Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01289-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01289-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01289-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
24 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y
A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1.
1
En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00
Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora GLORIA PATRICIA TIGREROS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la
sentencia de 23 de octubre de 2024, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que laboró como docente al servicio del Municipio de
Palmira (Valle del Cauca) para cubrir una licencia por treinta días
desde el 7 de enero de 1979 y, asimismo, una por sesenta días desde
el 17 de enero de 1994, en el Departamento del Valle del Cauca.
Indicó que, posteriormente, fue vinculada como docente de tiempo
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Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS
completo al servicio del Departamento del Valle del Cauca desde el
17 de enero de 1994, cargo que desempeñaba hasta al momento de
presentar la acción de tutela de la referencia.
Afirmó que en octubre de 20132, se causó su derecho a la pensión
gracia al haber laborado como docente territorial o nacionalizada por
más de 20 años en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, al
servicio del Departamento del Valle del Cauca.
Sostuvo que por lo anterior, el 9 de junio de 2011, solicitó el
reconocimiento y pago de su pensión gracia y que mediante la
Resolución núm. UGM 023226 de 29 de diciembre de 2011, la Caja
Nacional de Previsión Social EICE -CAJANAL-, le denegó la misma
porque, a su juicio de la entidad, no cumplió con los requisitos para
ello.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES -UGPP-3, antes CAJANAL, con el fin de que se
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La actora no especificó el día.
3
En adelante la UGPP.
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declarara la nulidad de la Resolución núm. UGM 023226 de 29 de
diciembre de 2011 y se le reconociera y ordenara el pago de la
pensión gracia, incluyendo la totalidad de los factores salariales
devengados.
Advirtió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA4 que, en sentencia de 31 de marzo de 2022, denegó las
pretensiones de la demanda.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de
octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Resaltó que la presente acción de tutela cumple con todos los
requisitos generales para su procedencia y que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales pues no atendió el
precedente judicial vertical y no tuvo en cuenta el régimen
4
En adelante el Tribunal.
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prestacional en el que se encontraba para acceder a su pensión
gracia establecido en la leyes 114 de 4 de diciembre de 19135; 116
de 22 de noviembre de 19286; 37 de 21 de noviembre de 19337, 43
de 1o. de diciembre de 19758 y 91 de 29 de diciembre de 19899.
Precisó que la Ley 114 de 1913 estableció la pensión gracia como un
reconocimiento al servicio de la actividad educativa de los docentes
territoriales de las escuelas primarias, para lo cual debía cumplir con
los requisitos de 20 años de servicio en establecimiento educativos
oficiales del orden territorial y cumpliera 50 años, los cuales se
extendieron por medio de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, a los
maestros de secundaria, normalista e inspectores de instrucción
pública, análisis que, en su sentir, omitió la SECCIÓN SEGUNDA.
Indicó que conforme a la Ley 91 de 1989, el personal docente
nacional y nacionalizado que se vincularan con posterioridad al 1o.
de enero de 1990 para efectos de las prestaciones económicas y
sociales mantendrían su régimen prestacional establecido en cada
entidad territorial y los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
5
“Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”.
6
“Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
7
“Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados”.
8
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.
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“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
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que por mandato de las leyes 114 de 1913; 116 de 1928 10 y 37 de
1933, se les reconocería la pensión gracia si cumplían con los
requisitos de Ley para ello. Asimismo, para los docentes vinculados
a partir del 1o. de enero de 1987, nacionales y nacionalizados y para
aquellos que se nombraran a partir del 1o. de enero de 1990, solo se
les reconocería la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año.
Advirtió que conforme a lo anterior, a su juicio, la autoridad judicial
accionada desconoció que los docentes vinculados con anterioridad
al 30 de diciembre de 1980 continuarían cobijados bajo el régimen
prestacional de la Ley 114 de 1993 y demás normas, por lo que debía
abstenerse de dar aplicación al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues
ingresó a la carrera como decente territorial el 27 de febrero de 1979.
Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa a la Constitución, comoquiera que “[…] desconoce una norma
(artículo 1 de la ley 114 de 1.913, la Ley 116 de 1928, la Ley 37 de 1933,
la Ley 43 de 1.975 y la Ley 91 de 1.989 y demás normas que las hubieren
modificado ) o centra su argumento en una que resulta abiertamente
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“Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
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inaplicable, bien sea porque: 1) la norma perdió vigencia ; ii) es
inconstitucional; iii) el contenido de la disposición no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso (las resoluciones 03695 del 28 de
julio de 1.993 y 04271 del 30 de agosto de 1.993) ; iv) excede la autonomía
interpretativa del juez , ya sea por desconocimiento de sentencias con
efectos erga omnes o por ser su interpretación contraria a la Constitución
Política; v) es insuficiente la sustentación o justificación de la providencia
y se afecta con ello derechos fundamentales ; y v1) desconoce el
precedente judicial sin presentar un mínimo razonable de argumentación
[…]”.
Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación de 21 de junio
de 2018, proferida dentro del proceso identificado con el número
único de radicado 25000-23-42-000-2013-04683-0111.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] De Las Pretensiones
Primera. - Se me ampare, mis derechos fundamentales al debido
proceso, mi derecho al mínimo vital, derecho a la integridad de la
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M.P. Carmelo Perdomo Cueter.
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seguridad social en lo pensional, derecho a la igualdad de tratamiento
ante la ley, el acceso a la administración de justicia, y demás
connotaciones referidas en el artículo 53 superior.
Segunda. - Se declare sin efectos jurídicos la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sección Segunda – Subsección A de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
el día 23 de octubre de 2.024, notificada el 12 de diciembre de 2.024
al suscrito vía correo electrónico, dentro del proceso ordinario de
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
identificado con el radicado 76001-23-33-002-2018-01020-01.
Tercera - Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección
Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, emitir una nueva sentencia
que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva de aplicarme
EN SU INTEGRIDAD el régimen prestacional y pensional establecido
en la Ley 114 de 1.913, en los artículos 6 y 3 de las leyes 116 de
1.928 y 37 de 1.933, respectivamente, y demás normas que lo
modifique y adicionen, tal como lo instituyo la ley 43 de 1.975 y el
artículo 15 de la ley 91 de 1.989, lo dispuesto en la sentencia C-489
de 2000 de la Corte Constitucional, la Sentencia del 17 de noviembre
de 2016, exp. 2014-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, en
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 Radicado 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014), en la sentencia de unificación
del 11 de agosto de 2022 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), la sentencia del 19 de
septiembre de 2019, radicado: 11001- 03-15-000-2019-02219-01
(AC) del Consejo de Estado, Sección Cuarta.
Cuarta. - Se dé aplicación al reiterado precedente judicial fijado por
el Honorable Consejo de Estado en caso supuestos de hecho y de
derecho similares al reclamado por la aquí accionante; y en caso de
que la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se aparte de
él, exponga en la parte motiva de la sentencia la relación de motivos
y razones que lo llevan a no aplicar las decisiones judiciales ya
tomadas con anterioridad por los jueces de igual y de superior
jerarquía.
Quinta. - Que la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al
momento de resolver nuevamente el recurso de apelación, efectué
adecuadamente la verificación objetiva en los argumentos expuesto,
a luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo 13 y
53 superiores y tratados internacionales debidamente ratificados,
cuya motivación se suplica, quedé incluida en la providencia […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La UGPP manifestó que la presente solicitud de amparo es
improcedente porque lo que pretende la actora es sustituir una
decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la
causa, la cual determinó que la actora no cumplió con los requisitos
de Ley para ser beneficiaria de la pensión gracia.
Sostuvo que la decisión de la providencia controvertida se basó en la
normativa que rige la pensión gracia y en el material probatorio
derivado de las certificaciones laborales para negar dicha prestación,
pues su vinculación fue de orden nacional.
Adujo que la SECCIÓN SEGUNDA no desconoció las normas de
rango legal aplicables al caso para efectos de negar el reconocimiento
de la pensión gracia ni los aplicó indebidamente o le dio una
interpretación errada, comoquiera que la decisión se fundamentó en
los preceptos legales relacionados con el tema y la jurisprudencia
proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Indicó que no existió un desconocimiento del precedente por cuanto
tuvo en cuenta la posición normativa fue aplicada, entre otras, la
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“[…] sentencia de 1o. de octubre de 2009, expediente 0423-2008
[…]”.
Advirtió que tanto ella como la SECCIÓN SEGUNDA, han actuado
conforme a la normativa que regula la pensión gracia, por lo que el
objeto de la acción de tutela ya fue analizado y fallado por el juez
natural de la causa a través del control de legalidad que le hizo al
acto administrativo que denegó el reconocimiento de la misma.
Resaltó que de accederse a las pretensiones de la demanda se
causaría un grave perjuicio a las arcas del Estado, pues los dineros
de los cuales se pagan las pensiones administradas por la nómina de
pensionados de la entidad no son limitados, afectando la
sostenibilidad financiera del sistema que debe ser garantizada.
Afirmó que no se le vulneró ningún derecho fundamental a la actora
por cuanto la sentencia censurada se encuentra ajustada a derecho
y no existe un perjuicio irremediable, comoquiera que la ella se
encuentra pensionada por la FIDUPREVISORA S.A., como se observa
en el Registro Único de Afiliados -RUAF-.
Finalmente, puso de presente que la acción de tutela no procede para
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el reconocimiento o reliquidación de prestaciones económicas,
máxime si se cuenta con otros mecanismos de defensa como lo es el
recurso extraordinario de revisión.
I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL, pese a ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
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anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 23 de octubre de 2024, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01.
La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por
la actora contra la UGPP, en el cual se le denegó el reconocimiento
de la pensión gracia de docentes.
A la citada providencia la accionante le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al
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debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, habida
cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un
en los defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente
y violación directa a la Constitución.
El disenso de la actora radica en que se le debe reconocer la pensión
gracia, toda vez que los tiempos que laboró como docente son de
carácter territorial en virtud de la vinculación a la Institución
Educativa Marco Fidel Suárez, pese a que se tome su servicio de
categoría nacional pues dicha Institución depende del Departamento
del Valle del Cauca, máxime si los docentes vinculados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pueden acceder a la
pensión sin ser necesario que el vínculo estuviera vigente a esa
fecha, pues ingresó a la docencia el 7 de enero de 1979.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos
fundamentales alegados e incurrió en el defecto defecto material o
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional12, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».13
12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [19]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [20].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 21]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho
a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las
altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional
en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del
texto).
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
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fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales […]” (Destacado
fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala observa que en la providencia 23 de
octubre de 2024, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, aquí
cuestionada, realizó un análisis normativo aplicable al caso sub
examine para lo cual consideró lo siguiente:
“[…] CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la
demandante acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias
normativas para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente la
relativa a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o
nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
a. Marco normativo y jurisprudencial
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Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa
denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere
efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos,
esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al
Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.
° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte
años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas
y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley
que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la
gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre
el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez
y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta
para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones
como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir
de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una
nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la
prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su
vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio
se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y
demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los
requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley». Con la
expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
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los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se
efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente
consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de
servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de
acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año».
De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75%
del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario
precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43
de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la
educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de
diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por
medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la
pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1°
de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está
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prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26
de agosto de 1997 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria
observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los
cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de
educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago
de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la
Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen
o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación -situado fiscal- como
de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de
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esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es
la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en
esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se
sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones
que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter
territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente
importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del
origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones
de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un
docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la
naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros,
observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo
de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o
gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia
de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en
virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades
administran al personal de educadores en nombre y representación del
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Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley
29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-
030-CES2- 2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también
fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al
artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a
la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación
jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos,
razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial
expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión
gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en
establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente
territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales,
esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista,
inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador
nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro
cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos
de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en
los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el
Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador
pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores
calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor,
desempeñada con honradez
y consagración.
b. Docente interino
Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de
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la Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como
docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos de la
pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201514, se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la
prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de
quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la
cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta
Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la
prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio
de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación,
siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente
la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración,
ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa
con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de
garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo
anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en
la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente
dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación
legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el
caso del señor (…)» (Negrillas y subrayas fuera de texto original).
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para
consolidar el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente
relacionado con la edad, se observa que la señora Gloria Patricia
Tigreros nació el 3 de agosto de 1955, de modo que cumplió los 50
años el 3 de agosto de 2005.
Respecto del segundo requisito atinente a la acumulación de 20
años de servicio de la reclamante como docente territorial o
nacionalizada, (el cual es punto de debate en esta instancia), se
realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.
• Del 27 de febrero de 1979 al 26 de marzo de 1979 y del 19 de
marzo de 1980 al 18 de mayo de 1980
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Para los periodos referidos reposan en el expediente las Resoluciones 058
del 7 de marzo de 1979 y 055 del 30 de julio de 1980, por medio de los
cuales el director del Distrito Educativo No. 2 de Palmira nombró a la
accionante provisionalmente para reemplazar una licencia por 30 días a
partir del 27 de febrero de 1979 y luego una por 60 días desde el 19 de
marzo de 1980.
Resulta esencial pronunciarse sobre el ejercicio de la labor docente en
interinidad, sobre la cual para la Subsección es claro que el servicio
prestado bajo tal modalidad puede ser valorado para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, siempre y cuando la misma se haya
ejercido en plazas territoriales o nacionalizadas, pues el nombramiento
efectuado, aunque sea provisional, por carrera administrativa o de manera
transitoria, en nada afecta la prestación del servicio, cobrando relevancia
únicamente la relación legal y reglamentaria sostenida por el docente.
En los actos referidos tanto para el primer y el segundo periodo, se logra
apreciar que las decisiones de designación fueron adoptadas sin la
intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este
para que, en virtud de la desconcentración, el municipio en representación
de la nación efectuara la designación en comento, así como tampoco se
verifica que se haya presentado autorización de financiamiento por parte
del delegado de dicha cartera gubernamental ante el FER o que las plazas
se hubiesen creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, o bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud
del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER).
Por tanto, a diferencia de lo expuesto por el tribunal de origen al referir que
de los actos no se podía determinar la calidad docente, sí se concluye con
claridad a partir de estos que los nombramientos de la accionante en estos
tiempos examinados tuvieron lugar por decisión autónoma del director del
Distrito Educativo en representación de la entidad territorial, lo que indica
que tales vínculos fueron en calidad de docente territorial.
En el presente caso, la situación de la educadora se ajusta a lo señalado en
el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
Por consiguiente, el tiempo de labor oficial de la demandante como
maestra estatal territorial del 27 de febrero de 1979 al 26 de marzo
de 1979 (30 días) y del 19 de marzo de 1980 al 18 de mayo de 1980
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(60 días), puede computarse para cumplir la exigencia de 20 años
de servicio necesarios para acceder a la prerrogativa solicitada.
• Del 17 de enero de 1994 al 28 de agosto de 2018
Sobre el lapso referido, se advierte que si bien obra en el plenario el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 258
en el que se observa que la docente laboró de manera ininterrumpida desde
el 17 de enero de 1994 al menos hasta la fecha de expedición del
documento (28 de agosto de 2018), el cual indica que seguía activa en el
servicio, también se evidencia que el decreto de nombramiento en el que
se soporta dicha pieza probatoria (“1012”) no corresponde al acto
administrativo con el que la docente pretende acreditar su plaza y que fue
aportado al proceso (2916 de 1993), y en todo caso, se advierte que en tal
certificación se avala un tipo de vinculación nacional para el tiempo
acreditado.
Sin perjuicio de lo anterior y aun con la contradicción vislumbrada,
incluso si se estimara que el tiempo avalado corresponde a la
relación legal y reglamentaria causada por el acto allegado y al cual
se refiere la actora en su recurso de apelación, a saber, el Decreto
2916 del 16 de diciembre de 1993 por el cual el gobernador del
Valle del Cauca nombró a la demandante como educadora de tiempo
completo en virtud de la conversión de las soluciones educativas
nacionales a plazas docentes de tiempo completo, tampoco puede
ser considerado el periodo alegado para los efectos perseguidos por
la accionante por pertenecer a una categoría nacional, como ya lo
ha manifestado esta Corporación cuando se ha presentado la
referida conversión.
Al respecto, esta subsección en sentencia del 5 de junio de 2024 determinó
en cuanto a las soluciones educativas nacionales que:
«Ahora bien, se advierte que esta corporación en casos similares ha
precisado que las soluciones educativas pueden asimilarse a un contrato de
prestación de servicios que puede ser nacional, departamental o municipal,
y que para las soluciones educativas nacionales se puede concluir que las
conversiones a plazas docentes de tiempo completo sostenían la calidad
inicial que originó la relación laboral del docente, es decir, la nacional, como
es la del caso estudiado en esta oportunidad. (líneas intencionales)
Puntualmente, la sentencia del 20 de octubre de 2022, expresamente indicó
que:
«Sobre el particular, se advierte que el programa de «soluciones
educativas» se asimiló a una vinculación contractual por prestación de
servicios que podía ser del nivel nacional, departamental o municipal, de
modo que, al indicar la orden de autorización laboral del 24 de febrero de
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1993 que la vinculación de un docente era para el programa «SOLUCIONES
EDUCATIVAS P.N.R» y el Decreto 076 de 1994 que las plazas objeto de
conversión eran «soluciones educativas nacionales», se puede inferir que
estas nacieron bajo esa misma categoría (nacional), y al pasar a ser plazas
docentes de tiempo completo, continuaron con esta.»
A partir de las consideraciones del decreto, en las que el gobernador del
departamento del Valle del Cauca indicó: «Que por Resolución No. 03695
de Julio 28 de 1993 y 04271 de agosto 30 de 1993 emanada del Ministerio
de Educación Nacional, se autorizó y fijaron las condiciones para la
conversión de las soluciones educativas nacionales a plazas docentes de
tiempo completo », sin lugar a dudas se entiende que el servicio que se
venía ejecutando bajo una figura (solución educativa) ahora se prestaría
en otra diferente (tiempo completo) sin modificarse las características
propias de la vinculación, ya que, tal cambio atañe a la jornada y no al
desempeño del cargo ni a la naturaleza de la categoría inicial que para este
caso se define como nacional.
En consonancia con la jurisprudencia citada y el análisis del acto, el
nombramiento de la maestra no implicó una modificación de la vinculación
nacional primigenia, de la cual incluso se derivó la conversión de la solución
educativa, permaneciendo invariable la calidad inicial aun después de la
nominación realizada por el Decreto 2916 de 1993, por tanto, se
demuestra que la señora Gloria Tigreros detentó una vinculación
como docente nacional del 17 de enero de 1994 al 28 de agosto de
2018, tiempos que no podrán ser tenidos en cuenta para colmar la
exigencia bajo estudio necesaria a fin de acceder al derecho en
litigio, pues dicha relación legal y reglamentaria es incompatible
con la finalidad de la prestación conforme a los presupuestos de la
Ley 114 de 1913.
Ahora, aunque en el proceso se acreditaron otros lapsos
susceptibles para el cómputo de la prestación: del 27 de febrero de
1979 al 26 de marzo de 1979 (30 días) y del 19 de marzo de 1980
al 18 de mayo de 1980 (60 días), estos solo equivalen en tiempo a
3 meses, los cuales resultan insuficientes para efectos del
reconocimiento de la prerrogativa bajo estudio, pues no alcanzan a
sumar 20 años de servicio.
Bajo tal contexto, en el entendido de que la demandante no cumplió con el
tiempo de servicio necesario para adquirir el beneficio pretendido, resulta
inane verificar los demás preceptos señalados previamente, pues ante este
análisis se corrobora la necesidad de negar el reconocimiento de la
prestación reclamada, de manera que se confirmará la providencia apelada
pues la misma fue acertada al negar las pretensiones de la demanda, pero
por las razones aquí expuestas […]”. (Resaltado y subrayado fuera del
texto)
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De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
la SECCIÓN SEGUNDA elaboró un recuento del marco normativo y
jurisprudencial relacionado con la pensión gracia, para lo cual tuvo
en cuenta las sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 22 y
11 de agosto de 202223, en las cuales precisó que dicha prestación
solo estaba prevista para los docentes de carácter territorial y
nacionalizado, excluyendo los nacionales, comoquiera que además
del requisito de la edad de 50 años, entre otros, se debía acreditar el
cumplimiento de 20 años de servicios en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y en los cuales no se
podía tener en cuenta el tiempo de servicio acumulado a cargo de la
Nación.
Al realizar un análisis de las pruebas aportadas al expediente, se
logró evidenciar que si bien la señora GLORIA PATRICIA
TIGREROS fue vinculada al servicio educativo como maestra interina
estatal territorial del 27 de febrero de 1979 al 26 de marzo de 1979
y del 19 de marzo de 1980 al 18 de mayo de 1980, también lo es
que, de conformidad con su historia laboral visible a folios 25 a 27
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 21 de
junio de 2018, C.P. Carmelo Perdomo Cueter, número único de radicación 2013-04683-01.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 11 de
agosto de 2022, número único de radicación 2016-00278-01.
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del cuaderno del TRIBUNAL, se desempeñó como docente del orden
nacional desde el 17 de enero de 1994 al 28 de agosto de 2018, en
la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del Departamento del
Valle del Cauca.
De igual forma, precisó que la conversión de solución educativa
nacional a plaza docente de tiempo completo no cambia la naturaleza
del tipo de vinculación Nacional, pues el Decreto núm. 2916 de 16 de
diciembre de 1993, expedido por el Departamento del Valle del
Cauca, que nombró profesora de tiempo completo a la actora solo
modificó la relación respecto de la jornada laboral.
En ese sentido, para la SECCIÓN SEGUNDA no resultó válido
acceder al reconocimiento de la pensión gracia dado que el tiempo
de servicio que la actora fungió como docente desde el 17 de enero
de 1994 al 28 de agosto de 2018 fue de carácter nacional y, por lo
tanto, concluyó que no cumplió con el tiempo de servicio de 20 años,
pues el único que podía ser tenido en cuenta era en el que se
desempeñó como docente territorial interina del 27 de febrero de
1979 al 26 de marzo de 1979 y del 19 de marzo de 1980 al 18 de
mayo de 1980, esto es, 3 meses.
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Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas aportadas
al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN
SEGUNDA decidió el asunto sometido a su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por no cumplirse el requisito general
de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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