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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01273-01

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01273-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 5 de junio de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. Instar al señor José Orlando Henao Echeverry para haga un uso racional de la acción de tutela, coherente que su naturaleza y propósito, y en el futuro se abstenga de instaurar demandas de tutela por los mismos hechos estudiados en este fallo. 3. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01273-01 Demandante: José Orlando Henao Echeverry

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01273-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01273-01
Demandante JOSÉ ORLANDO HENAO ECHEVERRY
Demandado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (SALAS PENAL, LABORAL Y CIVIL,
AGRARIA Y RURAL), TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA (SALA
CIVIL-FAMILIA), JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y
ALLIANZ SEGUROS S.A.
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Acción de tutela
contra providencias de tutela. Causales de procedibilidad.
Legitimación en la causa por activa. Cosa juzgada constitucional y
temeridad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación interpuesta por los señores Horacio Muñoz
Echeverry y José Orlando Henao Echeverry contra el fallo de tutela del 5 de junio
de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor José
Orlando Henao Echeverry en contra de la Corte Suprema de Justicia —Salas Penal, Laboral
y Civil, Agraria y Rural—, el Tribunal Superior de Pereira ―Sala Civil-Familia―, el Juzgado
3 Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A, por las razones
expuestas en esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de marzo de 20251, el señor José Orlando Henao Echeverry, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia (Salas Penal, Laboral y
Civil, Agraria y Rural), el Tribunal Superior de Pereira (Sala Civil Familia), el Juzgado 3°
Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A. (hoy Allianz Seguros S.A.), por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y «a la ejecución de sentencias en firme», con ocasión a la presunta conducta
ilegal en la que incurrió la jueza Tercera Civil del Circuito de Pereira, por no haber
acatado la orden contenida en la sentencia del 12 de agosto de 1998 proferida por
la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1°) TUTELAR el derecho de acceder a la justicia (CP art. 228) como el derecho a la ejecución
de las sentencias en firme (CP arts. 1, 2 y 229).
2°) ORDÉNESE al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, con el fin de agilizar el trámite
de la LIQUIDACIÓN ordenado en la sentencia de 12 de agosto de 1998 por la Sala de
Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, efectúe de oficio, es decir, sin
necesidad de previa solicitud, el procedimiento previsto en los artículos 229 y 334 del C.G.P.,
donde se designe un perito financiero, que le presente al juzgado para el proceso ordinario la
LIQUIDACIÓN de los intereses moratorios donde se concrete la suma que debe pagar la
Aseguradora Colseguros hoy Seguros Allianz S.A., a favor de José Orlando Henao Echeverry
beneficiado en la sentencia.»2 (Subraya la Sala)

1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2).
2
Página 7 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.

1
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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Henao Echeverry promovió demanda de responsabilidad civil
contractual contra Colseguros S.A. (hoy Allianz Seguros S.A.), para obtener el
pago de la indemnización contenida en la póliza de seguros 002-105472-3, por
los daños causados a la mercancía que ese documento amparó. El proceso
fue identificado con el radicado 66001-31-03-003-1991-12030-00.

2.2. En primera instancia, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado
3° Civil del Circuito de Pereira.

En sentencia del 24 de junio de 1993, esta autoridad judicial negó las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue confirmada, en la sentencia
del 19 de enero de 1994 proferida por el Tribunal Superior de Pereira, Sala
Civil.

Posteriormente, en sentencia del 12 de agosto de 1998, la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de
segunda instancia y profirió fallo de reemplazo en el que declaró que la
aseguradora debía indemnizar al señor Henao Echeverry por las pérdidas
sufridas en los despachos de mercancía cubiertos por la póliza automática
002-105472-3.

En consecuencia, se le condenó al pago de $12’042.829, 47, mas
$2’715.658,03, por los intereses moratorios causados entre el 18 de
septiembre de 1989 y el 19 de diciembre de 1990, «fecha esta última a partir de la
cual y hasta el momento en que el pago se verifique, la demandada le adeuda asimismo al
demandante los intereses moratorios causados sobre la misma suma y los cuales se liquidaran
de conformidad con lo dicho en la parte expositiva de esta sentencia.».

2.3. El 21 de septiembre de 1998, el ejecutante allegó al proceso memorial en el
que informó la cesión de derechos sobre el dinero que le correspondía con
ocasión de la condena impuesta a la aseguradora, en favor del señor Horacio
Muñoz Echeverry.

El cesionario fue aceptado como sucesor procesal del señor José Orlando
Henao por auto del 5 de abril de 1999.

2.4. El 23 de febrero de 1999, Colseguros S.A. informó al juzgado que el capital
adeudado por la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por el
valor de $12’042.829,47 fue pagado al señor Henao Echeverry el 2 de julio de
1998. Asimismo, indicó que los intereses, por el valor de $62.444.466, fueron
consignados ese mismo año en la cuenta judicial del juzgado 35 Civil del
Circuito de Bogotá en el marco de un proceso ejecutivo adelantado por el señor
Jorge Ayala Alarcón en contra del señor José Orlando Henao Echeverry en el
que se decretó el embargo del crédito en contra del ejecutado.

Para acreditar lo anterior, la seguradora aportó el Oficio 3072 del 28 de
noviembre de 1998, expedido por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá,
en el que se ratifica el embargo del crédito del señor Henao Echeverry;
constancia de depósito judicial expedida por la Caja Agraria; y órdenes de
pagos al accionante por el concepto de capital y liquidación de intereses de
mora.

2.5. Posteriormente, en los años 1999, 2005 y 2006, los señores José Orlando
Henao y Horacio Muñoz solicitaron al Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira
la expedición de una nueva copia con mérito ejecutivo de la sentencia de

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

casación del 12 de agosto de 1998, debido a la pérdida de la entregada al
cesionario el 24 de febrero de 2000. En su solicitud, se comprometieron a no
usar la primera copia en caso de ser hallada.

2.6. El juzgado expidió la copia auténtica al señor Horacio Muñoz, el 6 de febrero
de 2006, sin la leyenda de que prestaba mérito ejecutivo porque de acuerdo
con los documentos suministrados por la aseguradora, la obligación ya estaba
satisfecha en integridad. Precisó que, aunque José Orlando Henao había
cedido sus derecho litigiosos, se le entregó copia simple de la sentencia por
haber sido parte del proceso.

2.7. El 14 de noviembre de 2006, el señor Horacio Muñoz, por medio de apoderado
judicial, solicitó nuevamente la emisión de copias auténticas con la constancia
de prestar mérito ejecutivo, para iniciar un proceso ejecutivo por el alegado
incumplimiento de la sentencia de condena, y adujo que la primera copia
continuaba extraviada.

2.8. Ante la insistencia del cesionario, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira
requirió a Colseguros S.A. información sobre el cumplimiento de la condena.
Ante la omisión de respuesta, mediante auto del 23 de noviembre de 2006
pidió al apoderado del cesionario que informara si pretendía iniciar un nuevo
proceso ejecutivo, y en caso afirmativo, le indicó que debía desistir de la
ejecución iniciada en el mes de marzo de 2006.

El 1° de diciembre de 2006, el apoderado del cesionario confirmó su intención
de iniciar un nuevo proceso ejecutivo y manifestó que no debía darse trámite
a la petición presentada previamente. Establecido esto, el juzgado entregó las
nuevas copias el 18 de diciembre de 2006.

2.9. En proveído del 23 de noviembre de 2007, la juez negó el mandamiento de
pago solicitado por el señor Horacio Muñoz al considerar que la obligación se
satisfizo con las consignaciones del capital e intereses pagados al señor José
Orlando Henao en el año 1998.

Esta determinación fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, Sala
Civil- Familia, pero alegando falta de legitimación en la causa por activa del
demandante.

2.10. El señor José Orlando Henao Echeverry ha promovido varios procesos
ejecutivos y acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones los
cuales han sido negados por la inexistencia de la obligación, falta de
legitimación o ausencia de vulneración de los derechos fundamentales.

Entre esas solicitudes, resulta relevante en el caso concreto hacer referencia
a la solicitud que radicó el 30 de julio de 2024 para que el juez de conocimiento
designara un perito financiero para elaborar la liquidación de los intereses
moratorios ordenados en la sentencia del 12 de agosto de 1998. Esta petición
fue denegada por el juzgado el 6 de agosto de 2024, la decisión fue recurrida
y confirmada por la misma autoridad el día 13 del mismo mes y año.

3. Fundamentos de la acción

El accionante advirtió que para el efectivo cumplimiento de la sentencia del 12 de
agosto de 1998 debieron liquidarse los intereses moratorios desde el 19 de
diciembre de 1990, hasta la fecha en la que se realizara el pago efectivo, por lo que
el monto total de la obligación no quedó definido y dependía del momento en que
se hiciera el pago íntegro.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Alega que a pesar de lo anterior, el Juzgado 3° Civil Municipal de Pereira se ha
negado a tramitar el proceso ejecutivo instaurado, alegando que la obligación ya fue
satisfecha. Sin embargo, en consideración del actor, la aseguradora no pagó
conforme a lo establecido en la sentencia, comoquiera que no se determinó el valor
actualizado de los intereses, lo que requería la intervención de un perito financiero.

En consecuencia, el señor Henao Echeverry cuestiona que el juzgado diera por
cumplida una orden judicial que en realidad permanece insoluta, permitiendo que
Colseguros S.A. evada el cumplimiento de la providencia y se beneficie
indebidamente. Acusó al despacho judicial de incurrir en falsedad, fraude a
resolución judicial y actuación fraudulenta.

En memorial posterior de «aclaración y adición», el accionante indicó que el
magistrado Edder Jimmy Calambás del Tribunal Superior de Pereira mediante
sentencia de tutela del 15 de octubre de 2024 (Expediente 2024-00258-00), modificó la
obligación ya que «de manera arbitraria modificó la sentencia de hacer la liquidación de los
intereses moratorios para concretar una suma que debe pagar la Aseguradora, poniendo la sentencia
en una obligación de dar donde su trámite es el proceso ejecutivo». Agregó que el juzgado erró
al catalogar el proceso como un ejecutivo, cuando en realidad es un ordinario de
mayor cuantía.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de marzo de 2025, el despacho sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado remitió la acción de tutela al Tribunal Superior
de Pereira debido a que, el actor relacionó varias autoridades como parte
pasiva del proceso constitucional, sin embargo, atribuyó la vulneración de sus
derechos y dirigió las pretensiones de la acción contra el Juzgado 3° Civil del
Circuito de Pereira.

4.2. En auto 485 de abril de 2025 la Corte Constitucional en el expediente ICC-
4989, dejó sin efectos el auto del 6 de marzo de 2025 y ordenó la devolución
del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que lo tramitara
y adoptara decisión de fondo.

4.3. El 25 de abril de 2025, el despacho ponente de primera instancia admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor José Orlando Henao Echeverry contra
la Corte Suprema de Justicia (Salas Penal, Laboral y Civil, Agraria y Rural), al
Tribunal Superior de Pereira (Sala Civil-Familia), al Juzgado 3 Civil del Circuito
de Pereira y Colseguros S.A. (hoy Allianz Seguros S.A.).

Además, vinculó, en calidad de tercero con interés al señor Horacio Muñoz
Echeverry, dada su calidad de cesionario del accionante en el proceso 66001-
31-03-003-1991-12030-00/01 y ofició al Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira
y al Tribunal Superior de Pereira para que publicaran constancia de la admisión
de la presente acción de tutela dentro del citado proceso ordinario. Asimismo,
dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

De otro lado, solicitó al Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira que allegara la
copia digital del expediente ejecutivo 66001-31-03-003-1991-12030-00/01.

4.4. El Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil- Familia, por conducto del
magistrado Edder Jimmy Sánchez Calambás, en primera medida advirtió que
el accionante acudió a esa instancia al menos en 10 oportunidades, en el
marco de múltiples recursos de apelación propuestos contra las decisiones
adoptadas por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira en las que se ha
negado librar mandamiento de pago para ejecutar la condena de la sentencia
de casación del 12 de agosto de 1998.

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En ese orden, recordó que el señor Henao Echeverry promovió un proceso
ejecutivo el 29 de junio de 2007, en el que el Juzgado 3° Civil del Circuito de
Pereira negó el mandamiento de pago en auto del 23 de noviembre de 2007,
porque estimaba que estaba satisfecha la obligación de acuerdo con las
pruebas aportadas a ese proceso. Decisión que fue apelada y confirmada por
el tribunal, pero alegando la falta de legitimación en la causa del demandante.

Destacó que desde ese momento, el señor Henao Echeverry ha insistido sin
éxito en la emisión del mandamiento de pago. Incluso, promovió un incidente
ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue remitido al juzgado y denegado
por esa última autoridad judicial.

El Tribunal precisó que revocó la decisión del juzgado y aclaró que no se trató
de una solicitud de mandamiento de pago sino de un desacato. El juzgado
negó la apertura del incidente alegando el cumplimiento de la orden. Una
nueva solicitud fue rechazada en auto del 21 de julio de 2020 por no
configurarse los presupuestos del incidente de desacato de acuerdo con el
Código General del Proceso (CGP).

Posteriormente, el 11 de enero de 2023 el accionante promovió incidente de
nulidad con fundamento en el artículo 133 del CGP, el cual fue rechazado por
el juzgado y por su superior. Informó que los recursos posteriores fueron
declarados improcedentes, incluida una acción de tutela desestimada por la
Corte Suprema de Justicia, la cual consideró que las decisiones previas
abordaron con suficiencia las alegaciones del actor, conforme a lo expuesto
en la sentencia STC14963-2022.

Llamó la atención en que todas las solicitudes formuladas por el tutelante han
sido atendidas, respetando el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del hoy accionante. Además, allegó un cuadro
extraído del Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial en el que
se relacionaron al menos 16 acciones constitucionales promovidas por el
señor Muñoz Echeverry contra el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira.

4.5. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, por conducto de
los magistrados que conforman la Sala, informó que ha decidido dos acciones
de tutela promovidas por el señor Henao Echeverry por los mismos hechos y
pretensiones que ahora se analizan, en los cuales, a su vez, ha discutido otros
fallos de tutela. A ese respecto, se refirió a las sentencias del 6 de noviembre
de 2024 (CDJ STL17717) y del 4 de diciembre de 2024 (CSJ STL17717-2024) que
decidieron las acciones de tutela iniciadas por el aquí accionante contra el
juzgado que tramitó el proceso ejecutivo de su interés.

De acuerdo con lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela debido a que pretende cuestionar decisiones adoptadas en
procesos de la misma naturaleza.

4.6. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por conducto del
magistrado Carlos Roberto Solórzano, solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda porque el señor Henao Echeverry ya había promovido una
acción previa de tutela contra los autos del 6 y 13 de agosto de 2024, emitidos
en el proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1991-12300-00, por el Tribunal
Superior de Pereira y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. En esa ocasión, el accionante solicitó que se ordenara al juzgado
ordinario y a la aseguradora Allianz Seguros S.A., dar cumplimiento a la
sentencia de casación del 12 de agosto de 1998.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Ese proceso constitucional fue conocido en primera instancia por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, autoridad que declaró la improcedencia de
la acción de tutela. El fallo fue confirmado por la Sala Penal de la misma
Corporación, el 4 de febrero de 2025.

De acuerdo con ese contexto, advierte que la pretensión del accionante es que
se concedan las pretensiones que ya han sido negadas en el proceso ordinario
y en la jurisdicción constitucional. Resaltó que los fallos de tutela ya han sido
remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pero no han sido
seleccionados.

4.7. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por conducto del titular del
despacho, recordó que en auto del 23 de noviembre de 2007 negó el
mandamiento de pago solicitado en relación con el pago de la sentencia del
12 de agosto de 1998, en el proceso de responsabilidad civil contractual 66001-
31-03-003-1991-12030-00/01, porque estimó que la obligación estaba
satisfecha.

Dijo que en este proveído se explicó que la aseguradora realizó dos pagos
iniciales al señor Henao Echeverry por un total de $12.042.829 el 2 de julio de
1998, correspondiente al capital y, posteriormente, el 13 de noviembre de
1998, en virtud de un embargo decretado por el Juzgado 35 Civil del Circuito
de Bogotá dentro de un proceso ejecutivo contra el señor Henao Echeverry, la
aseguradora consignó $64.444.466 en la cuenta de ese despacho.

De acuerdo con lo anterior, negó nuevamente la solicitud de emitir
mandamiento de pago en auto del 20 de mayo de 2008, al estimar que el
obligado ya había cumplido.

Así las cosas, expuso que tanto el accionante como el cesionario del crédito
han insistido en la supuesta insatisfacción de la obligación, argumento que ha
sido desvirtuado en múltiples decisiones adoptadas entre 2007 y 2016 tanto
por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira como por el Tribunal Superior
del Circuito de Pereira.

4.8. La sociedad Allianz Seguros S.A. expuso que las autoridades judiciales de
instancia han garantizado los derechos fundamentales del accionante en el
proceso ejecutivo. Además, se han garantizado sus derechos en los procesos
constitucionales iniciados por el señor José Orlando Henao Echeverry. Por lo
que considera que debe negarse la acción de tutela.

Agregó que el aquí accionante se limitó a manifestar que las autoridades
accionadas incurrieron en actuaciones fraudulentas, pero no argumentó su
dicho. Por lo que aparece claro, a su juicio, que la pretensión del actor es
reabrir el debate legal y probatorio que ya se clausuró en el proceso ordinario.

4.9. El señor Horacio Muñoz Echeverry, en calidad de cesionario de los derechos
litigiosos del señor José Orlando Henao y de tercero con interés vinculado a
esta acción de tutela, respaldó la solicitud de amparo al considerar que la
aseguradora no ha cumplido la condena impuesta en la sentencia del 12 de
agosto de 1998.

Cuestionó la validez probatoria de las copias presentadas por Colseguros
sobre el supuesto pago al carecer de respaldo documental válido, como el
sello del Banco Agrario. Alegó que tales documentos no acreditan el
cumplimiento de la sentencia, ya que fueron expedidos a órdenes de otro
juzgado. También reprochó la inactividad procesal de la aseguradora y afirmó
que el juzgado accionado incurrió en actuaciones fraudulentas, por lo que pidió
que se concediera el amparo solicitado.

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5. Providencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 5 de junio de 2025,
declaró la improcedencia de la acción de tutela fundamentado en dos argumentos
principales.

De una parte, la falta de legitimación en la causa por activa del señor José Orlando
Henao Echeverry para pretender el cumplimiento de la sentencia de casación del
12 de agosto de 1998, debido a que cedió sus derechos económicos el 21 de
octubre de 1998 al señor Horacio Muñoz Echeverry.

De otro lado, se argumentó la falta de relevancia constitucional del asunto debido a
que no se satisfizo una carga argumentativa suficiente, la controversia busca
retomar un debate legal ya definido y la discusión versa sobre un asunto
eminentemente económico y legal.

Adicional a lo anterior, relativo a las inconformidades expuestas en el escrito de
tutela frente a fallos de tutela previos, advirtió la improcedencia de la acción
constitucional para discutir otras tutelas, salvo que se configure el fenómeno de cosa
juzgada fraudulenta, argumento que no se invocó ni se acreditó en el caso concreto.
Por el contrario, estimó que los argumentos del escrito de tutela se limitaron a
manifestar una inconformidad con las decisiones judiciales desfavorables.

6. Impugnación

6.1. Los señores Horacio Muñoz Echeverry y José Orlando Henao Echeverry
impugnaron el fallo de tutela de primera instancia con fundamento en los
argumentos que pasan a exponerse.

En primer lugar, manifestaron que es cierto que quien ostenta la legitimación
por activa para reclamar el cumplimiento de la sentencia de casación del 12
de agosto de 1998 es Horacio Muñoz Echeverry (cesionario), dada la cesión de
derechos ocurrida el 21 de octubre de 1998 y reconocida en auto del 5 de abril
de 1999. En esa línea, reprochó que la sentencia del a quo se limitara al
análisis de la legitimación del señor Henao Echeverry y omitiera estudiar la
vulneración de los derechos fundamentales del señor Horacio Muñoz como
legítimo cesionario, ya que fue formalmente vinculado al proceso de tutela en
auto del 19 de mayo de 2015.

Acto seguido indicó que la acción de tutela busca la correcta liquidación de la
sentencia del 12 de agosto de 1998, ya que es un proceso pendiente que debe
ser definido por el juez constitucional «ante el desprecio de la justicia
ordinaria». Reiteró que el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira se ha negado
a darle trámite a la liquidación de la condena impuesta en la sentencia con
fundamento en recibo sin sello bancario y una consignación a órdenes de un
proceso diferente, lo cual resulta, en su consideración, cuestionable. Advirtió
que se trata de documentos sin valor probatorio y que no acreditan el pago al
cesionario reconocido lo que da cuenta de un defecto fáctico que justifica el
amparo constitucional.

Por otra parte, el señor Henao Echeverry manifestó que la cesión de los
derechos no extingue su interés en que la justicia actúe para garantizar el pago
de la totalidad de lo adeudado, incluso si el beneficiario es su cesionario. En
esa línea, enfatizó en que no permitirle actuar en sede de tutela lo deja en un
estado de indefensión frente a la omisión judicial alegada.

En relación con la improcedencia de la tutela contra fallos de tutela, indicó que
su pretensión no es reabrir procesos constitucionales anteriores por mero
capricho, sino paliar una omisión continua y una situación de hecho que

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persiste en el tiempo. A ese respecto, recuerda que la jurisprudencia
constitucional «ha ampliado las causales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial para incluir situaciones arbitrariedad que configuren vías de hecho».

Sobre los argumentos de procedencia de la acción de tutela por fraude
procesal y maniobras dolosas, acusó que el Juzgado 3° Civil del Circuito
de Pereira erró al tener por saldada la obligación con base en copias
simples, oficios de embargo para un proceso diferente y documentos «no
auditados por juez competente.

También alegó que ese despacho judicial soslayó el trámite legal de la
ejecución y permitió que la aseguradora se sustrajera del cumplimiento íntegro
de la sentencia, comportamiento que estima se enmarca en las figuras de
falsedad y fraude a resolución judicial.

En este orden, estiman que se configuró la cosa juzgada fraudulenta dado que
las decisiones previas derivaron de valoraciones erróneas, ausencia de
pruebas periciales y aceptación arbitraria de las afirmaciones de la juez que
conoció la primera instancia del proceso ordinario civil. Por lo tanto, es posible
analizar el caso dado que en estos eventos la Corte Constitucional permite el
estudio excepcional de fallos de tutela en ejercicio de la acción de amparo.

En similar sentido, aducen que las autoridades judiciales que conocieron las
acciones de tutela previas fueron inducidas a error por la jueza Tercera Civil
del Circuito de Pereira al aceptar como prueba los documentos cuyo poder
suasorio discute, ya que se aceptaron sin revisión judicial ni contra parte
técnica.

6.2. En memorial del 28 de julio de 2025, el señor Horacio Muñoz Echeverry,
«actuando en calidad de cesionario reconocido del señor José Orlando Henao
Echeverry», allegó memorial con el propósito de informar hechos relevantes a
efectos de decidir la impugnación.

Destacó que, a pesar de que, en la sentencia de tutela de primera instancia,
la Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que «únicamente el
cesionario, esto es quien suscribe está legitimado para solicitar el cumplimiento de la
sentencia», el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en auto del 25 de
julio de 2025, resolvió declarar que la obligación estaba cancelada y el proceso
terminado, sin exponer las pruebas de la liquidación y pago de los intereses al
cesionario reconocido.

Recordó que la decisión del reciente proveído se adoptó con base en
anteriores peticiones de cumplimiento incoada por el cedente, el señor Henao
Echeverry, a quien «expresamente este Consejo de Estado ha desautorizado como
sujeto procesal en virtud de la cesión el 21 de septiembre de 1998».

De acuerdo con lo anterior, presentó las siguientes solicitudes:
«1. Tener en cuenta la presente intervención y los documentos adjuntos como prueba
relevante dentro del trámite de revisión de la impugnación.

2. Reiterar, si a ello hubiere lugar, que el suscrito, Horacio Muñoz Echeverri, es el único
legitimado para exigir el cumplimiento de la sentencia del 12 de agosto de 1998 (…).

3. Oficiar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a través de la Secretaría de esta
Corporación, para que se abstenga de adoptar decisiones que impliquen la cancelación
de la obligación o archivo del proceso, hasta tanto se resuelva de fondo la recisión que
actualmente adelanta esta Honorable Sala, garantizando así el efecto útil del
pronunciamiento constitucional».

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se acreditaron los
requisitos generales de legitimación en la causa por activa, de relevancia
constitucional y porque la tutela discute otros fallos de tutela.

4. Del presupuesto de legitimación en la causa por activa en las acciones
de tutela contra providencias judiciales y su análisis en el caso concreto

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u

3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la
Constitución y la Ley.

El mencionado artículo constitucional fue regulado, entre otros, por el Decreto
2581 de 1991 que en su artículo 107 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso8,cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa. Asimismo,
dicha norma señala que, (v) tanto el defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

Se precisa que, según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
puede ser ejercida por personas naturales y jurídicas, sea esta última pública
o privada. La titularidad de los derechos fundamentales de las personas
jurídicas recae, en principio, sobre el representante legal, quien debe anunciar
en el escrito de tutela que acude a ese mecanismo para buscar la protección
de los derechos fundamentales de la persona que representa.

En lo que respecta a la legitimación en causa para interponer la acción de
tutela contra una providencia judicial, la Corte Constitucional, desde la
sentencia T-240 de 20049 aclaró que cuando los jueces incurren en una vía de
hecho en el trámite y decisión de los casos puestos en su consideración,
«vulneran el derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en
el respectivo proceso judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso
y no participan en él, carecen de legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una
actuación judicial. En tales circunstancias mal puede una persona alegar que se
conculcaron sus derechos al debido proceso, por cuanto la violación de éstos
necesariamente presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí donde ha
ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la actuación judicial, arbitraria e
irregular.» (Subraya la Sala)

En esta misma línea, en la sentencia T-1191 de 200410, se indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa
es el de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las
pretensiones planteadas en la demanda de tutela. Asimismo, debe el juez
constitucional asegurar que «el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.»

Bajo este entendimiento, la Corte Constitucional, en sentencia T-487 de
201911, declaró la improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales del accionante quien pretendía
dejar sin efectos una providencia que accedió al habeas corpus, pero el
accionante era un sujeto diferente a aquellos que integraron la relación jurídico
procesal en comento. Agregó que el actor tampoco era un sujeto que debiera
vincularse al proceso conforme al marco jurídico aplicable.

7
"ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
8
Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.
9
Sala Cuarta de Revisión. Ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
10
Sala Sexta de Revisión. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Sala novena de decisión. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Más recientemente, en la sentencia T-461 de 202112, la Corte Constitucional
precisó que la legitimación en la causa es un presupuesto esencial de la
procedencia de la acción de tutela y debe ser analizado de acuerdo con las
particularidades de cada caso. En ese estudio, corresponde al fallador
constitucional «verificar de manera precisa quién es el titular del derecho fundamental
que está siendo vulnerado y cuál es el medio a través del cual acude al amparo
constitucional».

De acuerdo con lo anterior, destacó que al amparo del artículo 86
constitucional la legitimidad en la causa por activa, por regla general,
corresponde al titular de los derechos fundamentales que se invocan
vulnerados o amenazados, por lo que, aunque puedan aparecer terceros con
buenas intenciones, es el titular del derecho quien decide, por tener capacidad
para ello, si promueve los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses. Lo anterior, sin desconocer que existen algunos escenarios en los
que los terceros están facultados para ejercer la defensa de derechos ajenos.

4.2. En el caso concreto, se advierte que la acción de tutela promovida por el señor
José Orlando Henao Echeverry tiene como finalidad la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y « a la
ejecución de las sentencias en firme (CP arts. 1, 2 y 29)» (debido proceso). Su
petición se fundamenta en tres argumentos principales:

(i) Afirmó que existe una situación «fraudulenta grave» atribuible a la jueza Tercera
Civil del Circuito de Pereira, quien, según el actor ha incumplido la orden emitida
en la sentencia del 12 de agosto de 1998, al abstenerse a adelantar la
liquidación de los intereses moratorios para definir el monto que debe pagar la
aseguradora demandada. Indicó que dicha autoridad incurrió en el delito de
fraude a resolución judicial al declarar cumplida la obligación sin contar con
pruebas que acrediten los pagos de la aseguradora.
(ii) Cuestionó que ese presunto incumplimiento haya sido convalidado por las
decisiones adoptadas en sede de tutela por el Tribunal Superior de Pereira y
las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural, Casación Laboral y Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.
(iii) Advirtió que la providencia proferida por la jueza el 6 de agosto de 2024 carece
de motivación suficiente y que sería fraudulenta al negar su solicitud sin
demostrar que la obligación fue satisfecha, lo que, a su juicio, impide concluir
razonablemente que la sentencia haya sido ejecutada en debida forma.

De acuerdo con los anteriores argumentos, solicitó que se ordene al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pereira dar trámite a la liquidación ordenada en la
sentencia del 12 de agosto de 1998 y se designe un perito financiero que
presente la liquidación de los intereses moratorios a fin de establecer la suma
que Allianz Seguros S.A. debe pagar.

4.3. Establecido lo anterior y revisado el contenido del proceso ordinario civil
66001-31-03-003-1991-12030-00, esta Sección considera que el señor José
Orlando Henao Echeverry sí ostenta legitimación en la causa por activa para
instaurar esta acción de tutela, razón por lo cual se aparta de lo decidido a ese
respecto por el a quo, con fundamento en las consideraciones que se exponen
a continuación.

Si bien esta Sala reconoce que la decisión del a quo podría resultar razonable
al considerar, exclusivamente, que en el curso del proceso ordinario civil el
señor Orlando Henao Echeverry cedió sus derechos a el señor Horacio Muñoz
Echeverry13, y que dicha cesión fue reconocida por el Juzgado Tercero Civil
12
Sala Tercera de Revisión. Ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.
13
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«01PrimeraInstancia», luego «C01PrincipalPArteII», archivo denominado «Cuaderno01ParteII», página 4.

11
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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

del Circuito de Risaralda en auto del 5 de abril de 201914; se deben considerar
otras actuaciones relevantes para decidir sobre la legitimación del señor
Henao Echeverry para interponer esta tutela, ya que, tras la celebración del
negocio jurídico, el cedente continuó actuando en el proceso sin que ello fuera
objetado por la juez Tercera Civil del Circuito de Pereira. De hecho, varias de
sus intervenciones también fueron tramitadas y decididas en sede apelación
por el Tribunal Superior de Pereira, y justamente esas decisiones son las que
se cuestionan en la presente acción de tutela.

En efecto, se observa que el señor Henao Echeverry presentó múltiples
memoriales solicitando la ejecución de la sentencia constitutiva del título,
promovió incidentes de desacato para obtener la liquidación de los intereses
moratorios, requirió la designación de peritos financieros, entre otras
peticiones. Todas estas solicitudes fueron decididas, aunque de manera
adversa, por los jueces de primera y segunda instancia del proceso ordinario.

A continuación se relacionan algunas de las actuaciones promovidas en el
proceso ordinario civil por el hoy accionante y decididas por los jueces
naturales de la causa posteriores a la cesión:

Memorial: fecha, sujeto y objeto Providencia y autoridad que la expide

19/7/2016 memorial radicado por el apoderado Auto del 21 de julio de 201616, la juez Tercera Civil del Circuito
del señor José Orlando Henao Echeverry y de Pereira rechazó las solicitudes y recuerda que se trata de un
Horacio Muñoz Echeverry15. asunto ya decidido por el despacho. Además: «reconoce
Objeto: Solicitud de práctica de pruebas, personería jurídica al doctor Jairo Velásquez para representar
requerimiento a Allianz Seguros y designación al señor Orlando Henao Echeverry en los términos del mandato
de perito financiero. conferido»

Demanda ejecutiva17 incoada por Orlando - Auto del 29 de noviembre de 201618 , la juez Tercera Civil
Henao Echeverry y Horacio Muñoz Echeverry del Circuito de Pereira denegó la solicitud de librar
para el pago de la sentencia del 12 de agosto mandamiento de pago aduciendo que se trata de una petición
de 1998. ya decidida en el proceso en el sentido de declarar que la
sentencia del 12 de agosto de 1998 fue cumplida en integridad.
• En auto del 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de
Pereira confirmó en apelación la decisión de negar el
mandamiento de pago, pero por existir cosa juzgada en cuanto
a ese litigio. En la parte motiva del auto, se lee:
«(...) en concepto de esta magistratura, es atribuible al asunto
los efectos de cosa juzgadas, pues aquellas decisiones, no hay
duda atiende al fondo del asunto, se encuentran ejecutoriadas,
se agotaron a continuación los recursos, para el juzgado fue
posible luego de su examen llegar a la convicción de que el
pago de la obligación allí impuesta fue cancelada»

8/11/2018 El señor José Orlando Henao - Auto del 18 de diciembre de 201820, la juez Tercera Civil del
Echeverry19 propone incidente de desacato Circuito de Pereira la tramitó como solicitud de negar el
con ocasión a la sentencia del 12 de agosto mandamiento de pago y la despachó desfavorablemente por lo
de 1998 indicado en autos previos.
-Auto 6 de enero de 201921, la juez decide no reponer con
fundamento en los mismos argumentos del primer auto y
concede apelación.
• Auto 28 de junio de 201922, el Tribunal Superior de Pereira

14
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«01PrimeraInstancia», luego «C01PrincipalPArteII», archivo denominado «Cuaderno01ParteII», página 41.
15
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«01PrimeraInstancia», luego «C01PrincipalPArteII», archivo denominado «Cuaderno01ParteII», página 253.
16
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«01PrimeraInstancia», luego «C01PrincipalPArteII», archivo denominado «Cuaderno01ParteII», página 259.
17
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «002Demanda».
18
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «005AutoLibraNiegaMandamientoPago».
19
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «017SolicitudDesacato».
20
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «021AutoLibraNiegaMandamientoPago».
21
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «Expediente digitalizado del proceso ordinario
civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada «C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta
«01PrimeraInstancia», archivo «021AutoLibraNiegaMandamientoPago».
22
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «02SegundaInstancia», archivo «12AutoResuelveRecurso».

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Memorial: fecha, sujeto y objeto Providencia y autoridad que la expide

revocó las anteriores decisiones, pues estimó que era «claro,
como lo afirma el recurrente, que no elevó solicitud de negar
mandamiento de pago, la petición se encabezó como “incidente
de desacato” a la sentencia del 12 de agosto de 1998 (...) en
vista de ello, es respecto de tal cuestión que le corresponde a la
juez de instancia efectuar el pronunciamiento, ello en virtud del
principio de congruencia (...)»

23/11/22 El señor José Orlando Henao - Auto del 5 de diciembre de 202224, la juez Tercera Civil del
Echeverry23 presentó nueva liquidación de Circuito de Pereira se abstiene de darle trámite a la liquidación
intereses ordenados en la sentencia del 12 de presentada por el señor Henao Echeverry comoquiera que no se
agosto de 1998 está frente a una acción ejecutiva.

30/7/2024 El señor José Orlando Henao - Auto del 6 de agosto de 202426, la juez Tercera Civil del
Echeverry25, a través de apoderado, solicitó la Circuito de Pereira niega la petición formulada debido a que la
liquidación de intereses moratorios de la sentencia del 12 de agosto de 1998 fue cumplida en integridad.
sentencia y la designación de un perito -Auto del 12 de agosto de 2024, la juez negó el recurso de
financiero apelación.

De lo anterior se resalta que, el proveído que se cuestiona de manera directa
en el escrito de tutela, emitido por la juez Tercera Civil del Circuito de Pereira
el 6 de agosto de 2024, fue dictado en respuesta a un memorial presentado
por el señor José Orlando Echeverry en el que solicitó la designación de un
perito financiero para que liquidara los intereses moratorios ordenados en la
sentencia del 12 de agosto de 1998. Esta solicitud fue desestimada con el
siguiente argumento:
«Se niega la petición formulada por el apoderado judicial del demandante en los escritos que
anteceden, como quiera que, tal como se dijo en el proveído de Febrero 26 de 2024 “el
presente asunto se encuentra terminado, pues como se ha sostenido en diferentes proveídos
que resuelven peticiones elevadas por el actor, la obligación derivada de la sentencia proferida
por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en Agosto 12 de 1998
fue cumplida a cabalidad por la entonces demandada ASEGURADORA COLSEGUROS
S.A..”» (Destaca la Sala)

En el mismo sentido, en el mencionado auto del 26 de febrero de 2024 27, el
juez de la causa resolvió la solicitud anterior del señor Henao Echeverry, así:
«No se atiende la petición formulada en el escrito que antecede por el demandante señor
JOSÉ ORLANDO HENAO ECHEVERRY, como quiera que independiente por el peticionario
se hayan formulado la denuncia penal y la queja disciplinaria anunciadas, es de advertir que
el presente asunto se encuentra terminado, pues como se ha sostenido en diferentes
proveídos que resuelven peticiones elevadas por el actor, la obligación derivada de la
sentencia proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en
Agosto 12 de 1998 fue cumplida a cabalidad por la entonces demandada ASEGURADORA
COLSEGUROS S.A.. No obstante lo anterior, además de no estar acreditada la formulación
de las referidas denuncia penal y queja disciplinaria, es del caso señalar que al tenor de lo
normado por el Art. 141-7 del Código General del Proceso, podría eventualmente configurarse
la causal de recusación, habiendo existido vinculación legal de la suscrita Juez a las
correspondientes investigaciones, situación que no ha ocurrido» (Subraya la Sección)

4.4. En este punto, conviene recordar que en la sentencia T-292 de 2021 la Corte
Constitucional precisó que la verificación del presupuesto de legitimación en
la causa por activa permite al juez de tutela constatar la existencia de un nexo
causal entre la vulneración de los derechos del accionante y la acción u
omisión atribuida a la autoridad demandada.

23
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «081Liquidación».
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Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «082AutoNoTramita».
25
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «127Solicitud».
26
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «129AutoNiegaSolicitud»
27
Expediente digitalizado del proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1191-01230-00. Carpeta denominada
«C02EjecutivoContinuacion», en la carpeta «01PrimeraInstancia», archivo «105AutoSustanciacion».

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Así las cosas, esta Sala considera acreditada la legitimación en la causa por
activa del señor José Orlando Henao Echeverry para interponer la presente
acción de tutela. Esto, porque se verificó que ha intervenido en el proceso
ordinario civil como sujeto procesal y que sus memoriales (ya sean individuales
o conjuntos con los del señor Horacio Muñoz Echeverry) han dado lugar a las
decisiones que hoy se discuten en esta acción de tutela, en particular el auto
del 6 de agosto de 202428 y, en general, aquellas en la que quedó consignada
la negativa los jueces del proceso ordinario de ordenar la liquidación los
intereses de mora derivados de la sentencia del 12 de agosto de 1998.

Igualmente, se constató que el señor Henao Echeverry ha actuado como
accionante en los distintos procesos constitucionales en los que se dictaron
los fallos de tutela que ahora controvierte. En ese sentido, puede concluirse
que ostenta la titularidad de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia cuya protección invoca en la presente acción de
tutela.

5. Actuación temeraria y cosa juzgada: alcance y análisis en el caso
particular

5.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que «Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes». Es por lo anterior que, en el artículo 37 se exigió que el accionante
manifestara bajo la gravedad del juramento que no había interpuesto otra
petición de amparo por los mismos hechos e invocando la protección de los
mismos derechos fundamentales.

A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional29 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.

La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén prevalidas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia 30.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos31: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.

Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer

28
Aunque en la tutela se hace un cuestionamiento general a las autoridades del proceso ordinario civil ante su negativa a
liquidar los intereses de mora de la sentencia del 12 de agosto de 1998, en un aparte es posible identificar un reproche a
esta providencia en específico, así: «La Jueza Tercera Civil del Circuito de Pereira, en auto fraudulento, sin motivación
de 6 de agosto de 2024, niega la petición afirmando (...). La jueza, no demuestra prueba de pago, no puede afirmar la
probabilidad de verdad de su cumplimiento».
29
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
30
En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción»32.

Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del
accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que
los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho»33. En este supuesto, aunque la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera temeraria.

5.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.

La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»34.

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela35.

En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuaron de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

5.3. De la revisión del expediente y del informe rendido por las autoridades
judiciales accionadas, la Sala advierte que en efecto no es la primera vez que
el señor José Orlando Henao pretende por vía de acción de tutela discutir sus
inconformidades respecto del trámite dado al proceso ordinario civil nro.
66001-31-03-003-1991-012030-00.

Esta situación exige que se analice si al interponer la acción de tutela, el actor
incurrió en una actuación temeraria o si se configuró el fenómeno de cosa
juzgada constitucional.

5.4. La Sala encuentra que el señor José Orlando Henao Echeverry ha presentado,
al menos, siete acciones de tutela con hechos y pretensiones similares a las
que ahora se analizan.

Tal como pasa a ilustrarse en el siguiente cuadro:

32
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
33
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
34
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
35
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Radicación y juez
Fecha fallo Partes Objeto o Pretensión Decisión
tutela
11001-02-03-000- 9/11/2022 José Orlando Amparar los derechos del «La Corte Suprema de
2022-03780-00 Henao Echeverry libelista al debido proceso y Justicia, en Sala de
Corte Suprema de vs. Juzgado 3° de acceso a la Casación Civil,
Justicia, Sala de Civil Circuito administración de justicia, administrando justicia en
Casación Civil Pereira, Sala Civil para dejar sin efectos los nombre de la República de
Familia del autos proferidos por el Colombia y por mandato de
Tribunal Superior juzgado y el tribunal que la
del Distrito negaron la designación de Constitución, NIEGA la
Judicial de perito para liquidar tutela formulada por José
Pereira intereses derivados de la Orlando
sentencia de 1998. Henao Echeverry». Además, solicitó que se
declare la nulidad del
proceso con fundamento en
el artículo 133.2, del CGP
11001-02-03-000- 24/01/2024 José Orlando Dejar sin efecto decisiones «la Corte Suprema de
2024-00035-00 Henao Echeverry judiciales que negaron la Justicia, en Sala de
Corte Suprema de vs. Tribunal nulidad y la solicitud de dar Casación Civil, Agraria y
Justicia, Sala de Superior de trámite a una liquidación Rural, administrando
Casación Civil, Pereira y de intereses moratorios. justicia en nombre de la
Agraria y Rural Juzgado Tercero República de Colombia y
Civil del Circuito por autoridad de la ley,
de Pereira NIEGA la tutela instada.»
11001-02-03-000- 17/04/2024 José Orlando Solicita nulidad contra «PRIMERO: NEGAR la
2024-00035-01 Henao Echeverry providencia de tutela nulidad invocada, conforme
Corte Suprema de (previa) que negó amparo a las
Justicia, Sala de relacionado con liquidación consideraciones
Casación Laboral de intereses. expuestas.»
660013103002- 23/04/2024 José Orlando Solicitó el amparo de su «Por lo expuesto, el
2024-00076-00 Henao Echeverry derecho fundamental al Tribunal Superior del
Tribunal Superior vs. Juzgado debido proceso y que se Distrito Judicial de
del Distrito Judicial Tercero Civil del dejen sin efectos los autos Pereira, Sala de Decisión
de Pereira Circuito de del 26 de febrero y del 13 Civil Familia,
Pereira de marzo de 2024 que administrando justicia en
Vinculada: Allianz negaron la recusación nombre de la República y
SA contra el Juzgado Tercero por autoridad de la ley
Civil del Circuito de Pereira, DECLARA
Como consecuencia, que IMPROCEDENTE la
se separe a la funcionaria presente acción de tutela.»
judicial por recusación y se
ordene cumplimiento de
la sentencia de 1998. 11001-02-03-000- 22/05/2024 José Orlando Impugna decisión de «En mérito de lo expuesto,
2024-00076-01 Henao Echeverry primera instancia que la Corte Suprema de
Corte Suprema de vs. Juzgado declaró la improcedencia Justicia, en Sala de
Justicia, Sala de Tercero Civil del del amparo respecto a Casación Civil, Agraria y
Casación Civil, Circuito de recusación y negativa a Rural, administrando
Agraria y Rural Pereira liquidación de intereses. justicia en nombre de la
Vinculada: Allianz República de Colombia y
SA por autoridad de la Ley,
CONFIRMA la sentencia de
fecha,
naturaleza y procedencia
conocida.»
11001-02-03-000- 17/07/2024 José Orlando Que se separe al Juzgado «En mérito de lo expuesto,
2024-02609-00 Henao Echeverry Tercero Civil del Circuito de la Corte Suprema de
Corte Suprema de vs. Sala de Pereira del expediente y se Justicia, Sala de
Justicia, Sala de Casación Civil de disponga la remisión del Casación Civil, Agraria y
Casación Civil, la Corte Suprema expediente al juzgado que Rural, administrando
Agraria y Rural y Tribunal deba reemplazarlo para dar justicia en nombre de la
Superior de trámite a la liquidación República de Colombia y
Pereira ordenada en la sentencia por autoridad de la ley,
del 12 de agosto de 1998 NIEGA el amparo incoado.»
11001-02-03-000- 28/08/2024 José Orlando Impugnación contra la «PRIMERO:

CONFIRMAR
2024-02609-01 Henao Echeverry decisión que negó la el fallo impugnado, por las
Corte Suprema de vs. Tribunal sentencia de tutela del 17 razones expuestas en la
Justicia, Sala de Superior de de julio de 2024 parte motiva de esta
Casación Laboral Pereira y decisión.»
Juzgado Tercero
Civil del Circuito
de Pereira

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

Radicación y juez
Fecha fallo Partes Objeto o Pretensión Decisión
tutela
66001-22-13-000- 15/10/2024 José Orlando Solicitó el amparo debido «DECLARAR
2024-00258-00 Henao Echeverry proceso y acceso a la IMPROCEDENTE [cosa
Tribunal Superior vs. Juzgado 3º administración de justicia juzgada e inmediatez] el
de Pereira Civil del Circuito por negativa a designar amparo constitucional
de Pereira y un perito financiero para invocado por José Orlando
Allianz Seguros la liquidación de los Henao Echeverry contra el
intereses moratorios sin Juzgado Tercero Civil del
motivación suficiente Circuito de Pereira.»
(autos del 6 y 13 de
agosto de 2024). Relativo
a la aseguradora acusó el
abandono del proceso.
11001-02-03-000- 6/11/2024 José Orlando Impugna la decisión de «En mérito de lo expuesto,
2024-00258-01 Henao Echeverry primera instancia que la Corte Suprema de
Corte Suprema de vs. Juzgado 3º declaró la improcedencia Justicia, en Sala de
Justicia, Sala de Civil del Circuito de la acción fundada en Casación Civil, Agraria y
Casación Civil, de Pereira y cosa juzgada y en el Rural, administrando
Agraria y Rural Allianz Seguros incumplimiento de la justicia en nombre de la
inmediatez. República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
CONFIRMA, por las
razones expuestas
[temeridad e inmediatez],
la sentencia de fecha,
naturaleza y procedencia
conocida.»
11001-02-05-000- 4/12/2024 José Orlando El actor solicitó la «PRIMERO: DECLARAR
2024-02052-00 Henao Echeverry protección debido proceso IMPROCEDENTE [tutela
Corte Suprema de vs. Corte y al acceso a la contra tutela y
Justicia, Sala de Suprema de administración de justicia, subsidiariedad] la acción de
Casación Laboral Justicia- Sala alegando su vulneración tutela impetrada, de
Civil-, Tribunal por decisiones adoptadas conformidad con la parte
Superior de en una acción de tutela y motiva de esta
Pereira y en un proceso ordinario providencia.»
Juzgado Tercero civil. En concreto, pidió
Civil del Circuito dejar sin efectos las
de Pereira sentencias del 15 de
octubre y 6 de noviembre
de 2024, proferidas por el
Tribunal de Pereira y la
Corte Suprema de Justicia
dentro de la tutela n.º 2024-
00258-01 [previa]. Y
cuestionó los autos del 6 y
13 de agosto de 2024
dictados en el proceso
ordinario n.º 1991-12030-
00, al estimar que
incumplen lo ordenado en
la sentencia del 12 de
agosto de 1998. Solicitó, en
su lugar, que se garantice
el cumplimiento de esta
última, especialmente en lo
relativo a la liquidación de
intereses.
11001-02-05-000- 4/02/2025 José Orlando Impugna la decisión de «PRIMERO: CONFIRMAR
2024-02052-01 Henao Echeverry primera instancia que negó el fallo impugnado
Corte Suprema de vs. Corte la tutela por improcedencia [temeridad y tutela contra
Justicia, Sala de Suprema de fundada en la tutela].
Casación Penal Justicia- Sala improcedencia de la acción SEGUNDO: NOTIFICAR
Civil-, Tribunal de tutela contra fallos de esta providencia de
Superior de tutela, subsidiariedad, conformidad con el artículo
Pereira y temeridad y cosa juzgada 30 del Decreto 2591 de
Juzgado Tercero 1991»
Civil del Circuito
de Pereira

Reparos contra el Juzgado 3° Civil del Circuito de Pereira en el proceso 1991-
12030-00

5.5. Lo anterior evidencia que el señor José Orlando Henao Echeverry ha
promovido en múltiples oportunidades acciones de tutela con fundamentos
fácticos y pretensiones similares a las que en esta oportunidad se analizan
(Supra 4.2.). En particular, dichas pretensiones, en su mayoría, guardan relación
con el cumplimiento de la sentencia del 12 de agosto de 1998, emitida por la
Corte Suprema de Justicia y con la negativa del Juzgado Tercero Civil del

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Circuito de Pereira y del Tribunal Superior de Pereira de designar un perito
financiero para que calcule los intereses moratorios que derivan de esa
decisión.

Sin embargo, en sede de tutela, varias autoridades judiciales han desestimado
la concreción de un defecto en las decisiones recurridas y, recientemente, han
declarado la improcedencia de la acción de tutela argumentando la existencia
de cosa juzgada y el incumplimiento del presupuesto de inmediatez.

Aunque en la presente acción de tutela no se analice de manera específica los
autos del proceso civil ordinario acusados, si manifiesta, de manera general,
el desacuerdo con la decisión de negar la designación del perito financiero y
con la omisión de liquidar los intereses moratorios de la sentencia del 12 de
agosto de 1998, lo que revela la identidad sustancial del objeto de la solicitud.

En ese contexto, para esta Sala es posible establecer la identidad de sujetos,
hechos y objeto, al menos, respecto de tres de los procesos constitucionales
previamente relacionados, a saber: 11001-02-03-000-2022-03780-00, 66001-22-
13-000-2024-00258-00 y 11001-02-05-000-2024-02052-00. En todos ellos se
discutió la decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito de no dar trámite a
la liquidación de intereses de mora derivados de la sentencia del 12 de agosto
de 1998 ni a la designación del perito, aduciendo el cumplimiento íntegro de la
providencia. Las acciones de tutela fueron desestimadas en cada una de las
oportunidades por los jueces de instancia.

Así las cosas, en el caso particular se configura el juicio de identidad tripartita.
En primer lugar, se identifica la identidad de partes, donde es accionante el
señor José Orlando Henao Echeverry, quien dirige su reclamación contra el
Juzgado Tercero Civil del Circuito y otras autoridades. En segundo término, se
evidencia identidad, aunque sea parcial, de la causa, dado que alega la
afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia derivada de la negativa a tramitar la liquidación de
los intereses moratorios y, en su lugar, declarar el cumplimiento de la sentencia
del 12 de agosto de 1998. En tercer lugar, se advierte que hay identidad de
objeto dado que lo que se requiere finalmente es que se lleve a cabo la
liquidación pretendida mediante la intervención de un perito financiero.

5.6. Todas estas providencias ya hicieron tránsito a cosa juzgada, pues surtieron
el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional sin haber sido
seleccionadas, tal y como se corrobora a continuación:

● En proceso constitucional 11001-02-03-000-2022-03780-00, se emitió el fallo de
tutela del 9 de noviembre de 2022, el cual no fue objeto de impugnación. Surtió
el trámite de revisión ante la Corte Constitucional con el número interno T-
9265194. En auto del 31 de marzo de 2023, la Corte decidió no seleccionarlo
para revisión36.
● En proceso constitucional 66001-22-13-000-2024-00258-00/01, se emitieron los
fallos del 15 de octubre y 6 de noviembre de 2024 (impugnación). La acción de
tutela surtió el trámite de revisión ante la Corte Constitucional con el numero
interno T-10764083. En auto del 18 de diciembre de 2024, la Corte decidió no
seleccionarlo para revisión37.
● En proceso constitucional 11001-02-05-000-2024-02052-00/01, se emitieron los
fallos del 4 de diciembre de 2024 y del 4 de febrero de 2025 (impugnación). La
acción de tutela surtió el trámite de revisión ante la Corte Constitucional con el

36
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T9265194&lista=datosExpedientes_1753987877083
37
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10764083&lista=datosExpedientes_1753988280000

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número interno T-10963503. En auto del 28 de marzo de 2025, la Corte decidió
no seleccionarlo para revisión38.

Al respecto, conviene recordar que la Corte Constitucional ha indicado que el
fenómeno de la cosa juzgada se configura cuando respecto de dos procesos
constitucionales se identifica igualdad de partes, hechos y propósito, y,
finalmente, cuando frente a la primera acción de tutela ya se hubiere surtido el
trámite de selección ante la Corte Constitucional. Así se lee en la sentencia
SU- 027 de 2021:
«De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada constitucional
cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y,
entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa
juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de
revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada
la providencia que expida este Tribunal.»

5.7. Aunque se corroboró la existencia de procesos de tutela previos con identidad
de sujetos, objeto y causa, en esta oportunidad, la Sala no calificará la
conducta del señor Henao Echeverry como temeraria dado que del escrito de
tutela no se desprende con certeza la existencia de dolo o mala fe en la
interposición de la acción de amparo. Por el contrario, el actor hizo referencia
en la demanda a los dos últimos procesos de tutela y aportó como anexo la
copia de las sentencias que lo decidieron, lo que evidencia que no es su
propósito ocultar las actuaciones previas.

Lo que se advierte, es que se interpone el mecanismo constitucional con el
propósito de ejercer una defensa firme de los derechos que estima vulnerados
por la actuación de las autoridades judiciales acusadas, pues tiene la
convicción de que los jueces del proceso ordinario civil incurrieron en un grave
error al omitir las acciones procesales necesarias para garantizar el
cumplimiento de la sentencia del 12 de agosto de 1998 y que los jueces de
tutela se equivocaron al no analizar debidamente los medios de prueba.

A pesar de lo anterior, para esta Sala aparece claro que las pretensiones del
señor José Orando Henao Echeverry, en relación con el cumplimiento de la
sentencia del 12 de agosto de 1998 y la consecuente liquidación de los
perjuicios moratorios derivados de aquella, han sido analizados en múltiples
oportunidades por los jueces de tutela, mediante fallos que hicieron tránsito a
cosa juzgada. De modo que su insistencia en presentar nuevas acciones por
los mismos hechos, aunque podría estar desprovista de dolo o mala fe,
evidencia un uso desmedido e irracional de esta acción constitucional, lo que
implica un evidente desgaste de los recursos del Estado y de la función judicial.

Es preciso advertir que la emisión de autos en el proceso ordinario, en los que,
ante una nueva petición de cumplimiento de la sentencia del 12 de agosto de
1998, la juez se esté a lo resuelto en decisiones previas que declararon el
acatamiento íntegro de la orden, no dan lugar a la interposición de nuevas
acciones de tutela. Mientras que el objeto de los memoriales incoados por el
actor y de los autos que los resuelven siga siendo el mismo, se materializa la
figura de la cosa juzgada constitucional. Igual razonamiento aplica respecto de
la instauración de acciones de tutela que tengan la identidad tripartita de la que
se ha hablado en este fallo.

38
Cfr.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10963503&lista=datosExpedient
es_1753988478871

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01273-01
Demandante: José Orlando Henao Echeverry

De acuerdo con lo anterior, se instará al señor Henao Echeverry para que haga
un uso racional de la acción de tutela y en el futuro se abstenga de instaurar
demandas de tutela por los mismos hechos estudiados en este fallo.

5.8. Si bien el actor, no individualiza los procesos de tutela que pretende discutir
con esta nueva petición de amparo, en el escrito de tutela sí indica, de manera
general su desacuerdo con las sentencias de tutela emitidas por el Tribunal
Superior de Pereira y la Corte Suprema de Justicia, Salas de Casación Civil,
Agraria y Rural, Casación Laboral y Casación Penal que han avalado las
omisiones y errores de la juez Tercera Civil del Circuito de Pereira.

Lo anterior, permitiría identificar, atendiendo al juez constitucional de
conocimiento y a las providencias aportadas como prueba, que su
inconformidad se centra en los procesos constitucionales 66001-22-13-000-
2024-00258-00/01 y 11001-02-05-000-2024-02052-00/01.

En relación con el primero, se tiene que las sentencias emitidas en aquel ya
fueron objeto de análisis en el proceso constitucional 11001-02-05-000-2024-
02052-00/01.

Conviene recordar de manera breve que, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 4 de diciembre de 2024 emitió sentencia de
tutela de primera instancia en el proceso constitucional nro. 11001-02-05-000-
2024-02052-00, en la que estableció el siguiente objeto de amparo:
«Al descender al caso bajo estudio, se infiere que el amparo se dirige a que se dejen sin valor
y efecto i) las sentencias de 15 de octubre de 2024 y 6 de noviembre de igual año, proferidas
por la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira y la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de
esta Corporación dentro del proceso de tutela número 66001221300020240025801 y, ii) los
autos de 6 y 13 de agosto de 2024, dictados por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Pereira 66001310300319911203000.
En su lugar, se ordene al juez de conocimiento y a Allianz Seguros S.A. dar cumplimiento a la
orden de liquidación de intereses moratorios impartida en la sentencia de 12 de agosto de
1998 por la Sala de Casación Civil de esta Corporación y, se conceda la petición de
designación de un perito financiero para que concrete la suma a pagar por parte de la
demandada». (Subraya la Sala)

Así las cosas, en relación con estas pretensiones, los jueces de tutela del
proceso 11001-02-05-000-2024-02052-00/01 declararon la improcedencia de
la acción. La Sala de Casación Laboral, en primera instancia, sostuvo que no
se acreditaron los presupuestos de procedencia excepcionalísima para discutir
a través de la acción de tutela fallos de tutela, pues no se demostró la
ocurrencia de la cosa juzgada fraudulenta ni el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

En impugnación, la Sala de Casación Penal confirmó la decisión de
improcedencia por considerar que hubo una actuación temeraria por parte del
actor quien insiste en cuestionamientos ya resueltos en tutelas anteriores,
particularmente, en relación con la omisión del juzgado accionado de tramitar
la liquidación solicitada. Como segundo argumento, recordó la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencia de tutela y que no se demostró una
situación de cosa juzgada fraudulenta ni en qué consistió el engaño que
justifica la nueva intervención constitucional.

De acuerdo con lo expuesto, se insiste, esta Sala no puede proceder con el
análisis de fondo de las inconformidades expuestas contra los fallos de tutela
proferidos en el proceso constitucional 66001-22-13-000-2024-00258-00/01
debido a que ya fueron objeto de análisis y decisión en las sentencias de tutela
del 4 de diciembre de 2024 y del 4 de febrero de 2025, emitidas en el proceso

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

constitucional 11001-02-05-000-2024-02052-00/01, fallos que hicieron tránsito
a cosa juzgada constitucional39.

6. Los cargos en contra de las sentencias de tutela proferidas en el proceso
constitucional 11001-02-05-000-2024-02052-00/01
6.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.
En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela
la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción. Sin embargo, si fue proferida por
otro juez de la República la acción de amparo puede proceder
excepcionalmente, si además de los requisitos generales de procedibilidad, se
acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una
situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o, incluso, con
anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar
la situación.
Asimismo, destacó que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha
producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible
hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal
estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte
Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).

6.2. La acción de tutela es improcedente porque se dirige contra providencias
judiciales proferidas en el marco de una acción de tutela previa, sin que se
hayan acreditado las condiciones excepcionales que justificarían su
procedencia. En efecto, conforme a la jurisprudencia citada de la Corte
Constitucional, el principio general es el de la improcedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela, salvo que se acredite de manera clara y
suficiente la existencia de una cosa juzgada fraudulenta o de una vulneración
grave al debido proceso, lo cual no se evidencia en el presente caso.
La Corte ha indicado que la cosa juzgada fraudulenta se materializa cuando
las partes o el juez utilizan el proceso con fines ilegales o dolosos, atentando
contra los valores esenciales de la administración de justicia. La carga de
probar este fraude recae en el accionante, quien debe probar los hechos
mediante elementos claros, ciertos y suficientes (T-023 de 2023).

En el escrito de impugnación, los accionantes argumentaron la existencia de
la cosa juzgada fraudulenta, argumentando que el Juzgado 3° Civil del Circuito
de Pereira dio por cumplida la sentencia ordinaria con fundamento en
documentos sin valor probatorio, tales como copias simples oficios de
embargo de un proceso diferente y archivos no auditados por el juez

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Ibidem.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry

competente, evadiéndose del trámite legal de la ejecución. Estiman que estas
actuaciones materializan falsedad y fraude a resolución judicial.

A ese respecto, considera la Sala que los argumentos de los impugnantes se
reducen a expresar su desacuerdo con el contenido de las decisiones
judiciales que declararon cumplida la sentencia del 12 de agosto de 1998 y
que negaron la liquidación de intereses moratorios. Pero, de destaca que la
discrepancia en la valoración de las pruebas no evidencia, per se, alguna
causal de procedencia de la acción de tutela contra decisiones de tutela. Más
bien, se considera que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate
probatorio y jurídico ya analizado por el juez de tutela en procesos previos.

Adicional a lo anterior, se observa que en este caso existe identidad fáctica
con la acción de tutela previa (rad. 2024-02052-00), en la medida que existe
coincidencia de partes, causa y objeto dado que refiere al mismo debate
planteado por el señor José Orlando Henao Echeverry en múltiples
oportunidades, lo que excluye la posibilidad de retomar la discusión a través
de una nueva acción constitucional.
6.3. En suma, se advierte que la presente tutela es un ejemplo de los casos en que
la parte vencida acude a la tutela con la esperanza de revertir la decisión inicial
del juez constitucional, a fin de lograr un fallo favorable a sus intereses.
Situación que, justamente, pretende evitar la limitación de la acción de tutela
contra decisiones de tutela. De no existir tal regla, un asunto nunca se
terminaría definitivamente, pues existiría la posibilidad de reabrir el debate
mediante una nueva acción de tutela una y otra vez, de forma indefinida en el
tiempo.

7. Conclusión

La Sala confirmará la decisión de improcedencia que adoptó la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el fallo del 5 de junio de 2025, pero por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia, esto es, por encontrar que respecto de la
acción de tutela presentada por el señor José Orlando Henao Echeverry existe cosa
juzgada constitucional y porque la acción de tutela se instauró para cuestionar
sentencias de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 5 de junio de 2025, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.

2. Instar al señor José Orlando Henao Echeverry para haga un uso racional de
la acción de tutela, coherente que su naturaleza y propósito, y en el futuro se
abstenga de instaurar demandas de tutela por los mismos hechos estudiados
en este fallo.

3. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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