Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01325-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente(E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Demandante: LAURA KATERINE PEÑA TRIANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Asunto: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ.
Síntesis del caso: la accionante cuestionó la providencia que accedió a las pretensiones de la
demanda en un proceso de nulidad electoral interpuesto en su contra. La Sala confirmará la
decisión que declaró que el amparo no superó el requisito de inmediatez pues, se interpuso por
fuera del término considerado como razonable, motivo por el cual se declara improcedente.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la sentencia
del 5 de mayo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la que se resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional
solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia (...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en
medio magnético en el índice 15 del aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
La señora Laura Katerine Peña Triana promovió proceso de acción de tutela en contra
de la sentencia del 5 de marzo de 2024 proferida por Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se declaró
la nulidad del acto administrativo que la nombró en provisionalidad en el cargo de
Profesional Especializado Código 2010 Grado 17 de la Defensoría del Pueblo -
Regional Santander.
Los hechos de la demanda
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Mediante Resolución no. 1605 del 21 de julio de 2023, la Defensoría del Pueblo
nombró en provisionalidad a la señora Laura Katerine Peña Triana, en el cargo de
Profesional Especializado Código 2010 Grado 17 de la Regional Santander.
2) El 4 de septiembre de 2023, el señor Darío Forero García presentó demanda de
nulidad electoral, en la cual solicitó la nulidad del acto de nombramiento de la señora
Peña Triana, así como de otros actos de nombramiento expedidos por la Defensoría del
Pueblo.
3) En sentencia de única instancia del 5 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la resolución
no.1605 del 21 de julio de 2023.
4) En atención a que la señora Peña Triana se encontraba en estado de embarazo y no
era posible removerla del cargo mientras subsistiera dicha condición, el 18 de marzo de
2024 la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución no. 722, mediante la cual dispuso
su permanencia en el cargo durante el periodo restante de gestación y hasta la
culminación de los 6 meses posteriores al nacimiento de su hijo, en garantía de la
estabilidad laboral reforzada.
5) Vencido el término establecido en la citada resolución, el 5 de marzo de 2025 la
Defensoría del Pueblo terminó la vinculación provisional de la señora Laura Katerine
Peña Triana.
Fundamentos de la vulneración
La actora alegó que la providencia proferida el 5 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en desconocimiento del precedente horizontal en
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
tanto que, en casos similares1, dicho tribunal no declaró la nulidad de los actos de
nombramiento en provisionalidad.
En decisiones anteriores, se interpretó de manera razonable el artículo 138 de la Ley
201 de 1995 en el sentido de admitir que el Defensor del Pueblo puede proveer cargos
de la planta de personal mediante nombramientos en provisionalidad, sin estar obligado
a efectuar encargos en favor de servidores de carrera administrativa2. A su juicio, la
providencia cuestionada se apartó de esa línea sin expresar justificación alguna para
modificar su propio criterio.
Adicionalmente, la demandante afirmó que pudo promover la acción de tutela dentro de
un término oportuno debido a que cursó un embarazo de alto riesgo, posteriormente se
acogió a la licencia de maternidad y, una vez reincorporada, se mantuvo ocupada en las
labores propias de la lactancia y cuidado de su hijo, lo cual le habría impedido examinar
oportunamente la sentencia cuestionada. Según indicó, solo tras su desvinculación
laboral adviertió la contradicción de precedentes.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó
“PRIMERA: Tutelar mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL
TRABAJO, que fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER al proferir la sentencia de fecha 5 de Marzo de 2024, dentro del
proceso de Nulidad Electoral de radicado 2023 – 00421 – 00.
SEGUNDA: En consecuencia, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER, proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta el
precedente horizontal establecido por la misma Corporación Judicial en
sentencia de fecha 5 de agosto de 2021 radicado 680012333000-2020-00193-
00, así como las sentencias proferidas por el mentado tribunal el 11 de abril de
2024 (radicado 2023 – 459 – 00) y 5 de agosto de 2024 (radicado 2023 – 403
– 00).” (mayúsculas sostenidas del original – archivo disponible en medio
magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI)
1 En el escrito de tutela accionante señala la sentencia del 5 de agosto de 2021 con radicado no.
68001233300020200019300, la sentencia del 11 de abril de 2024 con radicación no. 680012333000-
2023-00459-00 y la sentencia del 5 de agosto de 2024 con radicado no. 680012333000-2023-00403-00.
2 Citó las sentencias del 5 de agosto de 2021 radicado (680012333000-2020-00193-00), 11 de abril de
2024 (radicado 2023 – 459 – 00) y 5 de agosto de 2024 (radicado 2023 – 403 – 00).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto del 10 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó la notificación de los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Santander y vinculó al Defensor del Pueblo, a
la señora Sara Yesenia Mateus Saavedra y al señor Darío Forero García, quienes
fueron partes en el proceso con radicación no. 68001-23-33-000-2023-00421-003.
Adicionalmente negó la medida provisional solicitada por la parte demandante.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de inmediatez, en la medida en que la demanda se interpuso en un
término superior al plazo prudencial de seis (6) meses contados desde la notificación de
la providencia judicial cuestionada4. Adicionalmente, no encontró justificada la
interposición extemporánea de la acción de tutela.
En relación con las justificaciones expuestas por la demandante, el a quo indicó que, si
bien la actora invocó su condición de mujer gestante, las labores derivadas del periodo
de lactancia y el hecho de haber advertido los presuntos yerros de la providencia
únicamente después de su desvinculación, no acreditó que hubiese estado
materialmente imposibilitada para adelantar alguna gestión orientada a informarse
sobre el proceso o a ejercer oportunamente el mecanismo constitucional, por lo cual
dichas circunstancias no justificaban la flexibilización del requisito de inmediatez.
La Sala explicó que, si bien no desconoce que tanto el embarazo de alto riesgo como la
licencia de maternidad constituyen situaciones complejas que pueden incidir en el
desarrollo cotidiano de una persona, dichas circunstancias, por sí solas, no configuran
una imposibilidad material para realizar ciertas gestiones, entre ellas el ejercicio de
acciones judiciales, máxime tratándose de la acción de tutela, cuyo ejercicio puede
efectuarse través de medios tecnológicos.
3 Disponible en el índice 4 del expediente digital de SAMAI de la acción de tutela en primera instancia.
4 Disponible en el índice 15 del expediente digital de SAMAI de la acción de tutela en primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
A pesar de la declaratoria de nulidad del acto de nombramiento en provisionalidad de la
demandante, en consideración su estado, su exempleador la reintegró en sus labores
durante lo que restaba de su periodo de gestación, licencia de maternidad y hasta seis
meses después del nacimiento de su menor hijo o hija.
Por lo tanto, para justificar la presentación tardía de la acción constitucional, resultaba
necesario que la actora acreditara de qué manera las circunstancias especiales que
alegó afectaron de forma directa y sustancial su posibilidad de acudir oportunamente al
juez de tutela, carga probatoria que no fue satisfecha.
La supuesta dificultad en la labor investigativa para identificar las decisiones en las que
el tribunal demandado había adoptado una tesis contraria a la expuesta en su caso,
atribuida a la falta de conocimiento jurídico por no ostentar la calidad de profesional del
derecho tampoco resulta suficiente para eximir a la actora del deber de interponer
oportunamente la solicitud de amparo. Desde el momento mismo en que conoció la
decisión acusada, contaba con la posibilidad de obtener asesoría jurídica especializada,
ya fuera mediante contratación profesional o a través de mecanismos de asistencia
jurídica gratuita.
La consideración anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que en el proceso
ordinario, la demandante actuó representada por apoderado judicial, quien, tanto en la
contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, advirtió sobre la
existencia de fallos previos proferidos por autoridades de la misma jerarquía, en los
cuales se defendió una postura contraria a la sostenida por el Tribunal accionado en la
providencia censurada. Aunque en dicha oportunidad no se allegaron las decisiones
que posteriormente se invocaron en el escrito de la acción de tutela, ello evidencia que
desde entonces, la actora ya contaba con elementos suficientes para advertir la posible
afectación de sus derechos fundamentales derivada de la decisión cuestionada.
Finalmente, el hecho de que la sentencia objeto de reproche se hubiera ejecutado
materialmente solo un año después de proferida, no resulta razón suficiente para
excusar el ejercicio tardío de la acción de tutela, pues la notificación de la providencia le
permitió conocer su contenido y la presunta afectación de sus derechos fundamentales.
Impugnación
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
La parte actora sostuvo5 que no era necesario aportar ninguna prueba para acreditar la
imposibilidad de interponer la acción, pues bastaba con acreditar que se encuentra
dentro de la población vulnerable para que sea procedente flexibilizar el requisito de
inmediatez.
Insiste en que el término de inmediatez debe flexibilizarse dada su condición de madre
gestante y lactante, además, en su caso se debe aplicar un enfoque de género.
Por otra parte, la actora manifestó que debió adelantar un proceso de investigación
sobre la materia, lo cual le demandó tiempo adicional e impidió presentar la acción de
tutela de manera inmediata. En todo caso, sostuvo que el juez debía tener en cuenta
que la ejecución material de la sentencia cuestionada se produjo el 5 de marzo de
2025, motivo por el cual – a su juicio- el término prudencial de seis meses debía
computarse a partir de dicha fecha.
Finalmente, solicitó que se tuvieran por ciertos los hechos expuestos en la acción de
tutela, en razón a que el tribunal no presentó respuesta dentro del trámite; en
consecuencia, solicitó que se concediera el amparo de sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
5 Disponible en el índice 19 del expediente digital de SAMAI de la acción de tutela en primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
trabajo presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de única instancia
proferida el 5 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del
nombramiento de la demandante.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por las razones que aquí se expondrán:
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata6” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su
6 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
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Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado
que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la
acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que
no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan
perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como
consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad
de una reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede
afectar además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la
inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales7”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial
la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la
vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o
ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena
de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el
solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y
se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos,
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
(negrillas adicionales).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Acción de tutela
lo que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la primera
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de manera estricta el término
de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que
el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición8”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las
8 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
cuales el amparo constitucional siempre será procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
1) En el presente asunto, la demandante solicitó que se flexibilizara el requisito de
inmediatez con fundamento en su estado de gestación, el periodo de lactancia y su
desconocimiento inicial sobre los presuntos yerros en que habría incurrió la autoridad
judicial.
2) Frente a estos planteamientos, el juez de primera instancia consideró que tales
circunstancias no resultaban suficientes para flexibilizar el término de inmediatez, pues,
una vez proferida la sentencia, la actora continuó laborando y contaba con los medios
electrónicos que le permitían interponer la acción de tutela de manera oportuna.
Adicionalmente, no acreditó las razones por las cuales no puedo contratar asesoría
jurídica en forma oportuna.
El a quo también resaltó que, incluso durante el trámite del proceso de nulidad electoral
se puso de presente la existencia de decisiones anteriores proferidas por el Tribunal
Administrativo de Santander en las cuales se había negado la nulidad de actos de
nombramiento en provisionalidad con una interpretación amplía de las normas
invocadas como vulneradas. Por tanto, desde ese momento la actora contaba con
elementos de juicio para advertir el eventual desconocimiento de precedente y ejercer
oportunamente la acción de tutela.
3) En la impugnación la demandante insistió en que en su criterio no era necesario
aportar pruebas para acreditar la imposibilidad de presentar oportunamente la acción de
tutela, pues bastaba con demostrar que pertenece a una población vulnerable para
habilitar la flexibilización del requisito de inmediatez. Además, solicitó la aplicación de
un enfoque de género en su caso.
4) Sobre el particular, la Sala coincide con lo expuesto en la primera instancia y
considera que se acreditaron razones que justifiquen la tardanza en la interposición de
la acción de tutela dado que la demandante no acreditó una imposibilidad física o
material que le impidiera actuar dentro del término razonable.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
5) La Sala constató que la providencia cuestionada se notificó el 11 de marzo de 2024,
según consta en el mensaje de datos enviado por correo electrónico el 7 de marzo de
2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 numeral 2 de la ley 2080 de
20219, mientras que, la acción de tutela se presentó el 6 de marzo de 2025 por lo cual
se ejerció cinco (5) meses y veinticinco (25) días por fuera del término prudencial10.
6) Se precisa que cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas en el marco
de los medios de control que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo esta Sala considera la oportunidad de la solicitud de amparo por regla
general es de seis (6) meses determinados a partir del momento en que se notifica la
providencia acusada, pues, es a partir de allí que se infiere que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales.
7) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses puede
resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no siempre el simple
transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de
forma tardía.
8) En efecto, existen circunstancias especiales que no solo justifican que la acción de
tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el
hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persistentes
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual, sin embargo, en el caso
concreto estas circunstancias no fuesen acreditadas suficientemente, de ahí que no se
pueda analizar de fondo la sentencia mediante la cual se confirmó la decisión de negar
las pretensiones de la demanda.
9) Si bien la demandante invocó factores como el embarazo de alto riesgo, el periodo
de lactancia y su desconocimiento sobre la existencia del precedente horizontal, no
logró demostrar que dichas circunstancias le hubiesen generado una imposibilidad
material para presentar oportunamente la acción. Además, consta que para el momento
9 “Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se
someterá a las siguientes reglas:
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”.
10 11 meses y 25 días después de notificada la providencia cuestionada.
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Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
de la notificación de la decisión cuestionada contaba con la asesoría de su abogado en
el proceso de nulidad electoral, quien, incluso durante dicho trámite alegó la existencia
de fallos anteriores en los cuales el tribunal adoptó una interpretación amplia de las
normas aplicables.
10) En consecuencia, las justificaciones ofrecidas no resultan plausibles para flexibilizar
una inactividad procesal superior a cinco meses desde el cumplimiento de los 6 meses
entendidos como plazo prudencial para la interposición de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales. Aunque se invocaron circunstancias personales, no resulta
procedente aplicar un enfoque de género11 en este caso, pues la tardanza adicional fue
de más de cinco (5) meses y no se acreditó después de este tiempo ninguna
imposibilidad física para acudir a las vías judiciales al punto que la actora siguió
desempeñando sus labores hasta la finalización de su vínculo laboral y no ofrece
ningún elemento de prueba que permita tener una mirada distinta o justificatoria del
requisito de la inmediatez.
11) Por tanto, la Sala concluye que no se acreditó el cumplimiento del requisito de la
inmediatez, tanto por el tiempo transcurrido desde la notificación de la providencia
objeto de reproche, como por la ausencia de razones admisibles que justificaran la
tardanza en la presentación del mecanismo constitucional, motivos suficientes para
declarar la improcedencia del mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
11 La Corte Constitucional ha señalado que la actividad judicial también puede <<confirmar patrones de
desigualdad y discriminación>>. Por lo tanto, ha trazado una línea jurisprudencial sobre la obligación de
los jueces de aplicar una perspectiva de género en la decisión; es decir, <<analizar los hechos, las
pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad>>. Un ejercicio probatorio
respetuoso con el debido proceso constitucional exige que las reglas empíricas que guían la valoración
no excluyan ni releguen las experiencias propias de las mujeres. La misma jurisprudencia constitucional
ha señalado que la valoración probatoria sin perspectiva de género constituye un defecto fáctico, pues
desconoce flagrantemente <<las obligaciones superiores que vinculan [a las autoridades judiciales] frente
a la lucha contra la violencia de género>> y contribuye a perpetuar <<patrones estructurales de
discriminación>>. Ver las sentencias T-012 de 2016, T-400 de 2022, T-028 de 2023, T-131 y T-141 de
2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01325-01
Actor: Laura Katerine Peña Triana
Acción de tutela
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 5 de mayo de 2025 mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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