Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01294-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01294-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01294-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
10 de julio de 2025
Demandante: Danny Alexander Ramírez Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-01294-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01294-01
Demandante: DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca la
negativa para en su lugar, declarar la improcedencia por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 28 de abril de 2025, por la cual la Sala de Conjueces de la Sección Tercera
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Danny Alexander Ramírez Rojas presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga con la finalidad de que se protegiera su
derecho fundamental del debido, presuntamente vulnerado con ocasión de las
providencias del 28 de junio y 29 de noviembre de 20231, dictadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 68001-33-33-
013-2018-00135-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
Se solicita al Juez Constitucional amparar los derechos fundamentales del
Municipio de Piedecuesta, y del suscrito en calidad de coadyuvante, al debido
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Mediante proveído del 4 de octubre de 2024 se negó la solicitud de aclaración de la sentencia,
la cual formuló el aquí accionante en dicho proceso ordinario.
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Demandante: Danny Alexander Ramírez Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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proceso y acceso a la administración de justicia en el marco del proceso
judicial cuya radicación es No. 680013333013 - 2018 - 00135 - 01. Y, en
consecuencia, se pide:
• ANULAR la sentencia de primera instancia proferida el 28 de junio de 2023
por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
• ANULAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander que confirmó la sentencia del 28 de junio de
2023 proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del circuito de
Bucaramanga.
• ORDENAR al Juzgado Trece Administrativo Oral del circuito de
Bucaramanga. que dicte nuevamente una sentencia en la que se tome en
consideración el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto y en la que
defina, conforme a derecho, las pretensiones de la demanda, en especial en
que se haga una clara distinción entre la competencia constitucional del
Concejo Municipal para modificar la estructura de la Administración municipal
y la competencia constitucional del alcalde municipal para modificar la planta
de empleos del Administración municipal.
• ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que dicte nuevamente
una sentencia en la que se tome en consideración el ordenamiento jurídico
aplicable al caso concreto y en la que defina, conforme a derecho, las
pretensiones de la demanda, en especial en que se haga una clara distinción
entre la competencia constitucional del Concejo Municipal para modificar la
estructura de la Administración municipal y la competencia constitucional del
alcalde municipal para modificar la planta de empleos de [la] Administración
municipal.
En el caso de no acceder a lo anterior, subsidiariamente se solicita:
• ANULAR el numeral tercero de la sentencia del 28 de junio de 2023
proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga y,
en consecuencia, modificar y limitar el componente de restablecimiento del
Derecho frente al pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo con
los criterios y topes trazados en la sentencia SU-556-2024.
1.3. Hechos
La parte actora indicó que mediante Resolución 1344 del 24 de junio de 2015,
el señor Jhon Jairo Martínez Martínez fue nombrado en provisionalidad en el
empleo de auxiliar administrativo, código 470, grado 02, en la planta global de
empleos de la alcaldía del municipio de Piedecuesta (Santander).
Refirió que, en el marco del plan de desarrollo municipal para el período 2016 –
2019 “Piedecuesta mi Plan”, el Concejo Municipal dispuso como meta crear
nuevas dependencias para cumplir las obligaciones trazadas, motivo por el cual
expidió el Acuerdo 017 del 5 de diciembre de 2016, con el que autorizó al
alcalde para ejercer “pro tempore” la atribución de determinar la estructura de la
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administración, las funciones de sus dependencias y las escalas de
remuneración.
Expuso que el 7 de junio de 2017, el municipio suscribió un contrato de
consultoría cuyo objeto fue realizar un estudio técnico para la modernización de
la estructura administrativa del ente territorial.
Agregó que, a través de la Resolución 0226 del 1 de noviembre de 2017, el
aquí actor, en su condición de alcalde para ese momento, delegó las funciones
en el secretario general (en lo sucesivo el secretario) por motivo de una
comisión en la ciudad de Bogotá el 2 de noviembre del mismo año y que, por
medio del Decreto 110 de esa misma fecha, el secretario modificó y definió la
estructura administrativa del ente territorial.
Mencionó que, a su vez, mediante el Decreto 111 del 3 de noviembre de 2017,
el alcalde estableció la planta de empleos de la administración central del ente
territorial en cuanto suprimió 131 cargos existentes, entre ellos el que ocupaba
el señor Jhon Jairo Martínez Martínez; además, creó 137 nuevos y que, a
través de la Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017, se definió la
incorporación de los servidores públicos del ente territorial a la nueva planta de
empleos.
Explicó que, frente al caso concreto del señor Martínez Martínez, quien ejercía
un cargo protegido por fuero especial de protección laboral, se mantuvo
provisionalmente, pero en la planta de cargos transitoria, decisión que fue
notificada el 10 de noviembre siguiente a sus destinatarios.
Refirió que, por comunicación sin número del 8 de noviembre de 2017, se le
informó al señor Martínez Martínez que el empleo que ocupaba había sido
suprimido y no era posible su incorporación en las plazas permanentes recién
creadas, pero, en todo caso, se dispuso su inclusión en un empleo transitorio
mientras se obtenía el permiso por parte de un juez laboral para hacer efectiva
su desvinculación, debido al fuero sindical que imponía dicho trámite
previamente al retiro.
Manifestó que el 28 de junio de 2018, el señor Jhon Jairo Martínez Martínez
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio para que se declarara la
nulidad de los Decretos 110 del 2 de noviembre de 2017 2, 111 del 3 de
noviembre de 20173, 112 del 7 de noviembre de 20174, 228 del 7 de noviembre
2
Por el cual se modifica y se define la estructura administrativa y funcional del municipio de
Piedecuesta
3
Por el cual se establece la planta de empleos de la administración central del municipio de
Piedecuesta y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía municipal de
Piedecuesta.
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de 20175, 237 del 7 de noviembre de 20176, 120 del 21 de noviembre de 20177
y 229 de 7 de noviembre de 20178. Precisó que, este proceso se identificó con
el radicado 68001-33-33-013-2018-00135-00.
Señaló que, mediante sentencia del 28 de junio de 2023, el Juzgado Trece
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga inaplicó los Decretos
110 y 111 de 2017 y declaró la nulidad de los demás únicamente en lo referente
al señor Martínez Martínez y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó
reintegrarlo al cargo que ocupaba o a otro equivalente de similares condiciones,
así como el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta que se hiciera
efectivo su reintegro, decisión contra la cual el municipio de Piedecuesta y el
aquí actor, en su calidad de coadyuvante en aquel proceso, presentaron
recurso de apelación. En concreto, dicho proveído dispuso lo siguiente:
PRIMERO: INAPLICANSE los Decretos 110 y 111 del 2 y 3 de noviembre de
2017, de conformidad con la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad del Decreto 112 del 7 de noviembre de
2017, la Resolución 228 del 7 de noviembre del 2017, la Resolución 237 del 7
de noviembre de 2017, el Decreto 120 del 21 de noviembre de 2017 y la
Resolución No 229 del 7 de noviembre de 2017 en lo que respecta al señor
JHON JAIRO MARTINEZ MARTINEZ.
TERCERO: CONDÉNASE a título de restablecimiento al MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, a reintegrar al señor JHON JAIRO MARTINEZ MARTINEZ,
sin solución de continuidad, al cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES, CÓDIGO 470, GRADO 02, o a otro equivalente o de similares
condiciones de ingresos. Y a PAGARLE los salarios, prestaciones y demás
derechos laborales dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación y
hasta que se haga efectivo el reintegro al servicio, descontando cualquier
valor que el demandante haya recibido durante el interregno de la
desvinculación con ocasión del servicio prestado en cualquier entidad de
naturaleza pública, por expresa prohibición del artículo 128 de la Constitución.
CUARTO: Las sumas que resulten de la condena anterior se actualizarán en
la forma indicada en la parte motiva de esta providencia y devengarán
intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el artículo
192 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
5
Por la cual se hace la distribución de los empleos de la planta de la alcaldía municipal de
Piedecuesta.
6
Por medio de la cual se incorporan unos servidores públicos a la planta de empleos de la
Alcaldía municipal de Piedecuesta.
7
Por medio del cual se crean unos empleos de carácter transitorio para atender necesidades
urgentes en el municipio de Piedecuesta.
8
Por el cual se termina unos encargos y en consecuencia un nombramiento provisional en
vacancia temporal.
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SEXTO: SIN CONDENA en costas de primera instancia, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Adujo que en la precitada providencia se indicó que el Decreto 110 del 2 de
noviembre de 2017 estaba viciado de nulidad por falta de competencia, pues el
él como alcalde no podía delegar una función de la cual no era titular, por lo
que, a su vez, se consideró que los demás actos por estar fundamentados en
dicho acto, también debían declararse nulos.
Precisó que, su vinculación al proceso se dio en calidad de coadyuvante del
municipio de Piedecuesta mediante auto del 31 de agosto de 2023 –proferido
por el juzgado en mención-, pues para la época de los hechos fungía como
alcalde de dicho ente territorial.
Indicó que el municipio en mención presentó recurso de apelación en contra de
sentencia de primera instancia, pues consideró que se desconoció el contenido
de las Resoluciones 1344 del 24 de junio de 2015 y 229 del 7 de noviembre de
2017, por medio de las cuales se produjo el nombramiento y posterior
desvinculación del señor Jhon Jairo Martínez Martínez, respectivamente, con
las que, supuestamente, demostraban que no hacía parte de la planta de
personal de la administración central, sino de la planta de cargos adscritos al
sector educativo del municipio, financiada con recursos del Sistema General de
Participaciones. Al respecto, se observa que, en la providencia demandada se
incluyó dentro de los argumentos de dicho recurso, lo siguiente:
Informa que en el caso del actor este ocupaba el cargo por el sistema
conocido como ESCALERA, el empleo AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES Código 470 grado 02, en virtud del encargo realizado a la
señora INÉS RAMÍREZ CALDERÓN en el empleo de Auxiliar Administrativo
Código 407 Grado 01, quien también ocupaba ese cargo, en virtud del
encargo de la señora ANGELA PATRICIA CALA GALVIS en el empleo
Profesional Universitario Código 219 Grado 02, con lo cual, al suprimirse
mediante el Decreto 111 de 2017 el empleo de Profesional Universitario
Código 219 Grado 02 se dio por terminado el encargo de la señora ANGELA
PATRICIA CALA GALVIS en el empleo Profesional Universitario Código 219
Grado 02, quien retomó las funciones de su empleo titular Auxiliar
Administrativo Código 407 Grado 01; como consecuencia de lo anterior, se
dio la terminación del encargo de la señora INÉS RAMÍREZ CALDERÓN en el
empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, quien retomó las
funciones de su empleo titular Auxiliar de Servicios Generales Código 470
Grado 02. Finalmente, como consecuencia de lo anterior, se dio por
terminado el nombramiento provisional en vacancia temporal del señor JHON
JAIRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en el empleo de Auxiliar de Servicios
Generales Código 470 Grado 02, a través de la resolución No. 229 del 07 de
noviembre de 2017.
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Afirmó que, en dicha alzada, se sostuvo que la desvinculación del señor
Martínez Martínez no fue producto de una supresión del cargo, sino de la
finalización de una cadena de encargos generada por el retorno de los
funcionarios titulares a sus empleos y que los Decretos 110 y 111 de 2017, que
reorganizaron la estructura administrativa de la administración central, no eran
aplicables al cargo desempeñado por el interesado; igualmente, adujo que su
expedición fue válida por cuanto el Concejo Municipal había otorgado al alcalde
facultades “pro tempore” para ese fin y éste, a su vez, transfirió dichas
atribuciones al secretario general mediante la Resolución 226 de 2017, sin que
ello comportara una delegación irregular.
Agregó que, como alcalde para aquella época, también recurrió en apelación la
sentencia de primera instancia, mediante escrito en el que señaló que la
Resolución 226 de 2017, con la cual transfirió funciones al secretario general
para la expedición del Decreto 110 de 2017, no fue demandada, motivo por el
cual se mantenía incólume su presunción de legalidad, máxime cuando la
modificación de la planta estuvo precedida de estudios técnicos que cumplían
los requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.
Precisó que, en su alzada, a su vez mencionó que el Decreto 111 del 3 de
noviembre de 2017 fue expedido directamente por él en su condición de alcalde
municipal y no por el secretario general, razón por la cual no podía reprocharse
la ausencia de competencia para su expedición, y, aun si se admitiera la
eventual irregularidad en la expedición de dicho acto, ello no viciaba de nulidad
el acto que puso fin al nombramiento provisional del demandante, por cuanto
esa determinación tiene un fundamento jurídico autónomo e independiente.
Anotó que, a través de fallo del 29 de noviembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó la decisión porque las facultades “pro
tempore” para determinar la estructura de la administración municipal, las
funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración que el Concejo
de Piedecuesta delegó en el alcalde mediante el Acuerdo 017 de diciembre de
2016, en virtud del artículo 313 de la Constitución Nacional, numeral 3, no
podían, a su vez, ser delegadas en el secretario, puesto que el alcalde no era el
titular de la función, sino el Concejo.
Agregó que, en dicha providencia de segunda instancia, se indicó que la
inaplicación del Decreto 110 de 2017 se dio por haber sido expedido sin
competencia, puesto que el representante legal del ente territorial delegó en el
secretario una función previamente delegada por el Concejo y, a su vez, declaró
la nulidad de los demás actos administrativos por haberse fundamentado en
dicho decreto, el cual fue expedido sin competencia.
Destacó que, el 11 de diciembre de 2023, en calidad de coadyuvante en ese
proceso, pues fue el alcalde implicado, solicitó la aclaración de la sentencia; sin
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embargo, la solicitud fue negada mediante proveído del 4 de octubre de 2024,
porque se dirigió a cuestionar la parte motiva de la decisión.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que en la providencia demandada se configuraron los
siguientes vicios:
1.4.1. Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución:
Sostuvo que la autorización “pro tempore” no es una delegación técnica, sino
una habilitación normativa excepcional que le confería, en su condición de
alcalde, plena competencia funcional y operativa para ejercerla, por tanto, una
vez autorizado, podía delegarla, salvo que el acuerdo lo prohibiera
expresamente, lo cual no ocurrió en este caso, ya que la Resolución 0226 de
2017, por la cual delegó las funciones en el secretario, no fue anulada ni
suspendida y, por tanto, gozaba de presunción de legalidad.
Señaló que en la providencia cuestionada se anuló el Decreto 111 de 2017 sin
realizar un análisis autónomo de su legalidad, con lo cual desconoció la
competencia constitucional y legal de él como alcalde.
Adujo que dicho acto fue expedido con base en un estudio técnico,
disponibilidad presupuestal y con respaldo en el artículo 46 de la Ley 909 de
20049, lo cual le otorgaba validez propia e independiente; sin embargo, en lugar
de examinar su contenido, el tribunal lo anuló como consecuencia de la
supuesta falta de competencia derivada del Decreto 110 de 2017 por haber sido
expedido por el secretario general.
Precisó que el señor Martínez Martínez ostentaba un nombramiento en
provisionalidad, por consiguiente, no tenía derecho a la incorporación
automática en la nueva planta y tampoco existía un cargo equivalente al
suprimido; en consecuencia, su situación jurídica fue resuelta por el Decreto
111 de 2017 (que suprimió el empleo de auxiliar administrativo, código 470,
grado 02 de la planta global de la alcaldía del municipio de Piedecuesta) y la
Resolución 237 de 2017 (que dispuso que no era posible su incorporación como
9
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 46. REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL. <Artículo modificado por el artículo
228 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las reformas de plantas de
personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial,
deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren,
elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo
de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-.
…
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provisional a un empleo permanente) expedidos directamente por él (como
alcalde).
Expuso que la anulación de esos actos con base en una supuesta invalidez
derivada del Decreto 110 de 2017, implicó que el tribunal incurriera en una
interpretación errada, pues no existía una relación causal directa entre ese acto
previo y la decisión de retiro, por ende, la providencia judicial desconoció el
marco normativo aplicable, el principio de autonomía administrativa y el artículo
315 superior.
Recordó que las competencias otorgadas por la Constitución al Concejo
Municipal y alcalde municipal son diferentes, autónomas e independientes, pues
en la Constitución Política no se indica ninguna clase de condicionamiento para
el ejercicio de las atribuciones otorgadas a cada autoridad. Para tal efecto,
incluyó una tabla comparativa del contenido de los artículos 315.710 y 313.611
superiores.
1.4.2. Desconocimiento del precedente:
Indicó que no se tuvo en cuenta el criterio establecido en las sentencias SU-556
de 2014 y 054 de 2015 de la Corte Constitucional, así como la sentencia del 30
de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado12, en las cuales se ha
reiterado que lo procedente en estos casos es una indemnización proporcional
entre 6 y 24 meses de salario, atendiendo a la gravedad del daño, la necesidad
de reparación y los principios de razonabilidad y equidad.
Mencionó que se ordenó el reintegro pleno sin evaluarse la condición de
provisionalidad del demandante ni hacer referencia al precedente constitucional
y tampoco se ofreció justificación alguna para apartarse de tales decisiones,
pese a su pertinencia y carácter vinculante.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 10 de marzo del 2025, el a quo admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, ordenó notificar al presidente y a los magistrados integrantes
10
ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:…7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de
sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los
acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado
para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
11
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:…6. Determinar la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde,
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de
sociedades de economía mixta.
12
Al respecto, señaló: “En la sentencia bajo radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-
2017) con fecha del 30 de agosto de 2022, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia
acogiendo los criterios de la sentencia SU-556 de 2014”.
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del Tribunal Administrativo de Santander y al titular del Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al alcalde del municipio de
Piedecuesta y a los señores Jhon Jairo Martínez Martínez, Inés Ramírez
Calderón y Ángela Patricia Cala Galvis.
Adicionalmente, requirió copia del expediente ordinario, objeto de la demanda
constitucional.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
La titular de dicho despacho judicial solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
debido a que es evidente el desacuerdo del accionante con la decisión que
resultó contraria a sus intereses, lo cual no resulta suficiente para dejar sin
efectos la decisión censurada.
1.6.2. Municipio de Piedecuesta
Esta entidad territorial señaló que, con fecha 11 de diciembre de 2023, radicó
ante el Tribunal Administrativo de Santander una solicitud de aclaración y/o
adición y/o complementación de sentencia, respecto de la providencia dictada el
día 29 de noviembre de 2023, en el marco del proceso identificado con el
radicado 68001-33-33-013-2018-00135-00/01.
Afirmó que la solicitud de aclaración se presentó con el fin de obtener precisión
respecto a la vinculación legal y reglamentaria del señor Jhon Jairo Martínez
Martínez con el municipio de Piedecuesta y la causal de retiro del servicio, la
cual, dista del proceso de reestructuración o rediseño institucional del año 2017.
Mencionó que, no obstante, mediante Resolución 770 del 27 de junio de 2023,
se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor Jhon Jairo
Martínez Martínez a partir de esa fecha, con ocasión a su renuncia voluntaria
presentada el mismo día bajo el radicado PDC2023ER0028200 en el Sistema
de Atención al Ciudadano (SAC).
Refirió que, en ese sentido, el municipio de Piedecuesta ya dio cumplimiento a
la orden de reintegro que se dispone dentro de este proceso, inclusive, antes de
que se emitiría decisión de fondo dentro del mismo, lo que quiere decir que el
señor Jhon Jairo Martínez Martínez ya fue restablecido en lo que respecta a la
orden de reintegro, derecho al cual, él renunció voluntariamente, mostrando así,
su decisión de no continuar vinculado laboralmente con el municipio de
Piedecuesta.
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Adujo que se solicitó al tribunal que considerara esta situación sobreviviente, a
efectos de delimitar la cuestión planteada y que debe ser adicionada, con
relación al restablecimiento del derecho del señor Martínez Martínez, en tanto
que, exigir nuevamente su reintegro, carecería de fundamento legal.
Precisó que, el 4 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió auto donde resolvió solicitud de aclaración de sentencia respecto de lo
pedido por el aquí accionante; sin embargo, en dicha decisión no se tuvo en
cuenta la solicitud formulada por el municipio de Piedecuesta, omitiendo
cualquier pronunciamiento respecto a los aspectos específicos planteados.
Expuso que esta omisión ha generado incertidumbre sobre el alcance y
aplicación de la sentencia, lo que repercute directamente en los intereses del
municipio, al no contar con claridad suficiente para garantizar la correcta
interpretación y ejecución de lo dispuesto por el fallo judicial.
Mencionó que, por lo anterior, la omisión de tales precisiones genera
incertidumbre sobre el alcance y la aplicación de la sentencia, lo que podría
derivar en consecuencias negativas para los intereses del municipio.
Señaló que, en virtud del principio de seguridad jurídica, es indispensable que
los fallos sean claros, comprensibles y ejecutables sin dar lugar a dudas o
interpretaciones contradictorias, motivo por el cual “requiere que el despacho
analice y resuelva de manera detallada la solicitud presentada por el municipio
de Piedecuesta y que no fue resuelta de fondo (sic)”.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 28 de abril de 2025, la Sala de Conjueces de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado13.
Indicó que, en el caso concreto, se observó que el alcalde no actuaba en
ejercicio de una función conferida por la Constitución y la ley a su cargo, sino de
una autorización excepcional y extraordinaria conferida por el Concejo de
Piedecuesta, lo cual justifica la exigencia de que dicha facultad se ejerza
directamente, sin que pueda ser delegada sin habilitación expresa.
Mencionó que no se advertía una violación del texto constitucional, sino una
interpretación razonable de su alcance, sin que se evidencie en modo alguno
que dicha decisión pueda ser tachada de arbitraria o mucho menos que haya
13
Con auto del 7 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado ordenó el sorteo de conjueces para conformar la sala de decisión, puesto que, la
ponencia previa no alcanzó la mayoría. Para tal efecto, se indicó: “… se acudirá de manera
preferente a los demás magistrados de la Sección Tercera, de conformidad con el Comunicado
no. 1 de la Presidencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 22 de febrero de 2024.”
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Rad: 11001-03-15-000-2025-01294-01
desconocido abiertamente y de manera frontal normas superiores.
Manifestó que, contrario a lo señalado por el accionante, la sentencia
cuestionada y objeto de estudio no inaplicó el Decreto 111 de 2017 sin un
análisis particular, sino que explicó que este acto encontraba su fundamento en
el Decreto 110 de 2017, cuya invalidez afectaba su legalidad por el fenómeno
de decaimiento del acto administrativo.
Recordó que el tribunal estableció que el Decreto 111 de 2017 materializaba la
reestructuración que había sido previamente definida en el Decreto 110 del
mismo año, de manera que, como este último fue proferido sin competencia, los
actos subsiguientes y que encontraban su causa jurídica y material en aquél,
resultaban ilegales por esa misma causa, razonamiento que no es arbitrario ni
manifiestamente irrazonable, pues, por el contrario, parte del análisis de la
cadena normativa y funcional entre los actos, de conformidad con los principios
que rigen la validez y eficacia de éstos.
Señaló que la sentencia no desconoció la legalidad ni los principios de
presunción de validez, conservación del acto administrativo o seguridad jurídica;
por el contrario, analizó los actos demandados a la luz del régimen jurídico de la
función pública y de las competencias institucionales y concluyó, a partir de un
ejercicio hermeneútico debidamente razonado, que la falta de competencia para
expedir el acto primigenio viciaba a los posteriores, en tanto aquellos se
apoyaron en el primero.
Aclaró que el hecho de que la Resolución 0226 de 2017 –acto de delegación–
no haya sido demandada como lo adujo el actor, no impedía que el tribunal
examinara la incidencia directa de dicha determinación en la modificación de la
estructura de la administración.
En relación con el desconocimiento del precedente, el a quo indicó que, la
sentencia SU-556 de 2014 no resulta aplicable al caso concreto en lo que
concierne a los límites indemnizatorios, por cuanto el supuesto fáctico que
originó dicha regla no se presenta en este proceso.
Manifestó que la Corte Constitucional, en aquella oportunidad, analizó varios
casos de empleados públicos vinculados en provisionalidad que fueron
desvinculados mediante actos administrativos que declararon la insubsistencia
de unos nombramientos sin motivación alguna, es decir, decisiones unilaterales,
discrecionales y carentes de justificación por parte de la administración14.
14
Además, señaló que “Frente a ese escenario, la Corte consideró vulnerado el debido proceso
y determinó que el restablecimiento económico debía tener carácter indemnizatorio, limitado a
un rango razonable entre seis (6) y veinticuatro (24) meses, para evitar reparaciones excesivas
o ficticias.”
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Adujo que, en contraste, en el presente caso la desvinculación del actor no fue
producto de una insubsistencia inmotivada, sino de una reestructuración
institucional formalmente adoptada por el municipio, respaldada en estudios
técnicos y, fue autorizada mediante el Acuerdo Municipal 017 de 2016.
Consideró que, “dichos antecedentes” no resultaban vinculantes ni de imperiosa
aplicación para el caso concreto, en tanto que la regla allí trazada no era
vinculante para el asunto analizado, por el contrario, el juez natural actuó dentro
del margen interpretativo que le otorgan la Constitución y la ley, en cuanto
valoró el daño probado y dispuso el restablecimiento conforme a las
consecuencias de la nulidad declarada.
En el mismo sentido, por idénticas razones consideró que tampoco constituía
precedente para el caso concreto la sentencia de unificación de la Sala Plena
del Consejo de Estado del “30 (sic)” de agosto de 2022 (radicación 11001-03-
25-000-2017-00151-00), por cuanto en ella la Corporación acogió para casos
similares los criterios de la sentencia SU-556 de 2014, previamente analizada.
En este punto, indicó que, el asunto de la referencia no guardaba similitud
fáctica ni jurídica con aquellos.
Precisó que, en gracia de discusión, no se configuró el defecto alegado por
cuanto la providencia cuestionada sí aplicó la regla jurisprudencial unificada, en
lo esencial, en tanto expresamente ordenó descontar de la condena los valores
percibidos por el actor en otras relaciones laborales dentro del sector público
durante el período de desvinculación, lo cual se ajusta directamente a la ratio
decidendi de dicha sentencia.
Aclaró que la jurisprudencia unificada no fijó un tope indemnizatorio ni una tabla
cerrada, como erradamente sostuvo el actor, sino que resolvió una tensión
interpretativa existente en la jurisprudencia acerca de si podían o no
descontarse de la condena los ingresos recibidos en otras entidades públicas
cuando el servidor provisional había sido reintegrado judicialmente tras la
nulidad del acto de desvinculación. Al respecto, agregó que la Sala Plena
resolvió afirmativamente esta cuestión en cuanto indicó que “…sí proceden
dichos descuentos, lo cual armoniza el principio de reparación integral con el
principio de legalidad presupuestal y el artículo 128 de la Constitución”.
Expuso que el fallo cuestionado aplicó precisamente esa regla en cuanto
ordenó el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales
dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro, pero condicionó
expresamente ese reconocimiento a la deducción de los valores percibidos en
otras relaciones laborales con entidades públicas.
Indicó que no se desconoció el precedente unificado invocado, por el contrario,
se aplicó de manera expresa la regla allí definida, al ordenarse el descuento de
los ingresos percibidos por el actor en otras vinculaciones laborales públicas,
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como medida para limitar la reparación a lo estrictamente debido.
Refirió que, en cuanto a la sentencia SU-055 (sic) de 2015 esta fue proferida
dentro de un caso en el que un servidor público nombrado en provisionalidad en
un cargo de carrera fue retirado del servicio mediante un acto que careció
absolutamente de motivación y que luego fue reintegrado por orden judicial, lo
cual generó una controversia sobre el alcance de la indemnización que debía
reconocerse en su favor y allí la corte reiteró lo señalado previamente en la SU-
556 de 2014.
Mencionó que esa decisión no resulta aplicable ni vinculante al caso que se
analiza, por cuanto parte del retiro discrecional sin motivación y su regla sobre
los límites indemnizatorios se dirige a evitar la ficción de continuidad en
contextos de abuso de poder, lo cual no se presenta en este caso, en
consecuencia, no se desconoció su contenido, porque no se encontraba en una
hipótesis fáctica ni normativa coincidente.
Concluyó que las sentencias invocadas no constituyen un precedente
vinculante al caso en estudio, porque se trataron de supuestos fácticos y
jurídicos distintos, de modo que este reparo no tiene vocación de prosperidad.
1.8. Impugnación
Mediante escrito enviado electrónicamente el 13 de mayo de 2025, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, que fue notificada el 8 de
mayo del mismo año.
Hizo referencia a las circunstancias fácticas que dieron origen al proceso
ordinario objeto de demanda, para destacar que la condena patrimonial
impuesta al municipio de Piedecuesta (derivada de la orden de restablecimiento
del derecho) se soporta en una lectura equivocada de normas de rango
constitucional, en concreto, aquellas que soportan el marco de la actuación
administrativa adelantada por cada autoridad que intervino en el proceso de
rediseño institucional y que debió considerar la autoridad judicial.
Mencionó que por esa razón insistía en el estudio de fondo de la solicitud de
amparo presentada como único mecanismo para proteger los derechos
fundamentales del municipio de Piedecuesta, puesto que, en su condición de
exalcalde de dicho municipio, podría resultar injustamente afectado por una
orden judicial excesiva, adoptada sin los filtros constitucionales de razonabilidad
y equidad fiscal.
Expuso que, el a quo incurrió en la errónea interpretación del alcance de las
facultades “pro tempore” otorgadas al alcalde por el Concejo Municipal; además
de que no se tuvo en cuenta la falta de análisis autónomo del Decreto 111 de
2017 y vulneración del artículo 315.7 de la Constitución Política.
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Refirió que la sentencia demandada consideró que el Decreto 111 de 2017
(supresión de cargos) es al estar vinculado causalmente con el Decreto 110 de
2017, expedido por el secretario.
Adujo que tal razonamiento no es acertado si se tiene en cuenta que el Decreto
111 de 2017 fue expedido por el propio alcalde y estuvo respaldado en estudio
técnico independiente, así como en la disponibilidad presupuestal, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de
2015.
Insistió en el argumento según el cual la autoridad judicial de segunda instancia
omitió valorar de manera autónoma e individual la legalidad del Decreto 111 de
2017, en tanto omitió la obligación de manifestar expresamente los
fundamentos que lo llevaron a inaplicar el Decreto 111 de 2017 y a declarar la
nulidad de los demás actos administrativos demandados, más allá de su
relación con el Decreto 110 de 2017.
Añadió que, con ello, se sustituyó el análisis técnico por una conclusión
mecánica derivada de un acto anterior, lo que vulnera el debido proceso y el
control integral de legalidad.
Reiteró que, con la providencia demandada, también se incurrió en un
desconocimiento constitucional en materia de indemnización a empleados
provisionales.
Expuso que se concluyó que la sentencia SU-556 de 2014 no era aplicable al
caso concreto, por tratarse de una desvinculación producto de una
reestructuración y no de una insubsistencia inmotivada.
Agregó que la ratio decidendi de esa providencia, reiterada en la SU-054/15 y
asumida por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 30 de agosto
de 2022 (radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00), es que los empleados en
provisionalidad no tienen derecho a la continuidad plena en el cargo, y que el
restablecimiento de sus derechos laborales debe ser indemnizatorio,
proporcional y razonable, para no generar una ficción jurídica de estabilidad.
Resaltó que, en dicha providencia de unificación del Consejo de Estado, se
indicó:
“175.1 Los provisionales desvinculados ilegalmente del servicio tendrán
derecho a un restablecimiento económico proporcional, el cual podrá ser
liquidado por el juez en atención al tiempo real de servicio que se demuestre
en cada caso, teniendo en cuenta para el efecto el último salario devengado,
de conformidad con la tabla prevista en el párrafo 150”.
Y a continuación se expone la tabla en mención:
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Refirió que, por lo anterior, no existe un condicionamiento expreso que sujete la
aplicación de la regla de unificación solo a aquellos casos en los que el
funcionario sea desvinculado en virtud de la declaratoria de insubsistencia, sino
que expresamente se hace referencia a los “provisionales desvinculados
ilegalmente del servicio”, como es el caso, teniendo en cuenta lo resuelto a la
fecha en el proceso de referencia. Por lo tanto, consideró que, dicho precedente
vinculante es claramente aplicable al caso bajo estudio.
Indicó que, contrario a lo sostenido en la sentencia de tutela impugnada, la
regla jurisprudencial establecida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la
sentencia del 30 de agosto de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00
(0892-2017), sí fijó un criterio indemnizatorio concreto aplicable a los casos de
reintegro de funcionarios provisionales, consistente en calcular el monto de la
reparación con base en el tiempo de servicio y el último salario devengado,
dentro de un límite proporcional que no puede exceder 24 meses de salario.
Expuso que dicha jurisprudencia no solo armoniza el principio de reparación
integral con el principio de legalidad presupuestal (artículo 345 Constitución
Política) y el artículo 128 superior, sino que además busca evitar la ficción de
continuidad laboral en aquellos eventos en que el retiro no provenga de un acto
arbitrario, sino de una decisión estructural de la administración.
Mencionó que, a pesar de su carácter unificador, esta regla fue completamente
desconocida por el tribunal demandado en la sentencia de segunda instancia, al
ordenar el pago pleno de salarios y prestaciones desde la fecha de
desvinculación hasta el momento del reintegro efectivo, sin ningún tipo de límite
o modulación, lo cual puede conducir a un restablecimiento económico
desproporcionado y contrario a los estándares jurisprudenciales vigentes,
incluso superando el tope máximo de 24 salarios previsto por la citada
sentencia de unificación.
Manifestó que, con la providencia cuestionada, se vulneró el principio de
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sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal de la administración, pues ordenó el
reintegro pleno y el pago integral de salarios, prestaciones y demás derechos
laborales a un funcionario vinculado en provisionalidad, desde la fecha de su
desvinculación (noviembre de 2017) hasta su efectivo reintegro, sin establecer
límite temporal alguno, incurre en una grave afectación al principio de
sostenibilidad fiscal, consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política.
Advirtió que la ejecución de este tipo de fallos sin sustento presupuestal claro y
sin modulación judicial del restablecimiento del derecho puede derivar, en el
futuro, en el inicio de acciones de repetición contra quienes hubieren tomado
decisiones administrativas o presupuestales durante el período de la
desvinculación.
Mencionó que la decisión judicial demandada desconoce los límites
constitucionales al gasto público, desatiende el precedente jurisprudencial en
materia de reparación proporcional y compromete injustificadamente los
recursos del erario, afectando la autonomía fiscal del municipio (artículo 287
constitucional) y los principios de eficiencia y responsabilidad de la gestión
pública (artículo 209 superior y Ley 610 de 2000).
Consideró que dicha sentencia debe ser anulada por vulnerar el principio de
sostenibilidad fiscal como parámetro de interpretación obligatoria para el juez de
lo contencioso administrativo, especialmente cuando se ordenan prestaciones
patrimoniales de alto impacto sin modulación alguna. Por lo anterior, solicitó lo
siguiente:
1. Revocar el fallo de tutela de primera instancia y acceder, en consecuencia,
al amparo de los derechos fundamentales del Municipio de Piedecuesta y del
suscrito, los cuales fueron vulnerados con la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Santander el 28 de noviembre de 2023 en el curso del
proceso con radicación No. 680013333013 - 2018 - 00135 – 01.
2. Anular las sentencias del Juzgado 13 Administrativo Oral de Bucaramanga
(28 de junio de 2023) y del Tribunal Administrativo de Santander (29 de
noviembre de 2023).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 199115, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de
15
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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2019, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En calidad de vinculado como tercero con interés en el resultado de este
proceso, el municipio de Piedecuesta indicó que, el 4 de octubre de 2024, el
Tribunal Administrativo de Santander profirió auto donde resolvió solicitud de
aclaración de sentencia respecto de lo pedido por el aquí accionante; no
obstante, no ha resuelto la solicitud formulada por dicho ente territorial.
Al respecto, se debe precisar que, la aludida petición debe presentarse ante el
tribunal demandado y, no en sede de la acción de tutela; por lo que no se
emitirá pronunciamiento alguno sobre el asunto en particular.
Adicionalmente, se observa que, si bien el actor hizo referencia a la “defensa de
los derechos del municipio de Piedecuesta”, lo cierto es que, ello lo expresó
pues a su juicio, en su condición de exalcalde de dicho ente territorial, podría
resultar injustamente afectado por una orden judicial excesiva, adoptada sin los
filtros constitucionales de razonabilidad y equidad fiscal.
No obstante, la presente acción de tutela se analizará en lo que corresponda a
la defensa de sus derechos fundamentales, mas no a los atinente a la persona
jurídica municipal, pues frente a ella, el accionante carece de legitimación en la
causa por activa.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia,
se analizará si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la parte actora, con ocasión de la sentencia
del 28 de junio de 2023, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 68001-33-33-013-2018-00135-00/01, con la cual
confirmó la decisión de primera instancia que ordenó el reintegro laboral del
señor Jhon Jairo Martínez Martínez, así como el pago de los salarios,
prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir por su
desvinculación de la administración del municipio de Piedecuesta (Santander).
Por tanto, se revisarán a efectos de solucionar el problema jurídico: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos adjetivos; y (iii) el caso concreto.
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2.4. Caso concreto
La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Santander
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora al
confirmar la decisión de primera instancia que ordenó el reintegro laboral del
señor Jhon Jairo Martínez Martínez, así como el pago de los salarios,
prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir por su
desvinculación de la administración del municipio de Piedecuesta (Santander).
Para tal efecto, consideró que con dicha providencia se incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente.
El a quo denegó la protección invocada, previo a considerar que se cumplieron
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto a los defectos específicos en mención, el
juez de tutela de primera instancia señaló que ninguno se configuraba con la
decisión demandada.
La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, para lo
cual reiteró sus argumentos iniciales.
Para resolver, se considera:
Una vez revisado el contenido de la impugnación presentada se encuentra que,
si bien el a quo sostuvo que se cumplía el presupuesto de la relevancia
constitucional, lo cierto es que el asunto no cumple con el mencionado requisito,
por lo siguientes motivos:
El juez de tutela de primera instancia, en cuanto al presupuesto en mención,
estableció lo siguiente:
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente
relevante, en tanto lo que se reprocha es que el tribunal demandado en
segunda instancia incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución por declarar la nulidad del acto de reestructuración de la planta
de personal del municipio por presunta falta de competencia del alcalde, sin
tener en cuenta que actuó en ejercicio de las facultades que le confiere
directamente el artículo 315 de la Constitución Política y desconoció tres
precedentes supuestamente vinculantes.
Para establecer si un asunto cuenta con relevancia constitucional no basta con
hacer la simple indicación de su cumplimiento como lo señaló el a quo, pues
como presupuesto general de la acción de tutela “…supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
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un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel…”16. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional17 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad18; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales19 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces20.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
Así, se observa que los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución se fundamentaron en un reproche de naturaleza legal, en cuanto a
la interpretación normativa que efectuó el tribunal demandado frente al reintegro
laboral del señor Jhon Jairo Martínez Martínez, pues según el actor, se
transgredió el artículo 315 de la Constitución Política por desconocer la facultad
de los alcaldes para modificar la planta de personal del ente territorial, así como
su facultad para delegar en un subalterno la autorización “pro tempore”
otorgada por el Concejo Municipal.
En este caso, se precisa que en la providencia acusada se inaplicó el Decreto
111 de 2017 luego de determinar que este acto encontraba su fundamento en el
Decreto 110 de 2017, cuya invalidez afectaba su legalidad por el fenómeno de
decaimiento del acto administrativo. En lo particular, se indicó:
Falta de competencia del Secretario General del Municipio de Piedecuesta para
expedir los Decretos 110 y 111 de 2017.
Indica, la parte accionante que los actos acusados inmersos en los Decretos 110
y 117 se deben inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, en razón que se
expidieron de forma irregular y sin competencia, argumentando que a través de la
Resolución No. 226 del 1 de noviembre de 2017, el Alcalde de Piedecuesta
delegó sus funciones en el señor Fredy Alberto Almeida Sierra en su condición
de Secretario General de la administración, sin establecer dentro las mismas
aquellas relacionadas con el proceso de reestructuración administrativa, función
16
Sentencia SU 573 de 2019.
17
“Sentencia C-590 de 2005.”
18
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
19
“Sentencia C-590 de 2005.”
20
“Sentencia T-102 de 2006.”
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que al no ser original o propia del alcalde sino del Concejo Municipal, otorgada de
forma pro tempore no podía delegarse, insistiendo bajo esa óptica en que el
Decreto 110 de 2017 a través del cual se modificó y definió la estructura
administrativa de Piedecuesta se expidió sin competencia.
Señala que al encontrarse viciado de nulidad el Decreto 110 de 2017, se afectó la
validez de los actos administrativos proferidos con posterioridad a éste.
Asimismo, reitera que la facultad pro tempore que el Concejo Municipal le
transfirió al Alcalde de Piedecuesta para modernizar o reorganizar la estructura
de la administración municipal constituye un acto de delegación, por lo que el
alcalde municipal de Piedecuesta, no podía delegar la función que el Concejo le
había conferido a través de delegación, insistiendo que está prohibido por regla
general en el ordenamiento jurídico la subdelegación, no siendo lógico en su
criterio la transferencia de funciones sobre el mismo objeto a otra persona en el
que no estaba autorizada para subdelegar.
…
De acuerdo a lo anterior, encuentra la Sala que, en el Municipio de Piedecuesta
Santander, el Concejo Municipal trasladó la competencia a él asignada en el
numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Nacional en cabeza del Alcalde
Municipal, estando en consecuencia facultado el burgo maestre para proferir los
actos administrativos tendientes a reorganizar o modernizar la estructura de la
administración Municipal.
No obstante ello, la estructura administrativa del Municipio de Piedecuesta fue
definida mediante Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017 por el Secretario
General de dicha municipalidad en virtud del acto de delegación de funciones
conferido por el Burgo maestre, mediante la Resolución No. 0226 del 1 de
noviembre de 2017, encontrando la Sala una ilegalidad en dicha actuación en la
medida que la facultad conferida al mandatario municipal no podía ser objeto de
delegación por parte de éste en uno de sus colaboradores porque no era el titular
de la función que delegó, recordemos que la función de determinar la estructura
de la administración municipal y las funciones de sus dependencias se
encuentran en cabeza del Concejo Municipal, por disposición Constitucional y no
del Alcalde.
El Alcalde Municipal sólo puede delegar aquellas funciones del cual es titular,
siendo éste un elemento constitutivo de la delegación, según definió la H. Corte
Constitucional en sentencia C-036/05…
…
Así las cosas, al haberse expedido el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017
por el Secretario General del Municipio de Piedecuesta, éste se impregna de
ilegalidad al no ser expedido por funcionario competente, pues se insiste, el
burgomaestre no podía delegar la función de la cual es titular el Concejo
Municipal y que le fue trasladada pro tempore, siendo el único facultado para
definir la estructura administrativa del municipio de Piedecuesta, el Alcalde
Municipal y sólo por el tiempo previsto en el Acuerdo Municipal 017 del 5 de
diciembre de 2016.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-01294-01
Si bien le asiste razón al coadyuvante en cuanto a que la Resolución No. 0226
del 1 de noviembre de 2017 no fue objeto de demanda y no ha sido declarada
nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es que ese
hecho no legitima al Secretario General, para definir la estructura de la
administración municipal.
En ese orden de ideas, el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017 está viciado
de nulidad y en consecuencia procede su inaplicación por ilegalidad.
De igual manera, se encuentra que, el tribunal acusado se pronunció sobre la
afectación de los actos que se expidieron con fundamento en el Decreto 110 del
2 de noviembre de 2017, a través del cual se modificó y estructuró la
administración municipal del municipio de Piedecuesta, acto administrativo que,
por estar viciado de nulidad, los posteriores que fueron expedidos también
adolecían de ilegalidad al estar inmersos en la causal de falsa motivación.
A su vez, se observa que la autoridad judicial demandada consideró que el vicio
de nulidad del Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017 afectaba la legalidad
del acto de supresión, en cuanto la nueva planta global de personal se fijó
acorde con la estructura de la administración municipal fijada en dicho decreto
que fue expedido sin competencia para ello y que constituyó el fundamento del
acto que afectó la situación laboral del demandante, pues con la nueva planta
de personal de la administración municipal, la señora Inés Ramírez Calderón
debió retornar al cargo que desempeñaba el demandante en provisionalidad y
por consiguiente el señor Martínez Martínez quedó desvinculado.
Para la Sala, los reparos del accionante no revisten relevancia constitucional,
puesto que, prima facie, no denotan la vulneración alegada, ya que el estudio
realizado por la autoridad judicial corresponde a la cadena normativa y funcional
entre los actos, de conformidad con los principios que rigen la validez y eficacia
de estos.
En tal sentido, se observa que la controversia propuesta no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de
202221, toda vez que su finalidad es la de convertir la acción de tutela en una
instancia adicional, sin que se pueda reabrir el debate zanjado en sede
ordinaria, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios para su
defensa.
En efecto, se encuentra que un desacuerdo en relación con las conclusiones a
las que arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el
juez constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
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Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural; además
porque la acción de tutela no es un “juicio de corrección” acerca del análisis
normativo efectuado por la autoridad judicial demandada.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, por cuanto la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal
naturaleza legal.
Finalmente, se precisa que si bien la parte impugnante reiteró que en su asunto
debía aplicarse el criterio del Consejo de Estado en sentencia de unificación del
30 de agosto de 2022, dictada en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00,
con la cual se asumió la ratio decidendi de la Corte Constitucional plasmado en
la sentencia SU-556/14, reiterada en la SU-054/15, lo cierto es que la decisión
emitida en dicho proceso corresponde a la del 9 de agosto de 2022, con la cual
al resolver un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se
dispuso:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos efectuados a
la condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde
se obtenga la nulidad del acto que retiró del servicio a un empleado público
nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de dinero recibidas por la
parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales percibidos de
relaciones de trabajo en el sector público.
SEGUNDO: Las reglas de este fallo de unificación tienen efecto retrospectivo y,
por tanto, son vinculantes y obligatorias para los casos pendientes de resolución
judicial.
TERCERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por la parte demandante.
…
Además, se encuentra que la sentencia SU-556/14, reiterada en la SU-054/15,
se analizó la situación de los empleados públicos nombrados en provisionalidad
cuando son retirados del servicio a través de actos administrativos sin
motivación, para lo cual se establecieron unos topes indemnizatorios, así:
3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en
los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en
provisionalidad en un cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor
público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de
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la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido
suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a
título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones
dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese
monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a
pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.
Al respecto, se encuentra que la providencia acusada aplicó la regla en
cuestión, puesto que ordenó el pago de los salarios, prestaciones y demás
derechos laborales dejados de percibir desde la desvinculación hasta el
reintegro, pero condicionó expresamente ese reconocimiento a la deducción de
los valores percibidos en otras relaciones laborales con entidades públicas. Así,
se reitera que la orden que a título de restablecimiento del derecho se emitió en
el proceso ordinario consistió en lo siguiente:
TERCERO: CONDÉNASE a título de restablecimiento al MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, a reintegrar al señor JHON JAIRO MARTINEZ MARTINEZ,
sin solución de continuidad, al cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES, CÓDIGO 470, GRADO 02, o a otro equivalente o de similares
condiciones de ingresos. Y a PAGARLE los salarios, prestaciones y demás
derechos laborales dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación y
hasta que se haga efectivo el reintegro al servicio, descontando cualquier
valor que el demandante haya recibido durante el interregno de la
desvinculación con ocasión del servicio prestado en cualquier entidad de
naturaleza pública, por expresa prohibición del artículo 128 de la Constitución.
Por tal motivo, la regla establecida en las sentencias invocadas fue justamente
la aplicada por el tribunal accionado, así que la discusión planteada en el escrito
de tutela frente al particular carece de sustento.
Con todo, debe advertirse que, la solicitud de “aclaración, adición y/o
complementación” formulada por el municipio de Piedecuesta respecto de la
sentencia de segunda instancia dictada en el proceso ordinario, no ha sido
decidida por el tribunal demandado, petición en la que, se observa que dicho
ente territorial hizo referencia a la falta de aplicación de los topes
indemnizatorios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
556/14; sin embargo, como quedó señalado en la cuestión previa esto
corresponde a un asunto de resorte del mencionado ente territorial y no del
actor.
En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado para declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
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autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia del 28 de abril de 2025, por la cual la Sala
de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado para, en su lugar declarar la improcedencia de la acción por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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