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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01412-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01412-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Organización Clínica General del Norte S.A.S. en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01412-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01412-00
Accionante: Organización Clínica General del Norte S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01412-00
Accionante: Organización Clínica General del Norte S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: indebido agotamiento de la vía gubernativa.
Subtema 3: subsidiariedad y ausencia de hechos y argumentos en la solicitud de
amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la Organización Clínica General del Norte S.A.S.,
en contra del Consejo de Estado, Sección Primera y del Tribunal Administrativo del
Atlántico.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Organización Clínica General del Norte S.A.S., a través de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró
vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de septiembre de 2016 y el
12 de septiembre de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de
Estado, Sección Primera, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-23-33-000-2003-02185-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01412-00, índice 2, certificado 88385161FE790BF4 340B07B7D94944A3
DDB21DEACFB4404D0BC9A4D9026C0028.

1

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Accionante: Organización Clínica General del Norte S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

2.
La División de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales2 (DIAN), adelantó visita a las instalaciones de la Organización Clínica
General del Norte S.A.S., en la cual le otorgó un plazo para que anexara la
documentación que demostrara el ingreso legal al país de unos equipos médicos
provenientes del extranjero.
3. La DIAN, mediante Acta núm. 0167 del 16 de abril de 2002, aprehendió la mercancía,
con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el Decreto 1232 de 2001. Posteriormente, el jefe del Grupo de
Infracciones de la División de Fiscalización de la DIAN, con Resolución núm. 1005 del
26 de junio de 2002, propuso el decomiso de los equipos.
4.
Seguidamente, la jefe de la División de Liquidación Aduanera de la DIAN, por medio
de la Resolución núm. 4562 del 27 de diciembre de 2002, ordenó el decomiso de la
mercancía; sin embargo, con la Resolución núm. 1108 del 23 de mayo de 2003, revocó
parcialmente el acto administrativo núm. 4562 de 2002 y ordenó la entrega de algunos
elementos a su propietario.
5. Más adelante, la entidad, a través de la Resolución núm. 0895 de 1 de abril de
2004, desestimó la solicitud de revocatoria directa planteada por la accionante.
6. La Organización Clínica General del Norte S.A.S. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se dejaran sin efecto los
referidos actos administrativos y se ordenara la devolución total de los equipos médicos
decomisados, por cuanto, afirmó, ingresaron en debida forma al territorio colombiano.
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 31 de marzo de 2005,
admitió la demanda y suspendió provisionalmente los actos administrativos
demandados3. Posteriormente, con sentencia del 29 de septiembre de 2016, resolvió
lo siguiente:

i) Declaró probada la ineptitud de la demanda respecto del Acta de Aprehensión
núm. 0167 de 2002 y de la Resolución núm. 1005 de 2002.

ii) Declaró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento de la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió para emitir
pronunciamiento de fondo respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la
Resolución núm. 1108 de 2003.

iii) Negó las demás pretensiones de la demanda.
8. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
9. El Consejo de Estado, Sección Primera, a través de providencia del 12 de
septiembre de 2024, confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

2
En adelante, DIAN.
3
Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002, Resolución núm. 1005 ce 26 de junio de 2002, Resolución núm. 4562
de 27 de diciembre de 2002, artículo 30 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003 y artículo 3 de la Resolución núm.
0895 de 1° de abril de 2004, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales

invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: Conforme a lo expuesto, desde ya solicitamos al señor Magistrado del
conocimiento, que tutele los derechos fundamentales que le asisten a mi poderdante AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE IGUALDAD y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y demás derechos que se consideren
vulnerados, consecuentemente decrete la NULIDAD Y/O DEJE SIN EFECTO las
sentencia del 29 de septiembre de 2016 y la del 12 de septiembre de 2024, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, respectivamente,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado
08001233100020030218500.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL C, de acuerdo con sus competencias y
obligaciones, a que en un término perentorio se profiera la decisión debidamente
motivada que en derecho corresponda, donde se haga un estudio de fondo minucioso
a lo pretendido por la parte accionante, O EN SU DEFECTO QUE PROFIERA UNA
NUEVA SENTENCIA CONCORDANTE CON LAS PRUEBAS RECAUDADAS Y
PRACTICADAS EN EL PROCESO 4.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico porque no valoraron
adecuadamente los documentos y los testimonios aportados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En concreto, no se tuvieron en cuenta los siguientes
elementos de prueba:

i) El recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución núm.
4562 del 27 de diciembre de 2002, «en una forma más coherente con el
requisito de procedibilidad del agotamiento de la vía gubernativa».
ii) La Resolución núm. 3194 del 31 de octubre de 2005, por medio de la cual se
dio por terminada la investigación administrativa en contra de la Organización
Clínica General del Norte.
iii) Los testimonios de los señores Martha Josefa Rueda Bustos y Flavio José
Ortega Gómez, que confirmaron la anterior situación.
12. Adicionalmente, indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental porque no actuaron dentro de los límites del procedimiento
previsto en el inciso cuarto del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, hoy 281
del Código General del Proceso, por cuanto no se pronunciaron sobre los efectos y
alcances de la Resolución núm. 3194 de 2005, pese a que se trataba de un «hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual vers[aba] el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda», que se encontraba probado en el
expediente del proceso ordinario.
13. Asimismo, advirtió que las decisiones acusadas tampoco analizaron los efectos del
auto del 31 de marzo de 2005, a través del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
suspendió provisionalmente los actos demandados.

4
Se transcribe incluso con errores.

3

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14.
Para la parte actora, lo anterior, desconoció el principio de congruencia previsto en
el artículo 281 del CGP, en concordancia con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente, mediante auto del 17 de marzo de 20255, admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, Sección Primera, puso en
conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados, esto es, la DIAN, y negó la
medida provisional invocada por la parte actora.
16.
Posteriormente, con auto del 4 de abril de 20256, se rechazaron por improcedentes
los recursos de reposición y apelación interpuestos por la accionante en contra del auto
del 17 de marzo de 2025.

2.4. Intervenciones
17. La Sección Primera del Consejo de Estado7 solicitó que se declare improcedente
porque la accionante no acreditó la existencia de un defecto fáctico ni procedimental,
como lo alegó en solicitud de amparo.
18. Así pues, indicó que en la providencia cuestionada se realizó una adecuada
valoración del material probatorio allegado al proceso, lo cual permitió explicar con
suficiencia y claridad las razones por las cuales se encontraba probada la excepción
de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que se
evidenció que la demandante no formuló de manera concreta argumentos tendientes a
cuestionar las decisiones de aprehensión y decomiso de la mercancía retenida.
19. Por otro lado, refirió que el argumento relacionado con la ausencia de análisis de
la Resolución núm. 3194 del 31 de octubre de 2005, por medio de la cual la DIAN dio
por terminada la investigación administrativa contra la accionante, no fue alegado en el
recurso de apelación, razón por la cual no se emitió pronunciamiento alguno, en
atención a los límites que le asisten al juez de segunda instancia para decidir el asunto
sometido a su consideración.
20. En lo que respecta al auto del 31 de marzo de 2005, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico suspendió provisionalmente los actos acusados, mencionó
que esta medida no tenía incidencia alguna en la resolución del litigio, por cuanto sus
efectos fueron transitorios y no definieron la legalidad de las decisiones administrativas
cuestionadas, aunado a que la sentencia de segunda instancia se circunscribió a
analizar los puntos sobre los cuales se concretó el recurso de apelación.
21.De este modo, concluyó que la accionante pretende reabrir un debate jurídico
debidamente concluido y utilizar este mecanismo de protección constitucional como
una tercera instancia, fundado únicamente en su desacuerdo con lo decidido en la

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01412-00, índice 5, certificado núm. 0519EFAE480252F2 53290BE553C3FAF9
A37E88F0CD9CC819 819524D3D3E4663C.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01412-00, índice 17, certificado núm. 636AB40BEC208517 89DA9587940F5E2B
85BD202C6DE60BA1 3051C77E8E55875D.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01412-00, índice 12, certificado núm. 91E9300E76B297CC E75A81E014B3E13E
DA689E13CD8BD922 58969AA1ED613F50.

4

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sentencia del 12 de septiembre de 2024 y no en la supuesta vulneración de derecho
fundamental alguno.
22. La Sala de Decisión Oral «C» del Tribunal Administrativo del Atlántico 8
manifestó que la solicitud de amparo es improcedente porque en su contenido no se
estructura ninguno de los requisitos generales y causales específicas de procedencia
de la acción constitucional en contra de providencias judiciales.
23. Asimismo, resaltó que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional a las que el legislador ha establecido en los procesos ordinarios, pues ello
desnaturaliza el fin que persigue este mecanismo constitucional.
24.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)9 solicitó que se declare
improcedente la tutela porque el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez
que la accionante no desarrolló una carga argumentativa necesaria para acreditar que
la sentencia cuestionada constituye una restricción desproporcionada de los derechos
fundamentales reclamados.
25. De esta manera, afirmó que la tutelante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional para discutir asuntos meramente legales,
lo cual hace que la acción resulte improcedente.
26. Por otra parte, indicó que las providencias judiciales acusadas no incurrieron en
ningún defecto especificó, pues estas se encuentran ajustadas al ordenamiento
jurídico; contrario es que la parte actora exponga su inconformidad frente al criterio
jurídico de los jueces de instancia, lo cual de ninguna manera implica una vulneración
de las garantías constitucionales.
27. A partir de lo anterior consideró que las decisiones expedidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y la Sección Primera del Consejo de Estado no
desconocieron los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que se
fundamentaron en el material probatorio aportado al proceso ordinario y la normativa
aplicable al caso concreto, sin incurrir en alguna actuación arbitraria.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Organización Clínica General del Norte
S.A.S., en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado,
Sección Primera.

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01412-00, índice 11, certificado núm. A2BBC204DF68E96B C7A8749E12680C96
A442F3F1242A185F D1DC4D2496E2E106.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00489-00, índice 13, certificado 90CF8E4D2951FEEA 5A1785D5905BEAFA
6FA1A4F0D350194E EC96952D70D158AF.

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3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa de la Organización Clínica General del
Norte S.A.S. está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.
30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, Sección Primera porque fueron las
autoridades que profirieron las sentencias acusadas de vulnerar los derechos
fundamentales de la parte accionante.

3.3. Cuestión preliminar
31. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
32.En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 12 de septiembre de 2024 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por la Organización Clínica General del Norte S.A.S. en contra de la DIAN.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional11.
34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

6

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35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental
absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi)
decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii)
violación directa de la Constitución13.

3.5. Problema jurídico
37. La Sala debe decidir si la solicitud de amparo promovida por la Organización Clínica
General del Norte S.A.S. contra la Sección Primera del Consejo de Estado supera los
requisitos de subsidiariedad y de hechos y argumentos.
38. En caso afirmativo, se deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos
generales y, si a ello hay lugar, a establecer si la Sección Primera del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de la Organización Clínica General del Norte
S.A.S. De manera concreta, se tendrá que analizar si la autoridad accionada incurrió
en los defectos fáctico y procedimental, al proferir la sentencia del 12 de septiembre de
2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
08001-23-33-000-2003-02185-01.

3.6. Análisis del requisito de subsidiariedad y de hechos y argumentos
39. La Organización Clínica General del Norte S.A.S. pretende que se deje sin efectos
la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, por medio de la cual se confirmó la providencia del 29 de septiembre de 2016,
expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que: i) declaró la ineptitud de la
demanda respecto del Acta de Aprehensión 0167 de 2002 y la Resolución núm. 1005
de 2002; ii) declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento de la vía gubernativa y se inhibió para pronunciarse de fondo sobre los
ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 2003; y iii) negó las
demás pretensiones de la demanda.
40. Para la parte actora, la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico
porque no realizó una valoración adecuada de los testimonios y los documentos
aportados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En concreto, advirtió
que no se tuvieron en cuenta los siguientes elementos de prueba:

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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• El escrito de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución núm. 4562
del 27 de diciembre de 2002 «en una forma más coherente con el requisito de
procedibilidad del agotamiento de la vía gubernativa».

• La Resolución núm. 3194 del 31 de octubre de 2005, por medio de la cual se dio
por terminada la investigación administrativa desarrollada en contra de la
Organización Clínica General del Norte.

• Los testimonios de los señores Martha Josefa Rueda Bustos y Flavio José
Ortega Gómez, que confirmaban el contenido de esta última resolución.
41. En concreto, para la accionante, la valoración en conjunto de estos elementos de
prueba permitía estructurar un argumento con el cual era posible superar el requisito
del agotamiento de la vía gubernativa y desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos demandados en el proceso ordinario.
42. Adicionalmente, indicó que la autoridad accionada incurrió en defecto
procedimental porque no actuó dentro de los límites del procedimiento previsto en el
inciso cuarto del artículo 281 del Código General del Proceso, por cuanto no se
pronunció sobre los efectos y alcances de la Resolución núm. 3194 de 2005
43. Asimismo, advirtió que la decisión acusada tampoco analizó los efectos del auto
del 31 de marzo de 2005, a través del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
suspendió provisionalmente los actos demandados.
44. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales
y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para
garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades
de cada caso14.
45. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables15.
46.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales16. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante un
juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas

14
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
16
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

47. A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 24317 de la
Ley 1437 de 2011, (CPACA), el recurso de apelación procede en contra de los fallos
dictados en primera instancia.
48.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 247 del CPACA establece que el recurrente
deberá interponer y sustentar el recurso de apelación ante la autoridad que profirió
la providencia.
49. En efecto, el ejercicio del recurso de apelación impone a la parte impugnante la
carga argumentativa de demostrar el yerro en que incurrió el juez en la decisión
recurrida, para lo cual es necesario que se desarrolle una exposición clara y precisa de
las razones de hecho y de derecho por las cuales estima errada la postura del
funcionario de primera instancia, pues solo de esta manera es posible para la autoridad
de la segunda instancia abordar el ejercicio dialéctico respecto de su acierto y legalidad.
50. En este sentido, si el apelante incumple la carga de sustentar en debida forma el
recurso, el superior carece de competencia para pronunciarse sobre la decisión
censurada, la cual está lógica y jurídicamente limitada a las razones de inconformidad
del impugnante y a los asuntos inescindiblemente ligados a aquellas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 328 del CGP18.
51. En el caso bajo estudio, se observa que, la Organización Clínica General del Norte
S.A.S. presentó recurso de apelación en contra de la providencia del 29 de septiembre
de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, cuyos argumentos de
inconformidad se centraron los siguientes aspectos: i) el agotamiento de la vía
gubernativa, a través del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la
Resolución núm. 4562 de 2002 y; ii) la indebida aplicación del Decreto 2685 de 1999.
52. De este modo, se tiene que los argumentos relativos a la valoración de los efectos
de la Resolución núm. 3194 del 31 de octubre de 2005 y los alcances de las
declaraciones de los señores Martha Josefa Rueda Bustos y Flavio José Ortega
Gómez, en relación con el contenido de dicho acto administrativo, no fueron aspectos
propuestos en el recurso de apelación y, en ese sentido, la providencia del 12 de
septiembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, no realizó
un análisis de fondo sobre el asunto al momento de resolver las razones de la
impugnación ni advirtió alguna situación que permitiera efectuar un pronunciamiento de
oficio.
53. Ahora bien, aunque el apoderado de la Organización Clínica General del Norte
S.A.S., dentro del trámite del recurso de apelación, presentó escrito de adición en el
cual puso de presente la situación resuelta con la Resolución núm. 3194 de 2005, lo
cierto es que lo interpuso de forma extemporánea y esto impidió que la autoridad judicial
accionada se pronunciara respecto de ese argumento.

17
ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma
instancia:
18
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…].

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Accionante: Organización Clínica General del Norte S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

54.
Sobre el particular, conviene resaltar que la sentencia del 12 de septiembre de
2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, precisó lo siguiente:

Sea lo primero advertir que la Sala se abstendrá de valorar los argumentos presentados
en el escrito de adición al recurso de apelación, comoquiera que la sentencia de primera
instancia, según se puede constatar a folio 492 del cuaderno núm. 2 del expediente de
la referencia, fue notificada por edicto que se fijó en la Secretaría del Tribunal entre el
24 y 26 de octubre de 2016, y el término de ejecutoria corrió entre el 27 y 31 de octubre
de 2016, de ahí que la adición de 3 de noviembre de ese año resultó extemporánea.

55. Conforme con lo anterior, la Sala considera que la solicitud de tutela presentada
por la Organización Clínica General del Norte S.A.S. no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues las pruebas que, a juicio de la tutelante, no fueron analizadas por
la autoridad accionada no se plantearon en el recurso de apelación, motivo por el cual
la Sección Primera del Consejo de Estado no se refirió al asunto en la sentencia del 12
de septiembre de 2024.
56. En efecto, revisada la actuación judicial desatada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se colige que la accionante tuvo la oportunidad
procesal para sustentar adecuadamente el recurso de apelación interpuesto en contra
de la sentencia del 29 de septiembre de 2016; sin embargo, no actuó con la debida
diligencia en la defensa de sus intereses.
57. Al respecto, conviene mencionar que el carácter subsidiario de la acción de tutela
le impone al interesado la obligación de ejercer adecuada y oportunamente los medios
de defensa establecidos en el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
fundamentales. Esto, permite advertir que, para acudir a la acción de tutela, la parte
actora debe haber actuado con diligencia en los procedimientos ordinarios, pues lo
contrario implicaría que el mecanismo constitucional resulte improcedente.
58. En este sentido, para la Sala no es de recibo que la accionante pretenda hacer uso
de la tutela como si se tratara de una instancia adicional o una prolongación del proceso
ordinario, con el único propósito de exhibir argumentos que debieron ser planteados
dentro de los escenarios judiciales previstos por el legislador.
59. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo presentada
por la Organización Clínica General del Norte S.A.S., en contra de la Sección Primera
del Consejo de Estado, en relación con los cargos analizados, comoquiera que no
supera el requisito de la subsidiariedad.
60.
De otro lado, la parte actora alegó que la providencia objeto de tutela no valoró
adecuadamente el escrito de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución
núm. 4562 del 27 de diciembre de 2002.
61. Para justificar su argumento, expuso que en dicho documento se informó que «Con
relación a los ítems Nos. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, no hemos podido obtener las
pruebas, teniendo en cuenta que estos equipos fueron adquiridos por proveedores en
Colombia y hasta la fecha no nos han enviado las declaraciones de importación ni las
facturas […]».

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62.
Al respecto, es pertinente resaltar que la Sección Primera del Consejo de Estado,
en la sentencia cuestionada, precisó que en el «recurso de reconsideración presentado
en contra de la Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, la ORGANIZACIÓN
CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. omitió señalar los motivos de inconformidad
frente a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20» [sic]. Lo anterior, le permitió concluir que
la demandante no presentó de forma concreta las razones de discrepancia frente a la
mencionada Resolución núm. 4562 de 2002 por los referidos ítems de mercancías. Así
pues, a juicio de esta corporación, se configuró un indebido agotamiento de la vía
gubernativa.
63. A partir de lo expuesto, es posible advertir que el argumento expuesto por la
accionante, en modo alguno cuestiona los fundamentos desarrollados por la autoridad
judicial accionada en la sentencia cuestionada y, por el contrario, se limitan a reiterar
una situación planteada desde la presentación de la demanda.
64. En este orden, se observa que la parte actora no desarrolló una carga
argumentativa dirigida a demostrar que las actuaciones de la Organización Clínica
General del Norte S.A.S., en sede administrativa ante la DIAN, se surtieron en debida
forma y que el recurso de reconsideración se encontraba debidamente sustentado y
cumplía con los presupuestos suficientes para agotar la vía gubernativa reprochada por
la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento.
65. En efecto, los argumentos planteados por la accionante en el escrito de tutela, no
se dirigen a explicar las razones por las cuales la decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado podría catalogarse como arbitraria o caprichosa. Esto, por cuanto
no demuestra el carácter determinante y trascendental del documento, con el fin de
establecer si su contenido permitía superar las circunstancias que le impidieron a la
autoridad judicial accionada analizar de fondo los cargos de nulidad planteados en
contra de los actos administrativos demandados y con ello modificar el sentido de la
providencia.
66. Bajo este escenario, no es posible advertir que la situación planteada por la
accionante pueda catalogarse como uno de los supuestos descritos por la
jurisprudencia constitucional para que se estructure el defecto fáctico.
67. En los términos expuestos, la Sala advierte que los cargos de la solicitud de tutela
sometidos a discusión en esta sede constitucional no superan el requisito general de
exposición suficiente de argumentos, en la medida en que se dirigen a reiterar
situaciones presentadas en el trámite del proceso ordinario y, por ende, no están
orientados a controvertir las razones que expuso la Sección Primera del Consejo de
Estado y que sustentaron la decisión del 12 de septiembre de 2024.
68. En relación con el requisito de exposición suficiente de argumentos, es preciso
indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo deberá exponer con la
mayor claridad posible la acción u omisión que la motiva, el derecho que se considera
amenazado, el nombre de la autoridad accionada, y la descripción de las demás
circunstancias relevantes para decidir la solicitud.
69.
Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de

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procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

70. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa
mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión judicial
enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos fundamentales» 19.

71. En este orden, esta subsección considera que los argumentos planteados en la
solicitud de amparo más allá de proponer un genuino debate constitucional, con una
suficiente carga argumentativa y probatoria tendiente a demostrarle al juez de tutela la
existencia del defecto fáctico alegado, se limitó a indicar la forma en que el juez
administrativo debió valorar los hechos y las pruebas para que se garantizara la
satisfacción de sus intereses particulares.
72. Finalmente, respecto del defecto fáctico por falta de valoración del auto del 31 de
marzo de 2005, a través del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió
provisionalmente los actos demandados en el proceso ordinario, la Sala se limitará a
expresar que la parte tutelante no explicó los motivos por los que dicha providencia
resultaba determinante de cara al análisis probatorio que sustentó el fallo del 12 de
septiembre de 2024, ni expuso de qué manera contradecía las consideraciones de la
Sección Primera del Consejo de Estado y cómo incidían de forma trascendental en la
decisión final.
73. Adicionalmente, se observa que la providencia del 31 de marzo de 2005 fue
expedida al interior del proceso ordinario y su contenido no limitaba la discusión y el
análisis del litigio, por lo que los argumentos de la sentencia que desestimaron las
razones planteadas en el mencionado auto no pueden configurar un defecto fáctico.
74. Por lo expuesto, la Sala considera que el cargo expuesto por la parte actora, en
relación con el auto del 31 de marzo de 2005 tampoco supera el requisito de suficiencia
argumentativa.

19
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm. 25000-23-36-000-
2019-00003-01(AC).

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IV. CONCLUSIONES
75. En consecuencia, dado que el escrito de tutela que presentó la Organización
Clínica General del Norte S.A.S. no superó el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad ni de hechos y argumentos suficientes, la Subsección declarará
improcedente la solicitud de amparo constitucional.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Organización Clínica General del Norte S.A.S. en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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