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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01292-01

Fecha
25 de julio de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01292-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01292-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

25 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01292-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01292-01
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y Tribunal
Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia –
inmediatez – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 5 de marzo de 2025, la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, a
través de apoderado judicial, formuló acción de tutela mediante la cual solicitó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la defensa1, que consideró vulnerados por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado número 17001-23-33-000-2013-00020-00/01, con ocasión de
la sentencia del 3 de febrero de 2022 que, modificó el fallo estimatorio de primera
instancia, para indicar que no procede el reintegro al cargo, pues el actor cumplió la edad
de retiro forzoso de modo que el restablecimiento del derecho ordenado se limitaría desde
el retiro del servicio.

Adicionalmente consideró transgredidas sus garantías constitucionales por el Tribunal
Administrativo de Caldas, al expedir el auto del 10 de febrero de 2025, dentro del trámite
de ejecución de sentencia, por medio del cual resolvió no reponer el auto de 6 de agosto

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado FAFE58C3CA6F968A

E72DFEA3DD8033F6 C0FC7DB00A0E22B2 464D38EC10FC2D84.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

de 2024, en virtud del cual libró mandamiento ejecutivo contra Colpensiones y rechazó
por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicho proveído.

2. Hechos

2.1. Julio César Caicedo Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto de Seguros Sociales-I.S.S.
(hoy Colpensiones), con el fin de que se dejara sin efecto la Resolución 1183 del 31 de
julio de 2012, por medio de la cual se le retiró del servicio como gerente IV, 8 horas,
número universal 24983 de la Gerencia Seccional Caldas.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo y el pago de todos
los emolumentos dejados de percibir; de los aportes a pensión que debieron ser
realizados y hasta que se produzca el reintegro y los que se causen hasta el retiro
definitivo del servicio; de los perjuicios morales por el valor de doscientos salarios
mínimos mensuales vigentes y el mismo monto por concepto de daño a la vida de
relación; y se condene en costas a la entidad.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas bajo el
radicado número 17001-23-33-000-2013-00020-00, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 18 de octubre de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda. Por lo
tanto, declaró que el demandante tenía derecho a permanecer en el cargo de Gerente
IV, 8 horas, número universal 24983, Gerencia Seccional Caldas, si aún no hubiere sido
suprimido, hasta la edad de retiro forzoso, esto es, los 65 años.

A título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro del servicio hasta el reintegro si
aún no hubiere sido suprimido el cargo o hasta el momento en que estuvo vigente.
Dispuso que de este valor se debían descontar reconocidos por concepto de pensión de
jubilación, los cuales deberá reintegrar el demandado al I.S.S., en aras de salvaguardar
los recursos públicos. También ordenó a la entidad demandada que efectúe los aportes
a pensión dejados de cotizar durante el período enunciado, descontando de las sumas
adeudadas al demandante.

2.3. Inconforme con la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de
apelación. El asunto fue asignado a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, mediante auto del 26 de junio de 2014 admitió el recurso de apelación y
resolvió tener como sucesor procesal del ISS a Colpensiones. Luego, por sentencia del
3 de febrero de 2022, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- CONFÍRMASE PACIALMENTE la sentencia del dieciocho (18) de
octubre de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Julio César
Caicedo Osorio en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

SEGUNDO.- MODÍFICASE el proveído impugnado en el sentido de indicar que no
procederá el reintegro al cargo, pues el actor cumplió la edad de retiro forzoso, de

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modo que el restablecimiento del derecho ordenado se limitará desde el retiro del
servicio hasta el 27 de octubre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.

2.4. En firme la anterior decisión, el señor Julio César Caicedo Osorio solicitó su
cumplimiento ante Colpensiones, no obstantes, ante la negativa de la entidad, pidió al
Tribunal Administrativo de Caldas librar mandamiento de pago en su contra. El 6 de
agosto de 2024, el referido tribunal libró mandamiento de pago contra Colpensiones por
$72.046.321.

2.5. Contra la anterior decisión, Colpensiones presentó recurso de reposición y, en
subsidio apelación. Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Caldas negó el recurso reposición; y a través de auto del 10 de febrero
de 2025, rechazó el de apelación por improcedente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la defensa. En consecuencia,
pidió al juez constitucional que i) deje sin efectos la sentencia del 3 de febrero de 2022,
en lo correspondiente a la declaratoria de Colpensiones como suceso procesal; ii) se
ordene a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que profiera una
sentencia de reemplazo en la que se acojan las pretensiones de la demanda; iii) dejar sin
efecto las actuaciones surtidas dentro del proceso de ejecución de sentencia adelantado
por el señor Julio César Caicedo Osorio; y iv) ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas
que profiera mandamiento de pago en contra de las entidades sucesoras de las
obligaciones contractuales y extracontractuales del I.S.S.

Como fundamento a sus pretensiones la parte actora afirmó que la decisión cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y defecto procedimental
absoluto.

Respecto al defecto sustantivo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Consejo de Estado incurrieron en un yerro al no vincular a Colpensiones dentro de las
actuaciones procesales para ejercer su derecho de defensa y al debido proceso, además,
de declararlo sucesor procesal en asuntos contractuales, particularmente en materia de
derechos laborales.

Indicó que tanto i) la providencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de febrero de
2022 como ii) la sentencia y los autos expedidos por el Tribunal Administrativo de Caldas,
adolecen de un defecto sustantivo, puesto que estas decisiones desconocen por
completo la normatividad y la jurisprudencia expedida por este mismo órgano, pues se
reitera que, el pago de las sentencias derivadas de obligaciones contractuales y
extracontractuales del extinguido Instituto de Seguros Sociales es el Ministerio de Salud
y Protección Social, trámite que puede hacerlo esa cartera o a través del PAR ISS.

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En cuanto a la violación directa de la Constitución adujo que las autoridades demandas
vulneraron su derecho al debido proceso, en cuanto no hubo prevalencia del valor
sustantivo de la justicia ni mucho menos garantizó el ejercicio pleno de los derechos de
la entidad, pues aplicaron disposiciones contrarias a derecho que no tienen fundamento
fáctico ni jurídico y que en el caso en concreto una violación clara de la ley y sus
precedentes jurisprudenciales.

Por último, en lo relativo al defecto procedimental absoluto expuso que “se le impidió
oponerse a las pretensiones del medio de control -nulidad y restablecimiento del derecho-
ya que nunca fue notificada ni vinculada, lo cual, además, implica que se pretermitió una
parte del procedimiento que debía surtirse. Todo, se reitera, porque el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, al no vincular a Colpensiones y no
aplicar en debida forma la normatividad y los pronunciamientos jurisprudenciales,
desconocieron la garantía constitucional al debido proceso”.

4. Trámite de tutela e intervenciones

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 10 de marzo de 20252
admitió la acción, vinculó como tercero con interés al señor Julio César Caicedo Osorio,
solicitó a las autoridades judiciales la remisión del proceso objeto de amparo y ordenó
notificar a los sujetos procesales.

Posteriormente, mediante auto de 30 de abril de 20253, se vinculó al Tribunal
Administrativo de Caldas a quien se le brindó el término de dos (2) días para que allegara
un informe relacionado con los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B solicitó declarar la
improcedencia la acción por no superar el requisito de inmediatez respecto de la
sentencia del 3 de febrero de 2022, emitida por esa Subsección en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2013-00020-01. Indicó que, desde la
expedición y notificación de la referida decisión, Colpensiones dejó trascurrir un lapso
más que razonable –de casi 3 años–, para acudir al amparo constitucional, sin que se
advierta que hubiese actuado de forma diligente para enfrentar los perjuicios que asegura
padecer.

4.2. El Tribunal Administrativo de Caldas solicitó se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo por no satisfacer los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Sostuvo que, si bien la entidad tutelante hace alusión al auto de 10 de febrero
de 2025, por medio del cual no se repuso el proveído de 6 de agosto de 2024 que libró
mandamiento de pago, lo cierto es que en la demanda se cuestiona la decisión del

2 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado BA795C37B1A4E82B 7610FF10F5ACD379

4BFD4300102352E4 4812FD0514EF8AF6.
3 Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado F8F92598CB2C8D10 30799BEC06815C8A

46B29BAC81EA4B0E 16EA8CB0F27D6679.
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Consejo de Estado de tener a Colpensiones como sucesora procesal del ISS, para lo cual
han transcurrido más de seis (6) meses desde el auto de 26 de junio de 2014 mediante
el cual se le reconoció dicha calidad a la parte actora, igualmente desde la sentencia de
3 de febrero de 2022.

4.3. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de mayo de 20254,
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez.

Sostuvo que, como la solicitud de amparo fue promovida el 5 de marzo de 2025,
transcurrieron dos (2) años, once (11) meses y veintitrés (23) días entre el momento de
la notificación de la sentencia del 3 de febrero de 2022 y el de la interposición de la acción
constitucional, término que excede el límite razonable establecido jurisprudencialmente
por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la
Corte Constitucional.

Precisó que, revisado el expediente, a través de auto del 26 de junio de 2014, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tuvo a Colpensiones como
sucesora procesal del ISS por lo que, estudiando el plazo de inmediatez a partir de esta
decisión, con mayor razón no se supera el mencionado requisito.

No obstante, puso de presente que, al verificar el trámite ordinario, no se observó que
Colpensiones hubiere presentado reparo contra el proveído que decidió tenerla como
sucesora procesal, por lo que consideró que tampoco resultaría procedente utilizar la
acción de tutela para plantear un debate que se debió proponer ante el juez natural del
asunto, en tanto por ese aspecto, tampoco se superaría el requisito general de
subsidiariedad.

6. Impugnación

El accionante presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia y
reiteró los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Sostuvo su desacuerdo con el fallo impugnado, en razón a que, si bien el Consejo de
Estado dictó la sentencia el 2022, lo cierto es que desde el auto de 10 de febrero de 2025,
al momento de la presentación de la presente tutela, no habían transcurrido más de dos
meses, “siendo claro que es a partir de dicha data donde se encuentra una obligación
expresa y exigible, debido a la presentación del proceso ejecutivo por parte del
accionante”.

4 Índice 00035 del expediente digital de primera instancia, certificado 34D6C9D605A06EC6 EDF38E24BC7E167F

2988054984B49451 B6E278CF20381078.
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Expuso que no siempre la presentación de la tutela en forma tardía podía llevar a la
conclusión del incumplimiento del requisito de inmediatez. Consideró que en caso bajo
estudio era en el proceso ejecutivo en el que se presentaba la vulneración de los
derechos fundamentales.

El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 4
de junio de 20255, concedió la impugnación interpuesta.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Colpensiones es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas,
en su condición de demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2013-00020-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que profirió la sentencia del
3 de febrero de 2022, que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y que, según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia la acción.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un

5 Índice 00043 del expediente digital de primera instancia, certificado 2E7309E97BCE1457 956FBEF4E1E0DCD7

914448E2487048E9 61D09F26C422151A.
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examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20056 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela7 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto8.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable10, según las condiciones de

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos

o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
10 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
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tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
administración de justicia exige mayor rigurosidad11, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses12.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual (…)”13.

este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad,
que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad
jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente.
Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito
se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”.
11 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser
laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza
y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también
las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre
otras.
12
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a
partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada
sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo
año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de
que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”.
13 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte

Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
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La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera
cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”14. Respecto a
este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”15.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en contra
de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de
esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecciona su
notificación y ejecutoria.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, por las razones que se
exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora afirmó que la decisión cuestionada incurrió en
defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto.

En ese sentido, su principal reparo consistió en afirmar que el Tribunal Administrativo de
Caldas y el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B incurrieron en un yerro
al no vincular a Colpensiones dentro de las actuaciones procesales para ejercer su
derecho de defensa y al debido proceso, además de declararlo sucesor procesal en
asuntos contractuales, particularmente en materia de derechos laborales.

5.2. Pues bien, al analizar los argumentos expuestos por la entidad tutelante, esta
judicatura colige que estos van dirigidos a cuestionar la sentencia proferida el 3 de febrero
de 2022 por el Consejo de Estado-Sección Segunda Subsección B, en la medida en que
esta fue la decisión que confirmó parcialmente el fallo proferido en primera instancia y en
consecuencia, ordenó a Colpensiones a reconocer y pagar a Julio César Caicedo Osorio
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en fue retirado
hasta el 27 de octubre de 2014 (momento en el que cumplió la edad de retiro forzoso).

Al punto, huelga precisar que, a pesar de que la accionante aduce que el término de
inmediatez se debe contar a partir del auto proferido el 10 de febrero del 2025 por el

14 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
15 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado

fuera del texto original.
9

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01292-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del trámite de ejecución de sentencia, por ser
la providencia mediante la cual se resolvió no reponer el proveído del 6 de agosto de
2024 (que libró mandamiento de pago), lo cierto es que sus reparos se centran
concretamente en cuestionar la sentencia del 3 de febrero de 2022 que fue la que le
ordenó a Colpensiones el pago de la condena.

5.3. Al analizar las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, se observa que
la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 3 de
febrero de 202216, para efectos de su notificación, se remitió al correo electrónico de las
partes, inclusive al de Colpensiones, según consta en el mensaje de datos respectivo
el 8 de marzo de 202217.

Aunado a lo anterior, se observa que en el expediente reposa constancia secretarial, a
través de la cual, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado certifica
que la providencia quedó debidamente ejecutoriada el 15 de marzo de 202218.

Por consiguiente, el plazo de seis (6) meses, estimado como razonable por la
jurisprudencia constitucional para interponer la acción de tutela venció el 15 de
septiembre de 2022. Sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada el 15 de marzo
del año en curso19, momento para el cual ya se había superado, de manera ostensible,
el término en cuestión, por lo que no se cumple con el requisito de inmediatez.

5.4. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia constitucional
ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la intervención del
juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su inactividad interponer la
acción de manera oportuna, lo que impide el estudio de fondo de los cuestionamientos
que expuso en el escrito de tutela.

En suma, la acción de tutela se presentó por fuera del plazo que la jurisprudencia
constitucional ha previsto como razonable y la parte accionante no aportó a este trámite
prueba alguna para acreditar la ocurrencia de una circunstancia que hubiera permitido
flexibilizar dicho término.

5.5. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez.

16 Índice 00031 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 17001-23-33-000-2013-00020-01, certificado

A261C5B8687029A4 433D61FC12644355 C15A2C2525583880 389B0DE8C7410E76.
17 Índice 00034 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 17001-23-33-000-2013-00020-01, certificado

486BC9D9D3E3D8B7 CD60637868F51BAF A2153966337A8C54 9747601CE86C219F.
18 Índice 00035 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 17001-23-33-000-2013-00020-01, certificado

0E7C7A458680F405 BFE51318BE1FD834 D225C1F5B3701846 BE4EAB514F647C27.
19 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 1193D2951664886F

43072329DB7A3EA6 3498D2B3AF38961C 6458E76E39E491D6
10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01292-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF

11

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