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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01254-00

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01254-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la sucesión procesal solicita en nombre de la menor Margui Vanesa, respecto del proceso ejecutivo cuestionado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Reconocer la calidad de tercera con interés de la menor Margui Vanesa quien actúa a través de su madre y representante legal, Vanessa Orobio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ecopetrol S.A. en la solicitud de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01254-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Error en
liquidación de porcentaje de retención en la fuente frente a pago
de condena judicial / Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por la sociedad Ecopetrol S.A. en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en
los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Ecopetrol S.A. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 2 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el expediente ejecutivo identificado
con el radicado 520013333009201900034 (12274).

1
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente :

2.1. El Tribunal Administrativo de Nariño, con sentencia de segunda instancia del 15
de febrero de 2017 modificó la decisión proferida el 1.º de marzo de 2016 por el
Juzgado Noveno Administrativo de Pasto, en el proceso de reparación directa con
radicado 2011-00132, en el sentido de ordenar a Ecopetrol a pagar al demandante la
suma de $725.319.394 por concepto de perjuicios morales, daño a la salud y lucro
cesante.

2.2. El 10 de julio de 2017, Ecopetrol pagó la suma de $ 610.220.945 a través de
consignación efectuada en el Banco AV Villas, sin embargo, la parte ejecutante

1
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

consideró que no era el valor correcto, al generarse $ 62.421.690 a título de intereses
entre la fecha de la ejecutoria de la sentencia y el pago parcial de la obligación (6 de
abril de 2017 a 10 de julio de 2017).

2.3. En ese punto, Ecopetrol al 10 de julio de 2017, adeuda un saldo de capital de
$177.520.169, de interés causados entre el 11 de julio y la fecha de la presentación
de la demanda, un monto de $ 79.596.050, para un total a ejecutar de $257.116.226,
más los intereses que llegaren a causarse hasta el pago de la obligación. Suma a la
que hay que restarle $ 9.360.669 que la entidad abonó a los intereses de mora en el
mes de noviembre del año 2017.

2.4. William Vega Bermeo presentó demanda ejecutiva contra Ecopetrol S.A., con el fin
de que se librara mandamiento ejecutivo por valor de $177’520.176, por concepto de
capital no pagado y la suma de $70’235.381 por concepto de intereses moratorios
derivados del incumplimiento en el pago de las providencias citadas.

2.5. El Juzgado Noveno Administrativo de Pasto, con auto del 20 de octubre de 2021
resolvió:

«[…] ORDENAR seguir adelante con la ejecución, respecto a las diferencias de los valores
que debió pagar y los pagados por ECOPETROL al demandante señor WILLIAM VEGA
BERMEO a través de su apoderado judicial, por concepto de lucro cesante correspondiente
a $94.956.222 y de intereses correspondiente a $1.521.109, para un total de $96.477.331
que ECOPETROL deberá pagar al ejecutante. Además, se deberá tener en cuenta que el
pago efectuado no corresponde al total de la obligación, pues debido a una aplicación de
un porcentaje diferente al que correspondía en la retención en la fuente, se dejó de cancelar
la suma de $94.956.222 por concepto de lucro cesante, por lo que deberán calcularse los
intereses generados por ese valor hasta el pago total de la obligación. […]». (sic)

2.6. Las partes interpusieron recurso de apelación contra el anterior pronunciamiento,
el ejecutante para cuestionar la condena en costas, y el ejecutado con el argumento
de haber pagado la totalidad de la obligación.

2.7. El Tribunal Administrativo de Nariño, con auto del 2 de julio de 2024 confirmó el
pronunciamiento del a quo al considerar que el fundamento normativo aplicado por la
administración para justificar el descuento por retención en la fuente, no se ajusta a
los parámetros que la jurisprudencia ha decantado al respecto, y revocó lo pertinente
a la condena en costas de la parte vencida.

2.8. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, en tanto, «[…] la
decisión del Tribunal Administrativo de Nariño resulta contraria a la normativa tributaria
aplicable y a la jurisprudencia establecida en la materia, lo que genera una situación de
inseguridad jurídica y potencial vulneración de los derechos de ECOPETROL S.A, así como
también inducir a mi defendida al error en prácticas tributarias. Por lo tanto, es imperativo
reconocer que la retención en la fuente del 20% sobre el valor total de la condena establecida
y a favor del señor William Vega es la aplicación correcta del Estatuto Tributario, y que
ECOPETROL S.A. cumplió con su obligación tributaria al realizar dicha retención y acreditarla
ante la DIAN. […]». (sic)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Solicitamos se conceda el amparo del Derecho Fundamental al Debido Proceso y
seguridad jurídica de Ecopetrol S.A., vulnerado amplia y claramente, por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en emisión de sentencia del 2 de julio del 2024 en razón a los
defectos mencionados que adolece.

2. En razón de lo anterior, se declare sin efecto jurídico la sentencia del 2 de julio del
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño en proceso ejecutivo a continuación
con radicado 2019-00034-01, y, en consecuencia, se ordene al Tribunal proferir un nuevo
fallo de segunda instancia revocando la sentencia de primera instancia y ordenando al
Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Pasto, a devolver la suma de $271.279.296
canceladas por ECOPETROL S.A. en la cuenta adscrita del despacho en el Banco Agrario
cuyo número es 520012045009, por concepto de lo condenado en sentencia del 12 de julio
del 2024 y discriminados así:

• Valor por concepto de lucro cesante: La suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE
($94.956.222).

• Valor por concepto de saldo de intereses moratorios causados en cumplimiento de
sentencia de medio de control de reparación directa con radicado 2011-00132: La suma de
UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NUEVE
PESOS MCTE ($1.521.109).

• Valor por concepto de intereses moratorios por no pago de saldo de lucro cesante desde
el 10 de julio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2024: La suma de CIENTO SETENTA
Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS MCTE ($174.801.965). […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

2
4. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó negar el recurso de amparo, en la
medida en que no es procedente para cuestionar las decisiones judiciales que se
emitieron en el proceso ordinario, además de precisar que, en segunda instancia, se
limitó a estudiar los argumentos expuestos por la entidad ejecutada en el recurso de
apelación presentado, relacionados con el pago total de la condena sin mayor
argumento.

3
5. Vanessa Orobio , en calidad de madre y representante legal de la menor Margui
Vanesa Vega Orobio, hija de Willian Vega Bermeo, ejecutante en el proceso con
radicado 520013333009201900034 (12274), quien fue vinculado como tercero
interesado al trámite de tutela, solicitó que se decrete su sucesión procesal, toda vez
que a la fecha desconocía de aquel, y de quien «es dable inferir,[que] tiene las facultades
que la acredita como heredera y sesionaría dentro del proceso en mención, en las
proporciones legales que la ley estable».

2
Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3
Ver índice 17 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – de la petición de sucesión
procesal; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del
problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia.

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Nariño.

2.2. Cuestión previa – sucesión procesal

9. La figura de la sucesión procesal se encuentra reglamentada en el artículo 68 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del Decreto 306 de 1992,
que preceptúa:

ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el
correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona
jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer
para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos
respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como
litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la
parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.

10. En este mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-553 de
2012, aclaró que la figura de sucesión procesal se encuentra dirigida a posibilitar la
modificación de las partes dentro de un proceso judicial, sin implicar una alteración en
los demás elementos de aquel; esto es, el sucesor asume el proceso en el estado en
que se encontraba su antecesor respecto de sus derechos, cargas y obligaciones.

11. Así pues, se tiene que Willian Vega Bermeo fue vinculado al presente asunto como
tercero con interés, al ser el ejecutante en el proceso ejecutivo cuestionado, sin
embargo, la madre de la menor Margui Vanesa Vega Orobio, hija de aquel, solicitó la
sucesión procesal en razón a su fallecimiento el 29 de junio de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

12. En este orden de ideas, se observa que el juez de tutela carece de competencia
para decidir acerca de la sucesión procesal solicitada respecto del proceso ejecutivo
cuestionado, lo cual le corresponde al juez natural del asunto; diferente es, el interés
que le asiste en la solicitud de tutela bajo trámite, razón por la que se le reconocerá
tal calidad.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado 4 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 5 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]». (sic)

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

6
15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones
de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

7
16. Ahora bien, la Corte Constitucionalha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

8
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos , el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales 9.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

19. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos
fundamentales de Ecopetrol S.A. con ocasión de la providencia proferida del 2 de julio
de 2024, a través de la cual confirmó la decisión librar mandamiento de pago y
continuar con la ejecución en el proceso ejecutivo adelantado en su contra, en tanto
incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto 10. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces goz an de autonomía e

8
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta 11, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además,
la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por
la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales12.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

24. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para 24. promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que,
por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde
un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido
en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo
del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado
en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones
jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

11
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
12
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no
existe un precedente claro que lo vincule.

27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Sobre el caso concreto

28. Ecopetrol S.A. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia proferida el 2
de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto concluyó que el
fundamento normativo aplicado por la administración para justificar el descuento por
retención en la fuente, no se ajusta a los parámetros que la jurisprudencia ha
decantado en relación con la aplicabilidad de la norma citada.

29. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente, en la medida en que resulta contraria a
la normativa tributaria aplicable y a la jurisprudencia establecida en la materia, en el
sentido de que la retención en la fuente del 20% sobre el valor total de la condena
establecida a favor de William Vega es la aplicación correcta del Estatuto Tributario,
lo cual acató Ecopetrol S.A.

30. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado
520013333009201900034 (12274) y el pronunciamiento cuestionado, es posible
avizorar una motivación suficiente y coherente que justifica el sentido de esta.

31. De tal manera, se recuerda la motivación expuesta por el tribunal demandado
respecto al porcentaje de la retención en la fuente del 20% que realizó Ecopetrol S.A,
sobre la condena reconocida en favor de William Vega, así:

«[…] Bajo este contexto, para la Sala, es necesario recordar que lo sustentado en la
providencia recurrida, se centra en establecer que el porcentaje descontado como efecto
de la retención en la fuente por el impuesto de renta, en el caso de la condena impuesta,
se aplicó con un porcentaje que no correspondía a las sumas objeto de pago.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

Aquello, por cuanto, en concepto de la juzgadora de instancia, “(…) el Concepto 071901
de noviembre 6 de 2003, al que se remite el oficio No. 2038 del 20 de noviembre de 2018,
con Radicado 100065743 del 05/10/2018 (…)” establece que “(…) las indemnizaciones
provenientes de demandas contra el Estado recibidas por nacionales colombianos, aunque
no están sujetas a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta a las tarifas
del 35% ni del 20%, sí lo están bajo el concepto de otros ingresos tributarios y con la tarifa
propia de este concepto de pago que actualmente es del 3.5% del pago o abono en cuenta
(…)”, es decir, determinando, claramente, que lo aplicado por la entidad correspondió a
una aplicación e interpretación incorrecta del artículo 401-2 del Estatuto Tributario.

[…]

Ahora, inconforme con lo explicado por la juzgadora de instancia, en su recurso, el señor
apoderado de la entidad ejecutada se limitó a reiterar que Ecopetrol pagó la totalidad de la
obligación en cuanto al capital y los intereses causados, pues la empresa estaba obligada
a actuar como agente auto - retenedor de la retención en la fuente para “captar un impuesto
de renta anticipado”. Así, adujo que la empresa se sustentó en los conceptos emitidos por
la DIAN (citados en la contestación de la demanda), en los cuales se explica la forma de
calcular la citada retención en la fuente, así como en el artículo 401-2 del Estatuto
Tributario.

Sin más, simplemente reiteró, de forma extremadamente sucinta, lo argumentado en la
contestación de la demanda y sus alegaciones finales, sin explicar el alcance de sus dichos
ni justificar el por qué consideraba que la interpretación consignada en la sentencia de
primera instancia, no era la adecuada.

A la luz de este contexto, considera la Sala que los argumentos de la recurrente respecto
del contenido de la sentencia de primer grado carecen de una justificación jurídico fáctica
que permita circunscribir la competencia en esta instancia.

Es indudable que lo que se consignó en el recurso no contiene argumentos válidos jurídico
fácticos que permitirían un análisis de esta naturaleza en esta instancia, puesto que en el
escrito de apelación se limitó el apoderado a reiterar que la empresa descontó
adecuadamente la retención en la fuente. Es decir, sin tener en cuenta, como lo hizo la
señora juzgadora de instancia, las normas del Estatuto Tributario y la doctrina de la DIAN
aplicable al caso.

En otras palabras, la demandante, hoy recurrente, se limitó a reproducir los argumentos de
la demanda, sin detenerse en aquellos que se usaron en la emisión de la sentencia de
primera instancia, con lo cual desconoció la razón central de la decisión.

Por todo lo anterior, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de lo que
se presenta como los argumentos del recurso que se interpuso. […]». (sic)

32. Como se observa, la ausencia de motivación por parte de Ecopetrol S.A. en su
recurso de apelación evitó que el tribunal demandado se pronunciara de forma
concreta respecto de la inconformidad que pudiera tener acerca del porcentaje
aplicado al momento de resolver lo pertinente a la retención de la fuente sobre la
condena judicial a ejecutar.

33. Sin embargo, resolvió pronunciarse al respecto, en los siguientes términos:

«[…] Al margen de lo expuesto, y en gracia de discusión, no puede perderse de vista que
el citado artículo 401-2 del Estatuto Tributario (fundamento de los argumentos del
recurrente) determina, con claridad, que están sometidos a retención en la fuente los pagos
o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las salariales, las

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

percibidas por los nacionales como resultados de demandas contra el Estado y las
previstas en los artículos 45 y 223 del citado Estatuto. Es decir, que la norma en cuestión
exceptúa expresamente de la tarifa de 20% las indemnizaciones percibidas por los
residentes en el país como resultado de demandas contra el Estado.

Entonces, para la Sala, es claro que el fundamento normativo aplicado por la
administración para justificar el descuento por retención en la fuente, no se ajusta a los
parámetros que la jurisprudencia ha decantado en relación con la aplicabilidad de la norma
citada.

En el caso en particular, como el beneficiario de la condena (indemnización) resultó siendo
un nacional, a su caso solo era procedente la aplicación del artículo 401 del Estatuto
Tributario, que establece:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio
de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de
la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios,
comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos
fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el
Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la
renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención
en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo,
percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%.
En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de
adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial,
compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas
de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o
en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra
material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes
retenciones (…)”.

Es decir, en el porcentaje detallado por la juzgadora de instancia tanto en el mandamiento
de pago como en la providencia recurrida.

Bajo este contexto, no resultarían admisibles los argumentos del recurrente, pues, se
reitera, la entidad aplicó un porcentaje de deducción por retención en la fuente con un
fundamento legal diferente al que se debe aplicar al caso del demandante, hoy ejecutante,
y disminuyo de manera injustificada el mondo de la indemnización que debía la entidad
ejecutada, es decir, incurrió en una omisión respecto de acatar íntegramente la condena,
por lo cual, no es posible entender que la entidad pagara totalmente la obligación. […]».
(sic)

34. Así las cosas, la corporación judicial demandada realizó un estudio del asunto con
fundamento en las pruebas aportadas y la normativa aplicables. De tal manera, en
cuanto a los defectos alegados, se observa que hizo una valoración integral del
material probatorio allegado, para concluir que Ecopetrol S.A. aplicó un porcentaje de
deducción por retención en la fuente con un fundamento legal diferente al que se debía
aplicar al caso del ejecutante, lo cual disminuyó el monto de la indemnización a pagar,
por lo que no le fue procedente decretar el pago total de la obligación.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

35. Al respecto, se recuerda que en la decisión acusada se dio aplicación a lo
dispuesto en el artículo 401 del Estatuto Tributario, normativa respecto de lo cual,
la Corte Constitucional en la sentencia C-913 de 2003, sostuvo:

«[…] Como puede apreciarse, la norma acusada tiene por objeto establecer el porcentaje
de retención en la fuente para los pagos a abono en cuenta por concepto de
indemnizaciones diferentes a i) las indemnizaciones salariales; ii) las percibidas por los
nacionales como resultado de demandas contra el Estado y iii) las contempladas en los
artículos 45 y 223 del E.T.

Para la DIAN la razón de tal exclusión obedece a que cada una de estas hipótesis tiene su
propia regulación, pues las indemnizaciones salariales se rigen por lo dispuesto en el
artículo 401-3 del Estatuto Tributario10 y las indemnizaciones que perciben los nacionales
como resultado de demandas contra el Estado se regulan por lo dispuesto en el artículo
401 del E.T. Por su parte, el artículo 45 del E.T.11 alude a las indemnizaciones por seguro
de daño y el artículo 223 ibidem12 a las indemnizaciones por seguro de vida.

Salvo estos casos exceptuados, los pagos o abonos en cuenta por concepto de
indemnizaciones están sometidos a retención en la fuente del impuesto de renta, así: i) si
los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta por concepto de indemnización son
extranjeros no residentes en el país se aplica una tarifa del 35%; y, ii) si los beneficiarios
del pago son extranjeros residentes en el país, se aplica una tarifa del 20%. En ambos
casos, sin importar si la indemnización proviene del Estado o de los particulares.

Además, se infiere de la norma que también están sometidos a retención en la fuente a
una tarifa del 20% los pagos o abonos en cuenta que perciben los nacionales colombianos
residentes en el país por concepto de indemnizaciones diferentes a los casos excluidos
expresamente por la norma acusada […]».

36. De acuerdo con lo anterior, no se configuraron las causales específicas de
procedencia de la solicitud de tutela endilgadas, y el hecho de que las conclusiones
del juzgador no fueran favorables a los intereses de la sociedad demandante, no
conlleva la vulneración de los derechos fundamentales cuya tutela reclamó.

37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

38. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Ecopetrol S.A. en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01254-00
Demandante: Ecopetrol S.A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la sucesión procesal solicita en nombre de la menor Margui Vanesa,
respecto del proceso ejecutivo cuestionado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Reconocer la calidad de tercera con interés de la menor Margui Vanesa
quien actúa a través de su madre y representante legal, Vanessa Orobio, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ecopetrol S.A. en la
solicitud de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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