Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01256-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de junio de 2025
Demandantes: Dagoberto Enrique Giraldo Donado y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-01256-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01256-00
Demandantes: DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO DONADO Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la
acción
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito enviado vía electrónica el 26 de febrero de 2025, el señor
Adil José Meléndez Márquez, como agente oficioso de varias personas1,
presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la “verdad,
justicia, y reparación integral”, y por la indebida aplicación de los principios de
interpretación conforme.
El señor Meléndez Márquez pretende que a través de esta acción de tutela
1
El señor Aristóbulo Manuel Tapias Pimiento y otros.
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Demandantes: Dagoberto Enrique Giraldo Donado y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otro
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se deje sin efectos la providencia del 3 de febrero de 2023 2, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió reponer el auto admisorio
de la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo y, como
consecuencia, la rechazó por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control3. Este proceso se identificó con el radicado
23001-23-33-000-2020-00011-00/014.
Para tal efecto, solicitó la intervención de Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa Nacional, Policía, Armada y Ejército Nacional, el
departamento de Sucre, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
De igual manera, señaló como intervinientes a la “CVS Corporación de los
Valles del Sinú y San Jorge, a la Unidad de Víctimas, a Prosperidad Social, al
Departamento de Córdoba y a la Agencia para la Defensa Jurídica del
Estado”.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
a. Tutelar los derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, a la Verdad, Justicia, y
Reparación Integral, medidas de restitución y satisfacción de los
accionantes ARISTOBULO MANUEL TAPIA PIMIENTA … los cuales
han sido vulnerados por las entidades accionadas, al desconocer el
precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el
Honorables Consejo de Estado, La Corte Interamericana en materia de
graves violaciones a los derechos humanos, incumplir con los tratados
Internacionales, e incurrir un vía de hecho absteniéndose de tramitar el
Medio de Control Acción de Grupo radicado Bajo el Numero
2300123330020200001100.
b. Dejar sin efecto la providencia de fecha 3 de febrero de 2023 mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, resuelve recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda (19 de febrero de
2021), que ordena reponer el auto admisorio de la demanda y en
2
La parte actora solo incluyó en el acápite de pretensiones a la mencionada providencia.
3
El recurso de apelación formulado contra esta decisión fue rechazado por extemporáneo
por el superior mediante auto de ponente del 29 de septiembre de 2023, con ponencia del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez integrante del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
4
Promovido en contra de la Nación, Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y Armada Nacional, el Departamento de Córdoba y la Corporación
Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS.
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Demandantes: Dagoberto Enrique Giraldo Donado y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otro
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consecuencia rechazarla por caducidad del medio de control de Acción
de Grupo, por los hechos de desplazamiento Forzado, radicado bajo el
número 2300123330020200001100, cuya demanda inicial fue
presentada en el año 2020.
c. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al Tribunal
Administrativo, de Córdoba, Sala Quinta de decisión, que continue con
el trámite del medio de control Grupo.
d. Exhortar a las entidades demandas para que, en futuros proceso, hagan
el estudio pormenorizado de los hechos y pruebas de la demanda, la
reforma.
ii. Bajo la Gravedad de juramento manifiesto que no he presentado ninguna
otra acción por los mismos hechos, derechos y vulneraciones ante
autoridad judicial o administrativa.
iii. En el curso del trámite de la Tutela los demandantes EN EL MEDIO DE
CONTROL ACCION DE GRUPO harán su intervención las victimas que
dieron lugar al medio de control.5 (Subrayado fuera del texto original)
1.3. Hechos
La parte accionante señaló que el señor Aristóbulo Manuel Tapias Pimienta,
junto con más de 20 personas, el 22 de enero de 2020 presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo, contra la Nación - Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y Armada Nacional, el departamento de Córdoba
y la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y de San Jorge,
con el fin de que se les declarara responsables por el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas, como consecuencia de las actuaciones
desplegadas por grupos al margen de la ley y por el director (de la época) de
la mencionada corporación autónoma.
Sostuvo que la demanda se identificó con el radicado 23001-23-33-000-
2020-00011-00 y que, en ella, se indicó que fueron trabajadores de la
Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge (CVS),
entidad en la que prestaron sus servicios en diferentes cargos, hasta que fue
ocupada o estuvo bajo el control de las extintas Autodefensas Unidas de
Colombia, organización criminal liderada por Salvatore Mancuso Gómez. Por
tanto, en dicha oportunidad se alegó que los perjuicios “…fueron causados al
grupo en una sola línea de tiempo a decir, años 2001 a 2005 (sic), sobre una
población claramente definida e identificada, (servidores públicos y
trabajadores oficiales), y por unos actores determinados, pretendiendo un
5
Transcrito del texto original.
3
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objetivo…”.
Agregó que en dicha demanda se manifestó que las entidades demandadas
de “manera activa u omisiva permitieron la comisión de hechos victimizantes
violatorios de los Derechos Humanos de la población grupal demandante,
imputables a agentes paramilitares que de manera ‘ASOCIATIVA’ actuaron
con el concurso de agentes Estatales en el periodo comprendido entre los
años 2000 a 2005 (sic).”
Refirió que en dicho escrito también se señaló que las acciones violentas
causaron en los demandantes un fundado temor de perder sus vidas, así que
se vieron obligados a renunciar a sus cargos y abandonar sus viviendas y
sitios habituales de trabajo, por lo que se destacó que pese a que las
entidades demandadas tenían el deber de proteger a la población civil en su
vida, bienes y honra, omitieron el cumplimiento de dichos postulados
“…concretándose sobre los accionantes la lesión a un derecho o bien jurídico
o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar y que
en [su] caso se concreta en la lesión de un interés jurídico protegido (derecho
al trabajo, derecho a tener un domicilio, una familia).”
Indicó que el conocimiento de dicho proceso en primera instancia
correspondió al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión,
el cual mediante auto del 5 de febrero de 2021 inadmitió la demanda puesto
que al apoderado de la parte actora no le fue conferido mandato para
representar a todos y cada uno de los demandantes.
Mencionó que, subsanada la demanda, con providencia del 19 de febrero de
2021 se admitió la demanda ordinaria contra dichas entidades, se ordenó
notificarlas, así como al procurador Judicial Delegado, al defensor del Pueblo
delegado en Córdoba y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y, entre otros asuntos, se le reconoció personería al apoderado
principal de los actores, el abogado Adil José Meléndez Márquez.
Manifestó que la apoderada del Ejército Nacional formuló un recurso de
reposición en contra de la admisión de la demanda, pues consideró que
debía rechazarse en tanto que se desconoció el término de dos años de
caducidad dispuesto en el artículo 164 numeral 2 literal i) de la Ley 1437 de
2011, respecto a la oportunidad en que debe presentarse el medio de control
de reparación directa, el cual también se establece en la Ley 472 de 1998.
Precisó que, con auto de 26 de enero de 2022, se ordenó dar traslado del
recurso y que, los actores, a través de su apoderado judicial, se opusieron a
su prosperidad pues consideraron que no había operado la caducidad, en
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razón a que no contaban con las garantías para interponer la acción judicial,
ya que las autoridades encargadas de iniciar las investigaciones “tenían
alianzas con los paramilitares”, y porque los hechos de violencia eran
sucesivos y permanentes.
Añadió que, con providencia del 3 de febrero de 2023, el tribunal resolvió
reponer el auto admisorio de la demanda y, en consecuencia, la rechazó por
caducidad, por los siguientes motivos:
En esa línea de consideraciones, encuentra la Sala que, cada uno de los
demandantes – víctimas directas, en razón a que fungieron como
empleados de la CVS-, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía
General de la Nación, el 26 de septiembre de 2014, en contra de Salvatore
Mancuso Gómez, Eduar Cobos Tellez, Jhon Cobos Tellez, Juan Pablo
Vásquez, Jaime Augusto García Exbrayat, en razón del desplazamiento
forzado al que fueron sometidos, amenazas, delitos contra la libertad
individual y otras garantías, actos violentos que afirmaron fueron realizados
“por los grupos paramilitares que actuaron en el Departamento de Córdoba
bajo la toleración, orientación y orden del director de la (…) CVS” (fls 290-
329); denuncia en la que narran con toda claridad cada uno de los hechos,
en los cuales hoy fundan la presente acción de grupo, para el
reconocimiento y pago de perjuicios.
De manera que, a partir de la presentación de la mentada denuncia penal -
26 de septiembre de 2014, es factible y razonable entender que las partes
estimaban encontrarse en condiciones de acceder al aparato judicial,
superando la imposibilidad material que hasta ese momento no les permitía
demandar para obtener el reconocimiento y pago de perjuicios. Por tanto, el
término de caducidad, inició el 27 de septiembre de 2014 hasta el 27 de
septiembre de 2016, no obstante, la demanda solo se radicó el 22 de enero
de 2020, evidentemente cuando ya había operado el fenómeno de la
caducidad.6 (Subrayado fuera del texto original)
Del material probatorio aportado, se aprecia que en contra de la anterior
decisión la parte demandante del proceso colectivo presentó un recurso de
apelación, el cual correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Mediante auto del 29 de septiembre de 2023, dicha autoridad
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra el auto del 3 de febrero de la misma anualidad.
Lo anterior, en atención a que en dicho proveído se indicó lo siguiente: “…la
providencia impugnada se notificó a las partes por estado electrónico el 7 de
febrero de 2023. Por tanto, el término de tres (3) días para presentar el
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Transcripción del texto original.
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recurso de apelación vencía el 10 de febrero de ese mismo año; sin
embargo, ello ocurrió el 14 de febrero de 2023, es decir, de manera
extemporánea. Por consiguiente, procede el rechazo de la impugnación
formulada por la parte demandante.”
El precitado proveído se notificó mediante comunicación enviada vía
electrónica el 9 de octubre de 2010 y por estado fijado el 10 del mismo mes y
año.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales pues con
la providencia demandada del 3 de febrero de 2023 se incurrió en lo
siguiente:
1.4.1. Defecto fáctico
Mencionó que, resolver el recurso de reposición y establecer la caducidad sin
el decreto, práctica y valoración de las pruebas, implica denegar el derecho
de acceso a la administración de justicia, pues además se impidió que se
agotaran todas las “instancias procedimentales regladas” en el Código
General del Proceso y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Señaló que la instancia omitió actuar como juez convencional bajo los
mínimos de flexibilización que se exigen en los procesos por graves
violaciones a los derechos humanos.
Refirió que la autoridad judicial cuestionada, al expedir la decisión
demandada, incurrió en las siguientes irregularidades:
a) Dio por hecho que no había pruebas que decretar, (testimoniales).
b) No decret[ó] las pruebas testimoniales y declaraciones de partes a través
de las cuales se pretendía demostrar las razones por las cuales los actores
no demandaron dentro de los dos años siguientes al conocimiento del
hecho, o en su defecto, en los años siguientes al hecho dañoso.
c) No le brind[ó] la oportunidad a los demandantes para que pudieran
demostrar los hechos relacionados con las amenazas que impidieron incoar
las acciones con pretensiones indemnizatorias.
d) incurrieron en defecto fáctico al no valorar si la parte demandante
enfrentó situaciones que impidieran materialmente el ejercicio oportuno del
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medio de control de reparación directa.
e) Desconoció los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la
Corte IDH, sobre graves violaciones a los Derechos Humanos.
f) Aplic[ó] con retroactividad y “severidad” la sentencia unificación del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.
g) La decisión judicial, inaplic[ó] los Principios de Interpretación Conforme
en materia de derechos humanos. Para tal efecto, citó el artículo 1.1. y 2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y omitió hacer el
Control Difuso y oficioso de convencionalidad…a las víctimas para negar
sus derechos…
h) No se decretaron, ni valoraron las pruebas testimoniales y declaraciones
de partes a través de las cuales se pretendía demostrar el daño continuado,
la persistencia del conflicto, los sucesivos hechos de violencia, la situación
de vulnerabilidad de los demandantes, la falta de retorno y las razones o
circunstancias que impidieron la presentación oportunamente la demanda
de reparación directa.
i) No valor[ó] los informes de riesgos, notas de seguimientos, y alertas
tempranas expedidas por la Defensoría del Pueblo, pruebas determinantes
para demostrar la persistencia del conflicto y alteración del orden público en
el departamento de Córdoba.7
Refirió que, “las instancias judiciales hicieron (sic)” una valoración
equivocada de las pruebas aportadas al proceso, al dar por cierto que como
se presentaron acciones judiciales en el año 2014, y como se otorgó poder
en el año 2017, existían condiciones para presentar la acción de grupo.
Mencionó que, con la omisión de decretar las pruebas testimoniales y valorar
las documentales en su integridad, no se pudo demostrar a partir de qué
momento conocieron la intervención de agentes del Estado, bien sea por
acción u omisión en la comisión del daño antijurídico, ni mucho menos las
situaciones particulares que impidieron incoar la acción indemnizatoria
oportunamente.
Expuso que, los “operadores judiciales no lograron despejar las dudas sobre
el conocimiento real, material y efectivo”, de la participación de agentes del
Estado en la comisión de los graves hechos constitutivos de delito
internacional, limitándose a inferir, que “como se había presentado una
denuncia penal y se habían otorgado poderes desde el año 2017 para la
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Transcripción literal del texto original.
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acción de grupo, se asumió que los demandantes disponían de las
suficientes condiciones para presentar la acción dentro de la oportunidad
legal”.
Destacó que el tribunal desconoció su calidad de juez de la convención,
omitió el deber de ejercer el control difuso y oficioso de convencionalidad,
inaplicó los principios de interpretación conforme en materia de derechos
humanos y se olvidó de que los hechos que dieron lugar a la demanda
constituyen graves violaciones a los derechos humanos (desplazamiento
forzado), los cuales fueron presentados antes de la vigencia de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020.
Reiteró que se incurrió en defecto fáctico al no valorar si la parte demandante
enfrentó situaciones que impidieran materialmente el ejercicio oportuno del
medio de control de reparación directa.
Señaló que tampoco se valoró si los hechos sobre las amenazas sufridas por
algunos de los demandantes impidieron que presentaran la demanda
oportunamente, limitándose a declarar la caducidad sin llegar al fondo del
asunto, lo que implica que “no se administró justicia”.
Mencionó que, a la fecha en que se presentó la demanda el 22 de enero del
2020, existía suficiente seguridad jurídica en tormo al término de caducidad
de las acciones relacionadas a graves violaciones a los Derechos Humanos.
Al respecto, agregó que el Consejo de Estado tenía fijada una línea
jurisprudencial más favorable que garantizaba el acceso a la justicia y los
derechos fundamentales de las víctimas, verdad y reparación.
Expuso que, por tanto, no se hizo una valoración de las condiciones que
impidieron presentar la demanda oportunamente y se incurrió en una
indebida valoración de las situaciones particulares de los demandantes que
sufren un daño continuado.
1.4.2. “Desconocimiento del precedente constitucional e inseguridad jurídica”
Expuso que el tribunal acusado debió seguir la sentencia de unificación del
“29 de enero del año 2019 de la Sección [T]ercera del Consejo de Estado”,
en el sentido de que se reiniciaran los cómputos de caducidad como lo hizo
la sentencia SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional para los casos de
desplazamiento forzado.
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Hizo referencia a los artículos 28, 89 y 2510 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, para destacar que existen abundantes tratados
para garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia de
quienes, con ocasión del conflicto armado, han sufrido oprobiosos actos
constitutivos o catalogados como delitos de lesa humanidad, tratados que
son vinculantes y se entienden incorporados a la constitución bajo el
cumplimiento de bloque de constitucionalidad.
1.5. Trámite
Mediante providencia del 20 de marzo de 2025, se declaró infundado el
impedimento que manifestó el suscrito magistrado ponente respecto de la
vinculación de la Defensoría del Pueblo.
Posteriormente, con auto del 1° de abril de 2025 se inadmitió la demanda
para que el señor Meléndez Márquez acreditara su actuación como agente
oficioso de las personas que señaló en su escrito de demanda o, en su
defecto, aportara el poder especial para instaurar la solicitud de amparo en
nombre y representación de aquellas. Esta providencia se notificó
electrónicamente el 3 del mismo mes y año.
La parte demandante presentó escrito de subsanación con los poderes de
algunas de las personas que integraron el proceso colectivo objeto de
demanda. A su vez, manifestó que actuaba como agente oficioso de una
serie de grupos familiares que enlistó de forma detallada en su memorial.
Por lo que, con proveído del 23 de abril de 2025 se admitió la demanda
promovida por Dagoberto Enrique Giraldo Donadо, Cristóbal Crescencio Polo
Páez, Olfanur María Valverde Sacin, Fausto Antonio Polo Mestra, Libardo
Antonio Ramos Rangel, María Rosmery Peralta Matos, Estebana Sofía
Cabrales Hernández, Álvaro Enrique Bernal Rozo, Yulis Estela Salgado Ruiz,
Alfredo Miguel Soto Monsalve, Alcira Isabel Hoyos Martínez, John Jorge
Belalcázar Suárez, Juan Crisóstomo Vergara Pacheco y José Luis Coronado
Osorio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el
Tribunal Administrativo de Córdoba.
Por consiguiente, se ordenó notificar a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Córdoba, al magistrado José Roberto Sáchica
Méndez, integrante de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
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Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
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Garantías Judiciales
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Protección Judicial
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Estado, así como a los demás magistrados que la conforman.
Adicionalmente, se dispuso la vinculación de los representantes de la Nación
• Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Armada
Nacional, del departamento de Córdoba y de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge; además a quienes
intervinieron como parte demandante en el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo con radicado 23001-23-33-000-2020-00011-
01 (70.327), objeto de demanda.
De igual manera, se vinculó como terceros a la Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, a la Policía Nacional, al
departamento de Sucre, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a
la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.
Para efectos de notificar a las demás personas que conformaron la parte
demandante, demandadas e intervinientes dentro del mencionado proceso,
se ordenó que, se librara oficio a la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Córdoba para que esta fijara un aviso, dejando la respectiva constancia y
anotación en el citado expediente, en el que les comunique sobre la
existencia de la presente acción.
Además, se ordenó que, por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación, se efectuara una publicación en la que se informara sobre la
existencia de esta acción a la parte demandante, demandadas e
intervinientes en el expediente con radicado 23001-23-33-000-2020-00011-
01 (70.327), objeto de la demanda constitucional.
Finalmente, se reconoció personería al señor Adil José Meléndez Márquez
como apoderado de los señores Dagoberto Enrique Giraldo Donadо,
Cristóbal Crescencio Polo Páez, Olfanur María Valverde Sacin, Fausto
Antonio Polo Mestra, Libardo Antonio Ramos Rangel, María Rosmery Peralta
Matos, Estebana Sofía Cabrales Hernández, Álvaro Enrique Bernal Rozo,
Yulis Estela Salgado Ruiz, Alfredo Miguel Soto Monsalve, Alcira Isabel Hoyos
Martínez, John Jorge Belalcázar Suárez, Juan Crisóstomo Vergara Pacheco
y José Luis Coronado Osorio, conforme a los poderes que allegó con la
subsanación de la demanda.
En relación con los señores Hernando de Jesús Rangel Oviedo, Luis Miguel
Benítez Martínez y John Carlos Belalcázar López señalados en el escrito de
subsanación como poderdantes, como no se aportaron los respectivos
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poderes, no se le reconoció personería para actuar en nombre y
representación de estos.
A su vez, el reconocimiento de la agencia oficiosa de los demás grupos
familiares que señaló el señor Adil José Meléndez Márquez, se condicionó a
que estos ratificaran oportunamente su actuación. En relación con este
aspecto, con posterioridad, la parte actora no aportó memorial alguno.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A
El magistrado José Roberto Sáchica Méndez, integrante de la mencionada
subsección, a través de su informe, hizo referencia a la providencia del 29 de
septiembre de 2023, con el cual rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación formulado por la parte actora en el proceso colectivo.
Indicó que la acción de tutela no cumple con el presupuesto general de
procedencia de tutela contra providencia judicial atinente a la inmediatez,
dado que se cuestionan unas decisiones cuya ejecutoria acaecieron en
octubre de 2023, mientras que el escrito de tutela se presentó el 26 de
febrero de 2025.
Destacó que en la providencia que rechazó la impugnación se dio aplicación
a lo previsto en el artículo 322 del Código General del Proceso, que
establece que en el caso de la apelación de autos se deberá presentar el
recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
decisión.
Agregó que, lo anterior, en atención a lo previsto en el parágrafo 2 del
artículo 243 del CPACA -modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de
2021-, que dispone que, en los procesos e incidentes regulados por otros
estatutos procesales, la apelación procederá y se tramitará conforme a las
normas especiales que lo regulan, según lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 472 de 1998.
Recordó que, en providencia de unificación del 14 de noviembre de 2024,
esta Corporación determinó que en el marco del medio de control de
perjuicios causados a un grupo “el recurso de apelación se deberá presentar
y sustentar ante el juez o tribunal de primera instancia en la oportunidad
señalada en el art. 322 del CGP. La apelación se concederá en el efecto
suspensivo de conformidad con el art. 67 de la Ley 472 de 1998”.
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Demandantes: Dagoberto Enrique Giraldo Donado y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-01256-00
Anotó que el término de 10 días que otorga el CPACA es para presentar el
recurso de apelación contra las sentencias -artículo 247-, el cual no resulta
aplicable al medio de control de perjuicios causados a un grupo.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Córdoba
La secretaría de esta corporación allegó el expediente digital del proceso
colectivo objeto de demanda.
1.6.3. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela al
no acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales y específicos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Indicó que la parte actora pretendía descalificar judicialmente no solo la
providencia del 3 de febrero de 2023 dictada por el tribunal demandado, sino
el auto del 29 de septiembre del mismo año, por el cual se rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la decisión de
rechazar la demanda.
Mencionó que en el proveído acusado se expusieron de manera clara y
debidamente soportada las razones por la cuales había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad, por lo que la acción de tutela se torna improcedente
al no acreditarse el cumplimiento de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.6.4. Ministerio del Interior
Esta entidad solicitó que se declarare probada la excepción de falta de
legitimación material en la causa por pasiva, pues no tiene competencia
alguna en el asunto que suscita esta acción constitucional y, por ende, no
puede endilgársele responsabilidad frente a los hechos que estima la parte
actora vulneran sus derechos fundamentales invocados, porque se dirige
contra la presunta acción de autoridades judiciales, y no por hechos o
circunstancias que involucren a dicho ministerio.
Agregó que es inexistente la vulneración de derechos por parte de esa
cartera ministerial.
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1.6.5. Gobernación de Córdoba
Esta entidad territorial solicitó su desvinculación porque no ha vulnerado
derecho fundamental alguno de las personas representadas por el abogado
que funge como accionante y, porque, además, no tiene la competencia para
atender las pretensiones de la demanda constitucional, por lo que existe una
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Agregó que, subsidiariamente debe declararse improcedente la acción de
tutela en atención a que no cumple con los principios y requisitos que se han
establecido para su presentación en contra de providencias judiciales.
Precisó que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad puesto que la
parte actora contaba con el recurso de queja, en subsidio del de reposición,
frente al auto que rechazó por extemporánea la alzada presentada en el
proceso colectivo.
Expuso que el accionante de esta acción de tutela -que figura como
apoderado de la parte demandante en la acción de grupo- en su momento
presentó recurso de apelación en contra del auto que rechazó la demanda, el
Tribunal Administrativo de Córdoba concedió el recurso y surtió la alzada.
Refirió que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con auto
de ponente11 del 29 de septiembre de 2023, rechazó por extemporáneo el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 3
de febrero del mismo año con el cual se rechazó la acción de grupo.
Mencionó que el accionante debió presentar recurso de reposición y en
subsidio el de queja contra el auto que rechazó el recurso de apelación, tal
como lo dispone el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 353 de
Código General del Proceso.
1.6.6. Ministerio de Defensa Nacional
1.6.6.1. Policía Nacional
La señora Erenia María González Olmos, en calidad de apoderada del
Departamento de Policía de Córdoba, sostuvo que la acción de tutela no
cumple el presupuesto de la inmediatez, puesto que la última providencia que
se dictó en el proceso colectivo objeto de demanda corresponde al auto 29
de septiembre de 2023, con el cual, se rechazó por extemporáneo el recurso
de apelación formulado por la parte actora.
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Del magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
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Advirtió que, la demanda constitucional se presentó el 26 de febrero de 2025,
esto es, aproximadamente quince meses después de la ejecutoria del
proveído de septiembre de 2023.
1.6.6.2. Ministerio de Defensa Nacional
Con memorial posterior, el señor Alfredo Manuel Puello Simanca, como
apoderado del ministerio en cita, señaló que no es procedente la protección
invocada puesto que fueron los mismos demandantes los que afirmaron
tener conocimiento en tiempo modo y lugar de los hechos que relataron en
su demanda colectiva.
1.6.7. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
puesto que no hace parte de las entidades demandadas y no participó en la
interposición del recurso de reposición contra el auto que ordenó la admisión
de la demanda y que posteriormente generó la expedición de la providencia
que la rechazó por caducidad.
Sostuvo que, en atención a que en la referida acción de grupo se señala que
los demandantes son personas víctimas del conflicto armado por la violencia,
no se acreditan si estos se encuentran incluidos en Registro Único de
Víctimas.
Adujo que, en aras de dar claridad en lo que respecta a sus funciones, hizo
referencia a la ruta establecida por la Ley 1448 de 2011 para las personas
víctimas que han sufrido los vejámenes del conflicto armado colombiano y se
encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas.
1.6.8. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Esta entidad solicitó su desvinculación porque carece de legitimación en la
causa por pasiva.
Agregó que la acción de tutela es improcedente ante la inexistencia de una
acción u omisión imputable a la Presidencia de la República que pudiese
generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
Mencionó que también deben negarse las pretensiones de la demanda,
puesto que no puede interferir en las decisiones tomadas por el despacho
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judicial respecto del proceso que narra el accionante ni intervenir dentro de
los procesos y sus recursos.
1.6.9. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
(CVS)
A través de su apoderado, esta entidad solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y, en subsidio, se denieguen las
pretensiones de la demanda por no demostrarse vulneración alguna de su
parte.
Señaló que el recurso de apelación formulado por la parte actora fue
rechazado por extemporáneo, lo cual denota la pasividad procesal de aquella
ya que no ejerció su derecho de defensa oportunamente, por lo que la acción
de tutela no puede servir de instancia adicional.
Añadió que tampoco se cumple con la inmediatez, ya que los hechos
alegados ocurrieron entre los años 2001 y 2005, y que la actuación
administrativa o judicial que motiva la acción se remonta al año 2023,
mientras que la acción de tutela fue interpuesta en abril de 2025. Por lo que,
a su juicio, esto evidencia una dilación irrazonable, que desvirtúa la urgencia
del amparo solicitado y desnaturaliza la función inmediata y urgente del
mecanismo.
Recordó que la Ley 472 de 1998 dispone que el término de caducidad es de
dos años contados a partir de la ocurrencia del daño o de la cesación de la
conducta que lo origina. Mencionó que los accionantes afirmaron que los
daños cuya reparación solicitan se produjeron entre los años 2001 y 2005,
por lo que la acción de grupo se encuentra notoriamente caducada, lo cual
impide jurídicamente su admisión, tramitación o eventual pronunciamiento de
fondo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201512, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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El Ministerio del Interior solicitó que se declarare probada la excepción de
falta de legitimación material en la causa por pasiva. A su vez, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mencionó
que carece de tal presupuesto y la Gobernación de Córdoba solicitó su
desvinculación.
Las anteriores solicitudes serán denegadas puesto que fueron vinculadas en
este trámite constitucional en calidad de terceras con interés en el resultado
del proceso puesto que integraron la parte demandada en el proceso
colectivo cuestionado.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con la providencia del 3 de febrero de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió reponer el auto admisorio
de la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo y, como
consecuencia, la rechazó por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control que se identificó con el radicado 23001-23-
33-000-2020-00011-00/01.
Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 201213, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
13
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
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modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.14
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.15
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
14
Ibídem.
15
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Subsidiariedad
En relación con la demanda relativa a que se deje sin efectos el auto del 3 de
febrero de 2023, no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto
que, el mecanismo judicial idóneo para controvertir tal decisión era el recurso
de apelación, el cual se presentó, pero extemporáneamente, como en efecto
lo estableció el superior; por lo que la acción de tutela no es el medio para
subsanar los errores cometidos en el proceso ordinario.
En relación con el presupuesto general de procedencia de la acción de tutela,
se precisa que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política,
la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
De manera que, se debe hacer uso de todos los recursos ordinarios que el
sistema judicial dispone para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, ello con la finalidad de que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de
protección.
Así, el ordenamiento jurídico dispone de oportunidades procesales que
tienen como propósito la protección de los derechos de las personas. Por lo
que, no es posible desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela
vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han
sido previstos en las normas constitucionales y legales para salvaguardar los
derechos invocados.
Por tanto, se precisa que existen medios judiciales idóneos y eficaces que ha
provisto el ordenamiento jurídico procesal para la defensa de los intereses de
las partes.
Al respecto, se ha establecido que un medio idóneo es aquel que garantiza la
definición del derecho controvertido y que, en la práctica es el adecuado para
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proteger el derecho fundamental que se considere vulnerado16. Por su parte,
para la eficacia es necesario valorar si el medio existente es el adecuado
para proteger objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace 17.
Es decir, la eficacia se refiere a la oportunidad del medio de defensa;
mientras que la idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.
De manera que, las mencionadas características de los medios de defensa
alternos a la acción de tutela no se encuentran condicionadas al sentido de la
decisión, en este caso, adversa a los intereses de la parte actora, en cuanto
se estimó configurada la caducidad del medio de control y frente a dicha
decisión se declaró extemporáneo el recurso de apelación contra ella
formulado, pero esto ante la deficiencia de la parte demandante en presentar
la alzada de manera oportuna.
Finalmente, Gobernación de Córdoba en calidad de interviniente señaló que
el accionante debió presentar recurso de reposición y en subsidio el de queja
contra el auto que rechazó el recurso de apelación, tal como lo dispone el
artículo 245 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 353 de Código General del
Proceso, normas que establecen, en su orden:
Ley 1437 de 2011:
ARTÍCULO 245. QUEJA. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Este recurso se interpondrá
ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la
apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.
Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto
diferente al señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este
código.
Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353
del Código General del Proceso.
Código General del Proceso:
ARTÍCULO 353. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE. El recurso de queja deberá
interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la
apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la
reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá
interponerse directamente dentro de la ejecutoria.
16
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
17
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.
19
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Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez
ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual
se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación.
Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al
inferior que remita copias de otras piezas del expediente.
El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la
otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado
se decidirá el recurso.
Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la
casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del
efecto en que corresponda en el primer caso.
En lo particular, se precisa que no resultaba procedente el recurso de queja,
porque fue el mismo superior el que consideró que debía rechazarse la
alzada por extemporánea.
Con todo, se reitera que la acción de tutela no puede sustituir los
mecanismos de defensa con los que contaba la parte demandante para la
defensa de sus derechos fundamentales, dada la naturaleza excepcional y
subsidiaria de este medio constitucional, de manera que al interponer de
manera inoportuna el recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda, es evidente que no se acredita el presupuesto de subsidiariedad.
Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda
vez que no cumple el presupuesto de la subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las desvinculaciones formuladas por el Ministerio del
Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
la Gobernación de Córdoba.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Dagoberto Enrique Giraldo Donado y otros, por las razones expuestas
en la parte motiva.
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TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
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