Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01403-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01403-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01403-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
15 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01403-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: MARTHA JANETH CANO MORENO Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE LEGAL. INSTANCIA ADICIONAL.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
1
En adelante el Tribunal.
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Actores: MARTHA JANETH CANO MORENO Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores MARTHA JANETH, ÁNGELA y MARIO CANO MORENO
actuando a través de apoderado judicial y el abogado LUIS ALIRIO
TORRES BARRETO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitaron la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual estiman vulnerado por el TRIBUNAL al haber
proferido la providencia de 5 de diciembre de 2024, dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
11001-33-36-035-2014-00286-02.
I.2.- Hechos
Indicaron que los señores MARTHA JANETH, ÁNGELA y MARIO
CANO MORENO presentaron demanda ejecutiva contra el Instituto
de Seguros Sociales y el Hospital de Caldas, en la cual el señor LUIS
ALIRIO TORRES BARRETO actuó en calidad de apoderado judicial
de los mencionados.
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Aseguraron que al proceso ejecutivo le fue asignado el número único
de radicación 2014-00286-02 y solicitaron que se libre mandamiento
de pago por concepto del capital e intereses moratorios causados
desde que la obligación se hizo exigible el 19 de abril de 2012 y hasta
la fecha efectiva del pago de la condena judicial impuesta por el
Consejo de Estado2.
Manifestaron que mediante auto de 14 de mayo de 2014, el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá3 libró mandamiento de pago
en favor de los demandantes y el 22 de abril de 2015 ordenó seguir
adelante con la ejecución, así como liquidar el crédito y condenó en
costas a los ejecutados.
Relataron que el 24 de agosto de 2016 el Juzgado vinculó al
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación P.A.R., I.S.S., representada por la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A., así
como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa
promovida por los actores por falla en el servicio médico que ocasionó la muerte de la señora EUCARIS
MORENO CASTAÑO (Q.E.P.D), profirió sentencia de 15 de febrero de 2012, revocó la decisión del a quo
y condenó al Instituto de Seguros Sociales y al Hospital de Caldas al pago de 50 SMLMV por concepto
de indemnización por perjuicios morales para cada uno de los demandantes.
3
En adelante el Juzgado.
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Señalaron que mediante providencia de 16 de marzo de 2021, el
Juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el
expediente al P.A.R. I.S.S. en liquidación como consecuencia de la
falta de jurisdicción, decisión que fue revocada por el TRIBUNAL en
providencia de 1o. de diciembre de 2022, por medio de la cual ordenó
la adopción de medidas para garantizar la tutela judicial efectiva y
para que se informara si la entidad contaba con los recursos
suficientes para garantizar el pago del crédito reclamado por los
ejecutantes, el cual fue reconocido en el proceso liquidatorio
mediante la Resolución núm. REDI núm. 00816 de 13 de febrero de
2015.
Adujeron que el Juzgado obedeció y cumplió la anterior decisión
mediante auto de 2 junio de 2023 y requirió al P.A.R. I.S.S. en
liquidación para que remitiera información sobre el estado de la
obligación a favor de la parte ejecutante.
Refirieron que mediante oficio de 21 de julio de 2023, el P.A.R. I.S.S.
en liquidación dio respuesta en la que se indicó que, con ocasión de
la Resolución núm. REDI núm. 008106 de 13 de febrero de 2015, se
inició comunicación con el apoderado de los ejecutantes y se llegó a
un acuerdo para suscribir contrato de transacción, razón por la cual
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el Juzgado en providencia de 28 de julio de 2023 aceptó el contrato
de transacción mencionado y, en consecuencia, dispuso la
terminación del proceso por pago de la obligación.
Destacaron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso
de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 5 de diciembre de 2024, confirmó la decisión del a
quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestaron que la autoridad judicial accionada profirió la
providencia acusada con fundamento en un contrato de transacción
que no tiene lo requisitos legales para que tenga vida jurídica,
comoquiera que ello es un contrato unilateral impuesto por la entidad
obligada que no tiene validez.
Aseveraron que todo contrato por su naturaleza debe ser bilateral y
contener un acuerdo de voluntades, lo cual no ocurre en el caso
concreto, comoquiera que el contrato de transacción al que se refiere
el TRIBUNAL fue impuesto, tal como se dejó constancia en el mismo
y que no fue tenido en cuenta dentro del proceso ejecutivo.
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Adujeron que se dejó constancia por escrito en el contrato, lo cual no
fue de agrado por la obligada, razón por la cual fueron coaccionados
a firmar una copia sin ninguna anotación, por lo que resulta evidente
que se les restringió su libertad, voluntad y libre albedrio.
Sostuvieron que la entidad obligada tuvo una intensión dolosa, pues
hizo un escrito de transacción de forma unilateral para que se
reconociera únicamente $160.000.000 millones de pesos frente a
más de mil millones de pesos que sumaba el crédito.
Destacaron que, de conformidad con el artículo 313 del CGP, el
contrato de transacción con entidades publicas debe tener
previamente una autorización el gobierno nacional, el gobernador o
el alcalde, según sea el caso, lo cual brilla por su ausencia en el caso
concreto.
Finalmente, el señor LUIS ALIRIO TORRES BARRETO mencionó
que se encuentra actuando como apoderado judicial en el asunto y
en nombre propio, comoquiera que está trabajando dentro del
proceso ejecutivo a cuota litis, razón por la cual también encuentra
vulnerados su derecho fundamental al trabajo con la decisión del
TRIBUNAL.
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I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Por lo brevemente expuesto solicito y ruego señor juzgador
de tutela se sirva ordenar que el proceso ejecutivo continue su
curso legal respectivo, ordenar la actualización del crédito y
ordenar los embargos de los bienes del demandado conforme a
la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y todo lo demás que
surja […]” (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL advirtió que los cuestionamientos de los
tutelantes se enfocan en cuestiones de mera legalidad y no
constitucional, comoquiera que la controversia gira en torno a la
validez del contrato de transacción.
Alegó que la solicitud de amparo carece del requisito de relevancia
constitucional, pues lo que se pretende es utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia para reexaminar decisiones que han sido
adoptadas de conformidad con la normativa vigente y la
inconformidad de los accionantes con el resultado del proceso no
constituye en sí misma una vulnerados de derechos fundamentales,
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máxime cuando no se ha demostrado la existencia de una actuación
arbitraria.
Adujo que, en cuanto a la inconformidad respecto a la validez del
contrato de transacción, existen mecanismos ordinarios específicos
para cuestionarlo, que permiten debatir su legalidad dentro del
marco procesal correspondiente, no siendo la acción de tutela el
medio idóneo para ello.
En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por falta del requisito general de la
relevancia constitucional.
I.6. Intervinientes
I.5.1.- FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACIÓN informó
que mediante Resolución REDI núm. 008106 de 13 de marzo de 2015
el liquidador del extinto I.S.S. reconoció a favor de los accionantes
la reclamación presentada extemporáneamente respecto del pago de
la sentencia de la acción de reparación directa por un valor de
$226.680.000, valor muy alejado a los supuestos más de mil millones
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de pesos que manifiesta la parte actora.
Aseveró que si los actores no estaban de acuerdo con dicha
resolución en el año 2015, debieron interponer recurso de reposición
y si seguían inconformes la correspondiente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin embargo, no hicieron uso de la
acción judicial por lo que el acto administrativo quedó en firme y
ejecutoriado.
Informó que, posteriormente, en octubre de 2022, tras adelantar
negociaciones entre las partes, se logró acuerdo para la celebración
del contrato de transacción en el cual se pactó el pago para cada uno
de los 8 acreedores la suma de $21.251.250, acuerdo de voluntades
que aún no ha sido impugnado ante la jurisdicción ordinaria.
Indicó que, una vez revisado el escrito de tutela, lo que se advierte
es que los actores buscan por esta vía que se revoque el contrato de
transacción legalmente celebrado entre las partes, acto
administrativo aceptado comoquiera que no fue impugnado ni
demandado en la vía administrativa.
En esa medida, destacó que la acción de tutela resulta improcedente
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ante la existencia de mecanismos judiciales ordinarios en los que se
puede ventilar lo pretendido en esta instancia constitucional, máxime
cuando no se ha negado a dar cumplimiento al pago de la sentencia,
por lo que no es de tal acierto que se hayan vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora.
I.6.2.- El JUZGADO, la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
CALDAS y los señores JORGE ELIECER CANO OSPINA, GABRIEL
ATEHORTÚA MORENO, NELSY, JORGE ELIÉCER y JOSÉ JAIME
CANO MORENO, pese a ser notificados del presente trámite,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar si le asiste legitimación en la causa por activa al señor LUIS
ALIRIO TORRES BARRETO para promover la acción de tutela de la
referencia en nombre propio.
La Sala destaca que, en principio, quienes verían afectado su derecho
al debido proceso con ocasión de las decisiones proferidas dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
2014-00286-02, serían los allí demandantes, esto es, los señores
MARTHA JANETH, ÁNGELA y MARIO CANO MORENO.
En efecto, el hecho de que el señor TORRES BARRETO sea el
apoderado judicial de los mencionados señores, no lo habilita para
que la titularidad de los derechos en cabeza de estos le sean
transferidos y pueda presentar una acción de tutela buscando el
amparo frente a sus representados4. Adicionalmente, no consta en el
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con
el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón Muñeton,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los derechos
fundamentales de aquél.
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expediente prueba alguna que haya obrado como agente oficioso de
aquellos5.
Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 20066, en la
que indicó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado judicial para
alegar en vía de tutela como propios los derechos de su
representado. En dicha oportunidad señaló:
Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido ser instaurada por la
actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos cuya protección
reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona afectada
en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en
su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]”. (Resaltado fuera de texto).
5
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del
proceso.
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.
[…]
Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.
En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello, como
es la legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera de texto).
6
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de
15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente a
otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando
en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción. En
la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que
implica que el interés que defiende es el de su cliente y no
el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión
de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-
314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso,
no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos;
sólo el poder especial correspondiente, lo habilita para interponer
tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad.
Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por
vía de tutela como propios los derechos del representado, la
sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó
lo siguiente:
“(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de
una causa ordinaria puede alegar un interés directo para
incoar en su propio nombre la acción de tutela, cuando los
derechos fundamentales supuestamente vulnerados
corresponden al titular de la causa ordinaria que representa
judicialmente?
Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener
en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997,
expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de
otro...”, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo
que: “...la calidad de apoderado no genera ipso facto la
suplantación del titular del derecho...”.
A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y
no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
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la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como motivo de
la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus
linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos
[fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar la
propia tutela... […]”. (Resaltado fuera de texto).
Ahora, comoquiera que a juicio del señor LUIS ALIRIO TORRES
BARRETO la decisión proferida por la autoridad judicial accionada le
ha vulnerado su derecho al trabajo, toda vez que ha venido
“trabajando este proceso a cuota litis, eso es, sin cobrarle al cliente
dinero alguno durante el proceso” en calidad de apoderado de las
partes, la Sala encuentra que sí le asiste legitimación en la causa por
activa, razón por la cual se procederá con el estudio de los requisitos
generales y específicos de la acción de tutela contra providencia
judicial en el asunto.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 5 de diciembre de 2024
proferida por el TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado
con el número único de radicación 2014-00286-02.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
su derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a su
juicio, la autoridad judicial accionada profirió la providencia acusada
con fundamento en un contrato de transacción que cumple con los
requisitos legales establecidos en la norma, comoquiera que ello es
un contrato unilateral impuesto por la entidad obligada que no tiene
validez.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental invocado.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, la Sala observa que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en
razón a que el disenso deviene de un asunto derivado de un debate
estrictamente normativo y legal.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, son los mismos que fueron puestos
a consideración dentro del proceso ejecutivo y en el recurso de
apelación interpuesto, de tal forma que lo pretendido es crear una
instancia adicional trayendo argumentos que ya fueron
suficientemente debatidos por los jueces naturales del litigio.
En efecto, además de que la discusión puesta a consideración carece
de una perspectiva constitucional, en la medida en que se deriva de
una discusión meramente legal sobre la validez de un contrato de
transacción suscrito entre las partes, gira en torno a las
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inconformidades expuestas dentro del proceso ejecutivo, las cuales
fueron resueltas por el TRIBUNAL de forma admisible, así:
“[…] De conformidad con lo anterior, la sala encuentra que el
contrato de transacción aportado en el caso cumple con los
requisitos para su aprobación y consecuente terminación del
proceso, según lo previsto en el artículo 312 del C.G.P.
34. En efecto, del análisis del objeto del acuerdo se desprende
que las partes identificaron de forma expresa y clara que se
busca transigir las pretensiones de este proceso ejecutivo y
precaver cualquier otro que pudiera presentarse por los mismos
hechos, pues allí se consignó que “LOS ACREEDORES desisten
de cualquier acción ejecutiva que tenga origen en la Resolución
No. REDI 008106 del 13/02/2015. Con este contrato se da por
terminada en forma definitiva cualquier acción que pudiera
existir en relación con las obligaciones surgidas en virtud de la
Resolución No. REDI 008106 del 13/02/2015 y los valores
ordenados en el proceso judicial No.
17001233100019970304501”.
35. La sala agrega que el proceso ejecutivo no es el escenario
procesal para cuestionar la validez del contrato suscrito entre las
partes, máxime cuando ninguna referencia hubo antes por parte
del apoderado de los ejecutantes sobre este hecho antecedente
[…]”.
De los apartes transcritos de la providencia de 5 de diciembre de
2024 objeto de controversia, se advierte que lo pretendido por la
parte actora es que el juez de tutela haga un nuevo examen integral
de los argumentos expuestos en el proceso ejecutivo, con la finalidad
de que se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad
judicial accionada y se acoja la interpretación que propone, como si
el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a
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los previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas, en el cual el juez de
tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela
el carácter de un recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Igualmente, se destaca que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Aunado a lo anterior, la Sala no observa la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
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dado que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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