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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01309-00

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01309-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Jorge Eliecer Buenaño Lozano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello15. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, con ocasión de la solicitud de 21 de marzo de 2025, corrija el segundo apellido del demandante en los registros de la plataforma SAMAI de la acción de tutela de la referencia, el cual es Lozano, y no Bolaño.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01309-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01309-00
Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano1
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia que confirmó la decisión de primera
instancia que declaró probada la excepción de inepta demanda por indebido
agotamiento de la actuación administrativa, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada2, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jorge Eliecer Buenaño
Lozano contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado 3
Administrativo de Riohacha.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de marzo de 2025, Jorge Eliecer Buenaño Lozano, mediante
apoderada, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de La Guajira y el Juzgado 3 Administrativo de Riohacha, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad social,
junto con los principios de “derecho sustancial sobre la forma, precedente
judicial y a la protección especial al adulto mayor”, con ocasión de las
sentencias de primera y segunda instancias proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 44001-33-40-003-2019-00101-00/01.

1 El 21 de marzo de 2025, como consta en el índice 17 en el aplicativo SAMAI, la parte actora presentó solicitud de

corrección de apellidos, concretamente del segundo apellido del accionante, el cual es “Lozano” y no “Bolaño,
de manera que su nombre completo es Jorge Eliecer Buenaño Lozano.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01309-00
Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Se DECLARE que el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA GUAJIRA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA LA GUAJIRA,
incurrieron UN EXCESO RITUAL MANIFIESTO, desconociendo EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL, EL DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD JURÍDICA, El ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD ANTE LA LEY, AL PRECEDENTE JUDICIAL Y A LA
PROTECCION ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR, al negar en providencia de primera
y segunda instancia, el derecho que le asiste a mi representado a la PENSION
GRACIA, dentro del proceso del Medio de Control-NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con número de radicación No. 44001-33-40-
003-2019-00101-00.

2. TUTELAR A FAVOR de mi poderdante los derechos fundamentales
consagrados en los artículos 1º, fines sociales del Estado; debido proceso,
seguridad jurídica, el accedo a la administración de justicia, principio de
igualdad; al precedente judicial, protección de los derechos constitucionales;
prevalencia del derecho sustancial y de amparar el sometimiento a la ley
contenidos en la Carta Política, vulnerados por el JUZGADO TERCERO ORAL
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA GUAJIRA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, en segunda instancia, al momento
de desatar el recurso de apelación interpuesto CONTRA providencia proferida
por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
RIOHACHA LA GUAJIRA.

3. Como consecuencia de los derechos tutelados, se ordene el levantamiento
de la ejecutoria y fuerza de cosa juzgada de la sentencia de segunda instancia
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, proferida el
pasado 02 de junio de 2024 y en su remplazo se adopten las medidas necesarias
para volver a pronunciarse en el presente asunto.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) Jorge Eliecer Buenaño Lozano prestó sus servicios como docente en
el departamento del Chocó desde el 16 de marzo de 1973, luego fue
nombrado en el departamento de La Guajira mediante Decreto No. 128 de
8 de julio de 1991, como docente en el Colegio Nacional de Varones de
Fonseca.

5. 2) El 29 de enero de 2016, el señor Buenaño Lozano solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
(UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada
mediante la Resolución No. RDP 21531 de 7 de junio de 20163. La UGPP indicó
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, los
años de servicio del señor Buenaño Lozano no son computables, en la
medida en que, para que pudiera acceder a la prestación que solicitó no

3 “ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación Gracia, solicitada por el (a)

señor (a) BUENAÑOS LOZANO JORGE ELIECER, ya identificado (a), de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a Doctor (a) BARRETO TRUJILLO DIANA ROCIO, haciéndole (s) saber que en caso de
inconformidad contra la presente providencia, puede (n) interponer por escrito los recursos de Reposición y/o
Apelación ante EL SUBDIRECTORA DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos podrán
hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de
inconformidad, según el C.C.A.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01309-00
Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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era posible computar tiempos de servicio del orden nacional. Con la anterior
solicitud aseguró haber agotado la vía gubernativa.

6. 3) El 12 de abril de 2019, Jorge Eliecer Buenaño Lozano4 presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el objetivo de que se declarara: 1) la nulidad de la
Resolución No. RDP 21531 de 7 de junio de 2016, 2) que el señor Buenaño
Lozano tenía derecho al reconocimiento de una pensión gracia, y, 3) que
se ordenara a la UGPP reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia.

7. 4) El proceso fue sometido a reparto y fue asignado para su
conocimiento al Juzgado 3 Administrativo de Riohacha bajo el radicado No.
44001-33-40-003-2019-00101-00.

8. 5) Mediante Sentencia de 1 de diciembre de 2022, el Juzgado 3
Administrativo de Riohacha declaró probada, de oficio, la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda por indebido agotamiento de la
actuación administrativa y, en consecuencia, se declaró inhibido para emitir
un pronunciamiento de fondo. Argumentó que, en los casos en los que
procede el recurso de apelación contra los actos administrativos
demandados, es un requisito de obligatorio cumplimiento haberlo
interpuesto para poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

9. Aunado a lo anterior, expuso que, en el caso concreto, en contra de
la resolución enjuiciada procedía el recurso de apelación, pues, así se indicó
en el contenido de esta y, en la medida en que éste no fue presentado por
parte del señor Buenaño Lozano, la resolución demandada quedó en firme
una vez se cumplió el término para presentar el recurso y, por ello, debía
declararse, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
por ausencia del requisito de procedibilidad indicado.

10. 6) El 16 de enero de 2023, Jorge Eliecer Buenaño Lozano presentó
recurso de apelación en contra de la anterior decisión. Manifestó que se
vulneró el artículo 29 constitucional, pues, a su juicio, este artículo
comprendía (se trascribe) “implícitamente la interrelación del sistema de
principios y reglas procesales” y, en esa medida, el requisito aludido no le
debía ser exigible, por ser un adulto mayor de 71 años en situación de
debilidad manifiesta, es decir, una persona de especial protección
constitucional, acorde con lo previsto en la Sentencia T- 736 de 2013.

11. Alegó que tenía derecho a que se le reconociera la pensión gracia,
toda vez que cumplía con los requisitos exigidos5, y agregó que el acto

4 Admitida mediante Auto de 27 de septiembre de 2019, notificado el 11 de junio de 2021.
5 “a) Fue nombrado por La Gobernación del Dpto. del Choco a través de la Resolución No. 137 de 15 de abril de

1973, para prestar sus servicios como docente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01309-00
Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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administrativo enjuiciado y la sentencia apelada desconocieron el régimen
especial de los docentes y vulneraron principios constitucionales y derechos
adquiridos en materia laboral.

12. Manifestó que se le puso en “condiciones de desventaja interpretativa
legal” respecto de docentes que se encontraran en la misma situación.
Aunado a lo anterior, explicó que el acto administrativo demandado y la
sentencia apelada vulneraron el artículo 13 de la Constitución, por dar un
trato desigual a la situación del accionante.

13. 7) El 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la sentencia apelada. Luego de hacer un recuento de la
normativa que consideró pertinente y de las pruebas que obraban en el
expediente del proceso, concluyó que, conforme con el numeral 2 del
artículo 161 del CPACA, la interposición de los recursos obligatorios dentro
de la actuación administrativa era requisito de procedibilidad cuando se
pretendía la nulidad de un acto de contenido particular. A su vez, indicó
que el inciso 3 del artículo 76 del CPACA dispuso que la interposición de la
apelación era obligatoria para acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

14. En ese sentido, de la revisión del expediente, observó que la parte
actora no presentó recurso de apelación contra el acto administrativo
demandado y, en esa medida, incumplió con lo dispuesto en las normas
antes citadas.

15. Indicó que, al omitirse la presentación del recurso de apelación que
se puso de presente en el acto, no se le permitió a la UGPP la revisión de la
decisión proferida por parte de su superior funcional, para efectos de
aclararla, modificarla o revocarla y, en consecuencia, se desconoció el
principio de “la decisión previa”.

16. Como fundamento de la vulneración, el accionante indicó que las
autoridades judiciales incurrieron en los defectos sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente y en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto.

17. Frente al desconocimiento del precedente no realizó reparos directos
en contra de las sentencias enjuiciadas en el proceso de la referencia, así
como tampoco indicó cuál fue el precedente que se desconoció.

b) Fue nombrado por la Gobernación de la Guajira en la educación pública como docente del orden territorial
por más de 20 años de servicio.
c) Tiene más de 50 años de edad, teniendo en cuenta que nació el día 13 de mayo de 1951, quiere decir que la
docente actualmente cuenta con 71 años de edad.”

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Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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18. Respecto de la configuración de los defectos sustantivo,
procedimental y vía de hecho por exceso ritual manifiesto, indicó que: 1)
efectuaron una indebida interpretación de los artículos 76 y 161 del CPACA
y, en consecuencia, generaron un trato discriminatorio y desigual, al
imponer a una persona de especial protección, la carga de reiniciar una
reclamación administrativa para el reconocimiento y pago de su pensión
gracia.

19. Lo anterior ocasionó una violación directa a su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y la seguridad social, así como
también al principio de prevalencia de las formas sobre la materia, lo que
derivó, además, en una violación directa de la Constitución y de los
principios de “derecho sustancial sobre la forma, precedente judicial y a la
protección especial al adulto mayor”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados6

20. El Juzgado 3 Administrativo de Riohacha7 adujo que la presente
acción carecía del requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que el accionante pretendía revivir un debate que fue surtido en el proceso
ordinario, el cual fue la configuración de una presunta irregularidad
procesal. En esa medida, solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela de la referencia.

21. La UGPP8 solicitó que se declarara improcedente la presente acción
de tutela porque el Tribunal Administrativo de La Guajira no incurrió en los
defectos alegados por el accionante, al contrario, la sentencia enjuiciada
se profirió con apego a las normas procesales vigentes y aplicables al caso
concreto para determinar que el medio de control debía ser rechazado por
indebido agotamiento de la vía administrativa. Agregó que la acción de
tutela no podía usarse como una instancia adicional para reabrir debates
que se realizaron en el proceso ordinario y, por último, aclaró que, en el caso
concreto, existía cosa juzgada porque lo cuestionado mediante la presente
solicitud de amparo fue resuelto en el marco del proceso ordinario.

22. El Tribunal Administrativo de La Guajira9 manifestó que la acción de
tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues, este
mecanismo está instituido para la protección de derechos fundamentales,
no para debatir asuntos ya resueltos como si de una nueva instancia
procesal se tratara a fin de plantear inconformidades que tengan las partes

6 Mediante Auto de 7 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener

como accionado al Juzgado 3 Administrativo de Riohacha y al Tribunal Administrativo de La Guajira y, (3) vincular
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) como tercera con interés en el asunto.
7 Índice 10 en el aplicativo SAMAI
8 Índice 11 en el aplicativo SAMAI
9 Índice 15 en el aplicativo SAMAI

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Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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contra las decisiones judiciales desfavorables a sus intereses, lo anterior está
previsto para proteger su el carácter excepcional, residual y subsidiario.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

24. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.

25. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental11.

26. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

27. Bajo este entendido, la Sala evidenció que la parte actora, en el
escrito de tutela, no refirió que la cuestión discutida era de relevancia
constitucional, es decir, no desplegó la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran

10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
11 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01309-00
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Decisión: Declara improcedencia
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nuevamente aspectos como una irregularidad procesal desatada por una
indebida interpretación de los artículos 76 y 161 del CPACA, que generaron
un trato discriminatorio y desigual, al imponer a una persona de especial
protección la carga de reiniciar una reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de su pensión gracia.

28. Esas inconformidades fueron planteadas por el accionante, ante el
juez del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
recurso de apelación que se presentó en contra de la decisión de primera
instancia13 y, ahora son reiteradas en la acción de tutela bajo la aparente
vulneración de sus derechos fundamentales y la configuración de varios
defectos.

29. La Sala evidenció que los reparos planteados fueron resueltos por el
juez ordinario, concretamente, el Tribunal Administrativo de La Guajira, el
cual manifestó (se trascribe):

(…) al verificar el expediente administrativo allegado a este proceso, se observa
que la parte actora no presentó recurso de apelación contra el acto
administrativo aquí demandado, por lo que incumplió con la condición
dispuesta en el artículo 161 numeral 2º del CPACA, puesto que no interpuso el
recurso de apelación que procedía contra la Resolución No. RDP 021531 del 7
de junio de 2016, el cual según el inciso 3° del artículo 76 del CPACA es de
obligatoria interposición.

Bajo ese contexto, al omitir la parte actora la presentación del recurso de
apelación, no permitió a la UGPP que el superior funcional del servidor público
que emitió la resolución acusada, revisara si, la decisión adoptada sobre la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia se encontraba o no
ajustada a derecho, para efectos de aclararla, modificarla o revocarla, en otros
términos, no se efectivizó el principio de la decisión previa.

Ahora, no es de recibo los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
pues como se indicó en precedencia en el acto administrativo demandado si
se indicaron los recursos procedentes, asimismo quedó evidenciado en la
notificación por aviso del acto administrativo que negó la prestación solicitada,

13 En el recurso presentada por el accionante se indicó (se trascribe): “si bien es cierto el inciso 3 del artículo 76 de

la Ley 1437 de 2011, señala que el recurso de apelación es obligatorio para acceder a la jurisdicción contenciosa,
también lo es que la entidad se encuentra obligada a indicar con precisión el recurso procedente y el funcionario
ante quien debe interponerse; bajo esta lógica y conforme el enunciado del acto administrativo acusado, el único
recurso procedente era el de reposición, pues su presentación iba dirigida respecto del mismo funcionario que
resolvió la solicitud prestacional, en consecuencia, no se exigirá la acreditación de los medios de impugnación
que por ley resultan obligatorios.
Respecto de los reparos encaminados a enjuiciar la interpretación que se realizó del artículo 161 afirmó lo
siguiente: (se trascribe:) “De otro lado, se tiene que este requisito previo para demandar no debe ser exigible para
el caso del Señor JORGE ELIECER BUENAÑOS LOZANO, puesto que es una persona que se encuentra dentro de las
condiciones de vulnerabilidad, como asi lo establece la Corte Constitucional en Sentencia T- 736 de 2013; “ha
señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas
en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que
por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto
de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una
incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección
de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos
mencionados” Probado está en el plenario como lo es el registro civil de nacimiento, mi poderdante goza en la
actualidad de setenta y un (71) años de edad encuadrándose como sujeto de especial protección.” Índice 19 en
el aplicativo SAMAI dentro del expediente digitalizado del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 44001-33-40-003-2019-00101-00.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“en caso de inconformidad pueden interponerse por escrito los recursos de
Reposición y/o Apelación ante la Subdirectora de Determinación de Derechos
Pensionales de la UGPP”, es decir que se indicaron los recurso procedentes y
ante que funcionario se debían presentar.

Ello es así, porque dicho requisito desarrolla el principio de separación de las
ramas del poder público, y es garantía que personas como el accionante
resuelvan su derecho en sede administrativa, sin necesidad de acudir a esta
jurisdicción, la cual constituye la última ratio de control a la administración. Por
todo lo anterior, se tiene que ante el incumplimiento del requisito de
procedibilidad de agotamiento de los recursos que procedían contra el acto
administrativo que negó el reconocimiento de una pensión gracia, se debe
confirmar la decisión de primera instancia de declarar probada la excepción
denominada ineptitud sustantiva de la demanda, lo que trae como
consecuencia la terminación del proceso.”

30. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que existían
fundamentos suficientes confirmar la decisión que declaró probada, de
oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebido
agotamiento de la actuación administrativa.

31. En consecuencia, se aclara que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional14.

32. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto
objeto de la acción de tutela es de carácter legal pues, el demandante
puso de presente su inconformidad con la interpretación realizada por la
autoridad judicial, respecto de las disposiciones normativas en las que
sustentó su decisión (artículos 76 y 161 del CPACA), con el fin de que se
adoptara una apreciación más ajustada a sus intereses.

2.2. Conclusión

33. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.

14 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Demandante: Jorge Eliecer Buenaño Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y otro
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Decisión: Declara improcedencia
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Jorge Eliecer Buenaño Lozano, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello15.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, con
ocasión de la solicitud de 21 de marzo de 2025, corrija el segundo apellido
del demandante en los registros de la plataforma SAMAI de la acción de
tutela de la referencia, el cual es Lozano, y no Bolaño.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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