por considera
que la autoridad judicial demandada motivó suficientemente el auto del 6 de febrero
de 2025, al medio de control de nulidad simple, para que proceda la medida
cautelar de suspensión provisional solamente es necesario demostrar la
confrontación de los actos demandados con las normas superiores cuya violación
se alega.

4 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

[…] De manera principal nótese que de la sentencia objeto de impugnación se
identifica un deficiente estudio, análisis, valoración y desarrollo de los defectos o
yerros judiciales que se advirtieron contenía la providencia judicial objeto de tutela
y de los fundamentos facticos y jurídicos que se incoaron a esta, y a pesar de que
esta fue admitida el 25 de marzo del 2025 y solo fue resuelta hasta el 2 mayo de
2025, es decir 23 días aproximadamente después, casi el doble del término legal
dispuesto por la ley, pues a pesar de que en samai se indique que el documento
es del 11 de abril del 2025, lo cierto es que la firma del magistrado ponente no
aparece hasta el 2 de mayo de 2025 y no es hasta el 5 de mayo que la notifican la
providencia vía correo electrónico como se puede evidenciar en SAMAI, esperando
así la parte accionante, en atención al tiempo que se tomaron, un estudio más
adecuado y profundo de lo incoado.

Pero contrario a lo que se esperaba, nótese que la sentencia en cuestión decide
estudiar los defectos alegados de manera conjunta por supuestamente todos estar
dirigidos a exponer el mismo reproche “la supuesta falta de motivación del auto
cuestionado para decretar la suspensión provisional de los acuerdos no. 003 del
29 de enero de 2010 y 007 del 31 de agosto de 2017 ante la inexistencia de un
perjuicio irremediable que justificara el decreto de la medida cautelar”, lo cual no
es cierto, dejando así sin valoración, estudio, análisis y desarrollo, el Defecto
procedimental absoluto y la Violación Directa de la Constitución, ausentes
totalmente en su decisión objeto de la ahora impugnación.

Toda vez que procedimentalmente el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, le está entregando una interpretación errónea a los requisitos que
deben cumplir las medidas cautelares con su procedencia situación que no estudio
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B en la decisión objeto
de impugnación, pues si bien el Articulo 231 de CPACA indica que es un Requisito
que el Acto Administrativo confronte o viole normas superiores, no significa que por
cumplir el requisito ya sea procedente su decreto, por el contrario el artículo 229
del CPACA si consagra y dispone la procedencia de las medidas cautelares,
indicando que en caso de ser procedente, es obligatorio que el Juez o Magistrado
motive dicha providencia estableciendo en esta porque es necesaria para proteger
y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,
situación que como se podrá verificar no desarrollo, ni motivo EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en el auto de fecha 06 de febrero del 2025
objeto de la presente Tutela, incurriendo así en un Defecto procedimental absoluto,
al juez actuar completamente al margen del procedimiento establecido para la
procedencia de la Medidas Cautelares.

[…]

Para nuestro sentir, la adopción de la medida cautelar fue totalmente
desproporcionada. El CPACA dispone que para decretar una medida cautelar se
debe ponderar la gravedad del perjuicio alegado, de modo que sea “más gravoso
para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. Esa exigencia de
proporcionalidad y protección del interés general fue ignorada en el caso: no se
demostró un peligro de daño irreparable inminente que justifique suspender de
plano los actos administrativos demandados. Por el contrario, la suspensión
impuesta introdujo cambios sustantivos en la organización administrativa municipal
sin resolver de fondo la litis, lo cual contraviene el principio de estabilidad de las
actuaciones administrativas legítimas y el principio de legalidad de las mismas.

En consecuencia, la medida cautelar carece de motivación suficiente y viola los
límites propios de las tutelas cautelares en sede contenciosa. La Corte
Constitucional ha señalado que la medida cautelar debe otorgarse sólo en los
casos en que el accionante demuestre sumariamente la existencia de su derecho

7

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Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

y que sería más lesivo para el interés general negar la medida que concederla.
Aquí, el TRIBUNAL ADMINISTRTIVO DE CASANERE no realizó el juicio
comparativo requerido, ni exploró soluciones menos gravosas.

En este entendido el accionante no busca que por vía de tutela se imponga un
criterio diferente al dicho por el juez por el simple hecho de estar inconforme, al no
tratase de inconformismos, si no a una violación de derechos fundamentales
adquiridos por 15 años, y que a pesar de que en efecto el acto administrativo
demandado también vulnero derechos al no realizar el cabildo abierto, la
suspensión volvería a vulnerar esos derechos adquiridos por los administrados, se
reitera durante 15 años, por tal motivo es necesario un estudio de fondo, incluso
una valoración constitucional para tomar la decisión de suspender un EOT, no
solamente un motivación argumentada a un apego estricto a las reglas
procesales, en el entendido que TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
“desplazó el amparo de los derechos de la accionante(y sus administrados) para
dar aplicación a una norma procedimental, lo que hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales” (Sentencia T-398/17), situación que no
estudio EL CONSEJO DE ESTADO […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la sala

16. Esta sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 137 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

Problema jurídico

18. Corresponde a la sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
ambiente sano; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la vivienda digna; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al trabajo; ix) análisis del caso concreto; y x) conclusiones
de la sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

21. Esta sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del proceso de nulidad con
radicado número 85001-3333-004-2024-00133-01; en primer lugar, debe verificar la
presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde
examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos
especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12
que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

10

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Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada sentencia de unificación de 5 de agosto de
201414, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01252-01
Actores: municipio de San Luis de Palenque y Otro

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado22:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada

22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Ibidem.

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pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la parte actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

30. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 202225 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

25
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

31. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

15

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32. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

33. De conformidad al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
que establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

34. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las

26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

35. De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
que establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso
28

a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

37. De conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

28 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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38. La Corte Constitucional29 ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, “[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera
generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto
universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la vivienda digna

39. El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda […]”.

40. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho a la vivienda digna ha dicho
lo siguiente30:

“[…] . La jurisprudencia ha definido este derecho constitucional, de manera general,
como aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de
vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con las condiciones suficientes para que
quienes habiten en ella puedan realizar de manera digna su proyecto de vida31.

Respecto al derecho a la vivienda digna, en sus inicios la Corte consideró que este
no era un derecho fundamental susceptible de ser amparado a través de la acción
de tutela, atendiendo a su indeterminación, como quiera que para su efectivo
cumplimiento se requeriría de un desarrollo legal y la implementación de ciertas
políticas, lo que hacía de él un derecho de contenido asistencial.

[…]

En este sentido por ejemplo, en la Sentencia T-585 de 200832, la Corte indicó que la
vivienda digna debe considerarse como un derecho fundamental debido a su

29 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
30 Corte Constitucional, sentencia T-526 de 27 de septiembre de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31 Ver sentencias T-958 de 2001, T-791 de 2004, T-894 de 2005, T-079 de 2008, T-573 de 2010, T-437 de 2012,

T-717 de 2012 y T-019 de 2014, entre muchas otras.
32 En esta providencia la Corte estudió la acción de tutela instaurada por 66 personas víctimas del

desplazamiento que se vieron forzados a ubicarse en zonas marginales de Bucaramanga, Girón y Floridablanca,
en asentamientos en áreas subnormales, algunos en terrenos inestables. Señalaron que residían en ranchos
construidos con materiales desechables y sin servicios públicos; que las condiciones de habitación eran
precarias y los niveles de hacinamiento y contaminación muy altos; que eran obligados a convivir con roedores
y rodeados de aguas residuales; y que allí continuaban expuestos a las acciones de los grupos armados que
amenazaban sus vidas. Indicaron que Fonvivienda les otorgó subsidios para la adquisición de vivienda nueva
o usada, los cuales debían hacer efectivos antes del 30 de junio de 2005. Sin embargo, no pudieron hacer

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estrecha y evidente relación con la dignidad humana, por lo que “no es necesario
desplegar un ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir que entre las
necesidades básicas que deben ser satisfechas para permitir a un individuo
desarrollar en condiciones dignas su proyecto de vida, se encuentra aquella
relacionada con proveerle -por medios que no necesariamente implican la inversión
pública- un lugar de habitación adecuado […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

41. El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente33:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

efectivos los referidos subsidios porque no contaban con recursos suficientes para cubrir el excedente necesario
para la adquisición de una vivienda nueva o usada; y en los municipios demandados la vivienda de interés social
era escasa y en su gran mayoría se encontraba edificada en zonas declaradas de alto riesgo. La Corte recordó
que el derecho a una vivienda digna comprende la sostenibilidad de los gastos de la vivienda; es decir, que los
costos de tenencia de la misma no impliquen un sacrificio del mínimo vital de sus habitantes. Con sustento en
esa y otras consideraciones ordenó al otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que a los
demandantes que aún no habían adquirido una vivienda en uso del subsidio nacional les concediera una
prórroga de seis meses para aplicarlo; y a los municipios accionados, en coordinación con el Departamento
Administrativo de Acción Social, prestar asesoría a los demandantes sobre las opciones de acceso a créditos
en condiciones favorables.
33 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Análisis del caso concreto

43. El municipio y la Personería de San Luis de Palenque presentaron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, porque, a su juicio, al proferir el
auto de 6 de febrero de 2025, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad identificado con el número único de radicación 85001-3333-004-
2024-00133-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

44. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.

45. La sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en el escrito de impugnación.

Acervo y análisis probatorios

46.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

46.1. Copia del auto de segunda instancia proferido por Tribunal Administrativo de
Casanare el 6 de febrero de 2025.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

47. Para la sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La parte actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente34:

34 Transcripción literal del texto.

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“[…] Defecto fáctico.

La procedencia de la suspensión del EOT en cuestión como medida cautelar no
solamente debe demostrar la confrontación de los actos demandados con normas
superiores, ni el fin de la jurisdicción es solamente la preservación del orden jurídico
tal como lo argumenta e. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, la
procedencia y finalidad de una medida cautelar también depende y es prevenir un
perjuicio irremediable o la afectación a derechos fundamentales, por ello para su
procedencia el perjuicio o afectación debe encontrarse debidamente probada,
situación que para el caso concreto no lo está, razón por la cual la medida cautelar
sería ineficaz y por el contrario no estaría previniendo un perjuicio si no ocasionando
uno mayor al que pretende evitar, pues por donde se analice genera múltiples
afectaciones, la situación de dejar a una entidad territorial sin una regla que regule
el desarrollo urbano y rural del municipio como lo es el Esquema de Ordenamiento
Territorial u obligarlo a regirse por uno promulgado hace más de 25 años […]”.

“[…] Defecto sustantivo

La suspensión de un EOT debe estar justificada por causas legales claras. Si la
providencia que suspende el EOT no expone de manera precisa y suficiente los
fundamentos legales o fácticos que justifican la suspensión u irregularidades en el
procedimiento de aprobación del EOT o situaciones de emergencia que lo
justifiquen, este adolece de un defecto sustancial, cualquier suspensión debe estar
motivada por razones objetivas.

De acuerdo con el artículo 230 de la Constitución, los jueces deben motivar sus
decisiones. En este caso, la providencia que decretó la suspensión del EOT no está
suficientemente motivada en cuanto a las razones jurídicas y fácticas que justifican
la suspensión provisional.
El Tribunal no explicó de manera adecuada por qué el argumento de la falta de
convocatoria al cabildo abierto es tan relevante como para justificar la suspensión
provisional de los acuerdos 003 y 007, en lugar de proceder con otras medidas
menos drásticas (como una corrección o modificación sin suspensión total).

A su vez se refleja la inexistencia de Urgencia o Causales Justificadas para la
Suspensión […]”.

“[…] Defecto procedimental

En concordancia con lo expuesto, la Ley 507 de 1999, en su artículo 2°, establece
que la convocatoria y realización de un Cabildo Abierto es obligatoria para la
adopción, revisión y modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial. La falta
de cumplimiento de esta exigencia puede ser una causal válida para revisar los
actos, pero no necesariamente para suspenderlos de manera inmediata y sin una
adecuada valoración del contexto y de las posibles soluciones alternativas (como la
modificación del EOT sin suspensión de su ejecución), toda vez que exactamente el
proceso de NULIDAD SIMPLE es para eso, lo que se busca es que mediante un
fallo o sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo, por lo que no se
puede adelantar y tener prácticamente por ilegal dicho acto administrativo.
Aunque la Ley 507 de 1999 exige la convocatoria de cabildos abiertos, esto no
justifica automáticamente la suspensión inmediata de los acuerdos del EOT sin
explorar otras alternativas. La medida de suspensión debe ser proporcional y debe
garantizar el equilibrio entre el derecho a la participación y los efectos negativos que
una suspensión pueda causar a la comunidad.

En el ámbito del derecho administrativo, las medidas cautelares deben ser
proporcionales al daño que se busca evitar. La suspensión total de los acuerdos 003
y 007 es una medida desproporcionada, pues no se ha demostrado un daño

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inminente y grave que justifique tal suspensión. La adopción de una medida menos
gravosa, como la corrección de las irregularidades procesales (sin suspender todo
el EOT), es una alternativa más adecuada.

Finalmente, la medida de suspensión provisional no es la única vía para restablecer
el orden jurídico. En lugar de suspender el EOT de manera general, podría haberse
planteado un mecanismo de revisión o corrección del procedimiento sin causar el
perjuicio que implica la suspensión de los acuerdos de 2010 y 2017 […]”.

“[…] Decisión sin motivación

La suspensión provisional en el contexto de una medida de control de nulidad
simple, como lo establece el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), solo procede si
existe una apariencia de buen derecho y un perjuicio inminente. Sin embargo, en
este caso, no hay una justificación urgente o un daño irreversible que amerite la
suspensión de los acuerdos sin una revisión más profunda de fondo del asunto.

La apariencia de buen derecho (el que el acto administrativo confronta normas
superiores) no está suficientemente probada ni justificada, y que el perjuicio
inminente no es claro ni evidente. Por lo tanto, la suspensión provisional es una
medida desproporcionada frente a los hechos alegados […]”.

“[…] Violación directa de la constitución

La decisión tomada por el Tribunal vulnera o pone en peligro varios derechos
fundamentales derivados de la falta de un EOT actualizado tales como:
Artículos 1, 2, 13,29 46,48, de La Constitución Política, en armonía con los artículos
25,26,27.28,29, y 30 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990.
El Debido proceso (no se prueba la existencia de un perjuicio irremediable o
afectación a derechos fundamentales dentro de proceso que hagan procedente la
medida cautelar de suspensión)

Derecho al Trabajo de los administrados (El EOT, establece proyectos de
infraestructura, desarrollo de proyectos, uso de suelos y demás el no contar con
regulación frente a estos ítems impide su desarrollo y los posibles empleos que estos
generan).

Derecho a la Seguridad Jurídica: La suspensión de EOT, si o si va generar
incertidumbre de todo lo regulado por el EOT.

Derecho a la vivienda digna (si el EOT no regula adecuadamente el uso del suelo
y la planeación urbana).

Derecho a un ambiente sano (si el ET no promueve un desarrollo territorial
sostenible) […]”.

48. La parte actora de igual manera, en su escrito de impugnación expresó lo
siguiente:

“[…] El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, profirió Sentencia de
Primera Instancia de Tutela el 11 de abril de 2025, en la cual decidió denegar la
acción de tutela, por presuntamente el accionante pretender que por vía de tutela
se imponga un criterio diferente al de dicho juez por el simple hecho de estar
inconforme y por considera que la autoridad judicial demandada motivó

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suficientemente el auto del 6 de febrero de 2025, al medio de control de nulidad
simple, para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional solamente
es necesario demostrar la confrontación de los actos demandados con las normas
superiores cuya violación se alega.

[…] De manera principal nótese que de la sentencia objeto de impugnación se
identifica un deficiente estudio, análisis, valoración y desarrollo de los defectos o
yerros judiciales que se advirtieron contenía la providencia judicial objeto de tutela
y de los fundamentos facticos y jurídicos que se incoaron a esta, y a pesar de que
esta fue admitida el 25 de marzo del 2025 y solo fue resuelta hasta el 2 mayo de
2025, es decir 23 días aproximadamente después, casi el doble del término legal
dispuesto por la ley, pues a pesar de que en samai se indique que el documento
es del 11 de abril del 2025, lo cierto es que la firma del magistrado ponente no
aparece hasta el 2 de mayo de 2025 y no es hasta el 5 de mayo que la notifican la
providencia vía correo electrónico como se puede evidenciar en SAMAI, esperando
así la parte accionante, en atención al tiempo que se tomaron, un estudio más
adecuado y profundo de lo incoado.

Pero contrario a lo que se esperaba, nótese que la sentencia en cuestión decide
estudiar los defectos alegados de manera conjunta por supuestamente todos estar
dirigidos a exponer el mismo reproche “la supuesta falta de motivación del auto
cuestionado para decretar la suspensión provisional de los acuerdos no. 003 del
29 de enero de 2010 y 007 del 31 de agosto de 2017 ante la inexistencia de un
perjuicio irremediable que justificara el decreto de la medida cautelar”, lo cual no
es cierto, dejando así sin valoración, estudio, análisis y desarrollo, el Defecto
procedimental absoluto y la Violación Directa de la Constitución, ausentes
totalmente en su decisión objeto de la ahora impugnación […]”.

49. Para la sala el asunto controvertido por la parte actora ya fue objeto de estudio
por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades judiciales accionadas
incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales.

50. Además de lo anterior, para la sala, la parte actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tienen su origen en últimas en un
debate estrictamente legal, probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro
del proceso de nulidad simple y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

51. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU-215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de
un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de

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un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo tribunal
de lo constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

52. La sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez natural.

53. Para la sala, la controversia planteada por la parte actora es de naturaleza
puramente legal, probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y
goce del derecho fundamental indicado supra.

54. En ese orden de ideas, la sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada, es decir,
los actores acuden al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico
del juez natural y reabrir un debate legal y económico en el marco del proceso de
nulidad, el cual escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien
es cierto que la parte actora alega la vulneración de los derechos fundamentales
indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional no se determina con su
mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y razonable de una
presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub
examine.

55. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales indicados supra,
enunciado por la parte actora, no se evidencia en el caso sub examine, toda vez
que el proceso de nulidad simple se adelantó ante el juez competente, en respeto
de las formas propias del proceso. Además, no concurre una situación de amenaza

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o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional,
no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.

56. En ese orden de ideas, para la sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

57. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien la
parte actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicado supra,
esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal, probatorio
y económico.

Conclusiones de la sala

58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia la Sala modificará la sentencia de tutela de 11 de abril de 2025,
proferida por la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 11 de abril de 2025, proferida por la
Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591
de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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