Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01378-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01378-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01378-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01378-00
Accionante: Lesly Brigitte Lemus Triana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01378-00
Accionante: Lesly Brigitte Lemus Triana
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico, Nivel Central
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra actos administrativos. Autorización de la modalidad de teletrabajo de
servidora judicial en estado gestante. Amparo transitorio para la protección del derecho en razón
a la recomendación médica aportada durante el trámite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Lesly Brigitte
Lemus Triana en contra del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-Nivel Central.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Lesly Brigitte Lemus Triana, actuando en nombre propio, radicó escrito de tutela en el
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y los de su hijo por nacer, a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y a la salud, que
consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-Nivel Central, debido a la
negativa de recibir, tramitar y autorizar su solicitud de teletrabajo.
2. Hechos
La actora indicó que actualmente ocupa el cargo de secretaria de carrera en el Juzgado
Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá y presenta un embarazo de alto riesgo, con
fecha estimada de parto para la primera semana de abril de 2025. Asimismo, mencionó
que reside en la ciudadela Colsubsidio y no dispone de transporte particular para
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desplazarse entre su hogar y su lugar de trabajo, por lo que debe recurrir al servicio
público, a pesar de su avanzado estado de gestación.
La solicitante afirmó que, el 3 de marzo de 2025, en cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el Acuerdo PCSJA24-12151 “Por el cual se regula la modalidad de
teletrabajo en la Rama Judicial”, ingresó al aplicativo dispuesto por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para diligenciar su solicitud de teletrabajo. No
obstante, la plataforma le impidió completar el proceso, ya que el Juzgado Ochenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá no cumple con el requisito del “Índice de Evacuación
Parcial igual o superior al 80%”.
Explicó que esta situación se debe a que dicho juzgado se dedica exclusivamente a
“despachos comisorios” y, por tanto, no reporta su índice de evacuación en la
plataforma SIERJU, sino directamente al magistrado Héctor Enrique Peña Salgado del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Ante esta circunstancia, presentó una
petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Unidad de
Transformación Digital y el Área de Recursos Humanos-Teletrabajo, solicitando la
activación de su usuario en la plataforma para gestionar su solicitud de teletrabajo.
Sostuvo, igualmente, que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá dio
repuesta a su solicitud y señaló que debía dirigir su petición a la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico, por ser la entidad encargada de gestionar el “Índice de
Evacuación Parcial” de los despachos. En consecuencia, el 4 de marzo de 2025
presentó una nueva solicitud ante dicha autoridad.
Por su parte, la Unidad de Teletrabajo, Nivel Central, informó que “realizando la
validación de su IEP con base en la información que reporta la UDAE, y su despacho
no registra en dicha relación, por lo que no es posible establecer el cumplimiento del
indicador para asociarlo a los servidores jurisdiccionales que laboren en él.
Recomendamos elevar la consulta del IEP directamente al área de estadísticas de la
UDAE, porque sin este insumo no es posible registrar la solicitud de teletrabajo”1.
La solicitante indicó que las autoridades accionadas le están vulnerando los derechos
fundamentales invocados, pues no ha podido culminar el trámite de solicitud del
teletrabajo.
3. Pretensiones y argumentos de tutela
La accionante elevó las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: ORDENE a las accionadas CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
1 Archivo electrónico identificado con certificado 3F93E7F394A85B06 922FE9A8A2A647B2
FC945F70906FD22E DD07631DFBD57922, ubicado en el índice 2 del Samai, página 23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
– UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO – NIVEL CENTRAL
dar trámite inmediato a mi solicitud de teletrabajo de manera que esta pueda
ser puesta en consideración del titular del despacho en el que laboro.
SEGUNDO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL reportar de
inmediato el índice de evacuación del JUZGADO 87 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTÁ a la unidad de teletrabajo para poder continuar con el trámite de la
solicitud de teletrabajo.
TERCERO: De manera subsidiaria, y en caso de que se indique por parte de
las accionadas que “el Juzgado en el que laboro no puede contar con un índice
de evacuación en los términos del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero
de 2024”, se ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – UNIDAD DE
DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO – NIVEL CENTRAL, inaplicar por
inconstitucional el requisito de evacuación exigido para que procesa a tramitar
mi solicitud de teletrabajo”.
Como fundamento de sus pretensiones la parte actora indicó que “me encuentro
asumiendo sola mi maternidad, por lo que no cuento con el apoyo del padre biológico
de mi hijo, vivo en los límites de la ciudad de Bogotá – Ciudadela Colsubsidio - Carrera
112bis No. 80ª - 16 y no cuento con trasporte particular para trasladarme desde mi
hogar a mi puesto de trabajo, por lo que debo utilizar, a diario, el trasporte público de
la ciudad en mi avanzado estado de embarazo”.
El juzgado al que se encuentra vinculada realiza las diligencias de manera virtual, sin
embargo, los usuarios son atendidos en forma presencial y remota, tanto por ella como
por los demás miembros del equipo de trabajo, por lo que no se demanda su presencia
física en el despacho. La Unidad de Teletrabajo del Nivel Central remitió oficio del 4
de marzo de 2025 en el que le indicó a la actora que debido a que el Juzgado Ochenta
y Siete Civil Municipal no aparece dentro de sus registros, no era posible acceder a la
solicitud de teletrabajo. Para esto, indicó, no desplegaron ninguna gestión a efectos de
verificar el índice de evacuación que se ha reportado. Así, la accionante considera que
está recibiendo un trato diferente al que se observa para otros funcionarios y
empleados de la Rama Judicial.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 19 de marzo de 20252 se admitió la demanda de tutela, se negó
la medida provisional solicitada y se dispuso la vinculación del Juzgado Ochenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá como tercero interesado.
2 Índice 0005 del aplicativo Samai.
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4.2. El Juzgado Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá3, a través de su titular,
presentó informe e indicó que “corrobora la totalidad de hechos expuestos en la acción
de amparo por la señora Lemus Triana y coadyuva el amparo elevado por ser
coherente, razonable y justo, bajo la óptica de la protección de sus derechos
fundamentales y los de su hijo que esta por nacer”.
Explicó que mediante los Acuerdos No. PCSJA17-10832 de 2017 y No. PCSJA22-
12028 de 19 de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura creó el Juzgado para la
atención de los despachos comisorios de las distintas autoridades judiciales. La
ejecución de esta labor se presenta de forma remota en un 98%, además, no cuentan
con asignación de la oficina de apoyo judicial y, por ende, no realiza reportes de
estadística al SIERJU. En su lugar y por disposición del Consejo Superior rinde
informes bimensuales directamente a dicha corporación.
Agregó que tiene conocimiento que la accionante ha agotado todas las actuaciones
administrativas pertinentes para que su se reciba y tramite su solicitud de teletrabajo,
y que en atención a su estado actual modificó su horario laboral para que evitar la
congestión del transporte público, por lo que inicia su recorrido a las 6:00 a.m.
Consideró que para el Juzgado se creó una situación de desigualdad frente a otras
autoridades judiciales, pues los acuerdos de creación no regularon lo atinente al
reporte de estadística. Esto, a su juicio, conllevó a que la petición para la autorización
de teletrabajo de la accionante no se acepte bajo el amparo de la exigencia del índice
de evacuación, pese que no estaba en capacidad material de cumplirla.
4.3. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico - UDAE4 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, dado que la accionante cuenta con otros
mecanismos para solicitar la inaplicación del Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024,
además, que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable. De forma
subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones, dado que esa dependencia no ha
incurrido en violación de los derechos fundamentales.
Como sustento de su posición expuso lo siguiente:
• Mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2025, y notificado a la accionante
al correo llemust@cendoj.ramajudicial.gov.co se dio respuesta de fondo a la petición
que presentó la solicitante el 4 de marzo del mismo año, en los siguientes términos:
“Esta unidad recibió su comunicación por correo electrónico el pasado 4 de
marzo, mediante la cual informa que el reporte del despacho en el que labora
reporta la estadística al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y no al
SIERJU, para que se tengan en cuenta en el cálculo del IEP para teletrabajo.
3 Índice 0009 del aplicativo Samai.
4 Índice 0010 del aplicativo Samai, certificado 950E9C63ED2DEC5F E4E52D8BAD7CEC16
FF02BAD4E08FB3F0 D5659B4E9B0B49B2
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Sobre el particular, debo precisarle que conforme al Acuerdo PCSJA24-12151
del 28 de febrero de 2024 “por el cual se regula la modalidad de teletrabajo
en la Rama Judicial”, le corresponde a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico la publicación del cálculo del índice de evacuación parcial de los
despachos que aspiran a acceder a la modalidad de teletrabajo. Dicho
cálculo, conforme al parágrafo del artículo 7 del citado Acuerdo, será el
consolidado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud, que proviene del Sistema de Información Estadística de la Rama
Judicial-SIERJU y es diligenciado directamente por los funcionarios de los
despachos según lo estipulado en el Acuerdo PSAA16-10476 de 2016, "Por
el cual se ajusta el Reglamento del Sistema de Información Estadística de la
Rama Judicial – SIERJU", esto para todos los despachos del país.
Sin embargo, la decisión sobre la anuencia para acceder a esta modalidad le
corresponde a los respectivos nominadores de los despachos, conforme al
artículo 10 del citado Acuerdo”
• Asimismo, remitió a la actora el oficio UDAEO25-1141 del 25 de marzo de 2025 con
el asunto “alcance a la respuesta dada a su petición el pasado 12 de marzo sobre el
IEP para el 2024”, en el que se indicó a la accionante que el sistema de información
“es la herramienta oficial para acopiar las estadísticas de la gestión de los despachos,
por tanto, es la única fuente para que la UDAE proporcione los datos solicitados en el
Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 en el literal c, sobre el %IEP para
los despachos del país, tal como lo exige el mencionado acuerdo, los despachos
además de cumplir con el 80% también deben estar al día en el reporte de la
información en el sistema SIERJU”. Agregó que se realizó la consulta con el código
110014003087, sin que se observe el registro de la información de estadística por
parte del titular del Juzgado Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá.
Por lo anterior, “no es dable para la Unidad recibir la información por medios no
autorizados por la Corporación, para cumplir con la instrucción dada por el Superior,
en el literal c del Artículo 7 del respectivo acuerdo para acceder al teletrabajo, toda vez
que el corte oficial de gestión judicial tomado del Sistema SIERJU, se realizó el pasado
30 de enero conforme a lo señalado en el Acuerdo PSAA16-10476”
• De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10476 del 1 de marzo
de 20165: i) el SIERJU comprende a la totalidad de los despachos judiciales del nivel
municipal, circuito, tribunal y Altas Cortes, así como a los centros de servicios (artículo
3); y ii) todos los funcionarios responsables, estén o no en el sistema de carrera, deben
diligenciar los formularios diseñados para alimentar el sistema de estadística (artículo
4).
5 Por el cual se ajusta el Reglamento del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial –
SIERJU
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Precisó que, dado que el Juzgado Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá no realizó
los reportes a la plataforma SIERJU, se desconoció la regulación prevista en el
mencionado acuerdo, por ello la UDAE no pudo realizar el cálculo del índice de
evacuación parcial en los términos del literal c, del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024.
• Consideró que la acción de tutela es improcedente cuando se dirige a cuestionar
actos de carácter general, como lo es el Acuerdo PCSJA24-12151. Agregó que la
actora tiene a su alcance los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011 en
los que además puede solicitar el decreto de medidas cautelares.
Finalmente, indicó que la accionante no demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues los parámetros del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de
2024 se aplican en igual forma a todos los servidores judiciales.
4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó informe6 en el que
indicó que el Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024 establece los parámetros y
condiciones de obligatorio cumplimiento para acceder al Teletrabajo, entre las que se
encuentran que los despachos deberán tener el índice de evacuación parcial y
corresponde al consolidado a 31 de diciembre del año anterior, igual o superior al 80%.
Por ende, sin el cumplimiento de ese requisito no es viable iniciar el trámite de la
solicitud.
Explicó que, mediante la dependencia de Teletrabajo del Nivel Central, el 11 de marzo
de 2025 envió un correo electrónico a la accionante en el que se le indicó que “para
registrar su solicitud de teletrabajo, debe dar cumplimiento a lo establecidos en los
artículos 1, 7 y 10 del Acuerdo PCSJA24-12151 […]. En ese orden de ideas, le informó
que al realizar la validación de su despacho no se encuentra en la relación
proporcionada por la UDAE con vigencia 31 de diciembre de 2024, por ende no es
posible atender su solicitud hasta tanto nos sea certificado el IEP relacionado a su
despacho”.
4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá7
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con las
pretensiones, dado que es la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico la encargada
de pronunciarse. Esto en razón a que versa sobre la solicitud de la modalidad de
teletrabajo.
6Índice 0011 del aplicativo Samai, certificado DA14B63D4ACC2E23 516BE6E3C4DB7712
BFA3AC1A844E051B F75DD252256B3652.
7 Índice 0012 del aplicativo Samai, certificado 125E21AA78298BD5 6749DA3598DEE223
5177419DC575AE16 BF0180E9D6DA9510.
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Como anexo de su informe, aportó el correo del 14 de marzo de 20258 remitido por el
presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá a la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico, en el que se indicó:
“De manera atenta me permito informar que en efecto los Juzgado 87 a 90 Civiles
Municipales de Bogotá, al igual que sus antecesores Juzgados 27, 28, 29 y 30
de Pequeñas Causas de Bogotá no rendían la estadística en la plataforma
SIERJU pues este Consejo Seccional no tenía conocimiento del formulario
asignado para dichos reportes, ni su instructivo.
No obstante esta Corporación siempre ha estado pendiente del rendimiento de
los jueces de despachos comisorios, por lo que de manera bimensual se ha
remitió el formato excel adjunto para recolectar la información, con la cual esta
Corporación siempre ha informado oportunamente a la Sala Superior
(bimensuales y consolidados). Adjunto copia de los informes anuales
CSJBTOP24-436 y CSJBTOP25- 172.
Por lo anterior, utilizando la misma fórmula para calcular el IEP de los Despachos
Judiciales, se tiene que el Juzgado 90 Civil Municipal de Bogotá reportó un IEP
de 90%.
Ahora bien, una vez conocido por parte de esa Unidad de Desarrollo el formulario
dispuesto, este Despacho informará a los jueces para que asistan a la
capacitación programada por esa Unidad, activaremos los usuarios y
contraseñas para que este 2024 reporten la información en la plataforma SIERJU
de manera trimestral”.
4.6. Con escrito radicado el 28 de marzo de 20259 la accionante insistió en el decreto
de la medida provisional que solicitó en el libelo tutelar y que fue negada por el
Despacho mediante auto del 19 de marzo del presente año.
Como fundamento, aportó las recomendaciones del médico obstetra expedidas el 27
de marzo de 2025, que incluyen “limitar la deambulación y transporte público por edad
gestacional avanzada y alto riesgo obstétrico”.
8 Índice 0012 del aplicativo Samai, certificado CBABECE1DE862EFD A28B66DE38AFC54A
141CA0B542C1D3B2 14A51D3800ACA2A0.
9 Índice 0013 del aplicativo Samai.
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Accionante: Lesly Brigitte Lemus Triana
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley.
3. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se encuentran vulnerados los derechos
fundamentales de Lesly Brigitte Lemus Triana con ocasión de las respuestas emitidas
en relación con la solicitud de acceso a teletrabajo que radicó el 3 de marzo de 2025.
4. Legitimación en la causa
La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Lesly Brigitte
Lemus Triana teniendo en cuenta que en calidad de servidora judicial presentó la
solicitud de acceso a la modalidad de teletrabajo y alegó que la omisión en su trámite
vulnera sus derechos fundamentales.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior
de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico, Nivel Central, dado que, conforme a las pruebas que
aportaron con cada uno de sus informes, intervinieron en el trámite de la solicitud que
presentó la actora para que se aprobada su petición de teletrabajo.
En cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, se
advierte que en atención a las funciones establecidas en el artículo 9810 de la Ley 270
de 1996 dicha entidad no tiene relación con el trámite de las solicitudes de teletrabajo.
Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 1011 numeral 1 del Acuerdo PCSJA24-
10 “Artículo 98. De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de gobierno y
de administración a cargo del Consejo Superior de la Judicatura”
11 “Solicitud. En los primeros diez (10) días hábiles del mes de marzo de cada anualidad, el servidor
judicial interesado en teletrabajar deberá diligenciar su solicitud en el aplicativo de teletrabajo dispuesto
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para este fin, el cual contiene expresamente el
compromiso del interesado de suministrar los equipos y servicios para ello”.
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12151 28 de febrero de 2024 dichas peticiones que realizan a través del aplicativo
dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 199112.
La Corte Constitucional13 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
4. Procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos de
carácter particular y general
La jurisprudencia constitucional ha precisado, por regla general, la improcedencia de la
solicitud de amparo cuando se dirige en contra de actos administrativos de carácter
particular, pues, son los medios previstos de control previstos antes la jurisdicción
contenciosa administrativa las herramientas idóneas para asumir el conocimiento de
las controversias que se susciten entre los particulares y la administración. Además, en
el marco del proceso contencioso administrativo el interesado cuenta con la posibilidad
de solicita el decreto de medidas cautelares14.
En sentencia T-149 de 2023 la Corte Constitucional retomó lo expuesto en la SU-691
de 2017 en la que concluyó que, por regla general, la jurisdicción contenciosa
administrativa cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos fundamentales, que se materializa a través
del conocimiento de los asuntos por partes de jueces especializados y el decreto de
medidas cautelares de urgencia. Sobre estas, indicó que, por la finalidad que
persiguen, fueron estructuradas como medio preliminares dotados de eficacia
inmediata para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica para el
Juez el deber de “remover los obstáculos eminentemente formales que llegaren a
12“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
13 Sentencia C-590 de 2005.
14 Sentencias T-180 de 2023 y T-199 de 2021, en la que se reitera lo dispuesto en los fallos T-703 de
2012 y T-146 de 2019.
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impedir la adopción de estas medidas en los casos en que exista una seria y verdadera
amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos”15.
No obstante, la Corte también ha advertido que el estudio del requisito de
subsidiariedad no puede limitarse a la verificación formal de otros mecanismos
establecidos en el ordenamiento, sino que corresponde al juez de tutela analizar la
situación particular el accionante con el propósito de comprobar si tales medios en
efecto resultan idóneos para la protección de los derechos fundamentales16
Por otro lado, dicha Corporación ha precisado la existencia de circunstancias en las
que a pesar de los medios ordinarios la acción de tutela resulta indispensable como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en el que
se encuentran inmiscuidos conceptos como :“(i) un perjuicio inminente, es decir, que
amenaza o está pronto a suceder: lo cual exige la adopción de medidas urgentes para
conjurarlo; (ii) un perjuicio grave, esto es, que el daño que se pretende evitar implica
un menoscabo material o moral intenso en el haber jurídico de la persona, y (iii) la
necesidad impostergable y necesaria de restablecer la integridad de los derechos en
juego”17.
Ahora, en lo atinente a los actos administrativos de carácter general conviene
indicar que el artículo 6.5 del Decreto 2591 de 1991, señala que la acción de tutela no
procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Al respecto, en sentencia C-132 de 2018 el Tribunal Constitucional indicó que la
jurisprudencia18, de manera uniforme, ha desarrollado una línea de interpretación que
ratifica la regla de improcedencia de la acción de tutela para controvertir actos de
naturaleza general, impersonal y abstracta, así como la posibilidad excepcional de ser
implementada como mecanismo transitorio cuando se compruebe que de la aplicación
o ejecución de un acto [de esa naturaleza] se deriva la vulneración de alguna garantía
fundamental a una persona determinada o determinable, siempre que se pretenda
conjurar a posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que el presente asunto no superó el requisito de subsidiariedad dado
que cuestiona aspectos decididos en actos administrativos de carácter particular y,
regulados en un acto de contenido general. No obstante, en razón a la recomendación
15 Auto del trece (13) de mayo de dos mil quince (2015) del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera, Subsección C, expediente número 11001-03-26-000-2015-00022-
00(53057).
16 Sentencia T-034 de 2021.
17 Sentencia T-180 de 2023.
18 Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-
1015 de 2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-
287 de 1997, T-31 de 1993 y SU 1052 de 2000.
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médica del 27 de marzo de 2025 que aportó la solicitante, la Sala concederá el amparo
transitorio a la salud a la actora.
5.1. Del requisito de subsidiariedad.
Aunque las pretensiones elevadas por el accionante no cuestionan directamente ningún
acto administrativo, lo cierto es que buscan que se ordene a la accionadas a recibir y
tramitar la solicitud de teletrabajo, que fue negada por la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico – UDAE mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2025 y el oficio
UDAEO02-1141 del 12 de marzo siguiente con el asunto “alcance a la respuesta dada
a su petición el pasado 12 de marzo sobre el IEP para el 2024”. Además, la accionante
solicitó en sus pretensiones “inaplicar por inconstitucional” el requisito de evacuación
previsto en el Acuerdo PCSJA24-12151 28 de febrero de 2024, para que se dé trámite
a su solicitud.
La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico19 dio respuesta a la accionante mediante
mensaje electrónico del 12 de marzo de 2025 en el que le informó que le corresponde
[a la Unidad] la publicación del índice de evacuación parcial consolidado al 31 de
diciembre de 2024 de los despachos que aspiran a acceder a la modalidad de
teletrabajo, conforme a los reportes que se hagan en el Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial-SIERJU. Asimismo, le Indicó que estos reportes se
encuentran a cargo de los titulares de los despachos de conformidad con el Acuerdo
PSAA16-10476 de 2016.
Asimismo, a través del oficio UDAEO02-1141 del 25 de marzo de 2025 la Unidad dio
alance a la respuesta del 12 de marzo y puso de presente que la información
consignada en el SIERJU es la herramienta oficial para acopiar la estadística de los
despachos judiciales, además, que al realizar la consulta con el código 110014003087,
bajo el cual se identifica el Juzgado Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá en el que
labora la solicitante, no se encontró el reporte que se requiere para validar la solicitud
de teletrabajo, según los términos establecidos en el Acuerdo PCSJA24-12151 28 de
febrero de 202420.
En ese orden, indicó que no era dable recibir información por medios diferentes para
acreditar el requisito relativo al índice de evacuación parcial para acceder a la solicitud
de teletrabajo y precisó que el juzgado al que se encuentra vinculada no realizó los
reportes a la plataforma SIERJU, por la que la Unidad no pudo realizar el cálculo del
índice de evacuación en los términos del literal c, del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024.
19 Índice 0010 del aplicativo Samai.
20El artículo 7 literal c dispuso: “Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de
Evacuación Parcial igual o superior al 80% conforme a la publicación realizada por la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho judicial
no cumple con esta condición, ninguno de sus servidores podrá teletrabajar. Los funcionarios judiciales
deberán, además, estar al día en el reporte de información del SIERJU”
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Por otro lado, en la respuesta aportada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial21, se indicó que mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2025 se le
informó a la accionante que para registrar la solicitud de teletrabajo se debía realizar el
reporte de estadística en el SIERJU para que de esta forma la UDAE proceda a reportar
el certificado de índice de evacuación parcial del Juzgado Ochenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá. En tal sentido, le indicó que no era posible atender la solicitud
hasta que se cumpla con lo anterior.
A partir de lo expuesto, la Subsección estima que la solicitud de amparo resulta
improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues está probado
que la Unidad de Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico expidió dos (2) actos
administrativos mediante los cuales resolvió la situación particular de la accionante, en
el sentido de indicar que no era procedente acudir a otra información diferente a la que
debía estar reportada en el sistema SIERJU para dar trámite de la solicitud de acceso
a la modalidad de Teletrabajo. Además, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Unidad de Teletrabajo, le informó que debía realizar los reportes de
estadística en dicha plataforma para que la petición pudiese ser radicada.
Dichas decisiones pueden ser reprochadas ante la jurisdicción contenciosa
administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 201122. Asimismo, en dicho
procedimiento, la accionante tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas
cautelares, incluidas aquellas de urgencia, en los términos de los artículos 229 y
siguientes del mismo estatuto.
La acción de tutela, como mecanismo excepcional, no puede emplearse para
reemplazar los medios de defensa ordinarios dispuestos por el legislador, salvo en
casos en los que se demuestre su ineficacia para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, circunstancia que en el presente caso no se configura.
Aceptar lo contrario implicaría desconocer el principio de subsidiariedad que rige la
acción de tutela, permitiendo que esta supla la omisión o falta de diligencia del
accionante en el ejercicio de los recursos y acciones previstos dentro del marco legal
correspondiente. En consecuencia, se concluye que la controversia planteada debe
ser resuelta dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, a través del medio de
control idóneo y eficaz dispuesto para estos efectos.
21 Índice 0011 del aplicativo Samai.
22 “ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación
del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo,
esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel”
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Por otro lado, y dado que la actora pretende que se inaplique lo dispuesto en el literal
c) del artículo 723 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, respecto al
cumplimiento del Índice de Evacuación Parcial igual o superior al 80% que debe
acreditar el juzgado para que los funcionarios puedan acceder a la modalidad de
teletrabajo, la acción de tutela también resulta improcedente, pues la señora Lemus
Triana cuenta con la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad previsto en el
artículo 13724 de la Ley 1437 de 2011 como medio idóneo para cuestionar actos
administrativos de carácter general. Además, como se indicó en precedencia la parte
actora no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable derivado de la exigencia
del requisito del índice de evacuación parcial para tramitar su solicitud de teletrabajo,
y, por tanto, no se advierte que la ejecución del acuerdo vulnere sus garantías
fundamentales.
5.2. Amparo transitorio para proteger el derecho a la salud de la mujer gestante
Como se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, la accionante radicó
un escrito el 28 de marzo de 2025 mediante el cual aportó la constancia expedida por
el especialista en obstetricia, en la que se recomienda “limitar la deambulación y
transporte público por edad gestacional avanzada y alto riesgo obstétrico” 25.
En consecuencia, la actora insistió en el decreto de la medida cautelar solicitada en el
libelo tutelar, cuyo contenido es el siguiente:
“SE ORDENE a las accionadas CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –
UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO – NIVEL CENTRAL
dar trámite inmediato a mi solicitud de teletrabajo de manera que esta pueda
ser puesta en consideración del titular del despacho en el que laboro”.
A manera de contexto, resulta relevante recordar que, en el auto del 19 de marzo de
2025, mediante el cual se admitió la acción, también se abordó el estudio de la
23 “Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al teletrabajo todos los
servidores judiciales vinculados en cargos de carrera, de libre nombramiento y remoción y de
descongestión, cualquiera que sea su forma de provisión, que cumplan las siguientes condiciones,
según corresponda:
(…)
c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial igual o superior
al 80% conforme a la publicación realizada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho judicial no cumple con esta condición, ninguno de
sus servidores podrá teletrabajar. Los funcionarios judiciales deberán, además, estar al día en el reporte
de información del SIERJU.
24 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
25 Índice 0013 del aplicativo Samai.
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procedencia de la misma medida. En ese momento, se indicó que la accionante no
había aportado las pruebas suficientes para acreditar de manera objetiva la existencia
de un daño inminente o la imposibilidad de su posterior resarcimiento, en la medida
que no allegó orden médica ni recomendación emitida por su médico tratante dirigida
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá o al Juzgado Ochenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá, en la que se indicara que, debido a su condición, debía
desempeñar sus labores en la modalidad de teletrabajo o que su embarazo pueda
verse afectado por el uso del servicio público para trasladarse desde su hogar hasta
el lugar donde labora. En consecuencia, se negó dicha solicitud.
Ahora, dado que posteriormente a que fuese notificada esa decisión, la accionante
allegó una recomendación expedida por el médico especialista, que, de manera
concreta, alude a la limitación de uso del transporte público por la edad gestacional
avanzada, se estima necesario entrar nuevamente al análisis de la situación particular,
en orden a garantizar el derecho a la salud de la accionante.
Al respecto, el artículo 43 de la Constitución Política señala que la mujer “no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación” y que “durante y después del parto gozará
de especial asistencia y protección del Estado”. En desarrollo de este precepto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido dos (2) obligaciones a cargo
del Estado que corresponden a “la especial protección de la mujer embarazada y
lactante −sin distinción−, y un deber prestacional que consiste en otorgar un subsidio
cuando esté desempleada o desamparada. En este sentido, se trata de una protección
general para todas las mujeres gestantes”26.
La Corte precisó que ningún actor de la sociedad puede apartarse de dichos
postulados, más aún cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo, en etapa
de parte y de posparto. Así, se considera “sujeto constitucional de especial protección,
y en esa medida todos sus derechos deben ser atendidos por parte del poder público,
incluyendo a los operadores jurídicos, sin excepción alguna”27.
En el caso concreto, se acreditó que desde el 27 de marzo de 2025 el médico
especialista en obstetricia emitió como recomendación a la accionante “limitar la
deambulación y transporte público por edad gestacional avanzada y alto riesgo
obstétrico”. En efecto, en los hechos que expuso para fundamentar la procedencia de
la medida provisional, indicó que no cuenta con transporte particular para desplazarse
entre su hogar y su lugar de trabajo, por lo que requiere acudir al transporte público
pese a su estado de embarazo.
Se advierte que la prueba aportada por la accionante da cuenta de la existencia de
una posible vulneración del derecho a la salud, pues el médico obstetra recomendó,
debido al estado de embarazo de alto riesgo, que la actora limite el uso del transporte
26 Sentencias SU-075 de 2018, T-238 de 2015 y SU-070 de 2013.
27 Sentencia T-198 de 2023.
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público. Esta vulneración puede tener incidencia negativa en la integridad el menor
que está por nacer, por lo que se torna procedente la intervención del juez
constitucional para garantizar la protección del derecho a la salud de la solicitante, en
su condición de madre gestante.
Por consiguiente, se concederá el amparo transitorio del derecho a la salud de la parte
actora y se ordenará al Juez Ochenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, nominador de
la accionante, para que proceda a dar cumplimiento a la recomendación médica
expedida por el especialista, y en tal sentido, garantice a la señora Lesly Brigitte Lemus
Triana la modalidad de trabajo en casa28, mientras culmina la etapa gestacional, es
decir, hasta que nazca su hijo, sin exigir a la actora que presente la solicitud de
teletrabajo a través del aplicativo dispuesto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo formulada por Lesly
Brigitte Lemus Triana en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, por FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA,
conforme a las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Lesly
Brigitte Lemus Triana en contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico,
Nivel Central, por no superar el requisito de subsidiariedad, atención a lo expuesto en
a la parte considerativa de esta decisión.
TERCERO. AMPARAR TRANSITORIAMENTE el derecho a la salud de Lesly Brigitte
Lemus Triana y, en consecuencia, ORDENAR al Juez Ochenta y Siete Civil Municipal
de Bogotá que proceda a dar cumplimiento a la recomendación médica expedida por
el especialista del 27 de marzo de 2025 y garantice a la señora Lemus Triana la
modalidad de trabajo en casa mientras culmina la etapa gestacional, es decir, hasta
que nazca su hijo.
28 Al respecto, conviene indicar que la Ley 2088 de 2021 reguló la habilitación del trabajo en casa para
servidores públicos y privados, y en el artículo 7 estableció que cuando se presenten circunstancias
excepcionales, este se extenderá “hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual
por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales
que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la
habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones”.
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CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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