Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01423-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01423-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01423-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
15 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01423-00
Demandante: Fernando Enrique Rodríguez González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01423-00
Demandante: FERNANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Mora judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta en nombre propio por el señor
Fernando Enrique Rodríguez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de marzo de 2025 el señor Fernando Enrique Rodríguez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra las citadas autoridades, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Solicito comedidamente a los señores jueces de tutela se me protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, a la pronta administración de justicia sin dilaciones
habida cuenta que después de más de un año de estar acusando de mala conducta al
profesional del derecho David Álvarez Guerra (…) hechos que se han desarrollado en la
ciudad de Medellín habían sido permanentemente desestimados por los Magistrados (as)
del CNDJ de Antioquia.
(…) Por lo anterior y con las pruebas correspondientes solicito respetuosamente se
sancione al Togado David Álvarez Guerra de Medellín (…); se notifique la providencia a la
señora Juez 07 Civil del Circuito de Medellín en el proceso radicado 05001 31 03 007
2023-00425-00».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Fernando Enrique Rodríguez presentó queja disciplinaria contra el
abogado David Álvarez Guerra, presuntamente, por haber actuado de manera
irregular en el proceso ejecutivo con radicado núm. 050013103007-2023-00425, el
cual inició en su contra y de la señora María del Pilar Rodríguez Acosta, a fin de
lograr que se librara mandamiento ejecutivo de pago y órdenes de embargo.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en auto del 19 de
noviembre de 2024, ordenó la terminación anticipada de la actuación a favor del
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Demandante: Fernando Enrique Rodríguez González
abogado David Álvarez Guerra, por considerar que la conducta desplegada no
estaba prevista como falta disciplinaria.
Contra la anterior decisión, el señor Fernando Enrique Rodríguez González
interpuso recurso de apelación basado en que los hechos denunciados sí existieron
y estaban plenamente demostrados, porque el abogado tenía conocimiento que en
el proceso de restitución de inmueble arrendado con radicado núm. 2015-00436
prosperó la tacha de falsedad respecto de uno de los documentos que aportó al
proceso ejecutivo y porque también tenía conocimiento de «la denuncia penal por el
delito de fraude procesal, con investigación vigente».
El expediente fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no
obstante, a la fecha de interposición de la solicitud de amparo, esto es el 12 de
marzo de 2025, no había sido resuelto el trámite de segunda instancia.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, porque
a la fecha de interposición de la presente acción de tutela no se ha resuelto sobre
el recurso de apelación que ejerció contra del auto del 19 de noviembre de 2024,
que, ordenó la terminación anticipada de la actuación.
Al respecto, adujo que, habían trascurrido 44 días sin obtener resolución del recurso
y que la mora resolver la queja disciplinaria le causa un perjuicio irremediable,
porque de no tenerse una decisión de fondo, se configuraría un perjuicio
irremediable por la posible pérdida del patrimonio de su hija quien también actúa
como demandada en el proceso ejecutivo, en el que el señor David Álvarez Guerra
incurrió en la conducta que considera debe ser investigada y sancionada.
4. Trámite Previo
En providencia del 27 de marzo de 2025 el despacho sustanciador inadmitió la
demanda, requirió al actor para que, aclarara y precisara de manera concreta e
individualizada: (i) los hechos en los que fundamentó su solicitud; (ii) las
pretensiones específicas de la acción de tutela y, (iii) las providencias o actuaciones
judiciales que controvierte.
En escrito del 1º de abril de 2025 el actor indicó que la solicitud de amparo va dirigida
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, porque a su juicio, han transcurrido 44 días hábiles
desde la impugnación de la sentencia anticipada dictada en primera instancia, sin
que a la fecha exista pronunciamiento respecto al recurso de apelación.
Asimismo, precisó que la finalidad de la acción de tutela es la protección de los
derechos fundamentales invocados, sin dilaciones habida cuenta que después de
un año de estar acusando de mala conducta al profesional respecto del que se
presentó la queja disciplinaria, sus argumentos han sido desestimados por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
De igual forma, mencionó que de no tenerse una decisión de fondo en el proceso
disciplinario se le causa un perjuicio irremediable por la posible pérdida del
patrimonio de la demandada en el proceso ejecutivo pues las medidas cautelares
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decretadas se dieron con fundamento en la conducta del señor David Álvarez
Guerra que considera debe ser investigada y sancionada.
Cumplido el requerimiento, en auto del 10 de abril de 2025, el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes.
5. Oposición
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que el 4 de abril de 2025 le
fue notificado auto del 2 de abril de 2025 proferido al interior de la tutela
11001023000020250030900, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia admitió la tutela interpuesta por el señor Fernando Rodríguez
González en su contra.
Señaló que al revisar el contenido de la referida solicitud de amparo advirtió que se
funda en los mismos supuestos fácticos y jurídicos que sustentan la acción
constitucional de la referencia.
Se refirió al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, para señalar que en el caso objeto
de estudio se configuró la temeridad en el ejercicio de la acción de tutela, por lo que
se debe prevenir al actor dado que, sin una justificación razonable, presentó la
misma solicitud ante distintos jueces de la República, dirigidas contra las mismas
partes y con idénticas pretensiones, lo que podría comprometer la eficacia y el
adecuado funcionamiento del mecanismo constitucional.
Indicó que, de no acogerse el argumento de la temeridad, era necesario precisar
que mediante providencia del 12 de marzo de 2025 revocó la decisión adoptada en
el proceso disciplinario 2024-01937-01 por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia, al tiempo que, se refirió a las razones que motivaron dicha
decisión.
Resaltó que la órbita de su competencia cesó en el momento que desató el medio
de impugnación, de allí que no tenga injerencia alguna en el reparto del asunto al
regresarse el expediente a la seccional de origen.
Señaló que no hay lugar a presumir una vulneración al derecho fundamental al
debido proceso ni de acceso a la administración de justicia y tampoco una
afectación al principio de imparcialidad en su dimensión objetiva, ya que la
revocatoria de una decisión de primera instancia no impide que el trámite continúe
bajo la dirección del mismo magistrado cuya determinación fue cuestionada.
Solicitó rechazar la acción de tutela de la referencia o en su defecto no acceder a
las pretensiones de la acción de tutela de la referencia en razón a la ausencia de
vulneración de los derechos invocados por el actor.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia informó que se
abstendrá de pronunciarse en la solicitud de amparo de la referencia, dado que ya
se pronunció en la acción de tutela con radicado 11001-02-30-000-2025-00309-00
presentada ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.
Advirtió que el ejercicio de la presente acción de tutela es temerario, toda vez que
se ajusta a los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-
610 de 2015, esto es: “i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad
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de pretensiones; y iv) ausencia de justificación en el ejercicio de la nueva acción de
tutela”, reiterados en la sentencia SU-027 de 2021.
A su juicio, hay lugar a que se dé aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Fernando Enrique Rodríguez González, con
ocasión a la presunta mora judicial en que incurrió para resolver el recurso de
apelación del proceso disciplinario con radicado 05001-25-02-000-2024-01937-01.
La Sala anticipa que en el caso objeto de estudio declarará carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que a la fecha la autoridad judicial demandada ya se
pronunció respecto a lo solicitado por el actor y ordenó continuar con el trámite
disciplinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
legitimación en la causa por activa del actor para la interposición de la solicitud de
amparo en razón a que ostenta la calidad de quejoso en el proceso disciplinario, (ii)
mora judicial y, (iii) análisis del caso concreto.
De la legitimación en la causa por activa
En cuanto a la legitimación en materia de tutelas, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 dispone que la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona
que se encuentre amenazada o lesionada en sus derechos constitucionales
fundamentales, que actuará por sí misma o a través de representante y, que los
poderes se presumirán auténticos.
Aunque esta Sección1 ha señalado que los derechos del quejoso se encuentran
limitados en sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad víctima, sujeto
procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al análisis que debe
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Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de
mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo de Estado, Sección Cuarta.
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hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos expresamente
consagrados en favor de aquel.
Es decir que, el quejoso únicamente está legitimado en la causa para reclamar el
derecho al debido proceso judicial en relación con las actuaciones que le están
expresamente permitidas en el proceso disciplinario, de tal manera que no puede
cuestionar decisiones en torno a las cuales no le es dable interponer recursos en
sede disciplinaria por cuanto en realidad no le asiste un derecho a que se realice
una investigación que es una potestad del Estado y no un derecho de un particular.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que en el presente asunto el actor alega
el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, los cuales, en su criterio, fueron desconocidos por la
omisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en emitir pronunciamiento en
relación con el recurso de apelación que ejerció contra la providencia que ordenó la
terminación anticipada de la actuación a favor del abogado David Álvarez Guerra y
el archivo de la actuación disciplinaria.
En ese sentido, en consideración a que la facultad de los quejosos se limita a las
previstas en el parágrafo 1 del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019, es decir, puede
concurrir a la formulación, ampliación de la queja, aporte de pruebas e impugnación
de las decisiones que ponen fin al proceso y, debido a que en el presente asunto
alega la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad competente sobre el
recurso que ejerció contra la providencia del 19 de noviembre de 2024 – que ordenó
la terminación anticipada de la actuación -, se dará por superada la legitimación en
la causa por activa del señor Rodríguez González, en la medida en que la
providencia que impugnó, justamente, dio por terminado el proceso y ordenó su
archivo definitivo.
De la mora judicial
Conviene decir que la mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado
de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre
que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos
dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un
motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a
la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del juez2.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
2Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441
de 2020.
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injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de
acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de
dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en
los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Fernando Enrique Rodríguez
González alega que la autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial,
porque desde que interpuso apelación contra la providencia del 19 de noviembre de
2024 hasta la interposición de la tutela, esto es 12 de marzo de 2025, han
transcurrido 44 días hábiles, sin que exista pronunciamiento de segunda instancia
lo cual le ocasiona un perjuicio irremediable.
Sería del caso verificar la configuración de la presunta mora judicial alegada por el
actor, no obstante, de la consulta del proceso en la página de la Rama Judicial, la
Sala observa que el mismo día de radicación de la tutela, esto es el 12 de marzo
de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el actor, revocó la providencia apelada y, en su lugar,
ordenó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en calidad de
juez disciplinario de primera instancia, continuar con la investigación en contra del
señor David Álvarez Guerra; sin embargo, dicha providencia fue notificada en
estado del 31 de marzo de 2025.
En razón de lo anterior es claro que la pretensión de la solicitud de amparo a la
fecha se encuentra satisfecha y, por ello, en el caso objeto de estudio existe
carencia actual de objeto por hecho superado.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado3, el hecho superado4, y el
3
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el p eligro. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación d e derecho. No obstante, la Corte
ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida
como preventiva mas no indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
4
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
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acaecimiento de una situación sobreviniente5. En lo que aquí interesa, hay que decir
que el hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial tal como sucede en el caso objeto de estudio pues con ocasión a la
solicitud de amparo se respondió lo requerido por el actor.
En esa medida, en el presente caso, se declarará la existencia del hecho superado,
ya que la situación que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor ya fue satisfecha.
Finalmente, en el caso objeto de estudio y de conformidad con lo alegado por las
autoridades judiciales demandadas sobre la configuración de posible temeridad, la
Sala considera necesario remitir copia de la presente providencia a la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal con destino a la solicitud de amparo
con radicado núm. 11001-0230-000-2025-00309-00, la cual presuntamente versa
sobre los mismos supuestos fácticos, no obstante se resalta que la misma no ha
sido decidida a la fecha, razón por la que se considera necesario poner en
conocimiento la presente decisión a dicha Corporación, para lo de su cargo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes, por el medio más expedito posible.
4. Remitir copia de la presente providencia a la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Penal, con destino a la solicitud de amparo con radicado núm. 11001-
0230-000-2025-00309-00.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
5
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no de be tener origen en una
actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía,
o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
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