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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01297-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01297-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01297-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01297-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 22 de abril de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01297-01
Actor: DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2 al haber

proferido, la providencia de 18 de enero de 2024 dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 2018-00158-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que fue alcalde del MUNICIPIO DE PIEDECUESTA3 para el

período constitucional 2016-2019.

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante el Municipio.

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Actor: DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS

Señaló que el concejo municipal de Piedecuesta, expidió el Acuerdo

núm.017 de 2016, mediante el cual lo autorizó para ejercer pro

tempore las atribuciones, determinar y establecer la estructura de la

administración municipal, las funciones de sus dependencias y las

escalas de remuneración.

Aseguró que en ejercicio de sus funciones como alcalde municipal

delegó esa facultad al secretario general del municipio, quien expidió

el Decreto núm. 111 de 2017 mediante el cual estableció la planta

de empleos de la administración central del ente territorial, en el que

se optó por suprimir los 131 empleos existentes y creó 137 nuevos.

Mencionó que la señora DIANA AGUILAR JAIMES fue nombrada en

el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, en la

planta global del municipio de Piedecuesta y, que con ocasión a la

reestructuración de la planta de personal, dicho cargo quedó

suprimido, por lo que mediante Resolución núm. 237 de 8 de

noviembre de 2017 se le informó de tal situación y de la imposibilidad

de incorporación a las nuevas plazas creadas, sin embargo, se le puso

en conocimiento de la inclusión en un empleo transitorio mientras un

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juez laboral autorizaba el levantamiento del fuero sindical que

ostentaba.

Arguyó que, como consecuencia de lo anterior, la señora DIANA

AGUILAR JAIMES promovió demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el

MUNICIPIO con el fin de obtener la nulidad de los actos

administrativos relacionados con la supresión del cargo, y a título de

restablecimiento del derecho el reintegro y el pago de las

prestaciones dejadas de percibir.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2018-00158-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BUCARAMANGA que, en sentencia de 2 de agosto de 2022, denegó

las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior el apoderado de la señora

DIANA AGUILAR JAIMES interpuso recurso de apelación ante el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 18 de enero de 2024, revocó

la decisión del a quo y, en su lugar, inaplicó los Decretos núms. 110

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y 111 de 2017, declaró la nulidad de los actos administrativos que

crearon los empleos de la planta de personal del ente territorial,

resolvió la incorporación de unos servidores y ordenó al MUNICIPIO

reintegrar a la señora DIANA AGUILAR JAIMES sin solución de

continuidad al cargo de profesional universitario, código 219, grado

03 o a otro equivalente o de similares condiciones e ingresos y lo

condenó al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.

Señaló que en la aludida sentencia fue reconocido como tercero

interviniente coadyuvante por tener interés directo en las resultas del

proceso, toda vez que en su condición de alcalde del MUNICIPIO

expidió alguno de los actos administrativos allí cuestionados.

Aseguró que presentó solicitud de adición, aclaración, corrección y

complementación de la sentencia ante el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 28 de octubre de 2024, fueron rechazadas por

improcedente al considerar que lo pretendido era reabrir el debate

definido en la sentencia de segunda instancia.

I.3. Fundamentos de derecho

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Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo al desconocer las normas de rango constitucional que

legitimaron la expedición de los actos administrativos que anuló

equivocadamente.

Aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró el principio de

imparcialidad judicial habida cuenta que, anuló el acto administrativo

que delegó y otorgó facultades al secretario general del municipio

para expedir uno de los actos administrativos, por lo que consideró

que dicha resolución al no ser demandada por la actora, se profirió

una decisión judicial que fue más allá de lo solicitado.

Señaló que los actos administrativos anulados fueron expedidos de

conformidad con las normas constitucionales que definen las

atribuciones del alcalde respecto de la creación, supresión o fusión

de los empleos de la planta de personal, por lo que consideró que no

se requería autorización del concejo municipal para ejecutar la

reforma a la estructura administrativa.

Adujo que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la

Constitución al interpretar de manera contraria el ordenamiento

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jurídico al anular los actos administrativos acusados, pues, a su

juicio, de haberse efectuado un análisis integral de las normas

superiores se hubiera concluido que la autoridad competente expidió

el decreto que estableció la nueva planta de empleos de conformidad

con los parámetros de motivación y publicidad.

Resaltó que “[…] aun cuando el Tribunal Administrativo de Santander

decidió anular el Decreto Nro. 110 de 2017 por falta de competencia,

tal determinación no significaba que debiera restablecerse la

situación jurídica particular de Diana Aguilar Jaimes. Lo anterior,

precisamente, porque tal decisión no modificó su situación jurídica.

Fue sólo el criterio interpretativo errado que expuso la autoridad

judicial lo que llevó a anular las demás decisiones para restaurar una

relación laboral que se había extinguido por una causa legítima […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Se solicita al Juez Constitucional amparar los derechos
fundamentales del Municipio de Piedecuesta, y del suscrito en
calidad del tercero interviniente, al debido proceso y acceso a la

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administración de justicia en el marco del proceso judicial cuya
radicación es No. 680013333013 - 2018 - 00158 - 01. Y, en
consecuencia, se pide:

• ANULAR la sentencia proferida el 18 de enero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Santander que revocó la sentencia del
02 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

• ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que dicte
nuevamente una sentencia en la que se tome en consideración el
ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto y en la que defina,
conforme a derecho, las pretensiones de la demanda, en especial
en que se haga una clara distinción entre la competencia
constitucional del Concejo Municipal para modificar la estructura de
la Administración municipal y la competencia constitucional del
alcalde municipal para modificar la planta de empleos del
Administración municipal.

En el caso de no acceder a lo anterior, subsidiariamente se solicita:

• ANULAR el numeral sexto de la sentencia del 18 de enero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en
consecuencia, modificar y limitar el componente de
restablecimiento del Derecho frente al pago de salarios y
prestaciones sociales, de acuerdo con los criterios y topes trazados
en la sentencia SU-556-2024 […]”. (Destacado pertenece al
texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL luego de hacer un recuento de las actuaciones

desarrolladas en la segunda instancia, manifestó que el actor no

cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el

mecanismo constitucional, pues, a su juicio, si bien se le permitió

participar en el proceso ordinario como tercero interviniente, no es

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parte dentro del trámite judicial, por ende la decisión cuestionada no

le vulnera o amenaza ningún derecho fundamental.

Adujo que a pesar de que el actor fungió como alcalde del municipio

de Piedecuesta para la fecha en que se expidieron los actos

administrativos cuestionados, este lo hizo en representación del ente

territorial, por lo tanto es dicha entidad a la que le asiste la capacidad

de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales.

Aseguró que los argumentos de la solicitud de amparo pretenden

reabrir el debate jurídico que se estudió ampliamente en el proceso

ordinario, utilizando la acción de tutela como una tercera instancia.

I.5.2.- El MUNICIPIO vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, manifestó que respecto de las

pretensiones planteadas por el actor se atiene a lo que resuelva en

el presente mecanismo constitucional.

Resaltó que en el asunto se evidenció una omisión de los jueces al

apartarse sin justificación del precedente vinculante, por lo tanto

“[…] siempre que concurran los requisitos generales y por lo menos

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una de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra

las providencias judiciales, el juez de tutela debe conceder el amparo

como mecanismo excepcional ante la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso y otros derechos fundamentales […]”.

I.5.3.- La señora DIANA AGUILAR JAIMES vinculada en calidad

de tercera con interés directo en las resultas del proceso, aseguró

que la solicitud de amparo está encaminada a crear una tercera

instancia o reemplazar los recursos ordinarios que ya fueron

interpuestos por la entidad territorial en su momento procesal.

Indicó que el actor no tiene legitimación en la causa por activa, en

tanto no es parte procesal, ni ha intervenido en la actuación judicial

cuestionada, por lo que solicitó declarar improcedente la acción de

tutela.

I.5.4.- El JUZGADO y las señoras ELSA MENDOZA y MYRIAM

QUINTERO, pese a ser notificados en debida forma, guardaron

silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 22 de abril de 2025,

en primer lugar, advirtió que el actor presentó la acción de tutela al

tener la calidad de tercero interviniente coadyuvante dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2028-00158-00, el

cual fue debidamente reconocido en sentencia de 18 de enero de

2024. Por lo tanto, consideró procedente el estudio de los cargos

formulados por el actor en la solicitud de amparo.

En ese sentido, luego de elaborar un estudio de la procedencia de los

requisitos de la acción de tutela contra providencia judicial, señaló

que no había lugar acceder a la solicitud de amparo al considerar

que, el análisis efectuado por la TRIBUNAL se encontró

debidamente soportado en las normas aplicables a la controversia y

en las pruebas allegadas al plenario de las cuales se logró inferir que

prosperaba el cargo de nulidad propuesto.

Concluyó que “[…] las actuaciones de la autoridad judicial

demandada lejos de incurrir en violación directa de la Constitución

Política, desconocimiento del precedente o defecto sustantivo, fueron

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realizadas conforme a la jurisprudencia y normas aplicables al caso,

apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para

efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso

concreto, frente a lo cual, se debe advertir que el juez natural del

asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus

decisiones […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA,

manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,

a su juicio, el TRIBUNAL al decidir la segunda instancia erró al

imponer la obligación al municipio de Piedecuesta de pagar más de 8

años de prestaciones y salarios desde la fecha de desvinculación de

la señora AGUILAR JAIMES hasta el momento del reintegro, pues

ese monto excede los límites razonables del restablecimiento del

derecho teniendo en cuenta que sólo prestó dos años de servicio,

por lo tanto se incurre en un detrimento significativo de los recursos

públicos del ente territorial.

Asimismo, señaló que la sentencia debe ser revocada por vulnerar el

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principio de sostenibilidad fiscal como parámetro de interpretación

obligatoria para el juez, aun cuando se trata de prestaciones

patrimoniales de alto impacto.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto la sentencia de 18 de enero de 2024, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2018-00158-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la

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autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo y

violación directa de la Constitución.

Los disensos del actor, radican en que la autoridad judicial accionada

incurrió en el defecto sustantivo al desconocer las normas de rango

constitucional que legitimaron la expedición de los actos

administrativos que anuló equivocadamente.

Señaló que los actos administrativos anulados fueron expedidos de

conformidad con las normas constitucionales que definen las

atribuciones del alcalde respecto de la creación, supresión o fusión

de los empleos de la planta de personal, por lo que consideró que no

se requería autorización del concejo municipal para ejecutar la

reforma a la estructura administrativa.

Adujo que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la

Constitución al interpretar de manera contraria el ordenamiento

jurídico al anular los actos administrativos acusados, pues, a su

juicio, de haberse efectuado un análisis integral de las normas

superiores se hubiera concluido que la autoridad competente expidió

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el decreto que estableció la nueva planta de empleos de conformidad

con los parámetros de motivación y publicidad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 22 de abril de

2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que, el análisis

efectuado por el TRIBUNAL se encontró debidamente soportado en

las normas aplicables a la controversia y en las pruebas allegadas al

plenario de las cuales se logró inferir que prosperaba el cargo de

nulidad propuesto.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, el TRIBUNAL al decidir

la segunda instancia erró al imponer la obligación al municipio de

Piedecuesta de pagar más de 8 años de prestaciones y salarios desde

la fecha de desvinculación de la señora DIANA AGUILAR JAIMES

hasta el momento del reintegro, pues ese monto excede los límites

razonables del restablecimiento del derecho teniendo en cuenta que

sólo prestó dos años de servicio, por lo que se incurre en un

detrimento significativo de los recursos públicos del ente territorial.

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Actor: DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS

En este punto la Sala destaca que se limitará únicamente a los

reparos expuestos en el escrito de impugnación, comoquiera que no

todos los puntos resueltos por el a quo fueron objeto de

inconformidad por la parte actora.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la

[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

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controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad se sustentan,

básicamente, en que la autoridad judicial accionada incurrió

desconocimiento de las normas constitucionales al anular los actos

administrativos relacionados con la reestructuración de la planta de

personal, para en su lugar ordenar el reintegro de la funcionaria y el

pago de todos los salarios dejados de percibir monto que, a su juicio,

excede los límites razonables del restablecimiento del derecho.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

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inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,

así:

“[…] 6. Análisis de las pruebas y el problema jurídico planteado

Una vez relacionadas las pruebas obrantes al expediente, procede
la Sala a realizar un análisis de las mismas de cara a los
planteamientos jurídicos, y con ello dar respuesta al problema
jurídico planteado.

De la competencia del secretario general para expedir los Decretos
110 y 111 de 2017

En relación con la competencia para modificar la planta de personal
en el municipio por parte del secretario general del municipio de
Piedecuesta, a través de los actos administrativos demandados, se
tiene que a través del Acuerdo No. 017 del 5 de diciembre de 2016
el Concejo Municipal de Piedecuesta autorizó al Alcalde Municipal
de Piedecuesta para ejercer pro–tempore la función asignada a ese
cuerpo colegiado en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución
Nacional, consistente en determinar la estructura de la
administración municipal, las funciones de sus dependencias y las
escalas de remuneración.

Igualmente, se observa que a través de la Resolución No. 0226 del
1 de noviembre de 2017 el alcalde de Piedecuesta en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 315
de la Constitución, delegó en su Secretario General las funciones
de Alcalde Municipal, con excepción de las delegadas mediante acto
administrativo a otros Secretarios de Despacho y aquellas que por
disposición legal son indelegables.

En virtud de tal delegación conferida por el Alcalde Municipal al
secretario general, señor Fredy Alberto Almeida Sierra, éste último
profirió el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, a través del
cual se modifica y define la estructura administrativa y funcional
del Municipio de Piedecuesta.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la delegación como
institución jurídica ha sido concebida como una distribución de

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competencias entre diversas autoridades o instancias
administrativas, con el fin de facilitar el cumplimiento de las
funciones asignadas, tendientes a lograr la materialización de los
principios señalados en el artículo 209 Constitucional, que rigen la
función administrativa y que se encaminan para la consolidación de
los fines esenciales del Estado; en este entendido, la delegación
implica la transferencia del ejercicio de las funciones del cargo más
no su titularidad; de igual forma, la delegación de funciones se
comporta como una excepción al «principio de la improrrogabilidad
de la competencia», en la medida que la delegación sólo es posible
frente aquellos asuntos autorizados por la Constitución o la Ley.

En esta lógica encuadra la previsión contenida en el artículo 211 de
la Carta Política, en cuanto señala que la Ley señalará las funciones
y fijará las condiciones para que se dé la delegación.

De la misma manera, aun cuando la delegación de funciones goza
de un margen amplío de discrecionalidad, el Constituyente de 1991
y el legislador se preocuparon para que su ejercicio se realice a
través de un acto formal, que, en términos de la jurisprudencia
Constitucional, debe contener la decisión expresa del delegante, el
objeto de la delegación, el delegatorio del ejercicio de la función y
las condiciones de tiempo y modo; así, sostuvo la Corte
Constitucional al señalar que «la posibilidad de transferir su
competencia - no la titularidad de la función – en algún campo, se
perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante
de su intención de hacerlo, a través de un acto administrativo
motivado, en el que determina si su voluntad de delegar la
competencia es limitada o ilimitada en el tiempo o general o
específica.» […]

En lo que refiere a la delegación de funciones por parte del Alcalde
Municipal en sus secretarios, el artículo 92 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, dispone que
«el Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los
jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones
a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa
prohibición legal», siéndole, igualmente aplicable, las disposiciones
contenidas en la Ley 489 de 1998, conforme al ámbito de aplicación
dispuesto en el artículo segundo de la norma citada.

Por su parte, las facultades pro tempore han sido entendidas como
un fenómeno de habilitación extraordinaria, a través de la cual se
imparte una autorización, bien de la Asamblea Departamental al
Gobernador o del Concejo Municipal al alcalde, para que éstos
últimos (jefes de la administración seccional) ejerzan precisas

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funciones y competencias por tiempo limitado y determinado, que
le corresponden constitucional o legalmente a las Corporaciones
Político Administrativas del nivel territorial.

En relación con los Concejos municipales, el numeral 3 del artículo
313 de la Constitución Política señala que los Concejos Municipales
podrán «Autorizar al alcalde para (…) ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo».

Establecido lo anterior y a efectos de aplicar las anteriores reglas
al caso concreto, con el fin de establecer si el Decreto 110 de 2017
adolece o no del vicio de ilegalidad por carencia de competencia
para su expedición, se tiene lo siguiente:

1. El Concejo Municipal de Piedecuesta, a través del Acuerdo No.
017 de 5 de diciembre de 2016, revistió de precisas facultades pro
tempore al alcalde Municipal de Piedecuesta, para que en el
término de un (1) año, procediera a definir la estructura orgánica
y funcional de la administración central.

2. En desarrollo de las facultades pro tempore, se expidió el
Decreto 110 de fecha 2 de noviembre de 2017; que en su artículo
1º definió la estructura administrativa del nivel central del
Municipio de Piedecuesta y, a partir del artículo 2, las funciones
comunes y específicas de las dependencias que integran la
estructura orgánica de la administración municipal de Piedecuesta.

3. Que el Decreto 110 de 2 de noviembre de 2017, fue suscrito por
el señor FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA, de acuerdo con la
Resolución No. 0226 de 1º de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), mediante la cual, el alcalde del Municipio de Piedecuesta
ante la comisión de servicios dispuso «DELEGAR las funciones del
Alcalde Municipal al Doctor FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA
Secretario General de la Administración Municipal (…) el día 02 de
noviembre de 2017.»

Así las cosas, es claro que el Alcalde Municipal de Piedecuesta en
virtud de la habilitación extraordinaria realizada por el Concejo
Municipal de Piedecuesta, contaba con la competencia para
determinar la estructura de la administración municipal y las
funciones de sus dependencias; por el contrario, no aplica de igual
manera la posibilidad de delegar las facultades pro tempore a él
asignadas, puesto que con ello presuntamente incurrió en el
fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena, como se
proscribe en el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 489 de

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1998, toda vez que el titular de la función debatida es el Concejo
Municipal.

El alcalde Municipal sólo puede delegar aquellas funciones del cual
es titular, siendo éste un elemento constitutivo de la delegación,
según definió la H. Corte Constitucional en sentencia C-036/05:

«... esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha
señalado que son elementos constitutivos de la delegación los
siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro;
(ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano
titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una
previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la
delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la
competencia». (resalta la Sala)

De este modo, al haberse expedido el Decreto 110 del 2 de
noviembre de 2017 por el Secretario General del Municipio de
Piedecuesta, éste no fue expedido por funcionario competente,
pues se insiste, el directivo no podía delegar la función de la cual
es titular el Concejo Municipal y que le fue trasladada pro tempore,
siendo el único facultado para definir la estructura administrativa
del municipio de Piedecuesta, el Alcalde Municipal y sólo por el
tiempo previsto en el Acuerdo Municipal 017 del 5 de diciembre de
2016.

En línea con lo anterior, el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017
está viciado de nulidad y en consecuencia procede su inaplicación
por ilegalidad. Ahora con respecto a los siguientes actos
administrativos:

Decreto 111 del 3 de noviembre de 2017, Decreto 112 del 7 de
noviembre de 2017, Resolución 227 del 7 de noviembre del 2017,
Resolución 228 del 7 de noviembre del 2017, Resolución 237 del 7
de noviembre de 2017, Resolución 242 del 9 de noviembre del
2017 y Decreto 120 del 21 de noviembre de 2017.

Precisa la Sala que, la motivación o fundamento de los mismos lo
constituyó el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, a través del
cual se estructura la administración municipal del Municipio de
Piedecuesta, acto administrativo que según el análisis hecho en
párrafos anteriores está viciado de nulidad y por ende resultan
estos actos administrativos viciados también de ilegalidad al estar
inmersos en la causal de falsa motivación.

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El vicio de nulidad del Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017
afecta la legalidad del acto de supresión, en cuanto, la nueva planta
global de personal se fijó acorde con la estructura de la
administración municipal fijada en dicho Decreto que fue expedido
sin competencia para ello y que constituyó el fundamento del acto
que afectó la situación laboral del demandante.

Así las cosas, deberá la Sala revocar la sentencia impugnada para
en su lugar, inaplicar los Decretos 110 y 111 del 2 y 3 de noviembre
de 2017 «POR EL CUAL SE MODIFICA Y SE DEFINE LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA» y «POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, respectivamente, en atención a su contenido de
carácter general y anular el Decreto 112 del 7 de noviembre de
2017 «POR EL CUAL SE CREAN UNOS EMPLEOS DE CARÁCTER
TRANSITORIO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA»,
Resolución 228 del 7 de noviembre del 2017 «POR MEDIO DE LA
CUAL SE HACE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA», Resolución 237
del 7 de noviembre de 2017 «POR MEDIO DE LA CUAL SE
INCORPORAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA PLANTA DE
EMPLEOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA»
publicado el 8 de noviembre de 2017, de acuerdo a su contenido
de carácter particular.

Ahora bien, teniendo en cuenta la prosperidad del cargo de nulidad
respecto de la falta de competencia en la expedición del acto
acusado, la Sala se abstendrá de efectuar el estudio de los demás
cargos de nulidad señalados.

Frente a la nulidad del acto denominado «comunicación de
supresión de empleo» con consecutivo 1440 / 17 de fecha
noviembre 8 de 2017 expedido por el Secretario General por
medio del cual se comunica a la demandante la supresión del
empleo es preciso señalar que en esta oportunidad se trata de una
mera comunicación sin que tenga el alcance de acto administrativo.

En consecuencia con lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ordenará al municipio de Piedecuesta reintegrar al
actor, sin solución de continuidad, al cargo de PROFESIONAL
UNIVERSITARIO Código 219 Grado 03 NIVEL
PROFESIONAL, o a otro equivalente o de similares condiciones e
ingresos; y a pagarle los salarios, prestaciones y demás derechos
laborales dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación
y hasta su reintegro efectivo al servicio, descontando lo que la

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actora recibió a título de indemnización por supresión del cargo, y
cualquier valor que hubiere recibido durante el interregno de la
desvinculación con ocasión del servicio prestado en cualquier
entidad de naturaleza pública, por expresa prohibición del artículo
128 Constitucional, tal como lo ha indicado el H. Consejo de Estado,
advirtiendo la Sala que acoge igualmente la postura de este órgano
de cierre al apartarse del criterio fijado por la Corte Constitucional
en sentencia SU-354 de 2001 en cuanto a los descuentos que
proceden ante la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
de un empleado de carrera también deben cobijar de los dineros
percibidos por la labor prestada en el sector privado y como
independientes, lo anterior en tanto que las restricciones que
impiden la doble erogación tan solo se predican respecto de las del
erario y no las del sector privado, tal como lo prescribe la norma
constitucional citada con antelación […]” (Destacado pertenece
al texto).

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL

sustentó su decisión de acuerdo con el material probatorio aportado

al expediente, pues de tal valoración logró inferir que en el asunto

particular había lugar anular los actos administrativos cuestionados,

por cuanto el decreto municipal que definió la estructura

administrativa del nivel central fue expedido por el secretario general

de la entidad territorial quien que no contaba con la competencia

para expedirlo, esto en razón a que, las facultades pro tempore que

otorgó el concejo municipal al alcalde no podían ser objeto de

delegación.

De igual forma, la autoridad judicial accionada consideró que al estar

viciada de nulidad la aludida disposición, los actos expedidos con

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posterioridad también corrían la misma suerte al estar inmersos en

la causal de falsa motivación. Por lo tanto, concluyó que el acto de

supresión cuestionado por la señora DIANA AGUILAR JAIMES no

gozaba de legalidad y, por ende, había lugar a revocar la decisión de

primera instancia y, en su lugar, ordenar el reintegro y el pago de los

emolumentos dejados de percibir.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que el actor alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

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que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia y, en

su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la

referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia

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constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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