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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01396-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01396-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Rechazase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD por las razones expuestas. SEGUNDO: Confirmase la sentencia del 10 de abril de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de estado. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01396-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandante: Mauricio Fernández Miranda
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01396-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01396-01
Demandante: MAURICIO FERNÁNDEZ MIRANDA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela – Derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental de petición frente a
la Procuraduría General de la Nación, declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
declaró improcedente la solicitud de amparo con relación a la ayuda
humanitaria y denegó las demás pretensiones de la tutela instaurada por el
señor Mauricio Fernández Miranda contra la presidencia de la República y
otros.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Mauricio Fernández Miranda actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela el 27 de febrero de 2025, la cual fue remitida por
competencia a esta corporación el 10 de marzo de la misma anualidad contra
la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – UNGRD, el municipio de san José de Cúcuta y su
secretaría para la Gestión de Riesgos y Desastres, por considera vulnerados
sus derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a los
principios de buena fe, progresividad, gradualidad y sostenibilidad.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales al considerar que no
se ha brindado respuesta de fondo, clara y concreta a la petición enviada por
correo electrónico el 13 de diciembre de 2024, en la que les solicitó a las
autoridades accionadas ayuda humanitaria y económica para suplir las
pérdidas y afectaciones a su vivienda, cultivos y animales, con ocasión de las
fuertes lluvias presentadas en la vereda Restauración corregimiento La
Floresta del municipio de San José de Cúcuta.

1

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Demandante: Mauricio Fernández Miranda
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01396-01

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«“[…] PRIMERO. - Que se declare que la alcaldía de Cúcuta, Presidente de
Colombia, ministro de agricultura, procuraduría. Atención de desastres de
Cúcuta Ha violado el derecho fundamental consagrado en los artículos 1,
13,20, 23, 29 de la Carta Política, al negarse a aplicar el debido proceso.

SEGUNDO. - Que, como consecuencia de lo anterior, sé que en el término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo,
proceda a explicar los motivos de dicha violación constitucional y responder
por la solicitud.

TERCERO: se ordené a la alcaldía de Cúcuta, Presidente de Colombia,
ministro de agricultura, procuraduría. Atención de desastres de Cúcuta que
de manera inmediata aplique las ayudas ya que los dineros prestados en los
bancos no dan tregua y menos son prescriptivos por daños.

CUARTO: se ordene a la alcaldía tomar las acciones pertinentes para el
presente caso.

QUINTO: Lo que estime conveniente este despacho judicial. Para proteger
mis derechos del debido proceso […]»1.

1.3. Hechos

El accionante manifestó que el 13 de diciembre de 2024 presentó ante las
autoridades accionadas, derecho de petición en la cual solicitó ayuda
humanitaria, en razón a la ola invernal acontecida en la vereda Restauración
corregimiento La Floresta del municipio de San José de Cúcuta, la cual le
causo la pérdida de sus cultivos, animales y ensere, además de las
afectaciones a su vivienda.

1.4. Sustento de la petición

Manifestó que hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela no ha
recibido respuesta clara y de fondo por parte de las autoridades accionadas
a las peticiones elevadas

1.5. Trámite

Mediante auto del 13 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al señor presidente de la República, a los
directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
UNGRD y del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de
Cúcuta, al ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta

1 Transcripción original con posibles errores

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para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en
calidad de accionados.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Presidencia de la República

A través del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial exteriorizó que la acción
de tutela debe ser negada en sus pretensiones respecto del Presidente de la
República y de la Presidencia de la República por cuanto se le contestó a
través del OFI24-00247188 / GFPU 13150001 del 20 de diciembre de 2024
en donde se dio traslado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD, entidad competente tal y como lo enuncia la Ley 1755
de 2015, por ello la respuesta que da la entidad, no es jurisdicción del
presidente de la República y por tanto, no estaría vulnerando ningún derecho
del accionante.

1.6.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La apoderada del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción
Coactiva del ministerio indicó que, desde el Viceministerio de Asuntos
Agropecuarios, se dio respuesta de fondo a la solicitud elevada mediante
oficio 2025-500-004242-1 del 20 de marzo del 2025, al correo electrónico del
accionante, informándole que:

“este despacho dio traslado de dicha solicitud con radicado No. 2024-
500-062437-1 del MADR a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo
y Desastres, dado que ellos son la entidad competente para dar
respuesta a su solicitud por tratarse de ayuda humanitaria”.

Resaltó que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
la respuesta de fondo no implicaba tener que otorgarle necesariamente lo
solicitado por el interesado.

Alegó que en consideración a que en el presente caso ya se dio respuesta
de fondo al derecho de petición objeto del amparo constitucional por parte
del tutelante, solicitó la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho
superado.

1.6.3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD

Mediante oficio remitido el 19 de marzo de 2025, la apoderada judicial de
dicha unidad, manifestó que desde el Grupo de Relacionamiento con el
Ciudadano - Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD, se le brindó respuesta de fondo,
clara y concreta a las peticiones elevadas, la cual fue enviada a las
direcciones de correos electrónicos motor03011983@gmail.com y
pazyamorparatodos0505@gmail.com, los días 17 y 23 de diciembre de 2024
ya que esas fueron las direcciones reportadas para recibir notificaciones por
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parte del accionante.

En dichas respuestas se le informa al accionante, que su solicitud debía ser
tramitada directamente por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta –
Norte de Santander y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres – CMGRD – Cúcuta, únicas entidades competentes para atender
su solicitud.

Expresó que la UNGRD no ha incurrido, por acción o por omisión, en la
vulneración de los derechos fundamentales que el accionante alega como
quebrantados, toda vez que las solicitudes formuladas exceden el marco de
sus competencias.

Argumentó que, si bien es cierto, el derecho fundamental de petición confiere
a las personas la facultad de radicar solicitudes ante cualquier autoridad con
la expectativa de obtener una respuesta, está prerrogativa no impone por sí
misma el deber de acceder a lo requerido por el peticionario, porque la
obligación de dar contestación no supone el compromiso de otorgar lo
pedido, sino la exigencia de hacerlo de manera oportuna y completa.

Manifestó que, por no ser de su competencia, remitió al Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD- Cúcuta el requerimiento de la
referencia para que lo atiendan según lo de su competencia y solicitó se les
desvincule del presente proceso.

1.6.4 Alcaldía de San José de Cúcuta

Mediante oficio emitido por una funcionaria de la Oficina Asesora Jurídica del
municipio, solicitó se declare improcedente la acción de tutela por hecho
superado, en razón a que la secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres
de la Alcaldía de San José de Cúcuta, mediante comunicación de salida
202510500012052 del 12 de febrero de 2025, remitió respuesta de fondo al
peticionario al correo suministrado informándole que:

“de conformidad con el cronograma de inspecciones oculares, aunado
al actual estado de conmoción interior en la Región del Catatumbo,
por parte de este despacho municipal se programara visita en el mes de
abril de 2025, con el fin de verificar la situación que enfrenta y así poder
determinar la procedibilidad de entrega de ayuda humanitaria, así mismo,
se hace necesario que por parte del peticionario se envíe la ubicación
exacta del predio sobre el cual requiere que este despacho realice la
respectiva inspección, ubicación que debe ser enviada a la mayor
brevedad posible para poder agendar visita con los profesionales
idóneos adscritos a este despacho, la anterior información
deberá allegarse mediante la plataforma de pqrs - ventanilla única
de la Alcaldía municipal de San José de Cúcuta.”

Razón por la cual consideró la existencia de carencia actual de objeto por
hecho superado.

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1.6.5 Secretaría de Gestión de Riesgos de la alcaldía de San José de
Cúcuta

El secretario de Despacho de la secretaria de Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de San José de Cúcuta, indicó que brindó respuesta
a la petición presenta el 12 de febrero de 2025, donde reiteró lo manifestado
por la alcaldía municipal indicándole que de conformidad con el cronograma
de inspecciones oculares, aunado al actual estado de conmoción interior en
la Región del Catatumbo, por parte de este despacho municipal se
programará visita en el mes de abril de 2025, con el fin de verificar la
situación que enfrenta y así poder determinar la procedibilidad de entrega de
ayuda humanitaria, asi mismo, se hace necesario que por parte del
peticionario se envíe la ubicación exacta del predio sobre el cual requiere
que este despacho realice la respectiva inspección, ubicación que debe ser
enviada a la mayor brevedad posible para poder agendar visita con los
profesionales idóneos adscritos a ese despacho.

La Procuraduría General de la Nación pese haber sido notificada en debida
forma, guardo silencio.

1.7. Sentencia de Primera Instancia

Mediante providencia de 10 de abril de 20252, la Sección Primera del
Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de petición frente a la
Procuraduría General de la Nación, declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
declaró improcedente la solicitud de amparo con relación a la ayuda
humanitaria y denegó las demás pretensiones de la tutela.

Lo anterior al considerar que en lo que respecta a la Procuraduría General de
la Nación, no presentó contestación de la demanda de tutela pese a que fue
notificada en debida forma y no se encuentra probado que hubiera otorgado
respuesta alguna a su solicitud.

En lo concerniente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural declaró
carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la solicitud elevada
por el accionante fue atendida durante el trámite de esta acción de tutela el
20 de marzo de 2025 de forma clara, completa y de fondo y en lo que
respecta a la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres – UNGRD, el municipio de San José de Cúcuta y su
Secretaría para la Gestión de Riesgos y Desastres, negó el amparo por
cuanto brindaron respuesta de manera clara, completa y de fondo antes de
presentarse esta acción de tutela.

Frente a las pretensiones encaminadas a obtener la ayuda humanitaria,
declaró su improcedencia al advertir que la solicitud de tutela no era el
mecanismo idóneo para que el actor pretenda el reconocimiento de dicho
beneficio, pues de conformidad con la respuesta que el MUNICIPIO a través

2 Notificada el 24 de abril de 2025

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de la SECRETARÍA le brindó al actor el 12 de febrero de 2025, para acceder
a la ayuda humanitaria de manera previa la entidad territorial debe realizar
una inspección al inmueble afectado por las inundaciones, para el caso
concreto, la visita fue programada para el mes de abril de 2025, por lo tanto
el actor debía supeditarse a la programación y al procedimiento
administrativo que la entidad municipal determinara a fin de verificar el
estado de su circunstancia particular.

1.8. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra la decisión dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, manifestando no compartir la
decisión por cuanto considera que las autoridades accionadas guardaron
silencio ya que de la manera en que se manifiestan “todos evaden y nadie
responde”.

Aduce que dentro del cuerpo del fallo no se evidencia prueba de las
notificaciones relacionadas, que, si hubieran dado respuesta, la acción de
tutela seria por falta de ayudas.

Expresa que los correos a los que manifiestan que fueron enviadas las
respuestas aparece moto03011983@gmail.com, donde existe una coma y en
otra aparece un punto adicional algo que el mismo Gmail rechazaría.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la providencia del 10 de abril de 2025, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
solicitó ser desvinculado del proceso por cuanto lo requerido por el
peticionario no es de su competencia, petición que no fue resuelta en primera
instancia.

Dicha petición será negada por cuanto su vinculación al proceso se efectuó
en calidad de demandada.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme
lo planteado por la parte actora.

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos; i) las
generalidades de la acción de tutela, ii) del derecho fundamental de petición
y iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19913, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:

i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.

ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.

iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:

«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente»4

3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392

de 1995 y T-291 de 1996.
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz

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Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.

Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el
término dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
plazo en el cual se realizará la contestación.

2.5. Caso concreto
La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales de
petición, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al debido proceso y a los principios de buena fe, progresividad,
gradualidad y sostenibilidad al no haberle brindado respuesta de fondo, clara
y concreta a la petición de 13 de diciembre de 2024, en la que les solicitó
ayuda humanitaria y económica para suplir las pérdidas y afectaciones a su
vivienda, cultivos y animales, con ocasión de las fuertes lluvias presentadas
en la vereda Restauración corregimiento La Floresta del municipio de San
José de Cúcuta.
En primera instancia la Sección Primera del Consejo de Estado, amparó el
derecho fundamental de petición frente a la Procuraduría General de la
Nación, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, declaró improcedente la solicitud
de amparo con relación a la ayuda humanitaria y denegó las demás
pretensiones de la tutela.
Lo anterior, por cuanto en lo que corresponde a la Presidencia de la
República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD, el municipio de San José de Cúcuta y su secretaría para la Gestión
de Riesgos y Desastres, brindaron respuesta clara, completa y de fondo al
peticionario mediante correo electrónico los días 17, 20 y 23 de diciembre de
2025 y 12 de febrero de 2025. (Se incluyen imágenes)

1.) Presidencia de la República, respuesta 20 de diciembre de 2424.

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2.) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD –
respuestas 17 y 23 de diciembre de 2024

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3.) Alcaldía de San José de Cúcuta – Secretaría para la Gestión de
Desastres 12 de febrero de 2025.

4.) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 20 de marzo de 2025.

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Ahora, en este punto del debate, es importante advertir que la parte actora
en su escrito de impugnación reprochó que las autoridades accionadas no le
hayan dado respuesta a su solicitud por cuanto el correo al que manifiestan
que fueron enviadas al dominio «moto03011983@gmail.com», donde existe
una coma y en otra aparece un punto adicional algo que el mismo sistema va
a rechazar.
La Sala observa que contrario a lo manifestado por el accionante, las
autoridades accionadas, salvo la Procuraduría General de la Nación, sí le
contestaron al actor, por cuanto, la Presidencia de la República, mediante
oficio OFI24-00247188 / GFPU 13150001 del 20 de diciembre de 2024, dio
traslado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD, quien, a su vez, mediante comunicación de 23 de diciembre de
2024, le informó al actor que su solicitud debía ser tramitada directamente
por la Alcaldía municipal de San José de Cúcuta y su Secretaría de Gestión
del Riesgos de Desastres.

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Y estas últimas entidades mediante comunicación de 12 de febrero de 2025,
le manifestaron al señor Fernández Miranda los procedimientos a seguir para
acceder a las ayudas pertinentes mediante visitas programadas por parte de
los funcionarios adscritos en dicha entidad y así establecer las entregas de
ayuda humanitaria. Razón por la cual respecto a estas se confirma la
denegación de amparo.

En lo que compete al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se puede
apreciar que le brindó respuesta al actor durante el tramite de esta acción
mediante comunicación del 20 de marzo de 2025, dando traslado de su
solicitud a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastre por
consiguiente se confirma la carencia actual de objeto por hecho superado.
Adicionalmente, en cada uno de los oficios de respuesta por parte de las
entidades accionadas, se puede observar claramente las direcciones a las
cuales fueron enviados los oficios, sin advertir errores en ellos, puesto que
coincide plenamente con el correo que el accionante señaló para efectos de
las notificaciones, esto es: «moto03011983@gmail.com».
En lo que respecta a la ayuda humanitaria solicitada, la Sala reitera lo
manifestado por el a quo en cuanto a que no es la tutela el mecanismo
idóneo para que el accionante pretenda se le conceda este beneficio, por
cuanto como se pudo apreciar, la Secretaría para la Gestión del Riesgo de
Desastres del municipio de San José de Cúcuta le explicó cuales eran los
requisitos necesarios para acceder a dicha ayuda, y así poder verificar su
ubicación y determinar la situación en que se encuentra mediante la
inspección correspondiente por parte de los profesionales idóneos.
En ese orden, es claro que al accionante si le brindaron respuestas de fondo,
claras y coherentes, razón por la cual se confirmará el fallo de primera
instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Rechazase la solicitud de desvinculación presentada por la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD por las
razones expuestas.

SEGUNDO: Confirmase la sentencia del 10 de abril de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de estado.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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