Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01319-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01319-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: YURIDYS CERVANTES MISAL Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. LOS ACTORES NO SE HICIERON
PARTE COMO SUCESORES PROCESALES DENTRO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA EN
LA QUE FUERON PROFERIDAS LAS PROVIDENCIAS CUESTIONADAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE VALLEDUPAR1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL CESAR2.
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01319-00
Actores: YURIDYS CERVANTES MISAL Y OTROS.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores YURIDYS, GENITH ISABEL y WALTER JOSÉ
CERVANTES MISAL en calidad de herederos de la señora CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.), actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a
la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido, respectivamente, las
providencias de 3 de agosto y 7 de septiembre de 2023 y 3 de
octubre de 2024, dentro de la acción ejecutiva identificada con el
número único de radicación 20001-33-31-005-2008-00460-01.
I.2. Hechos
Señalaron que su madre, la señora CELMIRA LEONOR MISAL
OCHOA (Q.E.P.D.), laboró al servicio del MUNICIPIO DE
CHIRIGUANÁ.
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Aseguraron que al efectuarse el retiro definitivo del servicio el
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ omitió el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales y salarios que devengó la señora CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.).
Manifestaron que la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA
(Q.E.P.D.) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales que
dejó de percibir.
Indicaron que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 20001-33-31-005-2008-00460-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia
de 23 de enero de 2012, ordenó al MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
pagar el valor correspondiente a dotación de calzado y uniforme
durante el tiempo que la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA
(Q.E.P.D.) estuvo vinculada a la entidad territorial.
Mencionaron que ante el incumplimiento de la sentencia, la señora
CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) presentó demanda
en ejercicio de la acción ejecutiva contra el MUNICIPIO DE
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CHIRIGUANÁ, con el fin de obtener el pago de los valores
reconocidos en la sentencia.
Revelaron que el citado proceso fue atribuido para su trámite en
primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 29 de
noviembre de 2016, ordenó seguir adelante con la ejecución.
Aseveraron que, posteriormente, mediante providencias de 19 de
enero, 23 de marzo y 25 de marzo de 2017, el JUZGADO ordenó: i)
el decreto de las medidas de embargo, secuestro y retención de
dineros, ii) fijó las agencias en derecho equivalentes a un 10% del
valor reconocido en la sentencia y, iii) aprobó la liquidación de costas
y agencias en derecho.
Mencionaron que el 6 de diciembre de 2019, el apoderado de la
señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) presentó la
liquidación del crédito con copia a la entidad territorial con corte a 31
de julio de 2019 por valor de $ 460.398.690.
Asimismo, señalaron que el 1o. de octubre de 2020 el apoderado de
la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) presentó la
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liquidación del crédito actualizada con corte a 30 de septiembre de
2020 por valor de $ 495.380.409.
Afirmaron que el JUZGADO ordenó correr el traslado de la
liquidación y, una vez vencido el término, ordenó practicar la
liquidación del crédito a través de la contadora del TRIBUNAL que,
mediante escrito de 6 de mayo de 2021 concluyó que a corte de 15
de mayo de 2021, el crédito ascendía a $464.317.882,89.
Mencionaron que el JUZGADO mediante providencia de 19 de enero
de 2023, ordenó por segunda vez la remisión del expediente al
TRIBUNAL para que a través de la contadora efectuara una revisión
de la liquidación del crédito y fijó los parámetros para la liquidación.
Arguyeron que la aludida providencia judicial fue objeto de solicitud
de adición por parte del apoderado de la señora CELMIRA LEONOR
MISAL OCHOA (Q.E.P.D.), esto con el fin de que se tomara como
último salario devengado en el año 1997 la suma de $ 198.240, el
cual sería actualizado desde el 16 de septiembre de 2005 tal y como
lo dispuso el fallo.
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Advirtieron que el JUZGADO mediante auto de 16 de marzo de 2023,
adicionó el auto de 19 de enero de 2023, de acuerdo con lo solicitado
por el apoderado de la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA
(Q.E.P.D.).
Informaron que la contadora del TRIBUNAL mediante oficio núm. IC
2023 AM-0090 de 23 de junio de 2023, allegó la liquidación del
crédito con corte a 30 de septiembre de 2020 por valor de
$137.145.674,45, suma inferior a la estipulada en el mandamiento
de pago que fijó un valor de $ 194.434.462,89.
Aseveraron que el JUZGADO mediante auto de 3 de agosto de 2023,
modificó de oficio la liquidación del crédito y dispuso, que el crédito
a corte de 30 de septiembre de 2020 equivaldría a la suma de
$41.888.362 por concepto de capital y la suma de $95.257.312 por
concepto de intereses moratorios.
Señalaron que inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) formuló i)
recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron
resueltos así: i) por el JUZGADO que mediante 7 de septiembre de
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2023 no repuso la decisión y ii) por el TRIBUNAL que, en providencia
de 3 de octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de los actores, las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en vías de hecho, por cuanto la contadora del
TRIBUNAL al efectuar la liquidación del crédito se arrogó facultades
que no son de su competencia, pues desconoció la decisión judicial
que constituyó el título ejecutivo, el auto de mandamiento de pago y
la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, actuaciones
que se encuentran debidamente ejecutoriadas.
Igualmente, aseguraron que las autoridades judiciales accionadas
aprobaron la liquidación del crédito efectuada por la contadora del
TRIBUNAL, sin tener en cuenta el factor de liquidación establecido
en el auto de mandamiento de pago por valor de $194.434.462,89
liquidando los intereses moratorios a partir del 18 de agosto de 2016.
En ese sentido, recalcaron que el valor total de lo adeudado por el
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ a corte de 28 de febrero de 2025
asciende a $646.429.831,74, por lo que, a su juicio, la liquidación de
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crédito aprobada por las autoridades judiciales no corresponde a la
realidad procesal.
Asimismo, señalaron que: “[…] el mandamiento de pago no se
convierte en una situación inamovible para el juez, pues con
posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el
monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión
que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así
como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente
[…]”.
I.4. Pretensiones
Los actores solicitan el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Demando el amparo constitucional de los derechos
fundamentales amenazados y pido se ordene adoptar las medidas
de sanidad procesal, revocando los autos de fecha agosto 3 de
2023 y septiembre 7 de 2023 proferidos por el Juzgado 05
Administrativo de Valledupar y el auto de octubre 3 de 2024
proferido en segunda instancia por el despacho 06 del Tribunal
Administrativo del Cesar y consecuencialmente se ordene a los aquí
accionados se efectúe una nueva liquidación con observancia de los
parámetros indicados en la sentencia incluyendo la condena por
calzados y vestidos y/o tomando como factor de liquidación la
cuantía establecida en el auto de mandamiento ejecutivo.
En cumplimiento de lo previsto en Decreto Legislativo 806 del 4 de
junio de 2020 y la Ley 2213 de 2022, remito simultáneamente
copia de este escrito y sus anexos a las accionadas y al municipio
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de Chiriguaná como tercero con interés en el trámite de la acción
de tutela […]”
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.5.2.- El JUZGADO y el MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ pese a ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
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Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden
que se dejen sin efecto las providencias de 3 de agosto, 7 de
septiembre de 2023 y 3 de octubre de 2024, proferidas por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro de la acción
ejecutiva identificada con el número único de radicación 20001-33-
31-005-2008-00460-01.
A las citadas providencias los actores les atribuyen la vulneración de
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sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso
a la administración de justicia.
Los disensos de los actores radican en que las providencias
cuestionadas incurrieron en vías de hecho, por cuanto aprobaron la
liquidación del crédito efectuada por la contadora del TRIBUNAL, sin
tener en cuenta el factor de liquidación establecido en el auto de
mandamiento de pago por valor de $194.434.462,89 liquidando los
intereses moratorios a partir del 18 de agosto de 2016.
En ese sentido, recalcaron que el valor total de lo adeudado por el
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ a corte de 28 de febrero de 2025
asciende a $646.429.831,74, por lo que, a su juicio, la liquidación de
crédito aprobada por las autoridades judiciales no corresponde a la
realidad procesal.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto de las providencias de 3 de agosto y 7 de
septiembre de 2023 proferidas por el JUZGADO, como la dictada
el 3 de octubre de 2024 por el TRIBUNAL, la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados frente a la providencia de segunda
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instancia proferida por el ad quem, máxime si ésta fue la que ratificó
la aprobación de la liquidación del crédito cuestionada.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en el defecto invocado.
Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará si los actores están legitimados en la causa por activa
para promover la acción de tutela de la referencia.
La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
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del Decreto 2591 de 19913 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona4.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital
que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai5, así como del
escrito de tutela, la subsanación de la demanda y las pruebas
obrantes en el plenario, se observa que la madre de los actores, la
señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales que dejó de
percibir.
Asimismo, la Sala advierte que la señora CELMIRA LEONOR MISAL
OCHOA (Q.E.P.D.) falleció el 27 de diciembre de 20146, es decir,
estando en trámite la primera instancia del proceso ejecutivo.
Así las cosas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa
para promover la presente acción de tutela eran la señora CELMIRA
4
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
5
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200013331005200800
460012000123
6
Según consta en el Registro civil de defunción aportado junto con los anexos de la subsanación de la
demanda. Expediente digital índice núm.009 aplicativo Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025013
19001100103
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LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) y el MUNICIPIO DE
CHIRIGUANÁ, por cuanto fungieron como parte demandante y
demandada, respectivamente.
Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida
por los señores YURIDYS, GENITH ISABEL y WALTER JOSÉ
CERVANTES MISAL en calidad de herederos de la señora CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.), quienes no figuran como partes
o sucesores procesales de la accionante dentro de la acción ejecutiva
identificada con el número único de radicación 20001-33-31-005-
2008-00460-01, objeto del presente estudio.
Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela
contra providencia judicial y alega la vulneración de sus derechos
fundamentales, está determinada por la participación en el
proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo
constitucional.
Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 20177, en la
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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que se indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [8].
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
acreditado [9].
[8] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[9] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de ser
de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado que
la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no
obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la
defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).
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Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al
debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto
original).
En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202110,
señaló:
“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
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personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui
Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el
Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200311, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.
[…]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).
De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que, para
acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que los
actores hayan sido parte del respectivo proceso judicial que
11
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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reprochan, con el fin de que, como inferencia lógica, puedan alegar
que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Corolario a lo anterior, es claro que los actores en el presente asunto
carecen de legitimación en la causa por activa para formular
solicitud de amparo contra las providencias cuestionadas, por cuanto
no demuestran que se hayan hecho parte dentro del proceso judicial
en el que fueron proferidas.
Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que la señora CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) hubiese fallecido durante el
trámite de la acción ejecutiva, no legitima de manera automática a
los actores para interponer la presente acción como eventuales
beneficiarios y herederos de la fallecida, comoquiera que aquellos
debieron solicitar su reconocimiento como parte dentro del proceso
objeto de amparo a través de la figura de sucesión procesal prevista
en el artículo 68 del Código General del Proceso, lo cual no ha
ocurrido.
Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de la señora CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) ocurrió el 27 de diciembre de
2014, mientras que la última providencia proferida dentro de la
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acción ejecutiva, aquí cuestionada, es de 3 de octubre de 2024, lo
que significa que los actores contaron con más de 9 años para
intervenir dentro de la actuación judicial cuestionada y solicitar ser
reconocidos como sucesores procesales de la fallecida.
En efecto, aun cuando los actores dentro del trámite de la acción de
tutela de la referencia aseguraron actuar en calidad de herederos de
la señora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA (Q.E.P.D.) no obra
prueba dentro del expediente ni tampoco se advierte actuación
alguna en el aplicativo de consulta Samai en el que se evidencie que
estos solicitaron hacerse parte dentro del citado proceso, ni que el
JUZGADO o el TRIBUNAL les haya reconocido como sucesores
procesales dentro del mismo.
Es del caso resaltar que dicha postura ha sido acogida por esta Sala
en otras oportunidades, en sentencia de 7 de septiembre de 202312,
por medio de la cual se declaró la falta de legitimación en la causa
por activa de la allí actora, quien pretendía cuestionar las
providencias proferidas dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual no se había hecho parte, por
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-04321-00.
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lo que a pesar de que podría ser la eventual beneficiaria de la pensión
del causante, objeto de debate, debía en primer término acudir a la
figura de la sucesión procesal dentro del proceso controvertido. En la
citada sentencia se precisó lo siguiente:
“[…] 1. Ahora bien, el hecho de que el señor José Vicente López
Sánchez hubiese fallecido durante el trámite del proceso
ordinario no legitima a la señora Norma Patricia Lara González
para interponer la presente acción como eventual beneficiaria
de la pensión del fenecido, como quiera que no se hizo parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento a través de la
figura de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del
Código General del Proceso.
2. Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de su cónyuge
ocurrió el 30 de abril de 2021 y la providencia objeto de censura
por vía constitucional se profirió el 28 de febrero de 2023. Es
decir, contó con más de un año para intervenir dentro del
proceso ordinario y solicitar que fuera reconocida como
sucesora procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo.
3. Por último, vale la pena resaltar que, mediante la sentencia
de 3 de octubre de 201913, esta Sala de Decisión estudió un
caso idéntico al presente y señaló lo siguiente:
«Así las cosas, en razón a que la señora Blanca Stella Cañón
de Aguas no ostenta ninguna de esas calidades, en tanto no es
titular del derecho fundamental al debido proceso cuya
vulneración depreca, debe la Sala declarar, sin lugar a dudas,
la falta de legitimación en la causa por activa.
Por ende, y ya que el extremo demandante no se hizo parte en
el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 81001-33-31-001-2016-00175-01
cuya decisión ataca vía tutela, forzoso resulta concluir que, en
definitiva, no se encuentra legitimado por activa en el sub
examine.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de
octubre de 2019. Exp. N° 11001-03-15-000-2019-01826-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Ahora bien, el hecho de que el señor Wilbert Saúl Aguas Cañón
hubiese fallecido durante el trámite del proceso ordinario no
legitima a la señora Blanca Stella Cañón para interponer la
presente acción como eventual beneficiaria, como quiera que
no se hizo parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento a través de la figura de la sucesión procesal
prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso.
Lo anterior en razón a que el fallecimiento de su hijo ocurrió el
20 de enero de 2018 y la providencia objeto de censura por vía
constitucional se profirió el 28 de marzo de 2019. Es decir,
contó con más de un año para intervenir dentro del proceso
ordinario y solicitar que fuera reconocida como sucesora
procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo. Ello pone de
presente que en el asunto bajo estudio tampoco se satisface el
requisito de subsidiariedad, menos aun cuando el mismo
transcurso del tiempo sin hacerse parte del proceso descarta la
eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Como consecuencia de ello, en el sub judice, al no encontrarse
acreditado el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto
Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 , como tampoco el de
subsidiariedad, la Sala de Decisión revocará la sentencia de 3
de julio de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, impugnada por la señora Blanca
Stella Cañón de Aguas, y en su lugar declarará la
improcedencia de la acción de amparo promovida por la señora
Cañón de Aguas, en contra de la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por
los motivos señalados en la presente sentencia, como en efecto
se dispondrá en su parte resolutiva». [Subrayado de la Sala]
[…]”
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa de los actores, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Finalmente, la Sala advierte que en el software de gestión judicial
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SAMAI, se registró la parte actora con el nombre de CELMIRA
LEONOR MISAL OCHOA, sin embargo quienes promueven la acción
de tutela son los señores YURIDYS CERVANTES MISAL Y OTROS.,
razón por la que se ordenará a la Secretaría General de esta
Corporación su corrección, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación
que en el software de gestión judicial SAMAI, corrija el nombre de la
parte actora CELMIRA LEONOR MISAL OCHOA por YURIDYS
CERVANTES MISAL Y OTROS., por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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