Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01404-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado Décimo Tercero
Administrativo del Circuito de Cartagena
Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) libertad personal
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena, porque, a su juicio, vulneraron “[…] mi derecho/cumplir mi deber de
defender el derecho a la libertad personal de LACIDES IRIARTE HERRERA […] al
debido proceso […]”, al haber proferido los autos de 6 de marzo y 1o. de marzo de
2025, respectivamente, dentro del proceso de habeas corpus identificado con el
número único de radicación 130013333013-2025-00045-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Adujo que el señor Lacides Iriarte Herrera “[…] está actualmente encarcelado
porque ni el juez ni su defensor impugnaron la constitucionalidad de la ley penal
que se aplica contra él […]”.
4.Manifestó que “[…] El reclamo prudencial de LACIDES IRIARTE HERRERA, que
se puede afirmar en cualquier momento durante o después del arresto, que estoy
expresando en su nombre, es simple: la Sala Plena del Tribunal Constitucional no
ha declarado el componente de penalización de ninguna disposición enumerada
en Ley 599 de 2000 "constitucional", incluida la disposición imputada a él. Desafío
a todos en Colombia para que demuestren que estoy equivocado, y si nadie puede
proporcionar tal demostración a Su Honor, entonces en su capacidad como juez
constitucional encargado de resolver esta acción legal, debe declarar el derecho
de debido proceso de LACIDES IRIARTE HERRERA fue violado por cada uno y
todos los jueces que participaron en su acción penal. Todos tenían el deber de
cuidar sus derechos y libertades […]”.
5.Expresó que el “[…] abogado defensor que estaba obligado a defender el
derecho del debido proceso de LACIDES IRIARTE HERRERA a impugnar al
legislador claramente no pudo proporcionar una defensa técnica competente de
dicho derecho […]”.
6.Indicó que “[…] el fiscal que imputó el cargo contra LACIDES IRIARTE
HERRERA sin tener y proporcionar al Juez una copia de la declaración de
constitucionalidad requerida pronunciada por la Tribunal Constitucional es culpable
de prevaricación por hacer cumplir una ley penal que no se ha declarado aplicable
[…]”.
7.Manifestó que el señor Lacides Iriarte Herrera está encarcelado, porque ni el juez
ni su defensor impugnaron la constitucionalidad de la ley penal que se le aplicó.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
8.Agregó que promovió una acción constitucional de hábeas corpus a favor del
señor Lacides Iriarte Herrera, con el fin de que se le protegiera su derecho
fundamental a la libertad personal y, en ese orden de ideas, solicitó que “[…] Por lo
tanto, en el ejercicio de mi derecho y de cumplimiento de mi deber solicito
respetuosamente por y en nombre de LACIDES IRIARTE HERRERA […]” su
liberación inmediata.
9.El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
providencia de 1o. de marzo de 2025, resolvió “[…] NEGAR la solicitud de habeas
corpus incoada por el señor Glenen Alexander Ross en representación del señor
Lacides Iriarte Herrera […]”.
10.El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 6 de marzo de
2025, resolvió lo siguiente:
[…] PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia, que negó la solicitud
de habeas corpus, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción
constitucional de habeas corpus presentada por el señor GLENEN ALEXANDER
ROSS en representación del señor LACIDES IRIARTE HERRERA […]”.
11.El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró lo siguiente:
“[…] En el sub lite, el señor Glenen Alexander Ross en representación del
señor Lacides Iriarte Herrera, solicitó la libertad inmediata de este último, por
considerar que ha sido prolongado, cabe resaltar que no manifestó las
razones por las cuales estima que dicha prolongación es ilegal, incumpliendo
uno de sus deberes contemplados en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley
1095 de 2006, como es exponer las razones por las cuales se considera que
la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.
En todo caso, en virtud a las facultades oficiosas que le imprime la norma
antes señalada al juez de habeas corpus en su artículo 5, se pudieron
verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean esta acción.
Se encontró probado lo siguiente:
• Que el señor Lacides Iriarte Herrera, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.047.477.622, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario San Sebastián de Ternera por disposición del Juzgado Penal
Municipal Ambulante – BACRIM de la ciudad de Barranquilla.
• Según la cartilla biográfica del interno remitida por el establecimiento
penitenciario el señor Lacides Iriarte Herrera se le dictó sentencia
condenatoria de primera instancia el 17 de marzo de 2021 por el Juzgado
Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla dentro del proceso
087586001106201601282, y se le impuso pena de prisión de 26 años y 6
meses por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para
delinquir.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
• De la documentación allegada por la Cárcel de Ternera se pudo determinar
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Tercera de
Decisión Penal al resolver la apelación interpuesta contra la sentencia de
primera instancia dictada en el proceso 087586001106 2016 01282 07,
mediante providencia de 24 de junio de 2024, ordenó decretar la nulidad de
dicho fallo.
El A-quo al verificar en el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial se constató que bajo el radicado 087586001106 2016 01282 08 se
está tramitando apelación de sentencia.
• También se tiene la información remitida por el Centro de Servicios del
Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Barranquilla en la que se señala
que indagado el grupo interno de programación y comunicación de audiencia
de este ente judicial SPOA. El cual manifiesta no existir registro en base de
dato solicitud y programación de audiencia dentro del
RAD08758600110620160128200, del señor LACIDES IRIARTE HERRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.477.62219.
Ahora bien, este Tribunal amparado en la posición de la Corte Suprema de
Justicia ha manifestado en casos similares a este que el habeas corpus no
puede constituirse en una instancia ordinaria o adicional a los mecanismos
instituidos al interior del proceso para resolver la libertad de una persona
detenida. En todo caso, le corresponde al detenido solicitar ante el juez de
ejecución de penas la libertad a la que alude tiene derecho […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, se tiene que, como ya se había mencionado, el habeas
corpus es improcedente para resolver solicitudes de libertad cuando se
encuentra pendiente el pronunciamiento del juez natural. En ese orden de
ideas, no hay lugar en esta instancia y a través de esta acción para ordenar
la libertad de una persona detenida que aún no ha sido elevada ante su juez
natural.
Por otra parte, el H Consejo de Estado, ha establecido que el juez
constitucional del hábeas corpus -ante la no advertencia de una palmaria o
flagrante ilegalidad de la privación de la libertad- no puede controvertir los
argumentos contenidos en las providencias proferidas por los órganos
judiciales competentes que validaron previamente la restricción de la libertad,
pues ello convertiría al juez constitucional en una tercera instancia dentro de
la actuación penal, lo cual es inadmisible.
La Corte Constitucional ha señalado que son cuatro los eventos que dan
lugar a la procedencia del hábeas corpus como instrumento excepcional y
constitucional para la garantía de la libertad: i) cuando el detenido en
flagrancia no es puesto a disposición de la autoridad competente dentro de
las 36 horas siguientes a su captura, ii) cuando la autoridad pública mantiene
privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado
legalmente su libertad, iii) en los supuestos en que se prolonga la detención
por un tiempo o plazo superior al dispuesto en la Constitución o la ley y iv)
cuando se omite dentro de los términos legales la solicitud de libertad
provisional.
Por lo expuesto, es dable concluir que la presente acción es improcedente
por no haberse agotado los mecanismos ordinarios del proceso penal para
la obtención de la libertad provisional del solicitante, por lo que se revocará
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
la decisión de primera instancia que negó el mismo, y en su lugar se
declarará la improcedencia de la acción […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. La Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por el actor, evidencia que
la pretensión principal es que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso y a la libertad personal del señor Lacides Iriarte Herrera y, en ese orden de
ideas, que se deje sin efectos jurídicos las providencias de 6 de marzo y 1o. de marzo
de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartagena, respectivamente, dentro del proceso de
habeas corpus identificado con el número único de radicación 130013333013-
2025-00045-01
Actuación
13.El Despacho sustanciador, mediante auto de 1o. de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Bolívar y al juez décimo tercero Administrativo del Circuito de Cartagena; y iii)
vinculó como terceros con interés legítimo al Juzgado Primero Penal Especializado
de Barranquilla, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Cartagena, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Barranquilla, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario San Sebastián de
Ternera de Cartagena y al señor Lacides Iriarte Herrera, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
14. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Barranquilla
señaló que:
[…] Así las cosas, puede el señor magistrado observar que, de los hechos narrados
en el escrito de tutela no hay ninguna actuación de este Centro de Servicios que
haya vulnerado los derechos fundamentales del accionante. En tal sentido,
solicitamos respetuosamente a su despacho, se sirva desvincularnos de la presente
acción constitucional, como quiera que no existe transgresión de las garantías
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
constitucionales alegadas por el tutelante, por parte de esta dependencia
administrativa […]”.
15.El Tribunal Administrativo de Bolívar expresó que:
“[…] Frente a la legitimación en la causa por activa, se resalta y reitera que, si bien
para el trámite de habeas corpus la Ley 1095 de 2006 en su artículo 3 numeral 2,
establece que puede ser invocada por terceros en nombre del privado de la libertad,
sin necesidad de mandato alguno, no ocurre lo mismo en el caso de las acciones de
tutela como la que aquí se debate, la cual como se expuso en párrafos anteriores si
necesita mandato para su representación, exceptuando casos como la agencia
oficiosa, la cual también debe cumplir requisitos para invocarse.
En el presente asunto, no se allegó con el escrito de tutela el poder debidamente
conferido por el señor Lacides Iriarte Herrera al señor Glenn Alexander Ross, para
su representación en esta acción, lo cual configura la falta de legitimación en la
causa por activa para actuar en este trámite […]”.
16.El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena
allegó al presente trámite de tutela, información de las diferentes actuaciones
procesales en materia penal referente al caso del señor Lacides Iriarte Herrera.
17.El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena señaló lo
siguiente:
“[…] De lo expuesto de concluye que no existe violación de los derechos que alega
el demandante como violados porque:
En lo que se refiere al derecho de cumplir con su deber de defender el derecho a la
libertad personal del señor Lacides Iriarte Herrera, no es cierto pues se le reconoció
al actor su calidad de representante del señor Iriarte Herrera quien indicó que se
encontraba privado de la libertad, pese a que tal como se dejó sentando en el auto
que avocó el cocimiento y la providencia que resolvió el habeas corpus la solicitud
elevada carecía de los elementos mínimos que según el artículo 4° de la Ley 1095
de 2005 deben contener este tipo de peticiones, pues no se consignaron las razones
por la cuáles la privación de la libertad del mencionado señor se considera injusta o
arbitraria, ni en tiempo o fecha de la reclusión, ni la autoridad que hubiere dispuesto
la privación de la libertad, como tampoco la identificación del proceso dentro del cual
se adoptó tal decisión.
Solo se señaló el nombre del privado de la libertad, señor Lacides Iriarte Herrera, se
aportó copia de la cédula de ciudadanía, y dijo que se encontraba recluido en el
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad San Sebastián de
Ternera de esta ciudad […]”.
18. El Establecimiento Penitenciario y Carcelario San Sebastián de Ternera de
Cartagena y Lacides Iriarte Herrera, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y con el artículo 133 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
21.En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: determinar si, se cumplen o no los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, en especial si el actor está legitimado en la causa por activa para
interponer la presente acción, y en caso de que la respuesta al anterior interrogante
sea afirmativa, establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales dentro del marco del habeas corpus,
concretamente, si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Glenen Alexander Ross
22.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) el marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la libertad personal; iv) análisis del caso en concreto y, finalmente v)
las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación en la
causa por activa
23.El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 prevé: “[…] Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
[…]”; y ii) el artículo 10 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, sobre la
legitimidad e interés dispone lo siguiente:
“[…] Articulo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
[…]” (Destacado fuera de texto).
24.En ese orden de ideas, la acción de tutela puede ser interpuesta directamente
por i) el titular de los derechos fundamentales, ii) a través de apoderado donde se
acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa.
25.La Sección Primera de esta Corporación ha considerado sobre la legitimación en
la causa por activa, lo siguiente6:
“[…] La jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa
como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso”, de manera que cuando una de las
5 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero de
2020, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 250002324000-2000-
00307-03.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una
decisión favorable a las pretensiones demandadas.
[…]
“En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición
o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación
sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés
sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada”. […]
Así, la legitimación en la causa supone un presupuesto para el estudio de fondo
de un asunto ante la administración de justicia, en tanto se debe demostrar la
relación sustancial entre el demandante, el demandado y las pretensiones del
juicio […]”.
26.La Corte Constitucional ha considerado que “[…] la legitimación en la causa por
activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela
tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante […]”7. Sobre el particular
ha reiterado lo siguiente8:
“[…] Según lo indicado por la jurisprudencia constitucional y las disposiciones
superiores pertinentes (Art. 86 C.P.), un primer requisito de procedibilidad de
la acción de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se
encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección
de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa” exige que el
derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado
en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona […]”
(Destacado fuera de texto).
27.Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la agencia oficiosa ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:
“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos requisitos que
deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente oficioso de otra persona.
En primer lugar, debe manifestar que actúa en tal calidad. En segundo lugar, debe
encontrarse acreditado en el expediente que la persona a favor de quien actúa no
puede interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no es
necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el agenciado o
agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y en cuarto lugar, cuando ella
sea posible, debe existir una ratificación oportuna por parte del agenciado respecto
de los hechos o las pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin
embargo, los anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a
las circunstancias particulares de cada caso concreto9 […]”.
7 Corte Constitucional, sentencia T – 176 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
8 Corte Constitucional, sentencia SU – 173 de 16 de abril de 2015, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-844 de 8 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
28.Así las cosas y como quedó expuesto con fundamento en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, frente a la agencia oficiosa dentro del marco de la acción de
tutela se establecieron unos requisitos mínimos para su configuración, en donde el
juez constitucional al abordar el análisis del caso concreto si llegare a evidenciar
que no se cumple con alguno de los requisitos, debe declarar improcedente la
acción de tutela al no configurarse la calidad de agente oficioso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
29. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30. Atendiendo a que la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad
10 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
personal
31. El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:
“[…] Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales
y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y
medidas de seguridad imprescriptibles […]”.
32. La Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la libertad personal es
11
“[…] la posibilidad de encontrarse en situación material de autodeterminarse y
ejercer las otras libertades y derechos reconocidos expresamente o inherentes al
ser humano […]”.
Análisis del caso concreto
33.El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena, porque, a su juicio, vulneraron “[…] mi derecho/cumplir mi deber de
defender el derecho a la libertad personal de LACIDES IRIARTE HERRERA […] al
debido proceso […]”, al haber proferido los autos de 6 de marzo y 1o. de marzo de
2025, respectivamente, dentro del proceso de habeas corpus identificado con el
número único de radicación 130013333013-2025-00045-01.
34.De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo probatorio
para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
35.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
11 Corte Constitucional, Sentencia T-475 de 11 de octubre de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
36.1. Copia del escrito de tutela.
36.2. Copia de los informes rendidos por el Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Barranquilla, el Tribunal Administrativo de Bolívar, el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena y el
Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena en el presente
trámite de tutela.
36.3. Copia de la providencia de 6 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de habeas corpus identificado con el
número único de radicación 130013333013202500045-01.
Solución del caso concreto
37.Para la Sala al estudiar el presente caso evidencia que se trata de la
presentación de una acción de tutela por parte del señor Glenen Alexander Ross
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cartagena, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir el auto de 6 de
marzo de 2025; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 1o. de marzo de 2025, dentro
del proceso de habeas corpus identificado con el número único de radicación
130013333013202500045-01: vulneraron “[…] mi derecho/cumplir mi deber de
defender el derecho a la libertad personal de LACIDES IRIARTE HERRERA […] al
debido proceso […]”.
38.Sobre el particular, se debe establecer si el señor Glenen Alexander Ross tiene
legitimación en la causa por activa, para solicitar la protección de los derechos
fundamentales del señor Lacides Iriarte Herrera al debido proceso y a la libertad
personal.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
39.La Corte Constitucional frente a la configuración de la legitimación en la causa
por activa dentro del marco de la acción de tutela contra providencias que resuelven
un habeas corpus consideró lo siguiente12:
“[…] El accionante no es titular del derecho fundamental al debido proceso en el
marco de la acción de habeas corpus sub examine. El accionante pretende el
amparo del derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la decisión que
concedió la libertad del procesado. La Sala observa que en el asunto sub judice se
presenta una ausencia de vulneración del mencionado derecho y, por lo tanto, el
accionante carece de legitimación en la causa por activa. Lo anterior, por cuanto el
accionante no hace parte de la relación jurídico-procesal que se constituyó con
ocasión del trámite de la acción de habeas corpus referida y, por tanto, no es titular
del debido proceso en dicho trámite. Además, tal como se explicó en el párr. 15, el
mencionado proceso no es de carácter adversarial y, por ende, la única relación
relevante dentro de esta actuación es la que se consolida entre el juez y la persona
privada de la libertad. En esa medida, en el caso concreto, no resulta admisible
invocar la supuesta afectación del derecho fundamental al debido proceso de una
persona que, en estricto sentido, no hizo parte del mencionado proceso. Por contera,
el accionante carece de legitimación en la causa por activa, en tanto no es titular del
derecho al debido proceso cuya protección solicita mediante esta tutela […]”.
40.La Corte Constitucional de igual manera, frente al tema señaló lo siguiente13:
“[…] La finalidad del requisito de legitimación en la causa por activa es garantizar el
interés directo y particular del accionante respecto de las pretensiones planteadas
en el amparo, y de esta forma, verificar que “el derecho para cuya protección se
interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona.”. De esta forma, el accionante debe ser, en principio, el titular del derecho
fundamental vulnerado para que se considere satisfecho el requisito de legitimación
por activa en la acción de tutela […]”.
41.En ese orden de ideas, para la Sala, en el caso sub examine, el señor Glenen
Alexander Ross no tiene legitimación en la causa por activa, por cuanto no acreditó
que tiene la representación del señor Lacides Iriarte Herrera, ni mucho menos
manifestó la calidad de obrar como agente oficioso, razón por la que se evidencia,
además, el incumplimiento de los otros requisitos de esta figura, es decir, que (i)
del amparo se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (ii) que el presunto afectado ratifique lo actuado
dentro del proceso.
42.La Sala comparte plenamente lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en su informe de tutela, al señalar que “[…] Frente a la legitimación en la
causa por activa, se resalta y reitera que, si bien para el trámite de habeas corpus
12 Corte Constitucional, sentencia T-487 de 21 de octubre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Corte Constitucional, sentencia T-1191 de 25 de noviembre de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
la Ley 1095 de 2006 en su artículo 3 numeral 2, establece que puede ser invocada
por terceros en nombre del privado de la libertad, sin necesidad de mandato alguno,
no ocurre lo mismo en el caso de las acciones de tutela como la que aquí se debate,
la cual como se expuso en párrafos anteriores si necesita mandato para su
representación, exceptuando casos como la agencia oficiosa, la cual también debe
cumplir requisitos para invocarse […]”.
43.La Sala debe hacer énfasis, que si bien el actor en su escrito solicitó que se deje
sin efectos jurídicos las providencias de 6 de marzo y 1o. de marzo de 2025, proferidas
por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cartagena, respectivamente, dentro del proceso de habeas corpus, lo
cierto es que todas las pretensiones van encaminadas a que se protejan los
derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso del señor Lacides
Iriarte Herrera, por lo que no se cumple con el presupuesto procesal de la
legitimación en la causa por activa.
44.La Sala al revisar el caso concreto, considera que no se acreditaron los
requisitos para la configuración de la agencia oficiosa, toda vez que el señor Glenen
Alexander Ross en el escrito de tutela no manifestó obrar como agente oficioso de
Lacides Iriarte Herrera, ni mucho menos existen elementos probatorios al interior
del expediente que demuestren que este se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que le impida interponer, de manera autónoma y directa, la acción de
tutela, en donde además tampoco existió una ratificación por parte del agenciado
respecto de los hechos o las pretensiones que se encuentran en el amparo.
45. En efecto, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se infiere la
dificultad o imposibilidad del señor Lacides Iriarte Herrera para solicitar directamente
y por sí mismo, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la libertad personal, por lo que no se cumple con el presupuesto procesal de la
legitimación en la causa por activa.
Conclusiones de la Sala
46.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501404-00
Actor: Glenen Alexander Ross
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el actor
contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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