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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01359-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01359-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Giovanny Alexander Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez, en relación con el defecto fáctico alegado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Giovanny Alexander Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez, respecto 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00 Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedencia y niega ______________________________________________________________________________________________________________ del desconocimiento del precedente jurisprudencial, de conformidad con los argumentos mencionados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01359-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 5 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico –
relevancia constitucional | Desconocimiento del precedente – niega.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
las negó en un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con la
calificación realizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y el
acto de retiro del servicio activo de un miembro de la Policía Nacional por disminución de
la capacidad psicofísica.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por
Giovanny Alexander Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez
en contra del Tribunal Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 10 de marzo de 2025, Giovanny Alexander Vera Pacheco y
Claudia Patricia Pacheco Landinez presentaron una acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 21
de noviembre de 20242, proferida por la autoridad judicial accionada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
68001-33-33-002-2021-00178-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada a través de mensaje de datos enviado el 3 de diciembre de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“Primero: Solicito TUTELAR los derechos fundamentales de la señora
GIOVANNY ALEXANDER VERA PACHECO, (…), y CLAUDIA PATRICIA
PACHECO LANDINEZ, (…), A LA IGUALDAD, (Art. 13 Constitución Política),
DEBIDO PROCESO (Art. 29 Constitución Política), APLICACIÓN DEL
PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO Y DEL MISMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, y al libre acceso a la administración de
justicia en donde prevalezca el derecho sustancial (Art. 228 y 229
Constitución Política, vulnerados por el despacho, dentro del proceso con
radicado 680013333002-2021-00178-01, y de otra parte, como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica –precedente- del contenido
constitucionalmente vinculante.

Segundo: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia del
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferidas por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER – CON PONENCIA DEL MAG. IVAN
FERNANDO PRADA MACÍAS, que resolvió la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra los siguientes actos
administrativos contenidos así:

a. Resolución No. 01476 del 07 mayo de 2021, firmada por el señor Mayor
General JORGE LUIS VARGAS VALENCIA, Director General de la Policía
Nacional, mediante el cual RESUELVE retirar del servicio activo de la Policía
Nacional al señor Patrullero GIOVANNY ALEXANDER VERA PACHECO por
Disminución de la Capacidad Laboral del 10.50%, de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 Inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto Ley 1791
de 2000.

b. ACTA DE TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA
N.° TML21-1-139 MDNSG-TML-41-1 REGISTRADA AL FOLIO No. 197 DEL LIBRO DE
TRIBUNAL MÉDICO de fecha 22 de febrero de 2021, mediante el cual decide
Modificar los resultados de la Junta Medico Laboral No. 4509 del 08 de Julio
de 2020, asignándole al demandante un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral de 10.50%, calificándolo con INCAPACIDAD PERMANENTE
PARCIAL – NO APTO PARA LA ACTIVIDAD POLICIAL».

Así como todos los actos derivados de la misma.

Tercero: ORDENARLE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER – MAG.
PONENTE: IVAN FERNANDO PRADA MACÍAS, que como consecuencia del
amparo concedido y de la decisión tomada en los numerales anteriores, se
sirvan proferir una nueva Sentencia de Segunda Instancia de reemplazo de
conformidad con las observaciones que se incluyan en la parte motiva de la
decisión de tutela.

Cuarto: Que se reconozca personería jurídica en calidad de apoderado
judicial de la parte demandante, al Dr. FREDDY ANTONIO ALVAREZ
APOLANIA, según poder otorgado y anexado la presente solicitud.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Giovanny Alexander Vera Pacheco prestó sus servicios en la
Policía Nacional desde el 4 de mayo de 2009 hasta el 11 de mayo de 2021,
como patrullero.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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5. 2) En vigencia del servicio activo, adquirió las patologías de
“hepatitis C crónica”, trastorno de ansiedad asociado a trastorno
adaptativo y un trastorno del sueño asintomático.

6. 3) El 8 de julio de 2020, con ocasión de los padecimientos sufridos le
fue practicada la Junta Medico Laboral en la que, mediante Acta No.
4509, se le calificó como “APTO”.

7. 4) El 22 de febrero de 2021, se realizó otra valoración por parte del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que a través de
Acta No. TML-21-1-39 MDNSG-TML - 41.1, determinó una disminución de la
capacidad laboral de 10.50% y consagró que el demandante no era apto
para la actividad policial.

8. 5) Mediante Resolución No. 1476 de 7 de mayo de 2021, el director
general de la Policía Nacional resolvió retirar del servicio activo, por
disminución de la capacidad psicofísica, a Giovanny Alexander Vera
Pacheco.

9. 6) En virtud de una orden dada en una sentencia de tutela, el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía expidió el Acta No.
TML-21-2-507 MDNSG-TML - 41.1 de 26 de octubre de 2021, a través de la
que modificó el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, para
establecerlo en 10.0% y, además, señaló que no se recomendaba la
reubicación laboral del señor Vera Pacheco.

10. 7) El señor Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez (su
madre) presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra la resolución que dispuso su
retiro y el Acta No. TML-21-1-39 MDNSG-TML - 41.1 de 2 de octubre de 2021
del Tribunal Médico Labora de Revisión Militar y de Policía, con el fin de
que se declarara su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, así como el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su retiro hasta el reintegro efectivo, lo que se demostrara
que se pagó por concepto de servicios médicos y los perjuicios morales y el
daño a la salud ocasionados.

11. 8) El 10 de agosto de 2022, el Juzgado 2 Administrativo de
Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia a través de la que
acedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad
de la Resolución No. 1476 de 7 de mayo de 2021, ordenó el reintegro al
servicio activo de la Policía Nacional del señor Vera Pacheco a un cargo
de igual o superior jerarquía al que desempeñaba, y condenó a la Policia

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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Nacional al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha de su retiro hasta el reintegro efectivo y negó las demás
prestaciones de la demanda.

12. El fundamento de dicha decisión lo constituyó el hecho de que, de
conformidad con lo expuesto en la Sentencia C-381 de 12 de abril de 2005,
la Policía Nacional debió exigir al Tribunal Médico Laboral que realizara un
estudio razonable, con criterios objetivos, técnicos y especializados, que
permitieran determinar si el actor poseía capacidades para ser
aprovechadas por la autoridad de policía en actvididades administrativas
de docencia o instrucción, lo cual no se hizo.

13. 9) Contra esta decisión, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
presentó recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la
decisión de primer grado, toda vez que el hecho de que se ordenara la
realización de una nueva valoración implicaba un nuevo estudio de una
situación médica ya valorada, lo cual, a su vez, generaba la expedición
de otros actos administrativos, que también podían ser objeto de control
judicial, y así la controversia se convertiría en un problema sin solución
definitiva. Aunado a ello, consideró que la Junta Médica de Policía y el
Tribunal Médico de Revisión Militar realizaron un estudio integral de las
capacidades profesionales del demandante y en virtud de ello emitieron el
concepto correspondiente.

14. 10) El 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander, en sentencia de segunda instancia, revocó la decisión de
primer grado y, en su lugar negó las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que en cumplimiento de una sentencia de tutela, el Tribunal
Médico de Revisión Militar realizó un nuevo estudio de las condiciones
psicofísicas, médicas y la capacidad del actor para laborar dentro de la
autoridad de policía, en el que indicó que no se recomendaba la
reubicación laboral. En ese orden, indicó que no era viable ordenar una
nueva valoración, toda vez que la misma ya se había realizado, y dar esa
orden implicaba someter al señor Vera Pacheco a múltiples valoraciones y
la expedición de otros actos administrativos, lo que podía generar un ciclo
que no permitía definir la situación administrativa y laboral del
demandante.

15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que,
se configuró un defecto fáctico, pues la autoridad accionada debió
estudiar la situación concreta de la parte actora de acuerdo con sus
condiciones de salud, sus habilidades, sus aptitudes y capacidades con el
fin de adoptar medidas de integración dentro de la autoridad de policía.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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16. Así indicó que hubo una indebida valoración de aspectos como las
actas de la Junta Médico Laboral, del Tribunal Médico Laboral llevado a
cabo el 22 de febrero de 2021, y un informe de psiquiatría de 4 de octubre
de 2019.

17. Por otro lado, adujo que se desconocieron las Sentencias de la
Sección Segunda del Consejo de Estado proferidas en los expedientes Rad.
76001-23-33-000-2014-01463-01; 20001-23-31-000-2005-00665-01 y de la Corte
Constitucional en los expedientes T-499 de 2020 y C-381 de 2005.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

18. El Tribunal Administrativo de Santander4 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por falta de relavancia constitucional,
pues se evidenciaba que el demandante no pretendía proponer un
debate sobre la vulneración de derechos fundamentales, sino una
inconformidad en torno a la decisión que negó las pretensiones de la
demanda. En todo caso, indicó que tampoco se configuraría el
desconocimiento del precedente alegado, pues los supuestos fácticos del
caso del señor Vera Pachecho eran diferentes a los de las sentencias que
se alegaron como desconocidas.

19. El Juzgado 2 Administrativo de Bucaramanga5 remitió el expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fue
solicitado, e indicó que su defensa encontraba sustento en las
consideraciones y decisiones adoptadas por la titular de ese despacho en
dicho asunto.

20. El Ministerio de Defensa Nacional6 solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, pues realmente no se pretendía la
protección de los derechos fundamentales del demandante, sino revivir
una discusión que fue definida por los jueces del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

21. La Policía Nacional7 solicitó que no se accediera a las pretensiones
de la acción de tutela, pues, de los supuestos planteados, no se
evidenciaba la existencia de una vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

3 Mediante Auto de 14 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, y (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Santander; y (3) vincular como terceros
con interés al Juzgado 2 Administrativo de Bucaramanga, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Tribunal
Médico de Revisión Militar y de Policía.
4 Índice 10 de Samai.
5
Índices 12 y 13 de Samai.
6
Índices 9 y 11 de Samai.
7 Índice 15 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Fijación de la controversia. 2.3. Verificación de defectos y/o afectación de derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala advierte que, en relación con la aparente configuración de
un defecto fáctico la acción de tutela es improcedente porque no se
satisfizo el requisito de relevancia constitucional8.

23. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiaran aspectos que ya fueron resueltos, es decir, utilizarla
como una instancia adicional.

24. Lo anterior obedece a que, si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe): “el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria,
decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido”, lo cierto es que tal
argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, de cara a la decisión proferida por el juez
de nulidad y el restablecimiento del derecho, pues se presentó, junto con
los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como meras diferencias o
discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez natural de la
causa.

25. Así se evidenció que, si bien el demandante alegó la aparente
configuración de un defecto fáctico, lo cierto es que con sus reparos se

8
Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter
residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para
reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces,
restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional.
Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un derecho
fundamental.
Ahora, sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad.
11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la
relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto; (2) que
la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario y (3)
que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad.
Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 2023, estableció que la relevancia constitucional se
acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

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limitó a poner de presente su inconformidad con la valoración probatoria
realizada.

26. Al respecto refirió que la autoridad judicial incurrió en un defecto
fáctico ante la indebida valoración de pruebas tales como las actas de la
Junta Médico Laboral y del Tribunal Médico Laboral de 8 de julio de 2020 y
22 de febrero de 2021, respectivamente, y un informe de psiquiatría de 4
de octubre de 2019, de las cuales, a su juicio, podía entenderse que de
acuerdo con las condiciones de salud, habilidades, aptitudes y
capacidades del actor, era posible adoptar alguna medida para que el
señor Vera Pachecho continuara en la Policía Nacional.

27. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Santander que hizo referencia a que estaba demostrado
que con el Acta de la Junta Médica Laboral No. 4509 de 8 de julio de 2020
se determinó que el señor Pacheco Vera fue calificado como apto para el
servicio y que, posteriormente, con el Acta del Tribunal médico laboral de
Revisión Militar y de Policía No. TML-21-1-139 MDNSG-TML – 41.1 de 22 de
febrero de 2021, se consideró que el demandante no era apto para la
actividad militar y tenía una disminución de la capacidad laboral de
10.50%.

28. Pero, además de lo anterior, el tribunal accionado indicó que no se
tuvo en cuenta por la autoridad judicial de primer grado del proceso que,
en cumplimiento de una orden de tutela, al demandante se le realizó una
nueva valoración de sus condiciones psicofísicas, médicas y su capacidad
para trabajar en la Policía Nacional por parte del Tribunal Médico Laboral,
la cual quedó consignada en el Acta No. TML21-2-507 MDNSG-TML-41.1 de
26 de octubre de 2021, en la que se estudiaron conceptos médicos tales
como los emitidos por el especialista en psiquiatría el 4 de octubre de 2019
y el 15 de enero de 2021, y en la que la autoridad calificadora, de manera
expresa, no recomendó la reubicación laboral, dado que la afectación
psiquiátrica padecida por el señor Vera Pacheco le impedía permanecer
en instituciones como la Policía Nacional9.

29. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las
cuales, desde el material probatorio obrante en el expediente, consideró
que no había lugar para declarar la nulidad del acto administrativo

9 En dicha Acta se consignó lo siguiente (se trascribe): “En consecuencia, esta Instancia considera que la
afectación psiquiátrica en mención, le impide permanecer en este tipo de instituciones que generan estresores
que pueden agravar sus rasgos disfuncionales de personalidad, y exacerbar sus antecedentes sintomáticos y
conducirlo a la autoagresión, inclusive hasta de la hetero agresión, esta última como consecuencia de la
irritabilidad, el mal humor, tristeza, ansiedad o desespero que llegue a sentir por su situación laboral; además, el
permanecer en un medio jerarquizado, en donde tiene acceso a armamento puede generar un riesgo para su
salud, sus compañeros y para la comunidad que legalmente está llamado a proteger”.

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Decisión: Declara improcedencia y niega
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demandado. En ese orden, los argumentos propuestos por la parte
demandante, más allá de la configuración de un defecto, se presentaron
como una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad
judicial demandada.

30. Así las cosas, se aclara que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise
las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple
de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien
enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional10.

31. Respecto del desconocimiento del precedente alegado esta acción
de tutela es procedente porque: no existe recurso judicial idóneo y eficaz
que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
cuestionada (5/12/202411) y la de interposición de la presente acción de
tutela (10/3/2025). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una sentencia de segunda instancia proferida en el marco
de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la parte actora, en el marco de un
proceso nulidad y restablecimiento del derecho. Además, no se limita a
una discusión meramente legal o económica, ni se trata de una reiteración
de los argumentos planteados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

2.2. Fijación de la controversia

32. Deberá establecerse si el Tribunal Administrativo de Santander, como
juez de segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 68001-33-33-002-2021-00178-01, incurrió
en un desconocimiento de las Sentencias de la Sección Segunda del

10 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
11 El mensaje de datos fue enviado el 3 de diciembre de 2024, como consta en la plataforma de gestión judicial

SAMAI.

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Decisión: Declara improcedencia y niega
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Consejo de Estado proferidas en los expedientes Rad. 76001-23-33-000-
2014-01463-01; 20001-23-31-000-2005-00665-01 y de la Corte Constitucional
en los expedientes T-499 de 2020 y C-381 de 2005.

2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

33. Sobre el desconocimiento de las sentencias alegadas, basta con
señalar que no abordaron los mismos supuestos que el caso bajo estudio.

34. Sobre las Sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado12,
pese a que también fueron casos en los que se analizó la nulidad de unos
actos de disminución de la capacidad psicofísica y el retiro de unos
miembros de la Policía Nacional, lo cierto es que no se puede decir que
tienen los mismos supuestos fácticos del caso bajo estudio, pues difieren
respecto de las patologías diagnosticadas13, lo cual implica que se realice
un estudio caso a caso, pues de ello depende la valoración de si la
persona aún es apta para el servicio y la viabilidad de la reubicación
laboral.

35. Aunado a ello, no se advierte que, en las sentencias invocadas, se
hayan fijado reglas de unificación, razón por la cual debe indicarse que la
postura asumida por la autoridad accionada resulta razonable, de cara a
los hechos materiales del caso, pues, dentro de la autonomía judicial a la
hora de valorar el material probatorio obrante en el proceso, no encontró
demostrado que existieran condiciones para acceder a la nulidad de los
actos demandados y el reintegro del señor Vera Pacheco a la Policía
Nacional.

36. Respecto de la Sentencia T-499 de 2020 de la Corte Constitucional,
sucede una situación similar pues en dicho caso también se analizó un
asunto en el que las patologías14, objeto de estudio, eran diferentes a las
del aquí accionante, motivo por el que no hay lugar a declarar que hubo
un desconocimiento de dicha sentencia, aunado al hecho de que se trata
de una sentencia tutela, que tiene unos efectos para las partes de ese
caso específico15 y, sus efectos no fueron modulados expresamente de
manera extensiva, ni fue expedida con fines de unificación jurisprudencial.

37. Sobre la Sentencia C-381 de 2005 de la Corte Constitucional, es del
caso recordar que las sentencias de constitucionalidad de dicha

12 Proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en los expedientes proferidas en los expedientes Rad.

76001-23-33-000-2014-01463-01; 20001-23-31-000-2005-00665-01.
13 En el caso Rad. 76001-23-33-000-2014-01463-01 a la parte actora se le diagnosticó que padecía de “depleción

del volumen y síndrome convulsivo de novo crisis tog complejas (epilepsia)”; y en el asunto Rad.20001-23-31-000-
2005-00665-01, se indicó que las afectaciones de salud del accionante eran un trastorno obsesivo compulsivo y
episodios psicóticos.
14 Al demandante de ese asunto se le diagnosticaron las patologías de hipertensión arterial, insuficiencia mitral y

tricúspidea leve, colitis, desgarro de meniscos de rodilla izquierda y trastorno de estrés postraumático.
15 Al respecto revisar el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia SU-349 de 2019 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
______________________________________________________________________________________________________________

corporación pueden definir los lineamientos que deben tenerse en
consideración para interpretar ciertas disposiciones normativas, pero no
resuelven situaciones concretas con el propósito de fijar reglas que podrían
replicarse en otros escenarios.

38. Además, se observa que esta sentencia se ocupó de estudiar la
constitucionalidad de los artículos 55 (parcial), 58 y 59 (parcial) del Decreto
1791 de 2000, sobre las causales de retiro y el retiro por pérdida de la
capacidad psicofísica del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. La Sala tampoco observa el
desconocimiento de dicha sentencia, pues en ella se declaró la
exequibilidad del numeral 3 del artículo 55 y del artículo 59 del Decreto
1791 de 2000, en el entendido que el retiro del servicio por disminución de
la capacidad psicofísica sólo procedía cuando el concepto de la Junta
Médico Laboral sobre reubicación no fuera favorable y las capacidades
del policial no pudieran ser aprovechadas en otras actividades
administrativas, aspecto que como se advirtió fue objeto de
pronunciamiento por la autoridad judicial en la sentencia cuestionada.

39. Se tiene entonces, no hubo un desconocimiento de las sentencias
que el accionante refirió, razón por la cual, no hay lugar a acceder a la
solicitud de amparo.

2.4. Conclusión

40. Por las consideraciones expuestas, de un lado, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela en relación con el defecto fáctico,
ante la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y
de otro lado, negará la acción de tutela por no encontrar que se configuró
el desconocimiento del precedente alegado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Giovanny
Alexander Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez, en relación
con el defecto fáctico alegado, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Giovanny
Alexander Vera Pacheco y Claudia Patricia Pacheco Landinez, respecto

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01359-00
Demandante: Giovanny Alexander Vera Pacheco y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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del desconocimiento del precedente jurisprudencial, de conformidad con
los argumentos mencionados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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