Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01285-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
3 de abril de 2025
Demandante: Diana María Cumbe Perdomo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Departamento de Nómina
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01285-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01285-00
Demandante: DIANA MARÍA CUMBE PERDOMO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
Tema: Tutela de fondo. Hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Diana María Cumbe Perdomo, en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Departamento de
Nómina, con el fin de que le sea protegido su derecho fundamental de
petición.
Consideró vulnerada dicha garantía constitucional por cuanto, a la fecha de
presentación de esta tutela, la autoridad accionada no le ha brindado
respuesta de fondo a su solicitud referente a los descuentos realizados por
concepto del pagaré número 010200000041886 que ella tiene con la entidad
Credivalores - Crediservicios S.A., desde el 5 de mayo de 2009 a la fecha.
1.2 Pretensiones.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Se declare que el Consejo Superior de la Judicatura, Departamento de
Nomina identificado con NIT 800093816-3. ha vulnerado mi derecho
fundamental de petición.
Se tutele mi derecho fundamental de petición.
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Demandante: Diana María Cumbe Perdomo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Departamento de Nómina
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01285-00
Como consecuencia, se ordene a el Consejo Superior de la Judicatura,
Departamento de Nomina identificado con nit 800093816-3, que, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta
de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia
colombianas».1
1.3. Hechos
Manifestó la accionante que obtuvo un crédito de consumo por parte de
CREDISERVICIOS S.A. por valor de $14.000.000, en el que autorizó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a efectuarle los descuentos de
nómina por valor de $ 443.009 durante un período de 60 meses.
El 30 de octubre de 2024 la señora Cumbe Perdomo solicitó al Consejo
Superior de la Judicatura, Departamento de Nómina, que le allegara sábana
detallada de los descuentos realizados por concepto del pagaré número
010200000041886 que ella tiene con la entidad Credivalores S.A. desde el 5
de mayo de 2009 a la fecha.
Ante la falta de respuesta, presentó nuevamente derecho de petición el 18 de
diciembre de 2024 ante el Departamento de Nómina del Consejo Superior de
la Judicatura, sin que se le hubiese brindado respuesta de fondo a su
solicitud.
Indicó que, a la fecha de interposición de esta tutela la entidad accionada ha
desconocido los términos legales y constitucionales para darle respuesta de
fondo a su petición.
1.4. Sustento de la vulneración
La acción de tutela se fundamenta en lo preceptuado por el artículo 86 de la
Constitución Política, en armonía con los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992 y D.L. 1382/2000; Art. 6° del C.C.A.; Decreto 2150 de 1995, art 1 y Ley
1755 de 2015.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 11 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Asimismo, se dispuso comunicar al representante legal de CREDIVALORES
S.A. – CREDISERVICIOS S.A., como tercero con interés en las resultas del
proceso, para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente
trámite tutelar.
1.6. Intervenciones
1 Transcripción del original con posibles errores
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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia
Mediante comunicación del 14 de marzo de 2025, exteriorizó que la
autoridad legitimada para dirimir la controversia administrativa señalada por
la parte accionante era la Unidad de Recursos Humanos de las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial y/o de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Por tanto, indicó que son éstas las que tienen la aptitud legal por ser las
competentes para definir el pago de los emolumentos y prestaciones sociales
con relación al personal que trabaja en los despachos judiciales de su
jurisdicción territorial, así como también, la expedición de certificados y
demás situaciones que deriven del pago o descuentos de nómina. En ese
mismo orden, le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial con relación a los servidores judiciales del nivel central.
Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a
responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las
garantías constitucionales del accionante, máxime cuando la parte actora no
aportó prueba de la que se pueda establecer que efectivamente radicó la
solicitud aludida en los canales de comunicación de dicha corporación.
Por lo anterior, solicitó se le desvincule del presente trámite tutelar.
1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Asistencia Legal
Mediante oficio enviado el 18 de marzo de 2025 por la profesional adscrita a
la Unidad de Asistencia Legal de dicha entidad, indicó que el director de la
Unidad de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, mediante oficio DEAJRHO25-1013 del 13 de marzo de la misma
anualidad, brindó respuesta a la accionante, remitiéndole los acumulados por
concepto de nómina desde el 2009 a diciembre de 2024.
Señaló que, con dicha contestación, se atendió de fondo, de manera clara y
congruente la petición solicitada, razón por la cual, los supuestos fácticos y
jurídicos que sustentan la presente acción de tutela desaparecieron.
Por consiguiente, aseguró que la acción de amparo se torna improcedente al
configurarse el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
1.6.3. Credivalores S.A. – Crediservicios S.A. pese a ser notificada en
debida forma guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 8° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión Previa
En su intervención, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se le
desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no es la
entidad competente para atender las pretensiones de la acción de tutela.
Al respecto, se precisa que su vinculación se realizó en calidad de
demandado, por ser la autoridad a la cual la parte actora le endilgó la
presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
Por lo tanto, su comparecencia en el proceso resultaba necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción y esclarecer los hechos de
la demanda, razón por la cual no se accederá a su solicitud.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada transgredió el
derecho fundamental de petición de la señora Diana María Cumbe Perdomo
con ocasión a que, a la fecha de radicación de esta tutela, no se le ha dado
respuesta de fondo a la petición presentada desde el 18 de diciembre de
2024.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
Generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y (iii)
análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado.
2.5. Del derecho fundamental de petición
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
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El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:
i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.
ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.
iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:
«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el
interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que
el derecho ha sido observado cabalmente»4
Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.
Específicamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el
término dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
plazo en el cual se realizará la contestación.
2.6. Caso concreto
La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición, por
cuanto, a la fecha de presentación de esta acción, la autoridad accionada no
le había brindado respuesta a su solicitud de informarle acerca de los
descuentos realizados por concepto del pagaré número 010200000041886
que ella tiene con la entidad Credivalores - Crediservicios S.A. desde el 5 de
mayo de 2009 a la fecha.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392
de 1995 y T-291 de 1996.
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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En primer lugar, se adujo que mediante mensaje enviado el 30 de octubre de
2024 a los correos medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co;
ejimeneg@deaj.ramajudicial.gov.co, la señora Cumbe Perdomo solicitó lo
siguiente (se anexa imagen)
De lo anterior se aprecia que la petición fue radicada ante la mesa de
entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Por tal motivo,
aunque la señora Diana María Cumbe Perdomo alegó que el Consejo
Superior de la Judicatura vulneró su derecho fundamental de petición, lo
cierto es que la solicitud no fue presentada ante esa autoridad.
Así pues, al no estar obligada a dar una respuesta, se negará el amparo
frente a esta autoridad al no verificarse la transgresión invocada.
De otra parte, la Sala observa que, del informe allegado por parte de la
Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en el presente asunto se encuentra configurada la carencia actual
de objeto por hecho superado, en razón a que lo pretendido con este
mecanismo constitucional ya fue cumplido durante el trámite de esta
tutela, al haberle brindado respuesta a la accionante mediante correo
electrónico tal como se observa en las siguientes imágenes.
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La Corte Constitucional sostiene que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por
lo que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha dicho que esta figura jurídica puede proceder en
tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
Al respecto, ha señalado:
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«(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una
amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el
objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción (…)5» (Destacado por la Sala)
En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:6
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
de tutela dé una orden al respecto”.7
(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.
En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente
a su conocimiento.
En el caso concreto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
través de la Unidad de Talento Humano brindó respuesta de fondo, clara y
congruente a la petición solicitada, mediante oficio DEAJRHO25-1013 del 13
de marzo de 2025, remitiéndole los informes históricos acumulados por
concepto de nómina desde el 2009 a diciembre de 2024.
5 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
6 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-
03-15-000-2018-04225-00.
7 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Departamento de Nómina
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En tal virtud, es claro que el presente trámite procesal carece actualmente de
objeto, comoquiera que el hecho que motivó la interposición de la acción de
tutela fue superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de
la Judicatura por las razones expuestas.
SEGUNDO: Deniégase el amparo solicitado en lo concerniente al Consejo
Superior de la Judicatura.
TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción de tutela de la referencia.
CUARTO: Notifíquese a las partes y terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÓN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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