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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01274-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01274-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: - Archivo Central. Primero: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora María Nelsy Paz Prieto, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. Segundo DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 28 de febrero de 2025, en la tutela 76001-33- 33-016-2025-00020-00 [01]. Tercero: DEJAR EN FIRME la sentencia proferida por el Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito de Cali el 3 del mismo mes y año, que amparó los derechos fundamentales de la señora. Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01274-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01274-00
Accionante: María Nelsy Paz Prieto
Accionados: Nueva EPS y otros

Tema: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Procedencia
excepcional. Derecho a la salud. Entrega de medicamentos que
se requieren de manera continua. CONCEDE AMPARO
TRANSITORIO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Nelsy Paz Prieto,
en nombre propio, en contra de la Nueva EPS, la Farmacia Colsubsidio, el Juzgado
16 Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a
la vida, al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por las entidades antes mencionadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Manifestó la actora que es una persona de 79 años que fue diagnosticada con
trombocitosis esencial, enfermedad calificada como síndrome mieloproliferativo
crónico, por lo cual, requiere estar en tratamiento médico constante. Que su médico

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tratante de la Nueva EPS le formuló el medicamento Ruxolitinib de 20mg, - Archivo
en Central.
una
cantidad de 180 pastillas (tomar dos por día), y que el tratamiento cubre los meses
de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025.

Que el 9 de diciembre de 2024 solicitó ante la Farmacia Colsubsidio la entrega del
medicamento y ante la ausencia del suministro, el 29 de enero de 2025 promovió
acción de tutela; la cual correspondió al Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito
de Cali con radicado 76001-33-33-016-2025-00020-00 [01], quien en sentencia del
3 de febrero del año en curso amparó el derecho fundamental a la salud y ordenó
la entrega inmediata del medicamento Ruxolitinib.

Que el 5 de febrero de 2025 la Farmacia Colsubsidio solo le entregó 60 unidades
del medicamento y no las 180 que ordenó el médico tratante, sin embargo, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión del Juzgado y declaró
la carencia de objeto por hecho superado.

Considera que la decisión del Tribunal desconoció el contenido de las fórmulas
médicas, no valoró la situación real de la usuaria pues no tuvo en cuenta que la
satisfacción del derecho a la salud de manera integral requería la entrega de las 180
unidades de Ruxolitinib y no solo de 60, de manera que se dejaron de cubrir los
meses de enero y febrero del año en curso.

Afirma que la no entrega del medicamento faltante pone en riesgo su salud y su
vida, porque «podría generar coágulos en órganos vitales, poniendo en peligro mi
vida».

PRETENSIONES

Solicita que se amparen sus derechos invocados, dejando sin efectos la sentencia
del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y, en consecuencia, se tomen las medidas que el juez considere necesarias.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 17 de marzo de 2025 se dispuso su admisión; se ordenó notificar a las
accionadas; se ofició a la Nueva EPS y a la Farmacia Colsubsidio, para que
informaran sobre la entrega del medicamento Ruxolitinib de 20 mg a la señora Paz,
y se negó la medida provisional solicitada.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La Farmacia Colsubsidio indicó que conforme a la Ley 1966 de 2019 es la Nueva
EPS la encargada de la autorización de los medicamentos, del tratamiento integral
y de ver la disponibilidad de éstos.

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Adicionalmente, señaló que ha realizado las gestiones administrativas, -logísticas
Archivo Central.
y
operativas necesarias para buscar y adquirir el medicamento ruxolitinib fosfato que
requiere la accionante, pero no ha sido posible debido a los problemas de
desabastecimiento de medicamentos y la falta de pago por parte de la Nueva EPS,
situación que ha puesto en conocimiento de la EPS.

Por otro lado, solicitó que se conmine o exhorte a la Nueva EPS a que «designe una
farmacia extrema de su red, que tenga en su despensa el medicamento, para que
lo entregue a la accionante».

El Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito de Cali remitió link de consulta de
la acción de tutela con radicado 76001-33-33-016-2025-00020-00 [01], pero no se
pronunció sobre el particular.

Se notificó en debida forma al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la
Nueva EPS de la acción de tutela; sin embargo, estos guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
fallo de la misma naturaleza y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

II) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallo de la misma
naturaleza

La Corte Constitucional en Sentencia SU-627 de 2015 estableció los presupuestos
que se deben cumplir para que proceda la acción de tutela contra fallos de la misma
naturaleza, enfatizando que la regla general es que no procede cuando la sentencia
ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela; eventos en los que solo procede el incidente de
nulidad ante la misma Corte. Señaló; sin embargo, que procede la acción de tutela

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en los siguientes casos: - Archivo Central.

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

La Corte en la Sentencia T 073 de 2019 definió la cosa juzgada fraudulenta así:

«Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la
actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa,
en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un
principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se
presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos
razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden
la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por
otra, producen una situación que atenta contra el orden
constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un
derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada
para obtener el resultado no deseado por el legislador». (negrilla fuera de
texto original)

Expresó la Corte en esa oportunidad que en casos de cosa juzgada fraudulenta la
tutela procede incluso si ya se excluyó de revisión por esa Corporación. Además,
ha sido reiterada la posición según la cual:

«27. El proceso de revisión, consagrado en el artículo 241 Superior,
coloca a la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional y pone fin a las controversias que surgen sobre la materia,
impidiendo, de esta manera, “mantener abierta una disputa que involucra
los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su
protección oportuna y efectiva”1. En este sentido, este trámite se
establece como “(…) un proceso especial contra cualquier falta de
protección de los derechos fundamentales”2, que “tiene como efecto
principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que
opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional».3

1 Sentencia SU-1219 de 2001. Posición reiterada en sentencia T-1204 de 2008.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

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III) Caso concreto - Archivo Central.

La señora María Nelsy Paz Prieto solicita la protección de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida, al debido proceso, a la dignidad humana y al
acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados con la sentencia
del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual revocó la providencia de primera instancia que amparó el
derecho a la salud y ordenó la entrega del medicamento Ruxolitinib 20 mg y, en su
lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Al respecto, se observa que la acción constitucional se dirige contra un fallo de igual
naturaleza y que no puede hablarse de cosa juzgada fraudulenta, teniendo en
cuenta que tratándose de acciones de tutela, la cosa juzgada se configura cuando
la Corte decide sobre su revisión eventual.

No obstante, como lo reclamado en esta sede son los derechos a la salud y a la vida
y lo que se alega es que, debido al fallo del Tribunal que declaró el hecho superado,
se dejaron sin protección los derechos invocados que habían sido amparados por
el juez de primera instancia; esta Subsección considera que este es un caso de
excepción en el que procede el amparo; atendiendo a la inminencia del perjuicio
irremediable que podría generarse por la no entrega de los medicamentos.

Se llega a esta determinación, por cuanto se trata de una persona de la tercera edad
de 79 años4, que padece de enfermedad de trombocitosis esencial -
mieloproliferativa crónica y requiere de tratamiento continuo, por lo cual, es
apremiante para la señora Paz recibir el medicamento ruxolitinib de 20 mg lo antes
posible o un sustituto válido autorizado por su médico tratante.

El Tribunal en el fallo de segunda instancia tuvo por superado el hecho vulnerador
de los derechos de la actora con fundamento en el soporte que aportó la Farmacia
Colsubsidio en la impugnación, pese a que dicho soporte solo daba cuenta de la
entrega de una tercera parte de las dosis formuladas para los tres meses, sin
previamente verificar si la cantidad entregada correspondía a la ordenada por el
médico tratante y autorizada por la Nueva EPS o si la entrega se realizaría por
partes mes a mes.

Para ello, pasó por alto que el padecimiento de la señora Paz está diagnosticado
como crónico y requiere de tratamiento continuo5. También pasó por alto la orden
médica núm. 597754766 y la constancia de entrega del medicamento, de donde
claramente se observa que no corresponden las cantidades en uno y otro
documento, cuyas imágenes se insertan para mayor ilustración.

4 Según cédula de ciudadanía. Anexo de la tutela con radicado 76001-33-33-016-2025-00020-00 [01]. Índice 2

de samai, conforme a la Sentencia SU 109 de 2022 se considera persona de la tercera edad cuando supera la
edad que certifica el DANE, se encuentra estimada en 76 años.
5 Historia clínica del 9 de diciembre de 2024, Clínica de Occidente, página 1 anexos de la tutela 2025-00020-00
6 Anexos tutela 2025-00020-00 página 5

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• Archivo Central.

Así las cosas, estando claro que la señora María Nelsy Paz Prieto, requiere el
medicamento Ruxolitinib de 20 mg de manera continuada, que las 180 unidades
autorizadas correspondían al tratamiento de 90 días y la Droguería solo le suministró
el medicamento para 30 días y que la carencia del mismo pone en riesgo la salud y
la calidad de vida de la paciente, ante la posibilidad de «formación de coágulos en
órganos vital (sic)», tal y como lo sostiene la usuaria en la tutela y no fue discutido
por las accionadas.

En tal sentido, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 28 de febrero de 2025 y se dejará en firme la
decisión proferida por el Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito de Cali el 3 del
mismo mes y año, de manera que pueda ser exigido su cumplimiento por el juez y/o
puedan ser moduladas las órdenes para la protección de los derechos de la
accionante, según las competencias propias del juez de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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RESUELVE: - Archivo Central.

Primero: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora
María Nelsy Paz Prieto, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 28 de febrero de 2025, en la tutela 76001-33-
33-016-2025-00020-00 [01].

Tercero: DEJAR EN FIRME la sentencia proferida por el Juzgado 16 Administrativo
Oral del Circuito de Cali el 3 del mismo mes y año, que amparó los derechos
fundamentales de la señora.

Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

HAPC

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