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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01420-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01420-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Ramírez Díaz contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte considerativa. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01420-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-01
Demandante: Roberto Ramírez Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01420-01
Demandante: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Tema: Contra providencia judicial que se abstuvo de abrir incidente de
desacato.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial del señor Roberto
Ramírez Díaz, quien actúa en nombre propio y en representación de la Asociación
Afrodescendiente Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados de la
Comunidad de Roche contra la providencia de 24 de abril de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Gobernación de La Guajira, la
ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio Interior.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la parte actora contra el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.
(…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de marzo de 2025, el señor Roberto Ramírez Díaz, quien actúa en nombre propio
y en representación de la Asociación Afrodescendiente Pro Defensa Nativos y
Descendientes Desplazados de la Comunidad de Roche, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de La Guajira por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, la libertad de culto y los derechos
colectivos de autorreconocimiento y a ser reasentados. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«1- Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, autonomía,
autorreconocimiento, derechos hacer (sic) reasentados y libertad de culto de las 286
personas de la comunidad afrodescendientes de roche viejo no reasentadas municipio de
Barrancas La Guajira, vulnerados por el auto de fecha 18 de noviembre del año 2024
proferido por el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira Ministerio del Interior y
empresa Carbones del cerrejón limited, ocasionando perjuicio irremediables por no
conceder lo ordenado en los ordinales segundo y tercero de la sentencia del Consejo de
estado.

2- Ordenar dejar sin efectos el auto de fecha 18 de noviembre del año 2024, proferido por
el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, por violar el artículo 13, 29 y 94 de la
carta política, violar los ordinales segundo y tercero de lo establecido en la sentencia del
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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

Consejo de estado, y en su defecto ordenar que se profiera un nuevo auto acorde a los
ordinales segundo y tercero, donde se incluyan el plan de reasentamientos de las 286
personas de la comunidad étnica de roche viejo no reasentada para que se garantice la
subsistencia , social, cultura, espiritual y territorial colectiva, porque se están cometiendo
unos perjuicios irremediables y comenzar a las 286 personas beneficiadas modificando
los acuerdos de fecha 23 de junio de 2022, esa compensación es por los daños y perjuicios
de los traslados forzosos de los restos mortales de sus seres queridos del cementerio del
viejo roche a un lugar escogido por cada familia.

3- Ordenar al Ministerio del interior y a la empresa Carbones del cerrejón limited, que
convoquen a una asamblea general donde participen las 286 personas para modificar los
acuerdos de fecha 23 de junio del año 2024, para incluir el Plan de reasentamiento de las
286 personas de la comunidad afrodescendientes de roche viejo no reasentadas, porque
las 286 personas nunca manifestaron que no querían el plan de reasentamiento, esa
decisión la tomó de manera unilateral la empresa carbones del cerrejón limited, porque ni
siquiera es facultad del consejo comunitario ancestral del caserío de roche, ya que el
reasentamiento es un derecho colectivo fundamental irrenunciable de las 286 personas, y
ese derecho esta tutelado en el ordinal tercero de la sentencia del Consejo de estado,
porque para poder subsistir, social, cultural, espiritual como eran antes, deben estar
reasentadas las 286 personas de la comunidad étnica del viejo roche no reasentadas, sino
desaparecerán muy pronto su tejido social, además en este caso en concreto debe aplicar
el derecho fundamental a la igualad (sic) de la misma manera como la empresa carbones
del cerrejón limited, reasento a las 25 familias en el nuevo roche municipio de Barrancas
La Guajira, en el año 2003, de no hacerlo así se estará violando el derecho fundamental a
la igualad (sic).»
(se transcribe con posibles errores)

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Relacionado con la acción de tutela 44001 23 40 000 2016 00058 00/01

En el año 2016, el señor Roberto Ramírez Díaz, como representante legal del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, ubicado en el municipio de Barrancas
(La Guajira) promovió acción de tutela contra la Nación – Ministerio del Interior,
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) y Carbones de Cerrejón Limited, con el fin de que se
ampararan los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la
igualdad de la comunidad.

Como fundamento del recurso de amparo señaló que:

(i) La comunidad a la que pertenece se asentó en el municipio de Barrancas (La
Guajira) desde finales del siglo XIX, sobre en territorio ancestral de
aproximadamente 4.000 hectáreas con gran riqueza de flora, de fauna y de fuentes
hídricas;
(ii) La empresa Carbones de Cerrejón Limited pretende adelantar un proyecto de
explotación de carbón sobre el territorio referido, por lo que se dispuso que la
comunidad fuera reasentada en un territorio denominado Nuevo Roche, donde
habitaban 25 familias, el cual abarca una extensión aproximada de 12 hectáreas y
fue construido, como parte del compromiso asumido con algunas familias residentes
en el caserío de Roche, y cuenta con colegio, cementerio y canchas deportivas, bajo
la modalidad de propiedad horizontal;
(iii) Que existen varias inconsistencias en el proceso de reasentamiento, pues el espacio
es más pequeño y no se pueden desarrollar las actividades que se venían realizando
en el caserío de Roche; la conformación de una propiedad horizontal no es aplicable
para los grupos étnicos; el reasentamiento no se ha hecho con enfoque diferencial;
los programas sociales de la empresa se han implementado de manera discrecional;
el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche ha presentado varias

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peticiones para incluir nuevas familias en el proceso, sin obtener respuesta; y,
consideró que era necesario el traslado del cementerio del antiguo territorio ancestral
al nuevo sitio de reasentamiento y que cada familia de difunto sea indemnizada por
ello.

Mediante sentencia del 7 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de La Guajira
amparó el derecho a la consulta previa invocado por el señor Roberto Ramírez Díaz,
en representación de los miembros de la comunidad de Roche. En consecuencia, se
ordenó a la entidad demandada que, en un plazo no superior a un (1) mes,
estableciera mesas de trabajo y socialización con la participación activa de la
comunidad representada por el accionante, con el objetivo de verificar el cumplimiento
de lo acordado y garantizar el traslado de los restos mortales que descansan en el
antiguo cementerio del Caserío de Roche.

La parte actora impugnó la anterior decisión, solicitó que se adoptaran otras medidas
que permitieran proteger y garantizar efectivamente los derechos fundamentales de
la comunidad afrodescendiente de Roche.

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 9 de diciembre de 2016,
confirmó el fallo de primera instancia y lo adicionó en los siguientes términos:

«TERCERO: ADICIONAR el citado fallo, en el sentido de ordenar a la empresa Carbones
del Cerrejón Limited, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de negros
afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La
Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT-, se incluya a los pobladores que vendieron
sus derechos a Intercor y a Carbones de Cerrejón desde el año 1997, cuando se inició el
proceso de reasentamiento, proceso en el cual se evaluarán y definirán las medidas que
deban adoptarse para que los beneficios, compensaciones e indemnizaciones sean
otorgadas a todos los integrantes de la comunidad que habitó el caserío de Roche
consultando el principio de igualdad.

CUARTO: ORDENAR que con la participación de los 25 grupos familiares reasentados en
el predio denominado San Francisco, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación este fallo, se adelante un proceso consultivo en el que, con respeto por el
derecho al consentimiento previo, libre e informado, se llegue a un acuerdo sobre la forma
de propiedad que adoptará el nuevo asentamiento, de manera que consulte el principio de
igualdad, tenga en cuenta su identidad social y cultural y garantice la subsistencia de la
comunidad de afrodescendientes de Roche.

QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior que coordine y haga seguimiento al
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo del proceso de
consulta previa que se ordena realizar, haga las recomendaciones respectivas y rinda
informes mensuales al juez de tutela de primera instancia sobre el avance del proceso de
consulta previa y la implementación de los compromisos asumidos por la empresa
Carbones Cerrejón.»

La decisión se basó en el desconocimiento del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT
y el bloque de constitucionalidad, porque el proceso de reasentamiento de las familias
de la comunidad se adelantó de manera segregada y sin tener en cuenta la identidad
de la comunidad afrodescendiente.

Por cuanto: (i) desde la fecha en que la accionada inició los procesos de adquisición
de predios (1997), no había adelantado convocatoria a consulta de la comunidad
afrodescendiente; (ii) la comunidad reubicada no tuvo acompañamiento en el proceso
de la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación; (iii) la adopción

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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

de un régimen de propiedad horizontal en el Nuevo Roche afectó la identidad cultural
de la comunidad y desconoció su derecho a la propiedad colectiva,

Del incidente de desacato

El señor Roberto Ramírez Díaz promovió incidente de desacato, al considerar que en
el Acuerdo suscrito el 23 de junio del año 2022, mediante el cual la comunidad
afrodescendiente de la Roche, protocolizó el proceso de consulta previa con la
sociedad Carbones del Cerrejón Limited, el cual beneficiaría a 286 personas, no está
conforme con lo establecido y exigido por el ordinal segundo y tercero del fallo de
tutela proferido por el Consejo de Estado.

Al respecto, aseguró que: (i) no han realizado las gestiones tendientes a la reubicación
del cementerio ancestral; (ii) la instalación de mesas de trabajo para recibir apoyo
social por parte del Estado y, (iii) el reasentamiento de más de 286 personas de la
comunidad que todavía no han sido reubicadas.

El actor señaló que el incumplimiento se debía a que en el acuerdo protocolizado que
suscribieron producto de la consulta previa, no quedó establecido el procedimiento
para el traslado del cementerio ancestral, ni el resarcimiento de 286 personas que
firmaron el acuerdo, pero que solo se beneficiario del pago de una suma de dinero.

Mediante auto del 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira
ofició a la Nación – Ministerio del Interior y a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited
para que informaran sobre las acciones que han adelantado para dar cumplimiento a
los numerales segundo y tercero del fallo de tutela de 9 de diciembre de 2016,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, concretamente, sobre los
hechos descritos en el incidente de desacato.

Las autoridades referidas rindieron informe y el Tribunal Administrativo de La Guajira
en providencia del 18 de noviembre de 2024, resolvió abstenerse de abrir incidente
de desacato, al considerar que el Ministerio del Interior y la sociedad Carbones del
Cerrejón Limited, ha dado cumplimiento a las órdenes del fallo de tutela, adelantando
el proceso consultivo, reconociendo y disponiendo el pago de las compensaciones e
indemnizaciones pertinentes a los beneficiarios y, realizando las gestiones para el
cumplimiento del mismo, las cuales consideró «…avanzan conforme se logran acuerdos
dentro de las mesas de trabajo como ha quedado acreditado con las pruebas arrimadas al
plenario».

3. Argumentos de la acción de tutela

El señor Roberto Ramírez Díaz indicó que, el Tribunal Administrativo de La Guajira
incurrió en defectos fáctico, por indebida valoración de las pruebas aportadas al
expediente del incidente de desacato y procedimental porque la decisión judicial
desconoció el procedimiento legal previsto para el caso concreto en los ordinales
segundo y tercero del fallo de tutela.

Adicionalmente, señaló que se configuró un defecto sustantivo, porque se fundó en
normas inexistentes para el caso concreto y que existe una violación directa a la
Constitución, pues aseguró que la providencia vulneró los artículos 13, 29 y 93
superior.

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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

Por otra parte, afirmó que el presente caso cumple con el requisito de relevancia
constitucional, ya que la decisión de no tramitar el incidente de desacato que
cuestiona, vulnera sus derechos fundamentales, porque el Ministerio del Interior y la
sociedad Carbones del Cerrejón Limited han incumplido el fallo de tutela:

(i) al excluir del proceso de reasentamiento a 286 personas de la comunidad
afrodescendiente, las cuales han sido desplazadas de su territorio colectivo para la
explotación del carbón, y ahora carecen de un lugar donde puedan vivir de manera
social, cultural y espiritualmente adecuada; (ii) además, no se ha brindado una
compensación por los daños ocasionados al sitio sagrado (cementerio) debido a los
traslados forzosos de los restos mortales de sus seres queridos.

Que, la situación descrita constituye un perjuicio irremediable, pues mientras no se
logre el reasentamiento en tierras colectivas, se pone en grave riesgo la supervivencia
social, cultural y espiritual de las 286 personas afectadas, quienes son sujetos de
especial protección.

En el Acuerdo del 23 de junio de 2024 no se consideraron adecuadamente los
derechos de dichas familias, por lo que debió haber sido revisado por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, con el fin de que ordenara su inclusión en el plan de
reasentamiento, ya que esto resulta esencial para garantizar la subsistencia de la
comunidad étnica.

Asimismo, aseguró que se cumplen los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial: (i) el de inmediatez, dado que se
promueve cuatro meses después de la notificación de la decisión cuestionada; (ii) la
providencia censurada no constituye un fallo de tutela; (iii) el de subsidiariedad, pues
el recurso de amparo es el único mecanismo idóneo y eficaz disponible para las 286
personas de la comunidad afrodescendiente de Roche Viejo que aún no han sido
reasentadas, quienes están viendo vulnerados sus derechos fundamentales, dado
que los recursos ordinarios son lentos y no garantizan la protección urgente de sus
derechos bajo los términos invocados.

4. Trámite previo

El 14 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al accionante, al Tribunal Administrativo de La Guajira, en
calidad de accionado y ordenó la vinculación como terceros con interés al Ministerio
del Interior, al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al departamento
de la Guajira, a la Defensoría del Pueblo y a la empresa Carbones del Cerrejón
Limited.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de La Guajira pidió que se negaran las pretensiones de
la acción de tutela, porque la decisión adoptada no incurrió en los defectos alegados
ni vulnera los derecho de la parte actora, o que de forma subsidiaria se declare
improcedente el recurso de amparo, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, porque las pretensiones están orientadas a constituir una instancia
adicional del trámite incidental.

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Indicó que no se incurrió en el defecto fáctico alegada, pues la decisión adoptada, se
fundó en las pruebas aportadas al proceso las cuales fueron valoradas en conjunto,
al punto que en las consideraciones hizo un comparativo entre las órdenes dadas en
el fallo de tutela que se alegaron como incumplidas y los informes presentados por las
entidades, con el fin de establecer si en efecto existía mérito para iniciar el trámite
incidental.

Que no se configuró el defecto procedimental alegado, pues adelantó el trámite
dispuesto por el legislador para determinar la procedencia o no de iniciar el incidente
desacato, realizando un requerimiento previo a las autoridades accionadas, y luego
emitiendo pronunciamiento al respecto. Que, en todo caso, el actor no señaló que
trámite se desconoció para el cumplimiento de los ordinales segundo y tercero del fallo
de tutela, careciendo de argumento su afirmación.

Aseveró que la decisión cuestionada, se fundó en las disposiciones del Decreto 2591
de 1991 y en la jurisprudencia constitucional que se ha desarrollado sobre la
procedencia y trámite del incidente de desacato, por lo tanto, no se configuró el defecto
material alegado.

6. Terceros con interés

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues carece de competencia para
conocer temas relacionados con la resolución de un incidente de desacato y el
cumplimiento de las ordenes 2 y 3 del fallo de tutela, las cuales se encuentran en
cabeza del Ministerio del Interior, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta
Previa y la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Relató que es una entidad con autonomía administrativa y financiera, encargada de
otorgar o negar licencias y permisos ambientales, hacer seguimiento a estos trámites
y llevar a cabo investigaciones y sanciones en materia ambiental. Que, su función
principal es garantizar que los proyectos y actividades sujetas a licencias cumplan con
las normas ambientales, aunque su autonomía está limitada por las funciones que
debe cumplir como parte del Ministerio de Ambiente.

Afirmó que, no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la parte
actora, por lo que considera improcedente la vinculación al presente trámite
constitucional, pues los hechos referidos están directamente relacionados con
decisiones de terceros.

Finalmente señaló que, ha dado cumplimiento a las ordenes impartidas por las
autoridades judiciales y a las funciones y atribuciones que se encuentran dentro de la
Constitución y la Ley.

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible adujo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, en consecuencia, pidió que se le desvinculara del
presente trámite constitucional.

Lo anterior, al considerar que no es la autoridad llamada a responder por las acciones
u omisiones invocados por el actor, pues no tiene competencia para pronunciarse
sobre la legalidad de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, ni sobre el trámite y acuerdos producto del proceso de consulta previa.

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La Gobernación de La Guajira alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva,
por lo tanto, se le debe desvincular de la presente acción de tutela, pues no ha
vulnerado los derechos fundamentales deprecados y dentro de sus competencias no
tiene los procesos del plan de reasentamiento de la comunidad Afrodescendiente de
Roche Viejo.

La sociedad Carbones del Cerrejón Limited pidió que se negaran las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia, porque no ha transgredido ningún derecho
fundamental de la parte actora y no se cumplen los presupuestos de procedibilidad de
la acción de tutela.

Aseguró que el tutelante no argumentó las razones por las cuales considera que se
configuraron los defectos fáctico y procedimental con la decisión del Tribunal
Administrativo de La Guajira de no dar trámite al incidente de desacato.

Que, las pretensiones de la acción de tutela están orientadas a que se deje sin efectos
el auto de 18 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de La
Guajira y, en consecuencia:

(i) se profiera una nueva decisión en la cual se incluya el plan de reasentamiento de
las 286 personas de la comunidad étnica de Roche y compensarlas, modificando los
Acuerdos suscritos el 23 de junio de 2022; y, (ii) ordenar al Ministerio del Interior y a
la sociedad Carbones Cerrejón Limited que convoquen a una asamblea general donde
participen las 286 personas para modificar los Acuerdos de fecha 23 de junio de 2022,
para incluir el plan de reasentamiento de las 286 personas de la comunidad de Roche.

Precisó que, la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira se basó en las
pruebas aportadas al expediente, con las cuales pudo evidenciar que se ha dado
cumplimiento al fallo de tutela del 9 de diciembre de 2016, proferido por el Consejo de
Estado, que se advierte es un conflicto interno entre la comunidad, pues el grupo
incidentante no se siente representado por el Concejo Comunitario de Roche,
además, los incumplimientos que se aducen ni siquiera están consignados en el
acuerdo consultivo.

Que, en la providencia se encontró además, que se adelantó el proceso de consulta
previa y fruto de ese proceso se suscribo un Acuerdo de protocolización el 23 de junio
de 2022, en el cual se pactaron unos compromisos que han sido atendidos por la
empresa accionada.

El Ministerio del Interior pidió la desvinculación del trámite de tutela ante su falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales
alegados por el tutelante, que el hecho de ser parte de la consulta previa, por medio
de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, no significa que deba
asumir la responsabilidad de ejecutar medidas compensatorias o de reasentamiento,
que han sido establecidas como responsabilidad de una empresa privada.

Que, las vulneraciones señaladas están relacionadas con la ejecución material de los
acuerdos, lo cual excede las competencias de esa entidad. Por lo tanto, solicitó la
desvinculación de este trámite, porque ha cumplido plenamente con sus competencias
en el marco de la consulta previa, conforme a la normativa aplicable.

Relató las actuaciones realizadas en cumplimiento del fallo de tutela y que puso en
conocimiento del Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de los que destacó: (i)
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el informe del 9 de mayo de 2022, en el que señaló que el proceso consultivo se
encontraba en etapa 5 de seguimiento de acuerdos con el propósito de asegurar el
cumplimiento de los mismos en un 100%.

Que, la fase de protocolización de acuerdos se había surtido el 23 de junio de 2022 y
la reunión de consulta previa el 23 de septiembre del mismo año; y, (ii) el oficio número
2023-2-002422-004493 Id: 82497 de 17 de febrero de 2023, en el que informó sobre
la nueva convocatoria a reunión de consulta previa en fase de seguimiento para el día
20 de abril de 2023

Posteriormente, enlistó las siete actas que se han suscrito dentro del proceso de
consulta previa ordenado en el fallo de tutela 1.

7. Sentencia de primera instancia

El 24 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó las solicitudes de
desvinculación formuladas por la ANLA, la Gobernación de La Guajira, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio Interior y, declaró improcedente la
acción de tutela, por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

Según el a quo, los cargos formulados en la presente acción de tutela «(…) no proponen
un debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental, ni tienen la connotación de configurar los defectos invocados».

Respecto al defecto fáctico, señaló que el alegato del actor se centró en aducir una
indebida y caprichosa valoración probatoria, pero de una lectura a priori de la
providencia cuestionada, encontró que estaba soportada en los elementos de juicio
aportados en el trámite incidental, que el análisis realizado no fue caprichoso o
contrario a las reglas de la sana crítica.

Por lo tanto, consideró que no era procedente hacer un análisis de fondo, pues no se
identificaron las pruebas, ni las máximas de la experiencia que, en sentir, de los
interesados, fue arbitraria.

En cuanto al defecto procedimental, indicó que el accionante no efectuó un ejercicio
hermeneútico adecuado que permitiera advertir la tensión de las garantías
constitucionales con la expedición de la providencia reprochada, ni advirtió la
modalidad de ocurrencia del defecto.

1
Las actas enlistadas fueron: (i) Acta Nro. 001 del 04 de mayo de 2016 “Instalación mesa de trabajo sobre traslado de difuntos
de la comunidad Roche”; (ii) Acta Nro. 002 del 05 de mayo de 2016 “Socialización de los compromisos contemplados en el
Contrato de sesión de Posesión de Lote, compraventa de mejoras y transacción parte 1 y 2 de la comunidad de Roche, para dar
cumplimiento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira sentencia 2016-00058”; (iii) Acta Nro. 003 del 15 de
junio de 2016 “Mesa de trabajo y socialización del esquema de traslado de difuntos cementerio de Roche y el cumplimiento de
planes y políticas pactados que fueron pactados por Carbones del Cerrejón en los contratos de Cesión y Posesión y cuyos
destinatarios son los habitantes de Roche, para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira
sentencia 2016-00058”; (iv) Acta Nro. 004 del 27 de julio de 2016 “Mesa de trabajo y socialización del esquema de traslado de
difuntos cementerio de Roche y el cumplimiento de planes y políticas pactados que fueron pactados por Carbones el Cerrejón
en los contratos de Cesión y Posesión y cuyos destinatarios son los habitantes de Roche, para dar cumplimiento al fallo del
Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira sentencia 2016-00058”; (v) Acta Nro. 005 del 25 de agosto de 2016 “Mesa
de trabajo y socialización del esquema de traslado de difuntos cementerio de Roche y el cumplimiento de planes y políticas
pactados que fueron pactados por Carbones el Cerrejón en los contratos de Cesión y Posesión y cuyos destinatarios son los
habitantes de Roche, para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira sentencia 2016-00058”;
(vi) Acta Nro. 006 del 20 de septiembre de 2016 “Mesa de trabajo y socialización del esquema de traslado de difuntos
cementerio de Roche y el cumplimiento de planes y políticas pactados que fueron pactados por Carbones el Cerrejón en los
contratos de Cesión y Posesión y cuyos destinatarios son los habitantes de Roche, para dar cumplimiento al fallo del Tribunal
Contencioso Administrativo de la Guajira sentencia 2016-00058”; y, (vii) Acta del 10 de abril de 2024 “Mesa de socialización en
cumplimiento a la orden referente al traslado de los restos mortales, fallo de tutela proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira dentro del expediente radicado bajo el número 44001-23-33-003-2016-0058-00 del 07 de abril de
2016, municipio de Barrancas-La Guajira”.
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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

Finalmente, respecto a la configuración del defecto sustantivo y la violación directa de
la Constitución, aseveró que de una revisión somera al auto censurado no se advierte
que esté sustentado en disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico. Además,
destacó que en el escrito de tutela no identificó las normas presuntamente aplicadas
ni explicó las razones por las que llegaba a esa conjetura.

Precisó que, en materia de tutela contra providencia judicial, se debe cumplir con el
deber de argumentar el concepto de violación, de manera que el juez constitucional
pueda evidenciar que la solución del caso permite desarrollar la Constitución Política
o el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.

8. Impugnación

El apoderado judicial del señor Roberto Ramírez Díaz impugnó el fallo de primera
instancia, insistiendo en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, autonomía, autorreconocimiento, libertad de culto y derecho a ser
reasentados de 286 personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de
Roche Viejo.

Aseguró que la providencia cuestionada desconoce el derecho a reasentarse de los
286 miembros de la comunidad a la que pertenece, sujetos de especial protección,
pues no cuentan con un territorio donde reubicarse y las entidades responsables se
niegan a realizar las mesas de trabajo para coordinar el traslado de los restos mortales
que se encuentran en el cementerio ancestral de Roche Viejo.

Que la decisión vulnera los numerales segundo y tercero del fallo de tutela y lo
dispuesto en el auto del 19 de marzo de 2019, del Tribunal Administrativo de La
Guajira, que ordenó incluir en los acuerdos las medidas de reasentamiento e
indemnizaciones, que esa es la razón por la cual solicita que el Acuerdo suscrito el 23
de junio de 2022, sea modificado y se ajusten a lo ordenado por las autoridades
judiciales de primera y segunda instancia que conocieron la acción de tutela.

Indicó que el referido Acuerdo del 23 de junio de 2022 solo fue aprobado por algunos
miembros del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, lo cual considera
irregular, pues debió aprobarlo la Asamblea General de la Comunidad de Roche Viejo
que no había sido reasentada, conformada por las 286 personas, sin embargo, solo
12 de ellas lo suscribieron. Que, dicha situación vulnera la Ley 70 de 1993, el Decreto
1745 de 1995, el Convenio 169 de la OIT y las sentencias T-002 de 2017 y SU-123
de 2018.

Que, la anterior situación llevó a que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
ordenara a la Defensoría del Pueblo realizar una verificación, el día 5 de mayo de
2025, visitando la comunidad del Nuevo Roche reasentada, la de Roche Viejo no
reasentada y el cementerio, en el cual participaron las 286 personas que aún no han
sido reubicadas.

Insistió en que la acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional,
porque se trata de 286 personas sujetos de especial protección, que no tiene territorio
colectivo y su tejido social está desapareciendo. Además, reitera que el Tribunal
Administrativo de La Guajira al proferir la decisión cuestionada, incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración probatoria.

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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico y solución

A la Sala le corresponde determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado y, en su lugar, negará las
pretensiones de la acción de tutela. Aunque se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, no se advierte la configuración de los defectos deprecados en relación
con el auto del 18 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
La Guajira, el cual se considera una decisión razonable.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del proceso de
tutela, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

(i) Procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del
proceso de tutela.
2
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso 3.

En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencial
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.

2
La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre
otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-
528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-
208 de 2013.
3
Sentencia T – 162 de 1997.
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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior 4.

Respecto al cuestionamiento de decisiones proferidas con posterioridad a la sentencia
de tutela, señaló:
«4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

(…)

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional.»
(Negrita y subraya fuera del texto)

Posteriormente, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional en sentencia SU-034
de 2018, estableció como requisitos para la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra las providencias que resuelven un incidente de desacato, los siguientes:

«i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite incluido
el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.»

En consecuencia, durante el trámite del incidente de desacato no es procedente
reabrir el análisis de aspectos que comprometan la ratio decidendi del fallo de tutela
original. Es decir, el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a examinar la
actuación dentro del incidente, sin revaluar los fundamentos del fallo de tutela que lo
originó, en respeto del principio de cosa juzgada.

(ii) Del cumplimiento de los requisitos para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de un incidente de
desacato

La Sala anota que en los términos de la sentencia SU-034 de 2018, se encuentran
satisfechos los requisitos de procedencia excepcional para cuestionar decisiones
proferidas en el marco de incidentes de desacato, como se pasa a explicar.

En primer lugar, se advierte que la decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentra ejecutoriada, pues el auto que se abstuvo de abrir el incidente de desacato
se constituyó en la decisión definitiva, en el entendido que, es justamente esta

4
Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
11
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providencia la que determina que no existió incumplimiento de la orden de tutela.

Esa providencia fue proferida el 18 de noviembre de 2024, notificada el mismo día por
medio de correo electrónico, de modo que, no queda duda que la decisión se
encuentra «ejecutoriada».

En segundo lugar, se cumple con los requisitos generales de procedencia, porque la
parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, la libertad de culto, se sustentan con suficiencia las razones por las que la
decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera
legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
pues no se dirige contra el fallo de tutela que accedió a las pretensiones, sino contra
el auto que se abstuvo de abrir el incidente de desacato por el presunto incumplimiento
de una orden de tutela en que se amparó el derecho fundamental a la consulta previa.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada pudo
dar por probado el cumplimiento de la orden de tutela sin el debido soporte probatorio.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque el actor no cuenta
con algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados ni para cuestionar la decisión que dispone no abrir el incidente de
desacato. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues,
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que el auto
cuestionado fue proferido el 18 de noviembre de 2024, notificada por correo
electrónico el mismo día, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 12 de marzo
de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración; y (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela contra
una decisión dicta en el trámite de incidente de desacato.

En tercer lugar, tal y como quedo establecido en el análisis del presupuesto anterior,
la parte actora no alega nuevos argumentos, que dejó de expresar en el incidente de
desacato y tampoco solicitó nuevas pruebas que no fueron pedidas dentro del
desacato, sino que, lo que alega es la indebida valoración de aquellas pruebas que
fueron aportadas a ese trámite y el desconocimiento del procedimiento previsto en la
orden de tutela para el trámite de la consulta previa.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

(iii) Del caso concreto

El señor Roberto Ramírez Díaz promovió la presente acción de tutela en nombre
propio y en representación de la Asociación Afrodescendiente Pro Defensa Nativos y
Descendientes Desplazados de la Comunidad de Roche, porque considera que el
Tribunal Administrativo de La Guajira al proferir el auto de 18 de noviembre de 2024,
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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

incurrió en defectos fáctico, procedimental, sustantivo y violación directa de la
Constitución, al abstenerse de abrir el incidente de desacato por presunto
incumplimiento del fallo de tutela del 9 de diciembre de 2016, suscrito por el Consejo
de Estado, Sección Primera, dentro del expediente con radicado núm. 44001-23-40-
000-2016-00058-01.

Lo anterior, al considerar que estaban acreditados los supuestos para tramitar el
incidente de desacato, pues no se ha dado cumplimiento efectivo a los numerales
segundo y tercero del fallo de tutela, por cuanto: (i) no se ha hecho el traslado del
cementerio ancestral; (ii) en el Acuerdo suscrito el 23 de junio de 2022, en el que se
protocolizaron los compromisos adquiridos en el trámite de consulta previa, no está
acorde con el trámite dispuesto en la orden de amparo, pues no se incluyeron a 286
personas de la Comunidad Afrodescendiente, que son sujetos de especial protección
y no han sido reasentadas en tierras colectivas, con lo cual considera se pone en
grave riesgo la supervivencia social, cultural y espiritual.

Mediante sentencia del 24 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente la acción de tutela, porque no cumplía con el requisito general
de relevancia constitucional, pues carecía de la carga argumentativa mínima y no se
evidenciaba la vulneración de algún derecho fundamental.

El actor impugnó la anterior decisión, insistió en los argumentos del escrito de tutela y
señaló que se encontraba acreditado el requisito de relevancia constitucional, pues la
providencia cuestionada transgredía los derechos de 286 personas pertenecientes a
la comunidad Afrodescendiente de Roche, que no habían sido reasentados, ante las
inconsistencias del Acuerdo suscrito el 23 de junio de 2022, que desconoció los
numerales segundo y tercero del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado.

Por lo tanto, la Sala abordará el problema jurídico haciendo el estudio del caso de los
defectos de manera conjunta.

Al respecto, la Sala encuentra que, la decisión cuestionada corresponde al auto del
18 de noviembre de 2024, en el cual el Tribunal Administrativo de La Guajira, se
abstuvo de iniciar el trámite de incidente de desacato, por las siguientes razones:

Luego de relacionar las pruebas aportadas por la sociedad Carbones del Cerrejón
Limited 5, el señor Roberto Ramírez 6 y la Nación - Ministerio del Interior - Dirección de
Consulta Previa 7, procedió al estudio del caso concreto, en el cual destacó las fases
5
« Cuadro resumen consulta previa orden cuarta (fl.69-71); Acta No. 005 – Mesa de trabajo y socialización traslado de difuntos
cementerio Roche (fl.78-81); Acta reunión de fecha 21 de octubre de 2021 celebrada entre Junta Directiva del Consejo
Comunitario de Roche y Cerrejón en la que solicitaron aplazar las mesas de trabajo de la orden segunda del fallo (fl.74-77)».
6
«Auto de fecha 15 de agosto de 2019, por medio del cual este tribunal se abstuvo de abrir incidente de desacato (fl.84-94);
Memorial de fecha abril 6 de 2011, por medio del cual el presidente de la Asociación Pro defensa Nativos y Descendientes
Desplazados del Caserío de Roche “Asorocheros” informan a la empresa Carbones del Cerrejón el acuerdo al que arribaron los
miembros de la asociación sobre el traslado de los difuntos (fl.95). Respuesta al derecho de petición por parte de la empresa
Carbones del Cerrejón al señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate (fl.96-97)»
7
Acta de reunión de consulta previa anexo 3 de fecha mayo 25 de 2017, etapa: Formulación de acuerdos – orden cuarta del fallo
(fl.117-151); OFI17-17774-DCP-2500 del 19 de mayo de 2017 proferido por la entonces Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior (fl.159-160); Acta de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo orden 4
(fl.161-176); OFI17-15156-DCP-2500 del 02 de mayo de 2017, proferido por la entonces Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior (fl.177-178); Oficio adiado noviembre 20 de 2019, por medio del cual el Director proyecto dialogo social de
la empresa Carbones del Cerrejón solicita a Director de Consulta previa del Ministerio del Interior el cierre del proceso consultivo
con los 25 grupos familiares reasentados en Roche sobre la forma de propiedad (orden 4), (fl.179-180); OFI17-6506-DCP-2500
del 28 de febrero de 2017 y acta de reunión, proferido por la entonces Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior
(fl.192-221); OFI17-10819-DCP-2500 del 29 de marzo de 2017, proferido por la entonces Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior (fl.226-227) OFI17-10229-DCP-2500 del 24 de marzo de 2017, proferido por la entonces Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior (fl.228-229); Acta de reunión de consulta previa – anexo 3 adiada abril 5 y 6 de 2017,
etapa preconsulta (fl.230-262) ; OFI17-12917-DCP-2500 del 11 de abril de 2017 proferido por la entonces Dirección de Consulta

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que están previstas para el proceso de consulta previa, acorde con el criterio
jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional 8: (i) preconsulta, (ii) consulta
previa y protocolización; (iii) seguimiento al cumplimiento; (iv) cierre del proceso de
consulta previa.

Indicó que, en el fallo de tutela se ordenó a «Carbones de Cerrejón Limited que un término
no mayor a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, instalara mesas
de trabajo y de socialización con presencia activa de la comunidad representada en esta
acción, tendientes al cumplimiento de lo pactado en el desarrollo de la consulta previa que
precedió a esta acción, y proceda a dar solución frente al traslado de los restos mortales que
reposan en el antiguo cementerio». Que, acorde con las pruebas aportas no podía
establecerse objetivamente su incumplimiento, por las siguientes razones:
«Frente a dicha orden se reitera que se encuentra acreditado que se instalaron las mesas de trabajo
y de socialización para abordar el tema de traslado de difuntos de los restos mortales que reposan
en el cementerio de Roche, mesas de trabajo a las que concurrieron el personero municipal, el
delegado de la Defensoría del pueblo y los representantes del Cerrejón, sin que se presentara algún
representante de la comunidad.

De igual forma, da cuenta el acta de fecha 7 de octubre de 2021, donde consta la revisión de casos
de beneficiarios de consejo comunitario ancestral del caserío de Roche en cumplimiento del fallo de
tutela proferido dentro del proceso de la referencia, que la empresa Carbones del Cerrejón al
momento de indagar tanto al señor Yoe Jeferson Arregoces Ustate como miembros del concejo
ancestral sobre avanzar en las mesas de trabajo para el traslado de restos mortales, los
representantes de la Junta Directiva manifestaron “revisar primero la lista de los beneficiarios vivos
y después los muertos”, “Así las cosas la junta directiva están de acuerdo que primero van a revisar
el tema de los listados de beneficiarios y posterior se toca el tema Cementerio”, es decir que el tema
del traslado de los difuntos lo tratarían una vez se avanzará en la definición de los beneficiarios de
las compensaciones económicas en cumplimiento de la orden tercera del fallo. No obstante, la
personera municipal le recomendó al consejo tratar el tema del traslado de los difuntos en su espacio
autónomo sin que dicho consejo demuestre tal proceder.

En ese sentido, se observa que si las partes no han llegado a un acuerdo para dar solución frente al
traslado de los restos mortales que reposan en el antiguo cementerio, se debe por razones ajena a
la voluntad de la empresa Carbones del Cerrejón, pues aun cuando se ha mostrado en total
disposición de continuar con el desarrollo de las mesas de trabajo con presencia activa de la
comunidad representada en esta acción, la comunidad y sus representantes han sido renuentes
para acordar la solución sobre dicho aspecto.

En tal razón, como quiera que no se fijó un término concreto para que se diera la solución efectiva y
atendiendo las dificultades que se han presentado al interior del Consejo Comunitario de Roche que
conllevaron a no asistir en su momento a las mesas de trabajo en mención, no puede establecerse
objetivamente el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad incidentada.»

De lo anterior se advierte que, la autoridad judicial accionada contrastó la orden dada
en el fallo de tutela con las pruebas allegadas al expediente, de las cuales evidenció
el desacuerdo que existe al interior de la comunidad Afrodescendiente a la que
pertenece el actor, las inasistencias a las mesas de trabajo a las que se les ha
convocado, la intención de la sociedad Carbones de Cerrejón Limited de acatar el fallo
y el hecho de que no exista un término determinado para adelantar el proceso de
traslado de los restos mortales que se encuentran en el cementerio ancestral.

Por lo que, consideró que no podía concluirse que la orden se haya incumplido.

Previa del Ministerio del Interior (fl.277-278); Acta de reunión de consulta previa – anexo 3 adiada abril 20 de 2017, etapa apertura
(fl.279-297); Resolución No. 55 de septiembre 9 de 2020, por medio de la cual el Ministerio del Interior, cerró el proceso de
consulta previa del proyecto denominado “cumplimiento de la sentencia 440001-23-33-000-2016-00058-01 orden cuarta” de la
empresa Carbones de Cerrejón Limited” (fl.314-320); OFI17-9307-DCP-2500 del 17 de marzo de 2017 proferido por la entonces
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (fl.222-223); OFI17-10725-DCP-2500 del 29 de marzo de 2017 proferido
por la entonces Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (fl.224-225).
8
Sentencia T-002 de 2017.
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Para la Sala, la decisión es razonable, pues no se advierte la configuración de los
defectos fáctico, procedimental o sustantivo invocados por la parte actora, lo que se
evidencia es la inconformidad del actor con las conclusiones a las que llegó la
accionada.

En cuanto a la segunda orden del fallo de tutela, que el actor invocó como
desconocida, se había dispuesto «que con la participación de los 25 grupos familiares
reasentados en el predio denominado San Francisco, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de éste fallo, se adelante un proceso consultivo en el que, con respeto por el derecho al
consentimiento previo, libre e informado, se llegue a un acuerdo sobre la forma de propiedad que
adoptará el nuevo asentamiento, de una manera que consulte el principio de igualdad, tenga en cuenta
su identidad social y cultural y garantice la subsistencia de la comunidad de afrodescendientes de
Roche.”.

Frente a ello, el tribunal consideró que tampoco estaba acreditado el incumplimiento
objetivo de la orden dada, pues el trámite posterior a la orden de tutela daba cuenta
del procedimiento adelantado por las autoridades responsables de su cumplimiento y
nuevamente reiteraba la existencia de inconformidades al interior de la comunidad,
que llevaban a la interposición del incidente de desacato.

Al respecto, en la providencia cuestionada, se indicó:
«Frente a dicha orden, sostiene el tribunal lo expuesto en el auto de fecha 6 de septiembre de 2022,
cuaderno de incidente de desacato de fecha No. 14, donde señaló que de cara a esta orden es dable
adicionar la argumentación expuesta frente a la segunda, pues se advierte que en el expediente
reposa el acta de protocolización de fecha 28 de julio de 2017, donde consta que se surtieron las
etapas de preconsulta, apertura, análisis e identificación, formulación de acuerdos y protocolización,
etapa esta última llevada a cabo en la fecha en mención, motivo por el cual, resulta claro que no
puede determinarse que exista incumplimiento objetivo de la orden impartida.

Ahora, del contenido del acta de protocolización de fecha 28 de julio de 2017, se observa que las
partes a guisa de conclusión dejaron consignado (…)

Acorde con lo anterior, observaba el Tribunal que entre las partes no se había arribado a un acuerdo
sobre la orden cuarta, no obstante, reexaminado el asunto a la luz de material probatorio allegado
en esta ocasión, es dable colegir que las partes en la reunión de protocolización de fecha 28 de julio
de 2017, tomaron una decisión, frente a la cual tuvieron la intención de enviar al juez, pero ello no
se surtió, por lo que se colige en concordancia con lo expuesto por el incidentante como por el señor
Roberto Ramírez y el material probatorio especialmente la Resolución No. 055 de septiembre 9 de
2020 allegado en esta oportunidad, que las partes llegaron a un acuerdo.

En ese sentido, precisa el señor Roberto Ramírez actuando en su condición de miembro de la
comunidad étnica afrodescendientes de Roche y representante legal de la asociación prodefensa
nativos y descendientes desplazados de la comunidad de Roche Municipio de Barrancas – La
Guajira, de forma clara, precisa que la orden cuarta fue surtida o cumplida, debidamente
protocolizada por las partes y no se debe reabrir porque jurídicamente se surtió dicha etapa, y en su
momento fue aceptada por las 25 familias de nuevo Roche, reasentadas de acuerdo con el auto de
verificación del 15 de agosto de 2019, proferido por este tribunal y del acta de protocolización de
fecha 23 de junio del 2022.

Dichos acontecimientos aclaran al tribunal el panorama sobre el cumplimiento de la orden cuarta
durante el desarrollo completo de las etapas en las que se surtió el proceso consultivo objeto de
análisis y que se corrobora con la Resolución No. 055 de septiembre 9 de 2020, por medio de la cual
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvió con
fundamento en la situación fáctica y jurídica descrita en la parte motiva de la resolución en mención
dar por concluido el procedimiento administrativo de consulta previa adelantado con la comunidad
de negros afrodescendientes del Caserío de Roche, del proyecto denominado “CUMPLIMIENTO DE
LA SENTENCIA 440001-23-33-000-2016- 00058-01 ORDEN CUARTA” – PROY-1347, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de dicho acto administrativo.

En este orden de ideas, no es dable predicar que exista incumplimiento objetivo de las órdenes en
mención por parte de Carbones del Cerrejón Limited ni el Ministerio del Interior, pues frente a la
segunda, se colige que las mesas de trabajo no se han abordado por renuencia de la comunidad y
sus representantes y en lo que corresponde a la cuarta (4) se reitera que la autoridad a quien se le
impartió ha demostrado en coordinación con la Dirección de Consulta previa - hoy Dirección de la

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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior haber dado cumplimiento a dicha
orden, pues tal como se analizó en la providencia de fecha 6 de noviembre de 2018, se vuelve a
sostener en esta oportunidad a la luz del material probatorio que reposa en el expediente como
sustento de los informes rendidos con destino al presente incidente que no puede determinarse la
existencia del incumplimiento como elemento objetivo y que permita la apertura del trámite incidental
máxime aun cuando, se acredita que frente a dicha orden las partes decidieron suscribir el acta de
protocolización y a la fecha en tal proceso se surtió la etapa de cierre.

Bajo este norte, colige el Despacho con meridiana claridad que no es dable endilgar a las accionadas
conductas de incumplimiento objetivo frente a las órdenes judiciales proferidas en segunda instancia
por el Honorable Consejo de Estado a través de la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2016, pues
se reitera que las órdenes tutelares referidas a la realización de procesos de consulta previa, o a la
disposición de espacios de diálogo, no resultan consumadas materialmente a través de un solo acto
o actividad, sino que por el contrario, se requiere la realización de diferentes etapas y gestiones tal
como ha acaecido y se ha acreditado dentro del sub examine.

Con todo, debe hacerse énfasis en que el proceso de consulta previa se ha venido surtiendo, sin
que al efecto se haya establecido por parte del Consejo de Estado un término perentorio para la
terminación del mismo, dada la naturaleza de este tipo de actuaciones, que en todo caso, han de
entenderse sometidas a plazos razonables y en modo alguno, abandonadas a la indefinición, lo cual
no ha acaecido en el sub lite.

Finalmente, en lo que atañe a la diferencia sobre la representatividad del consejo comunitario, el
tribunal ha ilustrado con suficiente claridad a ambos extremos de la litis que tal aspecto escapa de
la competencia de esta autoridad judicial, pues si bien se resalta la importancia fundamental que
ostenta el cumplimiento de las sentencias de tutela, y en atención a los parámetros fijados en los
artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 en los que se señalan los diferentes eventos y
facultades para que los jueces de instancia hagan cumplir sus decisiones, las garantías de su
acatamiento y las sanciones derivadas de su eventual inobservancia, también lo es que el trámite
de cumplimiento del fallo de tutela no es el escenario propicio para controvertir la elección de nuevos
miembros del consejo comunitario ancestral del caserío de Roches.

Dicha competencia se reitera está radicada en primera instancia en las Alcaldías Municipales y en
la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior en segunda
instancia, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 2° del Artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior, tal como lo advierte el señor Roberto Ramírez en su informe.

En ese sentido, no es competencia del tribunal entrar a dilucidar las diferencias que se están
presentando frente a la representación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Ancestral del
Caserío de Roche.»

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el Tribunal realizó
una interpretación adecuada y razonable de las pruebas presentadas en el proceso.

En particular, determinó que, desde el 28 de julio de 2017, las partes involucradas
habían alcanzado un acuerdo sobre el mecanismo de reasentamiento acordado para
las 25 familias del Nuevo Roche. En consecuencia, el Tribunal concluyó que la etapa
de consulta previa quedó formalmente protocolizada por medio del Acuerdo del 23 de
junio de 2022.

Por lo tanto, no era procedente reabrir dicha etapa, ya que se había llevado a cabo de
manera legalmente válida en su momento y había sido aceptada en su totalidad por
las 25 familias del Nuevo Roche.

De ahí que no se encuentre reproche al análisis efectuado por el tribunal, pues su
estudio abordó las figuras legales aplicables al caso, sin menoscabar los derechos del
demandante.

En ese sentido, debe destacarse que el incidente de desacato está previsto en el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 como una herramienta procesal de carácter
coercitivo, para «sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o

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resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos
fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo» 9.

En ese contexto, la Corte Constitucional ha precisado que, la autoridad judicial al
decidir sobre la solicitud de desacato no puede volver sobre los juicios o valoraciones
que se hayan dado al interior de la acción de tutela, pues sería tanto como «revivir un
proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada» 10.

Luego, fue con base en la valoración de lo resuelto en el fallo de tutela del 9 de
diciembre de 2016, por el Consejo de Estado, Sección Primera y las pruebas
aportadas por las partes respecto del cumplimiento de la orden, que la autoridad
judicial demandada consideró que se abstenía de abrir el incidente de desacato,
porque no se advertía un incumplimiento objetivo de la orden.

Sin que ello pueda ser considerado la vulneración de derechos y garantías
fundamentales, con fundamento en las normas y jurisprudencia vigente es el ejercicio
propio de la actividad judicial, a partir del uso de las reglas de la lógica y la sana crítica,
actuaciones amparadas por la autonomía que caracteriza la función judicial.

Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente motivada
y sustentada, la cual, en todo caso, resulta razonable y ajustada a derecho, de
conformidad con las circunstancias específicas del caso concreto, distinto es, que el
actor no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez natural
de conocimiento, porque no coinciden con sus intereses.

Vale la pena precisar que, lo dicho en la providencia que resolvió no abrir el incidente
de desacato, no restringe la posibilidad de que el señor Roberto Ramírez Díaz
promueva una nueva solicitud de incidente de desacato al interior de la acción de
tutela con radicado número 44001-23-40-000-2016-00058-01, si considera que no se
está dando cumplimiento efectivo al fallo del 9 de diciembre de 2016, pues como se
indicó en la providencia cuestionada, la orden dada está condicionada a la realización
de diferentes etapas y gestiones.

Ahora, debe aclararse que, en el escrito de impugnación, el actor aseguró que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2025, ordenaron a la
Defensoría del Pueblo realizar una verificación sobre la situación, para lo cual debería
acudir a una visita en el territorio.

Sin embargo, no aportó copia de la referida providencia o directriz y en el sistema de
consulta de procesos Samai, el expediente 44001-23-40-000-2016-00058-00 no se
advierte providencia de la fecha en mención ni orden en los términos expuestos por el
accionante, por lo tanto, la Sala se releva de hacer algún pronunciamiento al respecto.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negará las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto
Ramírez Díaz.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Sentencia T-188 de 2002.
10
Sentencia T-368 de 2005.
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Demandante: Roberto Ramírez Díaz

FALLA

1. Revocar la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta. En su lugar,
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto
Ramírez Díaz contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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